Document - Amnesty International's concerns at the 48th session of the United Nations Commission on Human Rights










Preocupaciones de Amnistía Internacional

ante la sesión 48 de la

Comisión de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas




DICIEMBRE 1991 RESUMEN ÍNDICE AI: IOR 41/10/91/s

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DISTR: SC/PG/PO


La sesión 48 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tendrá lugar en Ginebra del 27 de enero al 7 de marzo de 1992. El documento adjunto describe las preocupaciones de Amnistía Internacional acerca de una serie de cuestiones correspondientes al próximo orden del día de la Comisión, entre ellas los procedimientos "temáticos" de la ONU sobre "desapariciones", tortura, ejecuciones sumarias o arbitrarias, detención arbitraria e intolerancia religiosa.


Este documento trata también la situación concreta de los derechos humanos en países que figuran en el orden del día de la sesión 48, entre ellos Afganistán, Albania, China, Cuba, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Haití, Irán, Iraq, Israel y los Territorios Ocupados, Kuwait, Rumanía y Sudáfrica. También se habla de la situación de derechos humanos en Sri Lanka, en vista de que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias presentará a la 48 sesión de la Comisión su informe sobre su visita a ese país en octubre de 1991, así como de la situación en Timor Oriental tras la visita del Relator Especial sobre la tortura a Indonesia y Timor Oriental, sobre la que también informará a la Comisión.


También se hace referencia a algunas de las actividades de fijación de normas de interés particular para Amnistía Internacional que figurarán en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión, entre ellas el proyecto de Declaración sobre Desapariciones Forzadas, el proyecto del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el proyecto de la Declaración sobre los derechos y responsabilidades de las personas, grupos y órganos de la sociedad para promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos universalmente (comúnmente conocida como "Declaración sobre los defensores de los derechos humanos").


Entre otros temas tratados en este documento se encuentran: las salvaguardias judiciales tales como el habeas corpus: la situación de los tratados internacionales sobre derechos humanos; servicios de asesoramiento en el terreno de los derechos humanos; la libertad de opinión y de expresión; actividades de información pública; y la Conferencia Mundial de 1993 sobre Derechos Humanos.




Este texto resume el documento titulado: Preocupaciones de Amnistía Internacional ante la sesión 48 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (Índice AI: IOR 41/10/91/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1991. Las personas que deseen más información o emprender acciones al respecto deben consultar el documento en su integridad.











SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA














PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

ANTE LA SESIÓN 48 DE LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DE LAS NACIONES UNIDAS















Diciembre de 1991

Índice AI: IOR 41/10/91/s

Distr: SC/PG/PO

















SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, GRAN BRETAÑA

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA







ÍNDICE




I. LOS MECANISMOS "TEMATICOS" 2


1. EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O

INVOLUNTARIAS 2

2. EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCION ARBITRARIA 4

3. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LAS EJECUCIONES SUMARIAS

O ARBITRARIAS 4

4. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA TORTURA 5

5. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INTOLERANCIA RELIGIOSA 6


II. PAISES QUE FIGURAN EN EL ORDEN DEL DIA DE LA 48 SESION 7


1. AFGANISTÁN 7

2. ALBANIA 8

3. CUBA 10

4. EL SALVADOR 10

5. GUATEMALA 13

6. IRAN 14

7. IRAQ 15

8. ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS 17

9. KUWAIT 17

10. RUMANÍA 18

11. SUDÁFRICA 19


III. PAISES PRESENTADOS POR LA SUBCOMISIÓN DE 1991 20


1. CHINA 20


IV. PAISES VISITADOS POR LOS MECANISMOS TEMÁTICOS DE LA ONU 22


1. INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL 22

2. SRI LANKA 23


V. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA 26


1. GUINEA ECUATORIAL 26

2. HAITÍ 28


VI. FIJACIÓN DE NORMAS 28


1. PROYECTO DE LA DECLARACIÓN SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS 28

2. PROYECTO DEL PROTOCOLO OPCIONAL DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA 29

3. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 31


VII. EL HÁBEAS CORPUS COMO DERECHO NO DEROGABLE 32


VIII. LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 33


IX. LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN 34


X. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 35


XI. LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS 36





Preocupaciones de Amnistía Internacional

en la sesión 48 de la

Comisión de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas



Amnistía Internacional es un movimiento de ámbito mundial integrado por voluntarios que trabaja para prevenir algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos fundamentales de las personas llevados a cabo por los gobiernos. El foco principal de sus actividades es trabajar por la liberación de todos los presos de conciencia: personas detenidas en cualquier lugar por sus ideas o a causa de su origen étnico, sexo, color o idioma y que no hayan usado ni defendido la violencia; celebración de juicios prontos y justos para los presos políticos; la abolición de la pena de muerte, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de los presos; y poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a las "desapariciones".


Al realizar su trabajo, la organización se opone también a los abusos que van en contra de las normas mínimas de conducta humanitaria, tales como la toma de rehenes, la tortura y muerte de presos y otros homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por grupos de la oposición.


Amnistía Internacional consta de más de 1.100.000 miembros, suscriptores y donantes regulares en más de 150 países y territorios, con más de 6.000 grupos locales en más de 70 países de Africa, América, Asia, Oceanía, Europa y Oriente Medio. Para garantizar la imparcialidad, cada grupo trabaja en casos y campañas en países distintos del suyo propio, seleccionados por su diversidad geográfica y política. La organización no depende de ningún gobierno, persuasión política o credo religioso; no apoya ni se opone a ningún gobierno ni sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Se preocupa tan sólo de la protección de los derechos humanos implicados en cada caso, con independencia de la ideología del gobierno, las fuerzas de la oposición o las creencias de las personas.


Las normas de derechos humanos comprendidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y otros documentos de derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas (ONU) son esenciales para la labor de Amnistía Internacional. Sigue de cerca el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos para desarrollar aún más el conjunto de normas internacionales de derechos humanos y para estudiar la aplicación práctica de las normas existentes a situaciones de violaciones de derechos humanos, dondequiera que se produzcan. Amnistía Internacional espera que, en las deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos, la responsabilidad de la comunidad internacional de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas será lo más importante.


La información que sigue a continuación se refiere a una serie de cuestiones que preocupan a Amnistía Internacional correspondientes al orden del día de la próxima sesión 48 de la Comisión de Derechos Humanos. En los documentos de Amnistía Internacional mencionados en el texto se podrá encontrar más información al respecto.




I. LOS MECANISMOS "TEMÁTICOS"


Hay cinco procedimientos "temáticos" establecidos por la Comisión que son de interés especial para Amnistía Internacional: sobre las "desapariciones", las ejecuciones sumarias o arbitrarias, la tortura, la intolerancia religiosa y el nuevo procedimiento sobre la detención arbitraria, establecido en la última sesión de 1991.


Los mandatos de los procedimientos temáticos, que originalmente se renovaban cada año, se han ido ampliando. Cuando sus mandatos se renovaron por última vez se ampliaron a períodos de dos años. Sin embargo, cuando el Consejo Económico y Social (ECOSOC) adoptó la Resolución 1990/48 que ampliaba la Comisión de 43 a 53 miembros, también recomendó a ésta que se ampliasen los mandatos de los procedimientos temáticos a tres años. Cuando se estableció en la última sesión el procedimiento temático más reciente, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, la Comisión decidió concederle un mandato de tres años. En la sesión 48, se deben renovar los mandatos de los procedimientos sobre "desapariciones", ejecuciones sumarias o arbitrarias, tortura e intolerancia religiosa. Amnistía Internacional espera que la Comisión renueve dichos mandatos por un período de tres años, siguiendo la recomendación del ECOSOC.


Amnistía Internacional recibió con agrado la Resolución 1991/31, adoptada en la última sesión de la Comisión, que animaba a los gobiernos a cooperar plenamente con los mecanismos temáticos y a estudiar las recomendaciones efectuadas tras las visitas a su país para mantener informados a los mecanismos pertinentes respecto de la puesta en práctica de dichas recomendaciones. La resolución animaba también a los mecanismos temáticos a mantenerse al tanto de los progresos realizados por los gobiernos en los aspectos relativos a sus mandatos. Amnistía Internacional espera que la Comisión preste especial atención durante su próxima sesión a vigilar hasta qué punto los gobiernos afectados han tomado medidas para llevar a la práctica las recomendaciones hechas por los mecanismos temáticos en años anteriores. Asimismo, la organización insta a la Comisión a que preste especial atención a los informes de visitas in situ realizadas por sus procedimientos temáticos durante 1991 y a que se asegure de que las conclusiones y recomendaciones que surjan de dichas visitas sean tratadas plenamente por la Comisión y llevadas a la práctica por los gobiernos correspondientes.



1. EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS


En la próxima sesión de la Comisión presentará su informe número 12 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. A lo largo de 1991, Amnistía Internacional a enviado a dicho grupo información relativa a "desapariciones" en 21 países entre los que se encuentran Colombia, Guatemala, Perú, Filipinas y Sri Lanka.


Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción las actividades del Grupo de Trabajo, y de modo particular el hecho de que haya mejorado sus métodos de trabajo estableciendo un procedimiento, de acuerdo con el párrafo 3 (a) de la Resolución 1990/76, de intervención inmediata para proteger a personas o grupos que sean víctimas de represalias a causa de sus actividades de derechos humanos y/o en cooperación con el Grupo de Trabajo.


Amnistía Internacional ha recibido con agrado el hecho de que, al igual que en años anteriores, la Comisión asumiera varias de las preocupaciones y recomendaciones del Grupo de Trabajo en su sesión 47. En su Resolución 1991/41, la Comisión instaba a los gobiernos a que proporcionaran protección a las familias de los "desaparecidos" y a que garantizaran la prevención de las "desapariciones" cuando se proclamara un estado de excepción. Asimismo, recordó a los gobiernos la necesidad de garantizar que sus autoridades competentes llevaran a cabo investigaciones prontas e imparciales cuando existieran razones para creer que se había producido un caso de "desaparición" en el territorio que está bajo su jurisdicción. La resolución de la Comisión deploraba el hecho de que algunos gobiernos no hayan actuado conforme a las recomendaciones contenidas en los informes del Grupo de Trabajo que les conciernen y señaló con preocupación que algunos gobiernos nunca han proporcionado una respuesta sustancial al Grupo de Trabajo.


No obstante, la cuestión de la impunidad, a la que el Grupo de Trabajo ha dado el mayor énfasis al referirse a las causas de las "desapariciones", aún no se ha tratado plenamente en la Comisión. Esta aún no ha prestado atención a las implicaciones de amnistías o medidas similares que se aprueban en muchos países en los que ha habido "desapariciones". Dichas medidas, aparte de conceder impunidad a los autores, con frecuencia son perjudiciales para los familiares de las víctimas porque se les impide continuar la búsqueda de los "desaparecidos" mediante procesos judiciales o de otro tipo. La Comisión debe adoptar una postura firme en cuanto a las medidas que conducen a la impunidad, que pueden, y lo hacen con frecuencia, dar lugar a nuevas violaciones. Relativas a este aspecto son las "consideraciones experimentales" que el Grupo de Trabajo ha enviado a gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) para que hagan comentarios al respecto.. Se refieren a algunos de los rasgos más característicos del fenómeno de la impunidad y proponen diversas formas de abordar el problema. Por ejemplo, con la investigación de las "desapariciones" y la publicación de sus resultados, las consideraciones experimentales enviadas por el Grupo de Trabajo proponen que se dé a conocer al público tanto la identidad de las víctimas como la de los autores y que la investigación, procesamiento y castigo de los culpables no se vea sujeta a ninguna limitación de tiempo. Además afirman que no se debe promulgar ninguna medida jurídica que proteja a los responsables de "desapariciones" contra la rendición de cuentas. Proponen que se trate en tribunales civiles el procesamiento y castigo las violaciones graves de derechos humanos aun cuando los autores sean miembros de las fuerzas armadas. Por último, las consideraciones experimentales afirman que no se debe invocar la debida obediencia a las órdenes como defensa válida contra las acusaciones de responsabilidad por las "desapariciones", aunque podría considerarse como una circunstancia atenuante en algunos casos. Se estudiarán los comentarios de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales para incluir un resumen de los mismos en el informe a presentar al Grupo de Trabajo en la sesión 48 de la Comisión.


Amnistía Internacional también recibió con agrado la Decisión 1991/109 de la sesión 43 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (la Subcomisión) solicitando que dos de sus miembros redactasen un documento de trabajo para su sesión 44 que fuera una ampliación y elaboración del documento de trabajo presentado en la sesión 43 sobre "medidas que deben adoptarse para luchar contra la práctica cada vez más difundida de la impunidad de los autores de violaciones graves de los derechos humanos".


Amnistía Internacional insta a la Comisión a que adopte una postura firme en cuanto a las medidas que conducen a la impunidad, que pueden, y lo hacen con frecuencia, dar lugar a nuevas violaciones, y a que anime a la Subcomisión a trabajar sobre esta cuestión.




Según la Resolución 1991/31, Amnistía Internacional quisiera instar también a la Comisión a que prestase una mayor atención al tipo de seguimiento que deberían adoptar los países para llevar a la práctica plenamente las recomendaciones del Grupo de Trabajo tras las visitas in situ. A este respecto, la Comisión debe prestar especial atención al informe del Grupo de Trabajo sobre su visita a Sri Lanka en octubre de 1991 y a las recomendaciones contenidas en dicho informe (véase capítulo IV, más abajo).


2. EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCION ARBITRARIA


Amnistía Internacional acogió con agrado la Resolución 1991/42 adoptada en la sesión 47 de la Comisión por la que decidía crear un Grupo de Trabajo que investigase casos de detención arbitraria. La organización cree que este procedimiento llena un importante hueco en el marco de la protección que proporcionan los mecanismos temáticos existentes. El Grupo de Trabajo tuvo su primera reunión en septiembre de 1991. En diciembre de 1991 celebrará una segunda sesión, y su primer informe se presentará en la sesión 48 de la Comisión.


