Document - Suggested recommendations to States considered in the 13th round of the Universal Periodic Review, 21 May – 4 June 2012

Ordre du jour de la réunion du réseau des coordonnateur-rice-s OIG

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Recomendaciones para los Estados que serán objeto de examen en la 13ª sesión del Examen Periódico Universal, 21 de mayo – 4 de junio de 2012

Índice

Página

Página

Bahréin 1

Ecuador 3

Túnez 4

Indonesia 6

Finlandia 8

Reino Unido 10

India 13

Brasil 16

Filipinas 18

Polonia 20

Países Bajos 21

Sudáfrica 23

Recomendaciones al gobierno de Bahréin

Marco normativo e institucional del Estado:

Cumplir, mediante la legislación nacional, sus obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño;

Prohibir expresamente la tortura y otros malos tratos a manos de la policía y otras fuerzas de seguridad en la legislación nacional y en la práctica; incorporar una definición clara y completa de tortura en la legislación nacional, compatible con sus obligaciones contraídas en virtud de los artículos 1 y 4 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de forma independiente, rápida y exhaustiva, y que los responsables de estos abusos responden ante la justicia de sus actos;

Convertirse en parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados; así como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Protección y promoción de los derechos humanos en la legislación nacional:

Revocar el artículo 6 de la Ley sobre Protección de la Sociedad frente a los Actos Terroristas;

Eliminar las restricciones sobre la libertad de expresión contenidas en la Ley 32 de 2006, con arreglo a las obligaciones contraídas por Bahréin en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Garantizar que las reuniones mantenidas en privado por un número reducido de personas no están supeditadas a la obtención de una autorización oficial previa;

Modificar o revocar el artículo 10.a de la Ley 32 de 2006 para permitir concentraciones y reuniones políticas a los no ciudadanos;

Modificar o revocar el artículo 10.b de la Ley 32 de 2006 para permitir manifestaciones con fines electorales;

Reforzar la Institución Nacional de Derechos Humanos para garantizar que funciona efectivamente y cumple plenamente los Principios de París;

Aplicar las recomendaciones formuladas por la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, creada para investigar presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos durante las recientes protestas, a fin de garantizar plena rendición de cuentas, justicia y reparación a las víctimas de dichos abusos.

Uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas contra el gobierno/torturas y malos tratos a detenidos:

Instruir a la policía y a las fuerzas de seguridad sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento, garantizar que todas la denuncias de homicidios ilegítimos y de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad se investigan de forma inmediata y exhaustiva y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia, así como conceder una reparación adecuada a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias;

Fijar sin demora nuevas fechas para la visita del relator especial sobre la tortura.

Detención y reclusión arbitrarias de presuntos manifestantes:

Poner en libertad a todas las personas que fueron detenidas sólo por participar en protestas pacíficas contra el gobierno y que no propugnaron el uso de la violencia.

Juicios injustos:

Garantizar que todas las personas detenidas son acusadas formalmente de un delito reconocible y juzgadas de forma imparcial ante tribunales penales ordinarios, con arreglo a las normas internacionales y sin recurso a la pena de muerte;

Conmutar todas las penas de muerte sin demora y establecer una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, tal como establecen las resoluciones 62/149, 63/168 y 65/206 de la Asamblea General de la ONU.

Acoso a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas:

Cesar toda intimidación a los defensores y defensoras de derechos humanos, y respetar y proteger el derecho de estas personas a realizar su trabajo sin obstáculos, intimidación ni acoso, con arreglo a lo previsto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU;

Instar a las autoridades de Bahréin a que levanten las restricciones para desplazarse impuestas a los periodistas extranjeros y a las organizaciones internacionales de derechos humanos;

Permitir el acceso inmediato, sin límites y permanente de los observadores internacionales de derechos humanos y de las agencias y el personal de ayuda humanitaria internacionales, incluida la eliminación de las restricciones para la obtención del visado y de los requisitos de patrocinio que impiden dicho acceso.

Despidos de trabajadores y expulsiones de estudiantes:

Readmitir a todos los trabajadores y estudiantes despedidos, expulsados o suspendidos sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

Recomendaciones al gobierno de Ecuador

Deficiencias legales e institucionales que afectan a los derechos de los pueblos indígenas:

Establecer mecanismos y procedimientos, en consulta con los pueblos indígenas y en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas a consultas con el objetivo de obtener un consentimiento libre, previo e informado antes de que se dé comienzo a ningún proyecto que pudiera afectar sus derechos, así como antes de que se promulgue cualquier nueva legislación;

Implementar todas las recomendaciones formuladas por el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

Normativa concerniente al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos:

Asegurar que las disposiciones derivadas del Decreto Presidencial Nº 982 contienen salvaguardias para garantizar que no se aplica como medio para impedir la legítima labor de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Manifestaciones multitudinarias:

Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación tal como reconocen los instrumentos internacionales y regionales, incluso en situaciones en las que los manifestantes protesten contra políticas, leyes o actuaciones del gobierno.

Acoso a manifestantes:

Terminar con el uso del sistema judicial para poner freno a la capacidad de los dirigentes indígenas, campesinos y de otras comunidades para ejercer su derecho a la libertad de reunión y asociación, incluso en relación con la expresión de su desacuerdo y protesta contra leyes y políticas propuestas por las autoridades estatales.

Tratados de derechos humanos:

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional;

Aceptar los procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados establecidos en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Corte Penal Internacional:

Cumplir, mediante la legislación nacional, sus obligaciones contraídas en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cooperar sin dilación y plenamente con la Corte, e investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de un modo efectivo en sus tribunales nacionales.

Recomendaciones al gobierno de Túnez

Marco normativo e institucional del Estado:

Convertirse en parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que incluye aceptar sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados; y en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte;

Asegurarse de que todos los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte Túnez están respaldados por las leyes nacionales estipulando claramente en la nueva Constitución la superioridad de la legislación internacional sobre la nacional, y modificando la legislación nacional en la medida necesaria;

Asegurarse de que la nueva Constitución incorpora garantías de derechos humanos y cumple las obligaciones internacionales contraídas por Túnez, incluidos el principio de la no discriminación, la libertad de expresión, de expresión y de reunión; la independencia del poder judicial, la protección frente a la tortura y otras formas de malos tratos, el derecho a la vida, y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales;

Modificar o abolir todas las leyes que discriminan por motivos de raza, color, religión, etnia, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, y cualquier otra condición;

Modificar la Ley de Organización del Poder Judicial para garantizar la independencia del poder judicial frente al ejecutivo;

Modificar la ley antiterrorista para hacer que sea plenamente compatible con las leyes y normas internacionales de derechos humanos pertinentes, así como con las recomendaciones de los órganos de derechos humanos de la ONU;

Modificar las disposiciones que discriminan a la mujer contenidas en el código regulador de la condición jurídica y social de las personas;

Levantar inmediatamente el estado de excepción;

Conmutar todas las penas de muerte sin dilación;

Abolir la pena de muerte en la legislación.

Tortura y otros malos tratos:

Dejar claro a todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad que participan en la detención, la reclusión y el interrogatorio de personas que la tortura y otros malos tratos no son aceptables en ninguna circunstancia;

Modificar la ley sobre tortura para que sea compatible con las leyes internacionales de derechos humanos, lo que incluye revocar las normas sobre prescripción;

Garantizar investigaciones efectivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de tortura u otros malos tratos, y que los perpetradores comparecen ante la justicia y las víctimas reciben una reparación adecuada.

Libertad de reunión:

Informar a los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad de su obligación de respetar los derechos humanos en todo momento, incluido el derecho a la libertad de expresión, y garantizar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos se investigan de un modo inmediato, efectivo e independiente;

Emitir instrucciones claras sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego en la actuación policial, con arreglo a las normas internacionales;

Poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas sólo por el ejercicio de su derecho de reunión;

Garantizar que todas las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación son totalmente compatibles con las normas internacionales.

Impunidad y ausencia continuada de independencia del poder judicial:

Garantizar que quienes sean identificados como responsables de violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia en juicios justos y sin recurso a la pena de muerte;

Establecer una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre las violaciones de derechos humanos y abusos cometidos durante el mandato del ex presidente Ben Alí, al tiempo que se garantizan una reparación completa para las víctimas y protección a todas las personas que faciliten información a la investigación;

Llevar a cabo una revisión fundamental del aparato de seguridad y hacer pública una estructura clara de los cuerpos de seguridad, incluida la cadena de mando;

Establecer un órgano de supervisión para hacer que las fuerzas de seguridad rindan cuentas de cualquier abuso;

Garantizar que el poder judicial es totalmente independiente del poder ejecutivo;

Garantizar que todos los detenidos son acusados formalmente de delitos reconocibles y juzgados con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, o de lo contrario son puestos en libertad de inmediato.

Recomendaciones al gobierno de Indonesia

Marco normativo e institucional del Estado:

Revisar y aprobar a la mayor brevedad un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Enjuiciamiento Penal que cumplan las leyes y normas internacionales de derechos humanos e incluyan disposiciones que prohíban expresamente los actos de tortura. La definición de tortura contenida en el Código Penal revisado deberá ser compatible con la incluida en el artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU;

Garantizar que los nuevos Código Penal y Código de Enjuiciamiento Penal excluyen disposiciones que discriminen a la mujer o a las minorías religiosas, o que penalicen la disidencia pacífica;

Llevar a cabo una revisión de todas las leyes y normas nacionales que se hayan promulgado en la última década para garantizar su plena conformidad con las leyes y normas internacionales de derechos humanos;

Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, e incorporar sus disposiciones en la legislación nacional y aplicarlas en la política y en la práctica;

Debatir, promulgar y aplicar, a la mayor brevedad, una nueva ley sobre comisiones de la verdad compatible con las leyes y normas internacionales;

Convertirse en parte en el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Impunidad:

Responder positivamente a la petición de visitar Indonesia realizada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Garantizar que la visita se efectúa a la mayor brevedad y que el Grupo de Trabajo goza de toda la cooperación de las autoridades pertinentes y de pleno acceso a ellas;

Ofrecer una reparación completa y efectiva a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental entre 1975 y 1999 de las que sea responsable.

Violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad:

Garantizar investigaciones sin dilación, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad indonesias, y garantizar que los presuntos responsables penales son juzgados en juicios justos y por un tribunal civil independiente, y que las víctimas reciben reparación;

Revisar el sistema vigente de rendición de cuentas para abordar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y crear un mecanismo independiente de presentación de quejas contra la policía que pueda recibir y abordar las quejas de la ciudadanía. Este mecanismo deberá tener capacidad para presentar sus conclusiones ante la Fiscalía.

Salud materna y derechos sexuales y reproductivos:

Revocar todas las leyes y normas, tanto en el ámbito central como en el local, que violen los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar que las mujeres y las niñas pueden gozar de estos derechos sin sufrir coacción, discriminación ni la amenaza de la criminalización;

Eliminar las disposiciones legales y políticas relativas a la salud sexual y reproductiva que discriminan en función del estado civil;

Revocar las disposiciones legales que penalizan el aborto tanto en el Código Penal como en la Ley de Salud;

En los casos de embarazo no deseado a consecuencia de una violación, o en los que peligre la vida o la salud de la mujer, garantizar que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos, tal como dispone la legislación vigente;

Pedir asistencia técnica y especializada a los Procedimientos Especiales de la ONU pertinentes para aplicar el tratado correspondiente, así como para cumplir otras obligaciones legales internacionales relativas al derecho a la salud materna, sexual y reproductiva invitando a que visite Indonesia el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Trabajadores domésticos:

Promulgar leyes específicas reguladoras de los derechos laborales de los trabajadores domésticos que reconozcan su condición de tales y garanticen sus derechos con arreglo a las leyes y normas internacionales. En concreto, debe existir una limitación razonable de las horas de trabajo, garantías de remuneración para un nivel de vida adecuado, periodos de descanso semanales y de permisos claramente definidos (permisos anuales, fiestas oficiales, permisos por enfermedad y maternidad), normas sobre la finalización del empleo y acceso a mecanismos para la resolución de conflictos, incluidos los tribunales. La ley deberá incluir expresamente disposiciones relativas a las necesidades específicas de la mujer, en concreto durante y después del embarazo.

Libertad de expresión y defensores de los derechos humanos:

Liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas o encarceladas sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y especialmente de la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias;

Revocar o modificar todas las leyes que penalicen la libertad de expresión o que se usen para penalizarla, y en concreto los artículos 106 y 110 del Código Penal, y el artículo 6 de la Normativa del Gobierno Nº. 77/2007, que prohíbe la exhibición de logotipos o banderas regionales que también utilicen las organizaciones separatistas;

Adoptar medidas efectivas para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos se investigan sin demora, efectiva e imparcialmente, y que los responsables comparecen ante la justicia en juicios justos;

Pedir asistencia técnica y especializada a los Procedimientos Especiales de la ONU pertinentes para aplicar el tratado correspondiente, así como para cumplir otras obligaciones legales internacionales relativas a la libertad de opinión y de expresión invitando a visitar Indonesia al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;

Garantizar que los observadores, las organizaciones no gubernamentales y los periodistas internacionales tienen acceso expedito y sin impedimentos a las provincias de Papúa y Papúa Occidental.

Discriminación y libertad de religión:

Revocar el Decreto Ministerial Conjunto de 2008 y todas las demás normas que restringen las actividades de la comunidad ahmadí en Indonesia o violan su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión;

Adoptar medidas efectivas para proteger a las minorías religiosas, incluidas la ahmadí y la cristiana, de los ataques y el acoso.

Pena de muerte:

Establecer inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, tal como disponen las resoluciones 62/149 de 18 de diciembre de 2007, 63/168 de 18 de diciembre de 2008 y 65/206 de 21 de diciembre de 2010 de la Asamblea General de la ONU;

Conmutar sin demora todas las condenas a muerte y garantizar el riguroso cumplimiento en todos los casos de pena capital de las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.

Corte Penal Internacional:

Adherirse sin demora al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con arreglo a los compromisos contenidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, sin formular declaraciones que puedan equivaler a reservas ocultas, y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Finlandia

Seguimiento del examen anterior:

Asignar fondos suficientes para garantizar la aplicación efectiva del Plan de Acción Nacional de prevención de la violencia contra la mujer;

Establecer una unidad de alto nivel dotada de recursos suficientes para coordinar las medidas para prevenir la violencia contra la mujer;

Garantizar que la legislación nacional protege efectivamente de todas las formas de discriminación, incluso acelerando la aprobación de proyectos de ley que se ajusten a los derechos humanos pertinentes;

Reformar los procedimientos para la determinación de casos de asilo para garantizar que ningún solicitante de asilo es expulsado del país hasta que se haga una determinación final de su solicitud, incluidas las apelaciones contra denegaciones iniciales.

Marco normativo e institucional del Estado:

Eliminar las normas sobre prescripción del delito de tortura y los crímenes de guerra, así como cualquier otro obstáculo legislativo que dificulte la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional y la detención de los presuntos responsables;

Completar el proceso de establecer una Institución Nacional de Derechos Humanos (Ihmisoikeuskeskus) y garantizar que cuenta con fondos suficientes, es independiente y cumple todos los Principios de París;

Ratificar sin dilación la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando en la ratificación las declaraciones previstas en los artículos 32 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de las víctimas, sus familiares y otros Estados) y aplicarla en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional;

Convertirse en parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Detención con fines de inmigración:

Adoptar medidas concretas para reducir el uso de la detención de solicitantes de asilo y migrantes sólo con fines de inmigración, compatibles con las leyes y normas internacionales pertinentes sobre refugiados y derechos humanos;

Acabar con todas las detenciones de menores únicamente con fines de inmigración;

Acabar con el uso de las instalaciones policiales para las detenciones con fines de inmigración;

Garantizar que las personas detenidas con fines de inmigración reciben un trato humano y compatible con las más estrictas normas internacionales de derechos humanos.

Violencia contra las mujeres:

Garantizar que las mujeres que son víctimas del tráfico de personas son reconocidas como tales y que se les proporciona protección y asistencia;

Garantizar que la violación es considerada una violación de derechos sexuales y no se clasifica en función del grado de violencia empleado o utilizado como amenaza, y facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de violación a fin de asegurar que los casos de violación son denunciados y enjuiciados por los tribunales;

Garantizar que no se emplea la mediación en casos de violencia de pareja o en el ámbito familiar. La mediación no deberá sustituir ni afectar a las actuaciones penales, al enjuiciamiento ni a la determinación de la pena;

Establecer un mecanismo de supervisión independiente para analizar sistemáticamente todas las investigaciones de violaciones que se cierran antes de llegar a juicio, e informar de las razones de dicho cierre.

Discriminación de personas transgénero e intersexuales:

Garantizar la protección efectiva de las personas transgénero e intersexuales frente a la discriminación, tanto en la ley como en la práctica;

Modificar la legislación para eliminar el requisito de esterilidad.

Entregas y detenciones secretas:

Realizar una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectiva sobre la presunta complicidad de Finlandia en los programas de entrega y detención secreta de Estados Unidos;

Garantizar que el gobierno de Finlandia rinde cuentas de todas las violaciones de derechos humanos que pudieran haberse cometido en el curso de su cooperación con los programas de entrega y detención secreta del gobierno de Estados Unidos;

Enjuiciar en juicios justos a cualquier agente estatal presuntamente cómplice de violaciones del derecho internacional penal en el contexto de la cooperación de Finlandia con los programas de entrega y detención secreta del gobierno de Estados Unidos;

Ofrecer una reparación efectiva a todas las víctimas que puedan haber sufrido violaciones de derechos humanos como consecuencia de la implicación de Finlandia en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por Estados Unidos;

Cooperar plenamente con los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre la cuestión de las detenciones secretas en el contexto de operaciones antiterroristas, lo que incluye facilitarles información pertinente sobre el asunto.�

Alternativas civiles al servicio militar:

Poner en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los presos de conciencia;

Reducir la duración del servicio civil alternativo, con arreglo a las normas y recomendaciones reconocidas internacionalmente.

Recomendaciones al gobierno de Reino Unido

Seguimiento del examen anterior:

Garantizar la aplicación completa y efectiva del Plan de Acción: Llamamiento para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, lo que incluye garantizar los recursos y fondos necesarios para su aplicación efectiva;

Establecer un observatorio independiente o un órgano de vigilancia estratégica, incluidos los expertos pertinentes, para garantizar una mayor protección de mujeres y niñas frente a la violencia;

Garantizar que todas las mujeres y las niñas que sufren violencia tienen acceso a apoyo comunitario especializado.

Mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos:

Reafirmar su compromiso con la protección de todos los derechos humanos en Reino Unido y garantizar que las normas para su protección y los medios para su aplicación previstos en la legislación nacional son objeto de avances y no de regresión;

Garantizar la protección legal de todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el acceso a remedios legales por la violación de estos derechos;

Establecer una Declaración de Derechos Fundamentales u otra ley de derechos humanos para Irlanda del Norte que se base en los derechos consagrados en la Ley de Derechos Humanos y tenga en cuenta las circunstancias concretas de Irlanda del Norte;

Abstenerse de menoscabar públicamente los derechos humanos y los tribunales que los hacen cumplir, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

Garantizar que las instituciones nacionales de derechos humanos de Reino Unido cuentan con fondos y facultades suficientes, y son independientes del gobierno;

Garantizar que la educación en derechos humanos sigue siendo un requisito legal y forma parte del currículo básico de las escuelas.

Aplicación extraterritorial de los tratados de derechos humanos:

Reconocer plenamente la aplicación extraterritorial de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en virtud de las leyes y normas internacionales y regionales;

Respetar totalmente las implicaciones de la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Al Skeini sobre la interpretación de la palabra “jurisdicción” contenida en el artículo 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tanto en relación con las cuestiones concretas abordadas en dicha sentencia como respecto de la aplicabilidad general del Convenio a los actos de sus fuerzas armadas y otros agentes estatales fuera del territorio ordinario de Reino Unido;

Reconocer la aplicación extraterritorial de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con arreglo a la jurisprudencia del Comité contra la Tortura de la ONU;

Adoptar las medidas legislativas y administrativas oportunas para garantizar que las empresas transnacionales inscritas en Reino Unido ejercen la diligencia debida para evitar cometer abusos contra los derechos humanos en otros países o contribuir a que se cometan, incluido lo recomendado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y, si se concluye que han cometido abusos contra los derechos humanos en otros países o han contribuido a que se cometan, hacer que rindan cuentas y garantizar el acceso de las víctimas a remedios legales.

Protección de los derechos humanos y medidas antiterroristas:

Garantizar que la legislación y la política antiterroristas cumplen todas las leyes y normas internacionales de derechos humanos y son sometidas a una consulta pública adecuada y oportuna;

Comprometerse a investigar a las personas presuntamente implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo y, si existen pruebas suficientes, a enjuiciarlas ante los tribunales penales ordinarios, con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, en lugar de establecer y usar procedimientos como las órdenes de control y las Medidas de Prevención e Investigación del Terrorismo que eluden y menoscaban el procedimiento ordinario de la justicia penal;

Reducir más el periodo de tiempo en que las personas presuntamente implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo pueden permanecer detenidas antes de ser acusadas formalmente;

Abandonar la política de basarse en garantías diplomáticas frente a la tortura y otros malos tratos como medio para eludir la prohibición de exponer a personas al riesgo de sufrir estas violaciones de derechos humanos mediante cualquier tipo de traslado involuntario al territorio o bajo la custodia de otro Estado.

Ausencia de rendición de cuentas:

Garantizar que las denuncias de implicación de Reino Unido en violaciones de derechos humanos se investigan de un modo efectivo, imparcial, independiente y exhaustivo, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos;

Garantizar que se hace público el informe de la Investigación sobre Personas Detenidas sobre su trabajo hasta la fecha y que está editado únicamente en lo estrictamente necesario, sujeto a una revisión independiente de cualquier afirmación de que dicha labor de expurgación es necesaria y proporcional;

Comprometerse a garantizar que la futura investigación prometida sobre las denuncias de implicación de Reino Unido en violaciones graves de derechos humanos de detenidos en otros países, en el contexto de operaciones antiterroristas, cumple estrictamente las normas internacionales de derechos humanos;

Cooperar plenamente con los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre la cuestión de las detenciones secretas en el contexto de operaciones antiterroristas, lo que incluye facilitarles información pertinente sobre el asunto;

Garantizar que las personas que afirman haber sido sometidas a violaciones de derechos humanos tienen acceso a un recurso efectivo y a una reparación, y rechazar las propuestas contenidas en el Libro Blanco de Justicia y Seguridad de restringir la revelación de material relativo a violaciones de derechos humanos.

Protección de personas migrantes y solicitantes de asilo:

Garantizar que todas las denuncias de daños causados durante la expulsión de Reino Unido son objeto de una investigación efectiva a cargo de un órgano imparcial e independiente;

Garantizar que todas las expulsiones de Reino Unido son supervisadas de forma independiente por un órgano competente e independiente que deberá acompañar, supervisar e informar de todas las fases del proceso de expulsión;

Adoptar medidas concretas para reducir el uso de la detención sólo con fines de inmigración, con arreglo a las leyes y normas internacionales pertinentes sobre refugiados y derechos humanos;

Garantizar que los trabajadores extranjeros no están sometidos a relaciones laborales de explotación y abusivas en Reino Unido.

Tratados de derechos humanos:

Adherirse sin dilación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando en la adhesión las declaraciones previstas en los artículos 32 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de víctimas, sus familiares y otros Estados) y aplicarla en la legislación nacional;

Adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional;

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Recomendaciones al gobierno de la India

Seguimiento del examen anterior:

Acelerar la aprobación de leyes nacionales para cumplir plena y efectivamente las obligaciones derivadas de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Conceder las autorizaciones necesarias para enjuiciar a los agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de desaparición forzada; revocar la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958 y promulgar legislación que penalice la desaparición forzada en la legislación nacional, conforme a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;

Firmar y ratificar los Convenios 138 y 182 de la OIT y retirar su reserva al artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, con arreglo a su compromiso de proteger a los niños de la explotación;

Implementar efectivamente la legislación existente sobre trabajo infantil, lo que incluye abordar las leyes nacionales contradictorias, y reforzar las facultades judiciales de la Comisión Nacional para la Infancia;

Elaborar un plan de acción para los derechos humanos compatible con las recomendaciones respaldadas en el anterior examen periódico universal;

Garantizar la disponibilidad de datos desglosados sobre la discriminación sistémica de dalits y adivasis, y registrar y analizar efectivamente los abusos y violaciones que sufren, garantizando que dichos abusos y violaciones son tipificados expresamente como delitos en la ley;

Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

Continuar cooperando con los Procedimientos Especiales de la ONU, y aceptar sin demora sus peticiones de visitas pendientes, concretamente las del relator especial sobre la tortura, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Normas internacionales de derechos humanos y legislación nacional:

Convertirse en parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que incluye aceptar sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;

Retirar la reserva al artículo 5.a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y modificar la Ley Especial de Matrimonio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención a fin de reconocer la igualdad en la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, tal como recomendó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer� y se recomendó a la India en su anterior EPU;

Firmar y ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT) de 1989;

Modificar la legislación nacional vigente para garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los adivasis, con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, antes de proceder con proyectos empresariales que amenacen sus derechos humanos, y garantizar que las propuestas contenidas en el Proyecto de Ley sobre Adquisición y Rehabilitación de Tierras y Reasentamiento de 2011 prohíben expresamente los desalojos forzosos;

Ratificar sin dilación la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada el 6 de febrero de 2007, formulando en la ratificación las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de víctimas, sus familiares y otros Estados) y aplicarla en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional;

Corte Penal Internacional:

Adherirse sin dilación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin formular declaraciones que pudieran representar reservas ocultas, y aplicarlo en la legislación nacional;

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional.

Implementación de las leyes que protegen a las comunidades marginadas:

Garantizar que la legislación federal sobre protección de las comunidades marginadas, como la Ley de Tribus Clasificadas y Otros Habitantes Tradicionales de las Zonas Forestales (Reconocimiento de los Derechos Forestales) de 2006 se aplica efectivamente en el ámbito estatal.

Obstáculos para el acceso a la justicia:

Enjuiciar a los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos de las minorías religiosas en Gujarat y de las violaciones y abusos contra los adivasis en Chhattisgarh, y facilitar a las víctimas acceso a la justicia y una reparación completa;

Abordar los motivos de preocupación sobre la independencia política de los mecanismos para la investigación de violaciones de derechos humanos, y garantizar que estos mecanismos son políticamente independientes;

Garantizar la investigación sin demora, independiente e imparcial de las denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y en la actualidad, y enjuiciar a los presuntos responsables en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.

Órganos creados por ley para la protección de los derechos humanos:

Modificar las leyes vigentes para proporcionar a las comisiones de derechos humanos de ámbito nacional y estatal plena independencia, mandatos más amplios, mayor autoridad y recursos adecuados para proteger efectivamente los derechos humanos, con arreglo a los Principios de París.

Rendición de cuentas de las empresas:

Investigar los abusos que sufren las comunidades locales a causa de proyectos de empresas y adoptar medidas concretas para prevenir tales abusos;

Garantizar que los proyectos de empresas en curso y propuestos no menoscaban los derechos humanos de las comunidades marginadas a la salud, al agua y a un medio ambiente saludable;

Respetar el derecho de las comunidades adivasis afectadas por proyectos de desarrollo de empresas al consentimiento libre, previo e informado.

Jammu y Cachemira:

Garantizar que las autoridades de Jammu y Cachemira revocan la Ley de Seguridad Pública de 1978 para poner fin a la práctica de la detención administrativa y ponen en libertad a todos los detenidos salvo que sean acusados formalmente de un delito reconocible en virtud de la legislación penal ordinaria del estado;

Garantizar que, con arreglo a las leyes nacionales e internacionales, las autoridades de Jammu y Cachemira elevan a 18 años el límite de edad de los detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Pública y reducen el periodo máximo de detención permitido en la Ley;

Garantizar que las autoridades de Jammu y Cachemira ponen en práctica la recomendación de la comisión estatal de derechos humanos de identificar los cuerpos hallados en fosas comunes en el norte de Cachemira.

Defensores y defensoras de los derechos humanos:

Garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos pueden realizar sus actividades legítimas y pacíficas sin temor de sufrir acoso ni intimidación.

Pena de muerte:

Establecer inmediatamente una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, tal como disponen las resoluciones 62/149 de 18 de diciembre de 2007, 63/168 de 18 de diciembre de 2008 y 65/206 de 21 de diciembre de 2010 de la Asamblea General de la ONU;

Conmutar sin demora todas las condenas a muerte y garantizar el riguroso cumplimiento en todos los casos de pena capital de las normas internacionales sobre imparcialidad procesal;

Ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Recomendaciones al gobierno de Brasil

Seguimiento del examen anterior:

Garantizar que las autoridades federales y estatales trabajan más efectivamente en la producción de datos, estadísticas e informes periódicos de derechos humanos que permitan crear y evaluar mejor las políticas y la legislación;

Aprobar legislación para confirmar el estatuto oficial del Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos;

Adoptar medidas para mejorar las condiciones de reclusión, con arreglo al compromiso contraído por Brasil durante el examen periódico universal anterior.

Delitos cometidos en el pasado:

Asegurarse de que la Comisión de la Verdad tiene un mandato adecuado, es independiente y cuenta con recursos para garantizar que las víctimas de violaciones cometidas por el régimen militar de 1964-1985 tienen pleno acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación;

Cumplir en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Julia Gomes Lund y Otros, especialmente en relación con la ley 6.683/79 (Ley de Amnistía), para permitir el enjuiciamiento de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, y garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional y sus familias tienen pleno acceso a la justicia;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional;

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo:

Completar los esfuerzos para crear mecanismos preventivos nacionales y estatales, de modo que todos los estados creen e implementen la legislación necesaria para este proceso y garanticen que todos estos mecanismos funcionan con arreglo a los Principios de París y son financiados total e independientemente para ser efectivos;

Presentar su segundo informe periódico ante el Comité contra la Tortura, consciente de que el informe inicial se presentó hace 11 años;

Acceder a la publicación del informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura, redactado tras su visita a Brasil de septiembre de 2011.

Seguridad pública:

Aprobar leyes que hagan que el registro y la investigación de todos los homicidios cometidos por la policía sean compatibles con las leyes y normas internacionales de derechos humanos; poner fin a la calificación de “actos de resistencia” de los homicidios policiales en la legislación nacional; garantizar que todos los lugares donde se han cometido delitos se salvaguardan adecuadamente y que los equipos forenses son independientes de la policía; y crear un registro nacional para asegurar una supervisión nacional efectiva;

Investigar y enjuiciar la delincuencia existente en el seno de la policía, y aprobar la legislación pendiente para permitir la federalización de las investigaciones sobre las actividades de las milicias y los escuadrones de la muerte, así como la clasificación de estos grupos como grupos delictivos;

Asegurar la protección de quienes participan en la denuncia, investigación y enjuiciamiento de la delincuencia policial, y realizar investigaciones exhaustivas sobre los homicidios y amenazas contra quienes llevan a cabo estas investigaciones.

Pueblos indígenas:

Garantizar que los pueblos indígenas pueden defender su derecho constitucional a las tierras ancestrales sin sufrir discriminación, privación, amenazas, ataques ni homicidios;

Implementar todos los requisitos establecidos en la Constitución de 1988 para demarcar y ratificar las tierras indígenas;

Establecer mecanismos y procedimientos, en consulta con los pueblos indígenas y compatibles con las normas internacionales de derechos humanos, para garantizar el derecho de estos pueblos al consentimiento libre, previo e informado antes de que se inicien proyectos que puedan afectar a sus derechos;

Cumplir las promesas que hizo Brasil al ser elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de acatar y reforzar el sistema interamericano de derechos humanos.

Acceso a la tierra y a la vivienda:

Proteger los derechos de las personas y comunidades que luchan por el acceso a la tierra y la seguridad de tenencia en las zonas rurales, garantizar que todas las personas tienen una seguridad de tenencia mínima y protegerlas de los desalojos forzosos, la intimidación, las amenazas y los homicidios;

Cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Constitución brasileña y la legislación nacional, lo que incluye dar a los residentes información completa y oportuna sobre las propuestas del gobierno que les afectan; entablar una negociación real con la comunidad afectada para explorar todas las alternativas al desalojo; y conceder a todas las personas afectadas una indemnización por las pérdidas y una vivienda alternativa adecuada que cumpla las normas internacionales para aquellas que no puedan procurársela por sí mismas.

Salud materna:

Implementar en su totalidad la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el caso Alyne Da Silva Pimentel (comunicación Nº. 17/2008) para garantizar el derecho de la mujer a una maternidad sin riesgos y al acceso asequible a la atención obstétrica de urgencia.

Tratados de derechos humanos:

Convertirse en parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Corte Penal Internacional:

Cumplir, mediante la legislación nacional, sus obligaciones contraídas en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cooperar sin dilación y plenamente con la Corte, e investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de un modo efectivo en sus tribunales nacionales.

Recomendaciones al gobierno de Filipinas

Marco normativo e institucional del Estado:

Revocar la orden ejecutiva nº 546 sobre apoyo de la policía al ejército en las operaciones de contrainsurgencia;

Garantizar que la Ley sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Proyecto de Ley del Senado 2817) y la Ley sobre Salud Reproductiva (Proyecto de Ley del Senado 286) se promulgan e implementan sin demora;

Desarrollar e implementar inmediatamente un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos;

Convertirse en parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas:

Proporcionar recursos suficientes a ciertos órganos, concretamente a la Policía Nacional de Filipinas y a la Oficina Nacional de Investigación, para garantizar que las denuncias de homicidios ilegítimos y de desapariciones forzadas por motivos políticos se investigan sin dilación y de forma independiente, imparcial y efectiva. Los casos de violaciones de derechos humanos deberán ser juzgados por tribunales civiles en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre imparcialidad procesal;

Proporcionar recursos suficientes al Departamento de Justicia, concretamente a los fiscales, para garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos se enjuician enérgicamente;

Adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando en la adhesión las declaraciones previstas en los artículos 32 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de víctimas, sus familiares y otros Estados), y promulgar leyes nacionales que penalicen la desaparición forzada, tal como se define en dicha Convención;

Tortura y otros malos tratos:

Implementar las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura en 2009, lo que incluye adoptar medidas inmediatas para prevenir los actos de tortura y malos tratos, anunciar una política de erradicación total de la tortura y los malos tratos a manos de funcionarios del Estado, y garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos se investigan sin dilación, efectiva e imparcialmente, y que los perpetradores comparecen ante la justicia;

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y establecer un mecanismo de prevención nacional independiente, profesional y dotado de recursos.

Milicias y grupos armados privados:

Garantizar que las fuerzas armadas ejercen pleno control sobre todas las milicias auspiciadas por el Estado y que el Departamento de Defensa Nacional define el propósito, la cadena de mando y los mecanismos de rendición de cuentas de dichas milicias; o desarmarlas y disolverlas;

Desarmar y disolver los ejércitos privados;

Hacer públicas las conclusiones de la Comisión Independiente contra los Ejércitos Privados y adoptar medidas resueltas para penalizar a los funcionarios estatales que sigan usando este tipo de ejércitos.

Protección de testigos:

Establecer un programa especializado, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos, para la protección de testigos y víctimas, y dotarlo de recursos. El programa incluirá a las familias de las víctimas en casos de violaciones graves de derechos humanos, especialmente cuando los presuntos perpetradores sean soldados, policías o funcionarios estatales.

Salud materna y derechos sexuales y reproductivos:

Garantizar la inclusión en el currículo escolar nacional de un programa global de educación en salud reproductiva. Se deberán elaborar materiales adecuados a la edad para que los adolescentes, con independencia de su nivel de educación o estado civil, tengan pleno acceso a información sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva, incluidas las relativas a la prevención de embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual;

Eliminar las barreras al acceso a servicios de salud y garantizar el reparto equitativo de centros, servicios y recursos sanitarios, incluidos los servicios de anticoncepción sin riesgos y otros servicios e información sobre salud reproductiva.

Corte Penal Internacional:

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

Cumplir, mediante la legislación nacional, sus obligaciones contraídas en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cooperar sin dilación y plenamente con la Corte, e investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de un modo efectivo en sus tribunales nacionales.

Recomendaciones al gobierno de Polonia

Seguimiento del examen anterior:

Garantizar que la oficina del Defensor del Pueblo cuenta con fondos necesarios para cumplir sus funciones, incluidas la asistencia a las víctimas de discriminación que formulen quejas, y la realización de investigaciones independientes y la formulación de recomendaciones sobre el tema de la igualdad de trato;

Ratificar e implementar el Protocolo núm. 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos;

Implementar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes respecto de las condiciones penitenciarias, y en concreto la disposición de garantizar un mínimo de 4 metros cuadrados por recluso en las celdas colectivas.

Papel de Polonia en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por Estados Unidos:

Garantizar que la investigación sobre las denuncias de complicidad de Polonia en las entregas y las detenciones secretas prosigue con toda la transparencia posible y con arreglo a las obligaciones legales internacionales de Polonia. Toda persona que sea hallada responsable de crímenes de derecho internacional deberá responder ante la justicia en unas actuaciones imparciales;

Cooperar plenamente con los Procedimientos Especiales de la ONU sobre la cuestión de las detenciones secretas en el contexto de operaciones antiterroristas, lo que incluye facilitarles información pertinente sobre el asunto.

Uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hace cumplir la ley:

Garantizar que el proyecto de ley sobre medidas coercitivas cumple los requisitos establecidos en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y concretamente la obligación de hacer una advertencia previa al uso de armas de fuego.

Racismo:

Adoptar medidas para prevenir incidentes racistas y crímenes de odio, y garantizar que se reúnen datos sobre estos crímenes;

Garantizar que los crímenes de motivación racial y otros crímenes de odio son objeto de una investigación rápida, independiente, imparcial y adecuada; que sus responsables comparecen ante la justicia en actuaciones imparciales; y que se ofrece a las víctimas un remedio efectivo, incluida una reparación;

Garantizar que todos los agentes de policía y fiscales reciben formación sobre la naturaleza de los crímenes de odio y la función de la policía en la lucha contra estos crímenes.

Derechos reproductivos y acceso al aborto:

Garantizar que las mujeres tienen acceso al aborto mediante la elaboración de un reglamento claro y legalmente vinculante para la aplicación de la Ley de Planificación Familiar de 1993;

Revocar las disposiciones del Código Penal relativas a los médicos, concretamente los párrafos 1 y 2 del artículo 152, que penalizan la realización de abortos o el auxilio en su realización, que incumplen lo dispuesto en la Ley de Planificación Familiar de 1993;

Garantizar el acceso a un remedio legal y a la revisión oportuna de las apelaciones contra la denegación de un aborto terapéutico cuando lo establece la ley.

Tratados de derechos humanos:

Adherirse sin dilación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando en la adhesión las declaraciones previstas en los artículos 32 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de víctimas, sus familiares y otros Estados), y aplicarla en la legislación nacional;

Convertirse en parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Recomendaciones al gobierno de Países Bajos

Normas internacionales y regionales de derechos humanos:

Establecer un mecanismo preventivo nacional con arreglo a las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, dotado de recursos suficientes y de un mandato compatible con dicho Protocolo Facultativo;

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo;

Facilitar informes únicos combinados sobre todas las entidades del Reino de los Países Bajos a los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos de la ONU;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional;

Marco nacional de derechos humanos:

Establecer un plan de acción nacional de derechos humanos;

Garantizar consultas efectivas y periódicas entre la sociedad civil y el gobierno sobre motivos de preocupación actuales y estructurales en materia de derechos humanos en Países Bajos;

Garantizar la implementación de las recomendaciones formuladas por todos los órganos de derechos humanos de la ONU, incluidos los órganos de vigilancia de los tratados.

Educación en derechos humanos:

Cumplir la obligación del Estado de proporcionar educación en derechos humanos a todo el alumnado de las escuelas.

Institución nacional de derechos humanos:

Garantizar que la institución nacional de derechos humanos es accesible a todas las personas en el Reino de los Países Bajos, incluidas todas las partes de los territorios de ultramar.

Protección de personas migrantes y solicitantes de asilo:

Garantizar que todas las denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza se investigan de forma independiente, efectiva y exhaustiva, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, y que el resultado de la investigación se hace público;

Revisar su legislación y sus procedimientos para la concesión de asilo para garantizar que todos los solicitantes de asilo, incluidos aquellos cuyas solicitudes se evalúan en aplicación del procedimiento acelerado, reciben una determinación individualizada, completa y justa de su solicitud;

Adoptar medidas concretas para reducir el uso de la detención sólo con fines de inmigración, con arreglo a las leyes y normas internacionales sobre refugiados y derechos humanos;

Evaluar alternativas individuales a la detención y aplicarlas siempre que sea posible;

Introducir disposiciones creadas por ley en la legislación, la política y la práctica para prevenir la detención de personas pertenecientes a grupos vulnerables;

Dar a las personas detenidas con fines de inmigración un trato humano y compatible con las más estrictas normas internacionales de derechos humanos.

No discriminación:

Desarrollar un plan de acción nacional para combatir la discriminación;

Abordar los motivos de preocupación relativos a la discriminación por el gobierno, como el uso de criterios étnicos, con el fin de respetar el principio de la no discriminación;

Retirar los proyectos de ley destinados a introducir la prohibición total del uso en público de velos que ocultan todo el rostro;

Modificar la Ley General Neerlandesa sobre Igualdad de Trato para garantizar el cumplimiento de las normas regionales e internacionales sobre no discriminación.

Criminalización de la entrada y la estancia irregulares:

Abstenerse de criminalizar la entrada y la estancia irregulares de modo que los migrantes irregulares puedan ser más vulnerables a los abusos contra los derechos humanos.

Recomendaciones al gobierno de Sudáfrica

VIH/sida, pobreza, derechos de la mujer y derecho a la salud:

Eliminar las barreras discriminatorias al acceso a la prevención, el tratamiento y los cuidados para personas con VIH;

Garantizar que todos los departamentos del gobierno, incluido el Departamento de Transporte, participan en el desarrollo y la implementación de planes para reducir las barreras físicas y económicas para acceder a servicios de salud relacionados con el VIH en las zonas rurales;

Facilitar la recogida de datos, desglosados por género y por grupos que se ha determinado que sufren discriminación, para contribuir a la identificación de factores discriminatorios que afectan a la capacidad de las personas para acceder al tratamiento y seguir recibiéndolo;

Garantizar que el trabajo de los cuidadores domiciliarios de las comunidades, que ayudan a las personas más marginadas en las zonas rurales, se reconoce y refuerza mediante la formación, el fomento de la capacidad, la gestión de riesgos y su vinculación al sistema formal de salud;

Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, permitiendo el derecho a presentar peticiones individuales y aceptando sus procedimientos de investigación y comunicaciones entre Estados previstos en dicho Protocolo.

Discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género:

Denunciar inequívocamente los crímenes de violencia cometidos contra miembros de la comunidad LGBT como una violación de su derecho a la igualdad y de otros derechos;

Garantizar recursos suficientes para llevar a cabo campañas globales de concienciación pública sobre la homofobia y sobre los derechos de lesbianas, gays y personas bisexuales y transgénero a la igualdad, a la no discriminación y a no sufrir torturas ni tratos inhumanos o degradantes;

Desarrollar rápidamente la capacidad de supervisión y la legislación que mejore la prevención, investigación y enjuiciamiento de los crímenes de violencia contra personas basados en su orientación sexual o identidad de género;

Garantizar que la policía y la fiscalía tienen formación suficiente para investigar y enjuiciar crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes, y xenofobia:

Cumplir sus obligaciones legales internacionales, regionales y nacionales de proteger los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, incluido el derecho a la seguridad de la persona y a la protección del Estado frente a la violencia o las lesiones a manos de agentes estatales o no estatales, sin distinción respecto de su origen nacional;

Garantizar, en colaboración con la sociedad civil, la implementación de leyes, planes y directivas que aumenten la prevención, investigación y enjuiciamiento de la destrucción de bienes de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y de los crímenes de violencia contra ellas;

Reconsiderar con carácter urgente los planes de clausurar la mayoría de las oficinas de recepción de refugiados, lo que reducirá sustancialmente el acceso a los trámites para la determinación de casos de asilo en Sudáfrica;

Garantizar que ninguna medida, directa o indirecta, causa la violación del principio de la no devolución, incluido respecto de los ciudadanos zimbabuenses.

Tortura y ejecuciones extrajudiciales:

Avanzar con rapidez hacia la presentación ante el Parlamento en 2012 de un proyecto de ley general sobre la penalización de la tortura y garantizar su implementación una vez sancionado como ley;

Adoptar todas las medidas necesarias para ratificar en 2012 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Garantizar que los investigadores que trabajan sobre presuntos incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales y abusos relacionados pueden realizar su labor sin intimidación y contando con toda la cooperación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;

Denunciar pública e inequívocamente los actos de tortura y las ejecuciones extrajudiciales como violaciones de derechos humanos injustificables en cualquier circunstancia.

Amenazas y acoso contra defensores y defensoras de derechos humanos, y violaciones de la libertad de expresión:

Garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con el espacio necesario para realizar su labor no violenta de promoción, campañas, elaboración de informes e investigación sin temor al acoso, las amenazas, las redadas, las detenciones arbitrarias o la criminalización de sus actividades;

Reconsiderar con carácter urgente el Proyecto de Ley de Protección de la Información del Estado y tener en cuenta los resultados de una consulta pública más amplia sobre su finalidad y contenido.

Tratados de derechos humanos:

Adherirse sin dilación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando en la adhesión las declaraciones previstas en los artículos 32 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de víctimas, sus familiares y otros Estados), y aplicarla en la legislación nacional;

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional;

Corte Penal Internacional

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional.

� Recomendación general Nº 21 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (13º periodo de sesiones, 1994) disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom21 (consultada el 25 de noviembre de 2011).

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