Document - International Law Commission: The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)





  1. comisión de derecho internacional

  2. la obligación de extraditar o juzgar (AUT DEDERE AUT JUDICARE)











Traducción al español :

Editorial Amnistía Internacional (EDAI)

Valderribas, 13

28007 Madrid

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Publicado originalmente en inglés en 2009 por

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Índice AI: IOR 40/001/2009


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Índice

INTRODUCción 6

I. La obligación AUT DEDERE AUT JUDICARE 8

A. Definición y diferencia con la jurisdicción universal 8

B. La obligación aut dedere aut judicare en el derecho convencional: una alternativa dual que evoluciona hacia una opción triple 10

C. Legislación promulgada en materia penal, incluida la obligación de extraditar o juzgar 11

D. LEgislación promulgada y en proyecto sobre cuestiones penales, incluida una tercera alternativa 18

II. COMentarios e información enviados por los gobiernos a la CDI 22

III. JURISPRUDENCia de tribunales nacionales e internacionales y de órganos de vigilancia de los tratados de la onu 24

IV. CONCLUSIONeS 29

V. RECOMendaciones 30

ANEXOs - Claves para los tratados 31

Selección de tratados Internacionales 31

Selección de tratados regionales – organización de los estados americanos 32

Selección de tratados regionales – consejo de europa 33

Selección de tratados regionales – unión africana 33

ANEXO I. Disposiciones sobre LA OBLIGACIÓN AUT DEDERE AUT JUDICARE 34

A. internacionales 34

B. RegionalES: OrganizaCIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (Oea) 47

C. RegionalES: CoNSEJO DE eUROPA 51

D. Regionales: Unión africana 53

ANEXo II. RESERVAS Y declaraciones a los tratados sobre LA OBLIGACIÓN AUT DEDERE AUT JUDICARE 56

ANeXo III. Tablas sobre firmas y ratificaciones de tratados 57

A. Ratificaciones y firmas de tratados internacionales con disposiciones sobre jurisdicción universal y aut dedere aut judicare 58

B. RatificaCIÓN Y FIRMA DE TRATADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CON DISPOSICIONES SOBRE JURISDICCIÓN universal Y aut dedere aut judicare 81

C. RatificaCIÓN Y FIRMA DE TRATADOS DEL consejo de europa CON DISPOSICIONES SOBRE JURISDICCIÓN universal Y aut dedere aut judicare 83

D. RatificaCIÓN Y FIRMA DE TRATADOS DE La unión africana CON DISPOSICIONES SOBRE JURISDICCIÓN universal Y aut dedere aut judicare 85



COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL: LA OBLIGACIÓN DE EXTRADITAR O JUZGAR (AUT DEDERE AUT JUDICARE)

[El principio de extraditar o juzgar] no puede ser considerado de manera unívoca, sino que su eventual carácter consuetudinario podrá quedar probado en mayor o menor medida según cuál sea la naturaleza de los delitos de que se trate. Desde esta perspectiva, creemos en la virtual conformación de una opinio iuris en torno a la aplicación del principio para el juzgamiento de los crímenes más graves contra la humanidad y, más específicamente, del genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Lo mismo puede decirse respecto de los crímenes de guerra

Discurso de Argentina ante la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU, 2007, disponible en:http://www.un.int/argentina/espanol/discursos/miscelaneos/Sexta/Sexta2007.htm



INTRODUCción

El presente informe es el primero de una serie de documentos concebidos con objeto de informar sobre el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en cuestiones de derechos humanos a quienes pueda interesar este tema. La CDI es un órgano subsidiario de expertos en derecho internacional, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1947. De acuerdo con su Estatuto, tiene por objeto impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación.1

En2004, la CDI decidió incluir el tema de la “obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare)”, que había identificado por primera vez como objeto de estudio en 1949, en su programa de trabajo a largo plazo.2Un año después incorporó el tema a su programa y nombró a Zdzislaw Galicki relator especial sobre él.3Desde entonces, el Relator Especial ha presentado a la CDI tres informes, que contienen un conjunto de observaciones preliminares y proyectos de artículos sobre los aspectos esenciales de la cuestión y un plan de acción.4Según el informe de 2007 de la CDI sobre el trabajo de su 59º periodo de sesiones, el Relator Especial presentará para 2010-2011 un cuarto y, si es necesario, un quinto informe, y la CDI concluirá la primera lectura del proyecto de artículos sobre la obligación de extraditar o juzgar.5En 2008, la CDI estableció un grupo de trabajo sobre el tema, presidido por Alain Pellet y cuyo mandato y composición se determinarán en 2009.6

Amnistía Internacional está siguiendo con especial interés el trabajo del Relator Especial, además del de otros relatores especiales, debido a la estrecha relación existente entre esta obligación y el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los Estados con respecto a los crímenes o delitos de derecho internacional.

Lamentablemente, la respuesta de los Estados a la solicitud que hizo la Asamblea General de la ONU en 2006 de presentar información sobre tratados internacionales, normativa jurídica interna, práctica judicial y delitos o crímenes sobre el tema ha sido muy limitada.7Muy pocos Estados –sólo 23– han respondido, y, en la mayoría de los casos, la información facilitada no ha sido completa.8Para contribuir a llenar algunas de las lagunas de esta información en espera de más respuestas y de respuestas más completas de los Estados, Amnistía Internacional ha preparado un anexo con el texto de las disposiciones de los tratados que prevén la obligación de extraditar o juzgar (anexo I). En un segundo anexo se ofrece información sobre las principales declaraciones o reservas formuladas por los Estados con respecto a la extradición (anexo II). Por último se incluyen también a modo de anexo cuatro gráficos con información relativa al estado de firma y ratificación de determinados tratados internacionales y regionales que contienen la obligación de extraditar o juzgar (anexo III). Estos gráficos ofrecen información sobre el alcance de la obligación aceptada por los Estados más exhaustiva que la que han proporcionado hasta ahora a la CDI.

Si se compara la información ofrecida por los Estados con la incluida en el tercer anexo de este documento, se llega fácilmente a la conclusión de que el trabajo de la CDI puede hacer que se tenga una idea falsa de la naturaleza y el alcance de la obligación y que, en algunos casos, se perciba por ello de manera excesivamente estrecha el grado en que los Estados reconocen la jurisdicción universal. Amnistía Internacional tiene intención de abordar este problema publicando una serie de informes sobre el estudio de la CDI acerca de la obligación aut dedere aut judicare a medida que se lleva a cabo, con información detallada sobre la práctica y la opinio iurisen cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU.9



I. La obligación AUT DEDERE AUT JUDICARE

A. Definición y diferencia con la jurisdicción universal

Como explicó Amnistía Internacional en su estudio de 2001 sobre la jurisdicción universal, ésta y la obligación de aut dedere aut judicare son dos importantes normas de derecho internacional relacionadas entre sí, pero conceptualmente distintas.10

La jurisdicción universales la facultad o potestad de los tribunales de cualquier Estado para iniciar enjuiciamientos por delitos cometidos fuera de su territorio y no relacionados con ese Estado por la nacionalidad del acusado o de las víctimas ni por daños causados a sus intereses nacionales.11A veces, esta norma es denominada jurisdicción universal facultativa. Forma parte actualmente del derecho internacional consuetudinario, aunque también está plasmada en tratados internacionales, legislaciones nacionales y jurisprudencia relativa a delitos de derecho internacional (como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra), delitos comunes de trascendencia internacional (como la toma de rehenes y el secuestro de aeronaves) y delitos comunes de derecho nacional (como el asesinato, las lesiones y el secuestro). Cuando un tribunal nacional ejerce la jurisdicción universal sobre conductas que constituyen delitos de derecho internacional o delitos comunes de trascendencia internacional cometidos fuera del territorio nacional, no sobre conductas que constituyan simplemente delitos comunes, está haciendo en realidad las veces de agente de la comunidad internacional encargado de hacer cumplir el derecho internacional.12

En virtud de la norma conexa aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), un Estado no debe proteger a una persona sospechosa de haber cometido delitos de determinadas categorías. En vez de ello, se le exige que ejerza su jurisdicción sobre toda persona sospechosa de un crimen de derecho internacional que se encuentre en un territorio sometido a su jurisdicción, en tanto no proceda a extraditarla a un Estado que sea capaz de hacerlo y esté dispuesto a ello, o que la entregue a un tribunal penal internacional que tenga jurisdicción sobre la persona y el delito.13En algunos casos, necesariamente, el ejercicio de esta obligación implicará el ejercicio de la jurisdicción universal propiamente dicha. A efectos prácticos, cuando sea de aplicación la norma aut dedere aut judicare, el Estado donde se encuentre al sospechoso debe asegurarse de que sus tribunales puedan ejercer todas las formas posibles de jurisdicción geográfica, incluida la jurisdicción universal, en los casos en que no se halle en situación de extraditar al sospechoso a otro Estado o de entregarlo a un tribunal penal internacional.

El Relator Especial adoptó provisionalmente estas dos definiciones, de la jurisdicción universal y del principio aut dedere aut judicare, en su primer informe.14

Además, la sociedad de derecho internacional más antigua, el Institut de Droit International, determinó en 1983 que “la norma aut judicare aut dedere debería consolidarse y desarrollarse, y debería prever métodos detallados de asistencia jurídica”.15La CDI incluyó una norma sobre la obligaciónaut dedere aut judicare en el Proyecto de Código de de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (Proyecto de Código de Crímenes de 1996), explicando:

La finalidad fundamental de este principio es garantizar que las personas responsables de crímenes particularmente graves son llevadas ante la justicia previendo su enjuiciamiento y castigo efectivos por una jurisdicción competente.16

B. La obligación aut dedere aut judicare en el derecho convencional: una alternativa dual que evoluciona hacia una opción triple

La obligación aut dedere aut judicare se halla contenida en varios convenios de distinta naturaleza, que abarcan tanto delitos de derecho internacional como delitos comunes de transcendencia internacional y derecho internacional privado.17Hasta el final del pasado siglo, la mayoría de los instrumentos sólo expresaban esta obligación en términos de opción dual –o extraditar a otro Estado o juzgar ante los tribunales del Estado donde se encuentre el sospechoso–. Desde el establecimiento de los dos tribunales penales internacionales especiales, la Corte Penal Internacional y varios tribunales internacionales más posteriormente, parece razonable considerar que un Estado que entrega a una persona a instancias de un tribunal internacional cumple con su deber y no incumple ninguna obligación contraída en virtud del derecho internacional. Como se examina más adelante (véase el apartado I.D), los Estados han comenzado a prever esta triple opción en su legislación, que no es sólo práctica de los Estados, sino que pone también de manifiesto que dos de los poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, creen que tal legislación está permitida por el derecho internacional.

De hecho, hace 60 años, los redactores de los Convenios de Ginebra de 1949 previeron que la tercera opción cumpliría totalmente la obligación de aut dedere aut judicare. Ya en 1952, en el comentario del CICR al artículo 49 del I Convenio de Ginebra se indicaba que no había nada en la disposición que excluyera la entrega del acusado a un tribunal penal internacional.18

La triple opción se incluyó expresamente en el Proyecto de Código de Crímenes de 1996,aprobado por la CDI, con respecto a otros delitos de derecho internacional. En su artículo 9 se expone la obligación aut dedere aut judicarede la manera siguiente:

Sin perjuicio de la jurisdicción de un tribunal penal internacional, el Estado Parte en cuyo territorio se hallare la una persona que presuntamente hubiere cometido un crimen previsto en los artículos 17 [genocidio], 18 [crímenes contra la humanidad], 19 [crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado] o 20 [crímenes de guerra] concederá la extradición de esa persona o la juzgará.19

En su comentario a ese artículo, la CDI explica un tercer curso de acción alternativo posible. En ese caso, un Estado cumple con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional al extraditar al presunto responsable hallado en su territorio a otro Estado, entregarlo a un tribunal penal internacional o juzgarlo ante sus propios tribunales.20

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, ofrece expresamente tres alternativas a los Estados. Su artículo 11 reza:

El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.21

Por tanto, de acuerdo con la Convención, los Estados cumplirán con su deber si extraditan a la persona presuntamente responsable a otro Estado, la entregan a un tribunal penal internacional permanente o especial o llevan el asunto ante sus propios tribunales para que se inicie una investigación y un enjuiciamiento.



C. Legislación promulgada en materia penal, incluida la obligación de extraditar o juzgar

En los últimos años, varios Estados han incluido en su legislación la obligación de extraditar o juzgar. A continuación se exponen algunos ejemplos, que complementan lo que los Estados han comunicado a la CDI.