Amnistía Internacional ha empezado a presentar casos de detenciones arbitrarias para que el Grupo de Trabajo los investigue y actúe al respecto en una serie de países entre los que se encuentran Bhután, China, Cuba, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Malawi, Malaisia, Myanmar, Corea del Sur, Siria y Uganda. Espera que los gobiernos correspondientes cooperen plenamente con el Grupo y proporcionen respuestas plenas y oportunas respecto de todos los casos que asuma aquél.


Amnistía Internacional insta a la Comisión a que preste todo su apoyo y aliento al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria en estas etapas cruciales de su trabajo, y a que garantice que se le proporcionan todos los medios y recursos necesarios para que funcione de forma efectiva.


3. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS O ARBITRARIAS


El Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias se retirará después de presentar su décimo informe anual en la próxima sesión de la Comisión. En los últimos 10 años, ha aumentado significativamente la calidad de los informes y el número de casos tratados. Será importante que la Comisión seleccione un sucesor cualificado que continúe desarrollando el mandato y proporcione al nuevo Relator Especial recursos adecuados para llevar a cabo su mandato eficazmente. Amnistía Internacional insta a la Comisión a que preste su firme apoyo a la continuación de este importante y consolidado procedimiento temático; a que preste especial y estrecha atención a las recomendaciones finales del Relator actual; y a que se asegure de que se nombra un sucesor cualificado lo antes posible.


Durante 1991, Amnistía Internacional ha presentado al Relator Especial información acerca de 58 países, entre ellos algunos en los que, según informes, se han producido bastantes homicidios extrajudiciales, como Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, India, Indonesia y Timor Oriental, Irán, Iraq, Mali, Mauritania, Perú, Filipinas, Sri Lanka y Uganda, así como países en los que había condenas de muerte inminentes o ya ejecutadas en violación de normas internacionales, como China, Kuwait, Malaisia y los Estados Unidos de América.


Amnistía Internacional ha recibido con agrado el hecho de que el Relator Especial haya atribuido una importancia especial en su trabajo a los Principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente el 7 de septiembre de 1990 y aceptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990, y que adjuntó a su último informe. Amnistía Internacional quisiera instar a la Comisión a que estudiase nuevas medidas a tomar para asegurar que todos los estados lleven a la práctica de forma plena estos importantes Principios.


En 1991, el Relator Especial pudo visitar Zaire para observar un juicio de varias personas acusadas de matar a estudiantes en la Universidad de Lubumbashi, pero no pudo aceptar las invitaciones de Perú y Sri Lanka. Amnistía Internacional espera que las visitas a estos países puedan realizarse a lo largo de 1992. Los informes del Relator Especial referentes a dichas visitas permiten a la Comisión entender mejor la envergadura del problema de las ejecuciones arbitrarias en países concretos. Amnistía Internacional reitera su petición a la Comisión de que haga un llamamiento a los gobiernos a los que el Relator Especial ha enviado comunicaciones o llamamientos urgentes que le inviten a visitarles y le ofrezcan todos los medios que precise para llevar a cabo sus investigaciones.


El fallo por parte de los gobiernos en responder adecuadamente a las consultas o llamamientos del Relator Especial respecto de las ejecuciones sumarias o arbitrarias sigue siendo un problema importante. En su Resolución 1991/71, la Comisión instó "a todos los gobiernos, en particular a aquellos que no han contestado en ningún caso a las comunicaciones que les ha transmitido el Relator Especial... a que cooperen con el Relator Especial y le presten asistencia a fin de que pueda cumplir efectivamente su mandato".


Amnistía Internacional insta a la Comisión a que revise de nuevo esta cuestión en su próxima sesión y a que tome nuevas medidas para asegurarse de que todos los gobiernos responden a las consultas del Relator Especial como una cuestión prioritaria. Además, debe pedir al Secretario General que haga todo lo posible para animar a los gobiernos que aún no han respondido a que lo hagan pronto.


4. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA TORTURA


Durante el año, Amnistía Internacional ha presentado al Relator Especial sobre la tortura información e informes sobre torturas y malos tratos, incluidos casos urgentes de personas en peligro, en unos 56 países, entre ellos China, Egipto, Israel y los Territorios Ocupados, Kuwait, Mauritania, México, Marruecos, Myanmar, Paquistán, Filipinas, Sudán, Siria y Turquía.


Amnistía Internacional recibe acoge con agrado los informes detallados del Relator Especial y el hecho de que, según el último informe sobre 1990, han respondido a las peticiones de información más gobiernos que en años anteriores. No obstante, a la organización le sigue preocupando que algunos gobiernos se nieguen constantemente a responder a las comunicaciones del Relator Especial. Otros gobiernos que han respondido han negado todas las denuncias de tortura o no han incluido en su respuesta la información solicitada por el Relator Especial, haciendo imposible que éste pueda determinar si ese gobierno ha tomado alguna medida al respecto o si dicha medida ha sido adecuada para tratar las denuncias en cuestión. El Relator Especial llamó la atención sobre este problema en el informe que presentó en la pasada Comisión. Los gobiernos que de manera persistente no han contestado demuestran una falta de respeto por la autoridad de la Comisión.


En la Resolución 1991/38, la Comisión llamó la atención sobre la necesidad de que los estados reaccionen "correctamente" a los llamamientos urgentes enviados por el Relator Especial y de que respondan a todas sus comunicaciones "con prontitud". Amnistía Internacional considera que la Comisión debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar, no sólo que los estados respondan a cualquier comunicación que se les dirija, sino también que su respuesta sea completa y adecuada.


Amnistía Internacional insta también a la Comisión a que dedique una mayor atención a la importancia de las visitas in situ del Relator Especial, que son un método muy práctico y efectivo de que éste cumpla su mandato, pues le permiten aconsejar a un gobierno sobre la forma de prevenir la tortura basándose en su experiencia y en conversaciones y observaciones de primera mano en el país en cuestión. Por lo tanto, resulta decepcionante que en 1990 sólo pudiera realizar una visita (Filipinas) y otra en 1991 (Indonesia y Timor Oriental). Esto contrasta con las tres visitas al año efectuadas de 1987 a 1989 inclusive. Además, se debe mantener un seguimiento de los informes sobre estas visitas in situ para asegurar que las recomendaciones del Relator Especial se tienen en cuenta y se llevan a la práctica como es debido. Mientras que la Comisión continúa asumiendo en sus resoluciones las recomendaciones del Relator Especial, Amnistía Internacional la insta a que dedique más atención a las recomendaciones a países concretos formuladas tras las visitas realizadas in situ. De modo especial en la sesión 48, Amnistía Internacional insta a la Comisión a que preste atención especial al informe del Relator Especial sobre su visita a Indonesia y Timor Oriental y a sus recomendaciones después de dicha visita (véase capítulo IV.1 más abajo).


5. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INTOLERANCIA RELIGIOSA


Durante el año pasado, Amnistía Internacional ha presentado al Relator Especial sobre la Intolerancia Religiosa información relativa a presos de conciencia que han ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de credo religioso, incluidos varios casos de Grecia, Egipto y Paquistán.


En su informe a la última sesión de la Comisión, el Relator Especial indicó que el problema de la discriminación e intolerancia religiosa sigue existiendo en la mayoría de las regiones del mundo, aunque los cambios recientes en la Europa del este respecto del disfrute de derechos, incluida la libertad religiosa, eran muy estimulantes. Llamó la atención sobre el hecho de que a muchos de los detenidos por motivos religiosos se les somete a tortura y malos tratos, que los religiosos y creyentes de muchas confesiones son objeto de amenazas de muerte, intimidación, expulsión o adoctrinamiento forzoso, y que a algunos de ellos los han matado como consecuencia de sus actividades religiosas. Señaló el problema de la impunidad, que contribuye en gran medida a la persistencia de graves violaciones de derechos humanos. El Relator Especial acogió también con agrado el gran número de respuestas de los gobiernos a las denuncias que se les enviaron durante el año, y su informe contenía contestaciones de 35 gobiernos a un cuestionario sobre medias adoptadas en la legislación nacional para combatir la intolerancia religiosa que el Relator Especial había enviado a todos los gobiernos.


Amnistía Internacional recibe con agrado la atención prestada por el Relator Especial a las violaciones de derechos humanos sucedidas en el contexto del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, y espera que continúe incluyendo esta información en su informe.


La organización considera que la Comisión debe instar a todos los gobiernos a que respondan plena y rápidamente a las comunicaciones del Relator Especial, de acuerdo con la Resolución 1991/31, y que aquellos estados que aún no lo han hecho deben ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual contiene ciertas disposiciones para proteger a las personas contra la discriminación basada en la religión y las creencias.



II. PAÍSES QUE FIGURAN EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN 48


Amnistía Internacional espera que la Comisión de Derechos Humanos responda de manera imparcial y efectiva a las situaciones que implican violaciones graves de derechos humanos allá donde se produzcan.


Los tres apartados siguientes tratan respectivamente de: países que ya figuran en el orden del día de la Comisión; países que han sido presentados por la Subcomisión a la atención de la Comisión; y países respecto de los cuales uno de los mecanismos "temáticos" de la Comisión informará a ésta sobre una visita in situ efectuada en 1991.


La mayoría de los países que ya figuran en el orden del día provisional de la Comisión están programados para debate bajo el punto 12 acerca de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier parte del mundo. El punto del orden del día bajo el cual se debatirá Guatemala se decidirá en la sesión 48. Además, Guinea Ecuatorial y Haití se tratarán bajo el punto 21 del orden del día relativo a Servicios de Asesoramiento (véase el capítulo V más abajo).


Las situaciones de países que se describen a continuación se refieren a casos muy graves de violaciones de derechos humanos en diferentes regiones del mundo. Amnistía Internacional espera que todos los participantes en la próxima sesión de la Comisión estudien de manera justa y objetiva la forma mejor de utilizar los remedios de que dispone la Comisión para poner en práctica soluciones eficaces.


1. AFGANISTÁN


Desde la última sesión de la Comisión, el Relator Especial ha podido nuevamente visitar en septiembre de 1991 Afganistán y Paquistán, donde hay un número considerable de refugiados afganos. Debe regresar a Afganistán a finales de diciembre del mismo año. Su informe se presentará a la sesión 48 de la Comisión.


A Amnistía Internacional le preocupa que durante los últimos 13 años miles de presos políticos, entre ellos varios presos de conciencia, hayan sido condenados a diversos períodos de encarcelamiento, y centenares de ellos a muerte, por tribunales especiales que no les han proporcionado un juicio justo. Otros centenares de presos más permanecen recluidos sin cargos ni juicio en más de una docena de centros de interrogación Riasat (Dirección) y en dos bloques separados (Bloques 1 y 2) de la cárcel principal de Afganistán, Pul-e-Charki, cerca de Kabul. Estos presos políticos sin condena permanecen recluidos en muy malas condiciones en celdas de aislamiento durante un período inicial de interrogatorio que puede durar varios meses. Los detenidos, entre los que se cuentan personas sospechosas de participar en la oposición armada o en actividades antigubernamentales no violentas son sometidos, al parecer, a torturas rutinarias y se les niega el acceso a un abogado y a las visitas de sus familiares. Según los informes, las celdas no se limpian, están mal ventiladas, y los presos contraen enfermedades de la piel debido a la falta de higiene.


Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al gobierno afgano para que cree un procedimiento de revisión independiente e imparcial para examinar los casos de todos los presos políticos condenados, y ha recomendado que el organismo de revisión goce de poderes para ordenar la puesta en libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos que se descubra hayan sido condenados simplemente por la expresión no violenta de su opinión política o sus convicciones religiosas, y para ordenar que se celebre un nuevo juicio que se ajuste a las normas mínimas internacionales para aquellos presos políticos a los que se pueda acusar de delitos tipificados en el código penal. La organización ha hecho un llamamiento también al gobierno afgano para que dé a conocer al público información sobre la abolición de los tribunales especiales (véase Afghanistan: Unfair Trials by Special Tribunals(Afganistán, Juicios Injustos por Tribunales Especiales), Indice AI ASA 11/03/91).


Amnistía Internacional ha recibido también información sobre violaciones de derechos humanos cometidos por los grupos de la oposición armada muyahidin, incluida la detención ilegítima, la tortura y el homicidio deliberado y arbitrario. Los grupos muyahidin han detenido a civiles no armados por considerarlos sospechosos de ser partidarios del gobierno y les han mantenido en cautividad durante períodos de hasta varios años. Se ha torturado a presos para que "confesaran" actividades a favor del gobierno, pertenecer a un grupo rival de la oposición armada, o simplemente por sus supuestas orientaciones "no musulmanas". Decenas de presos han sido deliberada y arbitrariamente asesinados o han sido ejecutados después de juicios sumarios que no se ajustaban a las normas internacionales. Además, Amnistía Internacional se preocupa por los asesinatos, secuestros y tortura de refugiados afganos supuestamente cometidos por grupos muyahidin en el interior de Paquistán.


A Amnistía Internacional le sigue preocupando la situación de derechos humanos de Afganistán, y por lo tanto considera que la Comisión debe mantener el mandato del Relator Especial.


ar2. ALBANIA


En la última sesión de la Comisión se presentó el informe del Secretario General de las Naciones Unidas en el que resumía sus contactos con el gobierno albano y ofrecía detalles de su visita a ese país en 1990. La Resolución 1991/76 acogíó con satisfacción las medidas positivas adoptadas por el gobierno y hacía un llamamiento a ésta para que liberara a todos los presos políticos y para que tomase medidas para la ratificación de los documentos internacionales de derechos humanos.


En julio, las autoridades afirmaron que habían dejado en libertad a todos los presos políticos que quedaban. Sin embargo, gran número de presos políticos liberados quedaron sin alojamiento ni empleo, y muchas personas anteriormente confinadas (internadas), aunque oficialmente libres, no pudieron abandonar los campos porque no tenían a donde ir. A finales de septiembre, las autoridades declararon inocentes a todos los que habían sido presos políticos e internos, y concedieron una pequeña pensión mensual a los que no tenían empleo o estaban enfermos para trabajar. En junio, Albania se unió a la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) y en septiembre firmó la Carta de París de la CSCE y el Acta Definitiva de la CSCE (Helsinki, 1975). En octubre, Albania accedió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Amnistía Internacional recibe con satisfacción todos estos avances positivos.




