Document - Our world; our rights: UN World Conference on Human Rights (14-25 June 1993): cases for appeals

EXTERNO (para distribución general)Índice AI: IOR 41/08/93/s

Distr: SC/CC/GR

------------------------

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


Abril de 1993



NUESTRO MUNDO - NUESTROS DERECHOS



[*FOTOGRAFÍA*]

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

NACIONES UNIDAS

(14-25 JUNIO)


CASOS DE LLAMAMIENTO


1.CHAD - Irène Rémadji


2.SUDÁFRICA - Johannes Maisha "Stanza" Bopape


3.TOGO - Homicidio de al menos 16 manifestantes pacíficos


4.BRASIL - Jean Alves da Cunha


5.COLOMBIA - Alirio de Jesús Pedraza Becerra


6.CUBA - Yndamiro Restano Díaz


7.GUATEMALA - Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Luis Ruiz,

Macario Pu Chivalán


8.EE UU - Johnny Garrett y Ricky Ray Rector


9.CHINA - Jampel Changchub


10.INDIA - Jairam Singh y Manoj Singh


11.INDONESIA - Drs Adnan Beuransyah


12.MYANMAR (Birmania) - Aung San Suu Kyi


13.FRANCIA - Nzungu Nkanza


14.TURQUÍA - Selahattin Simsek


15.KUWAIT - Ibtisam Berto Sulaiman Al Dakhil


16.MARRUECOS - Driss ben Ahmed el Ghenimi


17.IRAQ - Al Sayyid Hassan al Qubanji


18.ARABIA SAUDITA - Muhammad Hassan Daoud al Shabeeb y

Zuhair al Awami

CHAD

Irène Rémadji


[*fotografía: Irène Rémadji*]


Yogueade Augustine, madre de Irène Rémadji, fue muerta a tiros por unos soldados en el distrito de Walia, Yamena, en febrero de 1992. Yogueade Augustine llevaba a su hija Irène Rémadji, que entonces tenía dos años y medio de edad, sujeta a la espalda. Yogueade Augustine acababa de llegar con su hija a la capital de Chad para visitar a una hermana. Viajaban en un camión al que los soldados dieron el alto y del que obligaron a bajar a los pasajeros a punta de pistola. Luego dispararon contra ellos sin mediar provocación alguna.


Los soldados impidieron que los civiles rescataran a Irène Rémadji. El cuerpo sin vida de la madre fue trasladado a un depósito de cadáveres llevando todavía sujeta a su hija en la espalda. La pequeña consiguió sobrevivir a los disparos, aunque resultó herida por las balas en el pecho y una pierna. Transcurrido un tiempo, alguien se dio cuenta de que la niña aún estaba viva y la separaron del cuerpo muerto de su madre, aunque continuó bajo custodia policial sin que le proporcionaran atención médica para sus heridas ni le dieran nada de comer hasta que, al día siguiente, la entregaron a sus familiares.


Según parece, los pasajeros del camión sufrieron este ataque a causa de su origen étnico. Procedían del sur de Chad y se vieron atrapados en una operación de represalia tras los enfrentamientos que dieron comienzo en Yamena el 21 de febrero entre tropas gubernamentales y un grupo insurgente de soldados rebeldes pertenecientes al Comité de Revitalización Nacional por la Paz y la Democracia. Según los informes, los insurgentes atacaron una comisaría de policía del distrito de Chagoua. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad dieron muerte de forma indiscriminada a decenas de personas. La mayoría de las víctimas fueron civiles desarmados originarios del sur de Chad que no habían participado en los ataques ni en enfrentamiento alguno. Del río Chari, a su paso por las afueras de la capital, se sacaron 38 cadáveres; posteriormente fueron hallados otros ocho cadáveres en la selva.


Hasta donde ha llegado a saber Amnistía Internacional, no se ha emprendido investigación oficial alguna en torno a los homicidios de los pasajeros del camión en el distrito de Walia ni sobre el homicidio de otros civiles chadianos originarios del sur del país, a pesar de los llamamientos formulados por personalidades chadianas y del extranjero (entre ellas el Vicesecretario de Estado para África de los Estados Unidos, que entonces se encontraba de visita en Chad). Tras otros dos enfrentamientos entre el Comité de Revitalización y las tropas gubernamentales registrados en el sur de Chad en agosto de 1992 y enero de 1993, las tropas del gobierno volvieron a efectuar ataques de represalia en los que dieron muerte a no menos de 200 civiles armados.


Envíen llamamientos:


- Deplorando el homicidio de Yogueade Augustine, mujer civil a la que unos soldados mataron a tiros en febrero de 1992, y expresando grave preocupación por el trato que se dispensó a su hija pequeña Irène Rémadji;


- Subrayando el horror de los hechos ocurridos, dada la edad de Irène y la situación extremadamente traumática que tuvo que sufrir;


- Deplorando la utilización de los ciudadanos chadianos como víctimas simplemente en razón de su origen étnico;


- Haciendo un llamamiento al gobierno para que emprenda sin demora una investigación independiente e imparcial sobre estos hechos, para que garantice que los responsables de los mismos serán puestos a disposición de los tribunales de justicia, y para que a los familiares de las víctimas se les proporcionen compensaciones por la pérdida de sus seres queridos;


- Instando a las autoridades chadianas a que cursen órdenes precisas a todos los miembros de las fuerzas de seguridad para que no utilicen la violencia contra civiles desarmados ni contra combatientes capturados que no supongan una amenaza para la vida, para que los traten a todos con un mínimo de humanidad y para que, en toda circunstancia, no maten ni hieran a esas personas; asimismo, deben instar a las autoridades a que se aseguren del cumplimiento de esas órdenes.


Al presidente de Chad:


Son Excellence Monsieur le Colonel Idriss Déby

Président de la République

Présidence de la République

N'Djaména

República de Chad


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

c/o Embassy of the Republic of Chad

Basteistraße 80

D - 5300 Bonn 2

República Federal de Alemania


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Chad acreditada en su país.

SUDÁFRICA

Johannes Maisha "Stanza" Bopape


[*fotografía: "Stanza" Bopape*]


En enero de 1993, las esperanzas de la familia del "desaparecido" activista comunitario Johannes Maisha "Stanza" Bopape se incrementaron intensamente cuando un periódico publicó las declaraciones de un ex agente de policía, John Botumile Mokaleng, quien aseguró tener conocimiento de la existencia de unas fosas comunes secretas en las que Stanza Bopape y otros detenidos asesinados habían sido enterrados. Stanza Bopape, de Mamelodi, municipio negro de Pretoria, "desapareció" varios días de después de que él y otro colega hubieran sido arrestados el 9 de junio de 1988 por la policía de seguridad. A pesar de los reiterados llamamientos públicos formulados por su familia solicitando información sobre su paradero no se halló rastro alguno del activista. Si bien hasta la fecha no se han corroborado las afirmaciones sobre la existencia de las fosas comunes clandestinas, las declaraciones de John Mokaleng han aumentado la preocupación pública sobre la sospecha previa de que, en realidad, las autoridades no habían realizado en ningún momento una investigación adecuada sobre la "desaparición" de Stanza Bopape.


Stanza Bopape tenía 28 años de edad en el momento en que fue arrestado. Era secretario general de la Asociación Civil del barrio negro de Mamelodi, próximo a Pretoria, y empleado del Centro Comunitario de Recursos e Información de Johanesburgo. A lo largo de los años ochenta, el Centro Comunitario de Recursos e Información fue objeto de agresiones en las que se trató de incendiar sus dependencias, y sus miembros y empleados fueron víctima de agresiones, resultado muchos de ellos detenidos por motivos políticos en varias ocasiones.


Durante los últimos cuatro años y medio la policía ha mantenido que Stanza Bopape se fugó de la custodia policial cuando unos agentes lo trasladaban la noche del 12 de junio de 1988 desde Johanesburgo a Vereeniging. Sin embargo, nunca han explicado cómo Stanza Bopape consiguió librarse de las esposas y grilletes que llevaba ni por qué dijeron a su abogado el 17 de junio de 1988 que todavía se encontraba bajo custodia, anunciando después que se había "fugado" el día 12 de ese mismo mes. La "intensa investigación" que prometió el ministro de Orden Público sudafricano en junio de 1990 no ha dado resultado alguno y, por su parte, el gobierno se ha negado a dar los nombres de los agentes de policía que estuvieron encargados de interrogar y custodiar a Stanza Bopape.


En enero de 1993, y tras una renovada difusión del caso a la opinión pública, el amigo y compañero de detención de Stanza Bopape, Bheki Nkosi, hizo pública una declaración que había firmado en 1989 en la que describía cómo sus interrogadores y torturadores le habían confesado en junio de 1988 que habían sido ellos quienes habían matado a tiros a Stanza Bopape. También en enero de 1993, y en aplicación de las disposiciones del Acuerdo Nacional de Paz de 1991 para investigar las denuncias contra la policía, fue designado un funcionario independiente que ha iniciado una nueva indagación en torno al caso.


Envíen llamamientos:


- Instando al gobierno a que, sin demora, lleve a cabo una investigación judicial pública y exhaustiva sobre la "desaparición" de Stanza Bopape, y a que ponga a disposición de la justicia a los responsables de su muerte.


