Document - International Criminal Court: Fact sheet 10: State cooperation with the ICC

Índice AI : IOR 40/10/00/s


AMNISTÍA INTERNACIONAL

Corte Penal Internacional

Folleto 10

Cooperación de los Estados con la Corte


Una corte penal internacional basada en un tratado dependerá, en la práctica, de la cooperación efectiva de los Estados para su debido funcionamiento, al igual que los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda.


Louise Arbour, fiscal de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Declaración ante el Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, 8 de diciembre de 1997.


Aparte de sus limitadas atribuciones para investigar en el caso excepcional de que el sistema de justicia penal de un Estado esté destruido, la Corte Penal Internacional, a diferencia de los tribunales nacionales, no está facultada para hacer cumplir sus decisiones directamente. No puede ejecutar órdenes de detención, registrar viviendas o edificios ni obligar a los testigos a comparecer en el juicio. Para estas actuaciones, depende de las autoridades nacionales, a menos que los Estados consientan en que se encargue de ellas. Por consiguiente, es esencial para la eficacia de la Corte que los países que hayan ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es decir, los Estados Partes, cooperen plenamente con ella desde que se inicia la investigación hasta que se ejecuta la pena.


¿Tienen los Estados Partes la obligación básica de cooperar con la Corte?


Al ratificar el Estatuto de Roma, cada Estado Parte se compromete, en virtud del artículo 86, a cooperar plenamente con la Corte en las investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de su competencia. La Corte puede formular solicitudes de cooperación a cualquiera de ellos.


¿Pueden los Estados Partes utilizar procedimientos nacionales de cooperación ya existentes con otros Estados?


En virtud del artículo 88 del Estatuto, los Estados Partes se comprometen a asegurarse de que «en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación» especificadas en la parte IX del Estatuto, en la que se exponen detenidamente las obligaciones de los Estados con respecto a la cooperación con la Corte. Este compromiso supone que cada Estado Parte debe eliminar los aspectos de los procedimientos nacionales que sean un obstáculo para la cooperación con la Corte y asegurarse de que su derecho interno obliga a sus tribunales y demás autoridades a atender completamente las solicitudes de cooperación de la Corte.


¿Están obligados a cooperar con la Corte los Estados que no son partes en el Estatuto?


No hay una disposición general expresa en el Estatuto que obligue a los Estados que no sean partes en él a cooperar con la Corte. No obstante, el artículo 87.5 autoriza a ésta a invitar a cualquier Estado que no haya ratificado el Estatuto a prestar asistencia en virtud de un acuerdo especial. Si un Estado firma tal acuerdo, está obligado a atender las solicitudes de asistencia. Asimismo, si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite a la Corte una situación que amenace la paz y la seguridad internacionales, puede ejercer las atribuciones que le confiere el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para hacer que los Estados que no sean partes en el Estatuto atiendan las solicitudes de asistencia de la Corte.


¿Qué asistencia han accedido los Estados Partes a prestar durante las investigaciones o enjuiciamientos?


Los Estados Partes acceden, en virtud del artículo 93, a prestar a la Corte una amplia variedad de formas de asistencia durante las investigaciones y enjuiciamientos, entre ellas identificar y buscar testigos y objetos, practicar pruebas, interrogar a personas objeto de investigación o enjuiciamiento, notificar documentos judiciales, facilitar la comparecencia voluntaria de testigos, realizar inspecciones oculares y exhumaciones de cadáveres, practicar allanamientos y decomisos, transmitir documentos, proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas. Asimismo, se comprometen a identificar, determinar el paradero y congelar haberes e instrumentos del crimen, como armas o vehículos, con miras a su decomiso, particularmente en beneficio de las víctimas. Además, los Estados Partes aceptan prestar cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por su derecho interno. Para aumentar la eficacia de la Corte, deben eliminar tales restricciones.


¿Qué deben hacer los Estados Partes cuando reciban una solicitud de detención y entrega?


El artículo 59.1 dispone que los Estados Partes cumplirán de inmediato toda solicitud de detención y entrega formulada por la Corte contra un acusado que se encuentre en su territorio. La Corte debe ayudar a los Estados a localizar al acusado incluyendo en su solicitud la orden de detención, información que permita identificarlo y los documentos necesarios para cumplir los requisitos nacionales del proceso de entrega del país en cuestión. En virtud de los párrafos 2 y 7 del artículo 59, los tribunales nacionales debe garantizar que se respetan los derechos del acusado y entregar a éste tan pronto como sea posible.


¿Qué ocurre si el derecho interno de un país prohíbe la extradición de ciudadanos de ese país?


Tales prohibiciones nacionales no tienen validez para la Corte. Como especifica claramente el artículo 102, la entrega de un acusado a la Corte, institución internacional establecida por los propios Estados Partes, es un procedimiento judicial completamente distinto de la extradiciónde una persona de un Estado a otro. En cualquier caso, los Estados Partes han aceptado, en virtud el artículo 86, cooperar plenamente con la Corte, lo cual incluye atender las solicitudes de entrega.


¿Qué otras formas de cooperación están los Estados Partes obligados a prestar?

De conformidad con el artículo 75.5, los Estados Partes harán efectivas las concesiones de reparación a las víctimas que decida la Corte. Asimismo, en virtud del artículo 70.4, aceptan incluir en su derecho penal el perjurio, las amenazas a testigos y otros delitos contra la administración de justicia y, a solicitud de la Corte, someter los asuntos relacionados con estos delitos a la consideración de sus fiscales.


¿Dónde cumplirán la pena las personas condenadas por la Corte?


La Corte no tiene prisiones. Por consiguiente, las penas se cumplirán en centros penitenciarios ofrecidos voluntariamente por los Estados Partes, con la condición de que sean compatibles con lo dispuesto en las normas internacionales que regulan el trato que se ha de dispensar a los presos. Los Estados no podrán revisar ni modificar las penas. Todos los Estados Partes deben ofrecer sus centros penitenciarios a la Corte a fin de poder repartir la carga, por pequeña que sea.


¿Se puede aplazar o rechazar una solicitud si el derecho interno es inadecuado?


Los Estados Partes no pueden aplazar el cumplimento de las solicitudes de asistencia ni negarse a atenderlas por no tener procedimientos nacionales adecuados. Por consiguiente, antes de que el Estatuto entre en vigor, deben asegurarse de que su legislación nacional incluye los procedimientos necesarios para cooperar con la Corte.


¿Qué ocurre si se ha iniciado una investigación o un enjuiciamiento en un Estado o se ha impugnado la admisibilidad de la causa?


El artículo 94 permite a los Estados Partes aplazar el cumplimiento de una solicitud si interfiere con una investigación o un enjuiciamiento ya iniciados, pero durante un tiempo acordado con la Corte y no más de lo necesario. Asimismo, el artículo 95 dispone que, en caso de impugnación de la admisibilidad de las causa, los Estados pueden aplazar el cumplimiento de una solicitud hasta que se tome una decisión sobre la impugnación, a menos que la Corte decida otra cosa.


¿Qué ocurre si un Estado piensa que el cumplimento de una solicitud perjudica su seguridad interna?

El artículo 72 permite a los Estados Partes rechazar, en circunstancias muy estrictas, las solicitudes de divulgación de información o documentos que afecten a los intereses de su seguridad nacional. No obstante, el Estado que decida hacerlo debe consultar con la Corte para ver si hay otra forma de proporcionar la información o los documentos, como por medio de vistas a puerta cerrada o ex parte (en presencia únicamente del Estado en cuestión). Si insiste en rechazar la solicitudy la Corte considera que las pruebas son pertinentes y necesarias para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y que el Estado no está cumpliendo las obligaciones que le impone el Estatuto, la Corte puede, con arreglo al artículo 87.7, remitir el asunto, como en cualquier otro caso de negativa a cooperar, a la Asamblea de los Estados Partes, o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si se trata de una situación remitida por él, para que tomen las medidas oportunas.

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