A Amnistía Internacional le sigue preocupando el hecho de que continúen existiendo leyes que permiten el encarcelamiento de personas por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, no tiene noticia de casos recientes en los que los tribunales hayan hecho uso de estas disposiciones para encarcelar a personas, y se ha informado de que se va a revisar el código penal. A la organización le preocupa también que haya 11 delitos (incluidos dos delitos económicos) punibles con la pena de muerte. Hasta ahora ha tenido noticias tan sólo de una sentencia de muerte impuesta este año: fue ejecutado un hombre condenado por matar a unos guardias de fronteras. En vista de estas continuas preocupaciones y de la actual inestabilidad del país, Amnistía Internacional insta a la Comisión a que continúe vigilando la situación de derechos humanos en Albania.


3. CUBA


En la Resolución 1991/68, la Comisión solicitaba al Secretario General de las Naciones Unidas que nombrase un Representante Especial "para que se mantenga en contacto directo con el Gobierno y los ciudadanos de Cuba acerca de los temas y las cuestiones contenidos en el informe de la misión realizada en Cuba". Se pidió al gobierno cubano que cooperase con el Secretario General, "teniendo en cuenta los convenios internacionales en los cuales Cuba es parte y los procedimientos institucionales establecidos en materia de derechos humanos". El Representante Especial presentará un informe a la sesión 48 de la Comisión.


Se han producido violaciones de derechos humanos en Cuba dirigidas contra miembros de grupos disidentes no oficiales que trabajan por el cambio político o en defensa de los derechos humanos durante todo el año, pero especialmente desde junio, cuando se crearon las Brigadas de Respuesta Rápida para ocuparse de los desórdenes y las disidencias. Se pidió a ciudadanos corrientes que se unieran voluntariamente a las brigadas, las cuales, junto con las fuerzas de seguridad y activistas del Partido Comunista, han tomado parte en varios incidentes, conocidos como "actos de repudio", especialmente en La Habana, donde grandes multitudes han atacado verbal y físicamente a conocidos disidentes en sus casas y en las calles. Varios miembros de grupos no oficiales, cuyas actividades han sido pacíficas hasta ahora, han sufrido acosos de ese tipo y, en algunos casos, detenciones y encarcelamientos. Otros han sido juzgados y condenados por acusaciones como "asociación ilícita", "clandestinidad de impresos", "instigación a delinquir" y "desórdenes públicos", y se les considera como presos de conciencia. Los juicios por estas acusaciones se celebran en tribunales municipales pocos días después de la detención, y el acusado por lo general tiene poco o ningún acceso a un abogado defensor.


Otros presos de conciencia permanecen en la cárcel después de haber sido condenados por cargos similares, o por acusaciones de "propaganda enemiga", "desacato", "rebelión" e "intento de salida ilegal del país". La mayoría están incluidas en esta última categoría. Unos pocos han sido liberados, como Elizardo Sánchez Santa Cruz, Hiram Abí Cobas Núñez y Huber Jérez Mariño, condenados en 1989 por "esparcir noticias falsas con la intención de poner en peligro el prestigio o la reputación del estado cubano" y Orlando Azcué Rodríguez, sentenciado a tres años por "propaganda enemiga" después de haber sido detenido en abril de 1990.


Amnistía Internacional sigue preocupada por el uso de la pena de muerte en Cuba. Se sabe que en 1991 han tenido lugar hasta ahora dos ejecuciones, ambas por delitos comunes. No hay noticias recientes sobre los supuestos planes del gobierno de ampliar la ya extensa gama de delitos a los que se aplica la pena de muerte para incluir algunos delitos relacionados con drogas.


A Amnsitía Internacional le preocupan los informes según los cuales no ha habido ninguna coperación con el Representante Especial por parte del gobierno cubano. En vista de que estas preocupaciones continúan, la organización espera que la Comisión preste la debida atención a la situación de Cuba y que continúe al tanto de cómo evoluciona.

4. EL SALVADOR


Las pautas globales de violaciones de derechos humanos no se han alterado de forma sustancial en El Salvador, a pesar de una serie de importantes acuerdos sobre cuestiones relativas a los derechos humanos que han resultado de las negociaciones de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). La Resolución 1991/75 sobre El Salvador, adoptada por la última sesión de la Comisión, expresaba satisfacción en la conclusión del Acuerdo de Derechos Humanos entre el gobierno y el FMLN. Sin embargo, expresó preocupación por las constantes violaciones de derechos humanos por motivos políticos, tales como ejecuciones sumarias y "desapariciones", y por la ineficacia del sistema judicial para llevar ante la justicia a los autores de dichas violaciones. Asimismo, la Comisión amplió el mandato de su Representante Especial un año más y, en su sesión 48, tendrá ante sí un nuevo informe del Representante Especial sobre El Salvador.


Amnistía Internacional recibió con agrado la creación en julio de la misión de verificación de derechos humanos del órgano de las Naciones Unidas ONUSAL, un año después de que se concluyera el Acuerdo sobre Derechos Humanos entre el gobierno y el FMLN. Amnistía Internacional espera que la misión de verificacion tenga un impacto positivo y duradero sobre la protección de los derechos humanos en El Salvador. Otros acuerdos de derechos humanos que surgieron de las conversaciones de paz, incluida la creación de una Procuraduría de Derechos Humanos, las reformas judiciales, la creación de mecanismos para abordar la impunidad, y la restructuración de las fuerzas de seguridad, podrían también, si se llevan a cabo de forma efectiva, dar lugar a mejoras duraderas en la práctica.


No obstante, Amnistía Internacional ha continuado documentando ejecuciones extrajudiciales supuestamente llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, algunas de ellas por militares uniformados en el transcurso de operaciones militares, otras atribuidas a "escuadrones de la muerte" clandestinos que se cree están vinculados con las fuerzas armadas. En los últimos meses, se han llevado a cabo amenazas de muerte contra miembros de grupos de derechos humanos y de organizaciones humanitarias por parte de grupos clandestinos que les acusan de estar vinculados con el FMLN. Ha seguido habiendo informes de tortura y se siguen incumpliendo los procedimientos de detención destinados a prevenir la tortura. La Asamblea Legislativa saliente aprobó en marzo de 1991 una propuesta de ampliar la aplicabilidad de la pena de muerte para que abarcara ciertos delitos en tiempo de paz, pero la nueva Asamblea no la ha ratificado. Si bien las "desapariciones" parecen haber disminuido el año pasado, se ha hecho muy poco por esclarecer el destino de decenas de personas que han desaparecido a manos de las Fuerzas Armadas en los últimos años. Amnistía Internacional recibió con agrado en septiembre de 1991 la condena de un coronel por el homicidio de seis sacerdotes y dos empleadas de la Universidad Centroamericana cometido en 1989. No obstante, sigue inalterable la pauta de impunidad que proviene del hecho persistente de que el gobierno no investigue ni lleve ante la justicia a los responsables de los miles de violaciones de derechos humanos.


Ha habido por lo menos tres informes de homicidios llevados a cabo este año por parte del FMLN o militares fuera de servicio. También se ha informado de varios homicidios de soldados del ejército hechos prisioneros y de civiles sospechosos de colaborar con los militares. Los resultados de las investigaciones realizadas por grupos de derechos humanos no gubernamentales contradecían las denuncias presentadas por el ejército en varios de estos casos. El FMLN ha continuado cometiendo secuestros, algunas veces reteniendo a las víctimas para pedir rescate. En otros casos, quedó sin conocerse el paradero de las personas que, según informes, habían sido secuestradas, aunque se creía que algunas habían sido reclutadas a la fuerza en las filas del FMLN.




La Comisión debe tomar medidas para garantizar la puesta en práctica efectiva de las medidas acordadas para prevenir la persistencia de las violaciones de derechos humanos en El Salvador, y debe mantener el mandato del Representante Especial hasta que haya evidencia de una mejora clara y duradera de la situación de derechos humanos.


5. GUATEMALA


La sesión 48 de la Comisión tendrá ante sí un nuevo informe del Experto Especial sobre Guatemala, pero una vez más queda por decidir en qué punto del orden del día se estudiará. Amnistía Internacional sigue teniendo graves preocupaciones acerca de la situación de derechos humanos en Guatemala y se sintió decepcionada por el hecho de que el informe del Experto de 1991, que documentaba graves violaciones de derechos humanos, no se tratase en el punto 12 del orden del día de la Comisión, que era más apropiado. La Resolución 1991/51 sobre la ayuda a Guatemala en el campo de los derechos humanos señalaba "que el nuevo gobierno constitucional de Guatemala, al entrar en funciones el 14 de enero de 1991, se comprometió ante el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional a garantizar la vigencia plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales ofreciendo tomar medidas inmediatas y urgentes para tal fin."

Lamentablemente, dichas promesas aún no se han cumplido.


Amnistía Internacional sigue especialmente preocupada por la ejecución extrajudicial en 1991 de cientos de personas en circunstancias que sugieren la participación de las fuerzas de seguridad, y por la "desaparición" de decenas de otras en circunstancias similares. Un número cada vez mayor de miembros y dirigentes de los movimientos populares y de base, así como activistas de derechos humanos, estudiantes, abogados, jueces y periodistas, han sido sometidos a intimidación y amenazas de muerte. Entre las víctimas se encontraban también aquéllos que no desean tomar parte en las patrullas civiles. Varios de ellos fueron secuestrados y torturados (véase Violaciones de derechos humanos contra sindicalistas y activistas políticos durante el mandato del nuevo gobierno, Índice AI: AMR 34/28/91/s de junio de 1991). Según los informes, también se hizo uso de la tortura durante la custodia policial y contra los niños de la calle.


Según parece, los autores de las violaciones de derechos humanos continúan obrando con impunidad. En varios casos, el gobierno anunció que se habían efectuado detenciones y que se habían iniciado procesos criminales respecto de casos de violaciones de derechos humanos. En abril de 1991, cuatro policías fueron condenados por el asesinato de Nahamán Carmona López, de 13 años de edad. Sin embargo, en julio las declaraciones de culpabilidad fueron rechazadas por razones técnicas y se ordenó celebrar un nuevo juicio. En octubre se trasladó el caso a otro tribunal, y aún no ha habido juicio. En otro caso, dos policías hallados culpables del homicidio de Marvin de la Cruz Melgar, de 13 años, en mayo de 1990 recibieron una condena condicional de tres años, y quedaron en libertad bajo fianza, a la espera del resultado de la apelación presentada. Sin embargo, en los casos en que había evidencias de participación de los militares en los homicidios - que, según la Constitución, se remiten a los tribunales militares - tales como el homicidio en 1990 del ciudadano de los Estados Unidos Michael Devine y la muerte de 11 personas en el departamento de Escuintla en agosto de 1991, se dejó en libertad a los acusados. En otro incidente, el jefe de la sección de homicidios de la Policía Nacional, encargado de la investigación de la muerte de la antropóloga Myrna Mack, fue asesinado a pocos metros del edificio de la Policía Nacional. Al parecer, había revelado pruebas de la participación de los militares en dicho homicidio. Actualmente hay 37 procesos pendientes en los tribunales guatemaltecos contra las fuerzas de seguridad y agentes de seguridad privados por abusos contra niños de la calle. Sin embargo, no ha habido progresos al respecto, y tanto los niños de la calle como los que trabajan con ellos han seguido sufriendo violaciones de derechos humanos.




6. IRÁN


La Resolución 1991/82, adoptada en la última sesión de la Comisión, invitaba al Secretario General a responder favorablemente a las peticiones de asistencia técnica del gobierno iraní. Hacía un llamamiento al gobierno para que cumpliera las normas internacionales de derechos humanos, pero no hacía referencia al hecho de que continuaban las violaciones de derechos humanos. Aunque la resolución renovó el mandato del Representante Especial, que presentará su informe en la sesión 48, al contrario que en años anteriores, no pidió al Representante Especial que presentase un informe provisional a la Asamblea General y sugirió que su mandato podría interrumpirse. Amnistía Internacional considera que dicha medida sería prematura en las actuales circunstancias.


En su última sesión, la Subcomisión, en su Resolución 1991/9, expresó su profunda preocupación por el aumento de violaciones graves de derechos humanos en Irán; hizo un llamamiento a este país para que concediera acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja y pidió a la 48 Comisión que ampliase el mandato del Representante Especial. Amnistía Internacional cree que la gravedad de la situación de los derechos humanos en Irán requiere un seguimiento constante y detallado por parte de la Comisión, y que también sería de desear reinstaurar la práctica de pedir al Representante Especial que presente un informe provisional a la Asamblea General.


En 1991, Amnistía Internacional supo que se había puesto en libertad a varios presos políticos. Sin embargo, varios presos políticos, entre ellos algunos presos de conciencia, permanecen encarcelados después de juicios injustos, en algunos casos mucho después de haber cumplido sus condenas. Se ha seguido recibiendo informes de torturas o de malos tratos, y a lo largo de todo el año ha habido ejecuciones a gran escala. Los miembros de la oposición que viven en el exilio, entre ellos el ex Primer Ministro Shapour Bakhtiar, han sido posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales. (Véase el próximo documento con Índice AI: MDE 13/01/92 titulado Iran: Imprisonment, torture and execution of political opponents.


Entre mayo y julio de 1991, nueve presos de conciencia, detenidos en junio de 1990 tras firmar una carta abierta crítica dirigida al Presidente Rafsanjani, fueron juzgados en la prisión de Evin. El proceso se desarrolló a puerta cerrada, y los acusados no dispusieron de abogados que les defendieran. Los nueve, entre los que había ex ministros del gobierno de Mehdi Bazargan y otras figuras públicas, algunos de los cuales tienen más de setenta años y se encuentran mal de salud, fueron condenados a penas de prisión de hasta tres años y a penas de entre 10 y 30 latigazos. En sus condenas de cárcel no se tuvo en cuenta el período de más de un año que pasaron detenidos antes del juicio. Amnistía Internacional ha pedido asistir como observador a sus juicios, pero no ha recibido respuesta a sus reiteradas peticiones.


