Document - Catálogo de fracasos: Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional Índice AI: IOR 30/003/2003/s

Índice AI: IOR 30/003/2003/s Amnistía Internacional

Resumen

Índice AI: IOR 30/003/2003/s

Este texto resume un documento titulado Catálogo de fracasos: Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos (Índice AI: IOR 30/003/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar amplia documentación sobre éste y otros asuntos en el sitio web de Amnistía Internacional <http://www.amnesty.org> (en inglés), así como recibir comunicados de prensa por correo electrónico en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org>.

Índice AI:IOR 30/003/2003/s Amnistía Internacional

1. Introducción

Las deficiencias de los controles nacionales de las transferencias internacionales de armas y material de seguridad «convencionales» contribuyen a la persistencia de las violaciones graves de derechos humanos. De todos los, por otra parte numerosos, Estados con leyes y procedimientos administrativos inadecuados para gestionar la exportación, el tránsito y la importación de estas armas, los más notorios son los que administran las mayores economías industrializadas del mundo: los del Grupo de los Ocho o G8.

Amnistía Internacional se opone a la transferencia de material, tecnología y especialización militar, de seguridad y policial cuando quepa suponer razonablemente que contribuirán a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país receptor, y ha pedido en consecuencia a los gobiernos del G8 que respeten este principio que reconocen desde hace tiempo pero nunca han cumplido del todo.

Como muestra este estudio, los gobiernos del G8 autorizan el envío de niveles de armas y de asistencia afín que no tienen parangón a fuerzas armadas y organismos encargados de hacer cumplir la ley del mundo que a menudo persisten en cometer violaciones graves de derechos humanos, equipándolas, alentándolas y recompensándolas.

Al menos dos terceras partes de todas las transferencias de armas realizadas en el mundo entre 1997 y 2001 procedieron de cinco miembros del G8. SIPRI Yearbook, pp. 374-378. El mayor proveedor de armas del mundo fue Estados Unidos, responsable del 28% de este tipo de transferencias. El segundo fue Rusia, con el 17%; el tercero Francia, con el 10%, seguido de Gran Bretaña con el 7%, y por último Alemania, con el 5%.

Durante 25 años, la legislación de Estados Unidos ha estipulado que hay que mantener las armas alejadas de los gobiernos que las emplean para cometer abusos contra los derechos humanos. Pero las ventas comerciales de armas de Estados Unidos han tenido muchas veces el efecto contrario. Entre los años 2000 y 2001, las ventas de armas de Estados Unidos a países en desarrollo se han cuadruplicado, y las fuerzas de muchos de estos países persisten en cometer abusos. Además, actualmente Estados Unidos envía ayuda militar a más de 30 países que, según afirma el propio Estados Unidos, tienen un historial de derechos humanos «deficiente» o peor.

Hace casi diez años, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia y el Reino Unido firmaron, junto con otros Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales, que comprometen a los Estados participantes a «evitar las transferencias susceptibles de ser utilizadas para violar o suprimir los derechos humanos y las libertades fundamentales». Sin embargo, un examen de las prácticas de estos siete poderosos Estados evidencia que están lejos de cumplir ese compromiso acordado.

Más recientemente, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, como Estados miembros de la Unión Europea (UE), se comprometieron a cumplir el Código de Conducta de la UE en Materia de Exportación de Armas (adoptado por el Consejo de la UE el 8 de junio de 1998). Canadá, Estados Unidos y muchos países más han declarado su apoyo general a los principios del Código de la UE. Aunque deja la decisión final sobre las exportaciones en manos de los gobiernos nacionales, el Código estipula que no se deben exportar armas a países donde exista un riesgo claro de que sean empleadas para la represión interna o donde se vienen cometiendo violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, los datos de que se dispone hasta el momento indican que esta promesa no se cumple del todo. Un tratado internacional sobre comercio de armas, legalmente vinculante, basado en principios del derecho internacional, y especialmente en las normas de derechos humanos y en el derecho humanitario, en lugar de un código voluntario especial, proporcionaría a las víctimas en potencia de todo el mundo una protección mucho mayor, pero sólo los líderes del G8 pueden decidirlo.

Entre los Estados del G8 apenas existen requisitos legales o reglamentarios que impongan la inclusión del contenido de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario en los diversos servicios de instrucción militar, de seguridad y policial que proporcionan a Estados de todas las regiones del mundo. Y cuando sí se hace referencia a criterios de derechos humanos en las leyes que regulan la exportación de armas y la ayuda exterior de carácter militar y de seguridad, éstos suelen interpretarse de forma muy laxa. En particular, los gobiernos no prestan suficiente atención, durante el proceso de toma de decisiones sobre la exportación, al largo ciclo vital de la mayoría de los tipos de armas y de equipos y tecnología de seguridad, y el consiguiente riesgo prolongado de abusos.

Por el contrario, la mayor parte del comercio internacional de armas está orientada a la obtención de beneficios y de ventajas políticas a corto plazo. En la actualidad, los gobiernos del G8 permiten que las empresas participen en un comercio internacional de armas, tecnologías y formación que se caracteriza por su secretismo y la ausencia de una reglamentación rigurosa. Se utiliza la excusa de la «confidencialidad comercial» para no entregar información significativa y puntual a los legisladores, los medios de comunicación y la opinión pública en general sobre decisiones relativas a exportaciones de armas, lo que menoscaba la vigilancia parlamentaria y la rendición pública de cuentas de este comercio. Además, se ha permitido que empresas de los países del G8 establezcan centros de producción en el extranjero, a veces con contratos de licencia con empresas extranjeras en los que ni las licencias ni su impacto están sometidos a condiciones efectivas de derechos humanos o a supervisión. Esta práctica permite que las empresas del G8 eludan las restricciones nacionales de control de armas al establecer la producción en otros países cuyos controles de exportación de armas son más débiles.

Algunas empresas de países del G8 han estado implicadas en el suministro de material y aparatos de seguridad cuyo principal propósito práctico es la tortura o los malos tratos. En muchos otros casos, las empresas suministran dispositivos concebidos para la seguridad y el control de la delincuencia, pero que en realidad pueden usarse fácilmente para infligir torturas y malos tratos. Por ejemplo, entre las 230 empresas de 35 países que fabrican o distribuyen armas de electrochoque o actúan como intermediarios en su suministro, hay empresas estadounidenses, rusas, francesas y alemanas. Los gobiernos del G8 carecen de leyes y reglamentos efectivos que impidan la exportación de este tipo de material a fuerzas de seguridad extranjeras que, según los informes, abusan de dispositivos legítimos para infligir torturas.

La Comisión Europea, ante la preocupación expresada en el Parlamento Europeo, ha propuesto recientemente un reglamento de comercio para su adopción por el Consejo Europeo. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el comercio de determinados materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, COM (2002) 770, 30 de diciembre de 2002. De aprobarse sin enmiendas, este reglamento prohibirá la importación, exportación e intermediación por parte de empresas y personas dentro de los 15 Estados miembros de la UE de lo que la Comisión considera «material para torturas», como cinturones paralizantes de electrochoque, esposas para pulgares y grilletes. La propuesta de reglamento de comercio exigirá también que todos los Estados miembros de la UE introduzcan controles en la exportación de productos como porras paralizantes, pistolas paralizantes y dispositivos antidisturbios como el gas lacrimógeno. Amnistía Internacional acoge con beneplácito la introducción de este reglamento de comercio y pide a los demás gobiernos del mundo que introduzcan prohibiciones y controles similares para proteger los derechos humanos.

En julio de 2000, seis de los mayores exportadores de armas europeos —Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y el Reino Unido— firmaron el Acuerdo Marco relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa. El acuerdo tiene por objeto reducir los controles impuestos sobre las empresas exportadoras de armas dentro de Europa, pero podría debilitar los controles a la exportación de armas, ya que no prevé una transparencia adecuada ni la vigilancia de las exportaciones a países no participantes.

¿Quién armó a Irak?
A la sombra de los masivos preparativos militares encabezados por Estados Unidos contra Irak de finales de 2002 y principios de 2003, surgieron pruebas de que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como varios Estados de Europa Oriental, habían suministrado armas y material afín al gobierno de Irak.

Antes de la Guerra del Golfo de 1991, al menos 20 países fueron acusados de estar implicados en el desarrollo de la base tecnológica de diferentes programas de armas iraquíes, y concretamente del programa de armas químicas. Cordesman, A. H., Weapons of Mass Destruction in the Middle East (Brassey’s: Londres, 1991), pp. 64–65. En diciembre de 2002, el gobierno iraquí entregó a la ONU un expediente de 12.000 páginas en el que figuraban los nombres de empresas británicas, francesas, rusas, estadounidenses y chinas como proveedores de tecnología armamentística a Irak. Sin embargo, hasta la fecha de redactarse este documento no había aparecido ninguna prueba concluyente de que Irak poseyera armas de destrucción masiva.

Diecisiete empresas británicas citadas como proveedores a Irak de tecnología armamentística nuclear, biológica, química, de misiles y convencional serán sometidas a investigación y podrían ser enjuiciadas. Según el expediente, 24 firmas estadounidenses vendieron a Irak armas que incluían tecnología nuclear y de misiles, y alrededor de «50 subsidiarias de empresas extranjeras hicieron sus negocios de armas con Irak desde Estados Unidos». Alemania aparecía como el mayor socio de Irak en el comercio de armas, con 80 empresas que vendieron tecnología armamentística a este país. Aunque la mayor parte del comercio finalizó en 1991, con el estallido de la Guerra del Golfo, Rusia, China y, según los informes, Portugal, vendieron armas a Irak después de 1991, contraviniendo las resoluciones de la ONU. «Revealed: 17 British Firms Armed Saddam with his Weapons», The Sunday Herald, 23 de febrero de 2003; «Portugal sold arms to Iraq in violation of UN embargo: report», Agence France Presse, 27 de febrero de 2003. Según los informes, la ONU afirmó que la divulgación de los nombres de las empresas sería contraproducente.

En agosto de 1991, los inspectores de armas de la UNSCOM (órgano de la ONU) elaboraron una lista de empresas que habían proporcionado tecnología a los programas de armas químicas y biológicas de Irak. La lista no se hizo pública, pero los gobiernos pueden obtener información sobre la implicación de las empresas de su país mediante una solicitud especial a la ONU. «Made in the USA», LA Weekly, 21-27 de marzo de 2003. Los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China deben divulgar la lista de empresas que suministraron tecnología a los programas de armas químicas, biológicas y de otra índole de Irak.

Algunas empresas alemanas han sido sometidas a investigaciones penales por presunta infracción del embargo de armas contra Irak. El Reino Unido y Estados Unidos han sido acusados de apoyar el programa de armas químicas y biológicas de Irak mediante la venta de productos químicos y de tecnología.

«Las empresas británicas vendieron miles de kilos de ingredientes básicos de gas nervioso y de gas mostaza a Irak e Irán el año pasado, confirmó ayer el Ministerio de Comercio [...] Las cifras del Ministerio muestran que se han exportado a Irak 2.000 kilos de difluoruro de metilfosfonilo. Este es el ingrediente básico del gas nervioso sarín [...] Empresas británicas vendieron asimismo 38.000 kilos de metilfosfonato de dimetilo y otros ingredientes del sarín a Irak.» Andrew Beitch, The Guardian, 6 de abril de 1984.

Se calcula que cuatro años después de la publicación de este artículo, en marzo de 1988, 5.000 personas fueron asesinadas deliberadamente y miles resultaron heridas como consecuencia de los ataques con armas químicas realizados por las fuerzas iraquíes contra la ciudad de Halabja, en el norte de Irak. La mayoría de las víctimas eran civiles, muchas de ellas mujeres y niños.

Según los informes, las armas convencionales suministradas por muchos Estados a las fuerzas armadas iraquíes, como artillería, tanques, vehículos militares, y aviones y helicópteros de combate, han sido utilizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos.

Por ejemplo, los informes indican que en abril de 1999 hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad cuando éstas intentaron impedir que los musulmanes chiíes tomaran parte en las oraciones del viernes en la mezquita de Al Hikma, en Ciudad Sadam, en Bagdad. Al parecer, los enfrentamientos se saldaron con la muerte de decenas de manifestantes. Un testigo presencial declaró a Amnistía Internacional que «cuando se impidió a la gente participar en las oraciones empezaron a gritar consignas contra las autoridades. Algunos manifestantes iban armados y comenzaron a disparar contra las fuerzas de seguridad, pero éstas usaron tanques contra la población y mataron a muchas personas, niños incluidos.» Iraq – Systematic Torture of Political Prisoners (Índice AI: MDE 14/008/2001).

En 1994 las fuerzas militares y especiales iraquíes seguían lanzando ataques armados deliberados e indiscriminados contra objetivos civiles, incluidos los asentamientos de Al Jibayesh, Al ‛Uwaili y Al Saigal, en la regi¾n de marismas del sur de Irak, donde la mayorÝa de la poblaci¾n es chiÝ. Decenas de familias se vieron obligadas a desplazarse tras la destrucci¾n de sus casas o para huir de los bombardeos de la artillerÝa. Informe 1995 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1995/s). En febrero de 1992, el presidente Sadam Husein había declarado que los musulmanes chiíes que habían participado en la rebelión de marzo de 1991 debían ser ametrallados por traición. Informe 1993 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1993/s).

Además de los suministros procedentes de los países citados, y pese al embargo de la ONU, se han introducido de contrabando desde Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas piezas de recambio para el ejército iraquí. Aunque estas transferencias habrían sido ilícitas con arreglo al derecho internacional, parece que en muchos casos las ventas de armas fueron autorizadas por agencias gubernamentales o realizadas por agencias de exportación de armas de propiedad estatal. «Iraq Seeks Ukraine Arms Links», Financial Times, 9 de julio de 2002. Dos días después, AP informó de que el parlamento ucraniano había creado una comisión para investigar los informes según los cuales funcionarios del gobierno participaban en ventas de armas a Irak, violando las sanciones de la ONU.

La facilidad con que empresas, vendedores e intermediarios —a menudo con la connivencia de funcionarios del Estado— han violado los embargos de armas de la ONU pone de relieve la necesidad de un tratado mundial sobre comercio de armas con controles sobre la exportación que puedan hacerse cumplir legalmente a nivel nacional.

Los mercados, las conexiones de los transportes y las redes de comunicación cada vez más globalizados ofrecen oportunidades para que los traficantes de armas burlen los controles nacionales sobre armas y material de seguridad. Desde el genocidio de Ruanda de 1994, las investigaciones de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violación de embargos de armas impuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU han mostrado, a menudo con todo lujo de detalles, cómo las redes internacionales de intermediarios y traficantes de armas alimentan las crisis de derechos humanos. Sólo si los Estados poderosos imponen un control extraterritorial y transparente sobre la intermediación y el tráfico de armas se podrá regular debidamente el comercio de armas y poner fin al tipo de acuerdos de «tercer país» que se traducen en transferencias de armas que contribuyen a la comisión de abusos graves contra los derechos humanos. Estados Unidos dispone de una ley extraterritorial sobre intermediarios en las transferencias de armas que, aunque se aplica de forma imperfecta y es debilitada en operaciones encubiertas de contrabando de armas realizadas por agencias del gobierno estadounidense, sí parece servir para disuadir a los ciudadanos de Estados Unidos de traficar con armas en el extranjero. Pero Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido ni siquiera tienen leyes de este tipo. Algunos otros países europeos están introduciendo controles con poderes extraterritoriales mucho mayores. Suecia, Noruega y los Países Bajos ya tienen dichos poderes. Finlandia y Polonia han introducido controles, y Bélgica está estudiando la posibilidad de imponerlos.

La intermediación en el comercio de armas debería estar prohibida, salvo que los intermediarios cumplan unos criterios estrictos para ser declarados «aptos» para realizar actividades de intermediación. Estados Unidos ya cuenta con un registro, no así el resto de los países del G8. Además, por el mero hecho de estar inscrito en el registro, un intermediario no debería estar autorizado para realizar operaciones concretas con armas sin solicitar previamente una licencia individual cuya concesión esté supeditada a estrictos criterios de derechos humanos y de otra índole. Un sistema de estas características ayudaría a que los organismos encargados de hacer cumplir la ley dirigiesen sus esfuerzos de una forma más informada y a que la rendición de cuentas sea efectiva.

El tráfico ilícito de armas de fuego fue incluido por primera vez en la agenda del G7 durante la Cumbre Económica de Halifax de 1994, cuando los líderes del Grupo pusieron de relieve los costes económicos y sociales de la delincuencia. En la Cumbre del G8 de Denver de junio de 1997, la cuestión del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras ya se había convertido en una prioridad manifiesta. El tema se volvió a tratar en la Cumbre del G8 de Birmingham de mayo de 1998, donde se acordó desarrollar un «instrumento internacional» para combatir el tráfico de armas de fuego.

Aunque el G8 ha prestado poca atención al control de otras armas convencionales, el enfoque sobre las armas pequeñas y ligeras contribuyó al desarrollo del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, de la ONU, que firmó en 2002 y que se adjuntó como anexo a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU. Sin embargo, su aplicabilidad a los suministros destinados a fuerzas armadas estatales y organismos encargados de hacer cumplir la ley es limitada. Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada mediante la resolución A/RES/55/25 el 15 de noviembre de 2000.

En julio de 2001, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia se aliaron con el de China y con algunos miembros del Movimiento de Países No Alineados para debilitar de forma significativa el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, de la ONU. En concreto, se opusieron a la inclusión de cláusulas explícitas sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales internacionales humanitarias y en materia de derechos humanos en relación con el control de la exportación de armas. Véase el documento de la ONU A/Conf.192/15. No obstante, los gobiernos sí acordaron en el Programa de la ONU «evaluar las solicitudes de autorización de exportación de conformidad con reglas y procedimientos nacionales rigurosos que abarquen todas las armas pequeñas y ligeras y sean compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional pertinente, teniendo en cuenta, en particular, el riesgo de que esas armas se desvíen al tráfico ilícito.» Véase ibídem, párrafo 11 de la sección II. En enero de 2003, el gobierno del Reino Unido organizó una conferencia internacional en Lancaster House, Londres, en la que participaron 50 representantes gubernamentales para debatir medidas encaminadas a aplicar este párrafo y otros afines del Programa de Acción de la ONU. Pero, ¿cumplirán esta promesa los gobiernos del G8?

Antes de 2001, el compromiso del G8 con las cuestiones relacionadas con la paz y los derechos humanos era débil, pero en la Cumbre de Italia de junio de 2001, los líderes del G8 comenzaron a abordar la prevención de conflictos como preocupación política, concretamente en relación con África. De G8 Roma initiatives on conflict prevention, Conclusiones de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G8, Roma, 18-19 de julio de 2001. Este Plan se elaboró con más detalle en la Cumbre del G8 de Calgary de 2002, aunque esta Cumbre adoptó pocas medidas concretas y principios claros para mejorar sustancialmente la protección de los derechos humanos. Durante el periodo previo a esta Cumbre, Amnistía Internacional formuló peticiones en tres áreas en las que una acción valiente y decisiva de los líderes del G8 podía tener enorme repercusión:

· el control del comercio internacional de armas;
· el control del comercio de «diamantes de zonas de conflicto» y de otros recursos minerales procedentes de zonas de conflicto armado cuya venta financia el suministro de armas y contribuye a que se cometan abusos contra los derechos humanos;
· el respaldo a los esfuerzos destinados a hacer que las fuerzas policiales de todo el mundo sean más responsables y reciban una mejor formación para respetar los derechos humanos.

Amnistía Internacional y otros subrayaron el hecho de que los gobiernos de siete de los Estados del G8 —Estados Unidos, la Federación Rusa, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Canadá— no regulan las transferencias de armas que contribuyen a que se cometan abusos graves contra los derechos humanos en los países en desarrollo, y concretamente en África.

En respuesta, el G8 propuso «apoyar los esfuerzos de los países africanos y de las Naciones Unidas para regular mejor las actividades de los traficantes e intermediarios de armas y eliminar el flujo de armas ilícitas a África y su comercio dentro del continente». Estos esfuerzos consistirán en (a) «desarrollar y adoptar directrices comunes para impedir el suministro ilegal de armas a África», (b) «ofrecer ayuda a tal fin para la cooperación entre los países de la región» y (c) «apoyar los esfuerzos de África por acabar con el uso de las minas antipersonal y retirarlas».

El Plan de Acción para África de la Cumbre del G8 de 2002 no reconocía la responsabilidad de los propios gobiernos del G8 en la venta y transferencia de armas a países africanos, incluidas las que realizan vendedores, intermediarios y transportistas nacionales y residentes de los países del G8. En cambio, incluía un llamamiento a las naciones africanas para que regulasen las ventas lícitas de armas. «The Blame the Victim Summit», The Observer, 30 de junio de 2002. Aunque el G8 propuso unas directrices internacionales y la cooperación en las fronteras para abordar el sufrimiento y la destrucción masivas causadas por la proliferación y el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras en África, es palmario que estas medidas no son suficientes. En respuesta a las amenazas directas contra sus propios Estados, la Cumbre del G8 acordó una «asociación global para prevenir el acceso terrorista a armas de destrucción masiva» que incluía un conjunto de duros principios, varias medidas prácticas y un presupuesto de 20.000 millones de dólares estadounidenses para poner freno a las armas nucleares, químicas, radiológicas y biológicas. Sin embargo, no se ofreció una asociación similar a África para reducir las armas pequeñas y los artículos militares asociados.

Durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003, los gobiernos del G8 han participado en la OSCE y en el Acuerdo de Wassenaar, en el que también estaba representado Japón, para desarrollar «directrices de buena práctica» para la exportación y el control de armas pequeñas y ligeras. Estas directrices incluyen referencias a la necesidad de evitar las transferencias de armas que se emplearán para cometer violaciones de derechos humanos, pero no son vinculantes para los Estados participantes. Proyecto de Guía de Buena Práctica sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras (Draft Best Practice Guide on Small Arms and Light Weapons), de la OSCE, Viena, 9 de enero de 2003. También las Directrices de Buena Práctica para las Exportaciones de Armas Pequeñas y Armas Ligeras (Best Practice Guidelines for the Exports of Small Arms and Light Weapons), del Acuerdo de Wassenaar, adoptadas los días 11 y 12 de diciembre de 2002. El Acuerdo de Wassenaar incluye a la mayoría de los exportadores importantes del mundo de armas convencionales y bienes de «doble uso».

Lo que hace falta es un auténtico compromiso y la acción de cada uno de los gobiernos del G8 para promulgar nuevas y enérgicas leyes sobre control de armas, congruentes con las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que pongan fin a su complicidad en esta vergonzoso catálogo de fracasos.

2. Estados Unidos de América

2.1 Ventas de armas y controles a la exportación

Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo. En 2001 se firmaron contratos de ventas de armas nuevas (no excedentarias) por valor de más de 12.000 millones de dólares, y se hicieron entregas por valor de casi 10.000 millones de dólares. Richard F. Grimmett, «Conventional Arms Transfer to Developing Nations, 1994-2001», U.S. Congressional Research Service, agosto de 2002, página 9. Estados Unidos tiene dos sistemas distintos para las ventas de armas al exterior: un programa de ventas de gobierno a gobierno (Exportaciones Militares) y las ventas comerciales con licencia. Algunas de estas ventas están subvencionadas por un programa especial de financiación conocido con el nombre de Financiación de Fuerzas Armadas Extranjeras. Además, se ofrecen productos militares excedentes por medio de un programa conocido como Excedentes de Artículos de Defensa, así como a través de la utilización de las reservas existentes. Los datos divulgados por Estados Unidos en junio de 2002 indican que aunque las ventas negociadas por medio del Pentágono disminuyeron entre 2000 y 2001, durante ese mismo periodo las ventas comerciales invirtieron la tendencia bajista de los dos años anteriores y casi se duplicaron y, lo que es significativo, las ventas comerciales de Estados Unidos a países en desarrollo se cuadruplicaron. Grimmett, ibídem, p. 21.

Pese a la debilidad de la economía mundial, las tendencias bien podrían mostrar un incremento del total de las ventas de armas estadounidenses cuando se recaban los datos para 2002. El presupuesto destinado a financiar exportaciones militares pasó de 3.570 millones de dólares en el ejercicio de 2001 a 4.110 millones para el ejercicio de 2003. Gabelnick, Tamar, «Security Assistance After Sept 11», Foreign Policy in Focus, Vol. 7, Núm. 4 –mayo de 2002 y US Office of Management and Budget, «Summary and Highlights: International Affairs Function 150 Fiscal Year 2004 Budget Request» y Gabelnick, Tamar «Security Assistance after Sept 11». La información sobre 2003 procede de la solicitud de 2004 de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Una petición complementaria para las partidas de defensa del ejercicio de 2002 (que se debatió junto con el presupuesto para el ejercicio de 2003) incluía otros 372,5 millones de dólares para la financiación de fuerzas armadas en materia antiterrorista de varios países, entre ellos Omán, Nepal, Etiopía y Yibuti. Gabelnick, Tamar, «Security Assistance After Sept 11», Foreign Policy in Focus, Vol. 7, Núm. 4 –mayo de 2002. También ha aumentado la ayuda militar estadounidense destinada a Colombia, Filipinas, Georgia e Indonesia, que han redefinido la insurgencia que los aqueja desde hace mucho tiempo como actividades «terroristas». Gabelnick, Tamar, «The United States is Still #1 in Arms Sales», agosto de 2002,
<http://www.commondreams.org>. Filipinas ha recibido 30.000 rifles M-16 (más munición) de las reservas de equipo excedente de Estados Unidos. <http://fas.org/terrorism/at/docs/Aid&Humanrights.html>.

Israel
El gobierno de Estados Unidos ha seguido vendiendo sofisticadas armas a Israel
—incluidos 52 cazas F-16 y seis helicópteros de ataque Apache en 2001— a pesar de que estas armas facilitan el uso desproporcionado de la fuerza y propician violaciones de derechos humanos. Gabelnick, Tamar, «The United States is Still #1 in Arms Sales», agosto de 2002. El 9 de abril de 2003, testigos presenciales informaron de que helicópteros de ataque Apache y aviones F-16 israelíes sobrevolaron la ciudad de Gaza. Los helicópteros dispararon un misil contra un automóvil palestino; aparentemente, el proyectil no explosionó, por lo que lanzaron otro contra el mismo vehículo, que provocó la muerte de dos personas. Según testigos presenciales, «después del ataque, decenas de residentes de la zona salieron a averiguar qué había pasado y ver si podían ayudar en algo, cuando los helicópteros regresaron y lanzaron otros dos misiles contra la multitud». Este segundo ataque causó la muerte de cinco palestinos, dos niños entre ellos: Ahmad Hamsa Al-Ashraf, de 13 años, y Sami Hasan Qassem, de 16, ambos del barrio de Zeitouna. Según médicos de la ciudad, los cinco cadáveres estaban acribillados de la metralla de los misiles. En el ataque resultaron heridos 47 palestinos, cinco de los cuales requirieron cuidados intensivos. Palestine Monitor, 9 de abril de 2003; AFP, «Israel defends missile attacks», 9 de abril de 2003.

En 2002, Amnistía Internacional pidió a todos los gobiernos que suspendieran todas las transferencias de material militar que utilizaba la Fuerza de Defensa Israelí para cometer violaciones de derechos humanos. Crónica del comercio del terror núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002. Esto abarca componentes y armas como aviones de combate, helicópteros, tanques, armas pequeñas, armas ligeras y munición, incluidos cohetes aire-tierra. La suspensión debe permanecer en vigor hasta que las autoridades israelíes demuestren que no se utilizará el material para cometer violaciones de derechos humanos en Israel y los Territorios Ocupados.

Este año, el gobierno de Bush ha pedido la aprobación de 4.410 millones de dólares para financiar exportaciones militares, dentro del presupuesto del ejercicio de 2004. «Summary and Highlights: International Affairs Function 150 Fiscal Year 2004 Budget Request», 161. Los fondos solicitados incluyen un aumento de 60 millones de dólares para la ayuda militar a Israel; 15 millones para Yemen, en conjunción con la Guerra Global Contra el Terrorismo; 10 millones para Nepal, destinados a la lucha contra la insurgencia, y 110 millones para Colombia, para apoyar los esfuerzos antiterroristas y proteger el oleoducto de Caño Limón, propiedad en parte de Occidental Petroleum. US OBM, «Summary and Highlights: International Affairs Function 150 Fiscal Year 2004 Budget Request», páginas 36-37. Un proyecto de ley de asignaciones complementarias para cubrir el coste de la guerra de Irak incluye 1.000 millones de dólares adicionales en financiación de equipos militares, más otros 1.060 millones de dólares que se repartirán entre 18 pequeños países aliados, como Jordania, Pakistán, Afganistán y Colombia.

En teoría, durante 25 años las leyes estadounidenses han tratado de mantener las armas alejadas de las manos de gobiernos que las emplearán para cometer abusos contra los derechos humanos. En 1978, el Congreso instituyó la prohibición, basada en principios, de transferir armas a gobiernos que intervienen en una constante sistemática de violaciones graves de derechos humanos. En 1996 estableció nuevas normas estrictas sobre las actividades de intermediación en el comercio de armas, En aplicación de la sección 38 de la Ley de Exportación de Armas de 1976, modificada (título 22, Código de Estados Unidos, S 2778). Véase L. Lumpe, «US Policy on Small/Light Arms Exports», Federation of American Scientists, diciembre de 1997. y la transferencia no autorizada de armas a un tercer país está asimismo prohibida. L. Lumpe y J. Donarski, The Arms Trade Revealed: A Guide for Investigators and Activists, p. 32. En la actualidad, Estados Unidos observa más de 20 embargos de armas y, en 1999, el Congreso aprobó un Código de Conducta sobre Exportación Internacional de Armas que exige que la administración persiga un acuerdo multilateral sobre normas uniformes y estrictas sobre exportación. Este proyecto de ley incluye también disposiciones que exigen que el Departamento de Estado incluya en su informe anual sobre derechos humanos datos sobre el cumplimiento por los Estados de los criterios estipulados en el Código. <http://www.fas.org/asmp/campaigns/code/uscodecon.html>. Aunque muchas de estas medidas tienen importantes lagunas que han impedido su aplicación o limitado su eficacia, sí ofrecen un marco legal que limita las transferencias de armas que ponen en peligro los derechos humanos.

Sin embargo, a lo largo del año pasado hubo varias iniciativas inquietantes destinadas a debilitar o no aplicar varias de las estipulaciones que limitan la venta de armas a países que tienen un historial deficiente en materia de derechos humanos. En marzo de 2002, el gobierno introdujo un proyecto de ley complementario de emergencia sobre la autorización de la defensa con el que pretendía levantar las restricciones relativas a los derechos humanos impuestas a Colombia e Indonesia, pese a que persistían los abusos contra estos derechos a manos de quienes utilizan armas suministradas por el Estado. Por medio de la denominada financiación «antiterrorista», el gobierno de Estados Unidos intentó ampliar el derecho de Indonesia a recibir formación militar y policial, y pidió apoyo directo a las operaciones de Colombia contra rebeldes armados. Gabelnick, «New Supplemental Bill Will Make the World Safe for Oil, but Not Safe for Us», Foreign Policy in Focus, 18 de junio de 2002.

Colombia
Las fuerzas armadas colombianas vienen siendo un receptor relativamente importante de rifles militares y ametralladoras de Estados Unidos, pese a la elevada probabilidad de que estas armas se sigan utilizando para facilitar violaciones de derechos humanos. Durante 2001, más de 4.000 civiles colombianos perdieron la vida por motivos políticos. La mayoría de estos homicidios fueron obra de los grupos paramilitares que actúan con el apoyo activo o tácito de las fuerzas armadas colombianas. Informe 2002 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s). En abril de 2001, los paramilitares mataron a unos 40 campesinos junto al río Naya, que discurre entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Al parecer, los paramilitares entraron en la zona inmediatamente después de salier de ella los destacamentos de la III Brigada del ejército colombiano, lo que indica una gran coordinación entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad colombianas. Se calcula que los agentes estatales y sus aliados paramilitares son responsables de aproximadamente el 84% de los homicidios cometidos fuera de situaciones de combate y de las «desapariciones». Mientras alrededor del 4,5% son obra directa de agentes estatales, casi el 80% son cometidos por fuerzas paramilitares que actúan con la aquiescencia o el apoyo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas paramilitares siguen siendo parte intrínseca de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas y, por tanto, pueden contar con el respaldo de las fuerzas de seguridad. Colombia: Documento informativo y manual para proseguir con las actividades de campaña sobre Colombia (Índice AI: AMR 23/082/01/s). Los paramilitares pudieron cometer la matanza pese a la fuerte militarización de la zona y a que las autoridades habían sido alertadas en reiteradas ocasiones de un inminente ataque paramilitar. Colombia: Temor por la seguridad. Población civil de las comunidades rurales del municipio de Buenaventura (Índice AI: AMR 23/045/2001/s).
La asistencia militar estadounidense ha incluido ayuda destinada a la Infantería de Marina colombiana. En febrero de 2000, los paramilitares masacraron a los habitantes del municipio de El Salado, departamento de Bolívar, durante varios días, mientras las unidades militares adscritas a la Primera Brigada de la Infantería de Marina no sólo no intervinieron para impedirlo, sino que, según informes, levantaron un control de carretera para impedir que las organizaciones humanitarias llegasen al pueblo. Según la información recibida por Amnistía Internacional, 200 pistoleros paramilitares asaltaron El Salado y mataron a 36 personas, entre ellas un niño de seis años. A muchas víctimas las ataron a una mesa en el campo de deportes del pueblo y les infligieron torturas, incluida la violación sexual, antes de matarlas a cuchilladas o a tiros. Colombia: Documento informativo y manual para proseguir con las actividades de campaña sobre Colombia, agosto de 2001 (Índice AI: AMR 23/082/01/s).

Durante este último año no se han aplicado las restricciones que se impusieron al suministro de armas a Pakistán después de las pruebas realizadas por este país con bombas nucleares en 1998, <http://www.pmdtc.org/IndiaPakistan.htm>. y la ayuda en materia de seguridad ha aumentado sustancialmente, pasando de los 3,5 millones de dólares del ejercicio del año 2001 a la actual autorización de cerca de 1.300 millones. Transcripción de una mesa redonda sobre transferencias de armas a la India y Pakistán, celebrada el 28 de enero de 2003 en Washington DC, Rachel Stohl. A los defensores de los derechos humanos les preocupa también la revisión de la política comercial de defensa que está llevando a cabo el gobierno de Bush. La información disponible indica que el gobierno está estudiando la posibilidad de introducir cambios en la política que suavizarían los controles sobre las exportaciones de defensa a aliados clave y podrían limitar la supervisión del Congreso del comercio de armas. Dado que la fuerza de estos controles sobre las exportaciones a aliados varía de forma considerable, estos cambios podrían abrir nuevas vías para la desviación de tecnología y armas estadounidenses. De las recomendaciones sobre la Ley de Ayuda en Materia de Seguridad recogidas por el Grupo de Trabajo sobre Transferencia de Armas, marzo de 2003. Véase también <http://www.cdi.org/issues/armstrade/exportcontrol.cfm>.

Uzbekistán
En 2003, Uzbekistán recibió un aumento del 258 por ciento de los fondos disponibles para adquirir material militar a proveedores estadounidenses. Estados Unidos proporciona 25 millones de dólares para asistencia militar y 18 millones para «asistencia en seguridad de fronteras» para Uzbekistán, calificado ahora como «uno de nuestros más destacados socios en la lucha contra el terrorismo». United States Government, «Uzbekistan Military Assistance» y «Uzbekistan Exchanges and Law Enforcement Assistance», US Government, sin fecha, 2002. Los 25 millones de dólares, procedentes del programa de Financiación de Fuerzas Armadas Extranjeras, están destinados a material «letal y no letal», que incluye equipos de comunicaciones, mejoras de aeródromos y formación, así como uniformes, material y formación sobre contrainsurgencia para las Fuerzas Especiales uzbekas. Abarca también helicópteros y aviones, algunos arrendados a Ucrania, para patrullas fronterizas. A cambio, Estados Unidos puede mantener sus bases militares en Uzbekistán.