Al presidente de Sudáfrica:


F.W. de Klerk

State President

State President's Office

Private Bag X83

Pretoria 0001

Sudáfrica


Telegramas: President De Klerk, Pretoria, South Africa

Fax: +27 12 323 3982

Télex: 321695 SLIB SA; 321890 PRES SA


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Republic of South Africa

Sandgasse 33, 1190 Vienna

Austria


Teléfono.: +43 222 32 64 93

Fax: +43 222 32 64 93 51

Télex: +43 222 116 671 saleg a


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Sudáfrica acreditada en su país.

TOGO

Homicidio de al menos 16 manifestantes pacíficos: Mr Abentey, Calice Adjogblé, Kossi Akakpo, Adeoyor Arioundele, Kokou Blitti, Komlan Olivier Dansou, Fataou Djibril, Innocent Doh, Akuele Doumassi (mujer), Papa Gbonfou, Kerim Issifou, Esther Kassekpo (mujer), Hospice Kunugna, Late Donne Lawson, Claude Senah, y Kokou Guy Tokpli Tete.


[*fotografía: Cinco de las víctimas de ejecución extrajudicial a quienes dieron muerte los miembros de las fuerzas de seguridad durante una manifestación pacífica celebrada en Lomé el 25 de enero de 1993.*]


Se cree que las 16 personas citadas anteriormente se encontraban entre las 19 que resultaron muertas en el transcurso de lo que en un principio fue una manifestación pacífica que se celebró en la capital de Togo, Lomé, el 25 de enero de 1993: Las fuerzas de seguridad togolesas abrieron fuego contra los manifestantes pacíficos sin aviso previo. Amnistía Internacional también ha recibido los nombres de más de 50 personas que resultaron heridas en los incidentes, la mayoría por arma de fuego. No se ha anunciado la apertura de investigación alguna sobre el homicidio de estos manifestantes y Amnistía Internacional teme que puedan cometerse nuevas ejecuciones extrajudiciales de opositores al gobierno si se sigue permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar con impunidad.


La oposición del país había organizado la manifestación para expresar su apoyo a una iniciativa de los gobiernos francés y alemán para intentar resolver la situación de punto muerto político en que se encuentran el presidente Gnassingbé Eyadéma, del gobierno de transición, y el Alto Consejo de la República, el organismo parlamentario de transición. Los manifestantes empezaron a concentrarse frente a la sede del Alto Consejo de la República, donde los representantes de este organismo, el ministro francés para la Cooperación y el ministro alemán de Estado para Asuntos Exteriores se iban a reunir. Las fuerzas de seguridad togolesas, entre las que había integrantes de las unidades de la fuerza policial paramilitar (la gendarmería), del ejército y de la brigada antidisturbios (brigade anti émeute), ordenaron a los manifestantes que se trasladaran a la cercana Place de la Libération; no obstante, abrieron fuego de inmediato, al parecer sin aviso previo, dando muerte a no menos de 19 manifestantes e hiriendo a más de 50. Los periodistas y los ministros francés y alemán se dirigieron al depósito de cadáveres del hospital de la capital y vieron los cadáveres de los manifestantes que habían resultado muertos. En una entrevista que mantuvieron con la prensa, los ministros formularon un llamamiento para que se realizara una investigación independiente sobre lo que había ocurrido y afirmaron que habían aconsejado al presidente Gnassingbé Eyadéma que hiciera regresar al ejército a sus cuarteles para que dejara de interferir en la actividad política del país.


Posteriormente, el ministro del Interior de Togo hizo pública una declaración en la que afirmaba que en los incidentes habían resultado muertas 12 personas, una de ellas un policía, Koffi Dolou, al parecer a causa de una bala perdida disparada por un colega. En su declaración, el ministro aseguraba también que las fuerzas de seguridad dispararon al aire después de que uno de sus integrantes hubiera sido objeto de una agresión por parte de los manifestantes. Sin embargo, los testigos presenciales de los hechos han relatado una versión completamente diferente de lo sucedido, en la que confirman que las fuerzas de seguridad dispararon directamente contra los manifestantes y sin aviso previo.


Amnistía Internacional ha instado a las autoridades togolesas a que emprendan una investigación independiente sobre estos homicidios. Asimismo, les ha solicitado que garanticen que todos los miembros de las fuerzas de seguridad que sean hallados responsables de estos homicidios ilegítimos sean puestos a disposición de la justicia. Por otra parte, la organización también ha instado a las autoridades de Togo a que respeten los derechos a la libertad de expresión y de libre reunión, reconocidos internacionalmente.


Envíen llamamientos:


- Manifestando preocupación por los informes sobre la muerte de al menos 19 manifestantes el 25 de enero de 1993 a manos de las fuerzas de seguridad;


- Haciendo un llamamiento para que se realice una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante la manifestación del 25 de enero de 1993 con el fin de que todos los miembros de las fuerzas de seguridad que sean hallados responsables de estos homicidios ilegítimos sean puestos a disposición de la justicia;


- Instando a las autoridades a que garanticen el respeto a los derechos a la libertad de expresión y de libre reunión, reconocidos internacionalmente;


- Exhortando a que se emprenda una investigación imparcial sobre el uso de las armas de fuego y la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos en Togo, que parece incumplir los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente el 7 de septiembre de 1990.


Al presidente de Togo:


Son Excellence Monsieur le Général Gnassingbé Eyadéma

Président de la République

Palais présidentiel

Avenue de la Marina

Lomé

Togo


Telegramas: Président de la République, Lomé, Togo

Télex: 5319; 5419; 5201 TMS THG

Fax: + 228 21 18 97, + 228 21 32 04

Tratamiento: Monsieur le Président / Dear President / Señor Presidente


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Republic of Togo

Beethovenalle 13, D-5300 Bonn 2

República Federal de Alemania


Teléfono.: +49 228 060/228/35 50 91-93

Fax: +49 228 310 39 35

Télex: +49 228 841/885 595


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Togo acreditada en su país.

BRASIL

Jean Alves da Cunha, 13 años de edad


[*fotografía: Niños de la calle de Brasil* © Nando Neves / Imagens da Terra*]


El 11 de noviembre de 1992, Jean Alves da Cunha y otros cinco niños de la calle fueron detenidos por cuatro Comisarios da Justiça da Criança e Adolescente, funcionarios de justicia adscritos al tribunal de menores de Vitoria, capital del estado de Espíritu Santo. Los interrogaron y los liberaron esa misma tarde. Según los cinco niños de la calle, los funcionarios de justicia regresaron después y detuvieron solamente a Jean Alves da Cunha hacia las 8 de la noche de ese mismo día. No volvieron a verlo con vida. El 13 de noviembre su cadáver fue hallado en una colina de la ciudad con dos tiros en la cabeza, uno de ellos con orificio de entrada por la oreja. El perito forense que examinó el cuerpo ha afirmado que, según sus análisis, el homicidio fue perpetrado por profesionales.


Jean Alves da Cunha, de 13 años de edad, vivía en las calles de Vitoria. Era uno de los líderes del Movimento Nacional de Meninos e Meninas da Rua, y estaba preparando, con otros delegados infantiles, su asistencia al tercer congreso nacional del movimiento que se iba a celebrar en Brasilia entre los días 19 y 22 de noviembre de 1992. En una reunión preparatoria celebrada el 6 de noviembre, Jean realizó una grabación en la que denunciaba las dificultades de los niños de la calle que tratan de reformarse y salir de los círculos del crimen. Concretamente, mencionaba cómo la policía ejerce presiones sobre ellos para que cometan delitos y compartan después con los agentes el botín de esos actos delictivos. Por otra parte, expresaba también en la grabación temor por su propia seguridad al haber formulado estas denuncias.


Es creciente la preocupación en Amnistía Internacional por los homicidios y la violencia que se ejerce contra los niños de la calle de las grandes ciudades de Brasil. Entre 1988 y 1990 la policía federal registró 4.611 homicidios de niños y adolescentes en el país. En febrero de 1992, una Comisión Parlamentaria de Investigación publicó un informe sobre "El exterminio de menores" en el que llegaba a la conclusión de que la participación de la policía civil y militar en los homicidios de niños y adolescentes es "más que excepcional", y que las muertes ocasionadas por la policía eran el tercer factor de mayor incidencia en los homicidios de niños y adolescentes. Según el Movimento Nacional de Meninos e Meninas da Rua, sólo durante 1992 se han registrado en la ciudad de Vitoria, de una población de 256.000 habitantes, 23 homicidios de niños y adolescentes.


Envíen llamamientos:


- Expresando preocupación por el homicidio de Jean Alves da Cunha el 12 de noviembre de 1992 en circunstancias que obligan a pensar que hubo implicación oficial en los hechos;


- Instando a que se emprenda una investigación exhaustiva e imparcial en torno a este homicidio, y a que a los responsables se los ponga a disposición de los tribunales de justicia;


- Manifestando inquietud por la seguridad física de los niños de la calle de Vitoria, dadas sus denuncias de que la policía está implicada en su extorsión.


Al gobernador del estado:


Exmo Sr Governador do Estado de Espirito Santo

Sr Albuíno Azevedo

Palácio Anchieta

Praça João Climação

29.000 Vitoria, ES, Brasil


Telegramas: Governador Espirito Santo, Vitoria, ES, Brazil

Fax: + 55 27 222 6030

Télex: 274050 tgdp br


Tratamiento: Vossa Excelencia / Your Excellency / Su Excelencia


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Federal Republic of Brazil

Lugeck 1/V/15, 1010 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 512 06 31-35

Fax: +43 222 513 83 74

Télex: +43 222 111 925


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país.