Durante los primeros nueve meses de 1991, Amnistía Internacional registró cerca de 700 ejecuciones, la mayoría de ellas por delitos de contrabando de drogas, aunque en esta cifra se incluyen también 26 personas que fueron ejecutadas por sus actividades de oposición política.




Aunque Amnistía Internacional pudo visitar Irán en mayo de 1991 para entrevistar a kurdos y a chiitas que habían huido de Iraq, sus peticiones pendientes de conversaciones con las autoridades sobre las preocupaciones de derechos humanos de la organización en Irán no han obtenido ninguna respuesta positiva. Amnistía Internacional sigue también preocupada por el hecho de que no se hayan introducido salvaguardias básicas para la protección de los derechos humanos en Irán, a pesar de las obligaciones de Irán como estado miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


En vista de que las violaciones de derechos humanos continúan en Irán, Amnistía Internacional insta a la Comisión a que renueve el mandato del Representante Especial y a que continúe considerando la situación bajo el en el punto 12.


7. IRAQ


Amnistía Internacional recibió con agrado la Resolución 1991/74 de la última sesión, por la que la Comisión decidió nombrar un Relator Especial que examinase la situación de los derechos humanos en Iraq. En esta sesión se presentará el primer informe completo del Relator Especial, tras su informe provisional presentado a la sesión 46 de la Asamblea General. Algunas de las preocupaciones más recientes de la organización respecto de Iraq se describen con mayor detalle en el documento Iraq: Human rights violations since the uprising - a summary of Amnesty International's concers (Índice AI: MDE 14/05/91), e Iraq: The need for further United Nations action to protect human rights(Índice AI: MDE 14/06/91), que pide a la comunidad internacional que tome medidas para prevenir una nueva crisis de los derechos humanos en Iraq, y recomienda la creación en el país de un órgano de control de derechos humanos de la ONU que garantice el pleno cumplimiento por parte de Iraq de sus obligaciones internacionales. Amnistía Internacional continúa seriamente preocupada por las violaciones de derechos humanos en Iraq, especialmente a la luz de las graves y persistentes violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno iraquí a lo largo de varios años sobre las cuales la organización ha llamado la atención de la Comisión una y otra vez.


En marzo de 1991, un número desconocido de detenidos fue liberado por opositores al gobierno durante las revueltas en el norte y el sur de Iraq que tuvieron lugar tras la derrota de las fuerzas del gobierno iraquí en la Guerra del Golfo. Entre marzo y mayo, las fuerzas del gobierno consiguieron sofocar estas revueltas y detuvieron a miles de kurdos, árabes chiitas y otras personas por considerarlas sospechosas de haber participado en actividades antigubernamentales. Muchos fueron ejecutados sumariamente más tarde. Entre los detenidos se encontraban más de 100 intelectuales religiosos y clérigos de varias nacionalidades, incluido el Gran Ayatollah Abu al-Qassem al-Kholi, de 95 años de edad, el religioso musulmán chiita de mayor edad. En Kirkuk, en el norte de Iraq, alrededor de 5.000 hombres kurdos fueron detenidos por fuerzas del gobierno iraquí a mediados de marzo. La mayoría de ellos quedaron en libertad a mediados de abril, pero según los informes, se ejecutó por lo menos a 28. En los informes recibidos acerca de otros detenidos se encontraban los nombres de más de 1.300 presos encarcelados en la prisión de Abu Gharib, cerca de Bagdad. Muchos llevaban más de 10 años en la cárcel tras juicios sumarios ante el Tribunal Revolucionario.


La tortura y los malos tratos a los presos continuaron siendo generalizados y cotidianos. Varios militares americanos y británicos hechos prisioneros tras haber sido derribados sus aviones durante las hostilidades de enero afirmaron haber sido torturados. Tras las revueltas de marzo se recibieron nuevos informes de tortura. Testigos presenciales informaron detalladamente de la mutilación de detenidos antes de su ejecución, entre otras cosas, al parecer, el seccionamiento de miembros y el sacarles los ojos.


No fue posible obtener información precisa acera del número de personas que desaparecieron durante 1991, aunque entre las víctimas se encontraban kuwaitíes, kurdos, chiitas y decenas de familias que regresaban a Iraq en mayo después del anuncio de amnistías oficiales. También se recibió información sobre "desapariciones" ocurridas en años anteriores, que incluía los nombres de más de 6.000 kurdos que "desaparecieron" en una oleada de detenciones que tuvieron lugar en la primavera de 1988. Las fuerzas del gobierno llevaron a acabo cientos de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de ellas al intentar reprimir las revueltas de marzo y abril. Entre las víctimas se encontraban civiles kurdos, convertidos en blanco deliberado de los helicópteros de combate cuando huían hacia las fronteras de Iraq, y varios médicos acusados de atender a combatientes Pesh Merga (guerrillas de kurdos armados) heridos. Según los informes, alrededor de 150 ó 170 chiitas varones fueron ejecutados por pelotones de fusilamiento en marzo en la guarnición de al Mahawil, cerca de al Hilla. También hubo informes de ejecuciones en masa por pelotones de fusilamiento en al Samawa, al Najaf, Karbala , Basra y otros lugares, en marzo y abril. Parece ser que unas 60 ó 70 personas resultaron muertas al ser lanzadas por las ventanas del piso superior del hospital de al-Hilla en marzo. Otros, al parecer, fueron arrojados al río Tigris con pesos atados a los pies.


En julio, al menos 50 refugiados iraquíes, entre ellos varios kurdos y asirios, fueron repatriados forzosamente por funcionarios turcos. Más tarde, según los informes, varios fueron ejecutados por fuerzas del gobierno iraquí. A principios de octubre, unos 60 soldados iraquíes desarmados capturados por los combatientes armados kurdos en Sulaimaniya fueron ejecutados sumariamente. Al parecer, las ejecuciones se realizaron en respuesta a los ataques militares contra zonas residenciales por parte de fuerzas del gobierno.


Miles de presos políticos más, entre ellos posibles presos de conciencia, llevan varios años encarcelados sin cargos ni juicio, o están cumpliendo condenas de cárcel impuestas tras juicios injustos. Otras muchas personas fueron detenidas en 1990 y 1991 por motivos políticos. Entre ellas se encontraban miembros de partidos políticos prohibidos, miembros de sus familias y ciudadanos kuwaitíes, algunos de los cuales fueron trasladados a la fuerza desde Kuwait durante la ocupación Iraquí y todavía no se tienen noticias de ellos.


Aunque es importante que se mantenga el mandato del Relator Especial, la Comisión debe considerar seriamente su informe con el fin de adoptar las medidas que sean necesarias para salvaguardar los derechos humanos en el país.


Tal como se describe en el documento Iraq: The need for further United Nations action to protect human rights(Iraq: la necesidad de una mayor actuación por parte de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos) mencionado anteriormente, Amnistía Internacional todavía considera que el Relator Especial por sí solo no está en situación de garantizar una protección adecuada a la población de Iraq y que hacen falta nuevas medidas, como una vigilancia in situ de los derechos humanos, si en el futuro se quiere garantizar el respeto por los derechos humanos.





8. ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS


La Resolución 1991/1, que constaba de dos partes, y que era una de las tres resoluciones adoptadas en la última sesión de la Comisión, condenaba prácticas tales como el herir y matar a civiles palestinos, la detención arbitraria y administrativa y la tortura.


La naturaleza de las preocupaciones de Amnistía Internacional en Israel y los Territorios Ocupados desde el comienzo de la intifadapalestina en 1987 sigue siendo prácticamente la misma, aunque ha variado la escala de las violaciones de derechos humanos. Durante 1991 continuó la práctica de la detención administrativa sin cargos ni juicio de sospechosos políticos. Entre los detenidos había presos de conciencia. Miles de palestinos fueron juzgados por tribunales militares, muchos después de haber sido sometidos a tortura o malos tratos. Decenas más fueron abatidos a tiros por las fuerzas israelíes en un contexto en el que las normas para abrir fuego, la pauta de homicidios y las investigaciones posteriores son causa de grave preocupación.


En julio de 1991, Amnistía Internacional publicó un documento de 80 páginas titulado Israel y los Territorios Ocupados: Justicia militar para los civiles palestinos(MDE 15/34/91/s). El informe describe en detalle la preocupación de la organización en este área, incluida la detención prolongada en régimen de incomunicación prolongada, confesiones supuestamente extraídas bajo tortura, y presiones indebidas a los acusados para que se confiesen culpables. Hace un llamamiento a las autoridades israelíes para que introduzcan salvaguardias urgentes contra la tortura y los malos tratos - incluida la publicación y revisión de normas oficiales y secretas que permiten el uso de una "medida moderada de presión física" durante el interrogatorio - y para que garanticen juicios justos.


La Comisión debe instar a Israel a dar prioridad a la introducción de salvaguardias para abordar estas cuestiones.



9. KUWAIT


En 1991, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la Resolución 1991/67 por la que decidía nombrar un Relator Especial que examinase las violaciones de derechos humanos cometidas en el Kuwait ocupado por las fuerzas iraquíes y que informase a la sesión 46 de la Asamblea General y a la sesión 48 de la Comisión. Aunque Amnistía Internacional aplaudió dicho nombramiento, sigue preocupada por los informes de violaciones cometidas por las autoridades de Kuwait después de la retirada de las tropas iraquíes y considera que aquéllas no pueden ser ignoradas en el contexto de las investigaciones que se refieran a Kuwait. La Subcomisión, en su última sesión de agosto de 1991, expresó su esperanza en que el Relator Especial "preste la debida atención a las violaciones flagrantes de los derechos humanos que presuntamente se están cometiendo en Kuwait e informe a la Comisión de los hechos que afectan a la situación de los derechos humanos en Kuwait desde la retirada de las fuerzas iraquíes".


Amnistía Internacional lamenta el hecho de que no se aprovechara la oportunidad en la última Comisión de tratar a fondo la situación de las violaciones de derechos humanos que tiene lugar en Kuwait cuando la Comisión decidió nombrar un Relator Especial que investigase las violaciones durante la ocupación de dicho país. Las propias preocupaciones de Amnistía Internacional en Kuwait no tienen la misma gravedad que tenían inmediatamente después de la liberación de Kuwait, pero la organización todavía considera que cualquier investigación que se realice debe abarcar las violaciones de derechos humanos que se están produciendo actualmente en ese país, y que la Comisión debe tener esto en cuenta cuando estudie el informe del Relator Especial.


Amnistía Internacional ha recibido los nombres de más de cien personas, principalmente iraquíes, palestinos y jordanos, que desaparecieron bajo custodia después de ser detenidos en Kuwait entre finales de febrero y finales de julio. Amnistía Internacional cree que muchos de ellos han sido detenidos por su supuesta "colaboración" con las fuerzas de ocupación iraquíes y pueden estar retenidos en secreto o en régimen de incomunicación, y podrían ser sometidos a tortura o a otras formas de trato cruel, inhumano o degradante durante el interrogatorio.


Amnistía Internacional sigue preocupada por la suerte de cientos de palestinos, iraquíes, bidun (árabes sin estado) y otros que han sido detenidos arbitrariamente por las fuerzas kuwaitíes desde que las fuerzas iraquíes se retiraron del país y se impuso la ley marcial el 26 de febrero (después se levantó el 26 de junio). Muchos de los detenidos fueron sometidos de forma rutinaria a tortura y otros tratos crueles o inhumanos.


El gobierno kuwaití aún no ha cambiado muchos de los procedimientos judiciales que causaron preocupación acerca de la equidad de los juicios de presuntos colaboradores de las fuerzas iraquíes en mayo. Amnistía Internacional cree que, a menos que se efectúen cambios, los presos que van a ser juzgados por el Tribunal de la Seguridad del Estado tal vez no tengan un juicio justo. A algunos detenidos todavía no se les ha dicho por qué se les ha detenido, se les niega el acceso a familiares y abogados, y no se les proporciona atención médica independiente. No obstante, el gobierno anunció en agosto que había creado un tribunal de apelación y que había abolido la práctica de la detención indefinida previa al juicio, limitando dicho período a seis meses.



10. RUMANIA


La resolución adoptada en la última sesión de la Comisión, 1991/69, ampliaba el mandato del Relator Especial sobre Rumanía por otro año más. Señaló con aprecio el informe del Relator Especial y la disposición de las autoridades rumanas a continuar su actividad para garantizar el respeto por los derechos humanos a pesar de algunos "lapsos lamentables". También reconoció la necesidad de continuar "promoviendo un clima favorable al establecimiento de un orden social basado en el pleno respeto de los derechos humanos en Rumanía".


Tras el derrocamiento del Presidente Ceaucescu en diciembre de 1989, Amnistía Internacional aplaudió la puesta en libertad de todos los presos de conciencia conocidos, la abolición de la pena de muerte y la revocación de muchas leyes y decretos que restringían los derechos humanos, incluidos aquéllos que recortaban el derecho a las libertades de expresión y de circulación. También señala el hecho de que las autoridades rumanas continúan dispuestas a cooperar con el Relator Especial.


Sin embargo, Amnistía Internacional continúa teniendo preocupaciones acerca de la situación de los derechos humanos en Rumanía. En julio de 1991 dirigió varias de sus preocupaciones al gobierno rumano. Algunas de ellas se refieren a casos de malos tratos por parte de agentes de policía durante detenciones en el período anterior al derrocamiento del presidente Ceaucescu que, según la información de que dispone Amnistía Internacional, aún no han sido investigados. Se alega que muchos de los agentes de policía involucrados en estos casos no han sido sustituidos a pesar del cambio de gobierno. La organización ha seguido recibiendo denuncias de malos tratos durante detenciones efectuadas por la policía desde diciembre de 1989. También ha habido denuncias de que agentes de la policía y otros han sido cómplices de ataques a etnias de húngaros, romaníes, opositores al gobierno y en un caso a un periodista que quería desenmascarar a ex miembros de la Securitate.