Estados Unidos ha ofrecido también otro millón de dólares para asistencia policial, para crear una unidad antinarcóticos que ponga freno al tráfico de heroína y otras drogas procedentes de Afganistán, un comercio que, según dice, ayuda a financiar la actividad terrorista.

Pero al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha señalado la situación «insatisfactoria» de los derechos humanos en Uzbekistán, acusando al gobierno uzbeko de utilizar las preocupaciones relativas a la actividad terrorista para «tomar medidas enérgicas en general» contra los grupos de la oposición política y los activistas de derechos humanos. «Hay informes regulares de violaciones de derechos humanos cometidas por organismos encargados de hacer cumplir la ley», afirma. Amnistía Internacional ha tomado nota asimismo de los informes «que no disminuyen» sobre malos tratos y torturas cometidos por funcionarios uzbekos encargados de hacer cumplir la ley contra presuntos simpatizantes de partidos y movimientos islamistas de oposición prohibidos. Ibíd. Véase también el Informe 2002 de Amnistía Internacional, p. 442. Amnistía Internacional recibió durante todo el año 2001 denuncias de que en los centros de reclusión, los presos musulmanes piadosos eran objeto de tratos especialmente crueles, inhumanos o degradantes. Según familiares y ex presos, a su llegada a los campos penitenciarios, estos presos eran separados de los demás y obligados a correr entre dos filas de guardias que los golpeaban con porras. También hubo denuncias según las cuales los presos musulmanes piadosos fueron sometidos a palizas, humillaciones, trabajo forzoso y violaciones por parte de otros presos, con la complicidad de las autoridades penitenciarias.

Kirguistán, Kazajistán, Georgia, Kenia y Etiopía se han beneficiado también de importantes aumentos en sus asignaciones de gastos militares estadounidenses, y no se aplicaron las restricciones a la asistencia militar impuestas a Armenia y Azerbaiyán. <http://fas.org/terrorism/at/docs/Aid&Humanrights.html>. Las peticiones presupuestarias para el próximo ejercicio (2004) incluyen aumentos sustanciales para Kenia, la República Kirguís y Uzbekistán, así como 60 millones de dólares adicionales para Israel, pese a la reciente afirmación del Departamento de Estado estadounidense de que se habían utilizado helicópteros, aviones de combate, misiles antitanque y flechillas para cometer abusos contra los derechos humanos. Del comunicado de prensa de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional de 18 de marzo de 2003, en el que se citan los informes de países sobre prácticas en materia de derechos humanos para 2002 del Departamento de Estado.

Bombas de racimo empleadas en Irak
Aunque las autoridades estadounidenses y británicas afirmaron que harían todo lo posible para proteger al pueblo iraquí, los informes indican que en Irak han perdido la vida cientos de civiles. Algunos fueron víctimas de las bombas de racimo; otros murieron en ataques producidos en circunstancias no aclaradas.

Las escenas que se vieron en el hospital de Al Hilla el 1 de abril de 2003 mostraban que algo terrible había ocurrido. Los cuerpos de los hombres, mujeres y niños llevados al hospital estaban llenos de fragmentos de metralla de las bombas de racimo. Los heridos contaron a los periodistas cómo los explosivos caían «como uvas» del cielo y cómo las pequeñas bombas rebotaban y entraban por las ventanas y las puertas de las casas y después explotaban. Un médico del centro hospitalario declaró que casi todos los pacientes parecían víctimas de bombas de racimo.

Según los informes, algunas de las bombas de racimo que lanzaron las fuerzas estadounidenses sobre una zona civil de Al Hilla eran del tipo BLU97 A. Cada cilindro contiene 202 pequeñas bombas del tamaño de una lata de refresco que se esparcen sobre una extensa superficie, equivalente a la de dos campos de fútbol aproximadamente. Al menos el 5% de las bombas no explotan tras hacer impacto, lo que las convierte en minas antipersonal de hecho, pues siguen siendo una amenaza para las personas, incluidas civiles, que entran en contacto con ellas. Esta es la misma arma lanzada desde el aire que causó graves problemas humanitarios en Afganistán y Kosovo.

Los informes indican que también se filmaron y se vieron bombas BLU61, de color verde oscuro y gris y forma de balón, en los alrededores de Al Hilla, Nayaf y Bagdad. Además, las fuerzas estadounidenses lanzaron salvas de M77 con un sistema lanzador múltiple de cohetes, cada una de las cuales contenía 644 submuniciones de racimo que se esparcieron sobre una superficie de entre 100 y 200 metros.

Tras un informe del Centro de Política sobre la Violencia, de Estados Unidos, en el que se denunciaba la venta de rifles de francotirador de largo alcance calibre 0,50 a Osama Bin Laden, el Departamento de Estado estadounidense ha decidido recientemente suspender la exportación comercial de estos rifles de gran potencia con capacidad para perforar vehículos blindados y derribar aviones. El Departamento de Estado ya había aprobado la exportación de 75 de estas armas este año, aunque sólo se habían entregado 16 antes de la decisión de suspender las ventas. <http://www.fas.org/terrorism/at/index.html >.

Afganistán
En julio de 2002, Estados Unidos había derrotado militarmente a las fuerzas talibanes y de Al Qaeda y observaba un embargo de la ONU sobre la venta de armas a Afganistán acordado en diciembre de 2000, salvo las destinadas al nuevo gobierno afgano y a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.

Hay que recordar que, según sus funcionarios, entre 1979 y 1989, la Agencia Central de Información estadounidense (CIA) entregó armas ligeras por valor de más de 2.000 millones de dólares a grupos muyahidín afganos que luchaban contra la invasión soviética. Gran parte de los envíos se encauzaron a través de los Servicios de Información pakistaníes. Esta ayuda estadounidense continuó enviándose abiertamente hasta 1991, pese a que los combatientes muyahidín mataron de forma deliberada y arbitraria a miles de civiles afganos y fueron también responsables de palizas, secuestros y violaciones generalizados. Otras potencias externas, como Irán y China, suministraron asimismo municiones a los grupos muyahidín, que capturaron armas de la antigua Unión Soviética. Según los informes, a finales de 2001, los mercados de armas de las ciudades y pueblos de la frontera afgana con Pakistán e Irán controlados por los talibanes seguían teniendo una gran actividad, y entre las armas había misiles estadounidenses y de otros países y Kalashnikovs fabricados con licencia en China y Egipto.

En 2002 se supo que Gulbuddin Hekmatyar, ex primer ministro afgano (1992-1995) cuya facción había recibido una considerable asistencia de Estados Unidos, está actualmente en una lista estadounidense de terroristas vinculados a Al Qaeda.

2.2 Exportaciones de material de seguridad

Algunas empresas estadounidenses están implicadas en la venta de dispositivos que se prestan con facilidad a ser utilizados en torturas o malos tratos, como pistolas y cinturones paralizantes de electrochoque, grillos con pernos y esposas para pulgares. Hay muchos otros casos de empresas estadounidenses que producen material destinado a la seguridad y al control de la delincuencia, pero que en realidad se prestan fácilmente para infligir torturas. Ciertas empresas estadounidenses han facilitado este material a fuerzas de seguridad extranjeras de las que se sabe que abusan de dispositivos legítimos para torturar. Amnistía Internacional ha reunido en la última década listas de más de 80 empresas estadounidenses implicadas en la fabricación, comercialización y exportación de armas y otro material que pueden emplearse para torturar.

En Rusia, por ejemplo, los informes indican que, en julio de 2002, a Andrei Osenchugov, de 16 años, sometieron a palizas, flagelación y a descargas eléctricas durante tres días para obligarlo a confesarse culpable de un robo que según dice no cometió. Entre 1999 y 2001, el Departamento de Comercio aprobó licencias para la venta a Rusia de armas de descarga (como pistolas paralizantes y porras eléctricas) por valor de más de 4 millones de dólares. Entre 2000 y 2001, el Departamento de Comercio aprobó licencias para la exportación desde Estados Unidos de dispositivos restrictivos por valor de más de 15 millones de dólares, armas de descarga por valor de 30 millones y material para control de la delincuencia por valor de 185 millones.

Los cambios introducidos recientemente en las leyes y los reglamentos administrativos que regulan la exportación de este tipo de material tienen como fin reducir las posibilidades de que se empleen para la tortura y los malos tratos. La política vigente limita ya la exportación de artículos para el control de la delincuencia basándose en un amplio abanico de preocupaciones relativas a los derechos humanos, <www.bxa.doc.gov/PRESS2001/ForeignPolicyReport/Chapter2.html>. y una norma provisional dictada por el Departamento de Comercio en septiembre de 2000 mejoró significativamente la regulación del material para el control de la delincuencia que podría emplearse en torturas, al exigir la licencia de exportación e informes desglosados para los dispositivos de descarga eléctrica y restrictivos. En el último periodo de sesiones del Congreso (2002), el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó la Enmienda Lantos-Hyde. Propuesta por los representantes Tom Lantos (demócrata por California) y Henry Hyde (republicano por Illinois), la enmienda limita la exportación de material para el control de la delincuencia cuando el gobierno extranjero haya participado reiteradamente en actos de tortura. También restringe las exportaciones de material que Amnistía Internacional considera cruel, inhumano o degradante por su propia naturaleza, como las empulgueras, los guantes lastrados y los cinturones paralizantes de electrochoque. AIUSA Briefing on US Export Controls on Equipment Used for Torture, 2002.

2.3 Instrucción militar y policial

El gobierno de Estados Unidos imparte todos los años instrucción sobre doctrina militar y policial estadounidense, así como sobre técnicas de combate, a más de 100.000 policías y soldados extranjeros procedentes de más de 150 países. Del resumen ejecutivo del informe de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional (AIUSA), Poder inigualable, principios incumplidos. El informe está basado en gran parte en las investigaciones realizadas por Lora Lumpe para la Sección. Durante la década de 1990, las actividades de una institución de instrucción militar estadounidense fueron sometidas a escrutinio público en Estados Unidos: la Escuela de las Américas, del ejército de Estados Unidos, ofrecía instrucción y formación a soldados latinoamericanos, algunos de los cuales después cometieron violaciones de derechos humanos, y en 1996 salieron a la luz manuales de instrucción que propugnaban la tortura, la extorsión, el secuestro y las ejecuciones. Nadie tuvo que rendir cuentas nunca por estos manuales ni por la conducta de los graduados en la Escuela, pero en 2001 ésta fue rebautizada «Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica» y se modificó su plan de estudios para incluir trabajos de curso sobre derechos humanos y derecho humanitario.

La Escuela de las Américas o Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica es muy conocida, pero no es más que una pequeña parte de una inmensa y compleja red de programas estadounidenses destinados a instruir a fuerzas militares y policiales de otros países. Algunos de estos programas de formación e instrucción se imparten en Estados Unidos, con fondos del propio gobierno extranjero o con préstamos y subvenciones estadounidenses. Además del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, existen alrededor de 275 escuelas e instalaciones militares en Estados Unidos que ofrecen más de 4.100 cursos. Estos programas forman a decenas de miles de alumnos, pero muchos más reciben formación estadounidense en su propio país, por medio de diversos programas, incluidos ejercicios militares. Las peticiones de fondos para el Programa de Educación y Formación Militar Internacional, uno de los diversos programas de formación militar para extranjeros de Estados Unidos, han aumentado a 91,7 millones de dólares para el presupuesto del ejercicio de 2004, lo que representa un incremento de casi el 60% desde 2001. Las cifras para 2002 (reales), 2003 (solicitadas) y 2004 (solicitadas) figuran en el presupuesto de asistencia militar para el ejercicio de 2004 presentado por la administración al Congreso en 2003. El presupuesto del Programa de Educación y Formación Militar Internacional para 2002 fue de 70 millones de dólares; la solicitud para 2003 fue de 80 millones, más el importe de un proyecto de ley de gastos complementarios que no se incluye aquí; y la solicitud para 2004 es de 91,7 millones. La cifra para 2001 es mencionada por Tamar Gabelnick en «New Supplemental Bill Will Make the World Safe for Oil, but Not Safe for Us», Foreign Policy in Focus, 18 de junio de 2002.

Estados Unidos ha impuesto diversas restricciones al derecho a recibir formación militar, pero no siempre se aplican con rigor. Por ejemplo, debido a la preocupación del Congreso por la persistente situación de los derechos humanos en Guatemala, este país sólo puede recibir formación sobre medios no letales, impartida a través de un programa conocido como Programa Ampliado de Educación y Formación Militar Internacional. Sin embargo, según el último Informe sobre Formación de Fuerzas Armadas Extranjeras, de Estados Unidos, 95 militares del ejército guatemalteco recibieron instrucción en infantería ligera, que normalmente imparten las Fuerzas Especiales Estadounidenses. Del informe sobre formación militar estadounidense elaborado por J. Olson para la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, 2002. Cuando se le preguntó sobre esta aparente infracción de la política estadounidense sobre Guatemala, el entonces subsecretario de Estado estadounidense Otto Reich respondió que la formación que figuraba en el Informe sobre Formación de Fuerzas Armadas Extranjeras se había impartido a la policía guatemalteca, y no al ejército. Por otra parte, Estados Unidos aplazó el proyecto-programa de formación Jaguar Maya debido a «preocupaciones ante los informes sobre corrupción en el Departamento de Operativos Antinarcóticos guatemalteco con la Policía Civil Nacional y las amenazas contra los trabajadores de derechos humanos que están exhumando cuerpos de fosas comunes». La pregunta es por qué Estados Unidos impartió formación a la policía guatemalteca a cargo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, por una parte, y por otra, suspendió otro programa de formación para la misma fuerza policial. Además, la imposibilidad de acceder al volumen clasificado del Informe sobre Formación de Fuerzas Armadas Extranjeras impide saber si el ejército de Guatemala ha recibido formación en 2002.

2.3.1 Servicios militares privados

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha contratado o autorizado en numerosas ocasiones a asesores militares privados para que impartan formación a fuerzas policiales y tropas militares extranjeras. Según un detallado estudio, durante los años noventa, empresas estadounidenses impartieron instrucción a fuerzas armadas de más de 24 países. La lista incluye a Angola, Arabia Saudí, Bolivia, Bosnia, Colombia, Croacia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Ghana, Guinea Ecuatorial, Haití, Hungría, Kosovo, Liberia, Malawi, Malí, Nigeria, Perú, Ruanda, Senegal, Suecia, Taiwán y Uganda (fuerzas sudanesas). Deborah Avant, The Market for Force, capítulo 2 del manuscrito, libro de próxima publicación en 2003.

En muchos casos, los Departamentos de Defensa, Justicia o de Estado estadounidenses contratan empresas privadas para que pongan en práctica proyectos de formación concebidos por el gobierno. Por ejemplo, el Departamento de Estado estadounidense viene recurriendo a Military Professional Resources International (MPRI) y a Logicon para impartir formación en países incluidos en su Iniciativa de Respuesta a la Crisis en África. De modo similar, se están contratando con empresas privadas muchas misiones de formación relacionadas con la guerra contra el narcotráfico financiada por Estados Unidos. Las siguientes empresas impartieron formación a fuerzas armadas latinoamericanas en 1998: Flight Safety International, Systems Science Corporation, Beech Aircraft Corporation, Aeroservice Aviation, Aerodyne Machine y Allied-Signal Aerospace. Isacson and Olson, Just the Facts 1999-2000, pp. 168-169.

Cabe atribuir este aumento de la subcontratación de la formación por parte del gobierno estadounidense sobre todo al crecimiento global de la formación militar y policial que ha asumido Estados Unidos en la última década; las fuerzas estadounidenses no pueden llevar a cabo todas las misiones de formación que apoyan las diversas entidades de la administración estadounidense en todo el mundo. En cuanto a la oferta, las reducciones posteriores a la guerra fría del tamaño de las fuerzas militares estadounidenses desembocaron en un exceso de personal militar especializado en busca de trabajo. En los años noventa, las empresas militares profesionales de más antigüedad ampliaron su actividad y surgieron nuevas firmas para cubrir esta demanda. Las principales empresas que imparten formación a fuerzas armadas extranjeras son MPRI, Vinnell Corporation, Carlyle Group, BDM, Defense Forecasters International, DynCorp, Science Applications International Corporation, Texas Instruments y Booz-Allen & Hamilton.

Además de trabajar para el gobierno estadounidense en la realización de programas de formación, las empresas privadas firman contratos directamente con gobiernos extranjeros para impartir formación a fuerzas militares, de seguridad o policiales en programas independientes del gobierno estadounidense. Para ello, las empresas deben solicitar y obtener una licencia de exportación de la Oficina de Controles del Comercio de Defensa, del Departamento de Estado. Autorización legal prevista en la sección 38 de la Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas. Solicitan contratos de formación empresas que van desde Boeing a MPRI: Boeing para enseñar los sistemas armamentísticos que fabrica, y MPRI para instruir en tácticas y operaciones.

A veces la persistencia se ve recompensada. Según el New York Times, el Departamento de Estado se negó en dos ocasiones a conceder a MPRI autorización para trabajar con el gobierno de Guinea Ecuatorial debido a su deficiente historial en derechos humanos. Sin embargo, tras dos años de presión, la empresa recibió por fin permiso para ayudar a crear una guardia costera que protegiera las aguas costeras ricas en petróleo que exploraba Exxon Mobil. No obstante, el Departamento de Estado se mostró reacio a acceder a la petición de MPRI de ayudar a Guinea a desarrollar sus fuerzas policiales y militares. Leslie Wayne, «America’s For-Profit Secret Army», New York Times, 13 de octubre de 2002.

En 1975, Vinnell Corporation se convirtió en la primera empresa privada estadounidense que recibió autorización del Departamento de Estado para llevar a cabo un programa independiente de formación destinado a fuerzas de seguridad extranjeras, en este caso, la Guardia Nacional de Arabia Saudí. Kim Willenson con Nicholas Proffitt, «Persain Gulf: This Gun for Hire», Newsweek, 24 de febrero de 1975, p. 30. Ya se había contratado a empresas privadas para operaciones encubiertas de formación militar y policial en ocasiones anteriores, pero no a través del programa de ventas militares comerciales administrado por el Departamento de Estado. El último contrato de esta empresa con Arabia Saudí es para el periodo 1998-2003, y actualmente la firma cuenta con unos 1.400 empleados civiles en este país. Además, Science Applications International Corporation tiene un contrato para impartir formación a la Armada saudí; Booz-Allen & Hamilton gestiona la Escuela del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas saudíes y ayuda en la formación de la recién creada Infantería de Marina de Arabia Saudí; y el ministro de Defensa (príncipe Sultan) ha contratado los servicios de O’Gara Protective Services para que se encargue de la seguridad de la familia real. Brian Evans, del Grupo de Coordinación de Arabia Saudí de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, correspondencia electrónica, 19 de enero de 2000. Otras fuerzas militares y policiales extranjeras han contratado a empresas privadas estadounidenses para recibir formación. Según un reportaje publicado en la prensa a principios de 2000, DynCorp Inc. y MPRI estaban en aquel momento negociando contratos para proporcionar formación y apoyo logístico a fuerzas policiales y de contrainsurgencia colombianas; por su parte, al menos seis empresas estadounidenses se habían establecido en Latinoamérica, previendo nuevos y lucrativos contratos relacionados con el programa estadounidense de ayuda militar a Colombia, que contaba con un presupuesto de 1.600 millones de dólares. Tod Robberson, «Contractors Playing Increasing Role in US Drug War», Dallas Morning News, 27 de febrero de 2000. En relación con el uso de empresas privadas, el entonces «zar antidroga», Barry McCaffrey, declaró: «Soy un admirador incondicional de la subcontratación». Véase también Paul de la Garza y David Adams, «Military Aid…from the Private Sector», St. Petersburg Times, 2 de diciembre de 2000.

El grado de transparencia y rendición de cuentas públicas es significativamente mayor en los programas del gobierno estadounidense subcontratados a empresas privadas, como los de la Iniciativa de Respuesta a las Crisis en África, que en las transacciones comerciales privadas entre entidades extranjeras y empresas privadas estadounidenses, como los contratos colombianos. La información sobre las transacciones privadas es escasa. No se exige que el Departamento de Estado publique una lista anual en la que conste con exactitud a qué empresas privadas ha concedido (y, por tanto, autorizado) licencias para impartir formación privada militar o de seguridad, con qué fin, dónde y con qué unidad de seguridad. Además, el Congreso desconoce qué empresas imparten formación a quién, dado que el Departamento de Estado sólo debe notificar a los legisladores los contratos por un valor superior a 50 millones de dólares, límite tan elevado que muy pocas operaciones de formación tienen probabilidades de superarlo, si es que alguna lo hace.

En abril de 2003, el Departamento de Estado adjudicó el multimillonario contrato para realizar labores policiales en Irak a DynCorp, una empresa privada con un turbio historial policial. DynCorp pretendía contratar a policías, guardias penitenciarios y «expertos judiciales con experiencia» retirados recientemente o en activo. Miembros del personal de esta empresa que trabajaban en el servicio policial de la ONU en Bosnia fueron acusados de compraventa de prostitutas, entre las cuales figuraba una niña de sólo 12 años. Varios empleados de DynCorp fueron también acusados de grabar en vídeo la violación de una de las mujeres. Kathy Bolkovac, empleada de la empresa que denunció públicamente la red sexual, fue despedida por llamar la atención sobre los abusos, pero ganó la demanda que interpuso ante un tribunal de trabajo británico en noviembre. Chatterjee, Pratap, «Dyncorp Rent-a-Cops May Head to Post-Saddam Iraq», Corpwatch, 9 de abril de 2003, <http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=6328> ; «Scandal-hit US firm wins key contract», The Observer, 13 de abril de 2003.


La formación militar ya es un negocio mundial que mueve millones de dólares, y la mayoría de las empresas implicadas tienen sitios web en Internet en los que exponen su historia empresarial y hacen publicidad de sus servicios, incluyendo a veces algunos datos sobre despliegues realizados o incluso actuales. En este caso, esta fuente podría ser casi la única información pública disponible, pues los contratos de formación comerciales están exentos de revelar datos con arreglo a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, que obliga al gobierno a revisar y hacer públicos ciertos documentos. Las empresas militares pueden bloquear, y así lo han hecho, el acceso público a la información sobre contratos negociados comercialmente alegando que incluso la información más elemental es de su propiedad.

En cuanto a la supervisión oficial de los contratos de formación privados, la única y remota posibilidad es que un funcionario de la oficina de asistencia a la seguridad de la embajada local de Estados Unidos haga una visita sobre el terreno para averiguar cómo se está impartiendo un programa de formación. La supervisión varía en función de cada embajada, dependiendo de la importancia del caso. Sin embargo, el hecho de que bastantes agregados de defensa hayan tenido relación con el personal militar retirado que ahora trabaja para empresas militares privadas probablemente dificulte aún más una supervisión seria.

No existen requisitos legales o reglamentarios que exijan la inclusión de contenidos sobre normas internacionales de derechos humanos o derecho internacional humanitario en la formación de fuerzas militares, de seguridad y policiales que imparten empresas privadas. Además, la exigencia prevista en la «Ley Leahy» de que se investigue si los alumnos participaron en abusos contra los derechos humanos no se aplica a la formación que paga el propio comprador (aunque sí es aplicable a los programas financiados por los contribuyentes estadounidenses subcontratados a empresas privadas, como la Iniciativa de Respuesta a las Crisis en África).

En conjunto, estas realidades hacen que muchos teman que la formación que imparten empresas de seguridad privadas de Estados Unidos podría contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos al proporcionar formación militar sofisticada a personal que comete abusos, al no incluir ningún énfasis en los derechos humanos y el derecho humanitario, o quizá incluso al impartir tácticas y doctrinas que no son aceptables para las fuerzas estadounidenses.

Formación militar privada en Croacia
En septiembre de 1994, Military Professional Resources International (MPRI) obtuvo un contrato de dos años (que posteriormente se amplió a otros dos) con Croacia para llevar a cabo el Programa de Ayuda a la Transición Democrática. El programa, en virtud de un contrato privado suscrito por MPRI y el gobierno croata, tenía como fin garantizar que los militares croatas cumplirían las normas de democracia y derechos humanos necesarias para su admisión en el programa Asociación para la Paz de la OTAN. El Programa de Ayuda a la Transición Democrática iba a centrarse en clases sobre temas como las diferencias entre sistemas legales militares y civiles y conducta militar adecuada para con los civiles durante y después de un conflicto. No iban a impartirse clases sobre tácticas ni sobre uso de armamento.

En 1995, el ejército croata lanzó sendas operaciones militares, denominadas «Relámpago» y «Tormenta», que tuvieron un éxito sorprendente y en las que exhibió nuevas técnicas de comunicación y de movimientos que en nada se asemejaban a sus tácticas habituales del Pacto de Varsovia. Para una valoración, véase Jane’s Intelligence Review, julio de 1998, p. 39. Además, las tropas croatas cometieron una serie de abusos graves contra los derechos humanos. Croacia: homicidios impunes tras la Operación Tormenta (Índice AI: EUR 64/04/98/s) y Tres años después de las Operaciones Relámpago y Tormenta, tres años de denegación de la justicia y la dignidad (Índice AI: EUR 64/05/98/s) y Es demasiado pronto para celebrar el éxito en Eslavonia oriental (Índice AI: EUR 64/01/98/s).

En mayo de 1996, Amnistía Internacional envió una carta al director de MPRI y al secretario de Estado de Estados Unidos en la que planteaba varias cuestiones sobre la situación de los derechos humanos en Croacia (y en Bosnia, donde MPRI también impartía formación a fuerzas militares) y pedía información sobre la formación en derechos humanos que impartía la empresa.

«El hecho de que la formación inicial por parte de MPRI fuera seguida de violaciones de derechos humanos [en Croacia] suscita serias interrogantes sobre la eficacia del componente de derechos humanos de la formación que ofrece MPRI». En la carta se preguntaba específicamente por el sistema aplicado para averiguar los antecedentes de los alumnos, el contenido de la formación (pedía información en concreto sobre si se abordaba la cuestión del género, dado el uso generalizado de las violaciones en la guerra) y cómo se vigilaban el impacto y la eficacia de la formación. Carta de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional al general retirado Ed Soyster, vicepresidente internacional, MPRI, mayo de 1996.

Personal de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional se reunió posteriormente con Ed Soyster, vicepresidente internacional de MPRI, que manifestó que en la formación proporcionada a las fuerzas croatas no se incluía formación específica sobre derechos humanos. También dejó claro que, como organización privada, MPRI no tenía que rendir cuentas ante Amnistía Internacional ni ante nadie más por el contenido de sus programas de formación.

El año siguiente, la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional presentó ante la Oficina del Representante Especial para la Estabilización Militar en los Balcanes del Departamento de Estado estadounidense una serie de peticiones de información sobre el papel de los derechos humanos en los contratos de MPRI con Croacia. La organización no recibió ningún dato de utilidad. Gerry Wallman, Grupo de Coordinación sobre los Balcanes de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, correspondencia electrónica, 18 de enero y 29 de febrero de 2000.

2.4 Recomendaciones concretas

El gobierno de Estados Unidos debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Estados Unidos debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno estadounidense debe:

· Suspender las ventas y transferencias de armas y la ayuda militar estadounidense a países cuyas fuerzas armadas posiblemente las utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos, como Israel, Colombia y Uzbekistán, hasta que se demuestre que el peligro de uso indebido es muy pequeño.

· Modificar las secciones 36(b)(1)(D) y 36(c)(1) de la Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas para que exijan que el secretario de Estado evalúe la probabilidad de que los artículos incluidos en la venta propuesta se empleen para cometer abusos contra los derechos humanos.

· Modificar las secciones 116(d) y 502B de la Ley de Ayuda Exterior para que exijan que el Informe por Países sobre Derechos Humanos, de periodicidad anual, incluya un capítulo en el que se resuma el empleo de artículos de defensa estadounidenses en abusos contra los derechos humanos.

· Mejorar la redacción de la sección 4 de la Ley sobre Control de Exportaciones de Armas para subrayar la importancia de las normas de derechos humanos a la hora de determinar la idoneidad para participar en programas de transferencias de armas.

· Incluir en todos los programas de formación estadounidenses para fuerzas de seguridad extranjeras suficientes componentes educativos en normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, basados en normas legales reconocidas internacionalmente y dirigidos por expertos académicos, no gubernamentales o de ambos tipos.
· Revelar y vigilar mejor las actividades de las empresas militares privadas a las que ha autorizado (es decir, a las que ha concedido una licencia de exportación) o contratado para impartir formación a fuerzas armadas extranjeras.
· Hacer explícita la aplicabilidad de criterios de derechos humanos y de selección a las actividades de formación que realicen empresas estadounidenses, y exigir que las empresas privadas incluyan en sus cursos la formación en derechos humanos y en derecho humanitario.

· Reintroducir la Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas con la Enmienda Lantos-Hyde de 2002, para limitar las exportaciones estadounidenses de material que pueda ser empleado para infligir torturas. La Enmienda limita las exportaciones de material para el control de la delincuencia especialmente susceptible de ser utilizado indebidamente a países que practican la tortura y prohíbe la exportación de ciertos tipos de material para el control de la delincuencia por ser crueles, inhumanos o degradantes por su propia naturaleza.

· Firmar, ratificar, implantar y vigilar el cumplimiento de la Convención de Ottawa sobre Prohibición de las Minas, de 1997, y prohibir el uso, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia y la exportación de minas terrestres antipersonal.

· Ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

3. Federación Rusa

3.1 Introducción

Pese al desmembramiento de la Unión Soviética, la Federación Rusa sigue siendo uno de los tres mayores productores de material militar, de seguridad y policial (MSP) del mundo y es el segundo proveedor de armas ligeras y munición, detrás de Estados Unidos. Véase, por ejemplo, el anuario del SIPRI de 2002, y también «Preliminary estimates of Russia’s arms export in 2002», Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), <www.cast.ru >. El complejo industrial militar en Rusia abarca más de 2.500 empresas de defensa estatales, de las que alrededor de 1.100 están autorizadas para producir armas y material bélico. «Defense industry reform: Current state and solutions». Military Parade, <>, visitada el 26 de febrero de 2002.

Cada vez más empresas privadas participan en la industria MSP suministrando productos como material para protección personal o sistemas de vigilancia, u ofreciendo toda una gama de servicios de seguridad, como protección a personalidades o formación de fuerzas de seguridad. A menudo tienen vínculos con los servicios de seguridad, la policía o el ejército rusos, o son antiguos miembros de dichos cuerpos. Véase, por ejemplo, Ralf Security, que ofrece diversos servicios, incluidos protección personal y mantenimiento del orden público, <>.

3.2 La producción de armas

Las empresas rusas fabrican una amplia gama de armas y tecnologías para la seguridad interna con fines como el control antidisturbios, la vigilancia y la restricción y el control de reclusos. Este material va desde porras, escudos y sustancias químicas incapacitantes a escopetas que disparan diversas municiones incapacitantes. Por ejemplo: la corporación de producción científica Tekhnika, del Ministerio del Interior ruso, ofrece toda una gama de material para la seguridad interna que incluye armas, metralletas, armas silenciosas especiales, aerosoles incapacitantes químicos, pistolas químicas y paralizantes, balas de goma, material para comunicaciones encubiertas e interceptación de teléfonos y material de supervisión. Información facilitada por la empresa, 1998.
NPO Special Materials Ltd. produce esposas, porras y palos y chalecos antibalas. Información facilitada por la empresa, 2002.

Tsniitochmash, Klimovsk produce una amplia gama de armas para la policía, desde pistolas y revólveres a escopetas. También produce aerosoles químicos irritantes. Información facilitada por la empresa, 2001. Rusia también ha importado material de seguridad y formación de numerosos países, como Israel, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Australia. Por ejemplo: Q-Mac Electronics (Australia) ha suministrado radios de salto de frecuencia al Ministerio del Interior ruso. Jane’s Defence Review, enero de 2002.

Silent Witness Enterprises Ltd. (Canadá) cita a STA Plus como su representante ruso. Información facilitada por la empresa, marzo de 2001.

PK Electronics (Alemania), SIPE Electonic (Almania) y CCS International (EE. UU.) figuran como proveedores de material de seguridad especial (incluido material para vigilancia, supervisión e interceptación) a Rusia. «The security systems market in Russia», National Trade Data Bank (USA), julio de 1998. La empresa israelí Elite Alpha Firearms Training Ltd. afirma que ha entrenado a fuerzas especiales rusas. Información facilitada por la empresa, julio de 2000.. Además, Rusia ha participado en programas significativos de investigación en armas «avanzadas no letales» para neutralizar a manifestantes por medio de sistemas de radiofrecuencia, láser, cinéticos, acústicos y bioquímicos Para una exposición y evaluación detalladas de las armas antidisturbios rusas, véanse las contribuciones rusas al Primer Simposio Europeo sobre Armas No Letales, «Non-Lethal Weapons: New Options Facing the Future», Fraunhofer Institut Chemische Technologie, 25-26 de septiembre de 2001. y en los últimos años, parte de esta investigación se ha realizado en colaboración con diversas agencias de Estados Unidos Ibíd. Véase, por ejemplo, el capítulo 17-1 de Selivanov V., Klochikhnin V., & Pirumov V., «Modern Views on Development and Applications of Non Lethal Weapons in Anti-Terrorist and Peacekeeping operations, Summary of Russian-American Conference 1999», Easton MD, EE. UU. y Alemania. Por ejemplo, la empresa Armoline-VST de Moscú, que está trabajando en el desarrollo de un lanzador de red con GETC y ViP de Alemania, y Olets, de Estados Unidos. <www.mvd-expo.ru/catalogue2001/security/list.htm>, visitada el 1 de febrero de 2002. Las fuerzas rusas también han usado armas «menos que letales», de forma especialmente destacada en la ruptura del asedio al teatro de Moscú de octubre de 2002, cuando utilizaron un agente calmante basado en el fentanilo. Murieron aproximadamente 204 rehenes por los efectos del gas. Véanse, por ejemplo, las informaciones de BBC News en < > del 27 de octubre de 2002 y Russian Federation: Lawmakers must abide by Russia’s international obligations in safeguarding freedom of expression, de 26 de noviembre de 2002 (Índice AI: EUR 46/063/2002). También se ha informado de que las fuerzas rusas han empleado un aparato de ultrasonidos en el conflicto de Chechenia. Russia Reform Monitor Núm. 983, 6 de noviembre de 2002. American Foreign Policy Council, Washington, EE. UU.

Rusia fabrica porras eléctricas por lo menos desde principios de los años noventa y tiene un instituto dedicado exclusivamente a realizar ensayos con ellas. Por ejemplo, NII Stali fabrica la gama Yana de porras eléctricas, que emiten descargas de entre 45.000 y 80.000 voltios. Información facilitada por la empresa, 2002.
NPO Special Materials Ltd ofrece la pistola paralizante de electrochoque Laska, de entre 40.000 y 45.000 voltios y también tiene el Centro de Pruebas y Certificación de Materiales Especiales, institución acreditada y autorizada para probar equipos como esposas y armas de electrochoque. Afirman que es el único centro de estas características de Rusia. Información facilitada por la empresa, 2002. The March Joint Stock Co., de Moscú, produce las porras eléctricas Scorpion, Malvina y Arnold, que emiten descargas de entre 70.000 y 100.000 voltios, así como pistolas paralizantes de 45.000 voltios y un portafolios eléctrico de 45.000 voltios. Información facilitada por la empresa, 1998. A mediados de los años noventa se importaron de Estados Unidos porras paralizantes de electrochoque de alto voltaje. Las pistolas paralizantes y los aerosoles de pimienta incautados por las autoridades estadounidenses en 1996 los estaba exportando a Rusia la empresa Europe Distributing, y figuraba como proveedor S+J Products and Services. Documentos de la Corte Federal de Primera Instancia de Estados Unidos, 30 de diciembre de 1997. Las armas pequeñas y las armas ligeras siguen fabricándose en su mayor parte en fábricas de propiedad estatal.

3.3 El control de la exportación de armas

Rusia es un exponente de los problemas que conlleva el control del uso de las armas y del material de seguridad para prevenir violaciones de derechos humanos. Es un importante productor, un importante exportador y una importante víctima de la proliferación ilícita de armas ligeras. Rusia tiene ya uno de los sistemas burocráticamente más eficientes para marcar y seguir el rastro de las armas pequeñas. Sus sistemas centralizados hacen que toda transacción sea ilícita a menos que esté aprobada oficialmente. El principal fallo es que apenas existen referencias al control de las exportaciones en términos de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, o criterios legales o mecanismos de supervisión nacionales para alcanzar este objetivo.