COLOMBIA

Alirio de Jesús Pedraza Becerra


[*fotografía: Alirio de Jesús Pedraza Becerra]


Alirio de Jesús Pedraza Becerra, abogado y activista defensor de los derechos humanos, "desapareció" la noche del 4 de julio de 1990 en Bogotá. Según varios testigos presenciales de los hechos, unos ocho hombres que vestían ropas de civil y que iban fuertemente armados aprehendieron al doctor Pedraza hacia las 10 de la noche de ese día cuando salía de una expenduría de pan en el centro comercial de "La Campiña", situado en el distrito Suba de Bogotá. Según parece, los hombres armados habían llegado previamente en tres automóviles (uno de ellos era un Chevrolet Trooper blanco y otro un Mazda oscuro). De acuerdo con los informes recibidos, los hombres armados se identificaron ante dos agentes de la policía que, posteriormente, se mantuvieron al margen mientras el doctor Pedraza era secuestrado.


El doctor Pedraza acababa de asistir a una reunión del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el centro de Bogotá. El doctor Pedraza, abogado de 40 años de edad y desde hace mucho tiempo miembro activo de esta organización de defensa de los derechos humanos, investigaba diversos casos de violación de esos derechos atribuidas a las fuerzas armadas colombianas. El doctor Pedraza representaba a los familiares de los campesinos que murieron cuando las tropas pertenecientes al Batallón Luciano D'Eluyar abrieron fuego contra centenares de campesinos en el transcurso de una marcha de protesta realizada en mayo de 1988 en la localidad de Llano Caliente, departamento de Santander. Asimismo, el doctor Pedraza acababa de terminar un trabajo en favor de varios sindicalistas que habían sido detenidos y torturados por el ejército en Cali, departamento de Valle del Cauca, en marzo de 1990. Los sindicalistas habían sido acusados de pertenecer a una organización guerrillera, pero los cargos que se presentaron en su contra fueron posteriormente retirados. Según sus declaraciones, los torturaron mientras estuvieron bajo la custodia de la III Brigada del ejército en Cali. El doctor Pedraza también representó a las víctimas y a los familiares en otros casos de violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército y la policía de Colombia.


La "desaparición" del doctor Alirio Pedraza fue inmediatamente denunciada ante el la Procuraduría General y la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, que iniciaron una investigación al respecto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la familia y los colegas del doctor Pedraza para localizarle, las fuerzas armadas y las autoridades policiales han seguido negando su detención. El paradero del doctor Alirio Pedraza es en la actualidad desconocido. Por otra parte, también se inició una investigación judicial sobre su "desaparición".


En octubre de 1992, dos miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial fueron arrestados bajo la sospecha de ser los autores materiales del secuestro de este abogado defensor de los derechos humanos. Según los informes, un guardia de seguridad que presenció el secuestro del doctor Pedraza ha identificado a los dos agentes del Cuerpo Técnico. Sin embargo, casi tres años después de la "desaparición" del doctor Pedraza, aún sigue sin conocerse su paradero.


Envíen llamamientos:


- Instando a que continúen todas las investigaciones emprendidas en torno a la "desaparición" del doctor Pedraza para que pueda determinarse su paradero, y haciendo un llamamiento para que los responsables de su "desaparición" sean puestos a disposición de los tribunales de justicia.


Al Fiscal General:


Dr. Gustavo de Greiff

Fiscal General

AA 29855

Bogotá

Colombia


Copias a:


Delegation of the UN World Conference on Human Rights

Colombian Embassy

Stadiongasse 6-8, 1010

Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 42 42 49,

43 44 46

Fax: +43 222 408 83 03

Télex: +43 222 116 798 emco a


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.

CUBA

Yndamiro Restano Díaz


[*fotografía: Yndamiro Restano Díaz © Jeri Laber*]


Yndamiro Restano Díaz es presidente del grupo político no oficial denominado Movimiento de Armonía (MAR). Fue arrestado el 20 de diciembre de 1991 en La Habana. En mayo de 1992 lo declararon culpable de "rebelión" en relación con sus actividades como integrante del Movimiento de Armonía. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.


El Movimiento de Armonía propugna, siempre con medios pacíficos, una gran variedad de reformas democráticas, entre ellas el establecimiento de un sistema político multipartidista y la celebración de elecciones libres. Sin embargo, en el juicio a que fue sometido, que comenzó el 20 de mayo de 1992, la acusación alegó que el Movimiento de Armonía lo que pretende es cambiar la estructura política, económica y social de Cuba mediante actos de desobediencia civil, del sabotaje y de atentados contra agentes de policía y destacadas personalidades políticas. El Movimiento de Armonía rechazó en todo momento el uso de la violencia y en el juicio no se presentaron pruebas que respaldaran las alegaciones de que sus miembros estuvieran planeando la realización de actividades violentas. Según los informes, durante el juicio, varios testigos de la acusación se retractaron de las declaraciones incriminatorias que habían formulado con anterioridad contra Yndamiro Restano. Éste, por su parte, criticó el proceso y dijo que su "culpabilidad" ya había sido declarada de antemano, antes de que se celebrara la vista. Lo condenaron a una pena de 10 años de cárcel que en la actualidad está cumpliendo en la Prisión de Guanajay.


En 1985, Yndamiro Restano fue despedido de su empleo como corresponsal agrario de una emisora estatal de radio después de haber realizado una entrevista sobre sus opiniones políticas con un periodista estadounidense.


Envíen cartas cortésmente redactadas:


- Haciendo un llamamiento en favor de la liberación incondicional e inmediata de Yndamiro Restano Díaz.


Al presidente:


Dr. Fidel Castro Ruz

Presidente del Consejo de Estado

La Habana

Cuba


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Republic of Cuba

Himmelhofgasse 40 a-c

Postfach 36, 1130 Vienna

Austria


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Cuba acreditada en su país.

GUATEMALA

Agapito Pérez Lucas

Nicolás Mateo

Luis Ruiz

Macario Pu Chivalán


El 1 de abril de 1989 unos soldados uniformados que llevaban la cara pintada con camuflaje negro llegaron a una finca del departamento de Suchitepéquez, al suroeste de Guatemala, y echaron abajo a patadas la puerta de la habitación en que se encontraban durmiendo Luis Ruiz y Macario Pu Chivalán. Seis días después, Agapito Pérez Lucas y Nicolás Mateo fueron secuestrados en la misma finca. En ambos casos, y mientras se llevaban a los hombres en ropa interior a un destino desconocido, a los familiares les dijeron que no interfirieran.


Los cuatro secuestrados eran trabajadores temporeros del departamento de El Quiché y miembros del Consejo de Comunidades Étnicas "Runujel Junam" ('Todos somos iguales' - CERJ), organización que se constituyó en El Quiché en 1988 y que, entre sus fines, figura la denuncia de las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los grupos indígenas. Desde su formación, este grupo ha sido constantemente objeto de abusos de los derechos humanos, entre ellos las amenazas de muerte y la "desaparición" y ejecución extrajudicial de muchos de sus miembros.


A pesar de las afirmaciones del gobierno según las cuales se ha emprendido una investigación sobre el secuestro y posterior "desaparición" de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Luis Ruiz y Macario Pu Chivalán, no se han vuelto a tener noticias ni sobre el paradero ni sobre la suerte que han corrido estos hombres, que en la actualidad continúan "desaparecidos".


Envíen llamamientos:


- Instando a que se realice una investigación independiente e imparcial sobre la "desaparición" de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Luis Ruiz y Macario Pu Chivalán, y a que se ponga a disposición de los tribunales de justicia a los que sean hallados culpables de su secuestro.


Al presidente:


S.E.Ing. Jorge Serrano Elías

Presidente de la República de Guatemala

Palacio Nacional

Guatemala

Guatemala


Fax: (502) (2) 537472, 319702


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Guatemalan Embassy

Reisnerstraße 20/1/4, 1030 Wien

Austria


Teléfono: +43 222 714 35 70

Fax: +43 222 714 35 69


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Guatemala acreditada en su país.

EE UU

Johnny Garrett y Ricky Ray Rector


[*fotografía: Johnny Garrett © AP / Wide World Pirctures*]


El estado de Texas, Estados Unidos, ejecutó el 11 de febrero de 1992 a Johnny Garrett, delincuente juvenil y enfermo mental, mediante el método de inyección letal. Fue condenado a muerte en septiembre de 1982 por la violación y asesinato de la hermana Tadea Benz, monja de raza blanca de 76 años de edad. Cuando Johnny Garrett cometió el delito tenía 17 años. Johnny Garrett tenía un largo historial de enfermo mental, y en su niñez sufrió graves abusos físicos y sexuales. El jurado, cuando se celebró su juicio, no contó con esta información. Según los tres expertos médicos que examinaron a Johnny Garrett entre 1986 y 1992, sus deficiencias mentales eran muy graves, sufría psicosis crónica y graves lesiones cerebrales a causa de diversas e importantes lesiones que le ocasionaron en la cabeza en su niñez. Según los informes, sufría ilusiones paranoicas, como por ejemplo creer que la inyección letal que se utiliza para ejecutar a los reos en Texas a él no le mataría.