A la luz de la presente inestabilidad y de los desórdenes políticos en el país, Amnistía Internacional espera que la Comisión mantenga un cuidadoso seguimiento de la situación de derechos humanos en Rumania.



11. SUDÁFRICA


Durante 1991 ha continuado la tendencia a mejorar la situación de derechos humanos en determinadas áreas que durante mucho tiempo han preocupado a Amnistía Internacional, como las ejecuciones extrajudiciales y la detención sin cargos ni juicio. Sin embargo, al mismo tiempo ha habido un alarmante aumento del número de ejecuciones extrajudiciales.


Se siguen imponiendo sentencias de muerte y, a finales de septiembre de 1991, había 337 presos condenados a muerte en la Prisión Central de Pretoria, aunque hasta ahora ha habido sólo dos ejecuciones en 1991. Estas ejecuciones tuvieron lugar en la "patria" nominalmente independiente de Venda, donde hay aproximadamente 10 personas sentenciadas a muerte. La situación en la teóricamente independiente "patria" de Bophutatswana, donde se suspendieron dos ejecuciones 11 horas antes de la hora en que estaba previsto su cumplimiento, sigue siendo especialmente preocupante a causa de que las autoridades de la "patria" siguen sin garantizar que las personas condenadas a muerte puedan agotar todos los recursos judiciales disponibles.


Amnistía Internacional sigue preocupada por el hecho de que los cambios legislativos efectuados en junio de 1991 en la Ley de Seguridad Interna de 1982 dejaran intacta la Sección 50, que establece una detención "preventiva" de 14 días, y la Sección 31, que permite la detención en régimen de incomunicación de testigos potenciales. Las enmiendas a la Sección 29 siguen dando a la policía el poder de detener a una persona en régimen de incomunicación durante 10 días, período que puede renovarse previa solicitud a un juez. Las enmiendas contienen también una cláusula que permite a la policía no informar al abogado del detenido ni a su familia de su detención y negar el acceso a un médico independiente si, en su opinión, cualquier cosa de éstas pudiera obstaculizar las investigaciones policiales.


Amnistía Internacional está especialmente preocupada por los constantes y generalizados informes de agresiones y tortura de presos y sospechosos políticos sin cargos en investigaciones criminales ordinarias. Entre los miembros de las fuerzas de seguridad involucradas en estos incidentes hay miembros de la Policía Sudafricana y miembros de las fuerzas de la policía de las "patrias" de Bophutatswana, KwaZulu, Lebowa y Ciskei, así como miembros de la Fuerza de Defensa Sudafricana. En algunos casos, como el de un joven maestro y sindicalista, Solly Mogashoa, el 14 de octubre de 1991 en la "patria" de Lebowa, los malos tratos han dado lugar a la muerte del detenido. La preocupación por estos incidentes aumenta porque, en general, las autoridades no investigan a fondo las agresiones y homicidios ilegítimos ni llevan a los responsables ante la justicia.


Durante 1991, decenas de activistas políticos, en especial miembros del Congreso Nacional Africano (ANC), sindicalistas y personas destacadas en sus comunidades locales por sus esfuerzos por la paz, han sido víctimas de las operaciones de escuadrones de choque, directa o indirectamente vinculados con los militares o la policía. Otros muchos han sobrevivido a atentados o se han visto obligados a ocultarse para evitar ser vigilados. Centenares de residentes de los municipios y de los campamentos de ocupantes ilegales de viviendas de Johannesburgo y sus alrededores y de Natal, han muerto en ataques a sus comunidades perpetrados por hombres armados, predominantemente miembros del Partido para la Libertad Inkatha (IFP), con la connivencia activa o pasiva de militares o policías. Decenas de personas más han muerto cuando hombres armados han hecho fuego contra residentes del municipio que viajan a diario en trenes o en taxi, o contra ocupantes de lugares de reunión social de los municipios. Parece ser que las víctimas de estos ataques no siempre han sido seleccionadas al azar. Por ejemplo, el 7 de octubre murieron 18 personas cuando varios hombres armados en vehículos sin matrícula abrieron fuego contra los asistentes al funeral del asesinado sindicalista y miembro del ANC, Sam Ntuli. Una persona que resultó herida en el tiroteo identificó después a dos de los pistoleros, a quienes la policía reconoció más tarde como miembros del mismo cuerpo. Otros agresores están vinculados a las Unidades de Fuerzas Especiales de la Fuerza de Defensa Sudafricana o a Inkatha.


Amnistía Internacional sigue preocupada por las constantes y graves violaciones de derechos humanos que se producen en Sudáfrica, muchas de ellas a consecuencia de la complicidad de las fuerzas de seguridad en la violencia política. La organización siente especial preocupación por el poder de practicar detenciones sin cargos ni juicio y las agresiones y tortura a presos y sospechosos políticos sin cargos en las investigaciones criminales ordinarias. A pesar de los cambios legislativos efectuados en la Ley de Seguridad Interna de 1982, no se han derogado las leyes que permiten la detención en régimen de incomunicación de testigos potenciales y la detención potencialmente indefinida sin cargos de otras personas. A Amnistía Internacional le preocupa también de modo especial el aumento del número de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por escuadrones de choque directa o indirectamente vinculados a la policía, y pide que se lleve ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos y que se haga rendir cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad.


III. PAISES PRESENTADOS POR LA SUBCOMISION DE 1991


1. CHINA


En su última sesión de agosto de 1991, la Subcomisión adoptó la Resolución 1991/10 titulada "Situación en el Tibet", que hacía un llamamiento al gobierno de China para que respetase los derechos humanos y las libertades del pueblo tibetano. Amnistía Internacional continúa seriamente preocupada por la situación de derechos humanos en el Tibet y en el resto de China.


A lo largo de 1991 se siguió deteniendo a activistas políticos ,y religiosos, entre ellos a tibetanos que defendían la independencia nacional y a miembros de la minoría mongol de Mongolia Interior. Según los informes, se sometió a presos políticos y a presos de conciencia a prolongados periodos de prisión en régimen de aislamiento y a fuertes palizas y torturas en la cárcel. Muchas de las víctimas de violaciones de derechos humanos de Tibet eran monjes y monjas budistas sospechosos de actividades políticas. Algunos de los presos que estaban en centros de detención han sido condenados a penas de prisión administrativa de hasta tres años, impuestas sin juicio y sin medio alguno de apelación por parte de los detenidos contra dicha decisión administrativa. Un preso de conciencia tibetano, que cumplía una pena de prisión de dos años por su supuesta participación en actividades relativas a la independencia del Tibet, murió bajo custodia en diciembre de 1990, al parecer a consecuencia de habérsele negado una y otra vez tratamiento médico adecuado tras las palizas sufridas en la cárcel.


A Amnistía Internacional le preocupa también los miles de presos políticos que seguían en la cárcel en China en 1991, entre ellos cientos de presos de conciencia. Algunos llevan más de un año detenidos sin cargos. Al menos 26 destacados activistas a favor de la democracia fueron condenados a penas de prisión después de juicios políticos muy divulgados en Pekín a principios de 1991. Entre ellos se encontraban Chen Ziming y Wang Juntao, quienes, junto con otras personas, permanecieron recluidos en régimen de aislamiento de abril a agosto de 1991.


Los procedimientos judiciales siguieron sin ajustarse a las normas internacionales de juicio justo. En general, se continuó ignorando los derechos de los detenidos a presentar una defensa adecuada, y se siguió negando al abogado defensor un papel significativo en los juicios. Muchos presos políticos, incluidos presos de conciencia, continuaron encarcelados sin cargos ni juicio bajo diversas formas de detención administrativa, en violación de las normas internacionales y, en muchos casos, de leyes y disposiciones nacionales chinas. El número de informes de condenas de muerte fue mayor en 1991 que nunca desde 1983; sólo en los primeros nueve meses de 1991, Amnistía Internacional registró más de 1.300 sentencias de muerte. Sin embargo, el número real de sentencias de muerte en 1991 probablemente será varias veces mayor.


Amnistía Internacional recibe con agrado la resolución de la Subcomisión, ya que sigue teniendo serias preocupaciones por la situación de derechos humanos en el Tibet, y cree que la Comisión debe tomar medidas efectivas al respecto. La situación en China, en su conjunto, requiere un estrecho escrutinio por parte de la Comisión y una respuesta que transmita plenamente la preocupación de la comunidad internacional por tan graves abusos contra los derechos humanos.



IV. PAÍSES VISITADOS POR LOS MECANISMOS TEMÁTICOS DE LA ONU


1. INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL


En octubre de 1991, el Relator Especial sobre la tortura hizo una visita a Indonesia y Timor Oriental. Su informe sobre dicha visita se presentará a la sesión 48 de la Comisión. En agosto de 1990, la Subcomisión aprobó una resolución sobre Timor Oriental que recomendaba que la Comisión de 1991 estudiase la situación de derechos humanos en Timor Oriental y pedía al Secretario General que transmitiera a la Comisión la información fidedigna recibida. La Comisión tuvo ante sí una nota del Secretario de la ONU sobre la situación en Timor Oriental que se presentó a debate pero sobre la que no se emprendió ninguna acción concreta.


Amnistía Internacional sigue preocupada por la práctica cada vez más frecuente de la detención temporal, tortura y malos tratos a presuntos opositores políticos en Timor Oriental, muchos de los cuales pueden ser presos de conciencia. También le preocupan los persistentes informes de ejecuciones extrajudiciales, centenares de casos de "desaparición" sin resolver y el prolongado encarcelamiento de al menos ocho presuntos simpatizantes de Fretilincondenados en juicios que en opinión de Amnistía Internacional fueron injustos. La declaración efectuada por Amnistía Internacional el 7 de agosto de 1991 ante el Comité Especial sobre Descolonización de las Naciones Unidas (publicada como ASA 21/14/91) contiene más información a este respecto.


Desde agosto de 1991, se han producido informes de violaciones muy graves de derechos humanos en Timor Oriental. Estas violaciones han aumentado en el contexto de una mayor tensión por la visita a ese país de una delegación de parlamentarios portugueses. La visita fue pospuesta poco antes de la fecha en que debía llegar la delegación, a primeros de noviembre. Luego, el 12 de noviembre de 1991, unas 100 personas resultaron muertas y decenas heridas cuando las fuerzas de seguridad indonesias abrieron fuego contra un grupo de asistentes a un funeral en el cementerio de Santa Cruz, en Dili (véase Timor Oriental: La matanza de Santa Cruz, índice AI: ASA 21/23/91/s, y Timor Oriental: Después de la matanza, índice AI: ASA 21/24/91/s). Según los informes, otras personas, entre ellas periodistas extranjeros, fueron golpeadas durante el incidente y, al parecer, decenas de ellas fueron detenidas. Las víctimas formaban parte de los centenares de personas que habían acudido a la tumba de Sebastião (Gomes) Rangel y Alfonso Henriques. Sebastião Rangel y Alfonso Henriques habían muerto el 28 de octubre cuando tropas indonesias entraron en el recinto de la iglesia de Motael, donde estaban escondidos Sebastião y cerca de otros 20 activistas políticos. A Amnistía Internacional le preocupa que decenas de personas detenidas en relación con estos sucesos puedan encontrarse en peligro de sufrir torturas y malos tratos. Aunque el gobierno indonesio creó una Comisión Nacional de Investigación que estudiase los sucesos recientes, a Amnistía Internacional le preocupa que dicha Comisión no sea totalmente independiente e imparcial, y que sea difícil entender cómo va a llevar a cabo una investigación justa y adecuada.


Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación internacional de estos sucesos bajo los auspicios de la ONU.


A pesar de las declaraciones públicas del gobierno en el sentido de que se invita a observadores extranjeros y a organizaciones internacionales a visitar Timor Oriental, y a pesar de las reiteradas peticiones, Amnistía Internacional aún no ha obtenido permiso para visitar el territorio. La constante denegación de acceso plantea serias cuestiones acerca de la sinceridad de la promesa del gobierno de proteger y promover los derechos humanos. Amnistía Internacional quisiera instar a la Comisión a que examine con especial atención el informe y las conclusiones del Relator Especial sobre la tortura tras su visita de octubre de 1991, y a que pida al gobierno de Indonesia que siga las recomendaciones que aquél pueda hacer. La Comisión debe solicitar al gobierno que informe a la próxima Comisión sobre cómo ha respondido, y que estudie la posibilidad de invitar al Relator Especial a regresar para revisar la puesta en práctica de dichas recomendaciones.


Asimismo, Amnistía Internacional quisiera instar a la Comisión en particular a que tome todas las medidas adecuadas para tratar las gravísimas violaciones de derechos humanos que vienen produciéndose en Timor Oriental desde noviembre de 1991. Debe asegurarse de que se lleva a cabo una investigación adecuada e imparcial bajo los auspicios de la ONU acerca de la matanza de Santa Cruz y sus consecuencias, y de que se dan a conocer públicamente sus resultados. También debe estudiar qué otras medidas hay que tomar para asegurar que se pone fin a las violaciones de derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental.


2. SRI LANKA


A primeros de octubre de 1991, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó Sri Lanka y mantuvo conversaciones con el gobierno y con activistas de derechos humanos. Viajaron al este y sur del país. El informe de su visita se presentará a la sesión 48 de la Comisión. A lo largo de todo el año, Amnistía Internacional ha presentado al Grupo de Trabajo información sobre cerca de 1.000 casos individuales de "desaparición" en Sri Lanka. También ha presentado casos e información relativa a sus respectivos mandatos al Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias (cuya invitación a visitar Sri Lanka sigue pendiente) y al Relator Especial sobre la tortura.


