Document - Suggested recommendations to States considered in the 17th round of the Universal Periodic Review, 21 October – 1 November 2013

Suggested recommendations to States considered in the 16th round of the Universal Periodic Review, 22 April – 3 May 2013

Recomendaciones para los Estados que serán objeto de examen en el 17 periodo de sesiones del EPU

Recomendaciones para los Estados que serán objeto de examen en la 17ª sesión del Examen Periódico Universal, 21 de octubre – 1 de noviembre de 2013

Índice

Página

Página

Belice ……………….….. 1

Rep. Centroafricana …… 2

Chad ……………..….….. 2

China …….…….………. 4

Congo ……..……….……. 6

Jordania …….….….………6

Malaisia ….………..…… 8

Malta ……..………..….... 9

Mauricio …………..….. 10

México …………….….. 10

Mónaco ………..…..…. 12

Nigeria ………..…….... 13

Arabia Saudí …..…..…. 14

Senegal ……….……... 16

image1.wmf image2.wmf Recomendaciones al gobierno de Belice

Pena de muerte

En espera de la abolición completa de la pena de muerte:

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, conforme establecen diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la más reciente de ellas la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012;

Conmutar sin dilación todas las condenas de muerte por penas de prisión;

Garantizar en todos los casos de pena de muerte el estricto cumplimiento de las normas internacionales relativas a un juicio justo, lo cual incluye los siguientes derechos:

ser juzgado ante un tribunal independiente, imparcial y competente,

contar con asistencia letrada competente en todas las etapas de los procedimientos,

disponer de tiempo e instalaciones adecuados para preparar la propia defensa,

gozar de la presunción de inocencia hasta que se haya demostrado la culpabilidad más allá de una duda razonable,

apelar ante un tribunal de instancia superior,

pedir el indulto y la conmutación de la pena;

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por Belice en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de la República Centroafricana

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por la República Centroafricana en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Pena de muerte

Finalizar el proceso de abolir en la legislación nacional la pena de muerte para todos los delitos;

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, conforme establecen diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la más reciente de ellas la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012;

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Recomendaciones al gobierno de Chad

Desapariciones forzadas

Desvelar públicamente el paradero de las personas que desaparecieron en Yamena en abril de 2006 y en febrero de 2008, y en Dar Tama en noviembre de 2007, entre ellas el líder de oposición Ibni Oumar Mahamat Saleh;

Emprender investigaciones independientes sobre los casos de personas muertas o desaparecidas bajo custodia de las fuerzas de seguridad, llevar a los responsables ante la justicia en juicios con las debidas garantías, y proporcionar a las víctimas una indemnización adecuada.

Violencia de género

Garantizar que las mujeres y niñas que han sido víctimas de violación y otras formas de violencia de género reciben asistencia médica y psicológica adecuada;

Garantizar que las mujeres y las niñas gozan de protección efectiva frente a todas las formas de violencia, incluidas la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales.

Llevar a cabo sin demora investigaciones sobre todos los informes de violación y otras formas de violencia de género, y llevar a los responsables de esos actos ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos.

Reclutamiento y uso de niños soldados

Transmitir a todos los comandantes órdenes claras de que deben poner fin de inmediato al reclutamiento, el reenganche y el uso de menores de 18 años, deben liberar a todos los niños actualmente reclutados y deben cooperar plenamente con UNICEF y otros actores implicados en la desmovilización y reintegración de niños soldados;

Garantizar la aplicación pronta y completa del Plan de Acción firmado por el gobierno y la ONU en junio de 2011 y de la hoja de ruta que lo acompaña, y actuar contra los mandos militares que no la cumplan, de acuerdo con las disposiciones de las resoluciones 1539 (2004) y 1612 (2005) del Consejo de Seguridad.

Condiciones penitenciarias

Tomar medidas inmediatas para garantizar que todas las denuncias de trato cruel, inhumano o degradante en las prisiones se investigan de manera exhaustiva y sin demora, y que los responsables de esos actos, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los guardias de seguridad, comparecen ante la justicia;

Asegurar que todos los presos tienen garantizados sus derechos básicos, como el agua potable, instalaciones de salud básicas y medicamentos esenciales, comida y cobijo adecuados, y la integridad física.

Muertes bajo custodia

Emprender sin demora investigaciones imparciales sobre todas las muertes bajo custodia producidas presuntamente a manos de guardias de seguridad, incluidas las muertes bajo custodia de nueve personas ocurridas en Léré en septiembre de 2011 y las muertes por disparos de guardias penitenciarios ocurridas en las prisiones de Abéché, Bongor y Moussoro en agosto, noviembre y diciembre de 2011, respectivamente. Suspender del servicio a los acusados mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Tortura y otros malos tratos

Llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura, incluida la violación y otros malos tratos a personas privadas de libertad en prisiones o en celdas de la policía o los servicios de seguridad, y garantizar que los responsables comparecen ante la justicia de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por el país y con las normas sobre juicios justos;

Suspender del servicio, independientemente de su rango, a los funcionarios que ordenen o permitan esos delitos, mientras se lleva a cabo una investigación criminal imparcial e independiente.