La educación y el entorno doméstico de Johnny Garret fueron, en palabras de un psicólogo que le examinó en 1988, "una de las historias más virulentas de abuso y negligencia ... con las que me he encontrado en más de 28 de años de profesión." Según los informes del psicólogo, Johnny Garret era golpeado regularmente con la mano y con correas de cuero por su padre natural y por sus padrastros. Si se orinaba o hacía de vientre en la cama frotaban su cara en los excrementos. En una ocasión, debido a que no paraba de llorar, le colocaron en el quemador de una cocina, a consecuencia de lo cual le quedaron tremendas cicatrices de las quemaduras.


Según los informes médicos, Johnny Garrett fue violado por un padrastro que posteriormente le alquiló a otro hombre con fines sexuales. También se ha informado que desde los 14 años le obligaron a realizar perversiones sexuales y a participar en películas pornográficas homosexuales. A los diez años, miembros de su familia le introdujeron en el alcohol y en otras drogas y posteriormente incurrió en un fuerte consumo de sustancias gravemente perjudiciales para el cerebro como disolventes para pintura y anfetaminas.


Johnny Garrett fue ejecutado a pesar de los llamamientos para que se concediera clemencia que formuló el convento al que pertenecía la hermana Tadea Benz, la comunidad religiosa de Texas y Su Santidad el Papa Juan Pablo II. Fue el quinto delincuente juvenil ejecutado en los Estados Unidos desde que la pena de muerte se reinstauró en este país en la década de los años setenta. La imposición de la pena capital a menores contraviene claramente los tratados y normas internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno estadounidense firmó estos dos tratados en 1977, y ratificó el primero de ellos en abril de 1992. Sin embargo, al formular su ratificación, el gobierno de los Estados Unidos se reservó el derecho a imponer la pena de muerte a personas menores de 18 años de edad "por limitaciones constitucionales".


Las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984 (Resolución 1984/50 del ECOSOC), prohíben la ejecución de personas que contaban con menos de 18 años de edad en el momento de cometer el delito (Salvaguardia 3), y además dispone que la pena capital sólo se puede llevar a cabo tras un proceso judicial que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo (Salvaguardia 5).


El estado de Arkansas ejecutó el 24 de enero de 1992 a Ricky Rector, de raza negra. Fue declarado culpable en 1982 del asesinato de Bob Martin, agente de policía de raza blanca, cometido en noviembre de 1981. Tras disparar contra Bob Martin, Rector trató de quitarse la vida disparándose a la cabeza. La herida de bala y la operación quirúrgica necesaria para extraer el proyectil dieron como resultado una lobotomía frontal (la pérdida de una sección de unos ocho centímetros de cerebro) que le provocó graves daños mentales, como pérdidas de memoria. Los exámenes médicos posteriores que le realizaron revelaron que su capacidad mental había quedado seriamente limitada. Por ejemplo, se descubrió que era incapaz de reconocer o comunicar hechos, y que por tanto no podía colaborar con sus abogados en su defensa.


La ejecución de Ricky Rector se llevó a cabo de una forma que demostró la crueldad extrema de la pena de muerte. Testigos de la ejecución informaron que oyeron gemidos y gritos provenientes de la cámara de ejecución mientras los técnicos estuvieron buscando durante casi una hora las venas adecuadas en las cuales inyectar los productos químicos. Al parecer Ricky Rector se enteró del problema y ayudó al grupo de ejecución en su tarea. En un artículo aparecido en un periódico del estado, el Arkansas Democrat Gazette, el 26 de enero de 1992, John Byus, administrador de servicios médicos y dentales en el Departamento Correccional de Arkansas dijo: "No nos limitamos a pincharle cada minuto. Buscábamos una nueva vena. Pensábamos que la siguiente sería la buena... creíamos que la teníamos, pero no era sí, no es corriente, pero ocurre. Tenía unas venas largas y delgadas que se colapsaban fácilmente. Buscamos. Tuvimos suerte de encontrar una".


Si bien muchos políticos aceptan en privado que la pena de muerte no es un instrumento útil para la justicia en los Estados Unidos, la apoyan públicamente para proyectar una imagen de dureza contra la delincuencia. El presidente Bill Clinton, que era el gobernador de Arkansas cuando Ricky Ray Rector fue ejecutado, negó todas las peticiones de clemencia que le formularon y respaldó públicamente la pena capital como parte de su campaña electoral hacia la presidencia del país.


Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte por considerar que se trata de una forma extrema, cruel, inhumana y degradante de castigo y porque es una violación del derecho a la vida, que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales de protección de esos derechos. En opinión de Amnistía Internacional, la pena de muerte es inherentemente injusta y arbitraria, se impone con demasiada frecuencia y de forma desproporcionada a los sectores sociales más pobres y desfavorecidos de la sociedad, e incluso se llega a imponer a personas inocentes, a pesar de las más estrictas salvaguardias judiciales. Este castigo es un acto de violencia, y la violencia engendra violencia. Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que en los Estados Unidos la pena de muerte se aplica de forma arbitraria y discriminatoria: Los estudios realizados demuestran fehacientemente que las probabilidades de que se imponga la pena capital a los convictos de asesinato, cuando la víctima es de raza blanca, son mucho más elevadas que para otro tipo de delincuentes. Asimismo, en algunos estados de ese país es habitual que a los acusados de raza negra a los que se imputa la comisión de delitos en los que se puede imponer la pena de muerte los juzguen jurados compuestos íntegramente por personas de raza blanca de los que los fiscales han recusado sin causa a otros posibles miembros.


Diversas y detalladas investigaciones realizadas en varios países no han aportado pruebas convincentes de que la pena capital sea un factor de disuasión contra el delito más eficaz que otros castigos. Aunque en los Estados Unidos la pena de muerte cuenta con un gran respaldo popular, varias encuestas indican que ésta no es una opinión sin reservas. Otras encuestas más recientes sugieran que el apoyo de la opinión pública a la pena de muerte podría ser mucho menor si se demostrara que otros castigos son igualmente eficaces.


Envíen llamamientos:


- Instando al presidente de los Estados Unidos a que tome la iniciativa en propugnar la abolición de la pena de muerte en su país por tratarse de una violación del derecho a la vida;


- Instando al presidente de los Estados Unidos a que adopte medidas inmediatas para poner fin a la ejecución de delincuentes juveniles y de los que sufren enfermedades mentales;


- Instando al presidente Clinton a que tome en cuenta la recomendación del Comité Presidencial sobre Enfermedades Mentales, que en agosto de 1992 aconsejó que fuera abolida la pena capital para los presos con enfermedades mentales. (Este comité se creó en 1966 como comité permanente en el Departamento de Servicios Sanitarios y Humanos).


Al presidente:


President Bill Clinton

White House

Washington DC, 20500

EEUU


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

USA Embassy

Boltzmanngasse 16, 1090 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 313 39

Fax: +43 222 310 06 82

Télex: +43 222 114 106


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de los Estados Unidos acreditada en su país.

CHINA

Jampel Changchub


[*fotografía: Jampel Changchub]


En noviembre de 1989, Jampel Changchub, monje budista tibetano del monasterio de Drepung, cerca de Lhasa, fue condenado a 19 años de prisión, la condena más larga impuesta en los últimos años por las autoridades de Tíbet a presos de conciencia.


Jampel Changchub, de unos 30 años de edad, fue descrito como "el principal miembro" de una "organización contrarrevolucionaria" que elaboraba "literatura reaccionaria" y que "calumniaba ignominiosamente el sistema socialista de China, caracterizado por la dictadura democrática del pueblo". Asimismo, lo acusaron de "recopilar información y pasarla a un enemigo". Entre la "literatura reaccionaria" de la que dicho grupo fue acusado de imprimir, se encontraba una traducción tibetana de la Declaración Universal de Derechos Humanos.


Estas acusaciones contra Jampel Changchub se leyeron durante un acto público de imposición de sentencia celebrado el 30 de noviembre de 1991 (este tipo de actos son concentraciones en las que se leen en público las acusaciones contra los presos y sus condenas, ya decididas de antemano. En estos actos se muestra a los presos, pero no tienen ninguna oportunidad real de presentar su defensa y, en general, deben adoptar una actitud humilde, dando a entender que admiten su culpabilidad en los cargos imputados).


Otros ocho monjes del monasterio de Drepung fueron condenados a penas de prisión que oscilaban entre cinco y 17 años, por su presunta participación en las actividades del grupo supuestamente dirigido por Ngawang Phulchung.


Jampel Changchub participó en una manifestación pacífica celebrada el 27 de septiembre de 1987 en defensa de la independencia tibetana de China y, a consecuencia de ello, estuvo detenido durante cuatro meses junto con otros 20 monjes de Drepung. Esa manifestación marcó el inicio de una ola de protestas de tibetanos, que abogaban por su independencia de China. Según una emisión de Radio Lhasa, la emisora oficial, el grupo al que supuestamente pertenecía Jampel Changchub se constituyó en enero de 1989.