La última vez que la Comisión actuó respecto de Sri Lanka fue en 1987, cuando adoptó una resolución (1987/61) en la que invitaba al "Gobierno de Sri Lanka a que intensifique su cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja en las esferas de la difusión y promoción del derecho humanitario internacional y a que considere favorablemente el ofrecimiento de servicios del Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de cumplir sus funciones de protección de las normas humanitarias, incluso la prestación de asistencia y protección a las víctimas de todas las partes interesadas." El gobierno tardó más de dos años en atender esta petición.


La situación de derechos humanos en Sri Lanka ha sido de especial preocupación para Amnistía Internacional durante más de siete años. En los últimos años han tenido lugar violaciones de un nivel sin precedentes, sin que la comunidad internacional haya tomado medidas apropiadas para pedir cuentas al gobierno de Sri Lanka. La escala en la que se han producido dichas violaciones, en particular las "desapariciones", ha sido de proporciones históricas. Amnistía Internacional insta al gobierno de Sri Lanka a que reconozca públicamente que se han producido violaciones de derechos humanos de forma generalizada en el país durante los siete últimos años, y a que reconozca la responsabilidad de sus fuerzas de seguridad en de dichas violaciones, sobre todo las "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales. Dicho reconocimiento es esencial para crear un clima que conduzca a la introducción de medidas efectivas de solución y prevención.


Antes de julio de 1987, cuando se firmó el acuerdo Indo-Sri Lanka, Amnistía Internacional llevaba registradas unas 680 ""desapariciones"" desde 1983. Todos los casos menos uno se produjeron en el nordeste del país. Desde julio de 1987 se informó de 43 "desapariciones" en esas zonas, de las que se creía responsables a la Fuerza India para el Mantenimiento de la Paz (IPKF) y a grupos armados tamiles alineados con ella. Desde junio de 1990, cuando la IPKF abandonó el país y estalló en el nordeste la lucha entre las fuerzas de seguridad de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE), se han registrado otras 3.500 "desapariciones", aproximadamente, en esa zona. La gran mayoría de las "desapariciones" ha tenido lugar en la parte sur del país, donde las fuerzas de seguridad de Sri Lanka han estado intentando aplastar la violenta oposición del JVP (Janatha Vimukthi Peramuna). Entre mediados de 1987 y principios de 1990 se calcula que han "desaparecido" o han sido ejecutadas extrajudicialmente decenas de miles de personas (principalmente hombres jóvenes) al sur del país. Desde 1990 ha disminuido el número de "desapariciones" en el sur. No obstante, se siguen recibiendo informes a intervalos regulares. Durante los siete primeros meses de 1991, Amnistía Internacional registró más de 30 casos de "desaparición" en el sur del país, donde el gobierno afirma que la ley y el orden han vuelto a ser normales y no se están produciendo violaciones de derechos humanos.


Amnistía Internacional consiguió visitar Sri Lanka en marzo y junio de 1991, por primera vez desde 1982. En septiembre, publicó un documento titulado Sri Lanka - The Northeast: Human rights violations in a context of armed conflict(ASA 37/14/91), que proporcionaba indicios sustanciales de ejecuciones extrajudiciales y "desapariciones" a gran escala ocurridas en el nordeste desde junio de 1990. Aparentemente, las fuerzas del gobierno están actuando con un sentido de impunidad casi total, y la pauta de violaciones de derechos humanos que surgió en el sur en el periodo entre 1987 y principios de 1990 se está repitiendo ahora en el nordeste. El informe describe también abusos de derechos humanos por parte del LTTE, el principal grupo armado de oposición tamil que controla en la práctica varias zonas del nordeste de Sri Lanka. La gran mayoría de sus víctimas son tamiles, en cuyo nombre el LTTE dice estar luchando por un Estado soberano. El propio LTTE ha llevado a cabo en repetidas ocasiones homicidios al estilo de ejecuciones arbitrarias de centenares de civiles, entre ellos gran número de cingaleses y musulmanes, así como tamiles tachados de "traidores". Los insurgentes son también responsables de muchos secuestros, detenciones no reconocidas y tortura de prisioneros.


El gobierno ha creado una Comisión de Investigación sobre la Eliminación Involuntaria de Personas, cuya misión es investigar "desapariciones" que hayan tenido lugar desde el 11 de enero de 1991 al 11 de enero de 1992. Amnistía Internacional pide que se amplíe el mandato de esta comisión a antes de enero de 1991 y después de enero de 1992. Otra medida tomada por el gobierno es la creación del llamado Grupo Especial de Derechos Humanos cuya misión, entre otras cosas, consiste en mantener un registro central de todas las personas detenidas. Según una carta enviada a finales de noviembre de 1991 al Asesor Presidencial sobre Asuntos Internacionales, el grupo especial de derechos humanos debería también investigar las "desapariciones" ocurridas antes del 11 de enero de 1991. Amnistía Internacional ha pedido que se aclare este punto.


Amnistía Internacional ha aplaudido estas iniciativas, pero también con-sidera que hacen falta más medidas para que estos procedimientos sean más efectivos, y ha hecho recomendaciones concretas al gobierno en este senti-do. Además de la ampliación del mandato de la Comisión de Investigación men-cio-na-da, la organización ha pedido al gobierno que tome medidas para garanti-zar que los habitantes del nordeste obtendrán mayor acceso a los nuevos mecanismos.


A pesar de las recientes iniciativas del gobierno, la gran escala de violencia y de violaciones de derechos humanos en Sri Lanka continúa sin disminuir. Amnistía Internacional cree que la comunidad internacional no puede seguir ignorando esta situación, y por lo tanto requiere una respuesta efectiva y urgente por parte de la Comisión.


También se debe prestar atención especial a la necesidad de obtener una respuesta rápida y adecuada del gobierno a las recomendaciones hechas en el informe del Grupo de Trabajo sobre "desapariciones" Forzadas o Involuntarias. La Comisión debe vigilar de cerca la puesta en práctica de dichas recomendaciones.



V. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA


Amnistía Internacional cree que el programa de la ONU de Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica puede en potencia desempeñar un importante papel en la protección y promoción de los derechos humanos. No obstante, la organización cree también que la Comisión debe ejercer una vigilancia especial al estudiar los proyectos a establecer o llevar a la práctica bajo dicho programa. Es importante que el programa no se use de forma que permita a un gobierno evadirse de rendir cuentas o de examinar la situación de derechos humanos en ese país. El Secretario General de la ONU afirmó en su informe de 1989 a la Comisión que dichas actividades pueden ser un complemento, pero nunca un sustituto de las actividades de información, control e investigación llevadas a cabo en otras secciones del programa y mandato de derechos humanos de la ONU por los organismos competentes de la organización.


El programa de Servicios de Asesoramiento va destinado a aumentar el conocimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos y a ayudar a su puesta en práctica proporcionando a los gobiernos asistencia práctica y asesoramiento, así como becas de formación, seminarios y talleres regionales de formación. A Amnistía Internacional le ha preocupado anteriormente la falta de participación de las ONG en estos programas y la falta de diseño de proyectos y criterios de aplicación que permitan realizar evaluaciones objetivas de los proyectos y, por lo tanto, del programa en su conjunto. Así pues, la organización recibió con satisfacción el informe del Secretario General a la Comisión de 1991, el cual afirmaba que durante 1990 se habían elaborado directrices de proyectos. Amnistía Internacional espera que el informe a la Comisión de 1992 indique la forma en que se están aplicando dichas directrices. Asimismo, la organización aplaudió la referencia (en la Resolución 1991/49 sobre el Fondo de Contribuciones Voluntarias para Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Materia de Derechos Humanos) a los proyectos que estaba formulando el Centro de Derechos Humanos conjuntamente con los gobiernos, teniendo en cuenta sugerencias de Organizaciones No Gubernamentales, entre otros. Las ONG llevan muchos años actuando para proporcionar información a la ONU sobre derechos humanos. Dicha información debe utilizarse de manera más completa posible al valorar la conveniencia de los proyectos, y las ONG deben participar más en el diseño, puesta en práctica y evaluación de los proyectos.


1. GUINEA ECUATORIAL


La situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial viene siendo estudiada por la Comisión desde la década de los setenta. En 1982, el gobierno aceptó un Plan de Acción elaborado por el Experto (nombrado en 1980 bajo el programa de Servicios de Asesoramiento) para garantizar la protección de los derechos humanos por medio de un sistema judicial eficaz. En 1991, el informe del Experto indicó que las autoridades no habían proporcionado "información alguna" acerca de la puesta en práctica de anteriores recomendaciones de la Comisión en cuanto a) el nombramiento de un Comité Especial de Revisión que se mantuviese al tanto del Plan de Acción; b) la promulgación de una Ley General de Asociación; y c) medidas que facilitasen la repatriación de exiliados. Expresó honda preocupación por el hecho de que desde su primera visita a Guinea Ecuatorial en 1979 todavía no se haya establecido una democracia representativa, y "en consecuencia, la protección de los derechos humanos no tenga el marco institucional adecuado". La Comisión, posteriormente, adoptó la Resolución 1991/80, que ampliaba y reforzaba el mandato del Experto, pidiéndole que estudiase la actual situación de derechos humanos y libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial y que informase a la Comisión en su sesión 48.


Guinea Ecuatorial sigue siendo un Estado monopartidista regido por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Desde 1990, los ecuatoguineanos han seguido reclamando cada vez más un sistema político multipartidista, de acuerdo con la creciente demanda de reforma política en otros países de esa región. El gobierno ha respondido, por una parte, anunciando que introducirá un sistema político multipartidista, y por otra, deteniendo a los que reclaman el pluralismo político o son sospechosos de favorecerlo. No obstante, la pauta de detenciones que ha surgido el año pasado difiere de las de otros años, aunque ha persistido la intimidación de opositores políticos. En la década de los ochenta hubo oleadas de detenciones en masa de opositores o presuntos opositores políticos seguidas de juicios injustos ante tribunales militares. Como contraste, durante los últimos 12 meses se han producido detenciones a intervalos más frecuentes, pero han involucrado a menos personas. Según los informes, decenas de personas fueron detenidas el año pasado, y Amnistía Internacional ha sabido los nombres de más de 20, de las cuales al menos una es un preso de conciencia. Algunos de los detenidos permanecieron presos varios días y después quedaron en libertad; otros fueron encarcelados o puestos bajo arresto domiciliario, y algunos fueron detenidos de nuevo después de haber sido liberados. No se sabe que ninguno de los detenidos durante el año pasado haya sido acusado de ningún delito.



A Amnistía Internacional le siguen preocupando los escasos progresos del gobierno de Guinea Ecuatorial en la protección de los derechos humanos. En un informe titulado Guinea Ecuatorial: Torturas(índice AI: AFR 24/05/90/s) publicado en septiembre de 1990, Amnistía Internacional hizo un llamamiento al gobierno para que iniciara una investigación independiente sobre los informes de tortura. El gobierno respondió creando una comisión nacional de derechos humanos para investigar violaciones de estos derechos. Sin embargo, los miembros de dicha comisión son nombrados directamente por el gobierno, lo cual pone en entredicho su imparcialidad y, según parece, la comisión no ha realizado ninguna investigación sobre los informes de abusos. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no ha habido intento alguno de poner fin a la tortura. Guinea Ecuatorial aún no ha ratificado la Convención contra la Tortura, y su informe inicial al Comité de Derechos Humanos sobre la puesta en práctica del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está pendiente desde diciembre de 1988.


La Comisión debe revisar detenidamente el informe del Experto y estudiar si el programa de Servicios de Asesoramiento cumple la función prevista en Guinea Ecuatorial. De modo especial, la Comisión debe continuar garantizando que tiene en cuenta la situación de derechos humanos en ese país y estudiando formas de abordar de manera más eficaz las preocupaciones planteadas por el Experto.



2. HAITÍ


La Resolución 1991/77, que se refiere a la situación en Haití, aprobada en la última sesión de la Comisión, fue redactada en términos más duros que la resolución del año anterior. Aunque expresaba satisfacción por el proceso electoral democrático y señalaba la adhesión de Haití al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también expresaba preocupación por los constantes actos de violencia cometidos en zonas rurales del país y por la ineficacia del sistema judicial. A pesar de estas preocupaciones, la Comisión trasladó a Haití del punto 12 al programa de Servicios de Asesoramiento, y nombró un nuevo Experto cuyo mandato incluía un examen de la situación de derechos humanos. Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por la tendencia de la Comisión a trasladar prematuramente países al programa de servicios de asesoramiento en una época de transición o de prolongada inestabilidad del país en cuestión. Siete meses después de que la Comisión estudiase la situación y trasladase a Haití del punto 12 a los servicios de asesoramiento, el recientemente elegido gobierno del Presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en un golpe violento.


Amnistía Internacional siente preocupación por los informes de violaciones generalizadas cometidas por las fuerzas de seguridad en Haití desde el golpe que depuso al Presidente Jean-Bertrand Aristide en septiembre. Entre dichas violaciones se encontraba gran número de ejecuciones extrajudiciales, palizas y gran cantidad de detenciones arbitrarias sin orden judicial de simpatizantes o presuntos simpatizantes del Presidente Aristide y de miembros y dirigentes de organizaciones populares y religiosas. Según la información recibida por Amnistía Internacional en los días inmediatamente posteriores al golpe, varios agentes de las fuerzas de seguridad dispararon deliberadamente contra gran cantidad de civiles en diferentes sectores de Puerto Príncipe, a consecuencia de lo cual se produjeron centenares de muertos y heridos. Entre otros informes de ejecuciones extrajudiciales se encuentra el homicidio del director de Radio Caraïbe, Jacques Caraïbe, y de Camille César y Camille Bazile, dos conocidos seguidores del presidente depuesto. Otros informes han narrado incidentes en Cité Soleil y Lamentin 54 donde, al parecer, según los informes, los militares mataron a más de 60 personas como represalia por el homicidio de dos oficiales por un grupo de gente (véase Violaciones de derechos humanos tras el golpe de Estado de octubre de 1991, índice AI: AMR 36/09/91/s de octubre de 1991). Han detenido a muchos miembros y dirigentes de comunidades populares y religiosas o de organizaciones para el desarrollo, y han registrado y destruido sus oficinas. Los políticos que apoyaban al presidente Aristide han sufrido la misma suerte.


Amnistía Internacional quisiera instar a la Comisión a que continúe vigilando de cerca la situación en Haití y que lo haga bajo el punto 12 del orden del día, que es el más adecuado.



VI. FIJACIÓN DE NORMAS



1. PROYECTO DE DECLARACIÓN SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS


La Resolución 1991/41 de la Comisión creó un grupo de trabajo abierto que estudiase el Proyecto de Declaración, con vistas a su aprobación por la Comisión en su sesión 48. El Grupo de Trabajo se reunió en Ginebra del 28 de octubre al 8 de noviembre de 1991 y aprobó un texto revisado que será examinado por la Comisión en su próxima sesión.


En el preámbulo, el texto describe la "desaparición" forzada como algo que ocurre cuando funcionarios de diferentes secciones o niveles del gobierno, o grupos organizados o individuos que actuan en nombre del gobierno, o con su apoyo directo o indirecto o su consentimiento, detienen, secuestran o privan de libertad de cualquier otro modo a una persona contra su voluntad, y después se niegan a revelar la suerte que ha corrido la persona afectada o su paradero, o a reconocer que se le ha privado de libertad, dejándola al margen de la protección de la ley.


Hace tiempo que las víctimas de este espantoso fenómeno y sus familiares esperan la Declaración. Las "desapariciones" violan varios de los derechos humanos más fundamentales protegidos por el derecho internacional y se hace urgente contar con un tratado que prohíba concretamente dicha práctica y que establezca las medidas que deben tomar los Estados en su legislación nacional para investigar casos, llevar a los autores ante la justicia y evitar que sigan produciéndose nuevos casos.


Así pues, Amnistía Internacional considera que la aprobación de la Declaración constituiría el reconocimiento internacional de la gravedad del extendido fenómeno de la "desaparición" y que sería un paso importante hacia su prevención. Amnistía Internacional quisiera instar a la Comisión a que diera prioridad a la aprobación del proyecto revisado de Declaración en su sesión 48, para que se pueda transmitir con prontitud a ECOSOC y a la Asamblea General para su aprobación definitiva.


2. PROYECTO DE PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA


La próxima sesión de la Comisión tendrá ante sí el proyecto del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Este proyecto de tratado, originalmente propuesto por Costa Rica en la sesión de 1980 de la Comisión, contempla la creación de un órgano internacional que realice visitas de investigación a centros de detención en Estados miembros del protocolo, con el fin de examinar la situación de los detenidos y los presos y de hacer recomendaciones para evitar la tortura y otros malos tratos.


Costa Rica presentó un proyecto revisado a la última sesión de la Comisión que proponía que el órgano encargado de llevar a cabo las visitas en virtud del Protocolo Facultativo fuera un subcomité del Comité contra la Tortura. Dicho Subcomité, que comprendería un máximo de 25 miembros que actuarían a título individual y como expertos, se responsabilizaría de organizar delegaciones al territorio de los Estados Miembros para visitar los centros de detención. La delegación tendría derecho a visitar cualquier centro de detención, y redactaría un informe sobre sus conclusiones, a presentar, con las recomendaciones que fueran necesarias, al Estado Miembro. La Decisión 1991/107 de la Comisión accedió a estudiar el proyecto del Protocolo Facultativo en su 48 sesión como un sub-punto aparte en el orden del día.


El estudio del Protocolo Facultativo ha sido aplazado una y otra vez por la Comisión para tomar en cuenta la experiencia de un sistema regional similar creado por el Consejo de Europa. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura lleva funcionando desde 1989 y su primer informe, que abarca todo el año hasta diciembre de 1990, proporciona información útil sobre cómo se puede establecer un sistema y cómo puede funcionar de forma eficaz. El proyecto revisado del Protocolo Facultativo trata concretamente de la posible existencia de dichos sistemas regionales con vistas a evitar cualquier duplicación y solapamiento, lo cual significa que la existencia de un sistema regional no tiene por qué excluir el desarrollo de un sistema similar de ámbito internacional. El Relator Especial sobre la Tortura ha hecho reiterados llamamientos a la Comisión para que estudie la posibilidad de establecer este sistema preventivo de visitas a centros de detención de forma internacional y ha descrito dicho sistema como "una de las medidas preventivas más eficaces contra la tortura".


Amnistía Internacional considera que la Comisión debe estudiar este proyecto de tratado como un asunto de gran prioridad. La organización piensa que es especialmente apropiado que la ONU preste una mayor atención en este momento al estudio y desarrollo de mecanismos preventivos como éste, e insta a la Comisión en su sesión 48 a que cree un Grupo de Trabajo que examine el texto del proyecto del Protocolo Facultativo más detalladamente.


3. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS


En enero de 1992, el Grupo de Trabajo de la Comisión continuará su debate sobre el proyecto de Declaración sobre los derechos y responsabilidades de los individuos, grupos y órganos de la sociedad en cuanto a promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, comúnmente conocidos como la 'Declaración de los defensores de los derechos humanos'.


Los progresos del Grupo de Trabajo fueron bastante limitados en su última reunión de enero de 1991, cuando la mayor parte del debate se centró sin resultados definitivos en el Capítulo V, que trata de asuntos relacionados con la responsabilidad individual y comunitaria en la promoción y protección de los derechos humanos. También se debatió el asunto del derecho de las ONG a buscar, recibir y proporcionar financiación para labores de derechos humanos. Se introdujo una propuesta que permitía a los gobiernos limitar de manera efectiva la recaudación de fondos a fuentes nacionales. Amnistía Internacional considera que ello constituiría una seria restricción a los derechos y la labor de las ONG, y que su inclusión en el proyecto de Declaración sería muy perjudicial. Este asunto se estudiará también en la reunión de enero de 1992, y Amnistía Internacional quisiera instar a que dicha limitación no forme parte del texto definitivo.




Hay una urgente necesidad de una mayor protección por parte de la comunidad internacional a las personas que trabajan para proteger y promover los derechos humanos, tal como se indica en varias de las situaciones y casos de países individuales que se describen más arriba. Amnistía Internacional cree que, sobre todo, el proyecto de Declaración debe incorporar y mantener los derechos y libertades englobados en los tratados internacionales existentes, especialmente los que figuran en los párrafos proclamatorios y en los Artículos 8, 10, 11, 12, 13, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es importante que la Declaración no imponga nuevas restricciones ni limitaciones a los defensores de los derechos humanos.


Amnistía Internacional espera que el trabajo sobre la Declaración pueda terminarse rápidamente en la próxima sesión del Grupo de Trabajo, con el fin de traspasar a la 48 Comisión para su aprobación un texto que garantice una mejor protección a los defensores de los derechos humanos sin restringir en modo alguno sus importantes actividades en el campo de los derechos humanos.


Relacionada con este asunto está la Resolución 1991/70, aprobada en la última sesión de la Comisión, que trata sobre la cooperación con representantes de los organismos de derechos humanos de la ONU. Amnistía Internacional aplaude su nuevo llamamiento a los gobiernos para que se abstengan de cualquier acto de represalia contra personas y grupos que cooperen con la ONU y con representantes de sus órganos de derechos humanos. Considerando los abusos infligidos contra trabajadores y activistas de derechos humanos de todo el mundo, Amnistía Internacional espera que la Comisión estudie detenidamente la información recopilada por el Secretario General de acuerdo con esta resolución y que acceda a tomar nuevas medidas para garantizar la protección de todos los que defienden los derechos humanos, con frecuencia con gran riesgo para sí mismos. Amnistía Internacional sugiere que la Comisión de 1992 estudie una nueva resolución sobre este importante asunto que debe, de manera especial, ampliar el alcance de la resolución a todos los defensores de los derechos humanos y pedir que el Secretario General continúe recopilando información sobre el tema a partir de una amplia variedad de fuentes, incluidas las ONG.


VII. EL HÁBEAS CORPUS COMO DERECHO NO DEROGABLE


Siguiendo una iniciativa de la Subcomisión en su 43 sesión, la Comisión tendrá ante sí un proyecto de resolución que hará un llamamiento "a todos los Estados que aún no lo hayan hecho para que establezcan un procedimiento tal como el habeas corpusque permita a cualquier persona privada de libertad mediante arresto o detención recurrir ante un tribunal para que decida sin dilación sobre la legitimidad de su detención y ordene su liberación si la detención es ilegítima"(1), incluso durante los Estados de excepción.




El último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias presentado en 1991 se refería al hábeas corpus como una de las herramientas legales potencialmente más poderosas para descubrir la suerte que ha corrido una persona "desaparecida" o su paradero. El informe subraya concretamente que el procedimiento de hábeas corpus es inoperante si la cooperación del poder ejecutivo se detiene en la puerta de los cuarteles. El Grupo de Trabajo recomendó también que los gobiernos pertinentes lleven a cabo una revisión sistemática de los procedimientos de hábeas corpus, y reparen sus deficiencias.


Las salvaguardias judiciales tales como el hábeas corpus, el recurso de amparo u otros mecanismos que permiten a un individuo privado de libertad impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, con frecuencia quedan suspendidas al proclamarse un estado de excepción. En algunos casos, los Estados han suspendido estas garantías, mientras que en otros casos las garantías quedan sin efecto de facto. Así, se priva a los detenidos de la protección que proporciona el control judicial de la detención cuando tal vez la necesitan más.


Durante los últimos años, los expertos en derechos humanos han reconocido cada vez con más frecuencia que garantías tales como el hábeas corpus, el recurso de amparo u otros procedimientos similares deben considerarse también no derogables, especialmente porque suelen ser el medio más eficaz, si no el único, de proteger los derechos que no deben ser derogados en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida y el derecho a no padecer torturas y otros malos tratos. Además, el Principio 32 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece que todo detenido tendrá derecho en cualquier momento a emprender acciones legales para impugnar la detención. El Conjunto de Principios no contiene ninguna cláusula que permita detraerse de ninguna de sus salvaguardias, incluido el derecho a impugnar la detención en cualquier circunstancia.


Así pues, Amnistía Internacional espera que la Comisión considere seriamente este asunto y apruebe el proyecto de resolución que se le presenta; la organización hace un llamamiento a todos los Estados que todavía no lo han hecho para que establezcan un procedimiento como el hábeas corpus para proteger los derechos humanos de las personas y lo mantengan, incluso durante los estados de excepción.



VIII. LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS


Amnistía Internacional concede gran importancia a que todos los Estados ratifiquen o se adhieran a tratados internacionales de derechos humanos, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), sus dos Protocolos Facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


Durante 1991, el 25 aniversario de la adopción de los dos Tratados Internacionales, Amnistía Internacional ha tenido el placer de señalar la ratificación o la adhesión al PIDCP de Albania, Estonia, Granada, Haití, Israel, Lituania, Nepal y Zimbabwe; y a su primer Protocolo Facultativo a Australia, Checoslovaquia, Mongolia, Lituania, Nepal, Polonia, Ucrania y a la URSS. Amnistía Internacional ha recibido con agrado también la ratificación o la adhesión al PIDESC de Albania, Estonia, Granada, Israel, Lituania, Nepal y Zimbabwe. En cuanto a la Convención contra la Tortura, Chipre, Estonia, Israel, Jordania, Nepal, Venezuela, Yemen y Yugoslavia han ratificado o se han adherido a este tratado. Esto da como resultado un total de 100 Estados Miembros del PIDCP, 60 de su primer Protocolo Facultativo, 104 del PIDESC y 63 de la Convención contra la Tortura.


Amnistía Internacional aplaudió especialmente la entrada en vigor en julio de 1991 del segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado a la abolición de la pena de muerte, aprobado en diciembre de 1989. Hasta ahora lo han ratificado o se han adherido a él 10 Estados: Australia, Finlandia, Islandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumania, España y Suecia; otros 11 Estados se han convertido en signatarios: Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Alemania, Honduras, Italia, Luxemburgo, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Amnistía Internacional espera que estos 11 Estados signatarios ratifiquen o se adhieran en breve a este tratado, y que otros Estados den los pasos necesarios para hacerlo también.


De los 53 miembros de la Comisión de 1992, sólo dos, Australia y Portugal, han ratificado los cinco tratados de derechos humanos mencionados más arriba. Cinco países miembros de la Comisión han ratificado el PIDCP, su primer Protocolo Facultativo y el PIDESC y han firmado el segundo Protocolo Facultativo: Austria, Costa Rica, Italia, Uruguay y Venezuela. Otros quince países miembros de la Comisión han ratificado el PIDCP, su primer Protocolo Facultativo y el PIDESC: Argentina, Barbados, Canadá, Colombia, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Libia, Madagascar, Perú, Filipinas, Senegal, Somalia, la URSS y Zambia.


Sin embargo, es especialmente decepcionante señalar que 10 miembros de la Comisión no han ratificado ni firmado el PIDCP, su primer Protocolo Facultativo ni el PIDESC. Son Angola, Bangladesh, China, Cuba, Ghana, Indonesia, Lesotho, Mauritania, Nigeria y Paquistán. Amnistía Internacional considera que sería apropiado que estos Estados, como miembros de la Comisión, diesen atención prioritaria a convertirse en Estado Miembros de estos tratados.


Además del objetivo de la ratificación universal de estos tratados, Amnistía Internacional cree que existe la necesidad de que se lleven a la práctica de manera más efectiva. La organización concede también una gran importancia a que todos los Estados Miembros cumplan pronto con sus obligaciones de informar a los órganos de control apropiados creados en virtud de dichos tratados.


IX. LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN


La libertad de opinión y de expresión ha sido el objeto de un estudio realizado por la Subcomisión desde 1989, y se han ido aprobando resoluciones sobre este tema en sucesivas sesiones de la Comisión desde 1984. La Resolución 1991/32, aprobada en la última sesión de la Comisión, era muy similar a la del año anterior, pero también añadió referencia al informe preliminar de los dos Relatores Especiales que llevaban a cabo el estudio de la Subcomisión, indicando "la vinculación existente entre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión y las violaciones de otros derechos fundamentales".