El Código Penal de Azerbaiyándispone que los ciudadanos o los extranjeros que hayan cometido delitos contra la paz y la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo, toma de rehenes, tortura, piratería y otros delitos, como los previstos en tratados en los que Azerbaiyán sea Parte, serán penados, con independencia del lugar de comisión del delito. El Código parece contener una disposición en la que se establece que si no son extraditados, se entablará un procedimiento penal.22

El Código Penal de Bosnia y Herzegovina prevé el deber de juzgar al no ciudadano que haya cometido fuera del territorio del Estado un delito contra un Estado extranjero u otro no ciudadano siempre que el delito esté penado con cinco años de prisión como mínimo en la legislación del lugar de comisión del delito y no se haya concedido la extradición. Esta disposición no está limitada a los delitos de derecho internacional. 23

Según el Código Penal de Cabo Verde, la legislación nacional se aplica a los delitos de derecho internacional cometidos en el extranjero cuando el presunto autor sea hallado en un territorio bajo la jurisdicción de Cabo Verde y no se conceda la extradición. Asimismo, debe ejercerse la obligación de juzgar en el caso de otros delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos de Cabo Verde o por ciudadanos extranjeros contra ciudadanos de Cabo Verde o con respecto a delitos por los que Cabo Verde se haya comprometido en virtud del derecho internacional a iniciar enjuiciamientos cuando no se conceda la extradición del presunto autor del delito.24

Entre otros casos de extraterritorialidad, el Código Penal de Colombiase aplica a los extranjeros hallados en Colombia que hayan cometido un delito fuera del país contra un extranjero. El artículo 16.6 impone como condiciones que el delito no sea político, que se castigue con tres años de prisión o una pena más severa y que se deniegue la solicitud de extradición. La disposición no parece limitada a los delitos de derecho internacional.25

El Código Penal de El Salvador contiene una disposición por la que los delitos de derecho internacional o los delitos de transcendencia internacional definidos en algún convenio en el que El Salvador sea Estado Parte y las violaciones graves de derechos humanos cometidos fuera de su territorio por extranjeros están sujetos a la legislación salvadoreña. El Código Penal establece que se dará preferencia para el enjuiciamiento, mediante la extradición, al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito si no ha comenzado aún el juicio en El Salvador.26

El Código Penal de Estoniacontiene un disposición en la que se establece que el extranjero que presuntamente haya cometido un delito en el extranjero, si no es extraditado, rendirá cuentas ante los tribunales nacionales “si tal acto es constitutivo de delito de conformidad con la legislación penal de Estonia y es punible en el lugar de comisión del acto o si ningún poder penal es aplicable en el lugar de comisión del acto”. La disposición parece aplicarse a todos los delitos sin excepción.27

EnFinlandia, el Código Penal prevé la obligación de juzgar o extraditar siempre que la conducta, cometida fuera de Finlandia, sea punible con más de seis meses de prisión y si el Estado en cuyo territorio se ha cometido ha solicitado que se presenten cargos en un tribunal finlandés o que el responsable del delito sea extraditado por ello pero no se ha concedido la solicitud de extradición. El principio aut dedere aut judicareno parece estar limitado a los delitos de derecho internacional.28

Los artículos 7 y 8 del Código Penal de Kazajistánprevén la obligación de extraditar o juzgar en los casos estipulados por tratados internacionales vinculantes para Kazajistán.29

La Ley sobre el Castigo de los Delitos de la Competencia de la Corte Penal Internacional, de 2008, de la República de Coreaparece incorporar implícitamente la obligación con respecto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.30

El Código Penal de la ex República Yugoslava de Macedoniacontiene una disposición sobre la obligación aut dedere aut judicare para toda clase de delitos, siempre que la conducta cometida fuera del territorio nacional por un extranjero que se encuentre en Macedonia sea punible con cinco años de prisión o una pena más severa.31

El Código Penal de 2006 de Maltacontiene una disposición que establece: “los tribunales de Malta tendrán también competencia sobre los delitos previstos en este subtítulo [actos de terrorismo, financiación del terrorismo y delitos accesorios] si […] el responsable es una persona sospechosa o culpable de un delito previsto en este subtítulo y cuya entrega o extradición a otro país por tal delito Malta ha denegado”.32

El Código Penal de 2003 de Montenegrocontiene una disposición sobre la obligación de extraditar o juzgar en el caso de los delitos –de categoría no especificada—cometidos fuera del país por extranjeros si esa conducta está penada con cinco años de prisión como mínimo en la legislación del país en el que se ha cometido el delito. 33

El Código Penal de 2007 de Panamácontiene un disposición según la cual todos los delitos sin excepción cometidos por un nacional o un extranjero fuera del país serán objeto de investigación y enjuiciamiento, si se ha denegado la extradición de dciha persona, de acuerdo con la legislación penal de Panamá.34

El Código Penal de 1991 de Perúdispone que la legislación nacional puede aplicarse a los nacionales y a los extranjeros si no se concede la solicitud de extradición.35No se especifica en él la naturaleza de los delitos sujetos a esta disposición.

El Código Penal de Portugalprevé la obligación de juzgar si un extranjero se encuentra dentro de Portugal y se rechaza una solicitud de extradición o una orden europea de detención contra él.36El Código se aplica a todos los delitos, salvo los contenidos en la Ley de Implementación del Estatuto de Roma, en cuyo caso se aplica la triple alternativa.

El Código Penal de 2005 de Serbiacontiene una disposición general sobre la obligación de extraditar o juzgar aplicable a delitos distintos de los que comportan convencionalmente la obligación aut dedere aut judicare.37

D. LEgislación promulgada y en proyecto sobre cuestiones penales, incluida una tercera alternativa

En los últimos años, varios Estados han previsto una tercera opción alternativa al promulgar legislación para la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional u otra legislación penal. De hecho, en el caso de las entregas a la Corte Penal Internacional, es obligación de los Estados Partes en el Estatuto de Roma entregar a la persona –de conformidad con el Estatuto-, sin otra alternativa. Unas veces, estos proyectos de ley o leyes promulgadas estipulan claramente la obligación de extraditar o juzgar, mientras que otras la norma aut dedere aut judicare parece opcional. Los ejemplos de proyecto de ley o ley promulgada expuestos a continuación ilustran esta diferencia.

En2007, Argentinapromulgó la Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que contiene una disposición, bajo el epígrafe “Principio aut dedere aut judicare”, que estipula:

Cuando se encuentre en territorio de la República Argentina o en lugares sometidos a su jurisdicción una persona sospechada de haber cometido un crimen definido en la presente ley y no se procediera a su extradición o entrega a la Corte Penal Internacional, la República Argentina tomará todas las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de dicho delito.38

La triple alternativa establecida en esta ley es aplicable al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, definidos en la ley. El Código Procesal Penal federal contenía una alternativa dual ya en 1885.

El proyecto de ley para la implementación del Estatuto de Roma de Brasil, presentado por la Presidencia al Congreso, estipula que, cuando un extranjero sospechoso de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra se encuentre en su territorio, se aplicará la legislación brasileña, salvo que se conceda la solicitud de extradición de un Estado o de entrega a la Corte Penal Internacional.39

En Croacia, la Ley de Aplicación del Estatuto de la corte Penal Internacional y Enjuiciamiento por Actos Delictivos Contra el Derecho Internacional sobre la Guerra y el Derecho Humanitario, de 2003, contiene una disposición que podría implicar la obligación de juzgar ante los tribunales croatas cuando no se esté llevando a cabo un juicio ante la Corte Penal Internacional o cualquier otro tribunal extranjero. Sugiriendo la triple opción, el artículo 10.2 dispone:

los autores de los delitos […] serántambién juzgados en la República de Croacia, independientemente del lugar de comisión del delito y de la ciudadanía de su autor, si el autor ha sido detenido en la República de Croacia o extraditado a ella y no se ha llevado a cabo el enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional ni ante un tribunal de otro Estado o si no se cumplen las condiciones necesarias para juzgar al autor ante la Corte Penal Internacional, un tribunal del Estado en el que se ha cometido el delito, un tribunal del Estado del que el autor es ciudadano u otro tribunal competente ante el que quepa esperar que se celebre un juicio justo.40

En Francia, el Projet de Loipara la adaptación del Estatuto de Roma, aprobado por el Senado en junio de 2008, contiene también una triple alternativa con respecto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.41

Aunque el Código Penal de Georgiano contiene una referencia clara al principio aut dedere aut judicare como obligación, estipula, tras declarar que los extranjeros y las personas apátridas que comentan un delito serio o grave fuera del país pueden ser sometidos a castigo ante los tribunales georgianos, que si tales personas están en el territorio de Georgia pueden ser extraditadas a otro Estado o entregadas a la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento.42

La Ley de Implementación del Estatuto de Roma de 2004 de Portugal –que tipifica el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra como delitos en la legislación portuguesa—contiene una disposición en virtud de la cual la ley es aplicable también a los delitos cometidos en el extranjero si el presunto autor se halla en Portugal y no puede ser extraditado a otro Estado ni entregado a la Corte Penal Internacional.43

El Código Penal de Suizapodría ser un buen ejemplo de la evolución de la alternativa dual, con respecto a los delitos cuyo castigo se pida en un convenio internacional en el que Suiza sea parte, hacia la triple alternativa, establecida en un proyecto de reforma del Código Penal. El Consejo Federal ha aprobado el proyecto de reforma con respecto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Si se promulga, esta legislación ahora en fase de proyecto establecerá la obligación de juzgar a un sospechoso ante los tribunales nacionales en el caso de los delitos cometidos en el extranjero –independientemente de la nacionalidad del presunto autor del delito y de la de la víctima- si el sospechoso se encuentra en Suiza y no es extraditado a otro Estado ni entregado a un tribunal penal internacional cuya competencia Suiza reconozca.44

La ley para la implementación del Estatuto de Roma de Uruguay, promulgada en 2006, dispone que, en los casos en que una persona sospechosa de haber cometido un delito tipificado en la ley (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y ciertos delitos más) se encuentre en Uruguay o en cualquier otro territorio bajo su jurisdicción, se deben tomar todas las medidas necesarias para ejercer la jurisdicción de Uruguay a menos que se solicite la extradición a otro Estado o la entrega a la Corte Penal Internacional. La ley dispone también que la investigación o el enjuiciamiento se llevarán a cabo como si el delito se hubiese sido cometido en Uruguay, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad del presunto autor o de las víctimas.45



II. COMentarios e información enviados por los gobiernos a la CDI

En la Resolución 61/34, de 4 de diciembre de 2006, de la Asamblea General de la ONU, se invitó a los Estados a que proporcionaran a la CDI información sobre los tratados internacionales vinculantes para ellos que contuvieran la obligación de extraditar o juzgar y las reservas que hubieran formulado para limitar la aplicación de esta obligación, sobre las normas jurídicas nacionales relacionadas con la obligación, y sobre práctica judicial que reflejara la aplicación de la obligación y los delitos y crímenes a los que se aplicaba la obligación en la legislación o en la práctica. Un año después, en virtud de la Resolución 62/66, de 6 de diciembre de 2007, la invitación se hizo extensiva a otros temas, como: a) si el Estado tiene autoridad según su legislación interna para extraditar a personas en casos no cubiertos por un tratado o para extraditar a personas de su propia nacionalidad, b) si el Estado tiene autoridad para ejercer su jurisdicción sobre delitos cometidos en otros Estados y en los que no esté implicado ningún ciudadano suyo y c) si el Estado considera la obligación de extraditar o juzgar como obligación de derecho internacional consuetudinario y, en tal caso, en qué medida. A fecha de 31 de mayo de 2008 habían presentado informes a la CDI 23 Estados.46

Los informes presentados por los pocos Estados que lo han hecho son en muchos casos parciales, contradictorios o, sencillamente, erróneos. Aunque algunos Estados han informado de varios tratados que prevén la obligación aut dedere aut judicare, otros han excluido esos mismos instrumentos, presumiblemente por considerar que no contienen tal disposición.47Al mismo tiempo, aunque algunos Estados han afirmado que la obligación de extraditar o juzgar no existe fuera de los tratados internacionales,48otros han manifestado que no puede descartarse a priori la existencia de una norma de derecho internacional consuetudinario con respecto a ciertas categorías de delitos y que son necesarios nuevos estudios del Relator Especial.49

Por último, algunos Estados han manifestado que la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar (1958), la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid(1973) y la Convención sobre el Derecho del Mar (1982) contienen la obligación de extraditar o juzgar. Sin embargo, estos tratados no contienen tal obligación, sino que prevén la jurisdicción universal facultativa.

Amnistía Internacional ha determinado que al menos 37 instrumentos internacionales o regionales estipulan la obligación aut dedere aut judicare,cifra que supera con creces la cantidad de tratados que los Estados incluyen normalmente en sus informes. Varios Estados han informado también de varios acuerdos bilaterales de extradición que, a su juicio, incluyen la obligación. En el presente documento no se mencionan tratados bilaterales de extradición, pero es importante prestarles atención en la medida en que puedan contribuir a dilucidar la verdadera naturaleza de la obligación y su alcance.

El anexo I es una compilación de disposiciones de tratados que contienen la obligación aut dedere aut judicare, que permite revisar y confirmar la opinión de Amnistía Internacional. El anexo II contiene las pocas declaraciones interpretativas o reservas formuladas por Estados a disposiciones que contienen esta obligación. Por último, el anexo III muestra una lista actualizada de determinados instrumentos internacionales y regionales que contienen la obligación y su estado de firma y ratificación a fecha de 7 de enero de 2009.50



III. JURISPRUDENCia de tribunales nacionales e internacionales y de órganos de vigilancia de los tratados de la onu

Además del limitado número de decisiones judiciales comunicadas por los Estados a la CDI, hay varias más, derivadas de dictámenes judiciales, que contienen también la obligación de extraditar o juzgar.