Jampel Changchub cumple su condena en la prisión de Drapchi, en Lhasa. A causa de los estrictos controles oficiales sobre la información, es muy poco lo que se sabe sobre las condiciones de su detención. No obstante, se recibieron informes según los cuales, el 26 de abril de 1991, Jampel Changchub y otros 16 presos, monjes en su mayoría, después de haber sido violentamente golpeados fueron recluidos en régimen de aislamiento, tras una serie de incidentes en los que se vieron implicados otros presos políticos de la prisión de Drapchi. Según los informes, algunos de los presos necesitaron tratamiento médico por las heridas que les ocasionaron en la cabeza. Además, les colocaron esposas y grilletes. Fuentes extraoficiales informaron que el tamaño de las celdas de aislamiento sólo permite permanecer tumbado y que se hallan sumidas en la más completa oscuridad. Al parecer, Jampel Changchub permaneció recluido en régimen de aislamiento durante unas seis semanas.


Amnistía Internacional manifiesta su preocupación porque Jampel Changchub es preso de conciencia y ha sido encarcelado exclusivamente por defender de forma pacífica sus opiniones políticas y por haber hecho uso de su derecho a la libertad de asociación e información. Amnistía Internacional hace un llamamiento en favor de su inmediata e incondicional puesta en libertad. La organización también se siente preocupada por los informes que indican que Jampel Changchub ha sido recluido en régimen de aislamiento en condiciones que pueden considerarse como tortura, o castigo o trato cruel, inhumano o degradante.


Envíen llamamientos:


- Instando a que Jampel Changchub sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional;


- Expresando preocupación por los informes según los cuales Jampel Changchub ha sido recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Drapchi en condiciones que pueden considerarse como tortura, o castigo o trato cruel, inhumano o degradante.


Envíen sus llamamientos a:


Li Peng Zongli

Guowuyuan

9 Xihuangchenggen Beijie

Beijing 100032

República Popular China


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Peoples' Republic of China

Metternichgasse 4, 1030 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 714 31 49

Fax: +43 222 713 68 16

Télex: +43 222 135 794


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de China acreditada en su país.

INDIA

Jairam Singh y Manoj Singh


[*fotografía: Manoj Singh (12 años) © Times of India / Mohammed Illyas]


Jairam Singh, trabajador de 50 años, murió bajo custodia en la comisaría de Patel Nagal, Delhi, el 19 de agosto de 1991. Se trató de la séptima muerte denunciada en Delhi durante los ocho primeros meses de 1991.


Jairam Singh y su de 12 años de edad, Manoj, fueron detenidos el 18 de agosto tras el robo de una cartera que presuntamente Manoj había cometido en una ceremonia matrimonial. No había cargo alguno contra Jairam Singh que, según la información aparecida en la prensa, se limitó a acompañar a su hijo a la comisaría. La policía manifestó posteriormente que éste había confesado el delito voluntariamente, pero su familia denunció que la policía le había obligado a confesar.


Manoj y su padre fueron torturados. Posteriormente, ese mismo día, otros miembros de la familia, entre ellos la esposa de Jairam Singh, fueron también detenidos brevemente y les propinaron una paliza. Los familiares han asegurado que a Jairam Singh le ataron las manos a la espalda y le golpearon sin piedad. A primera hora de la mañana del 19 de agosto, cuando Jairam Singh se quejó de dolores de estómago y de que tenía dificultades para orinar, la policía lo condujo a la clínica Khera donde, tras atenderle, dijeron que estaba "en situación de marcharse". Al parecer, en una nota médica se indicó que tenía el tórax despejado y estaba consciente. Sin embargo, 10 minutos después se derrumbó y murió. La Unión Popular en Favor de los Derechos Democráticos hizo público un informe sobre el caso en el que condenaba lo que calificó de "asombrosa negligencia de los médicos" en un caso "si no de patente connivencia, al menos de insensibilidad fatal". Unos miembros de esta organización visitaron tres días después del incidente a Manoj Singh y pudieron comprobar que aún tenía el cuerpo hinchado a causa de las palizas y que podían apreciarse claramente señales de golpes de lathi (porras policiales en la India).


En la India muchas muertes ocurridas bajo custodia de la policía pasan habitualmente desapercibidas. Sin embargo, las protestas locales y la labor de la Unión Popular en Favor de los Derechos Democráticos hicieron que la muerte de Jairam Singh fuera del dominio público. El caso fue extensamente difundido por los periódicos de tirada nacional y llegó a debatirse en el Lok Sabha (Parlamento) el 21 de agosto de 1991. El ministro de Estado del Interior declaró que el gobierno tenía la voluntad de emprender acciones contra "los que se exceden en el uso de su poder o abusan de él", y calificó el incidente de "espantoso". Tras las primeras investigaciones, el comisario de policía de Delhi, Arun Bhagat, reconoció que se habían producido "malos tratos". Tres agentes fueron suspendidos de servicio y se registró un caso de asesinato y reclusión ilegal. El 21 de agosto se ordenó el arresto de los tres policías suspendidos de servicio y en septiembre fue arrestado otro más. El comisario de Patel Nagal fue trasladado. En el informe de la autopsia se afirmó que la muerte se había debido al efecto acumulado de las lesiones. El 5 de diciembre cuatro policías fueron acusados del asesinato de Jairam Singh, y el Magistrado de Subdivisión que investigó la muerte dijo que "no [había] ninguna duda de que Jairam Singh había recibido una fuerte paliza a manos de cuatro o cinco policías".


Se realizaron dos investigaciones en torno a esta muerte, una llevada a cabo por un magistrado y otra por el departamento de investigaciones criminales de la policía de Delhi. En ambas investigaciones se llegó a la conclusión de que la policía había sido la responsable de la muerte de Jairam Singh. Sin embargo, hasta el momento no se tienen noticias de que ningún agente haya sido puesto a disposición de los tribunales de justicia en relación con este caso, ni de que a los familiares se les haya pagado compensación alguna.


Envíen llamamientos:


- Expresando preocupación por la muerte de Jairam Singh bajo la custodia de la policía de Delhi (citen su nombre completo y la fecha y lugar del incidente descrito), y por la presunta tortura de su hijo Manoj, de 12 años de edad. Deben decir en su carta que el informe de la autopsia corrobora las denuncias de que Jairam Singh fue torturado hasta provocarle la muerte y que las dos investigaciones realizadas llevaron a la conclusión de que la policía había sido la responsable de la muerte;


- Manifestando su satisfacción por las declaraciones del ministro de Estado del Interior según las cuales el gobierno tenía la voluntad de emprender acciones contra "los que se exceden en el uso de su poder o abusan de él", y recordando los informes según los cuales cuatro policías habían sido acusados de la muerte de Jairam Singh. Asimismo, preguntar cuándo se celebrará el juicio. Afirmen, además, que Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que, hasta la fecha, ningún agente de la policía de Delhi haya sido juzgado ni condenado por delitos de estas características;


- Acogiendo con agrado la voluntad de erradicar la tortura expresada por varios miembros del gobierno y de la policía de Delhi, e interesándose por la labor del Equipo Central de Vigilancia creado por el Comisario de Policía de Delhi en 1989 para realizar visitas sorpresa a las comisarías;


- Instando a las autoridades a que pongan en práctica las salvaguardias jurídicas contra la violencia perpetrada contra personas que se encuentran bajo custodia y a que se aseguren de que todos los detenidos comparecen ante un magistrado en un plazo no superior a las 24 horas, se les permite tener acceso inmediato a un abogado y a que los examine un médico independiente.


Al ministro de Estado del Interior:


Mr S.B Chavan

Minister of Home Affairs

Ministry of Home Affairs

North Block

New Delhi 110 001

India


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Indian Embassy

Kärtner Ring 2, 1015-Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 505 86 66-69

Fax: +43 222 505 92 19

Télex: +43 222 113 721


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de la India acreditada en su país.

INDONESIA

Doctorandus Adnan Beuransyah


[*fotografía: Doctorandus Adnan Beuransyah © A. Hamidy Arsa / Editor Weekly News Magazine]


En marzo de 1991 fue juzgado el doctorandus Adnan Beuransyah, periodista del diario Serambi Indonesia. En el juicio describió detalladamente las torturas que le infligieron durante los interrogatorios los agentes de la región militar en agosto de 1990. Concretamente, relató cómo le obligaron a firmar una declaración tras el interrogatorio:


"... Me quemaron el pelo y la nariz con cigarrillos. Me aplicaron descargas eléctricas en los pies, en los genitales y en los oídos hasta que perdí el conocimiento... Me ordenaron que me sentara en un banco largo mirando al interrogador. Todavía tenía vendados los ojos y el cable con que me aplicaban las descargas eléctricas lo llevaba aún enrollado en los pulgares de los pies. Si decía algo que no les gustaba me aplicaban la corriente eléctrica. Todo esto duró hasta las ocho de la mañana, es decir, que me estuvieron torturando durante unas ocho horas sin parar.


La tercera noche volvieron a torturarme... Tenía el cuerpo entumecido y lleno de sangre: Me habían golpeado tanto y me habían dado tantas patadas que al toser expulsaba sangre, al igual que al orinal... Todo siguió igual hasta que firmé la declaración."


El doctorandus Adnan Beuransyah dijo al tribunal que, durante una entrevista previa al juicio llevada a cabo por el fiscal del estado, trató de retractarse de la declaración que había firmado bajo tortura y de negar cualquier relación con Aceh Merdeka. Sin embargo, parece ser que el fiscal se negó a permitirle que se retractase y amenazó al acusado con devolverlo al centro de detención en que había sido torturado. El doctorandus Adnan Beuransyah afirmó que la declaración que se presentó al tribunal era prácticamente igual a la que habían obtenido de él bajo tortura. El doctorandus Adnan Beuransyah fue condenado en mayo de 1991 a una pena de ocho años de cárcel, que se incrementó a nueve años tras la apelación.