Se preparó una actualización del informe preliminar para la última sesión de la Subcomisión, y en su resolución 1991/39 la Subcomisión invitó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al recién creado Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a los Relatores Especiales de la Comisión a que prestasen especial atención a la situación de las personas detenidas, maltratadas o discriminadas por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión y de expresión.


Amnistía Internacional espera que la Comisión preste todo su apoyo y aliento a este importante estudio, y que continúe prestando especial atención a este asunto en su sesión 48.



X. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA


Desde diciembre de 1988, las Naciones Unidas han venido realizando una Campaña Mundial de Información Pública sobre Derechos Humanos, que comprende la impresión y distribución de materiales relacionados con los derechos humanos y la organización de seminarios y talleres. Amnistía Internacional ha aplaudido esta y otras medidas tomadas por la ONU para aumentar sus actividades en este campo, y espera que sigan siendo una característica constante de sus actividades.


El informe presentado sobre este asunto a la última Comisión indicaba que la campaña había conducido a un mayor uso de los procedimientos de denuncia de la ONU, como los mecanismos temáticos, que habían recibido más información sobre presuntas violaciones de derechos humanos; había acelerado el ritmo al que se producía la ratificación de tratados de derechos humanos; había dado como resultado más peticiones de asistencia técnica por parte de los gobiernos desde 1988 que en los 32 años anteriores en total; y había aumentado la demanda de publicaciones de derechos humanos de la ONU.


La Resolución 1991/24, que avalaba esta campaña, prestó una mayor atención al papel de los Centros de Información de la ONU. La resolución incluía una nueva petición para que los recientes informes periódicos de los Estados Miembros a los órganos de vigilancia de los tratados, y el resumen de las actas de debate de éstos, estuvieran disponibles en el Centro de Información de la ONU del país que presentase el informe. También señala que no se ha respondido a la petición de la Comisión en su anterior resolución de información sobre qué documentación de derechos humanos se guarda en los Centros de Información y reitera la necesidad de que los Centros recopilen información básica de la ONU y material de referencia sobre derechos humanos.


Otro aspecto de las actividades de información pública de la ONU ha sido el apoyo prestado a instituciones nacionales y regionales o los preparativos para la promoción y protección de los derechos humanos. Un informe presentado a la última Comisión se refirió a las comisiones y órganos similares creados en Burkina Faso, Francia, Guatemala, Japón, México, Marruecos y Filipinas; sin embargo señaló que la mayoría de estos órganos pretenden acuerdos amistosos pero no tienen autoridad para tomar decisiones vinculantes por sí mismos.


La Resolución 1991/27 reafirmó la importancia de desarrollar instituciones nacionales eficaces para la protección y promoción de los derechos humanos y también "de mantener su independencia e integridad", y recibió con agrado "el papel constructivo que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales en relación con las instituciones nacionales". Amnistía Internacional apoya el desarrollo de instituciones eficaces nacionales y regionales para la protección y promoción de los derechos humanos, pero considera que hace falta una vigilancia especial para asegurar que dichas instituciones tengan poderes y recursos adecuados para realizar su labor de manera eficaz.




Amnistía Internacional anima a todos los gobiernos a participar en la Campaña Mundial de Información Pública sobre Derechos Humanos, por ejemplo, estableciendo puntos focales nacionales que pueden usarse, junto con los Centros de Información de la ONU de distintos países, para la difusión de materiales producidos como parte de la Campaña. Además, es importante que cada gobierno proporcione a la ONU un informe completo de sus actividades, con el fin de evaluar la campaña y planificar actividades futuras.



XI. LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS


La decisión de las Naciones Unidas de celebrar una Conferencia Mundial de Derechos Humanos demuestra claramente, una vez más, que los derechos humanos son un asunto de legítima preocupación internacional, y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad especial de garantizar que se respeten los derechos humanos y de poner el remedio necesario cuando éstos sean violados.


Sin embargo, la celebración de dicha Conferencia representa también un reto importante: el reto de abordar de manera constructiva y abierta las áreas en las que la protección internacional de los derechos humanos no resulta adecuada y de tomar medidas para poner remedio a estas deficiencias. Amnistía Internacional considera que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos debe proporcionar una oportunidad única para la comunidad internacional - gubernamental y no gubernamental - para realizar una revisión crítica y en profundidad de la labor de la Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos; para examinar de cerca la correcta relación y coordinación de dichas actividades con otras áreas de trabajo asumidas por las Naciones Unidas; y para elaborar recomendaciones concretas para mejorar la eficacia de las actividades y mecanismos de las Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos. Es imperativo también que haya un seguimiento efectivo y constante de los procedimientos y recomendaciones de la Conferencia Mundial para garantizar que las palabras y aspiraciones se traducirán en realidades concretas. El proceso preparatorio y la propia Conferencia deben considerar esto detenidamente y asegurar que las medidas concretas de seguimiento formes parte integral de las conclusiones de la Conferencia y de sus recomendaciones para acciones futuras.


A pesar de los progresos realizados en los 40 últimos años en las áreas de fijación de normas y creación de mecanismos destinados a asegurar la puesta en práctica de dichas normas, sigue habiendo una urgente necesidad de que las Naciones Unidas establezcan métodos nuevos y más eficaces para abordar las situaciones de violaciones graves y masivas de los derechos humanos más fundamentales siempre que se produzcan. La tortura, las "desapariciones", las ejecuciones sumarias o arbitrarias y la detención arbitraria e ilegítima son todavía una dura realidad hoy en día, y en algunos países tienen lugar a gran escala. La continuada existencia de tan graves violaciones sigue siendo un reto tan grande para las Naciones Unidas como lo ha sido siempre. Amnistía Internacional piensa que las Naciones Unidas deben decidir, con toda urgencia, formas de abordar más eficazmente dichas situaciones de violaciones graves. Por ejemplo, se podría prestar una consideración especial a la creación de un mecanismo permanente capaz de reaccionar ante tales situaciones de manera coordinada, concreta y rápida. Parte de dicha reacción, cuando sea necesaria, podría consistir en establecer un mecanismo de vigilancia permanente de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas, destinado a proteger a los individuos en peligro, poner fin a dichas violaciones y, a largo plazo, trabajar por la recuperación total del respeto a los derechos humanos en un país.



El Secretario General de la ONU ha afirmado que la resolución de los conflictos, la observancia de los derechos humanos y el fomento del desarrollo forman el tejido de la paz, y que si falta uno de estos hilos el tejido se deshace. Amnistía Internacional cree que la Conferencia Mundial debe también prestar especial atención a formas de estudiar la protección de los derechos humanos de forma más sistemática y completa en el contexto de debates y acuerdos políticos más amplios, especialmente cuando las Naciones Unidas desempeñan un papel clave en dichos debates.


La Conferencia Mundial debe también hacer una revisión crítica de los métodos y mecanismos actuales en el campo de los derechos humanos y centrarse de modo particular en los obstáculos esenciales que han socavado su efectividad y buscar formas de superarlos.


En su Resolución 45/155, la Asamblea General ha identificado múltiples tareas para esta Conferencia Mundial. Muchas de las sugerencias que se hicieron durante la primera reunión preparatoria de septiembre de 1991 o que aparecían reflejadas en la documentación que se preparó al respecto son creativas y de amplio espectro. No obstante, Amnistía Internacional desea indicar que una Conferencia Mundial de Derechos Humanos debe centrar su atención fundamentalmente en los mayores retos en el campo de los derechos humanos y los ya viejos obstáculos para la realización del respeto universal de los derechos humanos. En particular, la Conferencia no necesita ni debe retrasar ni sustituir los esfuerzos permanentes de todos los órganos de las Naciones Unidas por mantener sus procedimientos bajo revisión y por tomar medidas para mejorar su eficacia. No es probable que el proceso preparatorio de la Conferencia pueda tener en cuenta todas las sugerencias que se han hecho hasta ahora y las que se harán en los próximos meses. Sin embargo, ello no debe impedir que órganos de derechos humanos como la Comisión las estudien en el curso de su trabajo habitual, aprovechando así al máximo las oportunidades creadas por la Conferencia Mundial para efectuar mejoras reales en la maquinaria de derechos humanos en todos los niveles.


Amnistía Internacional considera también que es imperativo que todos los órganos de derechos humanos de la ONU desempeñen su plena función en la Conferencia Mundial y en su proceso preparatorio. La participación de la Comisión y de sus diversos mecanismos, como los mecanismos temáticos, será especialmente importante. Amnistía Internacional quisiera instar a la Comisión a que garantice dicha participación en todas las fases del proceso preparatorio y en la propia Conferencia.



INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: IOR 41/10/91/s

Distr: SC/PG/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido




SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO

PARA USO EXTERNO





PREOCUPACIONES DE AI EN LA SESIÓN 48

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DE LAS NACIONES UNIDAS




Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección han recibido copias de este documento y de que se archiva para futuras consultas. También rogamos lleven a cabo tantas acciones recomendadas como les sea posible.



INFORMACIÓN GENERAL


Esta circular externa describe cuestiones que preocupan a AI y que son pertinentes al orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que se reunirá en Ginebra del 27 de enero al 6 de marzo de 1992. Debe leerse junto con la circular informativa interna IOR 41/09/91 AI's concerns at the 48th session of the UN Commission on Human Rightsdestinada a las Secciones que se reunirán con su gobierno para plantear las preocupaciones de AI respecto a la próxima sesión de la Comisión. Sigue siendo importante para AI mejorar sus contactos con delegaciones de regiones fuera de Europa occidental y Norteamérica. Por lo tanto, pedimos a las Secciones de esas regiones que hagan un esfuerzo especial para enviar materiales a su Ministerio de Asuntos Exteriores y para tratar de tener una entrevista con sus representantes.


Esta circular será traducida al francés y al español.


La Comisión de Derechos Humanos de la ONU


La Comisión de Derechos Humanos fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) y se reúne anualmente. Informa cada año al ECOSOC, el cual, a su vez, informa anualmente a la Asamblea General de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos es el principal órgano de la ONU responsable de la promoción y protección de los derechos humanos. Su mandato es amplio: puede ocuparse de cualquier asunto relacionado con los derechos humanos. La Comisión realiza estudios, prepara recomendaciones, redacta tratados internacionales que contienen normas relativas a los derechos humanos, revisa la puesta en práctica de dichas normas y estudia y adopta resoluciones sobre temas contenidos en su orden del día. Con frecuencia se establecen grupos de trabajo, relatores especiales y otros mecanismos para ayudar en estas tareas.


La Comisión se reúne cada año en Ginebra durante un periodo de seis semanas. En 1992, conforme a una resolución del ECOSOC de mayo de 1990, la Comisión estará compuesta por representantes de 53 estados elegidos por periodos de tres años. La resolución del ECOSOC establecía que se distribuyeran diez asientos adicionales entre los grupos regionales de África, Asia y Latinoamérica y el Caribe sobre la base de una distribución geográfica equitativa. En la primera sesión regular del ECOSOC, en mayo de 1991, se celebraron elecciones para los asientos adicionales. Se asignaron cuatro al grupo regional africano, tres a Asia y tres al grupo de Latinoamérica y Caribe. Los miembros de la Comisión de 1992, por agrupaciones regionales, son los siguientes:


África: Angola*, Burundi, Gabón*, Gambia, Ghana, Kenia*, Lesotho*, Madagascar, Mauritania, Nigeria*, Senegal, Somalia, Túnez* y Zambia.


Asia: Bangladesh, China, India, Indonesia, Iraq, Irán*, Japón, Libia*, Paquistán, Filipinas, Sri Lanka* y Siria.


Europa del este: Bulgaria*, la República Federal Checa y Eslovaca, Hungría, la URSS y Yugoslavia.


Latinoamérica

y Caribe Argentina, Barbados*, Brasil, Chile*, Colombia, Costa Rica*, Cuba, México, Perú, Uruguay* y Venezuela.


Europa occidental

y otros: Australia, Austria, Canadá, Chipre, Francia, Alemania, Italia, Países bajos*, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido*.


* nuevo miembro


La mayoría de los demás gobiernos, aunque no son miembros de la Comisión, están presentes en las reuniones como observadores. Los gobiernos observadores no tienen derecho a voto, pero pueden hacer declaraciones y apoyar resoluciones.


AI, como organización no gubernamental con carácter de asesor ante el ECOSOC, asiste cada año a la Comisión de Derechos Humanos para seguir los debates y presentar declaraciones orales y escritas. AI mantiene contactos informales con otras delegaciones y les proporciona información acerca de sus preocupaciones.


Para más información, véase Report on the 47th session of the UN Commission on Human Rights(IOR 41/03/91).



ACCIONES RECOMENDADAS


1. Recomendamos encarecidamente a todas la Secciones que tomen parte en esta acción enviando este documento EXTERNO, junto con una carta (basándose en el modelo proporcionado en IOR 41/09/91, Apéndice I) a su Ministro de Asuntos Exteriores lo antes posible. También deben enviar copias de los documentos externos de AI sobre países mencionados en este documento externo. Por favor, recuerden retirar todas las Acciones Recomendadas de los documentos de AIantes de enviarlos.


2. Por favor, informen al Coordinador de Organizaciones Intergubernamentales de la Oficina Jurídica y de Relaciones con Organizaciones Intergubernamentales del SI cuando hayan enviado estos documentos a su Ministerio de Asuntos Exteriores.


3. Animamos a todas las Secciones a que traten de concertar una reunión con representantes de su Ministerio de Asuntos Exteriores para hablar de las preocupaciones planteadas por AI y para recibir la respuesta de su gobierno. Las instrucciones para dichas reuniones están contenidas en la circular interna IOR 41/09/91.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a:


Las Secciones y Coordinadores del trabajo con Organizaciones Intergubernamentales para acción, y a los Grupos de Abogados para información.




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(1) No existe aún traducción oficial al español de este Proyecto de Resolución. Este fragmento ha sido traducido por EDAI.

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