Sin embargo, la Federación Rusa acordó en 1991 respetar los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales de la OSCE, que sí incluyen el respeto a los derechos humanos, y más recientemente, el gobierno ruso ha respaldado el Documento sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras, de la OSCE. El 1 de diciembre de 2000, Rusia creó el Comité de Cooperación Militar y Técnica para desarrollar un mecanismo de control de la exportación más eficaz para los suministros militares. El gobierno ruso también ha accedido a presentar a la OSCE datos apropiados sobre transferencias de armas pequeñas y armas ligeras, con arreglo a la nomenclatura acordada. Todo esto constituye un importante cambio de política que hay que reconocer, aunque, como han demostrado los demás Estados del G8, no es suficiente tener una política que reconozca los derechos humanos: el principal desafío es cumplirla.

En los últimos años, Rusia ha permanecido entre los tres primeros exportadores de armas, pese al precario estado de algunos de sus centros de producción. La mayoría de las exportaciones militares de Rusia son realizadas por Rosoboronexport, la organización de comercialización controlada por el Estado, que tiene agentes en 36 países. Información facilitada por la empresa Rosoboronexport, 2001. Las exportaciones de 2002 marcaron un nuevo hito postsoviético de 4.700 millones de dólares. «Preliminary estimates of Russia’s arms export in 2002», <www.cast.ru>. En 2002 Rosoboronexport exportó el 85% de las armas rusas. Cinco empresas rusas exportaron directamente a clientes extranjeros.

Pese a los esfuerzos de Rosoboronexport por controlar todas las exportaciones de Rusia, el número de empresas privadas con capacidad para exportar de forma independiente lleva camino de aumentar. Debido a la grave situación económica del país, sus fuerzas armadas no pueden permitirse sustituir material anticuado, por lo que la única forma en que pueden sobrevivir muchas compañías es exportando. Esto está desembocando en una competencia directa entre el exportador estatal y las empresas privadas. Resulta sumamente difícil obtener información oficial sobre las exportaciones de armas de Rusia, y el comité ruso de cooperación militar y técnica con países extranjeros ha elaborado incluso una lista de la información relativa a exportaciones cuya publicación será prohibida. «Official news ban to be placed on some foreign arms sales», agencia de noticias Moscow Interfax, 25 de julio de 2002.

Los principales mercados de exportación de Rusia son China y la India. Otros mercados importantes son Vietnam, Argelia, Yemen, Kuwait, Grecia, Birmania, Malaisia y Sudán: en su mayoría, países que sufren desde hace mucho tiempo problemas agudos de derechos humanos.

3.4 Armas pequeñas

Las armas pequeñas y las armas ligeras rusas han proliferado hacia muchas de las zonas de conflicto del mundo. Estados Unidos sigue siendo un mercado importante para las versiones deportivas y de caza de las armas militares, así como para la munición.

El rifle de asalto Kalashnikov (AK47, nombre que abarca una enorme gama de alrededor de 160 variantes) es el modelo de arma más distribuido del mundo y tiene un enorme impacto sobre los derechos humanos, especialmente en África y Oriente Medio. Se producen copias del AK47 en al menos 19 países (como China, Bulgaria, Finlandia, Yugoslavia, Irak y Rumanía), pero ya no se fabrica en Rusia. Su legendaria fiabilidad hace que se calcule que el número de AK47 en circulación es de hasta 100 millones, National defence, enero de 2000. y que aparezca en los inventarios de más de 80 países; la propia Federación Rusa posee diez versiones diferentes.Jane’s Infantry Weapons, 2000-01. El precio de estos rifles varía muchísimo. El precio oficial ruso para la exportación es de 100 dólares, pero hay modelos que pueden valer entre 200 y 1.000 dólares en el mercado ilegal, aunque en zonas donde abunda la oferta, como Sudáfrica, pueden comprarse por sólo 15 dólares. Boutwell J & Klare M., «A Scourge of Small Arms», Scientific American, junio de 2000, pp. 48-53.
El hecho de que tantos países produzcan copias significa que es, y siempre será, muy difícil determinar la procedencia exacta de la fabricación de un arma empleada en violaciones de derechos humanos, a menos que Rusia ponga a disposición de la comunidad internacional sus números de serie. También resulta difícil calcular los arsenales de armas pequeñas y ligeras rusas. El Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, por ejemplo, calcula que sólo en Mozambique hay seis millones de AK47 o más, aproximadamente la mitad del número que se cree hay en toda la Federación Rusa, y se cree que Afganistán tiene al menos 10 millones en circulación. Small Arms Survey 2001, pp 62-63. Lo que es más seguro es que en el difícil clima económico predominante actualmente en Rusia y sus antiguos Estados clientes, estos arsenales tienen filtraciones y se convierten en monedas de sustitución para los militares, muchos de los cuales llevan meses sin percibir su salario.

Los ejemplos de exportaciones rusas recientes de armas pequeñas, armas ligeras y munición incluyen la venta de lanzagranadas automáticas fabricados por KBP a Afganistán, Irak, Chad y Angola Lanzagranadas automático AGS-17 en servicio en países como Afganistán, Irak, Chad y Angola, fabricados por KBP Tula Instrument Design Bureau. Jane’s Infantry Weapons, 2001-2.; y de munición de LVE Plant a Afganistán, Camboya, Egipto, Irak, Irán, Libia y Corea del Norte. LVE Plant, información facilitada por la empresa, 2001. En los últimos tres años, Rusia ha exportado más de 9.000 modernos rifles de asalto AK-101 y AK-102 calibre OTAN a Indonesia, y continúa exportándolos. Arms Markets, Tass Information Agency, 2002, vol. 2, Núm. 11, p. 13.

3.5 Armas grandes

Rusia está firmando cada vez más acuerdos de cooperación militar y técnica como primer paso para aumentar las exportaciones. En la actualidad, tiene acuerdos de este tipo con varios países, incluidos Argelia, Siria, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Sudán, Egipto, Jordania y Libia. Arms - Russian defence Technologies. 1 (14), 2003.

A principios de 2003, funcionarios rusos visitaron Pyongyang para negociar mejoras militares para tanques y suministros de equipos de visión nocturna y munición. Jane’s Intelligence Review, p. 39, marzo de 2003. Recientemente Rusia ha entregado material y formación militar a Myanmar, en virtud de un contrato por valor de 130 millones de dólares. «Myanmar reports delivery of Mig-29s», Jane’s Intelligence Review, p. 8, febrero de 2003. En 2002, Rusia firmó un acuerdo por valor de cerca de 150 millones de dólares para suministrar a Etiopía material militar diverso, incluidos helicópteros de combate, vehículos blindados de transporte de personal y munición para armas de infantería. «Weapon makers African card», Vremya MN, 3 de agosto de 2002. También ha enviado recientemente helicópteros a Nigeria. «Russia delivers to Nigeria three more helicopters», ITAR-Tass, 6 de agosto de 2002. Rusia está aumentando sus exportaciones y su cooperación con Indonesia, y las exportaciones incluyen vehículos blindados de transporte de personal, helicópteros de combate y formación militar. Arms Markets, Tass Information Agency, 2002, vol. 2, No. 11, p. 13. En todos estos países, Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Rusia emplea las exportaciones de armas para financiar directamente el reequipamiento de sus fuerzas armadas que de otro modo no podría permitirse. La promoción del material MSP ruso ha aumentado enormemente en los últimos años. Se celebran regularmente ferias MSP no sólo en Moscú, sino que se han creado otras nuevas como Ural Expo Arms, OTTV Omsk y Moscow Aerospace. Las ferias de armas internacionales tenían un puesto de armas rusas comercializadas por la organización estatal para la exportación. En los últimos años, las empresas rusas han expuesto en numerosas ferias internacionales de armas de países como Malaisia, Colombia, Turquía, Francia, Grecia, Pakistán, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos. Además de armas, también se ofrecen en estas ferias servicios financieros para empresas de defensa, por ejemplo, los de Interprombank, en la DSA de Malaisia y la MAKS de Rusia. Military Parade, 5 de junio de 2001.

3.6 Producción exterior bajo licencia

Además de exportar directamente, Rusia utiliza cada vez más la producción exterior bajo licencia como vía para obtener unos ingresos que necesita perentoriamente. Cuando la producción exterior bajo licencia se establece en Estados con controles débiles sobre la exportación de armas, las posibilidades de que estas armas caigan en manos de personas que cometen abusos contra los derechos humanos aumentan enormemente. En la era soviética, la producción de armas pequeñas y otras armas rusas tenía lugar en la mayoría de los países del Pacto de Varsovia, pero no solía estar regulada. Recientemente Rusia ha empezado a intentar recuperar parte de su propiedad intelectual y de sus ganancias potenciales amenazando con entablar demandas contra la fabricación sin licencia de sus diseños.

Por ejemplo, se presionó a la fábrica de armas búlgara Arsenal-Kazanluk para que firmase un acuerdo de producción bajo licencia para el rifle de asalto Kalashnikov. «Russia’s defense loses big in patent sellouts», S. Saradzhyan, St. Petersburg Times, 16 de abril de 1999. Bulgaria es el país de origen de los Kalashnikovs que proporcionan los traficantes internacionales de armas a gobiernos y grupos rebeldes que cometen violaciones de derechos humanos. También hay informes de que Bazalt, la empresa rusa que desarrolló el lanzacohetes RPG-7, ha presionado a Pakistan Ordnance Factories, así como a fabricantes búlgaros y griegos, para que suscriban contratos en relación con las copias sin licencia. «A barrier on the path to dishonest competition. Russian manufacturers have begun a fight with illegal use of trademarks that belong to them», I. Korotchenko, Moscow Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye, 12 de octubre de 2001. En una feria de armas celebrada recientemente en Abu Dhabi se informó de que Rosoboronexport estaba buscando activamente copias no autorizadas de armamento militar ruso. «Russia to protect intellectual property rights to military hardware», ITAR-TASS, 17 de marzo de 2003.

Rusia está asimismo ofreciendo activamente nuevos acuerdos de producción bajo licencia como medio para garantizar las exportaciones de armas, por ejemplo a la India, Tula Armoury ofrece la producción bajo licencia del sistema de misiles antitanque Konkurs-M en una fábrica de la India. «Russian armoury exhibits new missile for anti-tank system at Indian arms show», agencia de noticias militar Interfax, 22 de febrero de 2002. Vietnam, En 2002, Kolomna Machine Building Design Bureau formalizó un contrato de 2001 con Vietnam para la transferencia de 50 MANPAD Igla (sistemas portátiles de defensa aérea o lanzamisiles portátiles) y la licencia para producirlos. En «Preliminary estimates of Russia’s arms exports in 2002», <www.cast.ru>. China China ha empezado a producir proyectiles Krasnopol con una licencia adquirida a KBP. Defense Technologies. Itar-Tass, p. 23, V.1, Núm.1, 2003. y Siria. Arms - Russian Defence Technology. 1 (14), 2003, p. 6. En la exposición de armas Defendory, celebrada recientemente (octubre de 2002) en Grecia, Rusia entabló negociaciones con Grecia para la posible producción bajo licencia de un nuevo rifle de asalto compacto, y la empresa Bazalt mantuvo conversaciones con representantes israelíes sobre cooperación conjunta. «Russian arms firms showing at Defendory fair», Moscow Rossiyskaya Gazeta, 5 de octubre de 2002.

3.7 Armas por recursos naturales

Una novedad preocupante en las exportaciones MSP rusas es la relación de las empresas extractoras de recursos (petróleo y gas) con el suministro de armas. Se ha vinculado la participación en proyectos petroleros y de gas en Argelia de varias empresas, entre ellas Gazprom, con entregas de armas. «Russian weapons pave road to Algeria for oil and gas companies», <>, 30 de mayo de 2001. Se ha informado recientemente de que Promgaz (filial de Gazprom) ha firmado un acuerdo de cooperación para interactuar en mercados extranjeros con el fin de impulsar las posibilidades para la exportación de la industria de la defensa rusa. Military News Agency, Moscú, 27 de febrero de 2002. Además, hay empresas rusas de extracción de recursos, como la empresa conjunta bielorrusa-rusa Slavneft, muy implicadas en la explotación de las reservas petroleras de Sudán. Pravda, 19 de enero de 2002. Rusia exporta activamente armas a Estados de zonas proclives al conflicto violento, especialmente a países africanos ricos en recursos naturales.

Sudán
Por ejemplo, tras la visita de una delegación comercial a Sudán en abril de 1995, el gobierno de Jartum informó de que el gobierno ruso estaba dispuesto a apoyar a Sudán en los ámbitos técnicos y de formación y a reactivar los acuerdos militares anteriores. Jane’s Sentinel Security Assessment - North Africa, 22 de febrero de 2000. En 1997 se informó de que Rusia había suministrado nueve tanques T-55 y seis helicópteros de ataque Mi-24B «Hind» a Sudán, vía Bielorrusia. Informe de Bielorrusia para el Registro de Armas Convencionales de la ONU, 1997. Además, Rusia proporcionó 60 vehículos blindados de transporte de personal BTR-80A producidos en la fábrica de maquinaria Arzamas, que fueron entregados en el año 2000 a las fuerzas gubernamentales sudanesas.

El 21 de febrero de 2002, un helicóptero de reconocimiento armado del gobierno sudanés mató a 24 civiles en Bieh, hirió a muchos más e interrumpió una operación de reparto de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA). El ataque se produjo pese a la autorización concedida por el gobierno sudanés a los vuelos del PMA a Bieh ese día, en el marco de la Operación Salvar Sudán, una coordinadora que proporciona ayuda humanitaria a los civiles en el sur de Sudán. El gobierno anunció que se investigaría el incidente, pero nunca ha dado a conocer sus resultados. Sudan: bombing of civilians are unacceptable, 22 de febrero de 2002 (Índice AI: AFR 54/006/2002).


Angola
Las armas y el mantenimiento suministrados por Rusia a Angola van desde los cazabombarderos Su-24 entregados en enero de 2001 Agencia de noticias ANGOP, 22 de enero de 2001., aviones de combate Mi-23, reparaciones de otros aviones de combate, tanques T-72 y lanzagranadas suministradas por la Oficina de Diseño de Instrumentos KBP Tula Jane’s Infantry Weapons, 1999/2000. a los helicópteros de ataque suministrados en el año 2000. Informe de Rusia para el Registro de Armas Convencionales de la ONU, 2000.

La guerra civil de Angola prosiguió durante 2001; cientos de civiles desarmados fueron asesinados deliberadamente por fuerzas gubernamentales y fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). El conflicto armado y la inseguridad fueron responsables del aumento del número de desplazados internos en 300.000 personas durante el año, hasta alcanzar un total de aproximadamente cuatro millones, así como de la precariedad de la situación humanitaria. Informe 2002 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s).

Una visita realizada a Luanda por Igor Sergevey, ministro de Defensa de la Federación Rusa, propició que las partes alcanzaran un acuerdo sobre el mantenimiento y la modernización de las armas del ejército angoleño. Los informes indican también que Rusia y Angola se proponen establecer en este último país centros para el mantenimiento de armas de fabricación soviética a otros países africanos, Moskovskiye Novosti, 16 de enero de 2001. lo que podría tener un enorme impacto, pues África está llena de material ruso antiguo y averiado, como vehículos blindados de transporte de personal y piezas de artillería.

Rusia también ha enviado armas a Eritrea y a Etiopía en un momento de elevada tensión y enfrentamientos militares. Según los informes, en 1998 entregó ocho aviones de combate a Etiopía y seis a Eritrea (IPS 12/1/2001) y en 2000 suministró otros cuatro aviones de combate y 307 piezas de artillería de gran calibre (informe presentado por Rusia ante el Registro de Armas Convencionales de la ONU, 2000). Además, ha suministrado cantidades importantes de armas a la Alianza del Norte de Afganistán (en 2001, por un valor de entre 30 y 40 millones de libras esterlinas) y se prevé que será el mayor proveedor de material MSP del nuevo régimen. Nezavisimaya Gazeta de Moscú, 12 de febrero de 2002. Los mayores mercados de las exportaciones MSP rusas son, con diferencia, China, que en los últimos años ha importado armas por un valor declarado de hasta 9.000 millones de dólares, «Eurasian strategy is a must for Russia’s development», <www.milparade.com/2001/45/01_shtml>, visitada el 26 de febrero de 2002. y la India. «Russia to speed up delivery of military hardware», Times of India, 8 de febrero de 2002.

Rusia ha firmado recientemente varios contratos importantes con la India y está empezando a modernizar y reequipar a las fuerzas paramilitares indias con material que incluye helicópteros Mi-17 y armas pequeñas AK. «Massive modernisation plan for India’s paramilitary forces», Kerala Next, India, 30 de enero de 2003. Esto incluye armas para las fuerzas de seguridad de la frontera que operan en Cachemira y en Assam. También ha firmado recientemente contratos nuevos con Irán Washington Times, 8 de marzo de 2002, p. 7. Informa de que la empresa rusa Rosoboronexport va a suministrar a Irán un nuevo sistema avanzado de guerra electrónica para derrotar a aviones y misiles. y con Indonesia, para suministrar helicópteros que podrían emplearse en los conflictos de Papúa y Aceh. Arms Markets. Tass Information Agency. 2002, vol. 2, No. 11, p. 13. La marina indonesia prevé comprar a Rusia este año dos helicópteros Mi-171 y ocho Mi-2. Según los activistas de derechos humanos, los nuevos helicópteros podrían utilizarse en operaciones para reprimir a los rebeldes separatistas de Papúa y Aceh. Joyo Indonesian News, Laksamana Net, 25 de enero de 2002.

3.8 Intermediarios, concesionarios y agentes afincados en el extranjero

Las empresas rusas emplean cada vez más a agentes y concesionarios en el extranjero para promover sus armas. Un ejemplo es Suburban Guns, empresa con sede en Sudáfrica que en su sitio web afirma que es concesionario de armas Izhmash, Baikal y Makarov, y también ha ofrecido misiles aire-aire portátiles Igla y Strela. En la información sobre el producto de la empresa también se decía que era distribuidor de NII Stali, aunque se desconoce si esto incluía armas de electrochoque. <http://www.suburbanguns.co.za/other_prices.htm>, visitada el 12 de mayo de 2003 e información facilitada por la empresa Suburban Guns en 1998.

Aparte del comercio «oficial» de armas, existe un gran número de traficantes de armas e intermediarios dispuestos a facilitar armas a facciones enfrentadas de todo el continente africano. Un ejemplo es la red que dirige Victor Bout que, según los informes, por medio de su empresa Air Cess, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha entregado armas clandestinamente a Angola, Sierra Leona, Liberia y Congo, pagadas con «diamantes de zonas de conflicto» extraídos ilegalmente. Gran parte de las armas vendidas procedían de Rusia, Asia Central y otros países del este de Europa. Otro ejemplo es Avient, empresa de Zimbabue cuya dirección tiene lazos en el Reino Unido y que, según los informes, ha contratado aviones y tripulaciones rusas para apoyar al gobierno de Laurent Kabila en el Congo con suministros lanzados con paracaídas y también ha reconocido que repara y mantiene aviones de combate MiG rusos para el régimen de Kabila. Financial Times, 18 de abril de 2001.

Una fuente importante de armas para los intermediarios son los arsenales que quedaron de la era soviética, o los arsenales actuales del ejército, en ocasiones mal mantenidos y custodiados. Se ha informado de varios casos de unidades militares en servicio que han suministrado material a traficantes. Según algunas fuentes, una unidad militar rusa proporcionó diez lanzamisiles antiaéreos a un traficante que después los envió a la oposición armada chechena. Los lanzamisiles eran de la misma clase que los que se usaron para derribar cuatro helicópteros militares en 2002. «Arms sales confession», Moscow Times, 30 de enero de 2003. Estas armas ilícitas pueden tener un enorme impacto en la delincuencia nacional (Rusia ha experimentado un incremento del uso de armas pequeñas en la delincuencia), y terminar en manos de delincuentes extranjeros, como en los recientes casos de pistolas militares que acabaron en Japón. «NPA, Russians to meet over pistol smuggling», Yomiuri Shimbun, Japón, 7 de noviembre de 2002.

3.9 Impacto sobre las violaciones de derechos humanos en Rusia

Chechenia
En el conflicto que se desarrolla en Chechenia, las fuerzas militares, policiales y de seguridad rusas han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos en sus esfuerzos por contener a las fuerzas rebeldes. Se denuncian constantemente torturas en «campos de filtración», «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales y ataques indiscriminados contra la población civil. Véanse, por ejemplo, < > y < >, para informes detallados sobre violaciones de derechos humanos en Chechenia. Especial preocupación suscita la práctica de las «zachistki» u operaciones de rastreo en las que se acordonan y registran pueblos o barrios de ciudades enteros, y que en muchos casos desembocan en la destrucción de propiedades, saqueos y la «desaparición» de varones jóvenes. «Counting the cost», Jane’s Defence Weekly, 18 de septiembre de 2002. «Grozny, where recovery is still just a word», The Guardian, 28 de noviembre de 2002. También se ha denunciado el uso de armas «combustible-aire» (más potentes que los explosivos convencionales) en zonas civiles, que han causado un enorme número de heridos Marine Corps Gazette, 8 de febrero de 2000. y el uso de bombas de racimo, que debido a su elevado índice de error se convierten en minas terrestres de hecho una vez que finaliza el conflicto. «A global overview of explosive submunitions», Human Rights Watch, mayo de 2002.

Lo trágico es que gran parte de las armas que utilizan los rebeldes en Chechenia han sido suministradas por depósitos oficiales de armas rusos o tomadas de ellos. «Arms sales confession», Moscow Times, 30 de enero de 2003. Por ejemplo, en mayo de 1992, el ministro ruso de Defensa ordenó que se entregase al general checheno Dzhokhar Dudayev la mitad de las armas militares pertenecientes a las fuerzas de la Federación Rusa en Chechenia. Se calcula que cuando se retiraron las tropas rusas en 1992, dejaron en Chechenia entre 41.000 y 57.000 armas pequeñas rusas. El Ministerio de Defensa ruso informó de que habían dejado 18.832 AK 74, 9.307 AKM, 533 rifles de francotirador Dragunov, 138 lanzagranadas, 678 ametralladoras para tanques, 319 ametralladoras de gran calibre y 10.581 pistolas. Se cree que los rebeldes adquirieron además 200.000 granadas de mano y más de 13 millones de piezas de munición. Small Arms Survey 2001, op. cit., p. 179. Es preocupante que Rusia haya decidido poner fin al mandato del grupo de asistencia de la OSCE en Chechenia, pues ello podría reducir el examen de los abusos contra los derechos humanos en este país y ofrece una falsa impresión de normalización. Russia Reform Monitor, Núm. 1001, 5 de enero de 2003. American Foreign Policy Council, Washington.

3.10 Recomendaciones concretas

El gobierno de la Federación Rusa debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de la Federación Rusa debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno ruso debe:

· Establecer un sistema de control de la exportación basado en el estudio riguroso en cada caso de la probabilidad de que las armas o el material o la tecnología de seguridad cuya exportación se propone se empleen para cometer violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

· Aplicar íntegramente los criterios de la OSCE para la exportación de armas, acordados por la Federación Rusa como Estado participante, a fin de elevar su grado de control de todas las exportaciones, tránsitos e importaciones de tecnología militar, de seguridad y policial.

· Desarrollar un sistema eficaz de supervisión parlamentaria de las decisiones sobre exportación de armas, por ejemplo, por medio de la presentación periódica de informes ante una comisión y oficina parlamentarias.

· Publicar datos más completos sobre sus transferencias de armas para permitir una supervisión parlamentaria y pública efectiva que garantice que las armas suministradas por Rusia no contribuyen a que se cometan dichas violaciones de derechos humanos ni las facilitan.

· Incluir la obligatoriedad de disponer de licencia y de inscribirse en un registro para todas las «transferencias» de fabricantes, intermediarios, transportistas y financiadores de armas con sede en Rusia que operan únicamente por medio de terceros países.

· Dar de baja en el registro a todo vendedor, intermediario o transportista de armas autorizado declarado culpable de cometer delitos afines, blanqueo de dinero, actos de violencia relacionados con armas de fuego o tráfico a Estados no autorizados.

· Firmar, ratificar, implantar y vigilar el cumplimiento de la Convención de Ottawa sobre Prohibición de las Minas, y prohibir el uso, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia y la exportación de minas terrestres antipersonal.

4. Francia

4.1 Introducción

Francia es uno de los mayores productores del mundo de material militar y uno de los cinco mayores exportadores de armas. Sin embargo, el gobierno francés no suele ser transparente con sus exportaciones de armas.

Desde que llegó al poder en 1995, el presidente Jacques Chirac ha promovido la introducción de reformas de gran alcance en la política de defensa francesa. El programa de reforma de la defensa, anunciado por primera vez en febrero de 1996, se implantó en virtud de la Ley de Planificación Militar 1997-2002, que puso fin al servicio militar obligatorio y reorganizó las fuerzas en activo y la reserva. Estas reformas han obligado a la industria de la defensa a sufrir enormes cambios, que incluyen privatizaciones y recortes de puestos de trabajo. « La réforme de la politique de défense et l’industrie française d’armement», Jean-Paul Hébert, en La réforme de la politique française de défense, Économica et Institut de Stratégie Comparée, 1998. También han hecho que las exportaciones representen una proporción cada vez mayor del negocio de los productores franceses de armas, a medida que disminuyen los pedidos de las fuerzas armadas francesas. Jane’s Defence Weekly, 20 de mayo de 1998. Como consecuencia de estos cambios, el Ministerio de Defensa francés puso en marcha un plan estratégico para ayudar a los proveedores de armas franceses a obtener contratos por valor de miles de millones de dólares a fin de compensar la pérdida de pedidos de sus mercados nacionales.

4.2 Producción y exportaciones

En el periodo 1997-2001, Francia realizó el 10 por ciento de las transferencias de armas del mundo, y fue el tercer mayor exportador. SIPRI Yearbook 2002, «Armaments, Disarmament and International Security», p. 378. En el año 2000 las exportaciones militares francesas fueron de 2.700 millones de euros y en el 2001, de 3.100 millones. No disponible a 29 de marzo de 2003. La cifra del año 2000 fue la más reducida desde 1994; en 1999 se hicieron exportaciones de armas por valor de 3.800 millones de euros. El Ministerio de Defensa atribuyó el descenso de la cifra de 2000 al hecho de que ese año no hubo entregas importantes de material aéreo o naval. Jane’s Defence Weekly, 16 de enero de 2000. La organización de ferias de armas para promover la tecnología militar y de seguridad francesa —como la feria Eurosatory celebrada en París en junio de 2002, Milipol Qatar 2002 y la muestra Asian Aerospace 2000, en la que se exhibieron aviones de combate franceses— y la asistencia a las mismas cuentan con el apoyo del gobierno. La lettre de l’Observatoire des transferts d’armements, núm. 21, 2000.

4.3 El control de las armas

La posesión, la producción y el comercio de armas siguen estando regulados por el Decreto-Ley de 18 de abril de 1939, aunque recientemente se ha nombrado un grupo de trabajo interministerial para tomar en cuenta los últimos cambios habidos en el ámbito de la seguridad pública, la política de defensa nacional y las armas. La legislación nacional francesa sobre control de la exportación de armas tiene, entre otras, las siguientes características:

· Numerosos tipos de material y tecnologías de seguridad y policiales no se mencionan en la legislación francesa sobre comercio, por lo que su exportación no suele estar controlada. Hay excepciones para los artículos clasificados como «armas», en cuyo caso están reguladas tanto su fabricación como su exportación.

· Todas las exportaciones de armas requieren una autorización del gobierno. El permiso de exportación final se obtiene únicamente después de recibir una «autorización de fabricación y de comercio». Artículo 13 del decreto ley de 18 de abril de 1939. El trámite es complejo y están involucrados un gran número de organismos de la administración. Todo el que desee exportar armas debe obtener una autorización previa del primer ministro o del secretario general para la Defensa Nacional. Su concesión se basa en un dictamen de la Comisión Interministerial de Estudio de las Exportaciones de Materiales de Guerra (CIEEMG) Commission interministérielle d’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG)., que preside el secretario general para la Defensa Nacional e integrada por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Finanzas. Además de emitir su opinión sobre la política de exportación de armas en general, debe estudiar todas las solicitudes de exportación caso por caso. El procedimiento para obtener esta autorizacion se aplica a los contratos de ventas comerciales, así como a las cesiones directas, es decir, las relativas a armas que ya utiliza el ejército francés que se ceden gratuitamente o a cambio de un pago.

· Apenas hay supervisión parlamentaria de las exportaciones francesas de armas; el Parlamento francés no interviene formalmente en el proceso. No obstante, en 2000, el Ministerio de Defensa entregó por primera vez a los legisladores un informe sobre la política francesa de exportación de armas. Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France en 1998, Ministère de la Défense, mars 2000. Desde esa fecha, se han hecho públicos tres informes. <http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossier/d118/index.html>. Aunque las armas pequeñas y las armas ligeras figuran por país de destino, otras exportaciones militares se desglosan sólo por tipo y por región, lo que hace imposible un análisis detallado. El cuarto informe sobre exportaciones de armas, relativo al año 2002, no está disponible aún. No disponible aún a 29 de marzo de 2003. La publicación del informe es un paso adelante hacia cierta transparencia significativa, pero no proporciona aún suficiente información para someter a un examen parlamentario y público eficaz las afirmaciones del gobierno francés de que tiene en cuenta los derechos humanos antes de autorizar las exportaciones. Los legisladores franceses carecen de una función formal en la vigilancia del impacto de las licencias de exportación de armas sobre los derechos humanos. Sin embargo, sí existe un «Comité sobre Ética y Armamento», con sede en la Academia Militar de París, integrado por ingenieros de armas, abogados, académicos y representantes de la comunidad religiosa. Su último informe cuestiona los criterios de evaluación utilizados para la política francesa de exportación de armas y critica la decisión de vender armas a Irak durante los años ochenta. Le Monde, 16 de abril de 2003.

· Un funcionario del Ministerio de Defensa francés declaró a Amnistía Internacional que las autoridades aduaneras francesas siempre trabajan en estrecha colaboración con las autoridades aduaneras del país de destino, a fin de garantizar la vigilancia constante de los productos que se exportan desde Francia. Entrevista, 24 de abril de 2003. Pero, a juzgar por los numerosos casos de suministro de armas y material de seguridad francés en un contexto de abusos contra los derechos humanos (véase infra), el gobierno francés sigue sin garantizar que sus sistemas de licencia de exportación y vigilancia del «uso final» impiden que estas transferencias caigan en manos de responsables de violaciones de derechos humanos, sean fuerzas de seguridad estatales o grupos de oposición.

4.4 Armas pequeñas y armas ligeras

Sucesivos gobiernos franceses han proporcionado material y formación militar y de seguridad a la mayor parte de los países francófonos de África, a menudo con independencia de su historial en materia de derechos humanos. Francia proporcionó armas y munición a las fuerzas armadas ruandesas que perpetraron el genocidio de 1994. En 1998, la Asamblea Nacional francesa divulgó los resultados de una investigación sobre este asunto: Enquête sur la tragédie rwandaise (1990-1994), Report No.1271, Les documents d’information de l’Assemblée nationale, 1998, <http://www.assembleenat.fr/dossiers/rwanda/r1271.asp>. En el informe se afirma: «se cedieron armas y munición en 31 casos sin que se aplicara el debido procedimiento». Bernard Debré, ministro de Cooperación francés en 1994, reconoció que el gobierno francés había seguido proporcionando armas al gobierno ruandés «entre cinco y ocho días, quizá diez días después de que empezaron las matanzas». Entre los receptores de armas como ametralladoras de pequeño calibre, rifles automáticos, pistolas ligeras y lanzacohetes portátiles en 1999 estaba Burkina Faso, identificado por la ONU como conducto de armas destinadas a Liberia y a las fuerzas de la oposición armada de Sierra Leona.

Camerún
Las autoridades francesas también permitieron la exportación en 1999 de ametralladoras de pequeño calibre, rifles automáticos, armas ligeras y lanzacohetes portátiles a Camerún, donde según los informes las fuerzas de seguridad han ejecutado ilegítimamente a cientos de personas desde 1998. En 1999 continuaron las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes en las provincias camerunesas del Norte, Extremo Norte y Adamawa, durante las operaciones para combatir los robos a mano armada efectuadas por una unidad conjunta del ejército y la gendarmería (policía paramilitar) conocida como «brigada contra el crimen». Los informes indican que desde marzo de 1998, cuando se desplegó la «brigada», han sido ejecutadas extrajudicialmente alrededor de 700 personas. Según los informes, los homicidios continuaron a lo largo de 1999. La práctica de abandonar los cuerpos sin enterrarlos disminuyó, lo que dificultó determinar el número de víctimas. Informe 2000 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2000/s).


Egipto
Pese a los persistentes informes sobre abusos contra los derechos humanos con empleo de la fuerza a manos de las fuerzas de seguridad egipcias a finales de los años noventa, Informe 1998 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1998/s) y Egipto: Se sigue torturando y haciendo caso omiso del clamor por que se haga justicia, febrero de 2001 (Índice AI: MDE 12/001/2001/s). incluidos el uso excesivo de la fuerza y la tortura en comisarías de policía, en 2000 se transfirieron cartuchos de escopeta de Francia a Egipto. Por valor de 38.000 dólares. Base de datos de NISAT, base de datos Comtrade. En una manifestación estudiantil celebrada en la Universidad de Alejandría el 9 de abril de 2002, Muhammad Ali al-Sayid al-Saqqa, estudiante de 19 años, perdió la vida y varios estudiantes más sufrieron heridas graves por disparos de perdigón. La manifestación había comenzado pacíficamente, pero los acontecimientos se precipitaron cuando las fuerzas de seguridad impidieron a los estudiantes salir del recinto universitario para unirse a otros manifestantes en una marcha de protesta.

El Ministerio del Interior egipcio emitió una declaración en la que afirmaba que las fuerzas de seguridad habían disparado perdigones para tratar de calmar la situación. Amnistía Internacional teme que la muerte de Muhammad ‛Ali al-Sayid al-Saqqa se produjo a causa de los perdigones que dispar¾ un miembro de las fuerzas de seguridad en circunstancias en las que no se cumplieron las salvaguardias contenidas en los Principios Bßsicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU. AI’s briefing to the Human Rights Committee on the Arab Republic of Egypt, mayo de 2000, (Índice AI: MDE 12/019/2002).

Senegal
La munición no clasificada como «material de guerra» sigue necesitando una licencia de exportación francesa especial para «productos explosivos». Para obtener esta autorización para la exportación de productos explosivos (AEOE) hay que cumplimentar un formulario y presentarlo ante el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria. La autorización es concedida en última instancia por el Servicio de Títulos de Comercio Exterior, vinculado a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos. Muchas fuerzas policiales de todo el mundo usan munición de grado no militar en armas como escopetas. Durante el año 2000, Francia transfirió «munición de armas pequeñas» y «cartuchos de escopeta» a Senegal. «Cartuchos de escopeta» por valor de 389.000 dólares y «munición para armas pequeñas» por importe de 54.000 dólares. Base de datos de NISAT, base de datos Comtrade.

En enero de 2001, el estudiante Balla Gaye murió por disparos en unos enfrentamientos entre manifestantes y la policía cerca de la Universidad de Dakar. El presidente Wade ordenó de inmediato una investigación que concluyó en noviembre que la policía podría haber sido responsable del fallecimiento. Aunque un policía fue acusado formalmente y detenido, aún no ha sido juzgado. Informe 2002 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s).

Durante los años noventa, Amnistía Internacional había denunciado violaciones de derechos humanos habituales a manos de las fuerzas de seguridad senegalesas en el contexto del conflicto armado de Casamancia, incluidos detenciones arbitrarias y periodos prolongados de reclusión sin juicio, ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y malos tratos. En 1999, por ejemplo, la organización informó de que muchos civiles de Casamancia, detenidos por las fuerzas de seguridad, habían sufrido torturas o malos tratos mientras permanecían en régimen de incomunicación durante periodos de hasta 10 días, antes de ser llevados ante un juez instructor. Al parecer, varios de ellos habían sido quemados con botellas de plástico llenas de gasolina a las que se había prendido fuego. No se investigó ninguna de estas denuncias. En mayo de 1998, las fuerzas de seguridad dispararon munición real para dispersar una manifestación estudiantil en Saint-Louis, la segunda ciudad del país. Los enfrentamientos se saldaron con nueve estudiantes y un policía heridos. Informe 1999 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1999/s).

En abril de 1998 fueron detenidos en Djiromaïte Djoumondong Bassène, Louis Bassène, Babao Manga y Lamine Tendeng. Según los informes, los obligaron a cavar sus propias tumbas y después los mataron a tiros. Adrien Sambou «desapareció» tras ser detenido por unos soldados en Kabrousse, en julio. En noviembre, los soldados irrumpieron en Djifangor Banjal, un barrio situado en las proximidades de Ziguinchor, y mataron a unos 30 civiles en un registro casa por casa en busca de rebeldes del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia (grupo armado de la oposición). Informe 1999 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1999/s).

Costa de Marfil
Durante el año 2000 se transfirieron desde Francia a Costa de Marfil cartuchos y piezas de armas de fuego. Comtrade, datos para 2000. En el año 2002 Amnistía Internacional denunció varios casos de ejecución extrajudicial en este país. El 7 de octubre, en Abiyán, unos gendarmes mataron a tiros a tres civiles de Burkina Faso. Un testigo presencial declaró: «hacia las 7 de la tarde, los gendarmes pidieron a estas tres personas que enseñaran sus tarjetas de identidad y después les quitaron el dinero. Luego les dijeron que se tumbasen en el suelo boca abajo. Uno de los gendarmes sacó su pistola, los hombres de Burkina Faso imploraron perdón, los otros dos policías intentaron disuadir a su compañero para que no les disparase, pero no lo consiguieron. Dos de los hombres murieron en el acto y el tercero murió al día siguiente.» Côte d’Ivoire: A country caught up in a turmoil for more than a month, octubre de 2002 (Índice AI: AFR 31/005/2002).

4.5 Exportaciones de armas grandes

Zimbabue
En 1998 se informó de que Zimbabue había elegido los camiones militares franceses ACMAT para utilizarlos en primera línea; las fuerzas armadas zimbabuenses ya estaban empleando 23 de estos vehículos. Jane’s Defence Weekly, 15 de julio de 1998. Según una información publicada en el Sunday Times el 7 de mayo de 2000, se estaban utilizando 360 vehículos ACMAT para transportar 21.000 AK-47 a policías y veteranos de guerra de todo el país. En sus informes sobre las violaciones de derechos humanos que siguen cometiendo en Zimbabue las «milicias» auspiciadas por el Estado, así como las fuerzas de seguridad estatales, Amnistía Internacional ha expuesto reiterados ejemplos de soldados que llegaban en camiones para cometer estos abusos. El 28 de junio de 2000, por ejemplo, tres días después de las elecciones parlamentarias, unos soldados golpearon a Edwin Mushoriwa, representante parlamentario del partido de oposición Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) por la circunscripción de Harare de Dzivarasekwa, así como a otros simpatizantes del mismo. Alrededor de 200 simpatizantes del MDC celebraban la victoria cuando llegaron los soldados en un camión militar y los golpearon con culatas de rifles. Muchos de los concentrados tuvieron que ser hospitalizados. Zimbabue: Más información. Temor por la seguridad, julio de 2000 (Índice AI : AFR 46/025/2000/s).

En las vistas judiciales celebradas en relación con las elecciones en la circunscripción de Mutoko Sur, en la provincia de Mashonaland Oriental, Matthew Rukwata Dovi, candidato al Parlamento por el MDC, declaró que el 20 de abril de 2000 fue secuestrado por miembros de una «milicia» y que estuvo tres semanas en su poder. Durante ese tiempo, lo solían tener esposado y fue agredido varias veces. En una ocasión lo exhibieron sobre un escenario, junto con otros tres miembros del MDC, en una concentración del ZANU-PF, como «renegados del MDC». Amnistía Internacional informó de que se estaban utilizando los camiones del gobierno donados o facilitados por Estados extranjeros para transportar a las víctimas de los secuestros. Zimbabwe: The Toll of Impunity, junio de 2002 (Índice AI: AFR 46/034/2002).

En julio de 2001, los civiles de Budiriro denunciaron que soldados del ejército y policías propinaban palizas a los habitantes de la localidad, aparentemente como represalia por haberse adherido a un paro de dos días convocado por el Congreso Sindical de Zimbabue. Un diario citaba las palabras de Tim Rhumba, residente de Budiriro, que afirmó que los soldados habían llegado a su casa en cinco camiones y que buscaban a un funcionario del MDC. Rhumba declaró que los soldados le ordenaron a él y a los demás ocupantes de la casa que se tumbaran en el suelo y después empezaron a agredirlos. Daily News, «Soldiers assault Budiriro residents», 12 de julio de 2001. Habida cuenta de la reciente intensificación de la represión política violenta por parte de las fuerzas armadas gubernamentales en Zimbabue, así como de los abusos cometidos por soldados zimbabuenses en la República Democrática del Congo, debía haberse previsto que los camiones militares enviados desde Francia se emplearían para facilitar las violaciones de derechos humanos.

Costa de Marfil
En septiembre de 2000 había 13 vehículos anfibios blindados de transporte de personal VAB en servicio en Costa de Marfil. Los VAB fueron creados por Giat, el fabricante de armas estatal de Francia, para satisfacer las necesidades del ejército de ese país. Sin embargo, en el año 2000 se habían exportado un millar de ellos que estaban en servicio en África, Oriente Medio y Asia. Mientras la versión del ejército francés suele llevar una ametralladora de 7,62 mm o 12,7 mm, las versiones para exportación cuentan con una gama más amplia de armas, incluido un cañón de 20 mm montado en la torreta. Jane’s Defence Weekly, 20 de septiembre de 2000.

En octubre de 2002, decenas de civiles murieron en Daloa, después de que las fuerzas gubernamentales recuperaron la ciudad. Los hombres vestidos con uniformes de faena que cometieron la matanza llegaron en vehículos militares y «tanques». Côte D'Ivoire: A Succession of Unpunished Crimes. From the massacre of gendarmes at Bouaké to the mass graves of Daloa, Monoko-Zohi and Man, febrero de 2003 (Índice AI: AFR 31/007/2003).

Indonesia
En abril de 1996, las fuerzas de seguridad indonesias, a bordo de vehículos blindados de transporte de personal, reprimieron violentamente una protesta en Ujung Pandang haciendo un uso excesivo de la fuerza; al menos tres estudiantes perdieron la vida. Tres meses después, el gobierno estadounidense incluyó expresamente los vehículos blindados de transporte de personal en su lista de armas cuya exportación a Indonesia quedaba prohibida, alegando como motivo las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional se opuso a la entrega de estos vehículos blindados a Indonesia debido a la posibilidad de que se emplearan las armas instaladas en ellos para cometer homicidios políticos, facilitar las detenciones arbitrarias y la tortura, así como para ordenar y controlar estas operaciones. No obstante, ese mismo mes, julio de 1996, Indonesia pidió 18 vehículos de reconocimiento anfibios VBL (Véhicule Blinde Leger) a la empresa francesa Panhard, para ser entregados al año siguiente a sus fuerzas armadas. Jane’s Defence Weekly, 10 de julio de 1996 e Índice AI: ASA 21/039/1997.
En 2003 se entendía que estos vehículos de Panhard seguían formando parte del arsenal de Irak. Jane’s Defence Weekly, 26 de marzo de 2003.

Durante el año 2000 también había vehículos blindados de transporte de personal VAB de Giat de servicio con las fuerzas de seguridad indonesias. «VAB APC», Jane’s Defence Weekly, 20 de septiembre de 2000. En servicio en Brunei (26), la República Centroafricana (10), Costa de Marfil (13), Chipre (145), Francia (3.975 en el ejército, 33 en la gendarmería), Indonesia (18), Líbano (85), Mauricio (11), Marruecos (394), Omán (30 incluidos VBC-90), Qatar (162) y los Emiratos Árabes Unidos (20). Las fuerzas de seguridad empleaban vehículos blindados en Aceh para combatir a los rebeldes armados, en operaciones en las que ambas partes cometieron violaciones graves de derechos humanos. Cientos de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y miles de personas huyeron de sus casas y buscaron refugio en las mezquitas y escuelas locales. Informe 2001 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2001/s).

República del Congo
Francia tiene una gran dependencia del petróleo de África. Las empresas francesas controlan importantes yacimientos petroleros de la República del Congo. Los intereses petroleros franceses han estado aparentemente vinculados al suministro de armas, lo que en ocasiones ha tenido consecuencias devastadoras para los derechos humanos de la población local. Por ejemplo, en 1998, Francia entregó 71 vehículos de transporte militar al gobierno de la República del Congo (Brazzaville). Muchos civiles resultaron muertos y heridos durante el conflicto armado, que provocó asimismo el desplazamiento de 800.000 personas.

Se podía haber previsto, a tenor de la historia reciente del violento conflicto que se desarrolla en Congo, que los soldados harían un uso indebido de los vehículos para facilitar las violaciones de derechos humanos. Se calcula que estaban implicadas en los combates alrededor de 25.000 milicias. El ex presidente de la compañía petrolera francesa Elf, que tiene intereses significativos en el Congo, reconoció que su empresa había entregado armas a los dos bandos principales. Crónica del comercio del terror núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002. Y en República del Congo: Una antigua generación de líderes implicados en nuevas matanzas, marzo de 1999 (Índice AI: AFR 22/001/1999/s), se indica que el ex presidente Lissouba acusó a Elf-Congo de entregar dinero a los Cobras del presidente Sassou para que adquirieran armas. A principios de 1998, el ex presidente Lissouba intentó infructuosamente demandar a Elf-Congo ante los tribunales franceses por su presunta implicación en una conspiración para derrocar a su gobierno mediante la financiación del gurpo armado de Sassou, así como por complicidad en homicidios y actos de terrorismo. A finales de septiembre de 1998, el embajador francés en el Congo anunció que Francia iba a enviar al Congo a 25 instructores para formar a mandos intermedios de la Gendarmería congoleña.

4.6 Material de seguridad

Gas lacrimógeno para Kenia
El 7 de julio de 1997 la policía paramilitar keniana irrumpió en la catedral anglicana de Todos los Santos, de Nairobi, lanzando primero cápsulas de gas lacrimógeno y abriéndose paso después con las porras. Varias decenas de partidarios pacíficos de la reforma que se refugiaron en el interior del templo sufrieron heridas graves con hemorragias; muchos más resultaron lesionados, entre ellos un anciano parlamentario de la oposición. La policía y las unidades de seguridad de África utilizan cada vez más gases lacrimógenos y otros productos químicos irritantes directamente en el interior de edificios y otros espacios cerrados de donde es difícil que la gente salga, ya sea por causas físicas —aglomeraciones o barricadas en puertas y ventanas— o por miedo a las palizas, la detención o la «desaparición». El empleo de gas lacrimógeno en este tipo de circunstancias ha producido varias muertes y lesiones graves. Los investigadores de Amnistía Internacional recuperaron algunos de las cápsulas de gas lacrimógeno y de las balas de goma empleados contra los manifestantes pacíficos en Kenia y siguieron su origen hasta empresas británicas. Tras la presión que ejerció la organización, el gobierno del Reino Unido declaró que había denegado solicitudes de licencias por importe de 1,5 millones de libras para la venta de material antidisturbios —incluidas porras y gases lacrimógenos— a la policía keniana debido a preocupaciones en materia de derechos humanos.

Pero los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad kenianas continuaron. Cuando se volvió a hacer un uso indebido de gas lacrimógeno, en junio de 1999, en esta ocasión contra una multitud de 2.000 manifestantes pacíficos, Amnistía Internacional puso nombre de nuevo al fabricante del gas, que esta vez era una empresa francesa, Nobel Sécurité. Así pues, parece que cuando el gobierno británico denegó la concesión de licencias para exportar gas lacrimógeno, las autoridades kenianas recurrieron a una empresa francesa para que suministrara el material necesario para cometer estos brutales actos de «control de multitudes».

Este caso ilustra la necesidad de un control de armas estricto y coherente internacionalmente. Sin embargo, un decreto francés de 20 de noviembre de 1991 contiene una lista de todo el material de guerra y otros equipos asociados sometidos a un procedimiento de exportación especial, y las granadas de gas lacrimógeno no se consideran material de guerra y, por tanto, no están sometidas a ningún procedimiento específico.

La legislación francesa sobre exportación de armas tampoco contiene ninguna referencia específica al control de grillos con pernos, esposas para pulgares, porras electrónicas, pistolas paralizantes, cinturones paralizantes y escudos paralizantes de electrochoque, todos los cuales pueden emplearse para infligir torturas. Entre 1998 y 2000, las empresas francesas Le Protecteur SA, AKAH (Albrecht Kind France), Equipol, Eclats Antivols SA y R-Plus ofrecían suministrar armas paralizantes de electrochoque; Rivolier SA y Le Protecteur SA ofrecían grillos con pernos, y Le Protecteur SA, esposas para pulgares. Un comercio execrable: el comercio de la tortura, Amnistía Internacional, 2001 (Índice AI: ACT 40/002/2001/s).

En su tercer informe ante el Parlamento francés (2001), el Ministerio de Defensa reconoció que el artículo 2 del Código de Conducta de la UE obliga a todos los Estados miembros a que controlen las exportaciones de artículos no militares que pueden ser empleados para la represión o para cometer otros abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, estos productos no entran en la categoría francesa de artículos militares, ni en la de artículos de doble uso militar y civil, por lo que se consideran artículos civiles que se regulan en el ámbito europeo. Un reglamento de comercio de la Comisión Europea propuesto recientemente prohibirá, de ser aprobado, la importación, exportación e intermediación, por empresas y personas, de productos que la Comisión califique de «material para tortura», incluidos cinturones paralizantes de electrochoque, grillos con pernos, esposas para pulgares y grilletes. También exigirá a los Estados miembros que introduzcan controles a las exportaciones de porras paralizantes, pistolas paralizantes y material antidisturbios como el gas lacrimógeno.

Las autoridades francesas han creado un grupo de trabajo para evaluar las consecuencias legales de este mecanismo de control europeo en el futuro para el material policial y de seguridad. Amnistía Internacional insta a Francia a que introduzca controles a la exportación de material policial y de seguridad como porras y escudos antidisturbios, gas lacrimógeno y otros productos químicos irritantes, pistolas paralizantes y escudos de electrochoque.

4.7 Licencias para la producción en el extranjero

Turquía
Giat Industries fabrica una torreta eléctrica individual armada con un cañón de 25 mm y una ametralladora de 7,62 mm para el vehículo blindado para transporte de personal rumano turco RN-94, desarrollada como operación privada por la empresa Nurol Makina de Turquía y la RomArm de Rumania para satisfacer las necesidades de las fuerzas terrestres turcas. El mando de las fuerzas terrestres turcas ha adquirido hasta ahora cinco RN-94 para pruebas exhaustivas. Jane’s Defence Weekly, 19 de febrero de 2003. La torreta de Giat la está fabricando bajo licencia Nurol en Turquía, para instalarla en vehículos blindados de infantería de combate de Sistemas de Defensa FNSS. Jane’s Defence Weekly, 3 de marzo de 1999. A finales de 2002 se informó de que Turquía iba a transferir 100 de estos vehículos blindados de infantería de combate a las Fuerzas Armadas jordanas, para montarlos en Jordania (International Defense Review, 1 de diciembre de 2002).

En junio de 1995, el Departamento de Estado estadounidense publicó un informe en el que se afirmaba que había datos «sumamente fidedignos» de que Turquía estaba empleando transportes blindados de personal, entre otros materiales, en casos de violaciones de derechos humanos. US State Department, Report on Allegations of Human Rights Abuses by the Turkish Military and on the Situation in Cyprus, junio de 1995. Amnistía Internacional ha documentado el uso de vehículos blindados de transporte de personal para perpetrar abusos contra los derechos humanos en Turquía. Se cree que Safak Akbulut fue secuestrada por agentes de la Gendarmería el 24 de noviembre de 1999, el día en que fue excarcelada. Según los informes, durante su estancia en prisión la presionaron para que declarara en calidad de testigo del Estado. Según informes, después de la «desaparición» de Safak Akbulut, el ministro de Justicia reconoció abiertamente que no había sido excarcelada, como había ordenado el tribunal, sino que había sido conducida en un vehículo militar a la delegación del servicio militar del ejército. Turquía: Safak Akbulut, 22 de marzo de 2000 (Índice AI: EUR 44/020/2000/s).

4.8 Los intermediarios en el suministro de armas

Los intermediarios de operaciones comerciales sobre armas con sede en Francia deben obtener la aprobación del gobierno para sus actividades generales, pero no necesitan autorización previa caso por caso si la actividad de intermediación y transferencia de armas se realiza fuera de Francia.

El «Angolagate» salió a la luz cuando funcionarios judiciales franceses descubrieron que Brenco International, compañía propiedad del multimillonario hombre de negocios Pierre Falcone, estaba implicada en transferencias de armas al gobierno de Angola y había hecho pagos a varios de sus asociados franceses. Para más detalles, véase Georges Berghezan, Trafics d’armes vers l’Afrique – Plein feux sur les réseaux français et le savoir-faire belge, GRIP, 2002. Pierre Falcone era asesor de la agencia del gobierno francés SOFREMI, que exporta material militar bajo los auspicios del Ministerio del Interior. También había cultivado buenos contactos en el negocio de las armas en Europa Oriental, por medio del exiliado político y hombre de negocios ruso Arcadi Gaydamak, que residía en Israel. Al parecer, en noviembre de 1993, Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak habían ayudado a organizar una venta de armas pequeñas a Angola por valor de 47 millones de dólares. Según los informes, en 1994 gestionaron un segundo contrato de armas por valor de 563 millones de dólares, que incluía tanques y helicópteros. El gobierno angoleño pagó las armas con petróleo. Ken Silverstein, The Arms Dealer Next Door: International billionaire, French prisoner, Angolan weapons broker, Arizona Republican. Who is Pierre Falcone?, <http://inthesetimes.com/issue/26/04/feature4.shtml>.
La guerra civil de Angola se cobró cientos de vidas de civiles inermes al año, a manos tanto de las fuerzas gubernamentales como de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Los abusos contra los derechos humanos denunciados incluyen torturas, mutilaciones, secuestros y homicidios. Sólo en 2001, el conflicto armado y la inseguridad obligaron a 300.000 personas a huir de sus casas, lo que elevó el número de desplazados internos a cuatro millones. Véase Crónica del comercio del terror núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002.

Un nuevo proyecto de ley propuesto por el Senado francés estipula la creación de un régimen en el cual los intermediarios tendrían que solicitar una licencia antes de cada «operación de intermediación», así como de un sistema para informar de cada operación de intermediación bajo pena de sanciones penales en caso de infracción. Sin embargo, no existe ninguna disposición que prevea el control total de las actividades de intermediación realizadas en el extranjero por ciudadanos franceses y residentes en Francia, lo que significa que los intermediarios no tendrían más que salir del país para continuar con sus negocios. El proyecto de ley no ha sido aprobado aún. A 2 de mayo de 2003.

4.8.1 Comercio que respalda el tráfico ilícito de armas
Francia, junto con China, es uno de los dos mayores mercados de la madera liberiana. Pero la industria de la madera liberiana tiene fuertes lazos con el comercio de armas a Liberia, conclusión explícita a la que ha llegado el Grupo de Expertos de la ONU creado por el Consejo de Seguridad de esta organización para vigilar el cumplimiento de las sanciones de la ONU impuestas a Liberia en 2001.

Los informes del Grupo de Expertos han mostrado que el gobierno de Liberia continúa adquiriendo armas, pese a la prohibición de la ONU sobre las transferencias de armas. El Grupo ha subrayado su preocupación por el hecho de que se estén empleando los ingresos procedentes del comercio de la madera —una importante fuente de ingresos del gobierno— para comprar asistencia militar y por que las empresas madereras han facilitado transferencias de armas. Estas armas se están utilizando en el conflicto armado interno que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con el grupo armado de oposición Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia.

Ambos bandos siguen cometiendo abusos graves contra los derechos humanos de los civiles, y los combates se intensificaron y extendieron durante 2003. Las fuerzas gubernamentales liberianas y la milicia armada que lucha con ellas son responsables de homicidios, de torturas que incluyen la violación sexual, y del reclutamiento forzoso de menores de 18 años. Las fuerzas de Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia han cometido abusos similares, aunque en menor medida. Crónica del comercio del terror núm.4 , Amnistía Internacional, mayo de 2003.

4.9 La ayuda militar francesa

Durante la guerra fría, uno de los mayores ámbitos de la cooperación francesa estaba en África, y los países que participaban en esa cooperación recibían el nombre de «Les pays du Champ». Francia tiene todavía acuerdos bilaterales de defensa con países como Burkina Faso, la República Centroafricana, Congo, Gabón, Costa de Marfil (suspendido desde que llegó al poder el general Robert Guei), Ruanda, Togo y el ex Zaire. Anexos del Rapport d'Information Assemblée nationale N°3394, 20 de noviembre de 2001. Es difícil determinar el número de militares franceses que operan en países africanos. En «La cooperation militaire en question», p. 25, Observatoire des Transferts d’Armements Belkacem Elomari 2001. En 2000, el diputado François Lamy señaló que sólo se habían hecho públicos 39 acuerdos de defensa de un total de 90. En «Contrôler les opérations extérieures», Assemblée nationale, 8 de marzo de 2000, n° 2237.

4.9.1 Formación
Las Escuelas Nacionales con Vocación Regional:
Existen 15 centros de formación en Benín, Burkina Faso, Camerún, Gabón, Costa de Marfil, Malí, Senegal y Togo, que impartieron enseñanza a más de 840 alumnos procedentes de 20 países en 2001 (690 en 2000). En estos centros hay instructores franceses. Assemblée nationale, Nº 1114, 8 de octubre de 1998, página 41.


Escuelas militares francesas:
En 2000, se ofrecieron 1.473 plazas para oficiales militares extranjeros. Parte de la formación se refiere al mantenimiento del orden, pero no se dispone de todos los detalles. La información disponible no menciona los derechos humanos ni el derecho humanitario, ni si se investigan los antecedentes de los alumnos o el riesgo de que participen en violaciones de derechos humanos. Observatoire des Transferts d’Armements, La Cooperation militaire française en question, Belkacem Elomari, 2001.

4.9.2 «Cooperación» militar
Aunque las estructuras para la presentación de informes previstas en la política de cooperación francesa se han reformado hace poco, <www.france.diplomatie.fr/mae/dcmd.gb.html>; Rapport d'Information, Assemblée nationale, 20 de noviembre de 2001, p. 34. sigue faltando mucha transparencia. El Parlamento francés no recibe un informe completo sobre los programas de cooperación militar franceses en el extranjero. Un funcionario del MDCD declaró a Amnistía Internacional que su agencia siempre estaba dispuesta a responder a preguntas formuladas por el Parlamento francés, pero se negó a hablar de los programas de cooperación militar franceses en el África central porque era «información confidencial que no se podía compartir con el público en general». Llamada telefónica al Ministerio de Defensa, 25 de abril de 2003.

4.9.3 Servicios militares privados
El 14 de abril de 2003 se aprobó una nueva ley concebida para prevenir la actividad mercenaria francesa en el extranjero. Cualquier persona reclutada con el objetivo específico de combatir en un conflicto armado a cambio de beneficios personales o de una retribución, que no sea ciudadana de un Estado implicado en el conflicto armado, miembro de las fuerzas armadas de dicho Estado o enviada de un Estado no implicado en el conflicto armado, será acreedora de multas y de prisión: cinco años y 75.000 euros si se trata de una persona reclutada, siete años y 100.000 euros si se trata de un reclutador y organizador de operaciones mercenarias. Loi nr. 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire.

Una nueva empresa llamada Défense Conseil International (DCI), propiedad del Estado francés en un 49,9 por ciento y de inversores privados en el restante 50,1 por ciento, proporciona actualmente formación, asesoramiento, mantenimiento y asistencia técnica militar y de seguridad. Al parecer, no existe control del Parlamento sobre sus actividades. Cuenta con los conocimientos especializados de alrededor de 700 miembros del ejército francés en activo o retirados, y trabaja en estrecha colaboración con la Delegación General de Armas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Relaciones Exteriores. En una conferencia organizada por estos dos organismos con el Instituto de Relaciones Internacionales y de Estrategia, el presidente de DCI, Ives Michaud, reaccionó con energía contra un discurso de la Sección Francesa de Amnistía Internacional sobre la necesidad de transparencia y de respeto a los derechos humanos. El presidente de la Sección Francesa de Amnistía Internacional escribió a DCI después de la conferencia para hablar de los derechos humanos, pero no ha recibido respuesta alguna hasta ahora..

4.10 Recomendaciones concretas

El gobierno de Francia debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Francia debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno francés debe:

· Adoptar una ley sobre intermediación en el comercio de armas que incluya su aplicabilidad extraterritorial a los nacionales franceses, a los residentes permanentes en Francia y a las empresas inscritas en este país.

· Establecer un sistema efectivo de supervisión parlamentaria de las decisiones sobre exportación de armas, por ejemplo, por medio de la presentación de informes periódicos a una comisión y oficina parlamentarias.

· Publicar información completa y puntual sobre todas las exportaciones desde Francia de material y tecnología militar, de seguridad y policial, para permitir una supervisión efectiva parlamentaria y pública a fin de garantizar que no contribuyen a que se cometan dichas violaciones de derechos humanos ni facilitan su comisión.

· Prohibir la producción y el comercio de material cuyos efectos intrínsecos sean torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y prevenir la exportación de todos los demás materiales de seguridad y policiales en casos en que sea razonable suponer que se emplearán para infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes.

· Respaldar la adopción del Reglamento del Consejo Europeo relativo al comercio de determinados materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (COM 2002 - 770).

· Garantizar que toda asistencia militar exterior francesa, con independencia de que sea prestada por agentes estatales o empresas privadas, incluirá formación práctica en normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Las condiciones de los acuerdos de asistencia militar y de seguridad francesa, tanto económicas como prácticas, deberán hacerse públicas y estar condicionadas al establecimiento de salvaguardias para los derechos humanos en el país receptor.

5. Reino Unido

5.1 Introducción

El Reino Unido es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro del Grupo de los Ocho y uno de los cinco primeros países exportadores de armas del mundo. Las estadísticas varían entre el valor de las licencias de exportación concedidas y las entregas efectuadas, pero en el informe del Servicio de Investigación del Congreso, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1994-2001, de 6 de agosto de 2002, elaborado por Richard F. Grimmett, se afirma que el Reino Unido es el segundo país, después de Estados Unidos, en cuanto a número de armas enviadas —tablas 9, 9a, 9b, c (p. 82 / 83 / 84)—, y que el 18,78% del total de armas entregadas en el mundo en 2001 tuvo su origen en el Reino Unido. Las armas y el material de seguridad que se producen en el Reino Unido van desde tecnologías para el control de multitudes como cañones de agua, bastones de plástico y gas lacrimógeno, hasta armas pequeñas, munición para armas pequeñas, sistemas armamentísticos de envergadura como aviones, helicópteros y buques de guerra, y artículos electrónicos, software informático y otros artículos de doble uso.

5.2 Controles de la exportación de armas

Las empresas o personas que deseen exportar artículos que figuran en la Lista Militar o en la Lista de Control de Doble Uso del Reino Unido deben solicitar una licencia de exportación al Ministerio de Comercio e Industria. La política del gobierno británico establece:

«No se concederá una licencia de exportación si los argumentos para hacerlo pesan menos que la necesidad de cumplir las obligaciones y los compromisos internacionales del Reino Unido, la preocupación de que los artículos puedan ser empleados para la represión interna o la agresión internacional, los riesgos para la estabilidad regional u otras consideraciones descritas en [los Criterios Consolidados de la Unión Europea y Nacionales para la Concesión de Licencias de Exportación de Armas]». 2001 Annual Report on Strategic Export Controls. CM 5559. The Stationery Office, Londres, julio de 2002, p. 413.

Los criterios consolidados para aprobar las exportaciones de armas modifican los ocho criterios que se anunciaron en 1998, cuando el Reino Unido accedió a cumplir el Código de Conducta de la UE en Materia de Exportación de Armas. Se anunciaron el 26 de octubre de 2000 y son ocho criterios con los que han de juzgarse las solicitudes de licencia de exportación que incluyen el respeto a los derechos humanos en el país de destino final, la existencia de conflicto o de tensiones, la conservación de la estabilidad regional y el riesgo de que el material sea desviado o reexportado a usuarios finales no deseados. Hansard, 26 de octubre de 2000, HC 199-203W. Los criterios consolidados son la base de la «orientación» emitida por el gobierno para informar a todos los involucrados en el trámite de la concesión de licencias, y como tal no tiene fuerza de ley.

La base jurídica para la regulación de los controles británicos de la exportación es la Ley de Control de la Exportación y No Proliferación de 2002, que se convirtió en Ley el 24 de julio de ese año. Esta Ley, que entrará en vigor en el segundo semestre de 2003, es el resultado de una revisión exhaustiva del régimen de control de la exportación del Reino Unido realizada tras el escándalo de las «armas para Irak» de finales de los años ochenta y principios de los noventa, investigado por Sir Richard Scott. The Rt Hon Sir Richard Scott, the vice-Chancellor, Report of the Inquiry into the Export of Defence Equipment and Dual-Use Goods to Iraq and Related Prosecutions, House of Commons Papers 115 (HMSO, Londres, 1996).

Como consecuencia de las conclusiones del Informe Scott y de la presión constante de la sociedad civil, el gobierno laborista anunció en su manifiesto general para las elecciones de 2001 que «aprobaría legislación destinada a modernizar la regulación de las exportaciones de armas, con un sistema de licencias para controlar las actividades de los intermediarios y traficantes de armas con independencia del lugar donde estén». Ambitions for Britain, manifiesto del Partido Laborista, 2001. Este proceso, con algunas imperfecciones, está casi terminado. La nueva Ley de Control de la Exportación establece en la legislación primaria el alcance de las facultades del gobierno para imponer controles a la exportación, pero los controles reales que se impondrán durante la legislación secundaria siguen estando sometidos a un periodo de consulta de tres meses que finalizó el 30 de abril de 2003. Los defectos de las normas propuestas se exponen a continuación (véase Defectos en los sistemas de control), pero lo esencial es que, según la política del gobierno, las armas y el material de seguridad que suministre el Reino Unido (sea por medio de la exportación directa, la transferencia con intermediarios, la producción bajo licencia en el exterior o por otros medios) no deberán terminar en manos de quienes los emplearán para cometer abusos contra los derechos humanos.

En 2001 el Reino Unido concedió licencias de exportación para artículos que figuraban en las listas de material militar o de doble uso a 181 países de todo el mundo. 2001 Annual Report on Strategic Export Controls. CM 5559. London, The Stationery Office, julio de 2002. Las licencias incluyen las concedidas para exportar a países «no conflictivos», como los miembros de la UE, de la Oorganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la mayoría de los países de la OTAN; las concedidas a destinos «conflictivos» que podrían suscitar preocupación en materia de derechos humanos dependiendo de la naturaleza del material y del usuario final; y las concedidas a países sometidos a embargo. Saferworld, An independent audit of the 2001 UK Government Annual Report on Strategic Export Controls, febrero de 2003.

5.3 El impacto de la «guerra antiterrorista»

La política oficial británica establece que «no concederá una licencia de exportación si hay un riesgo claramente identificable de que la exportación propuesta será empleada para la represión interna». Según la política oficial: «La represión interna incluye homicidios extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, supresión o violación importante de derechos humanos y libertades fundamentales.» Hansard, 28 de julio de 1997, columna 28.

Sin embargo, en 2001, muchos Estados vecinos de Afganistán que persisten en cometer violaciones de derechos humanos se beneficiaban de una licencia abierta del gobierno británico que, según un estudio detallado, «parece autorizar la exportación de casi cualquier artículo incluido en la lista militar, incluidas cantidades ilimitadas de armas pequeñas y armas ligeras, artillería ligera y pesada, vehículos blindados incluidos tanques de batalla principales, aviones y helicópteros de combate y sistemas de cohetes y misiles de alcance inferior a 300 km.». Saferworld, An Independent Audit of the 2001 UK Government Annual Report on Strategic Export Controls, febrero de 2003. Entre los países destinatarios figuraban Uzbekistán y Kirguistán, que facilitaron bases y ayuda de otra índole en la campaña militar dirigida por Estados Unidos y el Reino Unido contra las fuerzas talibanes y de Al Qaeda en Afganistán, así como Turkmenistán. Amnistía Internacional lleva muchos años documentando violaciones graves de derechos humanos en estos países.

Turkmenistán
El terrible historial de derechos humanos de Turkmenistán se deterioró aún más tras un ataque armado cometido contra el presidente Niyazov en noviembre de 2002, que desencadenó una nueva oleada de represión en todo el país. Decenas de hombres, mujeres y niños han sufrido detenciones, hostigamiento, desahucios y confiscaciones de bienes. Según los informes, muchos de ellos se convirtieron en víctimas sólo por sus relaciones familiares con oponentes del gobierno. Se han recibido informes fidedignos sobre torturas y malos tratos en detención, y decenas de personas han sido condenadas recientemente a largas penas de prisión en juicios gravemente injustos.

En muchos casos los abogados de los encausados fueron avisados con muy poca antelación o no fueron avisados en absoluto del comienzo de las vistas judiciales. Turkmenistan: Appeals Cases: Appeal for human rights on the President's birthday, 19 de febrero (Índice AI: EUR 61/004/2003). Aili Yklymov, estudiante de 21 años, y su hermano mayor Esenaman, familiares de Saparmurad Yklymov, destacada personalidad de la oposición, fueron detenidos el día del ataque contra el presidente. Según fuentes solventes, Aili Yklymov recibió una paliza tan brutal en el sótano del Ministerio de Seguridad Nacional, en Ashgabat, el 5 de diciembre, que no podía caminar y tuvo que ser llevado al interrogado en una camilla. Aili Yklymov fue puesto en libertad a mediados de diciembre, pero tuvo que comprometerse por escrito a no salir de Ashgabat. Su padre declaró a Amnistía Internacional que como consecuencia de los malos tratos sufridos bajo custodia, su hijo tiene dificultades para concentrarse y está cansado casi de forma permanente.

Según los informes, Esenaman Yklymov sufrió también malos tratos bajo custodia el día que fue detenido, como consecuencia de lo cual tuvo hemorragias en los oídos. Cuando fue puesto en libertad, al día siguiente, no podía sostener un lápiz para escribir. A principios de enero, Esenaman Yklymov fue obligado a denunciar a sus padres en televisión y, según los informes, condenado a cinco años de cárcel. Sigue en peligro de sufrir torturas. Los informes indican que ninguno de los dos hermanos recibió tratamiento por sus lesiones mientras estaba bajo custodia. Al parecer, otros miembros de la familia Yklymov han sido también detenidos y sometidos a tortura o malos tratos. Ibíd.

Entre los países beneficiarios del sistema de exportación de armas sin condiciones figuran también aliados británicos tradicionales como Qatar —el Estado del Golfo Pérsico donde se estableció el mando militar estadounidense para los ataques contra Irak—, más Pakistán —ahora aliado del Reino Unido y de Estados Unidos—, Jordania y Omán.

5.4 Armas pequeñas y armas ligeras

Aunque el Reino Unido no es un productor destacado de armas pequeñas y armas ligeras (el Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras lo clasifica como productor mediano), Small Arms Survey 2002, mapa 1.2, p. 20. ha sido sede de la sociedad matriz de uno de los licenciatarios más prolíficos del mundo de la producción de armas pequeñas en el extranjero. Desde 1991 hasta su separación en diciembre de 2002, Heckler & Koch fue subsidiaria de Royal Ordnance, la división de armas pequeñas de BAE Systems Plc. Heckler & Koch es uno de los mayores productores de armas pequeñas del mundo y sus armas se emplean en más de 90 países. Small Arms Survey 2001, p. 20. Mediante la creación de centros para la producción bajo licencia en el extranjero y la transferencia de tecnología, la empresa ha desempeñado un papel clave en la asistencia a diversos países para crear capacidades nacionales para la producción de armas pequeñas.

Amnistía Internacional ha planteado en reiteradas ocasiones su preocupación ante la ausencia de control oficial británico de la exportación de armas pequeñas fabricadas bajo licencia en otros países, en especial en relación con las metralletas MP5 de Heckler & Koch fabricadas en Turquía y exportadas a Indonesia en plena crisis de Timor Oriental. Acción MSP de la Sección Británica de Amnistía Internacional sobre la producción bajo licencia, marzo de 2000. Turquía ha exportado también otros rifles de H&K a otros países que carecen de una política de exportación basada en los derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido que la Ley de Control de la Exportación del Reino Unido contenga medidas exhaustivas para garantizar que los contratos individuales de producción bajo licencia requieran una licencia muy estricta debido al potencial impacto masivo sobre los derechos humanos de esta producción extranjera patrocinada por el Reino Unido. Lamentablemente, las propuestas del actual gobierno británico contenidas en el proyecto de legislación secundaria son insuficientes (véase Defectos en los sistemas de control, infra).

Además, varias licencias británicas concedidas para exportaciones directas de armas pequeñas y armas ligeras durante 2001 suscitaron preocupación a Amnistía Internacional a causa de los derechos humanos.

Nepal
La situación de los derechos humanos en Nepal se deterioró de forma significativa a finales de 2001 y en 2002, debido a la intensificación del conflicto con los insurgentes del Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Amnistía Internacional informó del número creciente de homicidios ilegítimos, «desapariciones», torturas (incluidas violaciones y simulacros de ejecución) y detenciones arbitrarias a manos de la policía y el ejército nepaleses. Nepal: A Spiralling Human Rights Crisis, abril de 2002 (Índice AI: ASA 31/016/2002) y Nepal: A Deepening Human Rights Crisis, diciembre de 2002 (Índice AI: ASA 31/072/2002). La organización denunció también y condenó los abusos generalizados contra los derechos humanos que cometían los rebeldes maoístas. Nepal: CPN (Maoist) abuses are unacceptable in the “people’s war”, 9 de abril de 2001 (Índice AI: ASA 31/009/2001).

Pese a este deterioro, en 2001 el Reino Unido concedió licencias normales individuales para la exportación de material por valor de 6 millones de libras a Nepal, que incluía 6.780 rifles de asalto, 11 pistolas semiautomáticas, cuatro escopetas y dos rifles deportivos, en total, 6.779 armas pequeñas. UK Annual Report 2001, en la página 222 se afirma que en 2001 se concedió una licencia para exportar 6.780 rifles a Nepal. Jane's Infantry Weapons 2003-4 dice que el rifle de asalto G36 de H&K está en uso en Nepal. Además, el gobierno británico dio licencia para exportar a Nepal componentes de armas pequeñas (incluidos rifles de asalto), miras para armas y lanzagranadas.

Aunque puede que estas licencias se concedieran durante el periodo de alto el fuego decretado entre julio y noviembre de 2001, Amnistía Internacional cree que el gobierno británico debió examinarlas en el contexto del conflicto en curso y haber tenido en cuenta la gran probabilidad de que las fuerzas de seguridad nepalesas utilizarían una partida tan grande de armas para cometer violaciones de derechos humanos. Por tanto, el gobierno británico debió haber suspendido la transferencia al menos hasta que los responsables de violaciones graves hayan comparecido ante la justicia y la fuerzas de seguridad nepalesas hayan demostrado que pueden respetar las normas básicas humanitarias y de derechos humanos. Diez normas básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, diciembre de 1998 (Índice AI: POL 30/04/98/s).

Jamaica
El Reino Unido es el principal proveedor de asistencia exterior de la policía jamaicana, asistencia que incluye programas de formación y disciplinas forenses. Jamaica sufre un elevado nivel de delincuencia y los agentes de policía hacen frente a delincuentes armados a diario, lo que a menudo no les deja otra alternativa que emplear la fuerza letal para proteger sus propias vidas y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que las pruebas indican de forma abrumadora que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Jamaica: Police killings: Appeals against impunity, agosto de 2001 (Índice AI: AMR 38/012/2001).

Con 140 muertes a manos de la policía sólo en el año 2000, Jamaica tuvo uno de los mayores índices de homicidios cometidos por la policía per cápita del mundo. Informe 2001 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2001/s). En abril de 2001 Amnistía Internacional hizo públicos importantes informes que documentaban ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia obra de miembros de las fuerzas de seguridad jamaicanas, incluido el homicidio de los «siete de Braeton». Killing and violence by police: How many more victims?, abril de 2001 (Índice AI: AMR 38/003/2001).

Sin embargo, en 2001 el gobierno británico concedió una licencia de exportación de armas que autorizaba la transferencia a Jamaica de 300 revólveres. También concedió licencia para exportar a ese país munición para armas pequeñas, miras para armas y soportes para pistolas. Amnistía Internacional protestó contra estas transferencias y pidió garantías de que el gobierno del Reino Unido no exportaría armas a Jamaica para su uso por la policía de este país hasta que se hubieran adoptado medidas significativas para instruir de nuevo a los agentes del cuerpo policial para que actuasen dentro del marco de las normas de la ONU sobre aplicación de la ley, justicia penal y derechos humanos, y hasta que se establecieran sistemas eficaces de vigilancia y rendición de cuentas. Mientras continúe la impunidad para las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos, los perpetradores no deberían ser armados.

En 2003, Amnistía Internacional documentó pormenorizadamente la impunidad con que la policía jamaicana puede matar y torturar, y convocó una campaña mundial por la protección de los derechos humanos en Jamaica. Jamaica: The killing of the Braeton Seven - A justice system on trial, marzo de 2003 (Índice AI: AMR 38/005/2003). La organización ha pedido al gobierno jamaicano que haga que los agentes de policía rindan cuentas de las ejecuciones extrajudiciales, pues ningún policía ha sido declarado culpable de un homicidio extrajudicial desde 1999, a pesar de los más de 600 homicidios cometidos por policías desde esa fecha, muchos de ellos en circunstancias poco claras. Jamaica: Government fails relatives of the Braeton Seven - overwhelming evidence of extrajudicial executions ignored, 13 de marzo de 2003 (Índice AI: AMR 38/007/2003).


5.4.1 Material de seguridad y policial
En 1997 el gobierno británico prohibió la exportación y el envío de determinados artículos que vienen empleándose para infligir torturas.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, anunció: «Nos hemos comprometido a impedir que las empresas británicas fabriquen, vendan o adquieran material concebido principalmente para la tortura, y a presionar a favor de una prohibición mundial. Hay pruebas claras de que ciertos materiales se vienen empleando para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Puedo anunciar ya que adoptaremos todas las medidas necesarias para impedir la exportación o el envío desde el Reino Unido de los siguientes materiales:

· »Dispositivos portátiles diseñados o modificados con fines antidisturbios o de autoprotección para administrar una descarga eléctrica, incluidos porras de electrochoque, escudos de electrochoque, pistolas paralizantes y pistolas Taser, y componentes diseñados especialmente para estos dispositivos.

· »Grillos con pernos, cadenas colectivas, grilletes —excluyendo las esposas normales— y cinturones de electrochoque diseñados para inmovilizar a seres humanos.» Hansard, 28 de julio de 1997, columna: 66.

Amnistía Internacional expresó su satisfacción ante estas medidas, que considera un importante paso adelante para poner fin al comercio británico de material para la tortura. La organización también acogió con beneplácito las propuestas contenidas en el proyecto de legislación secundaria de la Ley de Control de la Exportación que prohíben las actividades de intermediación en el comercio de dichos materiales a ciudadanos o residentes del Reino Unido, con independencia del lugar donde se encuentren cuando realicen dicha actividad.

Como resultado de las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión Independiente sobre el Servicio de Policía para Irlanda del Norte (el informe Patten), la Oficina de Irlanda del Norte, en consulta con la Asociación de Jefes de Policía, está realizando una investigación sobre enfoques policiales alternativos, y estudia, en concreto, el ámbito de los materiales «menos letales» que se podrían poner a disposición de la policía del Reino Unido. Recomendaciones 69 y 70 del informe Patten, sobre material de orden público. Un programa de investigación sobre enfoques policiales alternativos para el control de conflictos. Pueden consultarse los informes de las fases I, II y III del programa de investigación en el sitio web de la Oficina de Irlanda del Norte: <www.nio.gov.uk>. Esta investigación largamente esperada se está haciendo en cooperación con organismos reconocidos oficialmente de Europa, Estados Unidos, Australia y otros países. Amnistía Internacional está observando el programa de investigación para garantizar que todo el material autorizado por el Ministerio del Interior para su uso por la policía británica es sometido a ensayos rigurosos e independientes y cumple las normas de derechos humanos.
Este programa oficial de investigación tiene implicaciones para el control de la exportación británica de material policial y de seguridad, pues si ciertas tecnologías para la inmovilización, armas de energía cinética, armas de electrochoque y sustancias químicas irritantes se consideran adecuados para su uso por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el Reino Unido, es probable que otros organismos encargados de hacer cumplir la ley deseen tenerlos y que el gobierno británico reciba presiones para permitir su exportación.

En la actualidad hay cinco fuerzas policiales británicas que están realizando ensayos operativos con la pistola paralizante de electrochoque Taser de dardos. La policía de Northamptonshire, Lincolnshire, Thames Valley, North Wales y la Policía Metropolitana. Comunicado de prensa de la Asociación de Jefes de Policía, 30 de enero de 2003. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha prohibido la exportación de estas armas debido a las pruebas de que se han empleado para infligir torturas. Según los informes, los ensayos se limitan a su uso, junto con armas de fuego, por agentes británicos especialmente entrenados para usar armas de fuego. Comunicado de prensa de la Asociación de Jefes de Policía, 30 de enero de 2003. A Amnistía Internacional le preocupa que este tipo de material no haya sido sometido a suficientes evaluaciones independientes médicas, jurídicas y técnicas que justifiquen su uso por policías que realizan patrullas o funcionarios de prisiones que no han recibido ninguna formación especial (como es la norma en Estados Unidos) e insta al gobierno británico a que no las despliegue sin realizar previamente más ensayos y consultas.

5.5 Defectos en los sistemas de control

La nueva Ley de Control de la Exportación de 2002 mejora sin duda el antiguo sistema basado en la Ley de 1939. En virtud de las nuevas facultades que le confiere la Ley de 2002, el gobierno británico podrá controlar las «transferencias intangibles» (por fax y correo electrónico), la transferencia de tecnología y asistencia técnica, y el comercio con intermediarios de «artículos controlados» (conocido habitualmente como intermediación y tráfico). La publicación de un informe anual sobre controles estratégicos de exportaciones será también legalmente obligatoria. Sin embargo, la legislación no es del todo exhaustiva y existen lagunas que podrían provocar que armas y material de seguridad suministrados por el Reino Unido se empleen para cometer violaciones de derechos humanos en el país receptor.

5.5.1 Intermediación y tráfico de armas
Hay pruebas cada vez más numerosas de que entre los responsables de envíos de armas pequeñas, armas ligeras y munición a zonas afectadas por conflictos y crisis de derechos humanos hay intermediarios y transportistas británicos. En consecuencia, Amnistía Internacional siente honda preocupación por la insuficiencia de las actuales propuestas del gobierno del Reino Unido para regular las actividades de los intermediarios y consignatarios británicos.

República Democrática del Congo
Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las violaciones de civiles, cometidas por todos los bandos, siguen caracterizando el conflicto que se desarrolla en la República Democrática del Congo. La organización humanitaria Comité Internacional de Rescate calcula que desde agosto de 1998, más de tres millones de civiles han perdido la vida a causa del hambre y las enfermedades derivados del conflicto. A finales de 2002, más de 2,5 millones de congoleños se habían visto obligados a abandonar sus casas y muchos estaban fuera del alcance de la asistencia humanitaria.

Pese a este catálogo de sufrimientos, el gobierno del Reino Unido ha permitido que pilotos y compañías de transporte aéreo británicos suministren armas a fuerzas armadas de la República Democrática del Congo responsables de abusos masivos contra los derechos humanos. Según la legislación británica vigente, siempre que las armas sean recogidas y enviadas fuera de territorio del Reino Unido a un destino no sometido a un embargo de la ONU, este tráfico es perfectamente legal. Los traficantes han utilizado enlaces en otros países de la UE o fuera de la jurisdicción de la UE para eludir el embargo no vinculante de la Unión sobre las ventas de armas a la República Democrática del Congo.

En una entrevista para Oxfam grabada en vídeo, un piloto británico contó que en 1999 y 2000 había llevado rifles de asalto AK47 desde Ruanda y Uganda a la ciudad de Kisangani, en poder de los rebeldes, en la República Democrática del Congo. El piloto dijo que los aviones estaban matriculados en Suazilandia para Planetair y New Gomair. La ONU identificó a New Gomair como responsable probable de transportes ilegales de recursos naturales desde la República Democrática del Congo, y el gobierno estadounidense declaró que Planetair suministraba armas a la región oriental del país. En la entrevista, el piloto británico afirmó: «La mayor parte de lo que transportábamos eran AK nuevos más la munición. Está todo empaquetado en bolsas de plástico y en un estado excelente [...] Es una operación muy rutinaria para nosotros [...] Sabemos que hay una guerra. No estamos implicados en ella porque sólo somos pilotos de transporte [...] Hacemos cerca de 80 a 90 horas de vuelo al mes [...] Es muy fácil. Salir del hotel, hacer una horita ahí y dos horas en tierra y estás de vuelta a tiempo para la cena.» En junio de 2000, seis días de combates entre fuerzas ruandesas y ugandesas por el control de Kisangani se saldaron con la muerte de 1.200 civiles.

Amnistía Internacional localizó posteriormente las oficinas en Londres de Sky Air Cargo, una empresa que había tenido un avión de carga con matrícula liberiana del que se sabe que ha llevado armas a Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Angola. Campaigners Join Forces to Expose Gun-Runner, comunicado de prensa conjunto de la Sección Británica de Amnistía Internacional, Oxfam, Campaign Against Arms Trade y la Asociación de las Naciones Unidas (Reino Unido), 2 de julio de 2002. Véanse también el informe del Departamento de Estado estadounidense Arms and Conflict in Africa, de 15 de julio de 1999; el informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales y Otras Formas de Riqueza de la República Democrática del Congo, de la ONU, de 12 de abril de 2001; y la obra de Brian Wood y Johan Peleman, The Arms Fixers, NISAT, Oslo, 1999. Lo extraño era que durante 1999 y 2000, el Departamento de Regulación de la Aviación Civil liberiana estaba a cargo de una empresa británica con sede en Kent, Inglaterra. Carta del ministro de Transporte de Liberia a Sanjivan Ruprah, 24 de noviembre de 1999, y carta de International Air Management, Kent, a S. Naqvi, de Sky Air Cargo Ltd, 9 de marzo de 2000. Cuando se hicieron demasiadas preguntas, el empresario de Kent se dedicó a vender matrículas para Guinea Ecuatorial. Según las investigaciones de la ONU, los aviones que figuran en estos registros gestionados desde el Reino Unido se empleaban para el tráfico internacional de armas a Angola, Sierra Leona y el África Central, incluida la República Democrática del Congo. Informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Sierra Leona (S/2000/1195), diciembre de 2000. Véase también, Richard Beeston, «Britons named in UN report on "blood diamonds"», Diplomatic Editor, Times, Reino Unido, 22 de diciembre de 2000.

La legislación británica vigente tampoco impide el uso de empresas de transporte británicas para el tráfico de armas en el extranjero. En abril de 2000, el diario inglés The Guardian y la ONG británica Saferworld identificaron un anticuado Boeing 707 matriculado en Liberia que había sido contratado para llevar armas desde Bulgaria y Eslovaquia hasta Harare, en Zimbabue. Al parecer, las armas estaban destinadas a las fuerzas de Zimbabue en la República Democrática del Congo. Las fuerzas de Zimbabue estuvieron desplegadas en la República Democrática del Congo para apoyar a las fuerzas del gobierno de ese país desde agosto de 1998 hasta finales de 2002. Los responsables del avión empleaban las oficinas y las instalaciones de una empresa de transporte británica con oficinas en Ostende, Bélgica, sin el conocimiento de sus propietarios.



Zimbabue
En octubre de 2002, un informe del Consejo de Seguridad de la ONU acusó a dos residentes en el Reino Unido, John Bredenkamp y Andrew Smith, de proporcionar de forma ilegal servicios y material militar a las Fuerzas de Defensa de Zimbabue para su uso en la República Democrática del Congo. La ONU afirmó que Bredenkamp, hombre de negocios de Zimbabue y una de las personas más acaudaladas del Reino Unido, Índice del Sunday Times. con una fortuna personal de unos 720 millones de libras, infringía las sanciones impuestas por la UE y el Reino Unido a Zimbabue con su empresa de intermediación de armas Aviation Consultancy Services (ACS), en la que tiene una inversión activa. Para todas las citas de la ONU, véase carta de 15 de octubre de 2002 del secretario general al presidente del Consejo de Seguridad, Nueva York, 15 de octubre de 2002.

ACS tenía oficinas en Sudáfrica, Zimbabue y el Reino Unido, y ha trabajado con la empresa de Smith, Avient Air. Según la ONU, ACS ha actuado como representante de importantes contratistas de armas europeos como Agusta, de Italia, y BAE Systems, del Reino Unido. A principios de los años ochenta, BAE proporcionó 12 reactores Hawk a las Fuerzas de Defensa de Zimbabue. Pero el Reino Unido y la UE impusieron sendos embargos de armas al país en mayo de 2000 y febrero de 2002, respectivamente. El informe de la ONU alega que, violando estos embargos, ACS suministró en 2002 piezas de repuesto de BAE para los cazas Hawk de las Fuerzas de Defensa de Zimbabue por valor de tres millones de dólares. Además, la ONU obtuvo copias de facturas de Raceview Enterprises, una empresa controlada por Bredenkamp, correspondientes a entregas por valor de 3,5 millones de dólares de tela de camuflaje, baterías, combustibles y aceite lubricante, botas y raciones.

En una primera reacción, BAE Systems reconoció que ACS era «uno de nuestros numerosos asesores en África», pero negó que suministrase piezas para Hawks en violación de las sanciones. Bredenkamp afirma que las piezas se exportaron legítimamente desde otros fabricantes europeos. The Guardian, 8 de noviembre de 2002. En el Reino Unido, estos datos hicieron que algunos parlamentarios formularan serias preguntas sobre la implicación británica en los suministros de armas a Zimbabue. Citado en The Guardian, 8 de noviembre de 2002.

Según el proyecto de legislación secundaria, el gobierno no tiene intención de introducir controles para todos los intermediarios británicos con independencia del lugar desde el que actúen, pese a que lo prometió en su manifiesto electoral de 2001. La nueva propuesta es que si «cualquier parte de la operación» gestionada por residentes y empresas inscritas en el Reino Unido se hace en territorio británico, será necesaria una licencia, pero si la intermediación tiene lugar totalmente «en el exterior» o «extraterritorialmente», sólo será ilegal si implica la transferencia de material para infligir tortura, la violación de un embargo o misiles de largo alcance.

Sin embargo, estas propuestas siguen siendo demasiado endebles. Normalmente, el Reino Unido y otros gobiernos sólo aplican los embargos de armas después de largas consultas multilaterales y cuando las violaciones de derechos humanos en el posible país de destino ya han alcanzado niveles de crisis. Un intermediario del negocio de las armas que actúe desde el Reino Unido y que desee intervenir en una transacción de armas cuestionable en una zona afectada por una crisis conocería la posibilidad de que se denegase su solicitud, y podría limitarse a realizar su actividad en el extranjero antes de que se implante un embargo para evitar cualquier forma de control o vigilancia del Reino Unido.

Las transacciones en potencia que el gobierno británico debería controlar más eludirían así el sistema de regulación propuesto por el Reino Unido. Por esta razón, Amnistía Internacional viene pidiendo la aplicación plena y extraterritorial de la ley sobre intermediación en armas, de forma similar a la ya aceptada por el gobierno británico para el tráfico de drogas ilegales, la esclavitud infantil y sexual, las minas terrestres y la corrupción de funcionarios extranjeros.

En la actualidad, el gobierno británico propone llevar un registro de todas aquellas entidades que soliciten licencias para actuar como intermediarios, pero esta lista no será un registro oficial con criterios de elegibilidad.

5.5.2 Producción exterior bajo licencia
La tendencia mundial creciente es que los negocios internacionales de armas incluyan algún aspecto de producción exterior bajo licencia. Estos negocios incluyen en ocasiones la concesión de licencias por una empresa a otra situada en otro país para producir plataformas o sistemas completos de armas o para crear sociedades subsidiarias, empresas conjuntas u otras relaciones y estructuras comerciales. También en el Reino Unido esta tendencia va en aumento. Por ejemplo, Jane's Defence Industry informó en 2000 de que Racal, empresa con sede en el Reino Unido, tenía alrededor de 25 acuerdos de fabricación bajo licencia con empresas extranjeras en países como Bulgaria, Malaisia, Rumania y Arabia Saudí. «Mergers and Takeovers, Thomson-CSF Grabs Racal», Jane’s Defence Industry, 1 de febrero de 2000.

Las repercusiones de la producción exterior bajo licencia en la proliferación de armas son mayores que en las exportaciones de armas convencionales. Existe el riesgo de que las armas producidas como consecuencia de estos acuerdos se exporten a Estados a los que el gobierno negaría la autorización para la exportación directa. También existe el riesgo de que una vez que se ha exportado la información técnica, junto con la competencia para la fabricación, se puedan producir generaciones futuras sin límite. Esto es especialmente cierto en el caso de las armas pequeñas y las armas ligeras, que suelen incorporar pequeñas modificaciones y después se producen como producto «nacional». Por ejemplo, Pakistan Ordnance Factories produjo en el ámbito nacional una variante del MP5 de Heckler & Koch, la PK, y después la ha exportado a Kenia, Sudáfrica y Filipinas. Información facilitada por la empresa, 1999.

Un ejemplo del Reino Unido sirve para ilustrar los peligros de la endeble regulación de la producción bajo licencia de armas pequeñas. En enero de 1998, las publicaciones sobre defensa Jane's Defence Weekly y Defence News informaron de que Heckler & Koch UK había obtenido un contrato por valor de 18 millones de dólares para transferir tecnología destinada a la producción local de 200.000 rifles de infantería para el ejército turco. Según los informes, los rifles serían fabricados durante los siguientes diez años por una empresa estatal turca llamada Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu (MKEK).

El 9 de diciembre de 1999, el programa Dispatches, de Channel 4 Television, en su emisión titulada Licensed to Kill, alegó que MKEK también fabricaba metrallretas MP5 de Heckler & Koch bajo licencia, y había vendido 1.000 unidades a la policía indonesia, de las que 500 se exportaron durante el punto álgido de la reciente crisis en Timor Oriental. El gobierno británico denegó la licencia para exportaciones directas a Indonesia para esta categoría de arma.

Le Ley de Control de la Exportación faculta al gobierno para controlar todos los métodos de transferencia de tecnología, con independencia de su forma. También se propone controlar la entrega de asistencia técnica. El gobierno considera que los controles existentes sobre exportaciones directas y los nuevos controles sobre transferencias de tecnología y entrega de asistencia técnica serán suficientes para regular eficazmente los contratos de producción bajo licencia. A Amnistía Internacional le preocupa que sin el requisito de una licencia expresa para cada contrato individual de producción bajo licencia, evaluado con los mismos criterios que para las exportaciones directas, será imposible poner límites a los niveles de producción y el Reino Unido no tendrá control alguno sobre las ventas o transferencias a terceros países desde el centro de producción.

5.5.3 Nuevas directrices de exportación para «casos de constitución en sociedad»
Uno de los problemas del sistema de controles de la exportación del Reino Unido que ha detectado Amnistía Internacional es la medida en la que el ministro puede emitir o cambiar la orientación que se ha dado a todas las entidades implicadas en el proceso de concesión de licencias. En una declaración de 8 de julio de 2002, el ministro de Asuntos Exteriores Jack Straw anunció que había permitido la entrega de material militar británico a Estados Unidos para su exportación a Israel. Para ello, emitió una nueva orientación sobre la forma de evaluar las licencias de exportación para componentes y piezas de repuesto que serán incorporados a sistemas de armas mayores y luego exportados a otro país. Hansard, 8 de julio de 2002, columna: 651W.

Las nuevas directrices británicas pueden invalidar los criterios de derechos humanos contenidos en el Código de Conducta de la UE porque, para la exportación de componentes británicos para su incorporación en sistemas de armas mayores en otro país, el gobierno del Reino Unido tendrá en cuenta ahora:

· las políticas de control de la exportación de dicho país, y
· la relación en materia de defensa y de seguridad del Reino Unido con ese país.

Israel
En 2002 iban a enviarse unidades de pantallas frontales desde el Reino Unido a Estados Unidos para ser incorporadas en cazas F-16 destinados a la Fuerza de Defensa Israelí. Las pantallas frontales permiten a los pilotos ver información sobre blancos y armas sin tener que mirar distintos instrumentos. Amnistía Internacional había pedido a todos los gobiernos que cesasen todas las transferencias de material militar que utiliza la Fuerza de Defensa Israelí para cometer violaciones de derechos humanos. Crónica del comercio del terror, núm. 3, Amnistía Internacional, mayo de 2002. La suspensión debe incluir componentes, piezas de recambio, servicio y material para aviones de combate, helicópteros y tanques, armas pequeñas y armas ligeras, así como munición, incluidos cohetes aire-tierra. La suspensión deberá permanecer vigente hasta que las autoridades israelíes demuestren que el equipo no se usará para cometer violaciones de derechos humanos en Israel y los Territorios Ocupados y las zonas bajo control de la Autoridad Palestina. Israel suele utilizar los F-16 para realizar ataques en Cisjordania, la Franja de Gaza y las zonas controladas por la Autoridad Palestina. Amnistía Internacional ha condenado también en reiteradas ocasiones los ataques contra civiles, en informes y declaraciones, así como en reuniones y otras comunicaciones con grupos armados que han atacado a civiles en Israel y los Territorios Ocupados y en países de todo el mundo. Por ejemplo, véase: Sin distinción: Los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados palestinos (Índice AI: MDE 02/003/2002/s).

El 22 de julio de 2002, justo antes de la medianoche, aviones F-16 israelíes lanzaron una bomba de una tonelada sobre un barrio densamente poblado de la ciudad de Gaza que mató a 17 personas, nueve niños entre ellas, e hirió a más de 70, muchas de ellas de gravedad. El fallecido de menos edad tenía dos meses y también había varios niños de corta edad. Las autoridades israelíes afirmaron que el funcionario de Hamas muerto en el ataque había organizado atentados suicidas contra civiles israelíes. Matar el futuro: Niños en la línea de fuego, octubre de 2002 (Índice AI: MDE 02/005/2002/s).

La nueva orientación es una burla de la afirmación del gobierno de que la Ley de Control de la Exportación contiene nuevas y duras medidas «para garantizar que las armas británicas no contribuyen a la represión interna o a la agresión externa». El gobierno británico citaba la «nueva realidad» de la industria multinacional de la defensa para justificar su disposición a permitir las exportaciones indirectas de armas al gobierno israelí, pero la realidad es que el negocio continúa como siempre para el comercio británico de la represión. La exportación de armas y material afín a un destino intermedio y la no insistencia en que haya un control del gobierno británico sobre la exportación final hace que las armas con piezas británicas puedan exportarse con facilidad a autores de abusos contra los derechos humanos de otros países. Y el gobierno está dispuesto a permitirlo aun cuando no permitiría la venta directa de los mismos componentes al país de destino final.

En la actualidad, las directrices para la concesión de licencias de exportación estipulan que no se concederá una licencia: «cuando haya un riesgo evidente de que la exportación propuesta podría ser utilizada para la represión interna», «para exportaciones que provocarían o prolongarían conflictos armados o agravarían tensiones o conflictos existentes en el país de destino final» o cuando concurra la «existencia de un riesgo de que el material sea desviado dentro del país comprador o reexportado en condiciones no deseadas». Parlamentarios y medios de comunicación británicos han cuestionado la sensatez de la declaración del ministro de Asuntos Exteriores y la naturaleza de la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos. Hansard, 9 de julio de 2002, columna 760; y además, inter alia, «Straw provokes row over arms for Israel», The Guardian, 9 de julio de 2002, p.10; «Don’t bow to US on arms», Mirror, 9 de julio de 2002 p.6; «Weapons sales new guidelines attacked in light of middle east crisis», Financial Times, 9 de julio de 2002, p.6.

5.6 Recomendaciones concretas Recomendaciones políticas específicas para la legislación británica, procedentes del informe del Grupo de Trabajo del Reino Unido sobre Armas presentado a la investigación del Comité Especial Cuatripartito sobre la legislación secundaria de la Ley de Control de la Exportación de 2002, marzo de 2003.

El gobierno del Reino Unido debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno del Reino Unido debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno británico debe:

· Introducir controles extraterritoriales exhaustivos sobre los intermediarios de armas con sede en el Reino Unido: residentes, nacionales y empresas constituidas en este país.

· Establecer la obligatoriedad de la inscripción en un registro de todos los que pretendan actuar como intermediarios y transportistas de armas, y su exclusión del registro como penalización por conducta profesional indebida. La exclusión conllevará la eliminación del derecho a actuar como intermediario y la anulación de todas las licencias vigentes.

· Exigir a todos los agentes de transporte que deseen concertar entregas de armas que cumplan unos criterios estrictos de matriculación y obtengan licencias y lleven un registro de cada envío autorizado que pueda realizarse, que incluya datos como el país de origen, la licencia que lo faculta y las rutas de tránsito y los consignatarios intermedios.

· Negarse a autorizar a empresas británicas a que concedan licencias para la producción en el exterior si el Estado receptor no puede demostrar suficiente responsabilidad en cuanto a control de la exportación y del uso final y podría permitir la exportación del material resultante a fuerzas que cometerían violaciones graves de derechos humanos.
· Establecer un sistema de vigilancia del uso final tras la exportación que, en el caso de que se cometan violaciones graves de derechos humanos, conlleve la revocación de la licencia junto con todos los envíos y apoyo subsiguientes (como el suministro de piezas de repuesto o de asistencia técnica).

· Respaldar la adopción del Reglamento del Consejo Europeo sobre el comercio de determinados materiales y productos que podrían utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (COM 2002 - 770).

6. Alemania

6.1 Producción y comercio de armas

Pese a las sucesivas declaraciones del gobierno alemán, que periódicamente afirma que su política de exportación de armas es muy restrictiva, la realidad de las transferencias de armas alemanas es muy diferente. Según las cifras totales de exportación del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), entre 1997 y 2001 Alemania fue el quinto proveedor de armas del mundo, al haber exportado armas convencionales por valor de 4,821 billones de dólares. SIPRI Yearbook 2002.

Los fabricantes de armas alemanes ofrecen casi toda la gama de armas convencionales, como buques de guerra, y especialmente submarinos convencionales y fragatas y corbetas de la clase MEKO, tanques principales de batalla y sus componentes, así como artillería y otros vehículos blindados.

Pero las empresas alemanas también suministran una variedad mucho mayor de material militar, de seguridad y policial (MSP), que va desde material inmovilizante, lo que se conoce como material «menos letal» (gas lacrimógeno y granadas paralizantes), hasta sistemas de comunicación y vigilancia y armas pequeñas, sobre todo la gama de armas pequeñas diseñadas y producidas por Heckler & Koch (HK). La exportación directa de armas de Heckler & Koch y la proliferación de la producción bajo licencia de dichas armas se expone con detalle más adelante.

6.2 Controles de la exportación de armas

El sistema alemán de control de la exportación de armas no limita efectivamente las transferencias de armas que podrían contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos en los países receptores. También existe el riesgo de que las iniciativas en curso de la industria armamentística puedan debilitar aún más el sistema de control, lo que podría tener graves consecuencias para los derechos humanos.

La legislación alemana sobre exportaciones de armas está integrada por dos leyes que se basan en el párrafo 26 de la Constitución alemana (Grundgesetz), <http://www.bafa.de/1/en/index.htm>. que establece que la «producción de armas» y las «transferencias de armas diseñadas para la guerra» están bajo el control directo y exhaustivo del gobierno alemán. La Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG, Ley de Control de Armas de Guerra), introducida en 1961, abarca los principales sistemas y componentes de armas, desde aviones de combate y buques de guerra hasta tanques, vehículos blindados de transporte de personal y artillería, incluidas las armas pequeñas semiautomáticas. Para exportar armas que figuran en la KWKG hace falta una licencia de exportación del gobierno alemán. La ley prohíbe cualquier exportación de las armas enumeradas si:
· podrían ser empleadas en una acción que perturbe la paz,
· se violarían obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, y
· se harían peligrar las buenas relaciones pacíficas con otros países.

La segunda ley, la Außenwirtschaftsgesetz (AWG, Ley de Pagos y Comercio Exterior) se introdujo también en 1961 y se ocupa de otras armas, municiones, material de fabricación, productos nucleares, químicos y biológicos, así como de los productos y licencias de «doble uso». La AWG impone restricciones a la exportación similares a las de la KWKG, con la diferencia de que no son obligatorias. Las transferencias de los productos enumerados en el decreto que desarrolla esta ley (Außenwirtschaftsverordnung), la Ordenanza de Pagos y Comercio Exterior, pueden ser restringidas. Debido a las transferencias de armas y tecnología a Irak y a Libia que se revelaron durante la Guerra del Golfo de 1991, se modificó la legislación, especialmente la AWG, y se añadieron normas mejores para los productos de doble uso (como fábricas químicas o de insecticidas). Más recientemente, Alemania ha adoptado las normas comunes de la UE para el control de las exportaciones de productos de doble uso.

Sin embargo, hasta 1997, ni la KWKG ni la AWG controlaban la exportación de material policial y de seguridad como las armas «no letales» y el material de electrochoque y de inmovilización (porras paralizantes, esposas, esposas para tobillos y esposas para pulgares). En abril de 1997, el gobierno alemán aprobó una modificación de la lista de exportación Parte I, Sección B, Número 0101 del anexo AL a la Ordenanza de Pagos y Comercio Exterior, 18.04.1997. para introducir controles sobre el material de electrochoque, así como sobre empulgueras y grilletes.

6.2.1 Criterios de exportación
Toda empresa que desee exportar material militar debe solicitar una licencia de exportación. En la mayoría de los casos, la decisión la adopta la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA), dependiente del Ministerio de Economía federal. En casos más serios o polémicos, en su mayoría previstos por la KWKG, como la exportación de submarinos a Taiwán o de tanques principales de batalla a Arabia Saudí, la decisión la adopta el propio gobierno (normalmente mediante un comité intragubernamental). Se supone que todas las decisiones sobre las solicitudes de licencia para la exportación de armas han de tener en cuenta los «Principios Políticos que regulan la Exportación de Armas de Guerra y otro Material Militar», introducidos en 1973 y modificados en 1982 y 2000, aunque no son legalmente vinculantes.
Después de muchos años de campaña de Amnistía Internacional y otras ONG, y del cambio político producido después las elecciones de 1998, los partidos socialdemócrata y verde se comprometieron a introducir unas leyes sobre exportación de armas más restrictivas que incorporasen criterios de derechos humanos para la concesión de licencias de exportación. Hizo falta un año más de presión pública para que el nuevo gobierno federal alemán adoptase una nueva versión de los Principios Políticos que rigen las exportaciones de armas. El gobierno ya ha incorporado los derechos humanos y otros criterios contenidos en el Código de Conducta de la UE que han de tenerse en cuenta para conceder licencias de exportación de armas a terceros países (aunque no para destinos de la UE y la OTAN) y, conforme a lo previsto en el Código de la UE, también ha anunciado la publicación de un informe anual sobre exportaciones de armas que entregará al Parlamento y a la ciudadanía.

6.3 Exportaciones directas

Todas las exportaciones de armas desde Alemania previstas o autorizadas se consideran confidenciales o secretas. Las transferencias gubernamentales (no comerciales), como el apoyo a la OTAN o los programas de asistencia militar y policial, aunque también son confidenciales, son sometidos a debate periódicamente por los parlamentarios. Sin embargo, éstos tienen poca participación, cuando la tienen, en las decisiones sobre transferencias de armas o en la aplicación de los controles.
Este secretismo y falta de transparencia por parte del gobierno hace muy difícil garantizar la vigilancia parlamentaria y la rendición de cuentas pública del comercio de armas alemán. Según las empresas alemanas, como ha manifestado una de ellas, «las declaraciones de exportación no son ningún problema para la empresa, con independencia de la estricta legislación alemana, pues no fabricamos ningún producto de "doble uso"». Folleto informativo de producto de Metallwerk Elisenhutte GmbH, 18.3.2001. La empresa, Metallwerk Elisenhutte GmbH (MEN), es fabricante de munición para armas pequeñas y en su folleto publicitario muestra un mapamundi en el que destacan algunos de sus clientes que, según dice, incluyen los siguientes lugares: Canadá, Estados Unidos, América Latina, Irlanda, Reino Unido, Francia, España, Italia, Escandinavia, el Norte de África, Sudáfrica, Pakistán, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda.

En 2001, el gobierno alemán concedió licencias de exportación individuales para armas, munición y otros productos militares por valor de aproximadamente 7.200 millones de marcos, destinados a países de todo el mundo, en muchos de los cuales se cometen violaciones de derechos humanos sistemáticas, graves y generalizadas. Sólo las exportaciones de «armas de guerra» fueron de alrededor de 718 millones de marcos. Lamentablemente, la cifra de las exportaciones de «armas de guerra» no incluye todas las armas, municiones y demás material MSP para cuya exportación concedió licencia el gobierno alemán. Esta laguna en las estadísticas hace imposible obtener una cifra oficial realista para todas las transferencias de armas realizadas desde Alemania.

Cuando Amnistía Internacional ha cuestionado las transferencias MSP alemanas a algunos países debido a preocupaciones de derechos humanos, el gobierno alemán responde que los derechos humanos siempre «se tienen en cuenta» y que las transferencias de armas se controlan de forma restrictiva y responsable. Sin embargo, los datos, muy limitados, que se ofrecen en los informes anuales del gobierno alemán sobre exportaciones de armas Informe del gobierno de la República Federal de Alemania sobre su Política de Exportaciones de Material Militar Convencional para el Año 1999 (Informe sobre la Exportación de Material Militar de 1999), Berlín, 25 de septiembre de 2000; Informe del gobierno de la República Federal de Alemania sobre su Política de Exportaciones de Material Militar Convencional para el Año 2000 (Informe sobre la Exportación de Material Militar de 2000), Berlín, 23 de noviembre de 2001; Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2001 (Rüstungsexportbericht 2001), Berlín, 18 de diciembre de 2002. indican que es casi imposible que los parlamentarios o la opinión pública evalúen si se han tenido en cuenta criterios de derechos humanos antes de permitir las exportaciones de armas. En la práctica, la aplicación por parte del gobierno alemán de controles a la exportación de armas parece contradictoria.

Pese a los motivos de preocupación en relación con los derechos humanos que suscitan algunas de las exportaciones de armas realizadas, el gobierno alemán sigue concediendo licencias de exportación para transferencias cuestionables, como la exportación de componentes de armas pequeñas a Arabia Saudí y a México, y de munición a Yemen y muchos otros países.

Nepal
Entre 1999 y 2001, el gobierno alemán autorizó cada año la exportación a Nepal de material para la producción de munición de pequeño calibre, pese al conflicto armado interno que se desarrolla en dicho país y a los crecientes abusos contra los derechos humanos que se cometieron durante este periodo. Informes sobre exportación de material militar del gobierno alemán (1999, 2000 y 2001).

En 2002, el gobierno alemán se negó a conceder una licencia para la exportación a Nepal de rifles G36 de Heckler &Koch, después de que la Sección Alemana de Amnistía Internacional planteó su preocupación por la posible repercusión de dicha transferencia sobre los derechos humanos en Nepal. Berliner Zeitung, 8 de mayo de 2002.

En febrero de 2002, Jane’s Defence Weekly informó de que «el Real Ejército Nepalés ha seleccionado el rifle de asalto G36E de 5.56 mm de H&K para cubrir una antigua necesidad de alrededor de 65.000 armas. La entrega inicial de alrededor de 5.000 armas está prevista para este mes, pero los controles alemanes a la exportación podrían bloquear aún el acuerdo. Las entregas de la totalidad del pedido se harán gradualmente durante 10 años, aunque la mayor parte se hará en los primeros 2-3 años. Se desconocen aún todos los detalles del contrato.» Jane’s Defence Weekly, «Nepal Chooses G36E Rifle», 20 de febrero de 2002. En 2003, Jane’s Infantry Weapons informó de que ya estaban en servicio en Nepal los rifles G36. Jane's Infantry Weapons, 2003-4.

La empresa alemana Heckler & Koch ha tenido un acuerdo de producción bajo licencia a largo plazo con la empresa británica Royal Ordnance. En 2001, el gobierno británico concedió una licencia para la exportación a Nepal de 6.780 rifles de asalto. En UK Annual Report 2001, p. 222, consta que se concedió licencia para exportar 6.780 rifles a Nepal en 2001.

Dada la inexistencia de una transparencia significativa por parte del gobierno alemán en lo relativo a las entregas de exportaciones de armas, Amnistía Internacional no ha podido confirmar si estos rifles fueron exportados directamente a Nepal o indirectamente desde Alemania. Sin embargo, los serios informes sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad nepalesas para cometer violaciones graves de derechos humanos hacen que Amnistía Internacional pida a los gobiernos de Alemania y del Reino Unido que anuncien la paralización de la exportación de este tipo de material a las fuerzas nepalesas hasta que deje de existir el riesgo de que sea empleado indebidamente de forma deliberada y grave.

6.3.1 Vehículos blindados de transporte de personal
Además de armas pequeñas y armas ligeras, Alemania ha entregado en varias ocasiones otros artículos a países con un historial precario de derechos humanos, como 105 vehículos blindados de transporte de personal BTR-60 a Turquía en 1992, o 115 vehículos blindados de transporte de personal Hermelin en 1999 y 60 BTR-70 en 1998 a Macedonia. Registro de Armas Convencionales de la ONU.

La empresa alemana Thyssen Henschel ha exportado vehículos blindados a muchos países de todo el mundo. Con mejoras, estos vehículos suelen permanecer en servicio durante décadas y en numerosos países son empleados por las fuerzas policiales, en lugar de por el ejército. Por ejemplo, Thyssen ha exportado vehículos blindados de transporte de personal UR-416 al menos a 17 países, entre ellos Ecuador, El Salvador, Alemania, Kenia, Corea del Sur, Marruecos, los Países Bajos, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, España (Policía Nacional), Togo, Turquía y Venezuela. Jane's Armour & Artillery 94/5, «UR-416 Armoured Personnel Carrier».

El vehículo blindado de transporte de personal UR-416 sigue utilizándose en Venezuela. En agosto de 2002, nueve manifestantes resultaron heridos —la mayoría de bala— en los disturbios violentos ocurridos en Caracas, Venezuela, cuando la Corte Suprema decidió no juzgar a cuatro oficiales militares acusados de orquestar un levantamiento contra el presidente Hugo Chávez ese mismo año. Los manifestantes partidarios de Chávez se enfrentaron con la policía frente a la sede del tribunal, protegido por miembros de la policía metropolitana y del ejército, con el apoyo de vehículos blindados y al menos un tanque. Según los informes, también resultaron heridos tres policías. Venezuela: La violencia política hace peligrar los derechos, 9 de agosto de 2002 (Índice AI: AMR 53/013/2002/s).

6.4 Exportaciones indirectas

El gobierno alemán ha autorizado recientemente a la empresa Fritz Werner a que venda material para la construcción de una fábrica de municiones en Turquía. «Political storm over Turkey sale», Jane's Defence Industry, 1 de enero de 2000. Dado que el gobierno turco tiene antecedentes de tolerar las violaciones de derechos humanos que cometen sus propias fuerzas armadas, así como una práctica de debilidad en el control de las exportaciones de armas, esta fábrica aumentará enormemente el peligro de que las municiones caigan en manos de perpetradores de abusos, ya sea dentro de Turquía o en sus socios comerciales, como Indonesia.

6.4.1 Proliferación de la producción de armas pequeñas
La ineficacia de los controles alemanes sobre la exportación de armas queda ilustrada por la proliferación y uso generalizados de armas pequeñas diseñadas y fabricadas en Alemania en países afectados por la guerra o las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, los rifles G3 de Heckler & Koch se usan en casi 50 países, entre ellos Myanmar (Birmania), Turquía e Irán, mientras que las metralletas MP5 se emplean en 40 países. Se han documentado violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad que utilizan estas armas en países que van desde Brasil, donde la policía militar mató a 111 presos en octubre de 1992, durante un motín carcelario en São Paulo, Brasil: Ejecuciones extrajudiciales. Mueren 111 internos de la prisión de Sâo Paulo, 5 de octubre de 1992 (Índice AI: AMR 19/024/1992/s). En febrero de 1995, ante una pregunta formulada por el parlamentario Bury, que dio los números de serie de las armas empleadas, el secretario de Estado Kolb confirmó que el gobierno alemán había concedido licencia para exportar los MP5. hasta Tailandia, donde a mediados de los años ochenta se emplearon metralletas MP5 con silenciador (MP5SD) de origen alemán para ejecutar a presos. «Rüstungsexporte und Menschenrechte - Ein Bericht von amnesty international», Publikation der Sektion der Bundesrepublik Deutschland Bonn, mayo de 1986. Un comunicado de prensa de la Sección Alemana de Amnistía Internacional (de 9 de noviembre de 1984) citaba una entrevista mantenida en octubre de aquel año con el vicedirector del Departamento de Prisiones del Ministerio del Interior de Tailandia, que había confirmado la compra de dos MP5SD que se instalaron el 16 de abril de 1984 en la prisión de alta seguridad de Bangkwang. También confirmó la ejecución entre abril y octubre de cinco presos condenados.

Muchas armas de Heckler & Koch se exportaron directamente y de forma periódica desde Alemania con licencias concedidas por el gobierno alemán de turno. Sin embargo, más recientemente, se han encontrado estas armas en países que nunca habían sido receptores oficiales de licencias de exportación de armas alemanas. Por ejemplo, en Sierra Leona, tras los terribles abusos cometidos en el conflicto armado, la ONU informó de la existencia de alrededor de 940 rifles de asalto G3 de entre el total de 12.695 armas pequeñas y armas ligeras recogidas hasta mayo de 2000. Eric Berman, Re-Armament in Sierra Leone: One Year After the Lomé Peace Agreement, diciembre de 2000. Sucesivos gobiernos alemanes han autorizado a muchos países para realizar la producción bajo licencia de armas pequeñas de Heckler & Koch. Estos países incluyen a Turquía (G3, MP5, HK55), Irán (G3), Pakistán (G3, MP5), México (G3) y Arabia Saudí (G3). Las armas diseñadas por Heckler & Koch que llegaron a Sierra Leona podrían haber procedido de alguno de estos países, o haber sido objeto de reventa o intermediación por parte de comerciantes que operaban en otros países. Con independencia de la ruta seguida, las armas alemanas terminaron en un país que no habría sido receptor de exportaciones oficiales de armas alemanas.

Esta producción bajo licencia sin control o deficientemente regulada ha tenido un grave impacto en la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas y de tecnología para la producción. Más recientemente, según informes, se han encontrado metralletas MP5 de fabricación iraní en Herat, Afganistán. <http://news.bbc.co.uk>, 10/2/2002: Vying for power in Heart: «Hemos visto en la calle a la policía con armas nuevas. ¿Quién las ha pagado?» Son copias del MP5 de Hector [sic] y Koch. Fabricadas en Irán, un arma estándar de las fuerzas especiales de cualquier país. Un folleto de 1998 de la empresa Iranian Defence Industries muestra fotografías de máquinas de producción de armas, en una de las cuales se lee claramente "Fritz Werner". Información facilitada por la empresa en 1998 (Defendory 98): La fotografía muestra unos tornos en los que se lee «Fritz Werner».

Pakistán
En 1992, un alto directivo de la empresa Pakistan Ordnance Factories (POF), afirmó en una entrevista sorprendentemente franca: «[POF] proporcionamos certificados de uso final a Alemania para cubrir envíos a Kuwait.». Middle East Defense News - Technology Watch 20/1/92: Pakistan serves as German arms export front. Tal vez una de las razones de este «servicio» era que las exportaciones de armas a Oriente Medio y Próximo eran ilegales, en virtud de la legislación alemana, y a menudo suscitaban polémica. Muchas empresas alemanas habían encontrado en Pakistán —destino legal— una cómoda ruta para entrar en el mercado de Oriente Medio y Próximo. Algunos de los mayores fabricantes de armas alemanes llevan años concediendo licencias de producción a Pakistan Ordnance Factories, por lo que las ventas a Pakistán apenas provocaban reacciones en Bonn. El mismo directivo declaró que otra variante del sistema de certificación del usuario final era que las empresas alemanas negociasen el contrato con un destino en Oriente Medio y Próximo, y después recurrieran a POF para que realizara las entregas, «vendiendo» en esencia su contrato a los paquistaníes.

6.4.2 Exportaciones directas e indirectas
Otros fabricantes alemanes de armas pequeñas han recibido autorización del gobierno para exportar armas directamente a países con historiales deficientes en materia de derechos humanos, así como para establecer la producción bajo licencia en otros países con controles de armas menos estrictos. Por ejemplo, Mauser-Werke ha concedido licencia a SACO Defense Inc (Estados Unidos) para producir el cañón Mauser MK25 x 137 mm Modelo E para el mercado norteamericano y ha exportado el cañón automático de 20 mm. MK20 Rh 202 a las fuerzas armadas de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, España, Grecia, Indonesia, Italia, Nigeria, Noruega, Pakistán, Portugal, Tailandia y otros países. Jane's Infantry Weapons, 1999-2000. En 2001, Carl Walther afirmó tener más de 500.000 pistolas en servicio con cuerpos de policía y fuerzas armadas de todo el mundo. Información de la empresa, 18 de marzo de 2001. Walther tiene también un acuerdo de cooperación con Smith & Wesson (Estados Unidos), para la producción bajo licencia de la pistola P99.

Los informes indican que hay ametralladoras MG42 de 7,92 mm y MG1, MG2 y MG3 de 7,62 mm, producidas por Rheinmetall Industrie AG, en servicio con las fuerzas armadas de Austria, Chile, Dinamarca, España, Grecia, Irán, Italia, Noruega, Pakistán, Portugal, Sudán y Turquía. Jane's Infantry Weapons, 1999-2000. Además, la MG3 se fabrica bajo licencia en Grecia, Irán, Pakistán y Turquía. Jane's Infantry Weapons, 1999-2000. Grecia: MG3 de Industria de Armas Helénica. Irán: MG3 de la Organización de Industrias de Defensa. La ametralladora MG3 de 7,62mm de Rheinmetall es fabricada bajo licencia en Irán, en la fábrica de armas Mosalsalsasi, que gestiona la Organización de Industrias de Defensa Iraníes, del Grupo de Industrias de Armamento. Pakistán: MG3 de Pakistan Ordnance Factories. Turquía: MKEK, MG3. Según los informes, también se fabricaba bajo licencia munición de Rheinmetall en Arabia Saudí. APS-Diplomat Strategic Balance in the Middle East 17/5/93: Saudi Arabia - Domestic Arms Production. Una fábrica de Al Kharj produce rifles, ametralladoras, metralletas, cohetes, munición y algunos materiales electrónicos. La mayoría se fabrica bajo licencia y con asistencia tecnológica de Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Los rifles se fabrican bajo licencia de Heckler & Koch, de Alemania, y Colt Industries, de Estados Unidos. Varias variedades de munición se producen en colaboración con Rheinmetall GmbH, de Alemania. Una empresa saudí local que ha obtenido numerosos contratos relacionados con la defensa es Dallah Establishment, propiedad de la familia Kamel y de familiares del ministro del Petróleo Hisham Nazer. En 2002 se recibieron informes de que Diehl había probado submuniciones de bombas MLRS en Eslovaquia y que la empresa había sugerido el establecimiento de una «línea de producción en Eslovaquia para la adquisición conjunta desde este origen». Información de la empresa (IDEE 2002), mayo de 2002: Las bombas MLRS son una submunición de eficacia comprobada y sumamente efectiva. El disparo de esta munición MLRS desde un lanzador RM-70 fue ensayado con éxito en Eslovaquia en octubre de 2001.

6.5 Material de seguridad

También hay empresas alemanas que fabrican y distribuyen diversos materiales policiales y de seguridad, desde gas lacrimógeno y granadas paralizantes hasta armas de electrochoque y material de inmovilización como grillos con pernos y grilletes.

Afganistán
En 2002, el diario británico The Independent informó de un ataque realizado por fuerzas estadounidenses y afganas contra el pueblo de Hajibirgit, en Afganistán. La información cita las declaraciones de uno de sus habitantes, que dijo: «los americanos nos lanzaron granadas paralizantes y granadas de humo. Nos lanzaron decenas de ellas y gritaban y chillaban todo el tiempo. No entendíamos su idioma, pero había afganos armados con ellos. Afganos con las caras pintadas de negro. Varios de ellos empezaron a atar a nuestras mujeres —nuestras propias mujeres— y los americanos les levantaban las burqas que las cubren para mirarles la cara. Y entonces fue cuando se vio a la niña huyendo.» Robert Fisk: «The return to Afghanistan: collateral damage», The Independent, 6 de agosto de 2002. La niña tenía tres años y se llamaba Zarguna. Aterrorizada por las granadas paralizantes, huyó corriendo y cayó en el pozo del pueblo, de unos 18 metros de profundidad, donde se ahogó, aparentemente tras romperse la espalda durante la caída. Al día siguiente los pocos habitantes del pueblo que habían huido recogieron las granadas paralizantes, pequeños cilindos de color verde que llevaban impresos códigos y nombres como «7 BANG Delay: 1.5 secs NIC-01/06.07». Éstas fueron las granadas paralizantes que aterrorizaron a Zarguna.

Según los informes, las granadas paralizantes son parte habitual del material de las Fuerzas Especiales estadounidenses y las fabrica en Alemania la empresa Nico-Pyrotechnik, de Hamburgo. Robert Fisk: «One Year On in Afghanistan», 5 de agosto de 2002. En 1981, Nico-Pyrotechnik constituyó la empresa conjunta Chartered Pyrotechnic Industries Pte en Singapur, junto con Chartered Industries (conocida ahora como ST Kinetics). <www.nico-pyro.de/info/geschichte/indes_en.php?headline=history>. Nico-Pyrotechnik también fabrica munición marcadora de impacto trazadora y granadas CS/OC para el lanzagranadas de 40 mm MK19 de General Dynamics Armament Systems (Estados Unidos) que se empleó durante el conflicto iraquí. General Dynamics Armament Systems Brochure Copyright 2001.

6.5.1 Armas de electrochoque
Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado la existencia de al menos 30 empresas alemanas que ofrecen material de electrochoque. Pese a la introducción en 1997 de restricciones legales para la exportación de este tipo de artículos, varias empresas suministran catálogos u ofrecen armas de electrochoque, así como material de inmovilización por Internet y en varios idiomas, u ofrecen sus productos en lo que se conoce como «ferias de seguridad». En agosto de 1998, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el gobierno alemán informó por primera vez (y única hasta el momento) de algunos datos estadísticos sobre las exportaciones de artículos incluidos en el número B0101 de la lista de exportaciones. Durante el periodo comprendido entre abril y diciembre de 1997 se concedieron 22 licencias de exportación por valor total de 167.013 marcos (alrededor de 80.000 euros). La mayor parte de estas licencias fueron para la exportación de «picanas eléctricas para ganado» o «pinzas eléctricas para paralizar cerdos». Sin embargo, hubo tres casos en que se concedieron licencias para armas de electrochoque destinadas a la «protección personal». Entre los países receptores figuraban Arabia Saudí, Botsuana, Canadá, Corea del Sur, Eslovenia, Estados Unidos, Lituania, Namibia, Noruega, Polonia, la República Checa, Suiza y Tailandia.

Los abusos contra personas bajo custodia mediante el uso de modernas armas de electrochoque se están generalizando, pero suelen ser difíciles de detectar. Amnistía Internacional, Un comercio execrable: el comercio de la tortura (Índice AI: ACT 40/002/2001/s). Eso es lo que «Muhammad» dijo haber experimentado en una prisión de Arabia Saudí:

«Me torturaron muchas horas en las plantas de los pies. Los golpes con una porra eléctrica no sólo me hicieron vomitar, sino que perdí el control de todo. Perdí el control del vientre, de la vejiga, no podía controlar nada de mi cuerpo. Me dejaron toda la noche con mis vómitos y mi orina. Así es como quieren que estés durante una tortura.» The Torture Trail, Dispatches, Channel 4, 11 de enero de 1995.

6.6 Intermediación y tráfico de armas

En Alemania, la sección 4a de la Ley de Control de Armas de Guerra de 1961 Otras leyes y normas son la Ordenanza sobre Requisitos para Informes sobre Armas de Guerra Especificadas, de 24 de enero de 1995; la Ley de Pagos y Comercio Exterior de 28 de abril de 1961 (y sus modificaciones); y la Ordenanza de Pagos y Comercio Exterior de 18 de diciembre de 1986 (con sus modificaciones). estipula: «(1) Todo el que tenga intención de actuar como intermediario en un contrato para la adquisición o transferencia de armas de guerra sitas fuera del territorio federal o de mostrar que existe la oportunidad de firmar un contrato de este tipo deberá contar con una licencia; y (2) todo el que tenga intención de suscribir un contrato para la transferencia de armas de guerra sitas fuera del territorio federal deberá asimismo contar con una licencia.» Véanse Coflin 2000, p. 18, y Wood y Peleman, op. cit., p. 109, para más información sobre el sistema alemán. Sin embargo, si un intermediario de armas con sede en Alemania no toma posesión de las armas e interviene fuera del territorio de Alemania en la mediación y negociación de un contrato sobre armas, la actividad queda excluida de la vigente legislación alemana.

Documentos encontrados en las oficinas del gobierno depuesto de la República del Congo mostraron que, entre junio y septiembre de 1997, un intermediario de armas de nacionalidad alemana y otro de nacionalidad belga suministraron material militar por valor de millones de dólares a las fuerzas del presidente sitiado en Brazzaville. El actual gobierno de Brazzaville recopiló los documentos y publicó un «Libro Blanco» de tres volúmenes sobre las fechorías cometidas por el ex presidente Lissouba. Hay que mencionar que el presidente Sassou N'Guesso y su milicia Cobra tenía sus propias redes de proveedores de armas, algunos de los cuales parecen coincidir con los de la red de Lissouba acusados en el Libro Blanco. Utilizamos los documentos reproducidos en el Libro Blanco, no las anotaciones. El intermediario alemán negoció pedidos por valor total de 42,4 millones de dólares y recibió 27,1 millones de dólares financiados con los suministros de petróleo del Congo. Libro Blanco, Vol. 1, copias de documentos reproducidos en pp. 124-125. El intermediario alemán operaba desde Sudáfrica y Namibia, utilizando empresas inscritas en varios países y cuentas bancarias francesas, belgas y británicas. FIBA, Belgolaise y Barclays Bank. El traficante también empleó una empresa con sede en Londres. La empresa de Jersey era Ibar Management and Trading y la de Londres, Winston Investments Ltd. Al parecer, se enviaron armas desde Sudáfrica y el Asia Central, utilizando grandes aviones de carga Ilyushin 76 matriculados en Ucrania que volaron haciendo escalas en aeropuertos de Egipto y Namibia. Véase Brian Wood y Johan Peleman, op. cit., pp. 46-47. Las armas fueron utilizadas por las fuerzas gubernamentales en la guerra civil en la que varios miles de civiles perdieron la vida de forma indiscriminada y más de 300.000 personas huyeron a los bosques para huir de la violencia. Este caso se basa en un análisis forense de los documentos. Véase Brian Wood y Johan Peleman, op. cit.

6.7 Recomendaciones concretas

El gobierno de Alemania debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Alemania debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno alemán debe:

· Mejorar la transparencia y la vigilancia parlamentaria de las exportaciones de armas alemanas, especialmente en relación con los acuerdos de coproducción o de producción bajo licencia en el extranjero. Debe facilitarse al Parlamento información clara, detallada, periódica y exhaustiva sobre todas las transferencias realizadas por empresas privadas y organismos oficiales. El reciente «Informe sobre la Exportación de Material Militar» del gobierno alemán no es suficiente.

· Garantizar que la legislación sobre control de la exportación abarca una lista exhaustiva de armas, en especial armas pequeñas, «armas no letales» como pistolas de gas lacrimógeno y paralizantes, material de seguridad (armas de electrochoque, gas lacrimógeno, balas de caucho), munición y tecnología de «doble uso».

· Regular las actividades de todos los intermediarios y transportistas con sede en Alemania, incluidos nacionales y empresas que actúan en la intermediación del comercio de armas totalmente fuera de Alemania. El gobierno debe introducir un registro estricto para todos los intermediarios y transportistas y someter todos los contratos de intermediación de armas a la aprobación del gobierno.

· Establecer sistemas eficaces de vigilancia del uso final de las armas suministradas por Alemania a fin de garantizar que si estas armas se emplean para cometer violaciones graves de derechos humanos, ello se traduzca en la cancelación de futuros contratos y del suministro de piezas de repuesto y servicios a la parte que comete los abusos.

· Controlar estrictamente todos los acuerdos de producción bajo licencia en el extranjero de empresas alemanas, para que los acuerdos del gobierno alemán impidan ventas o exportaciones de armas desde centros de producción en el extranjero a receptores que podrían utilizarlas para cometer violaciones graves de derechos humanos.
· Prohibir la producción y el comercio de material cuyos efectos intrínsecos resultan en torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, e impedir la exportación de todo material de seguridad y policial en casos en que haya motivos fundados para suponer que se empleará para infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes.

· Respaldar la adopción del Reglamento del Consejo Europeo sobre el comercio de determinados materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (COM 2002, 770).

7. Italia

7.1 Producción y comercio

Italia es uno de los mayores productores de pistolas y escopetas, y su munición correspondiente. Estas armas pequeñas y municiones se exportan a casi 100 países, como Turquía, Argelia, Brasil, Filipinas, Líbano, la República del Congo, Perú, Tailandia, Eslovenia y Estados Unidos, donde están los compradores más importantes. Pero mientras la facturación de las empresas italianas especializadas en el sector de las armas pequeñas ha aumentado, los controles del Estado que regulan este comercio se han reducido. Emilio Emmolo, Le esportazioni di armi italiane nel 2001.

Determinar el destino final de las armas militares pequeñas autorizadas por el gobierno italiano es difícil; las empresas invocan la necesidad de la confidencialidad comercial, y los datos oficiales sobre exportaciones carecen de transparencia. Encontrar información sobre la exportación de «armas civiles» empleando los datos recogidos por el Instituto de Estadística italiano sobre comercio exterior es más fácil.

En 2002, Italia autorizó transferencias de armas por valor de 920 millones de euros y, en 2001, de 827 millones de euros. Los destinatarios de una tercera parte de la totalidad de las exportaciones italianas son países de la OTAN y la mayoría de los receptores de armas italianas, receptores de aproximadamente el 55 por ciento del total de las transferencias, son países en desarrollo.

7.2 Principios del control de la exportación de armas

Durante la década de los ochenta, Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios hicieron campaña en Italia a favor de una ley estricta sobre las exportaciones de armas. El 9 de julio de 1990 se aprobó la Ley número 185, que prohíbe la exportación de armas a países:
· Implicados en conflictos (que vulneren el artículo 51 de la Carta de la ONU).
· Que actúan contra el artículo 11 de la Constitución italiana («l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali […]» «Italia repudia la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio para resolver disputas internacionales […]»), que violan obligaciones internacionales, la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y las buenas relaciones con otros Estados.
· Que están sometidos a embargo por las Naciones Unidas.
· Cuyos gobiernos son responsables de violaciones demostradas de derechos humanos.
· Que se benefician del programa italiano de ayuda civil y cuyos gastos militares superen lo necesario para la defensa propia.
· Cuando existan garantías insuficientes sobre el destino final.
En 1998, el gobierno italiano declaró su apoyo al Código de Conducta de la UE en Materia de Exportación de Armas. Este Código tiene criterios similares a la ley de 1990 y exige la cooperación y la puesta en común de información periódicas con otros Estados miembros de la Unión, así como la obligación de presentar un informe anual sobre exportaciones de armas. Sin embargo, la cantidad de información disponible públicamente de las autoridades italianas sobre exportaciones de armas desde Italia se ha ido reduciendo en los últimos años, aparentemente para proteger la «confidencialidad comercial» de las empresas italianas que exportan armas. Esto ha reducido la capacidad de vigilancia del Parlamento italiano de estas exportaciones.

Más importante es la existencia de un conjunto creciente de datos que muestran que los controles italianos existentes sobre la exportación de armas son burlados o eludidos. Diversas organizaciones italianas, incluida la Sección Italiana de Amnistía Internacional, han señalado las lagunas de las normas actuales y las carencias de la ley que permiten que las armas vendidas desde Italia caigan en manos de violadores de derechos humanos. A continuación se exponen con detalle estas lagunas de la legislación italiana, y algunos ejemplos de su terrible repercusión sobre los derechos humanos.

7.3 Exportaciones de armas

Una laguna grave es que la legislación italiana no abarca las armas pequeñas «civiles» destinadas a la caza, al deporte o a la protección personal. Los institutos de investigación italianos Archivio Disarmo Simoncelli, M., Armi Leggere Guerre Pesanti, Rubbettino, 2002. e IRES Toscana han informado de que en los últimos años se ha producido un aumento de las exportaciones de este tipo de armas pequeñas, especialmente a países donde es probable que se utilicen para violar derechos humanos. IRES Toscana, «Il Commercio delle Armi», <http://www.irestoscana.it/commercio_delle_armi.html>.

Las armas que emplea normalmente la policía no suelen considerarse «armas de guerra». Esta clasificación ha llevado a la liberalización del comercio de la mayoría de las armas semiautomáticas, lo que ha sido catastrófico desde el punto de vista de los derechos humanos. Italia puede exportar «armas pequeñas civiles» a países asolados por el conflicto armado y violaciones graves de derechos humanos, aun cuando la transferencia de «armas militares» a estos mismos países esté sometida a un embargo de la ONU o de la UE.

Sierra Leona
El gobierno de Sierra Leona recibió armas pequeñas italianas durante los diez años del conflicto armado interno que se declaró oficialmente finalizado en enero de 2002. El conflicto se caracterizó por los abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos que sufrieron los civiles, como homicidios deliberados y arbitrarios, torturas que incluyen la violación y la amputación deliberada de extremidades, secuestros y reclutamiento forzoso, incluso de niños, por parte del Frente Revolucionario Unido, grupo armado de oposición. Las fuerzas gubernamentales, incluidas las Fuerzas de Defensa Civil, fueron también responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos y del reclutamiento de niños.

A pesar de la ley italiana sobre exportación de armas, entre 1993 y 1997 las empresas italianas fueron las principales proveedoras de explosivos y armas pequeñas de las fuerzas gubernamentales de Sierra Leona, y les suministraron «armas civiles» por valor de casi 1,6 millones de dólares. En 1997, se enviaron 1,6 millones de cajas de cartuchos para rifles desde Italia a Sierra Leona. Entre 1997 y 1998, se exportaron a este país armas por valor de 70.000 dólares y explosivos y detonadores para fines industriales por valor de 34.000 dólares. Ningún dato de estas exportaciones figuraba en los informes públicos del gobierno italiano al Parlamento. Presidente del Consiglio dei Ministri, Atti Parlamentari – XIII Legislatura. Doc. LXVII n. 2. Anno 1998 y n. 3. Anno 1999.

En Italia, 14 empresas, incluida Finmeccanica (Breda Meccanica Bresciana), de propiedad estatal, así como FIAT y, sobre todo, Beretta Holding S.p.A., suministran armas pequeñas y armas ligeras y sus municiones.

Beretta Holding S.p.A. es una empresa multinacional de propiedad familiar que controla 13 sociedades y opera en más de 60 países, con producción civil y militar. En 1999, la facturación total de Beretta fue de 448.000 millones de liras, de las que 207.000 millones procedían de la producción de armas de fuego.
Otras empresas, como Agusta S.p.A. y Alenia Marconi Systems son destacadas exportadoras de armas convencionales y de material de doble uso.

República del Congo
Entre 1993 y 1996, en un periodo de agravamiento del conflicto violento y de los abusos contra los derechos humanos, Italia exportó armas, municiones y explosivos por valor de 7 millones de dólares al ex Zaire, actualmente República Democrática del Congo. Durante los primeros meses de 1997, en el punto álgido de la guerra civil que enfrentó a las fuerzas armadas del presidente Mobutu y a la oposición armada del AFDL, llegaron de Italia 15 toneladas de cartuchos. A principios de octubre de 1997, los enfrentamientos armados entre diferentes facciones políticas en el país se saldaron con al menos 5.000 muertos y muchos más heridos.

No obstante, la exportación de armas no disminuyó. Durante el primer semestre de 1998, Italia exportó al Congo munición por valor de casi 1,2 millones de dólares, y entre 1997 y 1998, Italia exportó al Congo armas y municiones por valor de casi 2,2 millones de dólares y explosivos por importe de 627.000 dólares. Atti Parlamentari, Doc CVIII, Roma, Camera dei Deputati- Senato della Repubblica anni 1991-2001, <www.irestoscana.it>.

Argelia
Entre 1996 y 1997, empresas italianas exportaron pistolas, rifles y munición por valor de 13.000 millones de liras (aproximadamente 6 millones de dólares) a Argelia, país que sufre graves abusos contra los derechos humanos que han desembocado en la muerte de más de 100.000 personas a manos de las fuerzas de seguridad, milicias armadas por el Estado y grupos armados de oposición. En 1999, el gobierno italiano autorizó la exportación a Argelia de 5.000 metralletas tipo Beretta PM12S, por valor de unas 2.875 liras o 1,5 millones de euros, que se transfirieron ese mismo año. Las autoridades responsables de la concesión de licencias a las que Amnistía Internacional preguntó por este envío no pudieron verificar los procedimientos aplicados para garantizar niveles adecuados de rendición de cuentas y de formación de las unidades de las fuerzas de seguridad argelinas que iban a recibir estas armas.

Durante el año 2000, el número de ataques del gobierno y de las fuerzas de la oposición aumentó en forma de emboscadas, matanzas, fuego cruzado y bombardeos, y cientos de civiles perdieron la vida, en ocasiones más de 20 personas en un solo ataque. Sin embargo, ese mismo año el gobierno italiano autorizó la transferencia de «artículos militares» a Argelia por importe de 2 millones de euros y permitió la entrega de 13 millones de euros de material militar no especificado.

En 2001-2002, las fuerzas de seguridad argelinas mataron a tiros a casi 100 ciudadanos desarmados en manifestaciones celebradas en la región nororiental de la Cabilia. Una comisión de investigación oficial que se creó para estudiar los homicidios cometidos entre abril y junio de 2001 concluyó que las fuerzas de seguridad habían recurrido en reiteradas ocasiones al uso excesivo de la fuerza letal durante las manifestaciones. Pese a los repetidos anuncios de las autoridades de que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables comparecerían ante la justicia, cuando este texto entró en imprenta sólo habían sido procesados dos. La tortura sigue estando extendida y es sistemática en casi todos los casos sobre presuntos vínculos con lo que el gobierno califica de actividades «terroristas». El abrumador problema de la impunidad por las violaciones de derechos humanos ha seguido bloqueando la búsqueda de la verdad y de la justicia en relación con los millares de informes sobre torturas, «desapariciones» y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, milicias armadas por el Estado y grupos armados desde 1992.

En los primeros diez meses de 2001, llegaron a África armas pequeñas italianas por valor de más de 16 millones de euros. Entre los destinatarios figuraban Nigeria (6 millones de euros) y Kenia (2,5 millones de euros), países donde las fuerzas de seguridad cometieron persistentemente violaciones de derechos humanos relacionadas con armas de fuego.

Nigeria
Las fuerzas de seguridad nigerianas siguieron haciendo un uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas contra las actividades de las empresas petroleras, y durante 2000 fueron presuntamente responsables de homicidios masivos de civiles en el estado de Benue. No hubo investigaciones independientes sobre las denuncias relativas a estos incidentes ni sobre otros homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad desde la reinstauración del régimen civil en mayo de 1999. Informes de Amnistía Internacional de 2000 y 2001. Véase también Abusos contra los derechos humanos con armas pequeñas, julio de 2001 (Índice AI: POL 34/007/2001/s). Las fuerzas de seguridad nigerianas tenían en su inventario metralletas Beretta M12 y pistolas Beretta M951 de 9 mm. Jane’s Defence Weekly, 6 de septiembre de 2000.

Kenia
En Kenia, los funcionarios de los cuerpos de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos con impunidad. En 2001, la policía keniana mató al menos a 18 personas en circunstancias que indican que podrían haber sido ejecuciones extrajudiciales. La tortura seguía siendo generalizada y la policía empleó la violencia para dispersar manifestaciones pacíficas de grupos de derechos humanos, políticos de la oposición, activistas medioambientales y otros. Crónica del comercio del terror núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002.

Colombia
Los principales equipos de rescate de rehenes civiles de Colombia eran los pertenecientes a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE). Creada en el verano de 1991, tras un gran número de secuestros en la capital, Bogotá, la UNASE recibió en el extranjero formación impartida por varias unidades de otros países, incluida la Guardia Civil española, en Madrid. Según los informes, cada unidad está integrada por 35 voluntarios: un coronel al mando, cuatro oficiales, 15 suboficiales y 15 agentes especiales. Los operativos están equipados con armas como rifles AR-15, pistolas Beretta de 9 mm. y equipo especializado, como cuerda rápida para descensos en rappel y comunicaciones de voz seguras. Estas unidades están en operación en la mayoría de las principales ciudades colombianas, como Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. «Colombia’s “Kidnapping incorporated”», p. 565, Jane’s Intelligence Review, 1 de diciembre de 1996. Amnistía Internacional ha recibido informes fidedignos según los cuales los miembros de la UNASE han estado implicados en torturas y violaciones de derechos humanos de presuntos secuestradores, así como en secuestros.

Brasil
Las pistolas Beretta italianas son las segundas armas pequeñas extranjeras más numerosas confiscadas por la policía de Brasil, país donde el gobierno no ha empleado la debida diligencia para poner freno al uso de armas pequeñas por civiles, y a veces por la policía, en actos persistentes de asesinato, secuestro, robo e intimidación.

Turquía
En el informe del gobierno italiano sobre las exportaciones del año 2001, Turquía figuraba como receptor de armas italianas por valor de 45,2 millones de euros. Durante 2002, fueron confiscadas más de 50.000 armas ligeras al PKK, grupo armado de la oposición, en Turquía, y se ha identificado el origen de la producción de 16.000 de ellas. Las minas terrestres y armas ligeras italianas ocupaban el primer lugar de la lista. ANSA, 29 de mayo de 2002.

República Centroafricana
El 29 de octubre de 2002, las fuerzas armadas que apoyaban al presidente de la República Centroafricana emplearon un avión de combate Aeromacchi de fabricación italiana para bombardear objetivos de la oposición armada en la capital, Bangui. Se desplegaron varios centenares de soldados libios y al menos dos aviones para ayudar a las fuerzas presidenciales. Según los informes, murieron al menos 20 civiles y los civiles que huyeron hacia la frontera declararon a los periodistas que hubo muchos más heridos. Rory Carroll, «Rebels Bombed during Bangui Coup», The Guardian , 30 de octubre de 2002; República Centroafricana: Deben respetarse los derechos humanos, 29 de octubre de 2002 (Índice AI: AFR 19/003/2002/s).

7.4 La ley sobre exportación de armas

Italia carece de un marco jurídico coherente para controlar el comercio de armas desde Italia. La ley más antigua, que se remonta a 1931, es el Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Texto Refundido de las Leyes de Seguridad Pública), a la que siguió la Ley 110/75 (relativa a las armas de uso civil), pasando por numerosos reglamentos y normas, y la ley más reciente e innovadora, la 185/90 (relativa a las armas de uso militar).

Esta ley está dividida en dos secciones, armas de guerra y armas de fuego normales, que tratan de productos comprendidos en las definiciones de la ONU. Aunque la legislación parece muy estricta y clara en ambos casos, tiene discrepancias en lo que se refiere a los procedimientos para la exportación y las sanciones. Chiara Bonaiuti, «La normativa italiana sul commercio delle armi» en Armi Leggere Guerre Pesanti, Rubbettino 2001.

Los controles para la exportación de armas italianas incluyen disposiciones para garantizar la protección de los derechos humanos. Las solicitudes de autorización para la exportación de armas deben especificar el tipo de arma, el valor, el pago a intermediarios, el nombre del intermediario y el destinatario final, y hay que adjuntar un certificado de usuario final emitido por las autoridades del país receptor. La legislación italiana vigente exige también un elevado grado de transparencia al requerir la presentación ante el Parlamento de informes anuales sobre las exportaciones de armas desde Italia. El informe, elaborado por el primer ministro, contiene datos detallados sobre empresas fabricantes, tipo de material exportado, valor, destinatario final y los bancos que intervienen. Crónica del comercio del terror, núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002.
En Italia, como en muchos otros países, la categoría de «armas pequeñas» no está definida con precisión. Oficialmente, se distingue entre armas pequeñas para fines militares y armas empleadas en general para deportes, caza y defensa personal. La exportación de «armas militares» exige una licencia oficial específica y se supone que su transferencia está supervisada y controlada por el Parlamento. Las normas sobre la exportación de la segunda categoría de armas —«armas civiles»— son muy débiles y se pueden exportar pistolas desde Italia obteniendo simplemente el permiso de un jefe de policía local.

Algunas armas pequeñas están incluidas en la categoría de armas militares o «armas de guerra», por lo que les es de aplicación la Ley de Control de Armas (185/90). Esta categoría abarca rifles, ametralladoras y pistolas automáticas, que son armas automáticas fabricadas específicamente para fines militares.
Sin embargo, la inmensa mayoría de las armas individuales que se exportan desde Italia están clasificadas para uso «civil» y, por tanto, quedan excluidas de la competencia de la Ley de Control de Armas de 1990. Entre las armas que se exportan bajo esta categoría no figuran sólo las armas de fuego semiautomáticas, sino también rifles de cañón estriado (canna-rigata) que se cargan manualmente, mosquetes de cañón estriado, pistolas semiautomáticas, revólveres y piezas de repuesto, municiones y explosivos que, en cualquier caso, pueden emplearse con fines militares. Todas estas armas pueden utilizarse también para cometer violaciones de derechos humanos. Por tanto, las empresas pueden aprovechar la ausencia de una clasificación estricta para exportar armas a países implicados en conflictos armados y a gobiernos responsables de violaciones de derechos humanos, incluso cuando la Ley de Control de Armas supuestamente prohíbe estas exportaciones.

7.5 Intermediación y tráfico de armas

La noche del 5 de agosto de 2000, la policía italiana detuvo a Leonid Minin cerca de Milán. Según los informes, en su habitación de hotel fueron encontrados numerosos documentos que detallaban la venta ilegal de armas a uno de los grupos rebeldes más brutales de África: el Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona. Información basada en la documentación procesal y en informes de la ONU sobre violaciones de los embargos de armas impuestos por la ONU a Sierra Leona y Liberia.

En junio de 2001, Leonid Minin fue acusado formalmente en Italia de tráfico ilegal de armas. Sin embargo, los jueces italianos afirmaron que les había sido muy difícil procesar a un hombre acusado de tráfico ilegal de armas que se originaron y fueron transferidas fuera del territorio italiano. El 17 de septiembre de 2002, el Tribunal Supremo italiano declaró que no encontraba ninguna base que justificara el enjuiciamiento de Leonid Minin, «ni siquiera en el hecho de que el tráfico de armas se haya llevado a cabo en violación de un embargo establecido por una resolución de la ONU». El Tribunal dijo que no podía actuar contra Minin puesto que éste no había «amenazado la seguridad interna» del Estado, y pidió más pruebas al fiscal para poder condenarlo por negocios de armas en África y Ucrania.

El 18 de diciembre de 2002, un tribunal de Monza concluyó que no podía enjuiciar en el caso de Leonid Minin y, en consecuencia, éste fue excarcelado temporalmente, pendiente de una vista final que se celebraría el 17 de junio de 2003. El ayudante del fiscal de Monza culpó públicamente al Tribunal Supremo por afirmar que los actos de Leonid Minin no eran punibles en territorio italiano. En un caso anterior similar, el Tribunal Supremo había sentenciado que la ley sobre tráfico de armas «también prevalece en relación con armas que no están presentes en territorio nacional y no están destinadas a entrar en el mismo.»

Los documentos encontrados en posesión de Leonid Minin incluían contratos, fax en los que se negociaban acuerdos de armas, catálogos de armas y certificados de usuario final falsificados. También tenía una gran cantidad de dinero en efectivo en rupias mauricianas, forints húngaros y diamantes pulidos por valor de casi 500.000 dólares. Minin, ciudadano israelí, tenía pasaportes de la ex Unión Soviética, Rusia, Alemania y Bolivia.

En diciembre de 2000, un Grupo de Expertos de la ONU informó de que en marzo de 1999, Leonid Minin había sido responsable de la entrega de 68 toneladas de armas procedentes de Ucrania, vía Burkina Faso, a Liberia, destinadas al Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona. La ONU estableció también que un avión BAC-111 propiedad de Minin había llevado armas al grupo sierraleonés desde Níger vía Liberia en diciembre de 1998, justo antes de que las fuerzas rebeldes cometieran abusos generalizados contra los derechos humanos en Freetown, en enero de 1999. En octubre de 2001, la ONU informó de nuevo de la implicación de Minin en una entrega de 113 toneladas de armas a Liberia vía Costa de Marfil. El Frente Revolucionario Unido y Liberia están sometidos a un embargo de armas de la ONU desde 1997 y 2001, respectivamente.

7.6 La campaña de las ONG italianas

Desde 2002, la Sección Italiana de Amnistía Internacional lleva a cabo una campaña conjunta con varias organizaciones italianas bajo el lema «Contro i mercanti di armi. Difendiamo la 185/90» (Contra los mercaderes de armas. Defendamos la ley 185/90) para exigir el cumplimiento total y el reforzamiento de las salvaguardias de derechos humanos existentes en la legislación italiana sobre control de armas. Durante 2002 y 2003, la campaña italiana envió más de 150.000 peticiones al Parlamento italiano y organizó reuniones, conferencias y una sentada. El Parlamento aprobó seis importantes cambios al proyecto de ley del gobierno, dificultando la intención original de éste de diluir la ley existente. Estos seis cambios incluían, en concreto, garantizar la transparencia y los niveles máximos de control sobre el comercio de armas. Amnistía Internacional y las demás ONG italianas presentaron varias mociones al Parlamento, muchas de las cuales no fueron aceptadas, pero en los últimos meses, tras un debate sustancial entre políticos y gobierno, fueron aprobadas tres de ellas, incluida las relativas a la consulta a las ONG y al papel del Parlamento en la vigilancia de la nueva ley.

En febrero de 2002, la Sección Italiana de Amnistía Internacional se unió a varias organizaciones para llevar a cabo una campaña contra una propuesta de reestructurar la industria de la defensa europea. El pretendido propósito de esta reestructuración es «hacer que la industria de la defensa europea sea más competitiva en el mercado mundial»; sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación que estos cambios a las normas vigentes sobre transferencias de armas podrían debilitar más unos controles que ya son poco estrictos, lo que haría que aumentasen las exportaciones a fuerzas que emplean las armas y el material de seguridad para violar los derechos humanos.

7.7 Recomendaciones concretas

El gobierno de Italia debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Italia debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno italiano debe subsanar las lagunas existentes en la legislación sobre exportación de armas:

· Incluyendo todas las armas pequeñas y armas ligeras, incluidas las «armas civiles», en un régimen estricto de control de la exportación que impida las exportaciones de armas a fuerzas que las emplearían para cometer abusos contra los derechos humanos.
· Introduciendo leyes que regulen las actividades de intermediarios de armas pequeñas y armas ligeras con sede en Italia, e impidan el tráfico ilegal de armas a manos de ciudadanos, residentes y empresas italianas en el que las armas tienen su origen y se transfieren fuera del territorio italiano.

· Tipificando como delito la violación de un embargo de armas impuesto por la ONU por parte de cualquier persona que resida en Italia o comercie desde este país.

· Respaldando la adopción del Reglamento del Consejo Europeo sobre el comercio de determinados materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (COM 2002 - 770).

8. Canadá

8.1 Producción y comercio

Las empresas de armas canadienses, entre las mayores de las cuales figuran General Motors Defense Canada (adquirida en marzo de 2003 por General Dynamics, con sede en Estados Unidos), Comunicado de prensa de General Dynamics, 3 de marzo de 2003, <www.generaldynamics.com/news/press_releases/2003/March%203,%202003%20News%20Release.htm>. CAE Inc, Bombardier Inc, General Dynamics Canada y Pratt & Whitney Canada, producen material militar que va desde aviones y helicópteros y sus componentes hasta vehículos blindados ligeros, sistemas de cohetes no guiados, morteros, rifles automáticos, munición, material electrónico y entrenamiento militar. Una gran parte de las exportaciones militares de Canadá está compuesta por artículos aerospaciales o electrónicos militares. <www.ploughshares.ca>.

El gobierno canadiense informó de que había exportado material militar por valor de 592 millones de dólares en 2001, Todas las cifras de este capítulo están en dólares canadienses. cuarto año consecutivo en que había aumentado dicho importe. Tras el ajuste por la inflación, la cifra para 2001 fue un 22% superior al equivalente del total para 2000, y la máxima registrada para el periodo posterior a la guerra fría desde 1990.

Desde 1990 el gobierno publica todos los años un informe anual en el que incluye listados de exportaciones por país y por categoría de armas, aunque no figuran las exportaciones a Estados Unidos, el mayor importador de armas canadienses. Una política que se aplica desde hace mucho tiempo, afirma el gobierno, y que se remonta a la integración de la industria de la defensa norteamericana durante la segunda guerra mundial. Cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, <www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/military/military_export-en.asp>. Por tanto, la cifra de 592 millones de dólares no representa todas las exportaciones militares de Canadá. Project Ploughshares, una ONG que hace el seguimiento de las exportaciones militares canadienses, afirma: «Se puede suponer sin temor a equivocarse que el valor de las exportaciones militares canadienses a Estados Unidos en 2001 fue superior a la cifra estimada de 950 millones de dólares de 2000. Es probable que el total estadounidense para 2001 se acercara al doble del valor de las exportaciones militares canadienses a todos los demás países juntos». Documento informativo que publicará en breve Project Ploughshares.

8.2 El control de la exportación de armas

Las exportaciones militares están controladas por la Ley de Permisos de Exportación e Importación, que aplica el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hacen falta permisos para exportar productos militares a todos los países salvo Estados Unidos; la definición de «productos militares» se basa en la de la lista de municiones del Acuerdo de Wassenaar, es decir, se trata de artículos diseñados o modificados especialmente para uso militar. Esto significa que están incluidos objetos como pistolas de tiro al blanco y rifles de caza, con independencia de si el destinatario extranjero es un usuario final particular, no militar, o un gobierno o un usuario final militar.

Según el gobierno, están estrictamente controladas las exportaciones directas a países (a) que plantean una amenaza para Canadá y sus aliados, (b) están implicados en hostilidades o bajo una amenaza inminente de sufrirlas, (c) están sometidos a sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y (d) cuyos gobiernos «tienen un historial persistente de violaciones graves de los derechos humanos de sus ciudadanos, salvo que pueda demostrarse que no hay un riesgo razonable de que los productos puedan ser empleados contra la población civil.» <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/export_control-en.asp>.

La Canadian Commercial Corporation, empresa estatal que ayuda a las empresas canadienses con ventas de exportación a gobiernos extranjeros y que actúa como avalista, identifica Filipinas, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos como algunos de los mercados objetivo de la industria de la defensa canadiense, y todos ellos son países sobre cuyas violaciones de derechos humanos Amnistía Internacional ha expresado su preocupación en los últimos años. <www.ccc.ca/eng/abo_ind_def.cfm>.

Además, desde 1987, Canadá ha enviado directamente productos militares por valor de casi 400 millones de dólares a países implicados en hostilidades, a menudo donde son frecuentes los abusos contra los derechos humanos. Project Ploughshares Monitor, primavera de 2003. Durante 2001 se transfirieron productos militares a cinco países que participaban en hostilidades: Colombia, Filipinas, Indonesia, Israel y Turquía. También se transfirieron productos militares a doce países cuyas fuerzas armadas estaban implicadas en violaciones graves de derechos humanos, como Arabia Saudí, Filipinas y China. <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/miliexport01-en.asp> y documento informativo de Project Ploughshares en respuesta al informe del gobierno canadiense.

Filipinas
Filipinas es un receptor habitual de transferencias de material militar canadiense. Entre 1990 y 2001, se transfirieron a Filipinas piezas y motores de aviones, así como pistolas (véase infra) canadienses por un valor total de 11,6 millones de dólares. Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional canadiense. Al parecer, las autoridades canadienses, al estudiar estas exportaciones no tomaron en serio los informes fidedignos sobre bombardeos aéreos indiscriminados de civiles realizados por la Fuerza Aérea filipina como parte de los intentos del gobierno de derrotar a los grupos de la oposición.

En 1993, Amnistía Internacional detalló operaciones militares completas en las montañas de Cordillera, en el norte de Luzón, una importante zona de base del Nuevo Ejército del Pueblo (brazo armado del Partido Comunista de Filipinas), que incluyeron bombardeos aéreos, evacuaciones forzosas masivas y la destrucción generalizada de bienes. Filipinas: ejecución extrajudicial: Chris Batan, febrero de 1993 (Índice AI: ASA 35/002/1993/s). En 2000, Amnistía denunció de nuevo bombardeos aéreos periódicos de pueblos en los que presuntamente se escondían miembros de grupos de la oposición y que provocaron el desplazamiento masivo de civiles, especialmente en Mindanao; Informe 2000 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2000/s). y en 2001 denunció que más de 400.000 civiles de la zona central de Mindanao se habían convertido en desplazados internos, en medio de informes sobre bombardeos aéreos indiscriminados de zonas civiles por albergar supuestamente a fuerzas del Frente Moro de Liberación Islámica. Informe 2001 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2001/s). Durante los años 2000 y 2001 Filipinas siguió recibiendo piezas de aviones y de motores de aviones. <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/section03-en.asp?#6> y <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/table3-en.asp>.

Israel
Durante los años noventa se transfirieron a Israel vehículos militares, sistemas de control de armas para tanques, sistemas térmicos para la toma de imágenes, munición y otros artículos electrónicos por valor de 3 millones de dólares. Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. Durante 2001 se enviaron piezas de vehículos, aviones y sistemas armamentísticos por valor de 660.000 dólares. <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/table3-en.asp>. En noviembre de 2000, poco después del comienzo de la actual Intifada, Amnistía Internacional expresó su preocupación ante la escalada de la violencia que provocaba nuevos abusos contra los derechos humanos e instó a los gobiernos a que se abstuvieran de suministrar los tipos de armas que podrían utilizarse para cometer violaciones graves de derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario. Israel and the Occupied Territories: Imported arms used in Israel and the Occupied Territories with excessive force resulting in unlawful killings and unwarranted injuries, noviembre de 2000 (Índice AI: MDE 15/65/2000). Amnistía Internacional pedía que se pusiera fin, en especial, al envío de helicópteros militares, tanques, vehículos blindados, misiles y municiones, incluidas piezas de repuesto y tecnologías.

Indonesia
Las cifras oficiales muestran que durante los años noventa, se transfirió a Indonesia material que incluía tanques, helicópteros y material para instrucción militar especializada por valor de 24,9 millones de dólares. En un informe de 1998, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la persistencia del elevado número de casos de uso excesivo de la fuerza por el ejército indonesio ante manifestaciones tanto violentas como pacíficas, Indonesia: Paying the price for “stability”, febrero de 1998 (Índice AI: ASA 21/01/1998). al igual que había hecho en otros informes sobre este país publicados durante los años noventa. En 2000, las fuerzas armadas indonesias participaron en ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y detenciones arbitrarias generalizadas. Para un resumen, véase el Informe 2001 de Amnistía Internacional.

8.3 Comercio de armas indirecto

La producción bajo licencia de tecnología militar canadiense en el extranjero por empresas conjuntas con empresas canadienses requiere una autorización del gobierno, en cuya concesión se tiene en cuenta el riesgo de que el destino final no sea sancionable por Canadá como destino para la transferencia directa de armas. Sin embargo, no existe información detallada pública sobre los permisos concedidos para la producción bajo licencia. Entrevista con un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, 25 de abril de 2003.

A finales de los años noventa se constituyó la empresa Sudamex Export Trading Company en Canadá y Estados Unidos como proveedora de una amplia gama de material policial, militar y penitenciario, incluidos grillos con pernos y armas de electrochoque. La empresa tenía su sede principal en Montreal y afirmaba que 1998 había «resultado muy provechoso» y que había «tenido una gran aceptación entre proveedores e importadores. Las ventas al mercado latinoamericano en 1998 habían registrado un crecimiento notable». Información de la empresa, 1/1998.

En la actualidad, la actividad de intermediación en la venta de productos militares y de seguridad que se originan en Canadá está sometida al régimen habitual de autorizaciones. Pero para los productos militares que se originan en otro país, el único control sobre la actividad comercial con armas extranjeras que realizan ciudadanos canadienses afecta a las armas de fuego automáticas: es ilegal exportar armas de fuego automáticas desde Canadá o desde cualquier otro país a un país que no figure en la Lista de Control de Países Destinatarios de Armas de Fuego Automáticas. Durante los años ochenta, Diemaco, que fabrica el rifle de combate C7 (una versión del colt M16 de Estados Unidos), presionó al gobierno para que modificase la ley de forma que pudiera exportar rifles automáticos, contribuyendo así a los cambios legislativos de 1991 que desembocaron en la creación de la Lista de Control de Países Destinatarios de Armas de Fuego Automáticas, en la que figuran los países que pueden comprar armas automáticas en Canadá. Para ser incluido en la lista, el país debe tener una relación de desarrollo en materia de defensa con Canadá, aunque, como señala Project Ploughshares, «parece que esta relación se establece con facilidad si hay una venta que es inminente o se ve amenazada». Cuando General Motors of Canada vendió vehículos blindados ligeros equipados con ametralladoras fabricadas en Estados Unidos a Arabia Saudí, por ejemplo, se gestionó la relación de defensa y Arabia Saudí fue añadido a la lista. Para consultar la Lista de Control de Países Destinatarios de Armas de Fuego Automáticas véase: <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/annex1-en.asp>. Las leyes antiterroristas son aplicables a la intermediación en la venta de material que «facilitaría la comisión de un acto de terrorismo», con independencia del destino. En lo restante no existe ningún control sobre los nacionales, residentes o empresas de Canadá que gestionen ventas de material militar que se origine fuera de Canadá, aun cuando el destino esté sometido a un embargo de la ONU. Entrevista con un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, 25 de abril de 2003 y 8 de mayo de 2003. El funcionario añadió: «La intermediación plantea enormes problemas de aplicación si la definición abarca productos situados fuera de Canadá o actividades que se realizan en un tercer país. Un enfoque más sensible es trabajar con países conocidos por tener un régimen permisivo para que mejoren sus controles y los administren de una forma responsable.»

Una laguna flagrante es la que ha permitido la transferencia a Estados Unidos de material y piezas militares y de seguridad canadienses por valor de millones de dólares, sin ninguna transparencia. Todo este material puede ser exportado posteriormente desde Estados Unidos a fuerzas armadas que violan los derechos humanos (véase el capítulo 1, sobre Estados Unidos). La propiedad entrelazada de empresas entre Estados Unidos y Canadá puede contribuir a facilitar este comercio.

Piezas para cazas de Israel
Se han transferido a Israel cazas F-16 fabricados en Estados Unidos. En julio de 2002, Amnistía documentó que la Fuerza de Defensa Israelí respondió a los ataques de fuerzas palestinas y atentados suicidas con disparos de balas perforadoras de blindados, lanzagranadas, aviones F-16 y misiles lanzados desde helicópteros Apache contra instalaciones de los servicios de seguridad palestinos y zonas residenciales palestinas. A finales de febrero de 2002, más de 860 palestinos habían perdido la vida, entre ellos más de 180 niños. Israel y los Territorios Ocupados. Reclusión masiva de detenidos en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, mayo de 2002 (Índice AI: MDE 15/074/2002/s). El gobierno canadiense debió haber suspendido la transferencia de piezas de ordenadores para F-16 a Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos los transfería a Israel y el uso en curso y documentado por el gobierno israelí de F-16 para cometer estas graves violaciones de derechos humanos.

Helicópteros para Colombia
La Sección Canadiense de Amnistía Internacional informó de que entre septiembre de 1998 y febrero de 2000, fueron vendidos y transferidos al Departamento de Estado de Estados Unidos 40 helicópteros militares Huey, de los cuales 33 fueron mejorados en ese país y después reenviados al ejército colombiano en el marco del Plan Colombia, un programa de ayuda estadounidense supuestamente destinado a desmantelar el narcotráfico. El hecho de que los helicópteros fueran vendidos al Departamento de Estado estadounidense muestra cómo se puede aprovechar esta enorme laguna de la política de exportación canadiense.

La ley canadiense exige que se obtenga un permiso para la transferencia de equipo militar a cualquier país salvo Estados Unidos. Este sistema tiene por objetivo controlar la transferencia de productos militares canadienses hasta su destino final, es decir, el punto en el que entran en uso militar. Pero si son modificados o utilizados para la fabricación en otro país no necesitan el permiso canadiense para su transferencia a su destino final.

La política canadiense sobre comercio de armas no habría permitido que estos helicópteros fueran vendidos directamente al ejército colombiano, precisamente por el peligro de que se empleasen para cometer abusos contra los derechos humanos (véase infra). <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/export_control-en.asp>. No obstante, la venta fue autorizada porque en virtud de la política de exportación canadiense, se consideraba que el usuario final era Estados Unidos, y no Colombia. Sitio web de la Sección Canadiense de Amnistía Iternacional: <www.amnesty.ca/actnow/actColombia3.htm>.

Una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional canadiense explicaba a la Sección Canadiense de Amnistía Internacional:

«La política canadiense sobre las exportaciones de productos militares a Estados Unidos se basa en un antiguo acuerdo de producción de defensa que sigue sirviendo a los intereses comunes de Canadá y Estados Unidos. Los productos militares que se exportan a Estados Unidos no requieren permisos de exportación, ni Estados Unidos ofrece garantías sobre su reexportación. Una regulación más estricta de las exportaciones de defensa a Estados Unidos se traduciría en el traslado de la producción a Estados Unidos o en la sustitución de los proveedores canadienses por proveedores de otros países. La única consecuencia sería una pérdida de puestos de trabajo para los canadienses, sin que ello beneficiara a la paz y la seguridad mundiales.»

Y proseguía:

«Cuarenta helicópteros CH-135 excedentes de las fuerzas canadienses, fabricados originalmente en Estados Unidos, fueron vendidos por el Ministerio de Defensa Nacional al gobierno estadounidense. Los helicópteros iban a ser reconfigurados y empleados para programas de asistencia del Departamento de Estado en varios países. Los productos militares destinados a Estados Unidos, es decir, cuando hay un usuario final estadounidense, o cuando los productos serán incorporados a un producto estadounidense o modificados en Estados Unidos, no necesitan permiso de exportación. Una vez que estos helicópteros fueron vendidos al gobierno de Estados Unidos, dejaron de ser "canadienses" y quedaron sometidos al muy estricto proceso de control de la exportación del gobierno estadounidense.» Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional a la Sección Canadiense de Amnistía Internacional, 10 de septiembre de 2002.

Esta laguna en la política canadiense de exportación es grave, porque muchas exportaciones militares canadienses son de componentes y sistemas que se emplean en el país importador, una vez que «dejan de ser canadienses», para fabricar armas que después se venden a terceros países.

8.4 Armas pequeñas y armas ligeras

Canadá es un productor más «pequeño» que mediano o grande de armas pequeñas, según el Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras de Ginebra, <www.smallarms.org>. no obstante lo cual sus exportaciones de armas pequeñas y armas ligeras pueden contribuir a que se cometan abusos contra los derechos humanos.

Filipinas
Además de artículos militares más grandes, el informe de controles de la exportación para el año 2000 detalla una transferencia de componentes de munición de gran calibre a Filipinas, <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/section03-en.asp?#6>. país del que Amnistía Internacional ha denunciado la muerte por disparos en la comunidad de presuntos narcotraficantes, niños de la calle incluidos, a manos de presuntos agentes de policía u otros hombres armados; Informe 2002 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s). ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, Informe 1999 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1999/s) e Informe 2002 de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s). y el tiroteo de un defensor de los derechos humanos a manos de una milicia respaldada por el gobierno. Filipinas: Ejecución extrajudicial: Chris Batan, 26 de febrero de 1993 (Índice AI: ASA 35/002/1993/s).

Entre los fabricantes de armas pequeñas canadienses figuran Para Ordnance, que hace pistolas para el ejército, la policía y mercados civiles y afirma tener «experiencia en la exportación» a Filipinas en su informe dirigido a Industria Canadá; Véase «Canadian Company Capabilities» en <http://strategis.ic.gc.ca>. así como SNC Industrial Technologies, que produce munición y granadas de mano para las Fuerzas Armadas canadienses y cada vez más para clientes militares extranjeros de todo el mundo, incluida Filipinas. <www.snctec.com/about/about.asp>.

En Filipinas, las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición han cometido graves abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, en el contexto de los conflictos que continúan afectando al país. Mediante pérdidas, robos o ventas ilegales, las municiones del gobierno filipino terminan a veces en manos de delincuentes o grupos políticos armados. El lucrativo mercado negro de las armas pequeñas puede ser una tentación irresistible para unos soldados mal remunerados y poco disciplinados. En Mindanao, por ejemplo, más del 70% de la población posee una o varias pistolas. Crónica del comercio del terror núm. 4, Amnistía Internacional, mayo de 2003. Actualmente ya hay un floreciente mercado ilegal de armas pequeñas en Filipinas y se teme que la inyección de material militar procedente de Estados Unidos —que incluye armas pequeñas— pueda contribuir a una mayor proliferación de estas armas.

Argentina
El último informe de controles de exportación canadiense detalla transferencias de armas de fuego a Argentina por valor de 100.000 dólares durante 2001. <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/table3-en.asp>. Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por los homicidios cometidos por la policía y el uso excesivo de la fuerza en este país. En julio de 2002, la organización denunció que dos manifestantes murieron y muchos otros resultaron heridos en los enfrentamientos entre policías y manifestantes producidos durante las protestas multitudinarias contra la crisis económica. Aunque las fuentes policiales afirmaron inicialmente que las muertes habían sido obra de infiltrados entre los manifestantes, las fotos dadas a conocer posteriormente a los medios de comunicación mostraban con claridad la implicación de la policía en los hechos que desembocaron en las muertes. Argentina: Temor por la seguridad. Claudio Pandolfi, abogado y defensor de los derechos humanos (Índice AI: AMR 13/006/2002/s).

Turquía
Durante el año 2001 también se transfirieron armas de fuego desde Canadá a Turquía, <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/table3-en.asp>. país sobre el que Amnistía Internacional ha expresado preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En noviembre de 2001, Amnistía Internacional pidió una investigación sobre la muerte de cuatro manifestantes y las heridas sufridas por otros 14 cuando las fuerzas policiales turcas hicieron una incursión en el barrio de Küçükarmutlu, en Estambul, que venía siendo el centro de las huelgas de hambre contra el nuevo sistema carcelario. Según testigos presenciales, la policía disparó varias veces sus armas, contra objetivos concretos y al azar, cuando se dirigía a la casa donde se estaba celebrando el ayuno. Los testigos afirmaron que los manifestantes no ofrecieron resistencia armada. Turquía: Amnistía Internacional pide que se investigue la operación de Küçükarmutlu (Índice AI: EUR 44/080/2001/s).

8.5 Exportaciones de tecnologías de «doble uso»

Canadá exporta de forma regular material clasificado como civil a fuerzas militares y, por tanto, estas exportaciones están excluidas de sus informes sobre exportaciones militares. La Lista de Control de Exportaciones ya contiene una categoría de «doble uso» que debería ampliarse para incluir todo el material, helicópteros incluidos, que aunque se fabrica según criterios comerciales, se vende a fuerzas armadas extranjeras.

Turquía
Bombardier Aerospace, actualmente la tercera contratista militar canadiense, <www.ploughshares.ca/content/MONITOR/mond02i.html>. fue contratada a finales de 1999 para construir y entregar un avión Challenger 604 por valor de 21,8 millones de dólares al Servicio Nacional de Información turco para operaciones transfronterizas. Defense News, 20 de diciembre de 1999. El artículo señala también que en una operación transfronteriza realizada ese mismo año en Kenia para capturar al líder del PKK Abdullah Ocalan, los servcios secretos turcos habían utilizado un avión alquilado.

Sin embargo, la transferencia del avión Challenger 604 no apareció en la lista de exportaciones del gobierno, lo que ilustra otra laguna del sistema de licencias de exportación canadiense. Los artículos certificados para uso civil, aun cuando el usuario final es militar, no necesitan figurar en la lista, ni siquiera como artículos de doble uso. Esto ocurre sobre todo con aviones y helicópteros, artículos que tienen uso militar y civil y cuyos fabricantes trabajan para los mercados civiles y los militares por igual. Project Ploughshares calcula que de este modo, hay transferencias adicionales por valor de hasta 100 millones de dólares que no aparecen en las listas de control de exportación públicas.

El gobierno turco es uno de los principales clientes de Canadá para material militar. Entre 1993 y 2001 se transfirió material militar por valor de 27,7 millones de dólares, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. incluidos helicópteros Bell en 1993, y aviones para operaciones transfronterizas en 1999. SIPRI. Durante 2001 se transfirieron piezas de aviones por valor de otros 31.500 dólares y material electrónico para aviones por valor de 343.000 dólares. <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/table3-en.asp>. En agosto de 2000, 38 civiles, mujeres y niños entre ellos, murieron cuando aviones turcos bombardearon a un grupo de pastores cerca de Kendaxor, en las proximidades de Irbil, en el norte de Irak. Human Rights Watch, Turkey and War in Iraq: Avoiding Past Patterns of Violation, marzo de 2003.

Colombia
En 2001 Vector Aerospace Corporation puso a punto y suministró componentes para aviones propiedad de las fuerzas armadas colombianas y operados por éstas, pero no se exigieron permisos de exportación militar porque el avión y las piezas estaban calificados de civiles. Ottawa Citizen, 21 de febrero de 2001.

De modo similar, cuando Bell Helicopter Textron Canada envió 12 helicópteros Bell 212 a la policía y al ejército colombianos entre 1994 y 1996, las transferencias no necesitaron permisos de exportación canadienses porque el helicóptero 212, un modelo basado en un diseño militar anterior, había recibido una certificación comercial del Ministerio de Transportes canadiense. Ambos contratos contribuyeron a las operaciones de las fuerzas militares colombianas cuyas unidades estuvieron implicadas con impunidad en graves violaciones de derechos humanos y protegieron a grupos paramilitares responsables de abusos graves contra estos derechos. Informes de Amnistía Internacional para 1996 y 1997. Por tanto, los contratos deberían haber sido sometidos antes al sistema de control de licencias. <www.ploughshares.ca/content/BRIEFINGS/brf013.html>.

China
Los fabricantes de armas no son los únicos que están implicados en un comercio que contribuye a que se cometan violaciones de derechos humanos. Según los informes, la policía y las fuerzas de seguridad chinas utilizan la tecnología desarrollada con fines comerciales por Nortel Networks, el gigante canadiense de las telecomunicaciones, para la represión de los disidentes políticos.

Amnistía Internacional ha documentado casos de activistas por la democracia en China que han sido detenidos o torturados por infracciones relacionadas con Internet consideradas «subversión». República Popular de China: Control estatal de Internet (Índice AI: ASA 17/007/2002/s). Cuarenta y dos personas que se cree que son presos de conciencia fueron detenidas o cumplen largas condenas en prisión o en campos de trabajo por infracciones relacionadas con Internet. Tres han muerto bajo custodia, según los informes dos de ellas a consecuencia de la tortura, y según las fuentes otras han sido sometidas a tortura o malos tratos en detención. El uso de Internet aumenta con rapidez en China —un 73% entre junio de 2001 y junio de 2002— y como consecuencia, lo que se conoce como «Gran Cortafuegos de China» —el intento anterior del gobierno chino de controlar el tráfico de Internet mediante una serie de «pasarelas» internacionales— está cediendo bajo el peso creciente del tráfico y se está sustituyendo por un sistema nuevo, mucho más completo, llamado «Escudo Dorado».

En última instancia, el objetivo del suministro de tecnología de Nortel Network para el proyecto «Escudo Dorado» de China es crear una gigantesca base de datos en línea con una red de vigilancia exhaustiva del gobierno chino de tarjetas inteligentes, registros de crédito, televisión por circuito cerrado, reconocimiento de voz y rostro y vigilancia del uso de Internet. Las autoridades chinas prevén que el sistema ofrecerá acceso inmediato a registros sobre cada ciudadano en China, al tiempo que enlaza con redes de cámaras para aumentar la eficacia policial. Lo fundamental es que, con la ayuda de la tecnología de Nortel, la vigilancia de Internet y el filtrado de contenidos disponibles está pasando del nivel de las pasarelas internacionales al de los ordenadores individuales en los hogares, los cibercafés, las universidades y las empresas, en conflicto directo con los derechos a la libertad de información y de expresión. Según los informes, Nortel también está implicado en la investigación de tecnologías de reconocimiento de voz para facilitar la vigilancia automática de conversaciones telefónicas, y proporciona tecnología que permite que los datos de la vigilancia por vídeo sean transportados desde cámaras remotas a un punto de vigilancia centralizado. China’s Golden Shield: Corporations and the Development of Surveillance Technology in the People’s Republic of China, publicado en 2001 por el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático; y República Popular de China: Control estatal de Internet (Índice AI: ASA 17/007/2002/s).

Entre 1995 y 2000, el organismo oficial Export Development Canada (EDC) suministró casi 842 millones de dólares para financiar y asegurar los riesgos a empresas canadienses que tenían negocios en China en el campo de las tecnologías avanzadas y las telecomunicaciones. No hay ningún proceso para investigar los usos finales en los que se emplearán las exportaciones de tecnología que respalda EDC. Según los informes, algunos proyectos en China han sido rechazados porque se consideraron inapropiados por razones de derechos humanos, pero EDC no ofrecerá un desglose pormenorizado de los proyectos que han recibido financiación o seguro, pese a la reciente mejora de su política de información. Documento informativo Canada’s Trade Promotion and Human Rights Activities in China, del Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, 2001. También es difícil establecer detalles de las transacciones de EDC que respaldaban transferencias de material militar, pues en la información disponible públicamente no se detallan descripciones de productos, y en ese caso sólo se hacen públicas las transacciones de financiación, no las que implican aseguramiento de riesgos. Un portavoz declaró que EDC no financia ni asegura ventas de munición.
Pero EDC tiene un marco distinto para tomar en cuenta las consideraciones de carácter medioambiental; con respecto a los derechos humanos, afirma que «en ninguna circunstancia haremos negocios con países que cometen abusos contra los derechos humanos» y que «reconoce la soberanía de otros gobiernos nacionales respecto de los derechos humanos y hace negocios con estos gobiernos cuando ello es congruente con las políticas del gobierno de Canadá». (www.edc.ca/corpinfo/csr/social_faq_e.htm). Un portavoz del organismo afirmó que se pide asesoramiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional para las transferencias a países donde existe la posibilidad de que haya problemas relativos a los derechos humanos.

8.6 Recomendaciones concretas

El gobierno de Canadá debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Canadá debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

· El gobierno canadiense deberá emprender una revisión exhaustiva del sistema de control de las exportaciones de productos militares, de seguridad y policiales. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional deberá aplicar de inmediato una interpretación más estricta de sus directrices para el control de las exportaciones, especialmente las que exigen el control estricto de las exportaciones a países en conflicto o con antecedentes de violaciones de derechos humanos.

· Deberán exigirse permisos para la exportación de armas para todos los materiales o componentes comerciales que se vendan a usuarios finales militares, de seguridad o policiales.

· Deberá haber una transparencia significativa en los datos sobre la exportación de armas y de material y tecnología de seguridad que permita la vigilancia parlamentaria efectiva y la rendición de cuentas pública. Los informes actuales carecen de detalles suficientes sobre el número y el tipo de material que se transfiere que permitan una adecuada evaluación de su impacto sobre los derechos humanos.
· Deberán exigirse permisos o licencias para todas las exportaciones militares y de seguridad a Estados Unidos, y deberán denegarse si existe el riesgo de que el receptor estadounidense transfiera en el futuro los artículos a otros que podrían cometer violaciones de derechos humanos.
· Deberá hacerse pública más información significativa sobre la producción bajo licencia canadiense de tecnología militar y de seguridad, a fin de garantizar que el material que se fabrica en otros países bajo licencia no se desvía para su uso en países donde podrían contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos.

· Las actividades de intermediación fuera de Canadá, o cuando se transfieran las armas en cuestión fuera de Canadá, realizadas por ciudadanos, residentes y empresas canadienses deberán hacerse dentro del marco de la ley.

· Canadá deberá ratificar e implantar dos convenios internacionales clave relativos a las armas pequeñas de los que es firmante:

o La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, que firmó en 1997;
o el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, de la ONU, que firmó en 2002.

9. Japón

9.1 Producción y comercio

Japón no es uno de los principales exportadores de armas del mundo, no obstante lo cual tiene la responsabilidad internacional de mejorar el control de sus exportaciones de armas y de productos de doble uso para que no contribuyan a que se cometan violaciones de derechos humanos. En 1967, Japón prohibió las exportaciones militares a países comunistas, a los países sometidos a embargo por la ONU y a los que estuvieran en situación de hostilidad o a punto de estarlo. En 1976, esta prohibición de las exportaciones militares se amplió de hecho a todo el mundo, e incluyó el material y las tecnologías para la producción de defensa. La ley obliga a la industria armamentística nacional japonesa a proveer únicamente a las propias fuerzas del país. Durante el año 2001, los documentos presentados por el gobierno japonés al Registro de Armas Convencionales de la ONU informaron de la compra de 18 tanques de batalla nuevos tipo 90, 36 vehículos blindados de combate, 27 sistemas de artillería de gran calibre, 12 aviones de combate F-2, un buque de guerra, un submarino y dos embarcaciones de misiles guiados para las fuerzas armadas japonesas. Los gastos militares de Japón alcanzaron un total de 38.500 millones de dólares en 2001, lo que representa entre el 4% y el 6% del total mundial (a un nivel similar al de Francia, Rusia y el Reino Unido, pero considerablemente inferior al de Estados Unidos, que representaba el 36% del total mundial). Esto supone alrededor del 1% del Producto Interior Bruto japonés, cifra que ha permanecido estable durante toda la pasada década.

Sin embargo, en 1983 el gobierno japonés firmó un Acuerdo de Intercambio de Tecnología bilateral con Estados Unidos que constituye una excepción a la prohibición de 1976 de las exportaciones de armas y permite la cooperación en tecnología militar. Durante los años ochenta esto se tradujo en pocas acciones sustanciales, pero en los noventa, el ritmo de la cooperación aumentó con el desarrollo conjunto —si bien a veces tenso— del avión de combate FSX para sustituir al antiguo F-1 desarrollado en Japón, y desde 1999 hay un proyecto conjunto de desarrollo de misiles balísticos. En 1993, por ejemplo, Mitsubishi firmó un contrato con el Pentágono para transferir tecnología de radar a Estados Unidos, tecnología que se había desarrollado para el avión de combate FSX.

9.2 Transferencias de tecnología avanzada

El flujo de tecnología entre los sectores militar y civil de Japón va en una dirección diferente a la de muchos otros países productores de armas, especialmente Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos la investigación en desarrollos de la tecnología militar la realizan los grandes fabricantes de armas y la tecnología «derivada» beneficia después al sector civil, en Japón es la investigación y la actividad de desarrollo civil la que tiene la iniciativa y derivaciones para el sector de la defensa. Incluso los grandes fabricantes como Mitsubishi tienen armas de defensa relativamente pequeñas, por lo que existe una mayor dependencia de la tecnología del sector civil. Japón se considera un país avanzado en el uso de tecnologías civiles en el ámbito militar. Entrevistas telefónicas con el Dr. John Swenson-Wright, Universidad de Cambridge, y el Dr. Chris Hughes, Centro para el Estudio de la Globalizacón, Universidad de Warwick.

Pero el hecho de que la mayoría de los fabricantes de armas japoneses también fabrique productos civiles plantea la cuestión del doble uso. Al igual que ocurre en otros países del G8, el que una tecnología determinada pueda tener aplicación tanto civil como militar significa que quienes tienen un historial de violaciones de derechos humanos pueden encontrar la forma de dar a artículos clasificados como civiles un uso final militar, aunque la ley japonesa impida las exportaciones de productos militares. No existe una definición a toda prueba de armas, y el funcionamiento de los controles depende de las interpretaciones cambiantes del gobierno. Durante los años ochenta, por ejemplo, se vendieron jeeps japoneses al ejército nicaragüense, helicópteros a las fuerzas militares o paramilitares de Birmania y Arabia Saudí, y se enviaron aviones y aviones de instrucción a Filipinas, países todos ellos con una situación preocupante en cuanto a los derechos humanos. Arms Production in Japan: The Military Applications of Civilian Technology, West View Press, 1986.

9.3 Producción bajo licencia en otros países

La legislación japonesa no permite la producción bajo licencia en el extranjero de tecnología militar. Entrevista telefónica con Shinichi Kihara, subdirector de la División Política de Control de Exportaciones de Seguridad japonesa, 10 de abril de 2003. No obstante, la tecnología civil se puede producir bajo licencia en el extranjero, y es fácil adaptarla a fines militares.

Helicópteros a Indonesia e Irak
Industrias Pesadas Kawasaki tiene una empresa conjunta con la alemana MBB para producir el BK 117, un helicóptero ligero de transporte de doble uso que se emplea sobre todo para fines como evacuaciones médicas. Sin embargo, tiene puntos clave en los que se pueden montar armas como pistolas o misiles para darle uso militar. En 1985 se mostró en la feria aérea de París una versión militar del BK 117 que tenía ocho misiles antitanque, una mira montada en el techo para los misiles, una mira para la ametralladora montada en la torreta y sensores de alarma que detectan la presencia de radares. Las autoridades de aeronavegabilidad alemanas habían certificado una versión de más peso del modelo que permitía la incorporación de armas y equipo. Aviation Week and Space Technology, 22 de julio de 1985. El informe de la publicación sobre la muestra aérea de París de ese año subrayaba: «El énfasis sobre las versiones militares de los helicópteros existentes y futuros destacó el crecimiento continuo del mercado para nuevos helicópteros civiles.»
Wackenhut Services Inc, empresa privada de seguridad que tiene un contrato del gobierno estadounidense para vigilar la central nuclear de Savannah River Site, en Carolina del Sur, emplea un helicóptero BK 117 equipado con una ametralladora M-60 montada con una mira láser. Augusta Chronicle, 24 de noviembre de 2000.

Japón ha suscrito acuerdos con Indonesia para producir el helicóptero BK 117 de Kawasaki bajo licencia en ese país como IPTN NBK 117. Jane’s All the World’s Aircraft, 8 de julio de 2002. Amnistía Internacional ha denunciado casos en los que se han empleado helicópteros para dispersar de forma violenta protestas pacíficas en Indonesia. En abril de 1994, decenas de miles de trabajadores de las fábricas de la ciudad de Medan participaron en una manifestación pacífica por los salarios y las condiciones laborales. Los enfrentamientos estallaron cuando las fuerzas de seguridad impidieron que miles de trabajadores de los centros industriales de las afueras de Medan entrasen en la ciudad para entrevistarse con el gobernador. Los trabajadores se encontraron con miles de miembros armados de la Brigada Móvil de Policía, soldados de la Comandancia Militar de Distrito, así como tropas de elite de la fuerza aérea (LINUD), policía militar y unidades policiales regulares. Se desplegaron al menos nueve vehículos blindados en las proximidades, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona. Se calcula que 25.000 trabajadores, que no podían entrar en Medan, se congregaron y continuaron protestando en las zonas industriales de los alrededores. En un intento de dispersar a la multitud, las tropas abrieron fuego sobre las cabezas de los manifestantes, que buscaron refugio en las fábricas cercanas. Indonesia: Labour activists under fire, mayo de 1994 (Índice AI: ASA 21/010/1994). Casos como éste muestran la necesidad de una transparencia total del gobierno japonés sobre el destino final de su tecnología.

En 2001 se seguían transfiriendo a Alemania cabinas y material eléctrico fabricados por Kawasaki para el helicóptero BK 117. Jane’s Defence Weekly, 11 de abril de 2001. Los helicópteros resultantes se exportaban desde la cadena de producción alemana. Jane’s Sentinel Security Assessment – China and Northeast Asia, 19 de marzo de 2003. Esto plantea la cuestión de los controles sobre el usuario final, pues una vez que esas piezas japonesas llegan a Alemania, la cuestión de a dónde van a parar los helicópteros resultantes y para qué se utilizan queda fuera del alcance de Japón.

En el inventario de la fuerza aérea iraquí de 1995 había 20 helicópteros BK 117; el hecho de que no se pueda averiguar con facilidad su punto de origen subraya la necesidad de una mayor transparencia en las transferencias de productos de doble uso. Jane’s Intelligence Review, 1 de febrero de 1995.

Otro ejemplo es el del vehículo 4x4 Patrol de Nissan y varios camiones más de este fabricante, que se venden en todo el mundo en virtud de acuerdos de producción suscritos con distribuidores locales. La fábrica de munición de Jabalpur, en Madhya Pradesh, India, ha adaptado el vehículo 4x4 Patrol para uso militar. Estos vehículos se emplean, entre otros fines, como transportes de misiles antitanque. La misma fábrica india, que produce vehículos Nissan desde los años sesenta, ha producido también camiones 4x4 militares ligeros Z4W73 de Nissan bajo licencia, como «vehículos de transporte». Jane’s World Defence Industry, mayo de 1997, p. 123 y Asian Age, 8 de marzo de 2002.

9.4 Armas pequeñas

Japón es un gran exportador de armas de fuego «no militares», como rifles deportivos y de caza, pero el gobierno no revela las exportaciones de estas armas, lo que hace muy difícil que el Parlamento y la opinión pública vigilen o pidan cuentas al gobierno, que debe garantizar la gestión responsable de las exportaciones de armas pequeñas.

Los exportadores sí tienen que solicitar primero una licencia, pero no se divulgan públicamente los detalles de las licencias concedidas, por lo que no se puede ejercer ninguna supervisión sobre las decisiones del gobierno en materia de exportación. Entrevista con Shinichi Kihara. En 1999 esta actividad recaudó más de 30 millones de dólares. Japón es el tercer exportador del mundo, detrás de Brasil y Alemania, de rifles deportivos de empresas como Miroku Firearms, que en 1999 hizo exportaciones por valor de 15,1 millones de dólares. Ese año Japón fue también el segundo exportador, por detrás de Italia, de rifles «no militares», de las que hizo exportaciones por valor de 15,2 millones de dólares. Small Arms Survey, Ginebra, 2002, p. 114.

Amnistía Internacional ha documentado el uso de armas de fuego «no militares», como rifles de caza, en violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en 1997 se informó de que en Argelia, escuadrones de la muerte estaban perpetrando matanzas en gran escala de civiles utilizando, entre otras armas, rifles de caza. Argelia: La población civil, atrapada en una espiral de violencia (Índice AI: MDE 28/023/1997/s). En 1997, la organización llamó la atención sobre el caso de un policía de tráfico búlgaro que disparó e hirió a tres adolescentes con un rifle de caza cargado de perdigones. Bulgaria: Growing incidence of unlawful use of firearms by law enforcement officials, diciembre de 1997 (Índice AI: EUR 15/012/1997).

En 2000, Amnistía Internacional informó de que las tensiones entre grupos étnicos en las Islas Salomón, desde Malaita y la isla de Guadalcanal, se intensificaron hasta estallar en un conflicto violento. Solomon Islands: A forgotten conflict, septiembre de 2000 (Índice AI: ASA 43/005/2000). En octubre de 1998, grupos políticos armados que posteriormente adoptaron el nombre de Movimiento de Liberación de Isatabu iniciaron una campaña de amenazas e intimidación contra colonos de Malaita residentes en la isla de Guadalcanal, y mataron e hirieron a decenas de civiles y provocaron que alrededor de 20.000 personas abandonaran sus hogares. Además, hasta 10.000 personas, en su mayor parte nacidas en Guadalcanal, han huido a zonas remotas. Al parecer, la mayoría de los combatientes del Movimiento de Liberación de Isatabu, que se cree son entre 300 y 2.000, proceden de pueblos empobrecidos de la escarpada costa meridional de Guadalcanal, conocida como «la costa del mal tiempo». En ocasiones han incluido al menos a 100 niños soldados de entre 12 y 17 años, y están armados con rifles de caza, algunas pistolas y explosivos robados a la policía, armas tradicionales y pistolas de fabricación casera o rifles de la Segunda Guerra Mundial modificados.

No cabe duda de que la designación de un arma para fines recreativos o de caza no impide que sea utilizada para cometer abusos contra los derechos humanos, por lo que estas armas deberían estar sometidas a los mismos controles que los productos militares «expresos». Canadá, otro miembro del G8, incluye los rifles de caza en su definición de productos militares sometidos a controles de exportación. <www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/documents/20qa-eng.pdf>. También sobre el tema de las armas pequeñas, empresas japonesas han fabricado sistemas de diodos para punteros láser vendidos en Estados Unidos para su uso con armas pequeñas, según Jane’s Defence Systems Modernisation, 1 de marzo de 1994, p. 23.

9.5 Material electrónico

Exportar de Japón el material electrónico y de radio de alta especificación que figura en la lista de tecnologías de doble uso del Acuerdo de Wassenaar exige una licencia de exportación. Sin embargo, las radios policiales normales no necesitan licencia. Al igual que ocurre con las armas de fuego deportivas y de caza, no se ofrece al público información sobre las licencias concedidas para la exportación de material electrónico de alta tecnología. Entrevista con Shinichi Kihara.

Indonesia
La empresa japonesa ICOM Inc fabrica radios policiales portátiles y estuvo representada en la Muestra Internacional Policial y de Seguridad de Teherán de 2002. El equipo de radio de ICOM es empleado por fuerzas policiales de todo el mundo, incluidas, por ejemplo, las de Indonesia. Consolidated Services International, empresa que distribuye radios de ICOM y otros materiales de vigilancia y seguridad en Indonesia, ha afirmado que el Ministerio de Defensa de ese país ha certificado sus productos para uso policial. <www.swssec.com/indonsia.html> [sic]. Los informes de Amnistía Internacional han puesto de relieve la falta de rendición de cuentas por parte de la policía indonesia y su continua participación en violaciones de derechos humanos. Indonesia: Activistas que trabajan con la Fundación para la Investigación y la Defensa de los Derechos Humanos (ELS-HAM) en Papúa y Yakarta, octubre de 2002 (Índice AI: ASA 21/038/2002/s) e Indonesia: Paying the price for "stability", 25 de febrero de 1998 (Índice AI: ASA 21/12/98).

Secom, que fabrica y exporta equipos de vigilancia y seguridad electrónicos, estableció una empresa conjunta de servicios de seguridad en los años noventa con empresas indonesias afiliadas a las fuerzas armadas y a la policía de ese país. Nikkei Weekly, 7 de marzo de 1994. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos llevan tiempo expresando su preocupación por el historial de derechos humanos de estas fuerzas armadas y policiales. Indonesia: EU ban on military and security exports to Jakarta must not be lifted, for now, enero de 2000 (Índice AI: ASA 21/04/00). Secom tenía aún operaciones en Indonesia a principios de 2003 y, según los informes, las fuerzas armadas y la policía indonesias seguían cometiendo violaciones graves de derechos humanos. Véase por ejemplo, Indonesia: la detención de un activista puede debilitar el alto el fuego en Aceh, febrero de 2003 (Índice AI: ASA 21/006/2003/s).

Las radios de ICOM también han llegado a manos de militares. En 1995, Executive Outcomes, la empresa mercenaria sudafricana ahora disuelta que apoyaba al gobierno sierraleonés en su lucha contra los rebeldes del Frente Revolucionario Unido, empleaba transmisores-receptores de alta frecuencia de ICOM. Los mercenarios de esta compañía los utilizaban para comunicarse con las bases de la empresa en Angola y, cuando las condiciones lo permitían, con su oficina central en Pretoria, Sudáfrica. International Defense Review, 1 de noviembre de 1995. Se desconoce si el material de Executive Outcomes procedía de la rama japonesa, estadounidense, alemana, australiana o británica de ICOM, lo que por sí mismo demuestra la falta de transparencia sobre cómo llegó a transferirse el material a fuerzas implicadas en hostilidades.

La Yaesu Musen Company Ltd fabrica y exporta radiotransmisores que pueden tener aplicaciones militares y policiales. En 1998 se habían vendido a más de 100 países, incluidos China, la India y países de Oriente Medio. Jane’s Military Communications, 1999/2000.

Las empresas japonesas están introduciéndose en el campo de la seguridad informática en China. Amnistía Internacional ha expresado recientemente su preocupación ante las informaciones según las cuales empresas extranjeras están proporcionando tecnología que podría ayudar a las autoridades chinas a censurar Internet y vigilar su uso, dado que en China se está deteniendo o torturando a activistas pro democracia por infracciones relacionadas con Internet consideradas «subversión». Amnistía Internacional, República Popular de China: Control estatal de Internet, noviembre de 2002 (Índice AI: ASA 17/007/2002/s).

9.6 Material de seguridad

Japón no tiene ningún control sobre la exportación de armas paralizantes de electrochoque y grillos con pernos. Entrevista con Shinichi Kihara. Según los informes, a principios de 2003, por ejemplo, una empresa japonesa participó en la fabricación y exportación al por mayor de artículos que incluían porras de electrochoque y aerosoles de gas lacrimógeno, que se anunciaban en la categoría de «defensa propia», junto con sus demás líneas de producto de neumáticos usados e incienso. <http://www.ktpc.or.jp/kp/401200/seihin3_e.html>.

Amnistía Internacional sigue haciendo campaña para que los gobiernos de todo el mundo prohíban la fabricación, promoción y venta a otros países de material cuyo uso sea intrínsecamente cruel, inhumano o degradante, incluidos los grillos con pernos y los cinturones paralizantes de electrochoque. En relación con las pistolas y porras paralizantes de electrochoque, Amnistía Internacional ha pedido que se suspenda la exportación de estas armas y su uso en el control del orden público hasta que se realicen exámenes independientes de los efectos médicos y de otra índole de cada tipo, subtipo o clase de estas armas, a fin de garantizar que su empleo no es contrario a las normas internacionales de derechos humanos, y en concreto, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Amnistía Internacional: Un comercio execrable: el comercio de la tortura (Índice AI: ACT 40/002/2001/s).

9.7 Recomendaciones concretas

El gobierno de Japón debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Japón debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno japonés debe, en concreto:

· Hacer más estrictos los controles sobre la exportación de tecnologías de doble uso para que se tenga en cuenta el uso final, a fin de impedir transferencias internacionales de armas o tecnologías que podrían ser empleadas para cometer violaciones de derechos humanos.
· Garantizar una mayor transparencia de las exportaciones de tecnología de doble uso y armas pequeñas, para que se pueda pedir cuentas al Parlamento japonés sobre el respeto a las normas internacionales de derechos humanos; las armas de fuego deportivas y de caza «no militares» deben ser incluidas en los controles de exportaciones militares.
· Prohibir la exportación de material de «seguridad» o «control de la delincuencia» que pueda ser fácilmente empleado para cometer torturas; suspender la exportación y el uso de armas de electrochoque hasta que se no se realicen estudios independientes, a fin de garantizar que su uso es congruente con las normas internacionales de derechos humanos.
· Aplicar los principios contenidos en el Acuerdo de Wassenaar, que Japón aprobó en julio de 1996, sobre transparencia, intercambio de información y mayor responsabilidad en las transferencias de armas convencionales y tecnologías de doble uso.

10. Recomendaciones generales

Los gobiernos del G8 deben revisar urgentemente los costes humanos y de otra índole de sus inadecuadas políticas de exportación de armas, y hacer un esfuerzo decidido con sus aliados para alcanzar sin dilación un acuerdo internacional efectivo que aborde los problemas clave expuestos en este informe. Dado el largo ciclo vital de la mayoría de las armas y del material y la tecnología de seguridad —y, por tanto, el riesgo de que se cometan abusos durante un periodo prolongado—, debería interpretarse de forma rigurosa el principio básico de que no se permitirá la exportación de estos productos cuando haya motivos fundados para suponer que contribuirán a que se cometan violaciones graves de derechos humanos.

10.1 Llamamiento a favor de un tratado internacional sobre el comercio de armas

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos, y especialmente a los del G8, que negocien un tratado internacional sobre el comercio de armas que garantice el pleno respeto a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Este tratado deberá incluir las siguientes estipulaciones:

10.1.1 Un tratado marco

Las Partes contratantes no autorizarán transferencias internacionales de armas:

· que violen sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, incluidos la Carta de la ONU, los embargos de armas y otras decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y los tratados internacionales que prohíben el uso de armas de efectos indiscriminados o que causan sufrimiento innecesario.
· En circunstancias en las que tengan conocimiento, o deberían tener conocimiento, de que las armas que se van a transferir probablemente:
1. se emplearán en infracción de lo previsto en la Carta de la ONU o las normas correspondientes del derecho internacional consuetudinario, en especial las que prohíben el uso de la fuerza o la amenaza de su uso en las relaciones internacionales;
2. se emplearán para cometer violaciones graves de derechos humanos;
3. se emplearán para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario relativo a los conflictos armados;
4. se emplearán para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad;
5. se desviarán y utilizarán para cometer cualquiera de los actos antes citados.
Además, deberá mantenerse una presunción de hecho contra la autorización de transferencias de armas que es probable que:

· sean empleadas para cometer delitos violentos o facilitar su comisión;
· afecten negativamente a la estabilidad política o a la seguridad regional;
· afecten negativamente al desarrollo sostenible.
Las Partes contratantes presentarán un informe anual sobre las transferencias internacionales de armas efectuadas desde su territorio, a través del mismo o sometidas a su autorización, a un Registro Internacional, con arreglo a lo previsto en esta Convención. El Registro Internacional publicará un informe anual y otros informes periódicos.

10.1.2 Un protocolo sobre la exportación de la producción de armas bajo licencia

Las Partes contratantes:

· Exigirán que todos los acuerdos de producción bajo licencia estén autorizados por los gobiernos.
· No permitirán la exportación de la producción de armas bajo licencia en circunstancias de las que se derivarían transferencias internacionales de armas contrarias al Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.
· No permitirán la exportación de la producción de armas bajo licencia sin un acuerdo concreto y mutuamente vinculante con el Estado receptor de solicitar autorización previa para todas las exportaciones procedentes de un centro de producción bajo licencia caso por caso, expresando las cantidades de producción máxima que se exportarán y exigiendo, en cada caso, un certificado de uso final y la estipulación de la supervisión del uso final.
10.1.3 Un protocolo sobre intermediarios y traficantes de armas

Las Partes contratantes:

· Exigirán que todos los intermediarios o traficantes de armas que actúen o tengan la residencia o hagan transacciones comerciales en su territorio estén inscritos en un registro.
· No inscribirán a ninguna persona para que actúe como intermediario o traficante de armas si ha contribuido a cometer o ha cometido delitos previstos en el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, o ha sido condenada por un delito de violencia armada, tráfico ilegal o blanqueo de dinero.
· Exigirán una licencia para cualquier operación concreta de intermediación o tráfico de armas cuando sea realizada por nacionales o residentes permanentes, y negarán dicha licencia si el solicitante no está inscrito en el registro, o si la operación en cuestión se traduciría en transferencias de armas que vulneran los principios del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.

10.2 Oposición a las armas de efectos indiscriminados

Amnistía Internacional pide a todas las partes de cualquier conflicto armado internacional que adopten todas las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles, con arreglo a los principios vinculantes del derecho internacional humanitario. Estos principios incluyen la prohibición de realizar ataques directos contra civiles o bienes civiles, ataques que no distingan entre objetivos militares y civiles o bienes civiles, y ataques que, aunque dirigidos a un objetivo militar, tengan un impacto desproporcionado sobre los civiles o bienes civiles.

10.2.1 Armas químicas y biológicas
El uso de armas químicas y biológicas en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional, pues son indiscriminadas por su propia naturaleza y no es posible utilizarlas sin violar el principio de la distinción entre civiles y combatientes, que es una norma consuetudinaria del derecho internacional humanitario.
Aun cuando pudieran dirigirse sólo contra combatientes, los ataques con armas biológicas o químicas siguen estando prohibidos porque causan lesiones superfluas y sufrimiento innecesario a los combatientes, con lo que violan una norma consuetudinaria del derecho internacional humanitario.

10.2.2 Uranio empobrecido
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que se abstengan de transferir y emplear armas de uranio empobrecido hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones sobre sus efectos a largo plazo sobre la salud. La munición de uranio empobrecido podría ser una amenaza a largo plazo para los civiles y el medio ambiente. Algunos estudios indican que la inhalación y la ingestión de polvo de uranio empobrecido, que permanece en las proximidades de los objetivos alcanzados por armas de uranio empobrecido, supone un riesgo significativo para la salud.
10.2.3 Minas terrestres antipersonal
Amnistía Internacional se opone completamente al uso, fabricación, almacenamiento y transferencia de minas terrestres antipersonal. En numerosos conflictos se colocan intencionadamente minas terrestres en zonas donde causarán la máxima perturbación para la vida civil. Las minas terrestres siguen mutilando y matando a civiles desprevenidos mucho tiempo después de que haya finalizado el conflicto. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que:
· firmen, ratifiquen, apliquen y vigilen el cumplimiento de la Convención de Ottawa sobre la Prohibición de las Minas de 1997;
· prohíban el uso, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia y la exportación de las minas terrestres;
· proporcionen recursos para programas de despeje de minas y de concienciación de la comunidad;
· asistan y ayuden a las víctimas de las minas terrestres.

10.2.4 Bombas de racimo
Desde octubre de 2001, Amnistía Internacional pide la suspensión del uso de las armas de racimo. Estas bombas son municiones que llevan cientos de submuniciones o pequeñas bombas. Su uso corre un elevado riesgo de violar la prohibición de los ataques indiscriminados debido a la amplia superficie que cubren las numerosas bombas que liberan. Al menos el 5% de ellas no explosiona al hacer impacto, lo que las convierte en minas antipersonal de hecho y hace que sigan siendo una amenaza para las personas que entran en contacto con ellas, incluidos civiles que se desplazan.

10.3 Frenar la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras

La proliferación de armas pequeñas y armas ligeras fomenta los abusos y constituye un problema creciente que es reconocido por la comunidad internacional. Amnistía Internacional considera que el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, de la ONU (julio de 2001) es un paso positivo, aunque insuficiente, para abordar el uso indebido de las armas pequeñas por las fuerzas armadas y los organismos oficiales encargados de hacer cumplir la ley que cometen violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional pide que todos los Estados respeten plenamente las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en relación con el uso y la exportación de estas armas. Además de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (véase supra), son necesarias otras medidas enérgicas como las siguientes:

10.3.1 Transparencia
· Todas las transferencias de armas pequeñas y armas ligeras deben incluirse en un Registro de la ONU para transferencias mundiales; las transferencias regionales deben incluirse en registros regionales.
· Los Estados deben publicar informes anuales completos y detallados sobre transferencias de armas y determinar y establecer mecanismos para garantizar el examen efectivo por el Parlamento de la política sobre transferencias de armas.
· Deben establecerse sistemas para el marcado adecuado y fiable de armas durante su fabricación o importación, y para el mantenimiento adecuado de registros sobre la producción, posesión y transferencia de armas. Estos sistemas deberán incluir acuerdos bilaterales e internacionales para que las autoridades pertinentes hagan un seguimiento de las armas.

10.3.2 Deben subsanarse las lagunas
· Debe existir un registro nacional estricto en el que figure cada fabricante, intermediario, transportista y financiador de armas, aun cuando sólo actúe a través de «terceros países». Las personas condenadas por delitos que impliquen blanqueo de dinero, tráfico y violencia relacionada con armas de fuego deberán ser excluidas del registro.
· Las licencias para la exportación, el tránsito y la importación deberán ser controladas caso por caso e incluir todos los detalles de los intermediarios, transportistas y entidades financieras implicados. Deberán ser emitidas por los gobiernos de los países que envíen y reciban, y por los que transiten, dichas armas, tras consultar directamente con los demás y con los gobiernos de los países de origen de los intermediarios, transportistas y entidades financieras implicados, y únicamente si las transferencias de armas propuestas no llegarán a nadie que pueda violar las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

10.3.3 Rendición de cuentas
· Las leyes nacionales deben ser conformes con las leyes y normas internacionales, incluidas las relativas al uso de la fuerza.
· Cada Parlamento nacional deberá recibir notificación anticipada de las transferencias de armas y de los controles de seguimiento realizados sobre la forma en que se utilizarán las armas transferidas a fin de prevenir los abusos graves contra los derechos humanos.
· Debe acordarse un marco internacional basado en el derecho internacional, que incluya criterios rigurosos para las transferencias de armas, mecanismos para revisar su aplicación y reglamentos modelo que regulen la importación, la exportación y el tránsito de las transferencias de Estado a Estado.

10.3.4 Asistencia internacional
· Los proyectos de ayuda internacional destinados a prevenir la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas deberán promover el estricto respeto a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
· Los proyectos deberán incluir esfuerzos concertados para aumentar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para controlar la proliferación y el uso indebido de las armas pequeñas, de conformidad con las normas internacionales, incluidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU.
· Deberá crearse un fondo internacional que proporcione los recursos necesarios para ayudar a los países en la recogida y destrucción de armas pequeñas que no estén en posesión civil legal o no hayan sido adquiridas para fines legítimos de defensa nacional o seguridad interna.

10.4 Material policial y de seguridad

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos, especialmente a los del G8, que:

· Prohíban el uso de material policial y de seguridad cuyo empleo es, debido a su propia naturaleza, cruel, inhumano o degradante, así como la fabricación y promoción de este material y su venta a otros países. Esto debe incluir los grillos con pernos, los cinturones paralizantes de electrochoque y los dispositivos intrínsecamente dolorosos, como las esposas dentadas para pulgares.

· Suspendan el uso de material cuyos efectos médicos no se conozcan del todo, hasta que se disponga de los resultados de un estudio riguroso e independiente sobre dichos efectos. Esto debe incluir material como las armas de electrochoque de alto voltaje. Las transferencias internacionales deben suspenderse hasta que se conozcan los resultados del estudio.

· Realicen una revisión rigurosa e independiente del uso de material cuando este uso haya revelado, en la práctica, la existencia de un riesgo sustancial de abusos o de lesiones injustificadas. Suspendan la transferencia de este tipo de material a otros países hasta que se conozcan los resultados de la revisión. Esto debe incluir material como esposas para tobillos, esposas para pulgares, planchas de inmovilización, sillas de sujeción y armas de gas de pimienta.

· Introduzcan directrices estrictas sobre el uso de material policial y de seguridad como esposas y gas lacrimógeno. Establezcan los mecanismos adecuados para mantener las directrices bajo revisión y garantizar su cumplimiento.

· Garanticen que toda la investigación pertinente sobre la seguridad de material y armas nuevos para el orden público es de dominio público antes de tomar decisiones sobre su despliegue.