El pasado año, el gobierno indonesio llevó a cabo una serie de iniciativas sin precedentes que parecían indicar un cambio positivo en su actitud hacia los derechos humanos. Sin embargo, la triste realidad constatada en 1992 es de un signo muy distinto a las indicaciones referidas. Se han registrado de forma ininterrumpida prácticas como el homicidio político, las "desapariciones", la tortura, la detención arbitraria, los encarcelamientos políticos y el uso de la pena de muerte, a pesar de los cambios intermitentes registrados en el grado y la variedad de las violaciones de las que se han recibido informes de las diversas regiones del país.


Los informes más preocupantes sobre violaciones de derechos humanos que ha recibido Amnistía Internacional a lo largo del pasado año se refieren a las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo en Timor Oriental y en Aceh, donde el gobierno continúa haciendo frente a la oposición de la población a su régimen de forma pacífica y también armada. En estas regiones las autoridades militares han utilizado casi con total libertad prácticamente cualquier medio, como las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones", la detención arbitraria y la tortura, para mantener lo que denominan la seguridad nacional y destruir lo que el gobierno ha calificado como Gerakan Pengacau Keamanan, o Movimientos de Alteración de la Seguridad.


La situación en Aceh, donde se cometen gravísimas violaciones de los derechos humanos y donde además actúa el movimiento armado secesionista Aceh Merdeka desde principios de 1989, quizás es mucho menos conocida que la situación en Timor Oriental. Según los informes, el movimiento armado secesionista ha cometido algunos abusos contra la población civil; Amnistía Internacional condena estos actos sin ningún tipo de reserva. Sin embargo, estos abusos no pueden justificar en modo alguno las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas gubernamentales. Se calcula que los miembros de las fuerzas oficiales de seguridad indonesias han dado muerte de forma ilegítima a unos 2.000 civiles, entre ellos niños y ancianos, en ocasiones en ejecución pública; centenares de habitantes de los pueblos de la región, posiblemente miles, han sido arrestados de forma arbitraria por la simple sospecha de que podrían simpatizar con Aceh Merdeka; a muchos de ellos los han tenido recluidos en régimen de incomunicación durante periodos prolongados y los han sometido a malos tratos y torturas para obtener de ellos confesiones o información política; y a más de 50 los han sentenciado a penas prolongadas de prisión tras haberlos sometido a juicios injustos, entre ellos muchos que nunca han hecho uso de la violencia ni abogado por ella.


Envíen llamamientos:


- Haciendo un llamamiento para que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a el doctorandus Adnan Beuransyah;


- Formulando un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial en torno a sus denuncias de haber sido torturado, y para que a los responsables de esas prácticas los pongan a disposición de la justicia.


Al ministro de justicia:


Lt. Ismail Salen

Menteri Keha Kiman

JI Rasuna Said Kav. 6-7

Kuningan

Jakarta Selatan

Indonesia


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Republic of Indonesia

Gustav-Tschernak-Gasse 5-7, 1180 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 34 25 34-35

Fax: +43 222 34 45 51

Télex: +43 222 75 579


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Indonesia acreditada en su país.

MYANMAR (BIRMANIA)

Aung San Suu Kyi


[*fotografía: Aung San Suu Kyi]


Daw1Aung San Suu Kyi es quizás una de las activistas políticas más conocidas del mundo hoy en día. En diciembre de 1991 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su valerosa oposición no violenta al represivo régimen militar que gobierna su país. En julio de 1989, y como consecuencia de la supuesta amenaza que representaba para la seguridad del Estado, las autoridades de Myanmar recluyeron a Daw Aung San Suu Kyi bajo arresto domiciliario, situación en la que aún hoy se encuentra.


Daw Aung San Suu Kyi ─hija de Aung San, venerado como padre de la independencia de Birmania─ regresó a su país en 1988 para cuidar de su madre moribunda y poco después empezó a involucrarse en el movimiento democrático. En septiembre de 1988 colaboró en la constitución de la Liga Nacional para la Democracia (LND), que es hoy el mayor partido político reconocido en Myanmar y que en las elecciones de mayo de 1990 obtuvo el respaldo electoral que le daba derecho al 80 por ciento de los escaños del parlamento. Sin embargo, son las autoridades militares, que organizaron un golpe de Estado en septiembre de 1988, las que aún ejercen el poder, y no la LND. Antes y durante el golpe, centenares de manifestantes pacíficos murieron a manos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, se introdujo la ley marcial y también severas restricciones que prohibían las "reuniones políticas" y otras libertades básicas.


Aung San Suu Kyi, a quien Amnistía Internacional considera presa de conciencia desde su arresto en julio de 1989, se encuentra detenida en aplicación de las disposiciones sobre detención administrativa de la Ley de Protección del Estado de 1975, la cual trata sobre las presuntas amenazas contra la seguridad del Estado. Aung San Suu Kyi lleva ya en situación de arresto domiciliario más de tres años. En agosto de 1991, el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público (CEROP) reformó esta ley de 1975 para ampliar el tiempo que una persona puede permanecer detenida sin cargos ni juicio, que pasó de tres a cinco años. Puesto que Aung San Suu Kyi se encuentra detenida en aplicación de las disposiciones de esta ley, es muy posible que ahora tenga que seguir privada de libertad sin que la juzguen hasta un total de cinco años.


Hasta hace poco, Aung San Suu Kyi ha estado detenida en su domicilio de Yangon (Rangoon) completamente aislada de su familia y del mundo. Desde el mes de abril de este año le han permitido recibir dos visitas de su esposo y de sus dos hijos, las primeras en más de dos años. De todos modos no le han permitido tener contacto alguno con otras personas. A pesar del anuncio hecho por el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público en abril de 1992 afirmando que liberaría a todos los presos políticos que no fuesen considerados una amenaza para la seguridad nacional, no se ha dado indicación alguna de que Daw Aung San Suu Kyi vaya también a ser liberada.


Amnistía Internacional siente grave preocupación por el estado de salud de Daw Aung San Suu Kyi. Según la información más reciente que ha recibido la organización, parece que aún sigue detenida en régimen de aislamiento casi absoluto y que su salud puede sufrir un grave deterioro. Hasta ahora Daw Aung San Suu Kyi se ha negado a aceptar comida y otros artículos de primera necesidad de las autoridades y Amnistía Internacional cree que sus recursos propios se están agotando. Se le ha negado el acceso a un médico de su elección, lo cual contraviene la normativa internacional.


Envíen llamamientos:


- Solicitando la liberación inmediata e incondicional de Daw Aung San Suu Kyi;


- Expresando preocupación por su salud e instando a que se le permita tener acceso inmediato a un médico de su elección.


Al presidente:


General Than Shwe

Chairman

State Law and Order Restoration Council

Signal Pagoda Road

Yangon

Myanmar (Birmania)


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Union of Myanmar

Schumannstraße 112, D-5300 Bonn 1

República Federal de Alemania

c/o Ministerio de Defensa


Teléfono: +43 222 060/228/21 00 91

Fax: +43 222 060/228/21 93 16

Télex: +43 222 841/8 869 560 myan d


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Myanmar (Birmania) acreditada en su país.

FRANCIA

Nzungu Nkanza


[*fotografía: Nzungu Nkanza]


Nzungu Nkanza, de 26 años de edad y nacionalidad zaireña, nació en Kinshasa y vive actualmente en París. Nzungu Nkanza ha presentado una denuncia a través de su abogado ante las autoridades policiales. En su denuncia afirma que varios agentes de policía lo sometieron a malos tratos físicos la noche del 11 al 12 de enero de 1993 después de haberlo parado en la calle para comprobar su identidad.


Según sus declaraciones, hacia las once de la noche del día 11 de enero de 1993, Nzungu Nkanza se encontraba en el andén de la estación del tren metropolitano de Crimée, en París, cuando se dirigieron a él unos 15 agentes de la policía que le ordenaron que mostrara sus documentos de identidad. Nzungu Nkanza les dijo su nombre y otros detalles personales y les explicó que no disponía de permiso de residencia en Francia, pero que ya había presentado una solicitud que en esos momentos se estaba tramitando.


Nzungu Nkanza asegura que antes de que tuviera ocasión de explicar más detalladamente su situación lo esposaron y lo arrojaron al suelo. Después, según afirma, dos policías lo golpearon con tal dureza que perdió el conocimiento.


Nzungu Nkanza afirma que, durante las primeras cuatro horas que estuvo bajo custodia de la policía, los agentes que practicaron el arresto lo golpearon repetidas veces, le propinaron patadas y le escupieron y fue objeto de insultos de carácter racista. La mañana del 12 de enero, tras solicitar que un médico le examinara, la policía lo llevó a un hospital. Hacia las 11 de esa misma mañana lo examinó un médico que constató que Nzungu Nkanza sufría lesiones generalizadas por todo el cuerpo; asimismo, el médico registró contusiones múltiples e hinchazón del cuerpo. Se hizo una radiografía del pie derecho de Nzungu Nkanza y le recetaron un fármaco analgésico. Después se lo volvieron a llevar a la sede de la policía.