En 1998, una sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslaviadeterminó, en el caso Furundzija, que, independientemente de todo tratado, existe la obligación de extraditar o juzgar a las personas sospechosas de tortura debido a la naturaleza de jus cogens de la prohibición de la tortura. La Sala manifestó:

Además, a nivel personal, es decir el de la responsabilidad penal, pareciera que una de las consecuencias de la naturaleza de jus cogens otorgada por la comunidad internacional a la prohibición de la tortura es la de que cada Estado tiene la facultad de investigar, perseguir y sancionar o extraditar a personas acusadas de tortura y que se encuentran presentes en un país bajo su jurisdicción. En propiedad, seria inconsistente que por un lado se prohíba la tortura hasta tal extremo que se restringe el normalmente discrecional poder de los Estados soberanos de hacer tratados, y por el otro lado prohibir a los Estados que persigan y castiguen a los torturadores que han practicado esa odiosa acción en el extranjero. Esta base legal para la jurisdicción universal de los Estados sobre la tortura confirma y refuerza el fundamento legal de tal jurisdicción que otros tribunales han hallado en el carácter inherentemente universal del delito. Se ha sostenido que siendo los delitos internacionales universalmente condenables dondequiera que se hayan cometido, cada Estado tiene el derecho de perseguir y castigar a los autores de tales crímenes.51


En el caso Goiburú y otros vs. Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó el alcance de la obligación aut dedere aut judicare con respecto a los términos de la Convención Americana sobre Derechos humanos, determinando:

un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes contra los derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes. En consecuencia, el mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Convención Americana, en conjunto con las obligaciones internacionales regionales y universales en la materia, vinculan a los Estados de la región a colaborar de buena fe en ese sentido, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de los responsables de los hechos del presentecaso.52


El Comité contra la Tortura, al explicar el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Convención, ha determinado:

El Comité recuerda que en virtud del artículo 7 de la Convención "[e]l Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento". Observa a este respecto que la obligación de enjuiciar al presunto autor de actos de tortura no depende de la existencia previa de una solicitud de extradición del mismo. Esta alternativa que se ofrece al Estado Parte en virtud del artículo 7 de la Convención existe sólo si se ha formulado efectivamente dicha demanda de extradición, y puesto, por ende, al Estado Parte, en la situación de escoger entre a) proceder a esa extradición o b) someter el caso a sus propias autoridades judiciales para iniciar la acción penal, ya que la disposición tiene por finalidad evitar la impunidad de todo acto de tortura.53


Aunque los tribunales de Argentinano han ejercido aún la jurisdicción basada en la obligación aut dedere aut judicare, la cuestión se menciona en varias sentencias. En causas ante la Corte Suprema de Justicia como Simón,54Astiz55y Lariz Iriondo,56hay votos separados o concurrentes que desarrollan el concepto.

El Tribunal Federal de Australia, en una causa relativa a la Ley de Reforma de Títulos Nativos de 1998 y el pueblo arabunna, reafirmó el carácter consuetudinario de la obligación aut dedere aut judicare. Señaló:

  1. De la obligación de juzgar o procesar, impuesta por el derecho internacional consuetudinario a Australia como Estado nación, se desprende que sería admisible constitucionalmente que el Parlamento de la Commonwealth promulgara legislación para el juicio dentro de Australia de personas acusadas de genocidio, dondequiera que se haya cometido […] la prohibición del genocidio es una norma imperativa de derecho internacional consuetudinario, que da origen a una obligación sin excepciones de cada Estado nación para con toda la comunidad internacional. Es una obligación independiente de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Existía antes de la entrada en vigor de la Convención en enero de 1951, probablemente al menos desde la época de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1946. Admito, también, que la obligación impuesta por el derecho consuetudinario a cada Estado nacional es de extraditar o juzgar a toda persona, que se encuentre dentro de su territorio, que parezca haber cometido alguno de los actos citados en la definición del genocidio expuesta en la Convención. Está generalmente aceptado que esta definición refleja el concepto de genocidio, como se entiende en el derecho internacional consuetudinario.57

En Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago manifestó, en el asunto Sandoval, que el delito de desaparición forzada (tipificado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas), acarreaba, entre otras, las consecuencias siguientes: responsabilidad penal individual, responsabilidad del Estado, inadmisibilidad de la eximente de obediencia debida, imprescriptibilidad de la acción penal, jurisdicción universal y obligación de extraditar o juzgar.58

En el asunto Fujimori, sobre extradición, la Suprema Corte de Justicia declaró que el tratado de extradición de 1932 entre Chile y Perú permitía a ambos Estados denegar la extradición de los propios nacionales, si bien reconoció también que, en tales casos, existe la obligación de iniciar un enjuiciamiento ante los tribunales nacionales si el delito se ha cometido en el propio territorio.59Meses antes, Chile había informado a la CDI de que el tratado de extradición de 1932 contenía la obligación aut dedere aut judicare.60

En Francia, el Cour de Casssation, en el caso Disparus de Beach, ha confirmado la obligación aut dedere aut judicare con respecto al delito de tortura, tipificado en el Código de Procedimiento Penal, cuando el presunto responsable se encuentra en Francia.61

EnGuatemala, la Corte de Constitucionalidad decidió el 12 de diciembre de 2007 no acceder a solicitudes de extradición cursadas por un juez de instrucción de España basándose en la errónea conclusión de que, en su opinión, España no podía ejercer la jurisdicción universal en el asunto en cuestión. La causa abierta en España, el denominado caso Ríos Montt, está basada principalmente en el genocidio de la población maya de Guatemala durante el conflicto armado del país y en homicidios y otros delitos que agentes guatemaltecos cometieron contra personas que gozaban de protección internacional en la embajada española en la ciudad de Guatemala en 1981. Según la Corte de Constitucionalidad, aunque denegaba las solicitudes de extradición, Guatemala tiene la obligación de iniciar actuaciones en sus propios tribunales por los presuntos delitos, incluido el de genocidio. La decisión de la Corte no está basada en disposiciones de ningún tratado, ni se cita en ella ningún tratado para fundamentarla. La Corte de Constitucionalidad se limita a mencionar la “regla” y la “obligación” aut dedere aut judicare.62

En los Países Bajos, el Tribunal de Apelaciones de La Haya se refirió, en el caso de un ciudadano afgano acusado de violación de las leyes y costumbres de la guerra, al "adagium aut dedere aut punire" para negar que no tuviera competencia. Asimismo, determinó que, en este caso, el ejercicio de la obligación de extraditar o juzgar implicaba el ejercicio de la jurisdicción universal.63

En Perú, el Tribunal Constitucional ha recordado que todos los Estados están autorizados a ejercer la jurisdicción universal con respecto a los delitos de derecho internacional y los delitos comunes de transcendencia internacional. Según él, la tortura y las desapariciones forzadas están sujetas a jurisdicción universal sobre la base de la obligación de extraditar o juzgar, así como la corrupción –tipificada en el artículo V de la Convención Interamericana contra la Corrupción--.64

En España, el Tribunal Supremo anuló en 2007 una sentencia dictada en primera instancia y declaró que España tenía jurisdicción para juzgar a ciudadanos no españoles presuntamente responsables de introducir clandestinamente migrantes, incluso si se encontraban en alta mar, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. El Tribunal Supremo recordó que los Estados tienen la obligación de promulgar legislación de implementación con respecto a los delitos de derecho internacional, incluido el principio aut dedere aut judicare.65

Al responder a la negativa de Guatemala a atender cinco solicitudes de extradición, el juez de instrucción de Madrid afirmó que la obligación aut dedere aut judicare está basada no sólo en el derecho convencional, sino también en el derecho internacional consuetudinario, y dimana del carácter de ius cogens de la prohibición del genocidio y los crímenes de lesa humanidad.66Según el juez, Guatemala ha incumplido la obligación que le impone el derecho internacional al negarse a investigar al ex presidente Ríos Montt en Guatemala o extraditarlo a España.

Asimismo, en el caso Martínez de Perón, la Audiencia Nacional española, aunque rechazaba una solicitud de extradición formulada por Argentina contra una presunta responsable de encarcelamientos, desapariciones forzadas y tortura en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1974 y el 24 de marzo de 1976, manifestó que, si no se concedía la extradición, España estaba obligada a presentar el caso a sus autoridades competentes con objeto de iniciar un enjuiciamiento. En este caso concreto, la Audiencia Nacional determinó que no podía llevarse a cabo ninguna investigación dada la naturaleza de los delitos considerados: puesto que los delitos no formaban parte de una práctica generalizada o sistemática y no constituían, por tanto, crímenes de lesa humanidad, no podía iniciarse enjuiciamiento, en virtud de la prescripción de los delitos.67Dada la escala de los delitos cometidos en Argentina entre 1974 y 1976, la conclusión de que estos delitos no formaron parte de una práctica generalizada o sistemática va en contra de los hechos.68



IV. CONCLUSIONeS

En 1996, la CDI aprobó, tras medio siglo de deliberaciones, el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en virtud del cual el Estado en cuyo territorio se encuentre una persona que presuntamente haya cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado o crímenes de guerra, debe extraditar o juzgar a esa persona. Huelga decir que iría en contra del mandato de la CDI de desarrollar progresivamente el derecho internacional que abandonara esta postura y determinara que los Estados pueden eximirse de la obligación aut dedere aut judicare, al menos con respecto a los delitos de derecho internacional, basándose en la opinión de que está obligación es sólo convencional.

Resulta decepcionante que la información presentada por los Estados a la CDI sea incompleta y que sólo la hayan proporcionado algunos. Esta falta de información puede dar lugar a una idea errónea de la aceptación generalizada de la obligación de los Estados de extraditar o juzgar, expuesta en el anexo III. Como señaló el relator especial Zdzislaw Galicki en su tercer informe, el número de tratados internacionales que contienen esta obligación aumenta todos los años, lo cual podría ser una indicación de la práctica de los Estados. Además, el Relator Especial ha manifestado que “el desarrollo de una práctica internacional basada en un número creciente de tratados que establecen y confirman esa obligación puede llevar, por lo menos, a iniciar la formulación de una norma consuetudinaria adecuada”.69


  1. Asimismo, el presente documento de Amnistía Internacional muestra que varios Estados han previsto la obligación de extraditar o juzgar al aplicar el Estatuto de Roma o reformar su legislación penal, incluso en el caso de delitos definidos en tratados que no contienen tal disposición (como el genocidio y algunos crímenes de guerra que no constituyen infracciones graves) o de delitos que no cuentan con un tratado específico (como el asesinato, el exterminio, la expulsión y la mayoría de los delitos sexuales). Por tanto, cabría dar razonablemente por sentada la existencia de una obligación conforme al derecho consuetudinario o su comienzo. Como hemos visto anteriormente, varias decisiones de tribunales nacionales parecen confirmar tal interpretación, al menos con respecto a los delitos de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

V. RECOMendaciones

A fin de llegar a una conclusión sobre la naturaleza y el alcance de la obligación de extraditar o juzgar, la Comisión de Derecho Internacional debe:

  • Solicitar información sobre la práctica de los Estados, no sólo a éstos y a las organizaciones internacionales, sino también a otros expertos en derecho internacional, incluidas organizaciones no gubernamentales.

  • Examinar la práctica de los Estados y la opinio iuris de los 192 Estados miembros de la ONU con respecto al ámbito de aplicación de esta obligación.

  • Mantener el artículo 9 del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad como mínimo al formular el documento definitivo de la Comisión de Derecho Internacional al final de su estudio

ANEXOs - Claves para los tratados


r = ratificación

ad = adhesión

s = sucesión

p = parte (cuando r/a/ad sin confirmar)

f = firma

s-f = sucesión a la firma

a = aceptación

ap = aprobación



Los tratados aparecen en orden cronológico según su fecha de adopción.Se resaltan en letra negrita los Estados que son Partes en los tratados, ya sea por haber depositado un instrumento de ratificación, por adhesión, sucesión, aceptación o aprobación.


NOTA SOBRE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL

Aunque los textos de los tratados de organizaciones internacionales suelen tener versión oficial en varios idiomas, incluido el español, no siempre ocurre así, especialmente en el caso de organizaciones internacionales de ámbito regional que no tienen el español como lengua de trabajo, como la Unión Africana. En esos casos, Amnistía Internacional ha traducido al español las citas pertinentes que figuran en este documento. En el caso del Consejo de Europa, que tampoco tiene el español como lengua de trabajo, se ha utilizado la versión (traducida y) aprobada por las Cortes de España.



Selección de tratados Internacionales



1929 Falsificación moneda

Represión de la Falsificación de la Moneda, 1929

1949 Ginebra

Convenios de Ginebra, 1949

1961 Estupefacientes

Convención Única sobre Estupefacientes, 1961

1970 La Haya

Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 1970

1971 Sustancias sicotrópicas

Convenio sobre sustancias sicotrópicas, 1971

1971 Montreal

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971

1972 Narcóticos

Protocolo de modificación de la Convención Unica sobre Estupefacientes, 1972

1973 Diplomáticos

Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 1973

1977 Protocolo I

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 1977

1979 Rehenes

Convención Internacional contra la toma de Rehenes, 1979

1979 Nucleares

Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 1979

1984 Tortura

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984

1988 Marítima

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, 1988

1989 Mercenarios

Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, 1989

1994 Personal Mantenimiento de la Paz

Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, 1994

1997 Atentados Terroristas con Bombas

Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 1997

1999 Financiación del Terrorismo

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 1999

2000 Delincuencia Organizada

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional , 2000

2000 Trata de Personas (Protocolo)

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

2000 Tráfico Ilícito de Migrantes (Protocolo)

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional , 2000

2001 Armas de Fuego (Protocolo)

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2001

2005 Terrorismo nuclear

Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, 2005

2005 Seguridad Personal ONU (Protocolo)

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, 2005

2006 Desapariciones Forzadas

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 2006 (aún no en vigor)



Selección de tratados regionales – organización de los estados americanos



1971 Terrorismo Internacional

Convención para prevenir y sancionar los Actos de Terrorismo configurados en delitos Contra las Personas y la Extorsión conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, 1971

1985 Tortura

Convencion Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, 1985

1994 Menores

Convencion Interamericana sobre Trafico Internacional de Menores, 1994

1994 Desaparición Forzada

Convencion Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas, 1994

1996 Corrupción

Convención Interamericana Contra la Corrupción, 1996

1997 Armas de Fuego

Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, 1997

2002 Terrorismo Internacional

Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002



Selección de tratados regionales – consejo de europa



1977 Terrorismo (Represión)

Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo, 1977

1998 Medio Ambiente

Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law, 1998 (aún no en vigor)

2005 Terrorismo (Prevención)

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, 2005

Selección de tratados regionales – unión africana



1977 Mercenarios

OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa, 1977

1999 Terrorismo

OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, 1999

2003 Corrupción

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, 2003

ANEXO I. Disposiciones sobre LA OBLIGACIÓN AUT DEDERE AUT JUDICARE

A. internacionales

1929 FALSIFICACIÓN MONEDA

Artículo 9

Los extranjeros que hayan cometido hechos previstos en el artículo 3 y que se encuentren en el territorio de un país cuya legislación interna admita, como regla general el principio de la persecución de infracciones cometidas en el extranjero, deberán ser castigados de la misma manera que si el hecho hubiere sido cometido en el territorio de dicho país.

La obligación de la persecución se subordinará a la condición de que la extradición haya sido solicitada y que el país requerido no pueda entregar al inculpado por una razón sin relación con el hecho.

Artículo 10

Los hechos previstos en el artículo 3 serán de pleno derecho comprendidos como casos de extradición en todo tratado de extradición ultimado o que fuera a ultimarse entre las diversas Altas Partes contratantes.

Las Altas Partes contratantes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado o a una condición de reciprocidad, reconocerán, desde ahora, los hechos previstos en el artículo 3, como casos de extradición entre ellas.

La extradición se concederá conforme al derecho del país requerido.



1949 Convenios de Ginebra

Convenio de Ginebra I

Art. 49.Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.
Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Art. 50.Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificada por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.





Convenio de Ginebra II

Art 50.Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

Art 51.Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala ilícita y arbitrariamente.



Convenio de Ginebra III

Art 129.Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Partes Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.

Art 130.Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio.



Convenio de Ginebra IV

Art. 146.Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Art. 147.Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.



1961 ESTUPEFACIENTES

Enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (Articulo 14).

Articulo 36.Disposiciones Penales

1. a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho de cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren como delitos si se cometen intencionalmente y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38. .

2. A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen jurídico y de la legislación nacional de cada Parte:

(a) (iv) Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto por nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.



1970 La Haya

Articulo 4

2. Asimismo, cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito en el caso de que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición, conforme al artículo 8, a los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.

Articulo 6

1. Todo Estado Contratante en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.





Articulo 7

El Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado



1971 SICOTRÓPICAS

Articulo 22. Disposiciones Penales

1. a) A reserva de lo dispuesto en su Constitución, cada una de las Partes considerará como delito, si se comete intencionalmente, todo acto contrario a cualquier ley o reglamento que se adopte en cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Convenio y dispondrá lo necesario para que los delitos graves sean sancionados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o, además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20.

2. A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución respectiva, el sistema jurídico y la legislación nacional de cada Parte:

a) i) Si se ha cometido en diferentes países una serie de actos relacionados entre sí que constituyan delitos de conformidad con el párrafo 1, cada uno de esos actos será considerado como un delito distinto;
ii) La participación deliberada o la confabulación para cometer cualquiera de esos actos, así como la tentativa de cometerlos, los actos preparatorios y operaciones financieras relativos a los mismos, se considerarán como delitos, tal como se dispone en el párrafo 1;

iii) Las sentencias condenatorias pronunciadas en el extranjero por esos delitos serán computadas para determinar la reincidencia; y
iv) Los referidos delitos graves cometidos tanto por nacionales como por extranjeros serán juzgados por la Parte en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte en la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el párrafo 1 y el inciso ii) del apartado
a del párrafo 2 se incluyan entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado o que pueda concertarse entre las Partes, y sean delitos que den lugar a extradición entre cualesquiera de las Partes que no subordinen a la existencia de un tratado o acuerdo de reciprocidad a reserva de que la extradición sea concedida con arreglo a la legislación de la Parte a la que se haya pedido, y de que esta Parte tenga derecho a negarse a proceder a la detención o a conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran que el delito no es suficientemente grave.

3. Toda sustancia sicotrópica, toda otra sustancia y todo utensilio, empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en los párrafos 1 y 2 o destinados a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y decomiso.

4. Las disposiciones del presente artículo quedarán sujetas a las disposiciones de la legislación nacional de la Parte interesada en materia de jurisdicción y competencia.

5. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al principio de que los delitos a que se refiere han de ser definidos, perseguidos y sancionados de conformidad con la legislación nacional de cada Parte.



1971 Montreal

Articulo 5

2. Asimismo, cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1 del artículo 1, así como en el párrafo 2 del mismo artículo, en cuanto este último párrafo se refiere, a los delitos previstos en dichos incisos, en el caso de que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición conforme al artículo 8, a los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.

Articulo 6

1. Todo Estado Contratante en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.

Articulo 7

El Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado.



1973 diplomáticos

Articulo 2



1. Serán calificados por cada Estado parte como delitos en su legislación interna, cuando se realicen intencionalmente:



a) la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida;

b) la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad;

c) la amenaza de cometer tal atentado;

d) la tentativa de cometer tal atentado, y

e) la complicidad en tal atentado.



2. Cada Estado parte hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos.



3. Los dos párrafos que anteceden no afectan en forma alguna las obligaciones que tienen los Estados partes, en virtud del derecho internacional, de adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir otros atentados contra la persona, libertad o dignidad de una persona internacionalmente protegida.



Artículo 3

2. Asimismo, cada Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre esos delitos en el caso de que el presunto culpable se encuentre en su territorio y de que dicho Estado no conceda su extradición conforme al articulo ó a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.





Artículo 6

1. Si considera que las circunstancias lo justifican, el Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas adecuadas conforme a su legislación interna para asegurar su presencia a los fines de su proceso o extradición. Tales medidas serán notificadas sin demora, directamente o a través del Secretario General de las Naciones Unidas:



a) al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) al Estado o los Estados de que sea nacional el presunto culpable o, si éste es apátrida, al Estado en cuyo territorio resida permanentemente;

c) al Estado o los Estados de que sea nacional la persona internacionalmente protegida de que se trate o en cuyo nombre ejercía sus funciones

d) a todos los demás Estados interesados, y

e) a la organización intergubernamental de la que sea funcionario, personalidad oficial o agente, la persona internacionalmente protegida de que se trate.



Artículo 7

El Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado.



1977 Protocolo adicional (I) a los Convenios de Ginebra

Artículo 80 - Medidas de ejecución

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin demora todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios y del presente Protocolo.

2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán las órdenes e instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los Convenios y del presente Protocolo y velarán por su aplicación.

Artículo 85 - Represión de las infracciones del presente Protocolo

1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las infracciones y de las infracciones graves, completadas por la presente Sección, son aplicables a la represión de las infracciones y de las infracciones graves del presente Protocolo.

Artículo 88 - Asistencia mutua judicial en materia penal

2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios y por el párrafo 1 del artículo 85 del presente Protocolo, y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas Partes contratantes cooperarán en materia de extradición. Tomarán debidamente en consideración la solicitud del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción alegada.

3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte contratante requerida. No obstante, las disposiciones de los párrafos precedentes no afectarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas en cualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de regir, total o parcialmente, en el ámbito de la asistencia mutua judicial en materia penal.



1979 REHENES

Artículo 5

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo 1 en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.



Artículo 6

1. Si considera que las circunstancias lo justifican, todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente procederá, de conformidad con su legislación, a su detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición. Ese Estado Parte procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.



Artículo 8

1. El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no concede su extradición, estará obligado a someter el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2. Toda persona respecto de la cual se entable un procedimiento en relación con cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1 gozará de las garantías de un trato equitativo en todas las fases del procedimiento, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos en el derecho del Estado en cuyo territorio se encuentre



1979 NUCLEARES

Artículo 7

1. La comisión intencionada de:

a) Un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales;

b) Hurto o robo de materiales nucleares;

c) Malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude;

d) Un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación;

e) Una amenaza de:

i) Utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales;

ii) Cometer uno de los delitos mencionados en el apartado b) a fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización internacional o a un Estado a hacer algo o a abstenerse de hacer algo;

f) Una tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a), b) o c), y

g) Un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados en los apartados a) a f) será considerada como delito punible por cada Estado Parte en virtud de su legislación nacional.

2. Cada Estado Parte deberá considerar punibles los delitos descritos en el presente artículo mediante la imposición de penas apropiadas que tengan en cuenta la gravedad de su naturaleza.

Artículo 8

2. Cada Estado Parte tomará así mismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre dichos delitos en los casos en que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no proceda a su extradición, de conformidad con el artículo 11, a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1.

Artículo 9

El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas apropiadas, inclusive la detención, de acuerdo con su legislación nacional, para asegurar su presencia a efectos de procesamiento o extradición. Las medidas tomadas en virtud del presente artículo se notificarán sin demora a los Estados que hayan de establecer la jurisdicción según el artículo 8 y, cuando proceda, a todos los demás Estados interesados.



Artículo 10

El Estado Parte en cuyo territorio se halle el presunto delincuente, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes, sin excepción alguna ni demora injustificada, a efectos del procesamiento, según los procedimientos que prevea la legislación de dicho Estado.



1984Tortura

Artículo 4

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.

Artículo 5

2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 6

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.

Artículo 7

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.



1988 MARÍTIMA

Artículo 6

4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 3, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 7

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, procederá de conformidad con su legislación, a la detención de éste o tomará otras medidas para asegurar su presencia durante el tiempo que sea necesario a fin de permitir la tramitación de un procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos, con arreglo a su propia legislación.

Artículo 10

1. El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el delincuente o presunto delincuente, en los casos a los que es aplicable el artículo 6, si no procede a la extradición del mismo, someterá sin dilación el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, mediante el procedimiento judicial acorde con la legislación de dicho Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con la legislación de dicho Estado.

2. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos enunciados en el artículo 3 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento, incluido el disfrute de todos los derechos y garantías estipulados para dicho procedimiento en la legislación del Estado del territorio en que se halla.







1989 Mercenarios

Artículo9

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Convención en los casos en que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no se proceda a su extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente Artículo.

Artículo10

1. Si considera que las circunstancias lo justifican, cualquier Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente procederá, de conformidad con su legislación, a detenerlo y a tomar otras medidas a fin de asegurar que esté presente durante el tiempo que se requiera para iniciar un procedimiento penal o de extradición. El Estado Parte procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.

Artículo12

El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre al presunto delincuente, si no concede la extradición de éste, estará obligado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, a someter el caso a las autoridades competentes a efectos del procesamiento según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Esas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de carácter grave, con arreglo a la legislación de ese Estado.

1994 Personal Mantenimiento de la Paz

Artículo 10 - Establecimiento de jurisdicción

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 9 en el caso de que el presunto culpable se encuentre en su territorio y de que ese Estado no conceda su extradición, conforme al artículo 15, a alguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 ó 2.

Artículo 13 – Medidas destinadas a asegurar el enjuiciamiento o la extradición

1. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas pertinentes, previstas en su legislación nacional, para asegurar la presencia de esa persona a los efectos de su enjuiciamiento o extradición.

Artículo 14 - Enjuiciamiento de los presuntos culpables

El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, si no concede su extradición, someterá el caso, sin ninguna excepción y sin demora injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, según el procedimiento establecido en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de ese Estado.



1997 atentados terroristas con bombas

Articulo 6

4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2.





Articulo 7

1. El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio puede encontrarse el culpable o presunto culpable de un delito enunciado en el artículo 2 tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en esa información.

2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que corresponda conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia de esa persona a efectos de enjuiciamiento o extradición.



3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 2 tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado;

c) Ser informada de los derechos previstos en los incisos a) y b).

4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 se ejercitarán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo 3.

5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al párrafo 1 c) o el párrafo 2 c) del artículo 6, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.

6. EI Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen a los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados Partes interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 informará sin dilación de los resultados de esta a los Estados Partes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.



Articulo 8

1. En los casos en que sea aplicable el articulo 6, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1.



1999 FINANCIACIÓN DELTERRORISMO

Artículo 5

1. Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos,adoptará las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el artículo 2. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa.

2. Se incurrirá en esa responsabilidad sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido los delitos.

3. Cada Estado Parte velará en particular por que las entidades jurídicas responsables de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estén sujetas a sanciones penales, civiles o administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias. Tales sanciones podrán incluir sanciones de carácter monetario.

Artículo 7

4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas que resulten necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 en los casos en que el presunto autor del delito se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo.

Artículo 9

1. El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio puede encontrarse el culpable o presunto culpable de un delito enunciado en el artículo 2 tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en esa información.

2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que correspondan conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición.

Artículo 10

1. En los casos en que sea aplicable el artículo 7, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2000 DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 15 Jurisdicción

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

Artículo 16 Extradición

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.



2000 Trata de Personas

Artículo 1 - Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.



2000 tráfico ilícito de migrantes

Artículo 1 Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.