Detenciones y reclusiones arbitrarias

Garantizar que nadie es detenido ni recluido arbitrariamente por ejercer sus derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión, y que las detenciones son llevadas a cabo por funcionarios encargados de hacer cumplir del orden, con arreglo a lo dispuesto en la legislación;

Garantizar que los detenidos comparecen ante el tribunal para que su detención sea legalizada por un juez en un plazo de 48 horas, según establece la ley, o, de lo contrario, son puestos en libertad;

Garantizar que quienes critican el sistema político, participan en protestas pacíficas antigubernamentales o establecen asociaciones independientes no sufren acoso o intimidación. 

Ataques contra quienes defienden los derechos humanos

Garantizar que quienes defienden los derechos humanos pueden realizar su trabajo libremente, que se emprenden acciones para investigar todas las amenazas o ataques de que son objeto, y que los responsables comparecen ante la justicia en juicios que cumplen las normas internacionales sobre juicios justos.

Libertad de expresión

Respetar y defender el derecho a la libertad de expresión y proteger a periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores políticos frente al acoso y la intimidación por ejercer sus derechos humanos;

Abstenerse de utilizar el sistema judicial para intimidar y acosar a periodistas;

Eliminar las disposiciones de la nueva ley propuesta de medios de comunicación que podrían violar la libertad de expresión y de prensa.

Desalojos forzosos

Poner fin a los desalojos forzosos en Yamena, llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre el papel de la policía y el ejército en ese tipo de desalojos y hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de los desalojos forzosos;

Proporcionar remedios efectivos, incluidas indemnización y una vivienda alternativa adecuada, para cualquier pérdida o daños a la propiedad de las víctimas de desalojo forzoso;

Adoptar una moratoria de los desalojos colectivos hasta que se implanten salvaguardias jurídicas y de procedimiento adecuadas para garantizar que todos los desalojos cumplen las normas internacionales de derechos humanos;

Elaborar y adoptar directrices sobre los desalojos basadas en los Principios Básicos y Directrices de la ONU sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo y en otras normas internacionales;

Aprobar y poner en vigor cuanto antes una ley que prohíba los desalojos forzosos.

Acoso a opositores políticos

Dejar de utilizar el sistema judicial como herramienta para silenciar la disidencia por parte de sindicalistas, periodistas y otros opositores políticos;

Garantizar que quienes critican el sistema político o a las autoridades gozan de protección frente a toda forma de acoso o intimidación.

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Adherirse sin demora al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Pena de muerte

Abolir la pena de muerte para todos los delitos;

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, conforme establecen diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la más reciente de ellas la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012;

Conmutar sin dilación todas las condenas de muerte por penas de prisión;

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Recomendaciones al gobierno de China

Sistema de justicia penal

Detener los procesamientos penales, las detenciones ilegales y arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras formas de intimidación y acoso contra personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y creencias;

Cerrar todos los lugares de detención donde se mantiene a personas privadas de libertad sin el proceso debido –que incluye el derecho a la revisión judicial y salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos– y poner en marcha rápidamente planes claros y transparentes para reformar y, finalmente, abolir todas las formas de detención administrativa;

Garantizar los derechos de las personas privadas de libertad –incluidos el derecho a ser recluido en un lugar de detención reconocido, el derecho a que la detención se notifique a la familia poco después de producirse y el derecho a acceder de manera oportuna a asistencia letrada– y realizar una reforma adicional de la Ley de Procedimiento Penal para conformar los artículos 33, 34, 37, 73, 83, 91 y 117 a las normas internacionales;

Investigar a fondo todas las denuncias de tortura –que incluyen violación y otros malos tratos bajo custodia–, incluidas las formuladas por las presuntas víctimas o sus abogados; proporcionar reparación e indemnización adecuadas, y poner fin a la impunidad de los funcionarios que infligen tortura y otros malos tratos; esto último incluye introducir las reformas institucionales necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes existentes que prohíben la tortura;

Garantizar la plena aplicación de las disposiciones de la nueva Ley de Procedimiento Penal que brindan mayor protección en casos de pena de muerte, y limitar el uso de la pena de muerte con el fin de dictar una moratoria de las ejecuciones, de acuerdo con la resolución 67/176 de la Asamblea General de la ONU, del 20 de diciembre de 2012;

Publicar estadísticas nacionales completas sobre las condenas de muerte impuestas y las ejecuciones llevadas a cabo, totalmente desglosadas por región, sexo, grupo étnico, ingresos y otras categorías.

Pena de muerte

En espera de la abolición completa de la pena de muerte:

Garantizar la plena aplicación de las disposiciones de la nueva Ley de Procedimiento Penal que brindan mayor protección en casos de pena de muerte, y limitar el uso de la pena de muerte con el fin de dictar una moratoria de las ejecuciones, de acuerdo con la resolución 67/176 de la Asamblea General de la ONU, del 20 de diciembre de 2012;

Publicar estadísticas nacionales completas sobre las condenas de muerte impuestas y las ejecuciones llevadas a cabo, desglosadas por región, sexo, ingresos y otras categorías.

Aclarar con más detalle en la ley y hacer públicos los procedimientos por los que el Tribunal Supremo Popular lleva a cabo su revisión final de las condenas de muerte; estos procedimientos deben ser conformes con las normas internacionales que exigen las salvaguardias de procedimiento más estrictas en estos casos, incluidas las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas por primera vez por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1984/50; además, deben incluir, entre otras cosas, el reconocimiento de que esas revisiones finales deben permitir que el acusado y su abogado expongan personalmente su caso ante el Tribunal Supremo Popular;

Incluir en la ley un procedimiento para que los acusados cuya condena de muerte se confirme pidan el indulto, de acuerdo con las normas internacionales.

Minorías étnicas

Conceder una autonomía real a las minorías étnicas en la gobernanza de sus regiones;

Dejar de perseguir a tibetanos, uigures, mongoles y otras minorías étnicas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, religión o creencia.

Libertad de creencia y religión

Cesar los procesamientos penales y la persecución de personas y grupos por el ejercicio pacífico de su religión o sus creencias.

Desalojos forzosos

Detener de inmediato todos los desalojos forzosos, prohibirlos explícitamente en la ley y garantizar que se establecen salvaguardias y protecciones adecuadas, de acuerdo con las normas internacionales, mediante la aplicación, entre otras cosas, del Reglamento sobre Expropiación de Viviendas situadas en Tierras Propiedad del Estado e Indemnizaciones, de 2011;

Elaborar y adoptar medidas concretas y efectivas para garantizar un grado mínimo de seguridad de tenencia para toda la población, con el fin de protegerla frente a los desalojos forzosos y otras amenazas y actos de acoso, y, en particular, garantizar que quienes viven en zonas rurales y no son propietarios de sus casas gozan del mismo nivel de protección que los propietarios que viven en zonas urbanas;

Garantizar que todas las víctimas de desalojo forzoso tienen acceso a procedimientos independientes e imparciales sobre sus denuncias y a un remedio efectivo;

Garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que participen en desalojos cumplen el Código de Conducta y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

Elaborar y adoptar directrices sobre los desalojos basadas en los Principios Básicos y Directrices de la ONU sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo y en otras normas internacionales;

Aplicar las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2005 y por el relator especial sobre el derecho a la alimentación tras su visita a China en 2010;

Crear vías alternativas de financiación para que las autoridades locales reduzcan su dependencia de la construcción y la venta de tierras para proyectos de desarrollo, que han dado lugar a desalojos forzosos colectivos.

Obligaciones extraterritoriales

Pedir a todas las empresas chinas que ejerzan la diligencia debida en sus operaciones, incluidas las llevadas a cabo fuera de China y las llevadas a cabo en el contexto de las asociaciones comerciales con otras empresas. Esa diligencia debida debe incluir la evaluación de los riesgos que sus operaciones entrañan para los derechos humanos, y medidas adecuadas para prevenir o mitigar esos riesgos. Esto es de especial importancia en los sectores empresariales que se sabe que plantean riesgos considerables para los derechos humanos, como las industrias extractivas y las operaciones comerciales que implican la apropiación de tierras.

Ratificación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Recomendaciones al gobierno de Congo

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por la República de Congo en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Pena de muerte

Abolir la pena de muerte para todos los delitos;

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, conforme establecen diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la más reciente de ellas la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012;

Conmutar sin dilación todas las condenas de muerte pendientes por penas de prisión;

En espera de la abolición, eliminar de la legislación nacional toda disposición relativa a la pena de muerte que viole el derecho internacional de los derechos humanos, en especial todos los delitos punibles con la muerte que no impliquen un homicidio intencional;

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Recomendaciones al gobierno de Jordania

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Respetar y defender el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y permitir las críticas pacíficas al gobierno, incluidas las peticiones para que se cambie el sistema de gobierno por medios pacíficos;

Garantizar que la legislación y la práctica gubernamental son conformes con los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a mantener opiniones y expresarlas sin injerencias y el derecho a la libertad de reunión.

Tortura y otros malos tratos, y detención prolongada sin cargos ni juicio

Condenar pública y oficialmente todos los actos de tortura, incluidos la violación y otros malos tratos, y anunciar que todo funcionario que cometa, ordene, instigue, consienta o apruebe esos actos comparecerá ante la justicia;

Establecer un sistema de visitas periódicas, sin anuncio previo y sin restricciones, por parte de órganos internacionales a todos los lugares de detención y a sus instalaciones para observar el trato a los detenidos y sus condiciones de reclusión, y aplicar la recomendación aceptada durante el examen de 2009 respecto a facilitar esas visitas de ONG;�

Garantizar que los detenidos tienen acceso periódico y sin demora a abogados de su elección, a visitas familiares y a la asistencia médica que puedan necesitar;

Tomar medidas para garantizar que todos los detenidos comparecen ante una autoridad judicial independiente, que sea también independiente de las fuerzas de seguridad, inmediatamente después de su detención, y que son acusados de un delito penal reconocible o, de lo contrario, liberados sin demora;

Garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de manera inmediata, exhaustiva e independiente, y que todo sospechoso de ordenar o infligir tortura u otros malos tratos comparece ante la justicia en un juicio justo;

Garantizar que todos los miembros de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios acusados de tortura u otros abusos contra detenidos son juzgados ante tribunales penales ordinarios, no ante el tribunal policial.

Refugiados de Siria

Mantener abiertas las fronteras con Siria y permitir que todas las personas que huyen de la violencia y la persecución en ese país, incluidos refugiados palestinos e iraquíes, hombres solos y personas sin documentos, entren en el territorio jordano y obtengan seguridad;

Garantizar que no se devuelve a nadie forzosamente a Siria;

Garantizar que los refugiados de Siria tienen acceso a servicios esenciales, incluidos cobijo adecuado, alimentos, atención médica, instalaciones higiénicas y educación;

Garantizar el respeto por la unidad familiar y, cuando sea necesario, protección especial para los niños y las mujeres;

Respetar el derecho de los refugiados a la libertad de circulación y abstenerse de detenerlos arbitrariamente.

Discriminación y violencia contra las mujeres

Reformar la Ley de Ciudadanía y Nacionalidad para que las mujeres jordanas puedan transmitir su nacionalidad a sus hijos y esposos, en condiciones de igualdad con los hombres jordanos;

Levantar las reservas formuladas a los artículos 9 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer respecto a la nacionalidad y la discriminación en las relaciones familiares.

Derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes

Garantizar los derechos laborales completos de todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes, independientemente de su nacionalidad u origen étnico.

Pena de muerte

En espera de la abolición completa de la pena de muerte:

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, conforme establecen diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la más reciente de ellas la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012;

Conmutar de inmediato todas las condenas de muerte por penas de prisión.

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por Jordania en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Malaisia

Pena de muerte

En espera de la abolición completa de la pena de muerte:

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte, más allá del marco temporal establecido para la revisión de la pena de muerte preceptiva por delitos relacionados con las drogas;

Conmutar todas las condenas de muerte por penas de prisión sin imponer penas de azotes con vara, que constituyen malos tratos y pueden constituir tortura;

Ampliar la revisión de la pena de muerte con vistas a eliminar la pena de muerte preceptiva para todos los delitos punibles con la pena capital;

Garantizar en todos los casos de pena de muerte el estricto cumplimiento de las normas internacionales relativas a juicios justos.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Reformar la Ley de Reunión Pacífica para permitir protestas callejeras pacíficas, y conceder el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica a todas las personas de Malaisia, sin discriminación;

Reformar o derogar la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Sedición, y garantizar que, una vez reformadas, la Ley sobre Comunicación y Materiales Multimedia, la Ley de Imprenta y Publicaciones, la Ley de Pruebas y la Ley de Armonía Nacional propuesta son conformes con las normas internacionales de derechos humanos y no se utilizan para restringir el derecho a la libertad de expresión e información.

Detenciones y reclusiones arbitrarias

Reformar la Ley de Delitos de Seguridad (Medidas Especiales) para eliminar las disposiciones que permiten la detención en régimen de incomunicación y la detención sin cargos, y para garantizar que cumple las normas internacionales de derechos humanos;

Acusar de un delito reconocible a las personas que permanecen detenidas en virtud de la Ley de Seguridad Interna, y garantizar que son juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte, o de lo contrario son puestas en libertad de inmediato.

Homicidios ilegítimos, muertes bajo custodia, tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado

Garantizar que todos los delitos que impliquen violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los homicidios ilegítimos, las muertes bajo custodia y la tortura, se investigan sin demora a través del sistema de justicia penal, y que los responsables comparecen ante la justicia en procedimientos penales que cumplen las normas internacionales sobre juicios justos y en los que no se recurre a la pena de muerte;

Establecer una comisión independiente sobre denuncias y conducta indebida de la policía, que actúe de manera independiente de la Real Policía de Malaisia, para garantizar que existe un sistema claro, independiente e imparcial para recibir e investigar denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Ese órgano debe contar con recursos suficientes para ser efectivo en cuanto a rapidez y exhaustividad y para poder brindar protección tanto a testigos como denunciantes, debe rendir cuentas ante el Parlamento y debe ser públicamente transparente;

Eliminar el castigo judicial de azote con vara –y dictar de inmediato una moratoria de esta pena–, y eliminar también todas las demás formas de pena cruel, inhumana o degradante;

Garantizar que todos los casos de muerte bajo custodia y las denuncias de tortura u otros malos tratos son objeto de un examen médico inmediato, imparcial y profesional, y que se recopilan y analizan todas las pruebas físicas y documentales y se toma declaración a los testigos. Quienes realicen autopsias o exámenes médicos deben actuar de manera imparcial e independiente de toda persona o institución potencialmente implicada;

Garantizar que las directrices policiales sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego son conformes con las normas internacionales de derechos humanos y están a disposición pública, y que la policía lleva un registro de todos los incidentes de uso de armas de fuego, sean intencionales o no, e independientemente de que provoquen heridas o muertes. Esos registros deben utilizarse para evaluar el funcionamiento y como prueba en caso de que un incidente dé lugar a una acción disciplinaria o penal.

Personas migrantes y refugiadas

Poner fin a la detención sistemática de migrantes indocumentados, personas objeto de trata, solicitantes de asilo y refugiados;

Aplicar las recomendaciones sobre trabajadores y trabajadoras migrantes aceptadas en el EPU de 2009, que incluyen mejorar las políticas de trabajo e inmigración para garantizar que se respetan plenamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, incluidos los que se dedican a trabajo doméstico;

Ratificar la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención Internacional de la ONU sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Adherirse sin demora al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Malta

Solicitantes de asilo y migrantes irregulares

Garantizar que todos los ciudadanos extranjeros que entren en la jurisdicción maltesa tienen acceso inmediato y sin obstáculos a abogados y personal del ACNUR, así como a un procedimiento de determinación de asilo justo y efectivo;

Hacer una declaración inequívoca, también en el contexto del EPU, de que Malta nunca recurrirá a las devoluciones forzosas informales o a las expulsiones colectivas, y garantizar que todo ciudadano extranjero que esté bajo su jurisdicción tendrá acceso a un procedimiento justo y efectivo de determinación de asilo;

Garantizar que las operaciones de búsqueda y rescate cumplen el derecho de la UE y el derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados, en particular en lo que se refiere al acceso a asilo y protección frente a la expulsión a un país en el que existe un peligro real de sufrir persecución u otros abusos graves contra los derechos humanos;

Garantizar que todas las decisiones relativas al derecho a la protección internacional son conformes con la legislación internacional sobre los derechos humanos y los refugiados, así como con las obligaciones contraídas por Malta en virtud de la legislación de la UE sobre el asilo;

Reformar la legislación nacional para garantizar que todos los ciudadanos extranjeros que lleguen a Malta están protegidos por las garantías establecidas en la Directiva del Retorno de la UE, independientemente de su condición jurídica o de su forma de entrar en la jurisdicción maltesa;

Poner fin a la práctica de la detención preceptiva de solicitantes de asilo y “migrantes irregulares” y garantizar remedios efectivos para impugnar la detención y la expulsión, de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados y con las normas de la UE;

Garantizar que las condiciones de los centros de detención cumplen en todo momento las normas internacionales, tomando, entre otras cosas, medidas para evitar el deterioro de las condiciones y el hacinamiento cuando los centros de detención están llenos;

Adoptar e implementar normas operativas para la detención y abrir centros residenciales que cumplan las normas internacionales pertinentes.

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por Malta en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Mauricio

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por Mauricio en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de México

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Establecer un calendario para revisar y reformar la legislación federal y estatal con el fin de garantizar que es conforme con las normas internacionales de derechos humanos;

Garantizar que las reformas constitucionales no se diluyen para limitar la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos.

Violencia de género

Dar prioridad a las medidas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres en los 31 estados de México, especialmente los que tienen un elevado índice de denuncias de asesinatos y ataques contra mujeres y niñas, como Chihuahua, Nuevo León, el estado de México y Oaxaca;

Reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e implementar legislación para garantizar que puede decretarse una “alerta de género” con el fin de adoptar medidas en estados con altos índices de homicidios de mujeres y hacer rendir cuentas a las autoridades si no protegen a las mujeres en situación de riesgo e investigan la violencia contra las mujeres;

Aplicar en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero.

Migrantes

Liderar a las autoridades federales, estatales y municipales en acciones concertadas para prevenir y castigar los abusos contra migrantes, incluidos los cometidos por bandas delictivas y funcionarios públicos, y hacer públicos los resultados;

Garantizar que las personas migrantes tienen acceso a mecanismos efectivos de presentación de denuncias y a protección –incluidos visados temporales– cuando sean víctimas o testigos de abusos;

Crear una base de datos de migrantes desaparecidos o en paradero desconocido;

Garantizar la protección de quienes defienden los derechos de los migrantes, y la plena participación de la sociedad civil en la vigilancia de la aplicación de las leyes de migración.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas

Poner fin a las amenazas, los ataques y los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, y garantizar que se lleva a cabo una investigación exhaustiva y efectiva para llevar a los responsables ante la justicia;

Garantizar apoyo económico y apoyo político de alto nivel al mecanismo de protección para periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, que incluya contratación y formación de personal, para que quienes están en situación de riesgo puedan acceder fácilmente al mecanismo y a protección efectiva;

Garantizar la plena cooperación de las autoridades, incluidos los gobiernos estatales y municipales, para aplicar las medidas de protección dirigidas a los defensores y defensoras de los derechos humanos, e impedir que los funcionarios públicos hagan declaraciones que pongan en duda la legitimidad del trabajo de defensa de los derechos humanos.

Pueblos indígenas

Garantizar que se consulta plenamente a las comunidades indígenas durante la elaboración y la aplicación de las políticas dirigidas a fortalecer su acceso a vivienda, atención médica, educación, agua y otros servicios esenciales. Esa consulta debe incluir la participación efectiva de miembros marginados de las comunidades, incluidas mujeres;

Garantizar que se consulta plenamente a las comunidades indígenas sobre el desarrollo de proyectos de explotación de recursos que afecten a sus tierras ancestrales, con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Impunidad y sistema de justicia

Acelerar las reformas judiciales y defender las salvaguardias de derechos humanos, como la inadmisibilidad de pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos o el derecho a una defensa efectiva;

Poner fin al uso indebido del sistema de justicia penal para detener y procesar a defensores y defensoras de los derechos humanos, indígenas y otras personas sobre la base de pruebas falsas o infundadas;

Garantizar, con medidas como la plena aplicación de la Ley General de Víctimas, el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos y otros delitos;

Aplicar plenamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida la relativa a reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas son investigadas y juzgadas por el sistema de justicia civil;

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por México en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Seguridad pública y desapariciones forzadas

Situar la protección de los derechos humanos en el núcleo de las medidas relativas a la seguridad pública;

Investigar a fondo todas las denuncias de violaciones de derechos humanos –incluidos los casos en los que se acuse a funcionarios públicos de autorizar, respaldar o consentir dichas violaciones–, y garantizar que los responsables comparecen ante la justicia y que las víctimas reciben reparación;

Aplicar en su totalidad las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias;

Establecer, en consulta con los grupos de víctimas, una base de datos nacional exhaustiva sobre las personas desaparecidas, reforzar la unidad especial recién establecida en la Procuraduría General de la Nación para garantizar que cuenta con recursos y poderes suficientes para investigar las desapariciones, y crear un mecanismo nacional de búsqueda rápida;

Asegurarse de que se llevan a cabo investigaciones inmediatas y de alta calidad, sobre la base de protocolos acordados, para determinar la verdad de lo sucedido y el paradero de las víctimas, y garantizar unos procesos fiables de exhumación e identificación que respeten los derechos de víctimas y familiares.

Detención arbitraria y tortura

Aplicar en su totalidad las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura;

Abolir las órdenes de arraigo tanto en el ámbito federal como en el estatal y garantizar que todas las detenciones se llevan a cabo legalmente y quedan registradas con detalle en una base de datos nacional a la que puedan acceder las partes afectadas;

Reformar los delitos de desaparición forzada y tortura en la legislación federal y en la de los 32 estados para conformarlos a las normas internacionales de derechos humanos, y garantizar que el estado de Guerrero tipifica de inmediato el delito autónomo de tortura;

Establecer unidades especializadas para investigar y enjuiciar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, tales como la tortura, y hacer públicas sus conclusiones;

Garantizar que las presuntas víctimas de tortura, incluidos la violación y otros malos tratos, tienen acceso inmediato a exámenes médicos independientes y fiables, de acuerdo con las normas internacionales, y que las conclusiones de estos exámenes tienen el mismo valor probatorio en los procedimientos penales que las de los exámenes médicos oficiales;

Garantizar que se establece la nueva gendarmería, en consulta con la sociedad civil, para garantizar mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.

Recomendaciones al gobierno de Mónaco

Obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado el 18 de julio de 1998, y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Nigeria

Marco nacional de derechos humanos

Reformar la Constitución para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos y para hacerlos exigibles ante los tribunales;

Reformar la sección 12 de la Constitución para permitir una fácil aplicación nacional de los tratados internacionales.

Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detención ilegal

Reformar la sección 33.2 de la Constitución y la Orden 237 sobre Fuerza Policial para garantizar que no puede interpretarse que permiten el uso de fuerza letal en circunstancias más amplias de las permitidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto incluye limitar su aplicación a las circunstancias contempladas en los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

Garantizar que todos los detenidos sospechosos de un delito comparecen ante un tribunal de justicia lo antes posible, en algunos casos en un plazo de entre 24 y 48 horas –cuando así lo establece el artículo 35 de la Constitución nigeriana–, y en todos los casos en un plazo que no exceda de unos pocos días, conforme establece el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como lo ha interpretado el Comité de Derechos Humanos;

Garantizar que se respeta el derecho de los detenidos a comunicarse con abogados, familiares y otras personas y recibir visitas suyas, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos;

Garantizar que los sospechosos de abusos contra los derechos humanos que puedan constituir delitos en virtud del derecho nacional o internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, comparecen ante la justicia, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;

Promulgar una Ley sobre el Pesquisidor que exija una investigación sobre cualquier muerte no natural, repentina o violenta, incluidas todas las muertes bajo custodia.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Abstenerse de firmar la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Prohibición del Matrimonio Homosexual y derogar toda legislación que discrimine por razón de orientación sexual.

Pena de muerte

En espera de la abolición completa de la pena de muerte:

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones, vinculante para todos los niveles del gobierno y difundida de manera legalmente adecuada, con vistas a abolir la pena de muerte, conforme establecen diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la más reciente de ellas la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012;

Facilitar la conmutación sin demora de todas las condenas a muerte existentes en cualquier jurisdicción por penas de prisión, incluidas las dictadas en aplicación de la pena de muerte preceptiva;

Garantizar que los condenados a muerte, sus familias y sus abogados disponen, con plazo previo suficiente, de información adecuada sobre las ejecuciones pendientes, incluidos la fecha, la hora y el lugar;

Garantizar que, tanto en el ámbito federal como en el estatal, las personas condenadas a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años reciben una conmutación de su pena y son trasladadas de las prisiones destinadas para los condenados a muerte a lugares de detención ordinarios, adecuados para la edad del delincuente y el delito cometido, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del derecho internacional;

Garantizar, en todos los casos de pena de muerte, el cumplimiento riguroso de las normas internacionales sobre juicios justos, en especial el derecho a que la declaración de culpabilidad y la condena sean revisadas por un tribunal superior, el derecho a que no se admita ninguna prueba, incluidas declaraciones, obtenida mediante tortura u otros malos tratos, y el derecho a que no se ejecute ninguna pena de muerte mientras esté pendiente un recurso judicial;

Someter a un nuevo juicio –con nuevos procedimientos que cumplan rigurosamente las normas internacionales y en los que no se recurra a la pena de muerte– los casos en los que se hayan incumplido las normas internacionales sobre juicios justos, en especial los casos en los que la pena de muerte haya sido dictada por tribunales militares u otros tribunales con jurisdicción especial que no cumplan esas normas;

Retirar inmediatamente de la legislación nacional las disposiciones sobre pena de muerte que vulneran el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular todos los delitos castigados con la muerte que no implican un homicidio intencional, así como todas las disposiciones sobre condenas a muerte preceptivas;

Ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Desalojos forzosos

Introducir legislación que prohíba explícitamente los desalojos forzosos, y elaborar y emitir directrices para garantizar que los desalojos se llevan a cabo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los Principios Básicos y Directrices de la ONU sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo;

Adoptar una moratoria federal de los desalojos colectivos hasta que se implanten salvaguardias jurídicas y de procedimiento adecuadas para garantizar que todos los desalojos cumplen las normas internacionales de derechos humanos;

Proporcionar remedios efectivos, incluidas indemnización y una vivienda alternativa adecuada, para cualquier pérdida o daños a la propiedad de las personas que han sido víctimas de desalojo forzoso;

Elaborar una política nacional de vivienda para proteger y hacer realidad el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada.

Contaminación por petróleo en el delta del Níger

Emprender una acción inmediata y enérgica para aplicar la decisión judicial de la Comunidad Económica de Estados del África Austral (CEDEAO) sobre el impacto medioambiental de la industria del petróleo en los derechos humanos en el delta del Níger;

Garantizar que la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo cuenta con los recursos necesarios para investigar los vertidos de petróleo de manera independiente de las empresas petroleras, y garantizar que todos los informes sobre la investigación de vertidos de petróleo se ponen a disposición pública;

Establecer un Fondo de Limpieza, con un mecanismo transparente de supervisión, conforme recomendó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para hacer frente a la limpieza de todas las zonas del delta del Níger contaminadas por petróleo;

Garantizar que el Proyecto de Ley de la Industria Petrolera se enmienda para reflejar la decisión judicial de la CEDEAO y, en especial, para garantizar que incluye salvaguardias específicas para los derechos de las comunidades afectadas por el petróleo.

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Arabia Saudí

Ratificación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos

Ratificar sin reservas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y revisar todas las reservas y declaraciones que limitan el disfrute de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con vistas a levantarlas, especialmente las que son contrarias al objeto y el propósito de los tratados;

Adherirse sin demora al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Marco de derechos humanos

Aplicar sin demora todas las recomendaciones aceptadas del Examen Periódico Universal de 2009 respecto a reformar el sistema judicial y sus prácticas y revisar las disposiciones legales poco sólidas para conformarlas con las normas internacionales de derechos humanos.

Detenidos y presos de conciencia

Excarcelar inmediata e incondicionalmente a todos los presos y presas de conciencia

Acusar a todos los demás detenidos de un delito penal reconocible, de acuerdo con el derecho internacional, y llevarlos a juicio de acuerdo con las normas internacionales, o de lo contrario ponerlos en libertad.

Discriminación contra las minorías

Poner fin a la discriminación, la intimidación, el acoso y la detención sin cargos ni juicio de miembros de la comunidad chií, y respetar su derecho a la libertad de reunión.

Pena de muerte

En espera de la abolición completa de la pena de muerte:

Dictar una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, conforme establecen cuatro resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la más reciente de ellas la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012;

Revisar los casos de todos los presos condenados actualmente a muerte con vistas a conmutar sus penas y, en los casos en los que no se hayan cumplido rigurosamente las normas internacionales sobre juicios justos, celebrar un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena de muerte;

Eliminar de inmediato de la legislación nacional toda disposición relativa a la pena de muerte que viole el derecho internacional de los derechos humanos, en especial todos los delitos punibles con la muerte que no impliquen un homicidio intencional;

Conformar la ley y las prácticas judiciales con las garantías sobre juicios justos establecidas en las normas internacionales, incluido el acceso a asistencia letrada en todas las etapas de los procedimientos: antes del juicio, en su transcurso y después de él;

Dejar de llevar a cabo las ejecuciones en público o de cualquier otra manera degradante, lo cual incluye la práctica de “crucificar” al condenado tras la ejecución;

Dejar de inmediato de dictar condenas de muerte contra cualquier persona que fuera menor de 18 años en el momento de cometerse el presunto delito, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Arabia Saudí en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tortura y otros malos tratos

Poner fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación;

Poner fin a la práctica de los castigos corporales;

Garantizar que todas las denuncias de tortura, incluida la violación y otros malos tratos, se investigan de forma exhaustiva e imparcial, que todos los presuntos responsables son procesados y que en los procedimientos judiciales no se utiliza como prueba ninguna declaración que pueda haber sido obtenida mediante tortura.

Discriminación contra las mujeres

Cumplir los compromisos formulados en enero de 2008 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en el EPU de 2009 respecto a abordar la discriminación contra las mujeres, incluido el de promulgar y aplicar leyes que protejan a las mujeres frente a la violencia de género;

Establecer la igualdad de todas las personas ante la ley y otorgar los mismos derechos de ciudadanía a las mujeres y los hombres;

Reconocer y proteger el derecho de las mujeres a la libertad de circulación, educación, empleo y matrimonio, y el derecho a recibir reparación en casos de violencia familiar.

Discriminación contra trabajadores y trabajadoras migrantes

Reformar la legislación laboral nacional para garantizar que los trabajadores y trabajadoras migrantes gozan de protección adecuada frente a los abusos de los empleadores y el Estado;

Garantizar que se respetan plenamente, de acuerdo con las normas internacionales, las garantías de juicio justo de los trabajadores y trabajadoras migrantes, incluida la provisión de intérpretes cualificados.

Discriminación y acoso por razón de orientación sexual

Respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo;

Revisar la legislación nacional que pueda dar lugar a la discriminación, el procesamiento o el castigo de personas exclusivamente a causa de su orientación sexual o su identidad de género. Esto debe incluir revisar la ley que penaliza explícitamente las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

Recomendaciones al gobierno de Senegal

Libertad de expresión, asociación y reunión

Garantizar que se protege el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, de acuerdo con el derecho nacional e internacional;

Uso excesivo de la fuerza

Garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben formación y equipamiento completos para mantener el orden público sin recurrir a fuerza excesiva, y que los casos de uso de fuerza excesiva se investigan de manera enérgica e imparcial;

Llevar a cabo investigaciones sobre todos los casos en los que las fuerzas de seguridad puedan haber hecho un uso excesivo de la fuerza.

Tortura y otros malos tratos

Dar a la policía y la gendarmería instrucciones claras para garantizar que en su actuación respetan siempre el derecho internacional de los derechos humanos, y recordar a los jueces las obligaciones que les impone la Convención contra la Tortura, que establece que en los procedimientos judiciales no se podrá admitir como prueba ninguna declaración de la cual se determine que se ha obtenido mediante tortura;

Garantizar que se revisan los juicios en los que se determine que se han utilizado declaraciones obtenidas mediante tortura, para que las personas condenadas en ellos puedan ser juzgadas de nuevo de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;

Garantizar que el Observatorio Nacional de Lugares de Privación de Libertad cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su misión de manera independiente.

Impunidad por violaciones de derechos humanos

Llevar a cabo investigaciones sobre todos los casos de personas que hayan muerto bajo custodia y sobre todos los casos de presunta tortura, incluida la violación y otros malos tratos bajo custodia, de acuerdo con la Convención contra la Tortura;

Apartar de su puesto a todas las personas que sean sospechosas de haber cometido violaciones graves de derechos humanos o haber participado en ellas, mientras las denuncias contra ellas se investigan de manera inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos;

Emprender de inmediato acciones legales cuando existan pruebas admisibles suficientes contra todas las personas sospechosas de cometer violaciones graves de derechos humanos, tales como muertes, torturas y otros malos tratos de personas recluidas bajo custodia policial o en detención preventiva, y en casos en los que se denuncie uso de fuerza excesiva durante manifestaciones;

Eliminar los obstáculos a la administración oportuna de justicia en los casos en los que haya miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos;

Garantizar que todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos, cometidos por todas las partes del conflicto de Casamancia, reciben reparación y garantías de no repetición;

Promulgar legislación nacional para cumplir las obligaciones contraídas por Senegal en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, sin formular reservas o declaraciones que equivalgan a reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Indemnización para las víctimas de violaciones de derechos humanos

Garantizar que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos reciben reparación, lo cual incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de que esas violaciones no se repetirán. La reparación debe incluir una explicación de los hechos, para que las familias puedan saber qué les sucedió a sus seres queridos;

Llevar a cabo investigaciones para que las familias de las personas que desaparecieron en el conflicto de Casamancia puedan conocer la suerte que corrieron sus seres queridos, y así llorar su muerte, y proporcionar a estas familias apoyo psicológico, médico y económico, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos;

Garantizar que las familias de las personas desaparecidas o muertas bajo custodia gozan de los beneficios sociales a los que tienen derecho tras la muerte de un familiar, especialmente el acceso a una pensión.

Discriminación y acoso por razón de orientación sexual

Respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo;

Revisar la legislación nacional que pueda dar lugar a la discriminación, el procesamiento o el castigo de personas exclusivamente a causa de su orientación sexual o su identidad de género. Esto debe incluir revisar la ley que penaliza explícitamente las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

Obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

Convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

� A/HRC/11/29, párrafo 93.10 (Reino Unido).

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