Nzungu Nkanza quedó en libertad sin cargos la tarde del 12 de enero de 1993. Ese mismo día Nzungu Nkanza se procuró un nuevo examen médico y le entregaron un certificado en el que se hicieron constar la presencia de contusiones en el pecho, manos y pierna derecha. Asimismo, el médico comprobó que Nzungu Nkanza tenía también la rodilla derecha inflamada, que en la nariz tenía restos de sangre, que la columna vertebral le dolía y que presentaba problemas para hablar correctamente.


El 19 de enero, Nzungu Nkanza presentó una denuncia por malos tratos ante la Inspección General de Servicios, departamento del Ministerio del Interior francés encargado de la investigación interna de las denuncias formuladas contra la policía.


Amnistía Internacional ha expresado su más profunda preocupación por estas denuncias de malos tratos.


Envíen llamamientos:


- Expresando honda preocupación por los presuntos malos tratos físicos sufridos por Nzungu Nkanza a manos de la policía francesa;


- Afirmando que ya tienen conocimiento de que Nzungu Nkanza ha presentado una denuncia por estos hechos ante las autoridades policiales;


- Instando a que se emprenda una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de malos tratos formuladas por Nzungu Nkanza, y a que a los responsables se los ponga a disposición de los tribunales de justicia.


Al ministro de Justicia:


Monsieur Pierre Méhaignerie

Garde des Sceaux

Ministre de la Justice

Ministère de la Justice

13 Place Vendôme

75042 PARIS

Francia


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

French Embassy

Technikerstr. 2, 1040 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 505 47 47

Fax: +43 222 505 63 92 61

Télex: +43 222 131 333


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Francia acreditada en su país.

TURQUÍA

Selahattin Simsek


[*fotografía: Selahattin Simsek]


Selahattin Simsek, que es de origen kurdo y tiene 39 años de edad, es maestro de escuela y lleva encarcelado más de 12 años. Tras un juicio que distó mucho de ajustarse a las normas mínimas de imparcialidad procesal y que se celebró ante un tribunal militar, Selahattin Simsek fue declarado culpable de robo y del homicidio de un agente de policía en nombre del Partido de los Trabajadores Kurdos. Selahattin Simsek ha negado reiteradamente tener ningún tipo de relación con los delitos que le imputaron.


Selahattin Simsek ha afirmado que, durante el interrogatorio a que lo sometieron, los agentes de policía lo torturaron durante 23 días consecutivos, pero que no confesó nunca más allá de una "cierta simpatía" por el Partido de los Trabajadores Kurdos. Según sus declaraciones: "Me desnudaban y me colgaban de una cruz. Me ponían un cable eléctrico en el dedo meñique de la mano derecha y otro en diversas partes del cuerpo. Esta tortura la repetían tres veces al día. También me colgaron de los pies y las manos, que me ataron por detrás de la espalda. Me amenazaron en muchas ocasiones con violarme y una vez intentaron que otro detenido lo hiciera. Como se negó le pegaron una tremenda paliza". Durante los interrogatorios Selahattin Simsek tuvo que ser sometido a tratamiento en un hospital a consecuencia de las torturas que le infligían.


Durante el juicio a que lo sometieron, que duró dos años y en el que se juzgaba a más de 500 acusados, Selahattin Simsek sólo pudo ver a su abogado en una ocasión. Ni uno sólo de los testigos de la acusación pudo identificarlo como autor de los hechos durante el juicio, y su declaración de culpabilidad se basó en pruebas contradictorias, principalmente en declaraciones de otros detenidos que habían sido obtenidas mediante torturas. Asimismo, tampoco le entregaron importantes documentos relacionados con su caso, como las declaraciones de los testigos, hasta tres años después de que el juicio se dio por concluido. En 1983 lo condenaron a muerte, aunque luego en 1991 le conmutaron la sentencia por una pena de 20 años de prisión. En la actualidad se encuentra en la Prisión Tipo Especial de Bursa y aún le quedan otros ocho años de sentencia por cumplir.


Envíen llamamientos:


- Expresando honda preocupación porque el juicio a que fue sometido Selahattin Simsek distó mucho de cumplir las normas reconocidas internacionalmente de imparcialidad procesal;


- Haciendo un llamamiento para que se revise el caso de Selahattin Simsek;


- Instando a que se emprenda una investigación independiente e imparcial en torno a sus denuncias de que fue torturado, y a que los resultados de la misma sean hechos públicos.


Al ministro de Justicia:


Mr Seyfi Oktay

Minister of Justice

Adalet Bakanligi

06659 Ankara

Turquía


Fax: +90 4 425 4066


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Turkish Embassy

Prinz-Eugen-Straße 40

1040 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 505 55 59

Fax: +43 222 505 36 60

Télex: +43 222 131 927


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Turquía acreditada en su país.

KUWAIT

Ibtisam Berto Sulaiman al Dakhil


Ibtisam Berto Sulaiman al Dakhil, mujer de 35 años de edad, trabajaba como periodista para el diario kuwaití al Quabas, que las autoridades iraquíes clausuraron y sustituyeron por el rotativo al Nida poco después de la invasión de Kuwait en agosto de 1990. Durante la ocupación, el único diario cuya publicación estaba autorizada era al Nida. Tras la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait en febrero de 1991, Ibtisam Berto Sulaiman al Dakhil fue una de los centenares de personas a quienes las fuerzas armadas, la policía y otros civiles armados kuwaitíes arrestaron bajo la sospecha de "colaboracionismo con el enemigo".


[*fotografía: Cabecera del diario kuwaití Al-Qabas]


Las autoridades kuwaitíes crearon una Corte Marcial encargada de juzgar a personas de las que se sospechaba que habían "colaborado" con las fuerzas de ocupación iraquíes. Ibtisam Berto Sulaiman al Dakhil se encontraba entre las alrededor de 100 personas que este tribunal juzgó y condenó entre el 19 de mayo y el 20 de junio de 1991. Ibtisam Berto Sulaiman al Dakhil negó ante el tribunal todos los cargos que se presentaron contra ella. La sentenciaron a muerte tras un juicio injusto, pena que posteriormente el emir de Kuwait conmutó por la de cadena perpetua. En la actualidad cumple su condena en la Prisión Central de Kuwait.


Amnistía Internacional considera que los procedimientos de la Corte Marcial distaron mucho de cumplir la normativa internacional sobre juicios con las debidas garantías. A los abogados se les negó frecuentemente el acceso a sus defendidos o no se les proporcionó el tiempo suficiente para preparar su defensa, y a muchos acusados no se les autorizó a estudiar las pruebas que se habían presentado en su contra, como tampoco se realizaron interrogatorios independientes de testigos por la acusación y la defensa. A algunos acusados los condenaron únicamente a partir de "confesiones" que, según parece, se obtuvieron mediante torturas. A ninguno se le permitió recurrir las sentencias que les impusieron. Los testimonios de personas que estuvieron encarceladas, a menudo con el respaldo de pruebas médicas, indican que la tortura fue una práctica habitual y generalizada en las situaciones de detención previa a los juicios, especialmente en el periodo en que estuvo vigente la ley marcial.


Envíen cartas cortésmente redactadas expresando su preocupación porque los procedimientos de la Corte Marcial no cumplieron la normativa mínima internacional para la celebración de juicios con las garantías debidas, e instando a las autoridades a que lleven a cabo una revisión judicial de los casos de Ibtisam Berto Sulaiman al Dakhil y de todos los demás a los la Corte Marcial juzgó.


Envíen sus llamamientos a:


Muhammad 'Abd al-Hay al-Bannay

Public Prosecutor

Ministry of Justice and Legal Affairs

Al-Safat

Kuwait City

Kuwait


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Kuwait Embassy

Universitätsstr. 5, 1010

Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 42 56 46

Fax: +43 222 408 72 63

Télex: +43 222 135 898 ktw a


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Kuwait acreditada en su país.

MARRUECOS

Driss ben Ahmed el Ghenimi


[*fotografía: Driss el Ghenimi]


Driss el Ghenimi ha sido sentenciado a cinco años de prisión porque presuntamente violó el artículo 179 del Código Penal de Marruecos, que estipula penas de entre uno y cinco años de cárcel por "insultos a la persona del Rey". Driss el Ghenimi, de 65 años de edad, casado y con seis hijos, es secretario general de la oficina de Sidi Slimane de la Unión General de Trabajadores Marroquíes (UGTM), y es una persona muy conocida por su actividad sindical y de oposición al gobierno de Marruecos.


El 5 de mayo de 1992, Driss el Ghenimi participaba en una reunión de la UGTM y el Sindicato Popular (SP), próximo al gobierno, para negociar el número de trabajadores de cada sindicato que iban a participar en un proyecto agrícola. Al parecer, durante la reunión se produjo un acalorado intercambio de declaraciones entre los miembros de ambos sindicatos rivales. Driss el Ghenimi fue arrestado en su domicilio al día siguiente. Según parece, algunos miembros del Sindicato Popular denunciaron a la policía que, en respuesta a su vítores en favor del rey, Driss el Ghenimi había dicho que "vuestro rey se puede ir a la mierda".