2001armas de fuego

Artículo 1 - Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

2005 TERRORISMO NUCLEAR

Artículo 9

4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 en los casos en que el presunto autor se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo.

Artículo 10

1. El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio se ha cometido o se está cometiendo cualquiera de los delitos enunciados en el artículo 2, o que en su territorio puede encontrarse el autor o presunto autor de cualquiera de esos delitos, tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en la información.

2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el autor o presunto autor, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que corresponda conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición.

Artículo 11

1. En los casos en que sea aplicable el artículo 9, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto autor, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.



2005 Seguridad Personal ONU

Artículo 1.Relación con la Convención

El presente Protocolo complementa la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, hecha en Nueva York el 9 de diciembre de 1994 (en lo sucesivo, "la Convención"), y para las Partes en el presente Protocolo, la Convención y el Protocolo se considerarán e interpretarán como un solo instrumento



2006desapariciones forzadas

Artículo 9

2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido.

Artículo 10

1. Cada Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona de la que se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas legales necesarias para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de asegurar su presencia en el marco de un procedimiento penal, de entrega o de extradición.

2. El Estado Parte que haya adoptado las medidas contempladas en el párrafo 1 del presente artículo procederá inmediatamente a una investigación preliminar o averiguación de los hechos. Informará a los Estados Partes a los que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 9, sobre las medidas adoptadas en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, especialmente sobre la detención y las circunstancias que la justifican, y sobre las conclusiones de su investigación preliminar o averiguación, indicándoles si tiene intención de ejercer su jurisdicción.

Artículo 11

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.

B. RegionalES: OrganizaCIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (Oea)



1971 TERRORISMO Internacional

Artículo 5

Cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos especificados en el artículo 2 porque la persona reclamada sea nacional o medie algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio.La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado requirente. En el juicio se cumplirá con la obligación que se establece en el artículo 4.

Artículo 7

Los Estados contratantes se comprometen a incluir los delitos previstos en el artículo 2 de esta Convención entre los hechos punibles que dan lugar a extradición en todo tratado sobre la materia que en el futuro concierten entre ellos.Los Estados contratantes que no supediten la extradición al hecho de que exista un tratado con el Estado solicitante consideran los delitos comprendidos en el artículo 2 de esta Convención como delitos que dan lugar a extradición, de conformidad con las condiciones que establezcan las leyes del Estado requerido.

Artículo 8

Con el fin de cooperar en la prevención y sanción de los delitos previstos en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados contratantes aceptan las siguientes obligaciones:

(e) Cumplimentar en la forma más expedita los exhortos en relación con los hechos delictivos previstos en esta Convención;



1985 TORTURA

Artículo 12

Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos:

a. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;

b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o

c. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditarlo de conformidad con el artículo 11.

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.

Artículo 14

Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.



1994 MENORES

Artículo 9

 Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico internacional de menores:

a) el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita;

b) el Estado Parte de residencia habitual del menor;

c) el Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no fuere extraditado; y

d) El Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico.

Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte que hubiere prevenido en el conocimiento del hecho ilícito.



1994 DESAPARICIÓN FORZADA

Artículo IV

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos:

a. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción;

b. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado;

c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.



Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo.

Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna.

Artículo VI

Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.



1996 Corrupción

Artículo V -  Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.

Artículo XIII -  Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta Convención.

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes.Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la extradición.

6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado final.

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.



1997 ARMAS DE FUEGO

ArtículoV. - Competencia

1.Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por un Estado Parte en virtud de su legislación nacional.

ArtículoXIX. Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos que se mencionan en el artículo IV de esta Convención.

6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, el Estado Parte requerido presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento según los criterios, leyes y procedimientos aplicables por el Estado requerido a esos delitos cuando son cometidos en su territorio. El Estado Parte requerido y el Estado Parte requirente podrán, de conformidad con sus legislaciones nacionales, convenir de otra manera con respecto a cualquier enjuiciamiento a que se refiere este párrafo.







2002 TERRORISMOInternational

Artículo 2 - Instrumentos internacionales aplicables

1. Para los propósitos de esta Convención, se entiende por "delito" aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación: a. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el16 de diciembre de 1970.

b. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

c. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentesdiplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. d. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.

e. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.

f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

h. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

i. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

j. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.



2. Al depositar su instrumento de ratificación a la presente Convención, el Estado que no sea parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo podrá declarar que, en la aplicación de esta Convención a ese Estado Parte, ese instrumento no se considerará incluido en el referido párrafo. La declaración cesará en sus efectos cuando dicho instrumento entre en vigor para ese Estado Parte, el cual notificará al depositario de este hecho.



3. Cuando un Estado Parte deje de ser parte de uno de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo, podrá hacer una declaración con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2 de este artículo.



C. RegionalES: CoNSEJO DE eUROPA

1977 Terrorismo (represión)

Artículo 6

1. Cada Estado Contratante adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia, con el fin de conocer de un delito comprendido en el artículo 1, en el caso de que el presunto autor de aquél se encuentre en su territorio y que el Estado no lleve a cabo la extradición después de haber recibido una solicitud de extradición de un Estado Contratante cuya jurisdicción esté fundada sobre una norma de competencia que exista igualmente en la legislación del Estado requerido.

2. El presente Convenio no excluirá ninguna competencia en materia penal ejercida con arreglo a las leyes nacionales.



Artículo 7

El Estado Contratante en cuyo territorio se descubra al presunto autor de un delito comprendido en el artículo primero y que haya recibido una solicitud de extradición en las condiciones mencionadas en el párrafo primero del artículo 6, en el supuesto de que no accediese a la extradición del citado, individuo, someterá el caso, sin excepción alguna y sin demora injustificada a sus autoridades competentes para el ejercicio de la correspondiente acción penal. Dichas autoridades tomarán la decisión que proceda, en las mismas condiciones que para cualquier delito de carácter grave, con arreglo a las leyes del Estado.

1998 medio ambiente

Artículo 5 – Competencia

1. Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su competencia sobre las infracciones establecidas de acuerdo con este Convenio cuando la infracción sea cometida:


a) en su territorio;


b) a bordo de una nave o de un avión matriculado en él o que enarbole su pabellón, o

c) por uno de sus nacionales si la infracción es sancionable según el derecho penal en el lugar donde se ha cometido o si el lugar donde se ha cometido no está sujeto a ninguna jurisdicción territorial.



2. Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su competencia sobre las infracciones establecidas de acuerdo con este Convenio en caso de que el presunto autor de la infracción se encuentre en su territorio y de que el Estado no proceda a la extradición después de haber recibido una solicitud de extradición de otro Estado Parte.

3. El presente Convenio no excluye ninguna competencia penal ejercida por un Estado Parte de conformidad con la legislación nacional.

4. Todo Estado Parte podrá, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, en una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, precisar que no aplicará los párrafos 1.c y 2 del presente artículo parcialmente o en su totalidad.

Artículo 9 – Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para imponer sanciones y medidas penales o administrativas a las personas jurídicas en nombre de las cuales sus órganos o un miembro de sus órganos u otro representante haya cometido una infracción prevista en los artículos 2 ó 3.

2. La responsabilidad de las personas jurídicas conforme al párrafo 1 de este artículo no excluirá las acciones penales contra personas físicas.

3. Todo Estado podrá, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, en una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, precisar que se reserva el derecho de no aplicar el párrafo 1 del presente artículo o alguna parte de él o que se aplicará sólo a las infracciones especificadas en dicha declaración.



2005 Terrorismo (Prevención)

Artículo 14 – Competencia

1. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia con respecto a todo delito tipificado de conformidad con el presente Convenio:

a) cuando se haya cometido el delito en su territorio;

b) cuando se haya cometido el delito a bordo de un buque con pabellón de esa Parte o a bordo de una aeronave matriculada en esa Parte;

c) cuando haya cometido el delito uno de sus nacionales.

2. Cada Parte podrá asimismo establecer su competencia con respecto a todo delito tipificado de conformidad con el presente Convenio:

a) cuando el delito tuviera como finalidad o resultado la comisión de un delito previsto en el artículo 1 del presente Convenio, en su territorio o contra uno de sus nacionales;

b) cuando el delito tuviera como finalidad o resultado la comisión de un delito previsto en el artículo 1 del presente Convenio, contra una instalación pública de esa Parte situada fuera de su territorio, incluidos los locales diplomáticos y consulares;

c) cuando el delito tuviera como finalidad o resultado la comisión de un delito previsto en el artículo 1 del presente Convenio, con el fin de obligar a esa Parte a realizar o abstenerse de realizar un acto cualquiera;

d) cuando haya cometido el delito un apátrida con residencia habitual en su territorio;

e) cuando se haya cometido el delito a bordo de una aeronave al servicio del Gobierno de esa Parte.

3. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia con respecto a todo delito tipificado de conformidad con el presente Convenio en los casos en que el presunto autor del delito se encuentre en su territorio y no lo extradite a una Parte cuya jurisdicción se base en una regla de competencia que exista también en la legislación de la Parte requerida.

4. El presente Convenio no excluye competencia penal alguna ejercida de conformidad con las leyes nacionales.

5. Cuando varias Partes reivindiquen una competencia con respecto a un presunto delito previsto en el presente Convenio, las Partes implicadas se pondrán de acuerdo, cuando sea oportuno, para determinar cuál de ellas está en mejores condiciones para ejercer las actuaciones correspondientes.

Artículo 18 – Extradición o iniciación de actuaciones penales

1. En los casos en que sea competente en virtud del artículo 14, aquella Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto autor del delito vendrá obligada,en el caso de que no proceda a su extradición, a someter el asunto sin dilación excesiva y sin aplicar excepción alguna, haya sido o no cometido el delito dentro de su territorio, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, en virtud de un procedimiento conforme a la legislación de esa Parte. Dichas autoridades adoptarán su decisión en las mismas condiciones que para cualquier otro delito de carácter grave en virtud de las leyes de esa Parte.

2. Siempre que, en virtud de su legislación interna, una Parte sólo esté autorizada a extraditar o a entregar a uno de sus nacionales a condición de que el interesado le sea entregado para cumplir la pena impuesta de resultas de un proceso o de unas diligencias en los que se haya solicitado la extradición o la entrega, y que dicha Parte y la Parte que solicita la extradición acepten dicha opción y las demás condiciones que puedan considerar adecuadas, la extradición o la entrega condicional serán suficientes para dispensar a la Parte requerida de la obligación prevista en el apartado 1.



D. Regionales: Unión africana



1977 Mercenarismo

Artículo 8 – Competencia

Todo Estado contratante tomará las medidas necesarias para sancionar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, a toda persona que cometa una infracción prevista en el artículo 1 de la presente Convención y que se encuentre en su territorio si no la extradita al Estado contra el que se ha cometido la infracción.



1999 TerrorismO

Artículo 6

1. Todo Estado Parte tendrá competencia con respecto a los actos terroristas definidos en el artículo 1 cuando:

a) el acto se cometa en el territorio de ese Estado y su autor sea detenido en su territorio o fuera de él si es sancionable según su legislación nacional;

b) el acto se cometa a bordo de una nave o embarcación que enarbole el pabellón de ese Estado o de un avión matriculado en ese Estado en el momento de la comisión del acto; o

c) el acto sea cometido por un nacional o un grupo de nacionales de ese Estado.

2. Todo Estado Parte podrá establecer también su competencia con respecto a cualquiera de tales infracciones cuando:

a) el acto se cometa contra con un nacional de ese Estado; o

b) el acto se cometa contra un centro del Estado o del gobierno situado fuera de su territorio, incluidos una embajada o cualquier otra sede diplomática o consular y todo otro bien de ese Estado;

c) el acto sea cometido por una persona apátrida con residencia habitual en el territorio de ese Estado; o

d) el acto se cometa a bordo de un avión operado por cualquier transportista de ese Estado; y

e) el acto se cometa contra la seguridad del Estado Parte.

3. Al ratificar este Convenio o adherirse a él, todo Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de la Unidad Africana la competencia que haya establecido de acuerdo con el párrafo 2 según su legislación nacional. Si se produce algún cambio, el Estado Parte en cuestión se lo notificará inmediatamente al Secretario General.

4. Todo Estado Parte tomará, asimismo, las medidas necesarias, para establecer su competencia con respecto a los actos previstos en el artículo 1 en caso de que el presunto autor se encuentre en su territorio y no lo extradite a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su competencia de conformidad con los párrafos 1 o 2.

Artículo 7

1. Al ser informado de que una persona que ha cometido o presuntamente ha cometido un acto terrorista definido en el artículo 1 podría encontrarse en su territorio, el Estado Parte afectado tomará las medidas necesarias conforme a su legislación nacional para investigar los hechos expuestos en esa información.

2. Al determinar que las circunstancias lo justifican, el Estado Parte en cuyo territorio el autor o presunto autor del acto se encuentre tomará las medidas necesarias conforme a su legislación nacional para garantizar la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento.

3. Toda persona contra la que se tomen las medidas mencionadas en el párrafo 2 tendrá derecho a:

a) comunicarse sin demora con el representante competente más próximo del Estado del que sea nacional o que esté facultado de algún otro modo para proteger sus derechos o, si es una persona apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;

b) recibir la visita de un representante de ese Estado;

c) ser asistida por un abogado de su elección;

d) ser informada de los derechos que la asisten en virtud de los párrafos a), b) y c).

4. Los derechos mencionados en el párrafo 3 se ejercerán de conformidad con la legislación nacional del Estado en cuyo territorio se encuentre el autor o presunto autor del acto, con sujeción a la disposición de que dicha legislación debe permitir hacer plenamente efectivos los fines con los que los derechos reconocidos en el párrafo 3 están concebidos.

Artículo 8

4. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto autor del acto estará obligado, con independencia de que el acto se haya cometido o no en su territorio, a presentar el asunto a sus autoridades competentes sin demoras indebidas a efectos de iniciar un enjuiciamiento si no se extradita a esa persona.



2003 Corrupción

Artículo 13 - Competencia

1. Todo Estado Parte tendrá competencia con respecto a los actos de corrupción y los delitos conexos cuando:

a) la infracción se cometa total o parcialmente en su territorio;

b) el delito sea cometido por un nacional suyo fuera de su territorio o por una persona que resida en su territorio; y

c) el presunto autor del delito se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país;

d) cuando el delito, aunque se cometa fuera de su jurisdicción, afecte, en opinión del Estado en cuestión, a sus intereses vitales o tenga consecuencias o efectos perjudiciales o dañinos en el Estado Parte.

2. Esta Convención no excluye ninguna competencia penal ejercida por los Estados Partes de conformidad con su legislación nacional.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, ninguna persona será juzgada dos veces por el mismo delito.

Artículo 15 - Extradición

6. Cuando un Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona acusada o declarada culpable de un delito se haya negado a extraditar a esa persona por considerar que tiene competencia con respecto a ese delito, el Estado Parte requerido estará obligado a presentar el asunto sin demoras indebidas a sus autoridades competentes a efectos de iniciar un enjuiciamiento, salvo que acuerde otra cosa con el Estado Parte requirente, e informará del resultado final al Estado Parte requirente.

7. Con sujeción a lo dispuesto por su legislación nacional y todo tratado de extradición aplicable, el Estado Parte requerido podrá, al determinar que las circunstancias lo justifican y son urgentes y a instancias del Estado Parte requirente, poner bajo custodia a la persona cuya extradición se solicita que se encuentre en su territorio o tomar otras medidas adecuadas para garantizar que esa persona se halla presente en el procedimiento de extradición.





ANEXo II. RESERVAS Y declaraciones a los tratados sobreLA OBLIGACIÓN AUT DEDERE AUT JUDICARE


Se ruega al lector que se remita a la versión en inglés de estos textos. Aunque, por lo general, como se ha señalado en la nota al Anexo I, los textos de los tratados y convenios de organizaciones internacionales tienen versión oficial en varias lenguas, incluida la española, no ocurre siempre así con los de las reservas y declaraciones que los Estados hacen a ellos. Por motivos de economía de recursos, Amnistía Internacional no ha traducido este anexo al español.


ANeXo III. Tablas sobre firmas y ratificaciones de tratados

(al 7 de enero de 2009)

A. Ratificaciones y firmas de tratados internacionales con disposiciones sobre jurisdicción universal y aut dedere aut judicare

r = ratificación
ad =
adhesión
s =
sucesión
a =
aceptación
ap =
aprobación
p =
parte (cuando r/a/ad sin confirmar)
f = firma
s-f =
sucesión a la firma

1929 Falsificación moneda

1949 Ginebra

1961 Estupefacientes

1970 La Haya

1971 Sustancias sicotrópicas

1971 Montreal

1972 Narcóticos

1973 Diplomáticos

1977 Protocolo I

1979 Rehenes

1979 Nucleares

1984 Tortura

1988 Marítima

1989 Mercenarios

1994 ersonal Mantenimiento de la Paz

1997 Atentados Terroristas con Bombas

1999 Financiación del Terrorismo

2000 Delincuencia Organizada

2000 Trata de Personas (Protocolo)

2000 Tráfico Ilícito de Migrantes (Protocolo)

2001 Armas de Fuego (Protocolo)

2005 Terrorismo nuclear

Seguridad Personal ONU (Protocolo)

Desapariciones Forzadas

Afganistán

 

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Albania

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Alemania

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Andorra

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Angola

 

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Antigua y Barbuda

 

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Arabia Saudí

 

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Argelia

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Argentina

 

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Armenia

 

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Australia

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Austria

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Azerbaiyán

 

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Bangladesh

 

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Barbados

 

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Bélgica

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Belice

 

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Benín

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Bielorrusia

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Bolivia

 

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Bosnia y Herzegovina

 

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Botswana

 

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Brasil

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Brunei Darussalam

 

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Bulgaria

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Burkina Faso

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Burundi

 

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Bután

 

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Cabo Verde

 

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Camboya

 

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Camerún

 

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Canadá

 

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Chad

 

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Chile

 

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China

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Chipre

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Colombia

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Comores

 

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Corea del Norte (Rep. Dem. Pop. Corea)

 

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Corea del Sur (Rep. de Corea)

 

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Costa de Marfil

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Costa Rica

 

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Croacia

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Cuba

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Dinamarca

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Dominica

 

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Ecuador

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Egipto

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El Salvador

 

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Emiratos Árabes Unidos

 

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Eritrea

 

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Eslovaquia

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Eslovenia

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España

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Estados Federados de Micronesia

 

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Estados Unidos

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Estonia

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Etiopía

 

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Federación Rusa

 

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Filipinas

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Finlandia

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Fiyi

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Francia

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Gabón

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Gambia

 

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Georgia

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Ghana

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Granada

 

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Grecia

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Guatemala

 

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Guinea

 

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Guinea Ecuatorial

 

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Guinea-Bissau

 

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Guyana

 

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Haití

 

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Honduras

 

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Hungría

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India

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Indonesia

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Irak

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Irlanda

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Islandia

 

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Islas Cook

 

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Islas Marshall

 

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Islas Salomón

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Israel

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f

 

 

Italia

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Jamaica

 

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Japón

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Jordania

 

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Kazajistán

 

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Kenia

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Kirguistán

 

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Kiribati

 

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Kuwait

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Lesoto

 

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Letonia

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Líbano

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Liberia

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Libia (Jamahiriya Árabe)

 

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Liechtenstein

 

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Lituania

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Macedonia (ex Rep. Yugoslava de)

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Malaisia

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Malawi

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Maldivas

 

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Malí

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Malta

 

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Marruecos

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Mauricio

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Mauritania

 

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México

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Moldavia, República de

 

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Mónaco

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Mongolia

 

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Montenegro

 

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Mozambique

 

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Myanmar

 

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Namibia

 

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Nauru

 

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Nepal

 

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f

 

 

 

 

 

 

Nicaragua

 

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Níger

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Nigeria

 

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Niue

 

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Noruega

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Nueva Zelanda

 

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Omán

 

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Países Bajos

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Pakistán

 

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f

 

 

 

 

 

 

Palau

 

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f

 

 

Panamá

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f

Papúa Nueva Guinea

 

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Paraguay

 

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f

Perú

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Polonia

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Portugal

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f

Qatar

 

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f

 

 

Reino Unido

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f

 

 

Rep. del Congo

 

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f

 

 

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f

 

 

 

f

Rep. Dem. del Congo

 

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Rep. Dem. Popular de Laos

 

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f

Rep. Islámica de Irán

 

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f

 

 

 

 

 

 

República Centroafricana

 

s

 

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f

 

República Checa

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República Dominicana

 

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Ruanda

 

s

 

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r

 

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f

 

 

Rumania

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Samoa

 

s

 

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r

 

r

 

 

 

 

 

 

f

San Cristóbal y Nieves

 

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San Marino

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r

 

 

r

 

 

 

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f

 

 

 

 

San Vicente y las Granadinas

 

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f

 

 

 

 

Santa Lucía

 

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f

 

 

 

 

 

 

Santa Sede

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r

 

r

 

r

 

 

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Santo Tomé y Príncipe

 

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f

 

 

Senegal

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Serbia

 

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Seychelles

 

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f

 

 

Sierra Leona

 

s

 

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r

 

 

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Singapur

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f

 

 

Siria (Rep. Árabe de)

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f

 

 

Somalia

 

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f

 

 

 

 

 

 

 

Sri Lanka

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f

 

r

 

 

Suazilandia

 

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f

 

f

 

f

Sudáfrica

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Sudán

 

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Suecia

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r

 

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Suiza

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r

 

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r

 

r

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Surinam

 

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r

 

 

 

r

 

 

 

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Tailandia

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f

 

f

 

 

Tanzania

 

s

 

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f

Tayikistán

 

s

 

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f

 

 

Timor Oriental

 

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f

 

 

Togo

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f

 

f

 

 

Tonga

 

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Trinidad y Tobago

 

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Túnez

 

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Turkmenistán

 

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Turquía

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Tuvalu

 

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Ucrania

 

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Uganda

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Uruguay

 

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Uzbekistán

 

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Vanuatu

 

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Venezuela (Rep. Bolivariana de)

 

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Vietnam

 

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Yemen

 

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Yibuti

 

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Zambia

 

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Zimbabue

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B. RatificaCIÓN Y FIRMA DE TRATADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CON DISPOSICIONES SOBRE JURISDICCIÓN universal Y aut dedere aut judicare



r = ratificación
ad =
adhesión
f =
firma

1971 Terrorismo Internacional

1985 Tortura

1994 Menores

1994 Desaparición Forzada

1996 Corrupción

1997 Armas de Fuego

2002 Terrorismo Internacional

Antigua y Barbuda

 

 

 

 

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Argentina

 

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Bahamas

 

 

 

 

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Barbados

 

 

 

 

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Belice

 

 

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Bolivia

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Brasil

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Canadá

 

 

 

 

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Chile

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Colombia

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Costa Rica

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Dominica

 

 

 

 

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Ecuador

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El Salvador

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Estados Unidos de América

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Granada

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Guatemala

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Guyana

 

 

 

 

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Haití

 

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Honduras

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Jamaica

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México

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Nicaragua

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Panamá

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Paraguay

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Perú

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República Dominicana

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r

 

 

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San Cristóbal y Nieves

 

 

 

 

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f

San Vicente y las Granadinas

 

 

 

 

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f

Santa Lucía

 

 

 

 

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r

f

Surinam

 

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f

Trinidad y Tobago

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Uruguay

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r

r

r

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Venezuela

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C. RatificaCIÓN Y FIRMA DE TRATADOS DEL consejo de europa CON DISPOSICIONES SOBRE JURISDICCIÓN universal Y aut dedere aut judicare



r = ratificación
f = firma

1977 Terrorismo (Represión)

1998 Medio Ambiente

2005 Terrorismo (Prevención)


r = ratificación
f = firma

1977 Terrorismo (Represión)

1998 Medio Ambiente

2005 Terrorismo (Prevención)

Albania

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Luxemburgo

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Alemania

r

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Macedonia (ex República Yugoslava de)

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Andorra

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Malta

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Armenia

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f


Moldavia, República de

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Austria

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f


Mónaco

r

 

 

Azerbaiyán

r

 

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Montenegro

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r

Bélgica

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Noruega

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Bosnia y Herzegovina

r

 

r


Países Bajos

r

 

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Bulgaria

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Polonia

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Chipre

r

 

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Portugal

r

 

f

Croacia

r

 

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Reino Unido

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Dinamarca

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r


República Checa

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Eslovaquia

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Rumania

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Eslovenia

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San Marino

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España

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Serbia

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Estonia

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Suecia

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Federación Rusa

r

 

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Suiza

r

 

 

Finlandia

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Turquía

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Francia

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Ucrania

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Georgia

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Grecia

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Hungría

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Irlanda

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Islandia

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Italia

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Letonia

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Liechtenstein

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Lituania

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D. RatificaCIÓN Y FIRMA DE TRATADOS DE La unión africana CON DISPOSICIONES SOBRE JURISDICCIÓN universal Y aut dedere aut judicare



r = ratificación
ad =
adhesión
f = firma

1977 Mercenarios

1999 Terrorismo

2003 Corrupción



1977 Mercenarios

1999 Terrorismo

2003 Corrupción

Angola

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República Centroafricana

 

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Argelia

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Ruanda

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Benín

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Santo Tomé y Príncipe

 

 

 

Botswana

 

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Senegal

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Burkina Faso

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Seychelles

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Burundi

 

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Sierra Leona

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Cabo Verde

 

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Somalia

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Camerún

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Suazilandia

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Chad

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Sudáfrica

 

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Comoras

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Sudán

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Congo (Rep. del)

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Tanzania

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Congo (Rep. Dem. del)

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Togo

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Costa de Marfil

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Túnez

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Egipto

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Uganda

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Eritrea

 

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República Árabe Saharaui Democrática

 

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Etiopía

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Yibuti

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Gabón

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Zambia

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Gambia

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Zimbabue

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Ghana

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Guinea

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Guinea Ecuatorial

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Guinea-Bissau

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Kenia

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Madagascar

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Malawi

 

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Mozambique

 

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Namibia

 

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Níger

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Nigeria

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1 Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, aprobado por la Asamblea General en la Resolución 174 (II), de 21 de noviembre de 1947, con enmiendas aprobadas en las resoluciones 485 (V), de 12 de diciembre de 1950; 984 (X), de 3 de diciembre de 1955; 985 (X), de 3 de diciembre de 1955, y 36/39, de 18 de noviembre de 1981. Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/1/352/9.pdf.

2 Véase Asamblea General, Documentos Oficiales, 59º período de sesiones, Suplemento Nº 10 (A/59/10), párr. 362 (jurisdicción sobre delitos cometidos fuera del territorio nacional).

3 Asamblea General, Documentos Oficiales, 60º período de sesiones, Suplemento Nº 10 (A/60/10) párr.500.

4 Véanse Informe preliminar sobre la obligación de extraditar o juzgar ("aut dedere aut judicare"), de 7 de junio de 2006, A/CN.4/571; Segundo informe sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), de 11 de junio de 2007, A/CN.4/585, y Tercer informe sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), de 10 de junio de 2008, A/CN.4/603.

5 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 59º período de sesiones (7 de mayo a 5 de junio y 9 de Julio a 10 de agosto de 2007), Asamblea General, Documentos Oficiales, 62º período de sesiones, Suplemento Nº 10 (A/62/10), p. 217. Disponible en: http://untreaty.un.org/ilc/reports/2007/2007report.htm.

6 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 60º período de sesiones (2008), A/63/10, párr. 315. Disponible en: http://untreaty.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm .

7 Res. 61/34 de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 2006.

8 Véanse A/CN.4/579, de 5 de marzo de 2007, y sus anexos A/CN.4/579/Add.1, de 30 de abril de 2007; A/CN.4/579/Add.2, de 5 de junio de 2007; A/CN.4/579/Add.3, de 2 de julio de 2007, y A/CN.4/579/Add.4, de 11 de julio de 2007. Véase también A/CN.4/599, de 30 de mayo de 2008.

9 Amnistía Internacional ha publicado los tres primeros documentos de la serie “Estrechando el cerco” sobre los 192 Estados miembros de la ONU, en la que incluirá información sobre la implementación de la obligación aut dedere aut judicare. Son: Alemania: La lucha contra la impunidad a través de la jurisdicción universal, Índice AI: EUR 23/003/2008, de octubre de 2008; España: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad, Índice AI: EUR 41/017/2008, de octubre de 2008, y Sweden: End impunity through universal jurisdiction, Índice AI: EUR 42/001/2009, de enero de 2009.

10 Amnistía Internacional, Universal Jurisdiction: The duty of states to enact and implement legislation, Índice AI: IOR 53/002-018/2001, septiembre de 2001. Disponible en: www.amnesty.org y en formato de CD-ROM. Como se indica en la nota anterior, este estudio, de 722 páginas, se está actualizando, revisando y ampliando para incluir información sobre la jurisdicción universal penal y civil en los 192 Estados miembros de la ONU.

11 Esta definición está limitada a la jurisdicción para juzgar; no comporta jurisdicción de índole ejecutiva ni legislativa. Hay otras definiciones similares, si bien más restringidas. Véase, por ejemplo, Menno T. Kamminga, Final Report on the Exercise of Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences, Committee on International Human Rights Law and Practice, International Law Association (ILA), London Conference 2000 (Final ILA Report) 3 (“De acuerdo con el principio de jurisdicción universal, los Estados tienen derecho, e incluso obligación, de iniciar actuaciones con respecto a ciertos delitos graves, independientemente del lugar del delito y de la nacionalidad del autor o de la víctima”).

12 El Tribunal Supremo de Israel explicó en el caso Eichmann lo siguiente:

Todos los delitos atribuidos al apelante no sólo tienen carácter internacional, sino que además sus efectos dañinos y mortíferos fueron tan amplios y generalizados que sacudieron los fundamentos mismos de la comunidad internacional. El Estado de Israel tiene, por tanto, derecho, en virtud del principio de jurisdicción universal y en calidad de guardián del derecho internacional y agente encargado de hacerlo cumplir, a juzgar al apelante. Siendo así, no tiene importancia que el Estado de Israel no existiera cuando se cometieron los delitos.

Attorney General of Israel v. Eichmann, 36 Int’l L. Rep. 277, 304 (Israel Sup. Ct. 1962).

13La expresión actual “aut dedere aut judicare” significa literalmente “o entregar o juzgar”. Sin embargo, se describe comúnmente como la obligación de extraditar o juzgar. La expresión es una adaptación moderna de la frase “aut dedere aut punire” (entregar o castigar), utilizada por Grocio en De Iure Belli ac Pacis, libro II, cap. XXI, párrs. III -IV y, anteriormente, por Covarrubias (1512-1574). La versión moderna tiene por objeto hacerla más coherente con el principio fundamental de derecho penal de la presunción de inocencia. Sin embargo, no refleja plenamente este principio, pues el deber de juzgar –frente al deber de investigar- no se presenta hasta el momento en que el fiscal tiene indicios admisibles suficientes. Sería mejor utilizar la expresión “aut dedere aut prosequi” (extraditar o procesar), empleada por un notable comentarista, aunque esta frase tampoco contiene todos los matices del deber. Véase, en general, Marc Henzelin, Le Principe de l’Universalité en Droit Pénal International: Droit et Obligation pour les États de Poursuivre et Juger selon le Principe de l’Universalité (Basilea/Ginebra/Múnich: Helbing & Lichtenhahn, y Bruselas: Bruylant 2000). El principio queda reflejado de manera más exacta en la obligación enunciada en disposiciones de varios tratados, como el artículo 7 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que obliga al Estado donde se encuentre el sospechoso a llevar el asunto, si no extradita a la persona, ante sus autoridades competentes para que se inicie un enjuiciamiento. Si se toma la decisión de no entablar un enjuiciamiento por razones inadmisibles, incompatibles con la independencia del fiscal, o si las actuaciones judiciales tienen el propósito de eximir al sospechoso de responsabilidad penal, la obligación de extraditar se mantiene, a menos que el Estado donde se encuentre la persona pueda conseguir las pruebas mediante asistencia judicial mutua, por ejemplo, por vídeo conferencia. Por supuesto, si otro Estado tiene indicios admisibles suficientes y el Estado requerido en el que se encuentra el sospecho, no, la obligación de extraditar también persiste. Esta explicación del origen y los fundamentos de estas expresiones está basada en diversas fuentes, entre ellas: M. Cherif Bassiouni y Edward M. Wise, Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute, en International Law 3-5 (Dordrecht/Boston/Londres: Martinus Nijhoff Publishers 1995); M. Cherif Bassiouni, The Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework, en M. Cherif Bassiouni, ed., International Criminal Law 3, 5 (Ardsley, Nueva York: Transnational Publishers, Inc. 2ª ed. 1999); Henri Donnedieu de Vabres, Introduction à l’étude du droit pénal international: essai d’histoire et de critique sur la compétence criminelle dans les rapports avec l’étranger 183 (París: Sirey 1922), y Henzelin, supra, 98 n. 477.

14 CDI, Informe preliminar sobre la obligación de extraditar o juzgar ("aut dedere aut judicare"), de 7 de junio de 2006, A/CN.4/571, párr. 31.

15 Institut de Droit International, New Problems of Extradition, VI(1), disponible en: www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1983_camb_03_en.PDF.

16 Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, 1996, comentario al artículo 8, párr. 3. Comisión de Derecho Internacional, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48° período de sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996. Asamblea General. Documentos Oficiales Quincuagésimo primer período de sesiones. Suplemento No. 10, en 9, Doc. ONU A/51/10 (1996) Disponible en inglés en http://www.un.org/law/ilc/index.htm.

17 Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), adoptado en la Sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana, Cuba, 1928. Estados Partes: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú República Dominicana y Venezuela. El artículo 345 dispone: “Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo”.

18 Comité Internacional de la Cruz Roja, Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, comentario al I Convenio, Ginebra, 1952, p. 366 (“[t]here is nothing in the paragraph to exclude the handing over of the accused to an international penal tribunal”).

19 Proyecto de Código de Crímenes, artículo 9, Obligación de conceder la extradición o de juzgar, doc. ONU A/51/10/SUPP), disponible en http://documents.un.org/default.asp.

20 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1996, vol. II, segunda parte, p.32. Disponible en inglés en http://www.un.org/law/ilc/index.htm

21 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada el 20 de diciembre de 2006, durante el 61º periodo de sesiones de la Asamblea General, en la resolución A/RES/61/177. Aún no ha entrado en vigor (81 Estados Signatarios y 7 Estados Partes a fecha de 15 de enero de 2009). De hecho, está posibilidad la mencionó el Institut de Droit International en su resolución de 2005 sobre jurisdicción universal (http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2005_kra_03_en.pdf).

22 Código Penal de 2005 de la República de Azerbaiyán, artículos 12.3 y 13.3 (disponible en inglés en http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1658/file/4b3ff87c005675cfd74058077132.htm/preview). Los artículos 12.3 y 13.3 disponen:

12.3. Los ciudadanos de la República de Azerbaiyán, los extranjeros y las personas sin ciudadanía que hayan cometido delitos contra la paz y la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro de una aeronave, toma de rehenes, tortura, piratería marítima, circulación ilegal de narcóticos y sustancias psicotrópicas, fabricación o venta de moneda falsa, agresión a personas o a organizaciones que usan la protección internacional, delitos relacionados con material radioactivo y otros delitos cuyo castigo se haya estipulado en acuerdos internacionales en los que la República de Azerbaiyán sea parte, serán imputados y penados de acuerdo con el presente Código, con independencia del lugar de comisión del delito.

[…]

13.3. Si las personas que han cometido un delito fuera de los límites de la República de Azerbaiyán no fueren enviadas al Estado extranjero y esta acción (o inacción) se admitiere como delito según el presente Código, serán sometidas a procedimientos penales en la República de Azerbaiyán.

23 Código Penal de 2003 de Bosnia y Herzegovina, disponible en inglés en: www.nottingham.ac.uk/law/hrlc/international-criminal-justice-unit/implementation-database.php

Artículo 12. Aplicabilidad de la legislación penal de Bosnia y Herzegovina a los delitos perpetrados fuera del territorio de Bosnia y Herzegovina.

  1. La legislación penal de Bosnia y Herzegovina se aplicará a toda persona que, fuera del territorio de Bosnia y Herzegovina, perpetre:

    1. Cualquier delito contra la integridad de Bosnia y Herzegovina prescrito en el capítulo 16 (Delitos contra la integridad de Bosnia y Herzegovina) de este Código;

    2. El delito de falsificación de moneda o falsificación de valores de Bosnia y Herzegovina, el delito de falsificación de títulos de valor o falsificación de marcas, medidas y pesos emitidos sobre la base de reglamentos establecidos por las instituciones de Bosnia y Herzegovina, definidos en los artículos 205 a 208 de este Código;

    3. Un delito que Bosnia y Herzegovina tenga la obligación de castigar de acuerdo a las disposiciones del derecho internacional y de tratados internacionales o de acuerdos intergubernamentales;

    4. Un delito contra un funcionario o una persona con responsabilidad de las instituciones de Bosnia y Herzegovina, relacionado con su función.

  2. La legislación penal de Bosnia y Herzegovina se aplicará al ciudadano de Bosnia y Herzegovina que, fuera del territorio de Bosnia y Herzegovina, perpetre un delito distinto de los especificados en el párrafo 1 de este artículo.

  3. La legislación penal de Bosnia y Herzegovina se aplicará al no ciudadano de Bosnia y Herzegovina que, fuera del territorio de Bosnia y Herzegovina, perpetre un delito contra Bosnia y Herzegovina o sus ciudadanos no especificado en el párrafo 1 de este artículo.

  4. La legislación penal de Bosnia y Herzegovina se aplicará al no ciudadano de Bosnia y Herzegovina que, fuera del territorio de Bosnia y Herzegovina, perpetre contra un Estado extranjero o un no ciudadano de Bosnia y Herzegovina un delito por el que, de acuerdo con la legislación vigente en el lugar de la comisión del delito, se pueda imponer una pena de cinco años de prisión o una pena más severa.

  5. En los casos mencionados en los párrafos 2 y 3 de este artículo, la legislación penal de Bosnia y Herzegovina se aplicará sólo si el autor del delito es hallado dentro del territorio de Bosnia y Herzegovina o ha sido extraditado a él, mientras que en el caso mencionado en el párrafo 4 de este artículo, sólo si el autor del delito es hallado dentro del territorio de Bosnia y Herzegovina y no es extraditado a otro Estado.

24 Código Penal, art.4:

Artigo 4º (Factos praticados fora do território nacional).

a)- Salvo convenção internacional em contrário, a lei penal cabo-verdiana é aplicável a factos praticados fora do território da Cabo Verde nos seguintes casos:

b) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 138º, números 2 e 3, e 267º a 278º [crimes against the international community], desde que o agente seja encontrado em Cabo Verde e não possa ser extraditado.

d) Quando forem cometido por Cabo-verdianos, ou por estrangeiros contra cabo-verdianos, desde qu o agente seja en contrado em Cabo Verde, os factos sejam igualmente puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados e constituírem crime que legalmente admita extradição e esta não possa em concreto ser concedida.

e) Quando se trate de crimes que o Estado cabo-verdiano, por convenção internacional, se tenha obrigado a julgar.

25 Código Penal, Ley 599/2000, de 24 de Julio de 2000, disponible en: www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/Min/l5992000.htm.

Artículo 16. Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará:

1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el Artículo 323 del presente Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana.

En todo caso se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiere estado privada de su libertad.

2. A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero.

3. A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, no goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa en el extranjero delito distinto de los mencionados en el numeral 1º, cuando no hubiere sido juzgada en el exterior.

4. Al nacional que fuera de los casos previstos en los numerales anteriores, se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado en el exterior.

Si se trata de pena inferior, no se procederá sino por querella de parte o petición del Procurador General de la Nación.

5. Al extranjero que fuera de los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3, se encuentre en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en perjuicio del Estado o de un nacional colombiano, que la ley colombiana reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos años (2) y no hubiere sido juzgado en el exterior.

En este caso sólo se procederá por querella de parte o petición del Procurador General de la Nación.

6. Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de extranjero, siempre que se reúnan estas condiciones:

a) Que se halle en territorio colombiano;

b) Que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años;

c) Que no se trate de delito político, y

d) Que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el gobierno colombiano. Cuando la extradición no fuere aceptada habrá lugar a proceso penal.

En el caso a que se refiere el presente numeral no se procederá sino mediante querella o petición del Procurador General de la Nación y siempre que no hubiere sido juzgado en el exterior.

26 Código Penal de El Salvador, Decreto legislativo 1030, de 27 de abril de 1997; disponible en: www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/29961fcd8682863406256d02005a3cd4?OpenDocument.

Principio de universalidad. Art. 10.- También se aplicará la ley penal salvadoreña a los delitos cometidos por cualquier persona en un lugar no sometido a la jurisdicción salvadoreña, siempre que ellos afectaren bienes protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas del derecho internacional o impliquen una grave afectación a los derechos humanos reconocidos universalmente.

Art. 11.- En los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, se aplicará la ley vigente en el lugar de la comisión del hecho punible, si sus disposiciones son más favorables al imputado que las contenidas en la ley penal salvadoreña; sin embargo, se dará preferencia a la pretensión del Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito, si reclamare el juzgamiento antes de que se inicie el ejercicio de la acción penal.

27 Código Penal de 6 de junio de 2001, reformado (19 de mayo de 2004, entró en vigor el 1 de Julio de 2004 - RT I 2004, 46, 329), art. 7.1. Disponible en inglés en: www.legislationline.org/upload/legislations/07/6a/4d16963509db70c09d23e52cb8df.htm. El artículo 7 (Aplicabilidad de la legislación penal en razón de la persona afectada) dispone:

La legislación penal de Estonia se aplica al acto cometido fuera del territorio de Estonia si tal acto es constitutivo de delito de conformidad con la legislación penal de Estonia y es punible en el lugar de comisión del acto o si ningún poder penal es aplicable en el lugar de comisión del acto y si:

1) el acto se comete contra un ciudadano de Estonia o una persona jurídica registrada en Estonia;

2) el autor del acto es un ciudadano de Estonia en el momento de la comisión del acto o se hace ciudadano de Estonia después de ella o si el autor del acto es un extranjero que ha sido detenido en Estonia y no es extraditado.

28 Código Penal de Finlandia, 39/1889, reformado, sección 8 (véase también la sección 7). Disponible en inglés en: www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf.

29 Estas disposiciones parecen establecer la obligación general de juzgar por crímenes de competencia universal, salvo en los casos en que se conceda la extradición. Ley 167, de 16 de julio de 1997, de la República de Kazajistán, Código Penal de la República de Kazajistán, disponible en inglés en: www.legislationline.org/upload/legislations/25/c8/ca1cfb8a67f8a1c2ffe8de6554a3.htm.

El artículo 7 (Efecto de la legislación penal con respecto a las personas que hayan cometido un delito fuera de las fronteras de la República de Kazajistán) dispone en su párrafo 4:

Los extranjeros que hayan cometido delitos fuera de las fronteras de la República de Kazajistán serán responsables penalmente de acuerdo con el presente Código en los casos en que un determinado delito haya ido dirigido contra los intereses de la República de Kazajistán y en los casos estipulados por un tratado internacional de la República de Kazajistán, si esos extranjeros no han sido declarados culpables en ese otro Estado y son considerados responsables penalmente en el territorio de la República de Kazajistán.

El artículo 8 (Extradición de personas que hayan cometido un delito) dispone:

1. Los ciudadanos de la República de Kazajistán que hayan cometido un delito en el territorio de otro Estado no serán objeto de extradición a ese otro Estado a menos que se establezca lo contrario en tratados internacionales.

2. Los extranjeros y las personas apátridas que hayan cometido un delito fuera de las fronteras de la República de Kazajistán y que se encuentren en el territorio de la República de Kazajistán pueden ser extraditados a otro Estado para que respondan penalmente o para cumplir una pena de acuerdo con algún tratado internacional de la República de Kazajistán.

30 Ley sobre el Castigo de los Delitos de la Competencia de Corte Penal Internacional, de 2008, artículo 3, (Esta ley se aplicará también extranjero que se encuentre en el territorio de la República de Corea tras haber cometido un delito de lesa humanidad, etc. fuera de la República de Corea). Disponible en inglés en: http://korea.na.go.kr/abo/zin_read.jsp?cha=34&boarditemid=1000008397.

31 Código Penal de la República de Macedonia, disponible en inglés en www.legislationline.org/legislation.php?tid=1&lid=6272.

Artículo 119 (Aplicación de la legislación penal a un extranjero que cometa un delito fuera del territorio nacional).

1) La legislación penal es aplicable también al extranjero que cometa un delito fuera del territorio de la República de Macedonia pero dirigido contra ella o contra un ciudadano suyo, también si no guarda relación con los delitos enumerados en el artículo 117, si se encuentra en el territorio de la República de Macedonia o es extraditado.

2) La legislación penal es aplicable también al extranjero que cometa un delito fuera, contra un país extranjero o un extranjero, que según esa legislación pueda ser condenado a cinco años de prisión o a una pena más severa, cuando se encuentre en el territorio de la República de Macedonia y cuando no sea extraditado al país extranjero. Si no se determina de otro modo en este Código, en tal caso el tribunal no puede imponer una pena más severa que la pena prescrita por la ley del país en el que el delito se ha cometido.

32 Artículo 328 M, Código Penal. Véase también el artículo 5.1.h sobre la obligación de juzgar cuando la solicitud de extradición se ha denegado en razón de la nacionalidad maltesa de la persona solicitada o de la sujeción del delito a la pena de muerte en el país que ha hecho la solicitud. Disponible en: www.legislationline.org/upload/legislations/4a/84/8881d69dda92a96bc8e400db18dd.pdf.

33 Código Penal (Boletín Oficial de la República de Montenegro, nº 70/2003, y corrección, nº 13/2004), disponible en: www.legislationline.org/legislation.php?tid=1&lid=6221.

Artículo 137 (Aplicabilidad de la legislación penal de Montenegro al extranjero que cometa un delito penal fuera del país).

2) La legislación penal de Montenegro será también aplicable al extranjero que cometa fuera del país, contra un país extranjero o un extranjero, un delito por el que, de acuerdo con la legislación penal donde lo haya cometido, se le pueda imponer una pena de prisión de cinco años o más de duración, si fuere atrapado en el territorio de Montenegro pero no extraditado a un país extranjero. Si el presente Código no lo prescribe de otro modo, un tribunal de justicia no puede imponer en tal caso una pena más severa que la prescrita por la legislación del país en el que el delito se ha cometido.

34 Código Penal de Panamá, Ley No.14, de 18 de mayo de 2007 (disponible en: www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25796/4580.pdf). El artículo 20 dispone:

Artículo 20. También se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero, cuando:

1. Produzcan o deban producir sus resultados en el territorio panameño.

2. Sean cometidos en perjuicio de un panameño o sus derechos.

3. Sean cometidos por agentes diplomáticos, funcionarios o empleados panameños que no hubieran sido juzgados en el lugar de su comisión por razones de inmunidad diplomática.

4. Una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero.

35 Código Penal de Perú, de 8 de abril de 1991 (Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo). El articulo 3 dispone:

Artículo 3. - Principio de Representación. La Ley Penal peruana podrá aplicarse cuando, solicitada la extradición, no se entregue al agente a la autoridad competente de un Estado extranjero.

36 Código Penal, artículo 5. Dispone:

Factos praticados fora do território portugués.

1 — Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional:

a) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 221.º, 262.º a 271.º, 308.º a 321.º e 325.º a 345.º;

b) Contra portugueses, por portugueses que viverem habitualmente em Portugal ao tempo da sua prática e aqui forem encontrados;

c) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 159.º a 161.º, 171.º, 172.º, 175.º, 176.º e 278.º a 280.º, desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;

d) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 144.º, 163.º e 164.º, sendo a vítima menor, desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;

e) Por portugueses, ou por estrangeiros contra portugueses, sempre que:

i) Os agentes forem encontrados em Portugal;

ii) Forem também puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados, salvo quando nesse lugar não se exercer poder punitivo; e

iii) Constituírem crime que admita extradição e esta não possa ser concedida ou seja decidida a não entrega do agente em execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;

f) Por estrangeiros que forem encontrados em Portugal e cuja extradição haja sido requerida, quando constituírem crimes que admitam a extradição e esta não possa ser concedida ou seja decidida a não entrega do agente em execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;

g) Por pessoa colectiva ou contra pessoa colectiva que tenha sede em território português.

2 — A lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional que o Estado Português se tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção internacional.

37 Código Penal de 2005 de Serbia y Montenegro, Boletín Oficial de la República de Serbia, Nº 85/2005, 88/2005 y 107/2005 (disponible en inglés en: www.osce.org/documents/fry/2006/02/18196_en.pdf). El artículo 9 (Aplicabilidad de la legislación penal de Serbia a un ciudadano extranjero que cometa un delito fuera del país) reza:

1) La legislación penal de Serbia se aplicará también al extranjero que cometa un delito contra Serbia o un ciudadano suyo fuera del territorio de Serbia distinto de los definidos en el artículo 7 del presente Código, si se halla en el territorio de Serbia o Montenegro o si es extraditado a la Unión Estatal de Serbia y Montenegro.

2) La legislación penal de Serbia se aplicará también al extranjero que cometa un delito fuera del país contra un Estado extranjero o un ciudadano extranjero cuanto tal delito sea punible con cinco años de prisión o una pena más severa de conformidad con las leyes del país de comisión del delito si tal persona se encuentra en el territorio de Serbia y no es extraditada al Estado extranjero. Salvo que este Código estipule lo contrario, los tribunales no pueden imponer en tales casos una pena más severa que la establecida por la ley del país donde se ha cometido el delito.

38 Ley 26.200, Principio aut dedere aut iudicare, art. 4º.

  1. 39 Projeto de Lei, Dispõe sobre o crime de genocídio, define os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional(2008).

  2. Art. 128. O art. 7o do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal, Parte Geral), passa a ter a seguinte redação:

Art. 7o III - os crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra, contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional e outros que venham a ser acrescidos à jurisdição desse Tribunal com a adesão do Brasil, ainda que cometidos no estrangeiro, por agente que não seja brasileiro.

§ 3o b) houve representação do Advogado-Geral da União.

§ 4o Nos casos do inciso III, a aplicação da lei brasileira obedecerá às seguintes regras:

I - nos crimes praticados no estrangeiro, por agente não brasileiro, a aplicação da lei brasileira dependerá do concurso das seguintes condições:

a) entrar o agente no território nacional ou ter havido representação do Advogado-Geral da União;

b) não estar sendo o agente processado no estrangeiro ou não ter aí sido condenado;

c) não ter sido concedida a extradição, nem requisitada a entrega ao Tribunal Penal Internacional;

II - nos crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional, a aplicação da lei penal brasileira dependerá do concurso das seguintes condições:

a) ser o agente brasileiro ou o crime ter sido praticado no território nacional, ou, nas demais hipóteses, estarem presentes as condições do inciso I;

b) houver requisição do Tribunal Penal Internacional;

c) não ter sido o agente condenado no estrangeiro ou não ter sido processado pelo Tribunal Penal Internacional.”

40 Ley de Aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y Enjuiciamiento por Actos Delictivos Contra el Derecho Internacional sobre la Guerra y el Derecho Humanitario, Nº 01-081-03-3537/2, Zagreb, 24 de octubre de 2003, artículo 10.2. Disponible en inglés en: http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_hrlcicju/Croatia/November_2003_Law_on_the_Application_of_the_Statute_of_the_International_Criminal_Court__English_.pdf

41 Disposition modifiant le Code de Procédure Pénale. Disponible en: http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/308.html.

Article 7 bis (nouveau).

Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-11 ainsi rédigé:

«Art. 689-11. – Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant Statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont il a la nationalité est partie à la convention précitée.

 La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition.»

42 Código Penal de Georgia, con enmiendas, art. 5.3.3 y 6.2 (disponible en inglés en: http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_hrlcicju/Georgia/Law_on_Amendments_to_the_Criminal_Code.pdf).

Artículo 5.3.3. El ciudadano extranjero o la persona apátrida sin residencia permanente en Georgia que cometa fuera del país un acto previsto en este Código pero no considerado delito por la legislación del país donde se cometa, será considerado responsable penalmente según este Código si el delito es serio o grave o si la responsabilidad penal de este delito está prevista por tratado internacional de Georgia.

Artículo 6.2. El ciudadano de un país extranjero, así como la persona apátrida, que se encuentre en el territorio de Georgia puede ser extraditado a otro Estado o entregado a la Corte Penal Internacional para ser juzgado o para cumplir condena de la manera y en la medida en que lo determine el acuerdo internacional de Georgia.

43 Lei n.º 31/2004, adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário – 17.ª alteração ao código penal.

Artigo 5.º, Aplicação no espaço: factos praticados fora do território português 1 - As disposições da presente lei são também aplicáveis a factos praticados fora do território nacional, desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou seja decidida a sua não entrega ao Tribunal Penal Internacional.

44 El Código Penal de Suiza, disponible en http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/index.html, establece:

  1.  Art. 6. Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international.

1) Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:

a.si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et

b.si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.

2) Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

3) Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;

b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4) Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

El Projet de Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (