Document - The International Criminal Court: Fact sheet 2 - The case for ratification

Índice AI: IOR 40/03/00/s

AMNISTÍA INTERNACIONAL


Corte Penal Internacional

Folleto 2

Razones para la ratificación

Les insto a ustedes y a los miembros de los demás parlamentos del mundo a acelerar el proceso de ratificación del Estatuto de Roma. No debemos perder impulso en la realización de este extraordinario logro lo antes posible.


Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas. Discurso pronunciado ante el Parlamento sueco el 28 de mayo de 1999.


Desde los juicios de Nuremberg y Tokio hace más de medio siglo, los Estados apenas han hecho comparecer ante la justicia a los autores de los millones de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se han cometido. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ayudará a resolver este problema pues dispone el establecimiento de un tribunal penal internacional permanente para juzgar a los autores de tales crímenes y conceder una reparación a las víctimas cuando los Estados no quieran o no puedan hacerlo. El éxito de la Corte Penal Internacional dependerá en gran medida de lo amplia que sea la ratificación del Estatuto.


¿Por qué no se pueden celebrar los juicios en los tribunales de los países donde se han cometido los crímenes?


Por regla general, los juicios deben celebrarse allí donde se hayan cometido los crímenes, con la condición de que no estén amañados, no sean injustos y no se pueda imponer en ellos la pena de muerte. En muchos casos habrá más probabilidades de que sean eficaces y tengan gran impacto si se celebran en un lugar donde estén gran parte de las pruebas y vivan el acusado y casi todas las víctimas y los testigos, y donde la mayoría de los participantes conozcan el sistema jurídico y el idioma.


No obstante, en muchos otros casos resultará imposible celebrar juicios que cumplan estás normas en los países donde se han cometido los crímenes. Puede ocurrir que no exista una legislación por la que se considere delito el acto cometido o que el sistema judicial sea inoperante. Cabe también la posibilidad de que el país en cuestión no tenga medios para celebrar los juicios o para proteger al acusado, las víctimas, los testigos y las demás personas relacionadas con los procedimientos. Asimismo, los fiscales pueden no contar con la voluntad política necesaria para iniciar investigaciones. El poder ejecutivo, implicado quizá en los crímenes, podría impedirles iniciar investigaciones o procesamientos aplicando amnistías, indultos y otras medidas similares de impunidad.


¿Se puede ejercer la jurisdicción universal, como en el caso Pinochet?


Los tribunales de todos los Estados están autorizados y, como se reconoce cada vez más, obligados por el derecho internacional a juzgar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cualquiera que sea el lugar donde los hayan cometido. El hecho de que los tribunales nacionales puedan ejercer esta jurisdicción universal resultará sumamente útil si el presunto autor de los crímenes visita sus países o pide refugio en ellos, o si el Estado donde ha cometido los crímenes lo extradita. La jurisdicción universal contribuirá también a llenar un hueco existente en el Estatuto al permitir que sean juzgados los autores de crímenes cometidos en el territorio de países que no hayan ratificado el Estatuto. No obstante, es probable que en un futuro inmediato el número de tales casos sigua siendo limitado.


¿Por qué no se establecen simplemente tribunales penales internacionales especiales cuando sea necesario?


Durante el más de medio siglo transcurrido desde los juicios de Nuremberg y Tokio, el Consejo de Seguridad de la ONU ha establecido sólo dos tribunales penales internacionales especiales, uno para la ex Yugoslavia, en 1993, y otro para Ruanda, en 1994. Aunque estos dos tribunales son cada vez más eficaces y se ha detenido a la mayoría de las personas contra las que han dictado públicamente acta de acusación y cuya causa se estaba todavía viendo, limitan su actividad a los crímenes cometidos en dos regiones específicas y en dos épocas concretas. Desde 1993, el Consejo de Seguridad no ha establecido tribunales especiales similares para otras situaciones graves, como las de Camboya, Chechenia, Timor Oriental, Guatemala, Irak, Liberia, Sierra Leona y Somalia. Esta renuencia se debe en parte al coste del establecimiento de nuevas instituciones, pero también a la falta de voluntad política.


¿Qué ventaja tiene entonces contar con una corte penal internacional permanente?

La Corte Penal Internacional podrá actuar cuando los tribunales de los países donde se hayan cometido los crímenes o de los que sean ciudadanos los presuntos autores no puedan o no quieran hacerlo. Puesto que el Fiscal puede, con sujeción a aprobación judicial, iniciar una investigación basándose en información de cualquier fuente, incluidas las víctimas, sus familias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas y los Estados, no depende de la remisión de situaciones por el Consejo de Seguridad. Asimismo, la Corte podrá hablar en nombre de la totalidad de la comunidad internacional con más fuerza que un tribunal nacional. Casi dos tercios de los Estados Miembros de la ONU votaron en favor de la aprobación del Estatuto de Roma en 1998 y es probable que muchos otros lo ratifiquen en el futuro.


¿Por qué merece la pena el desembolso que supone la Corte?

Aunque el presupuesto anual de la Corte podría acabar siendo de 100 millones de dólares estadounidenses, este desembolso sería pequeño en comparación con las sumas que gastan ahora los Estados en investigaciones y enjuiciamientos por crímenes ordinarios en todo el mundo. Además, si la Corte sirve para disuadir de cometer delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, permitirá ahorrar y, por consiguiente, compensará con creces lo que se gaste en ella.


¿Qué salvaguardias hay contra el inicio de investigaciones y enjuiciamientos por motivos políticos?

El Estatuto tiene muchas salvaguardias para garantizar que sólo se llevan a cabo investigaciones y enjuiciamientos en bien de la justicia, no por política. Aunque el Consejo de Seguridad y los Estados pueden remitir situaciones al Fiscal de la Corte, será este quien decida si solicitar autorización para abrir una investigación. Además, el Fiscal no dependerá de la remisión de una situación por el Consejo de Seguridad o los Estados, sino que podrá abrir una investigación basándose en información de cualquier fuente. El Fiscal ha de ser una persona de alta consideración moral y de gran competencia y experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la substanciación de causas penales. Asimismo es necesario que actúe con independencia. Debe solicitar autorización a la Sala de Primera Instancia para abrir investigaciones y para iniciar enjuiciamientos, y esa solicitud puede ser impugnada por los Estados.


Publicación del Proyecto de Justicia Internacional


PALABRAS CLAVE: CPI1 / TRIBUNALES INTERNACIONALES / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / IMPUNIDAD


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