Driss el Ghenimi fue juzgado y condenado el 5 de mayo de 1992 ante el Tribunal de Primera Instancia de Sidi Slimane. Se le impuso la pena máxima de cinco años de cárcel, más una multa de 1.000 dirhams, y fue privado de todos sus derechos civiles, entre ellos el derecho al voto y el de presentarse como candidato en unas elecciones durante 10 años. El 30 de julio de 1992, el tribunal de Apelación de Kenitra confirmó la declaración de culpabilidad y la sentencia.


Durante el interrogatorio, ante el juez de instrucción y luego durante su juicio, Driss el Ghenimi mantuvo que no había hecho las declaraciones que se le atribuían. Durante su juicio, sus abogados defensores se retiraron de los procedimientos en protesta por la negativa del tribunal a permitirles llamar a testigos de la defensa. Haya hecho el comentario que se le atribuye o no, Amnistía Internacional considera que Driss el Ghenimi es un preso de conciencia encarcelado por haber sido declarado culpable de expresar opiniones no violentas, y estima que debe ser puesto en libertad inmediatamente.


Envíen llamamientos:


- Instando a que Driss el Ghenimi sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional;


- Expresando grave preocupación porque fue encarcelado únicamente por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión.


No reproduzcan en sus llamamientos el comentario atribuido a Driss el Ghenimi, ya que podría ser perjudicial para las posibilidades de que sea liberado.


Al ministro del Interior:


Minister of Interior

Quartier Administratif

Rabat

Marruecos


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Embassy of the Kingdom of Morocco

Unteredonaustraße. 13-15/6.Stock,

1020 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 214 25 68

Fax: +43 222 216 79 84

Télex: +43 222 135 728


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Marruecos acreditada en su país.

IRAQ

Al Sayyid Hassan al Qubanji


[*fotografía: Al Sayyid Hassan al Qubanji]


Al Sayyid Hassan al Qubanji, de 82 años de edad, casado y con 21 hijos, es musulmán chiíta y predicador muy conocido en el sur de Iraq. "Desapareció" tras ser arrestado a finales de marzo o principios de abril de 1991 en el distrito de al Huwaish, de la ciudad de al Najaf. Se desconoce su paradero actual.


El ejército, los servicios de inteligencia y el personal de seguridad iraquí cometieron matanzas, torturas y detenciones generalizadas y arbitrarias durante el levantamiento multitudinario que se inició el 1 de marzo de 1991 en el sur de Iraq, y que se extendió posteriormente a las regiones kurdas del norte, hasta que consiguieron aplastarlo un mes después. Muchas de las víctimas eran civiles desarmados, entre ellos mujeres y niños. En la zona circundante a la ciudad de al Najaf los eruditos religiosos y los estudiantes de religión fueron objetivo especial de la represión.


Amnistía Internacional tiene en su poder los nombres de 106 eruditos religiosos y estudiantes de religión que fueron arrestados en al Najaf en marzo y abril de 1991, entre ellos musulmanes chiítas de Iraq, Irán y otros países. Todavía hoy se desconocen su paradero y la suerte que pueden haber corrido.


El gobierno iraquí no ha respondido a los llamamientos que Amnistía Internacional le ha formulado solicitando información sobre estos detenidos; la organización teme que hayan sido torturados o ejecutados.


En un informe que publicó el 18 de febrero de 1992 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator Especial de la ONU sobre Iraq afirma que el gobierno iraquí ha organizado un ataque concertado contra el estamento clerical chiíta de al Najaf, y que muchos de los afectados se encuentran ahora bajo arresto o han "desaparecido".


Envíen llamamientos:


- Expresando preocupación por la "desaparición" de clérigos chiítas arrestados en al Najaf;


- Insistiendo en que se revele el paradero de Al Sayyid Hassan al Qubanji, y en que se le permita tener acceso a sus familiares, a una atención médica adecuada y a un abogado;


- Instando a que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional a menos que se le vaya a acusar de algún delito penal reconocido y que, sin más demora, se le vaya a someter a juicio.


Al presidente:


His Excellency President Saddam Hussain

c/o His Excellency Dr Rahim Abdul al-Kutal

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Iraq

Johannesgasse 26

1010 Vienna

Austria


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Iraq acreditada en su país.

ARABIA SAUDITA

Muhammad Hassan Daoud al Shabeeb

Zuhair al Awami


[*fotografía: Muhammad Hassan Daoud al Shabeeb y Zuhair al Awami]


Muhammad Hassan Daoud al Shabeeb, de 21 años de edad, fue arrestado el 20 de octubre de 1992, al parecer bajo la sospecha de encontrarse en posesión de documentos y cintas magnetofónicas chiítas de oposición. Según los informes, fue torturado mientras estuvo en el Departamento General de Inteligencia (al Mabahith al Amma) de la prisión de al Dammam, situada en la Provincia Oriental de Arabia Saudita. Muhammad Hassan Daoud al Shabeeb, natural de la localidad de Um al Hammam, también en la Provincia Oriental, es estudiante del Instituto de Administración (Mahad al Idara), en al Dammam. Según parece, lo tuvieron primero en régimen de incomunicación y luego en régimen de aislamiento durante casi dos meses. El 2 de febrero de 1993 lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de al Dammam. Amnistía Internacional no dispone de información detallada sobre cuáles fueron exactamente los problemas que obligaron a trasladar a Muhammad Hassan Daoud al Shabeeb al hospital pero, en cualquier caso, la organización no puede sino expresar su más profunda preocupación por su salud teniendo en cuenta los informes sobre otros casos similares ocurridos en Arabia Saudita en los que se produjeron lesiones muy graves o incluso la muerte a causa de las torturas infligidas. La organización ha exhortado a las autoridades pertinentes a que lo liberen a menos que sea acusado de algún delito penal reconocido.


Zuhair al Awami, de 18 años de edad y ciudadano de Arabia Saudita, murió a mediados del mes de noviembre de 1992. Fue arrestado la primera semana de noviembre cuando salía de casa de un amigo en la localidad de Safwa, en la Provincia Oriental del país, y se lo llevaron al Departamento General de Inteligencia (al Mabahith al Amma) de la prisión de Al Dammam. Aproximadamente una semana después, devolvieron a su casa a Zuhair al Awami, cuyo cuerpo, según los informes, presentaba signos claros de haber sido objeto de fuertes palizas. Su familia trató de llevarlo al Hospital Rey Fahd, en la Provincia Oriental, pero falleció en el camino. Según parece, al padre de Zuhair al Awami lo obligaron a firmar una declaración en la que se decía que la muerte de su hijo se había debido a causas naturales. Amnistía Internacional remitió una carta a las autoridades sauditas a mediados de diciembre de 1992 en relación con este caso, pero no ha recibido respuesta.


La tortura es una práctica habitual en Arabia Saudita y se aplica tanto a los presos políticos como a los comunes. El pasado año Amnistía Internacional planteó a las autoridades sauditas los casos de cuatro detenidos que habían muerto en circunstancias sospechosas mientras se encontraban bajo custodia de la policía o de las autoridades de seguridad. En tres de los casos parece que la muerte se debió a las torturas infligidas, y en el cuarto parece que el fallecimiento fue consecuencia de habérsele negado a la víctima la atención médica que precisaba hasta pocos instantes antes de que se produjera la muerte.


Amnistía Internacional insta al gobierno de Arabia Saudita a que haga públicos los resultados de las investigaciones que se hayan emprendido en torno a la muerte de Zuhair al Awami, así como de las autopsias que se hayan practicado. Si no se ha realizado ninguna investigación, la organización insta al gobierno saudita a que se lleven a cabo sin más dilación y a que se publiquen sus resultados. Asimismo, Amnistía Internacional insta al gobierno de Arabia Saudita a que curse instrucciones a los departamentos encargados de aplicar la ley para que sepan que el uso de la tortura con detenidos y presos en el Reino de Arabia Saudita es una práctica inaceptable, y que los responsables de esos abusos serán puestos a disposición de los tribunales de justicia.


Envíen llamamientos:


- Expresando preocupación por los informes sobre las torturas que se han infligido a Muhammad Hassan Daoud al Shabeeb; haciendo un llamamiento para que se emprenda una investigación exhaustiva e imparcial sobre este caso, y para que se hagan públicos sus resultados, y, por otra parte, instando a que lo pongan en libertad a menos que esté acusado de algún delito penal tipificado;


- Instando a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Zuhair al Awami, y a que sus resultados se hagan públicos;


- Instando a que se cursen instrucciones claras y precisas a todos los departamentos sauditas encargados de aplicar la ley en las que se indique que los malos tratos a los detenidos son una práctica inaceptable, y que los responsables de esos abusos serán puestos a disposición de los tribunales de justicia.


Al ministro del Interior:


His Royal Highness

Prince Naif bin 'Abd al-'Aziz

Minister of the Interior

Ministry of the Interior

Airport Street

Riyadh 11234

Reino de Arabia Saudita


Fax: +966-1-4050130 ó +966-1-4793680

Télex: 404416 DMMOISJ

Tratamiento: Your Royal Highness / Su Alteza Real


Copias a:


Delegation to the UN World Conference on Human Rights

Saudi Arabian Embassy

Formanekgasse 38, 1190 Vienna

Austria


Teléfono: +43 222 36 23 16-17

Fax: +43 222 36 25 60

Télex: +43 222 116 625 saudia a


Incremente el poder de su carta remitiendo una copia a la representación diplomática de Arabia Saudita acreditada en su país.

1Daw: Título birmano honorífico utilizado para la mujer y con el que se expresa respeto.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE