Document - A catalogue of failures: G8 Arms Exports and Human Rights violations.

83Catálogo de fracasos: Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional Índice AI: IOR 30/003/2003/s

Índice AI: IOR 30/003/2003/s Amnistía Internacional

[No publicar antes del 19 de mayo de 2003]	Público

Amnistía Internacional

Catálogo de fracasos:

Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos

			Resumen
Índice AI: IOR 30/003/2003/s

Las deficiencias de los controles nacionales de las transferencias internacionales de armas y material de seguridad «convencionales» contribuyen a la persistencia de las violaciones graves de derechos humanos. De todos los, por otra parte numerosos, Estados con leyes y procedimientos administrativos inadecuados para gestionar la exportación, el tránsito y la importación de estas armas, los más notorios son los que administran las mayores economías industrializadas del mundo: los del Grupo de los Ocho o G8.

Amnistía Internacional se opone a la transferencia de material, tecnología y especialización militar, de seguridad y policial cuando haya motivos fundados para suponer que contribuirán a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país receptor, y ha pedido en consecuencia a los gobiernos del G8 que respeten este principio que reconocen desde hace tiempo pero nunca han cumplido del todo.

Como muestra este estudio, los gobiernos del G8 autorizan el envío de niveles de armas y de asistencia afín que no tienen parangón a fuerzas armadas y organismos encargados de hacer cumplir la ley del mundo que a menudo persisten en cometer violaciones graves de derechos humanos, equipándolas, alentándolas y recompensándolas.

Al menos dos terceras partes de todas las transferencias de armas realizadas en el mundo entre 1997 y 2001 procedieron de cinco miembros del G8.SIPRI Yearbook, pp. 374-378. El mayor proveedor de armas del mundo fue Estados Unidos, responsable del 28% de este tipo de transferencias. El segundo fue Rusia, con el 17%; el tercero Francia, con el 10%, seguido de Gran Bretaña con el 7%, y por último Alemania, con el 5%.

Durante 25 años, la legislación de Estados Unidos ha estipulado que hay que mantener las armas alejadas de los gobiernos que las emplean para cometer abusos contra los derechos humanos. Pero las ventas comerciales de armas de Estados Unidos han tenido muchas veces el efecto contrario. Entre 2000 y 2001, las ventas de armas de Estados Unidos a países en desarrollo se han cuadruplicado, y las fuerzas de muchos de estos países persisten en cometer abusos. Además, actualmente Estados Unidos envía ayuda militar a más de 30 países que, según afirma el propio Estados Unidos, tienen un historial de derechos humanos «deficiente» o peor.

Hace casi diez años, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia y el Reino Unido firmaron, junto con otros Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales, que comprometen a los Estados participantes a «evitar las transferencias susceptibles de ser utilizadas para violar o suprimir los derechos humanos y las libertades fundamentales». Sin embargo, un examen de las prácticas de estos siete poderosos Estados evidencia que están lejos de cumplir ese compromiso acordado.

Más recientemente, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, como Estados miembros de la Unión Europea (UE), se comprometieron a cumplir el Código de Conducta de la UE en Materia de Exportación de Armas (adoptado por el Consejo de la UE el 8 de junio de 1998). Canadá, Estados Unidos y muchos países más han declarado su apoyo general a los principios del Código de la UE. Aunque deja la decisión final sobre las exportaciones en manos de los gobiernos nacionales, el Código estipula que no se deben exportar armas a países donde exista un riesgo claro de que sean empleadas para la represión interna o donde se vienen cometiendo violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, los datos de que se dispone hasta el momento indican que esta promesa no se cumple del todo. Un tratado internacional sobre comercio de armas, legalmente vinculante, basado en principios del derecho internacional, y especialmente en las normas de derechos humanos y en el derecho humanitario, en lugar de un código voluntario especial, proporcionaría a las víctimas en potencia de todo el mundo una protección mucho mayor, pero sólo los líderes del G8 pueden decidirlo.

Entre los Estados del G8 apenas existen requisitos legales o reglamentarios que impongan la inclusión del contenido de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario en los diversos servicios de instrucción militar, de seguridad y policial que proporcionan a Estados de todas las regiones del mundo. Y cuando sí se hace referencia a criterios de derechos humanos en las leyes que regulan la exportación de armas y la ayuda exterior de carácter militar y de seguridad, éstos suelen interpretarse de forma muy laxa. En particular, los gobiernos no prestan suficiente atención, durante el proceso de toma de decisiones sobre la exportación, al largo ciclo vital de la mayoría de los tipos de armas y de equipos y tecnología de seguridad, y el consiguiente riesgo prolongado de abusos.

Por el contrario, la mayor parte del comercio internacional de armas está orientada a la obtención de beneficios y de ventajas políticas a corto plazo. En la actualidad, los gobiernos del G8 permiten que las empresas participen en un comercio internacional de armas, tecnologías y formación que se caracteriza por su secretismo y la ausencia de una reglamentación rigurosa. Se utiliza la excusa de la «confidencialidad comercial» para no entregar información significativa y puntual a los legisladores, los medios de comunicación y la opinión pública en general sobre decisiones relativas a exportaciones de armas, lo que menoscaba la vigilancia parlamentaria y la rendición pública de cuentas de este comercio. Además, se ha permitido que empresas de los países del G8 establezcan centros de producción en el extranjero, a veces con contratos de licencia con empresas extranjeras en los que ni las licencias ni su impacto están sometidos a condiciones efectivas de derechos humanos o a supervisión. Esta práctica permite que las empresas del G8 eludan las restricciones nacionales de control de armas al establecer la producción en otros países cuyos controles de exportación de armas son más débiles.

Algunas empresas de países del G8 han estado implicadas en el suministro de material y aparatos de seguridad cuyo principal propósito práctico es la tortura o los malos tratos. En muchos otros casos, las empresas suministran dispositivos concebidos para la seguridad y el control de la delincuencia, pero que en realidad pueden usarse fácilmente para infligir torturas y malos tratos. Por ejemplo, entre las 230 empresas de 35 países que fabrican o distribuyen armas de electrochoque o actúan como intermediarios en su suministro, hay empresas estadounidenses, rusas, francesas y alemanas. Los gobiernos del G8 carecen de leyes y reglamentos efectivos que impidan la exportación de este tipo de material a fuerzas de seguridad extranjeras que, según los informes, abusan de dispositivos legítimos para infligir torturas.

La Comisión Europea, ante la preocupación expresada en el Parlamento Europeo, ha propuesto recientemente un reglamento de comercio para su adopción por el Consejo Europeo.Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el comercio de determinados materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, COM (2002) 770, 30 de diciembre de 2002.De aprobarse sin enmiendas, este reglamento prohibirá la importación, exportación e intermediación por parte de empresas y personas dentro de los 15 Estados miembros de la UE de lo que la Comisión considera «material para torturas», como cinturones paralizantes de electrochoque, esposas para pulgares y grilletes. La propuesta de reglamento de comercio exigirá también que todos los Estados miembros de la UE introduzcan controles en la exportación de productos como porras paralizantes, pistolas paralizantes y dispositivos antidisturbios como el gas lacrimógeno. Amnistía Internacional acoge con beneplácito la introducción de este reglamento de comercio y pide a los demás gobiernos del mundo que introduzcan prohibiciones y controles similares para proteger los derechos humanos.

En julio de 2000, seis de los mayores exportadores de armas europeos —Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y el Reino Unido— firmaron el Acuerdo Marco relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa. El acuerdo tiene por objeto reducir los controles impuestos sobre las empresas exportadoras de armas dentro de Europa, pero podría debilitar los controles a la exportación de armas, ya que no prevé una transparencia adecuada ni la vigilancia de las exportaciones a países no participantes.

La facilidad con que empresas, vendedores e intermediarios —a menudo con la connivencia de funcionarios del Estado— han violado los embargos de armas de las Naciones Unidas (ONU) pone de relieve la necesidad de un tratado mundial sobre comercio de armas con controles sobre la exportación que puedan hacerse cumplir legalmente a nivel nacional.

Los mercados, las conexiones de los transportes y las redes de comunicación cada vez más globalizados ofrecen oportunidades para que los traficantes de armas burlen los controles nacionales sobre armas y material de seguridad. Desde el genocidio de Ruanda de 1994, las investigaciones de la ONU sobre la violación de embargos de armas impuestos por el Consejo de Seguridad han mostrado, a menudo con todo lujo de detalles, cómo las redes internacionales de intermediarios y traficantes de armas alimentan las crisis de derechos humanos. Sólo si los Estados poderosos imponen un control extraterritorial y transparente sobre la intermediación y el tráfico de armas se podrá regular debidamente el comercio de armas y poner fin al tipo de acuerdos de «tercer país» que se traducen en transferencias de armas que contribuyen a la comisión de abusos graves contra los derechos humanos. Estados Unidos dispone de una ley extraterritorial sobre intermediarios en las transferencias de armas que, aunque se aplica de forma imperfecta y es debilitada en operaciones encubiertas de contrabando de armas realizadas por agencias del gobierno estadounidense, sí parece servir para disuadir a los ciudadanos de Estados Unidos de traficar con armas en el extranjero. Pero Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido ni siquiera tienen leyes de este tipo.Algunos otros países europeos están introduciendo controles con poderes extraterritoriales mucho mayores. Suecia, Noruega y los Países Bajos ya tienen dichos poderes. Finlandia y Polonia han introducido controles, y Bélgica está estudiando la posibilidad de imponerlos.

La intermediación en el comercio de armas debería estar prohibida, salvo que los intermediarios cumplan unos criterios estrictos para ser declarados «aptos» para realizar actividades de intermediación. Estados Unidos ya cuenta con un registro, no así el resto de los países del G8. Además, por el mero hecho de estar inscrito en el registro, un intermediario no debería estar autorizado para realizar operaciones concretas con armas sin solicitar previamente una licencia individual cuya concesión esté supeditada a estrictos criterios de derechos humanos y de otra índole. Un sistema de estas características ayudaría a que los organismos encargados de hacer cumplir la ley dirigiesen sus esfuerzos de una forma más informada y a que la rendición de cuentas sea efectiva.

El tráfico ilícito de armas de fuego fue incluido por primera vez en la agenda del G7 durante la Cumbre Económica de Halifax de 1994, cuando los líderes del Grupo pusieron de relieve los costes económicos y sociales de la delincuencia. En la Cumbre del G8 de Denver de junio de 1997, la cuestión del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras ya se había convertido en una prioridad manifiesta. El tema se volvió a tratar en la Cumbre del G8 de Birmingham de mayo de 1998, donde se acordó desarrollar un «instrumento internacional» para combatir el tráfico de armas de fuego.

Aunque el G8 ha prestado poca atención al control de otras armas convencionales, el enfoque sobre las armas pequeñas y ligeras contribuyó al desarrollo del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, de la ONU, que firmó en 2002 y que se adjuntó como anexo a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU. Sin embargo, su aplicabilidad a los suministros destinados a fuerzas armadas estatales y organismos encargados de hacer cumplir la ley es limitada.Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada mediante la resolución A/RES/55/25 el 15 de noviembre de 2000.

En julio de 2001, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia se aliaron con el de China y con algunos miembros del Movimiento de Países No Alineados para debilitar de forma significativa el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, de la ONU. En concreto, se opusieron a la inclusión de cláusulas explícitas sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales internacionales humanitarias y en materia de derechos humanos en relación con el control de la exportación de armas.Véase el documento de la ONU A/Conf.192/15. No obstante, los gobiernos sí acordaron en el Programa de la ONU «evaluar las solicitudes de autorización de exportación de conformidad con reglas y procedimientos nacionales rigurosos que abarquen todas las armas pequeñas y ligeras y sean compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional pertinente, teniendo en cuenta, en particular, el riesgo de que esas armas se desvíen al tráfico ilícito».Véase ibídem, párrafo 11 de la sección II. En enero de 2003, el gobierno del Reino Unido organizó una conferencia internacional en Lancaster House, Londres, en la que participaron 50 representantes gubernamentales para debatir medidas encaminadas a aplicar este párrafo y otros afines del Programa de Acción de la ONU. Pero, ¿cumplirán esta promesa los gobiernos del G8?

Antes de 2001, el compromiso del G8 con las cuestiones relacionadas con la paz y los derechos humanos era débil, pero en la Cumbre de Italia de junio de 2001, los líderes del G8 comenzaron a abordar la prevención de conflictos como preocupación política, concretamente en relación con África.De G8 Roma initiatives on conflict prevention, Conclusiones de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G8, Roma, 18-19 de julio de 2001.Este Plan se elaboró con más detalle en la Cumbre del G8 de Calgary de 2002, aunque esta Cumbre adoptó pocas medidas concretas y principios claros para mejorar sustancialmente la protección de los derechos humanos. Durante el periodo previo a esta Cumbre, Amnistía Internacional formuló peticiones en tres áreas en las que una acción valiente y decisiva de los líderes del G8 podía tener enorme repercusión:

· el control del comercio internacional de armas;

· el control del comercio de «diamantes de zonas de conflicto» y de otros recursos minerales procedentes de zonas de conflicto armado cuya venta financia el suministro de armas y contribuye a que se cometan abusos contra los derechos humanos;

· el respaldo a los esfuerzos destinados a hacer que las fuerzas policiales de todo el mundo sean más responsables y reciban una mejor formación para respetar los derechos humanos.

Amnistía Internacional y otros subrayaron el hecho de que los gobiernos de siete de los Estados del G8 —Estados Unidos, la Federación Rusa, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Canadá— no regulan las transferencias de armas que contribuyen a que se cometan abusos graves contra los derechos humanos en los países en desarrollo, y concretamente en África.

En respuesta, el G8 propuso «apoyar los esfuerzos de los países africanos y de las Naciones Unidas para regular mejor las actividades de los traficantes e intermediarios de armas y eliminar el flujo de armas ilícitas a África y su comercio dentro del continente». Estos esfuerzos consistirán en (a) «desarrollar y adoptar directrices comunes para impedir el suministro ilegal de armas a África», (b) «ofrecer ayuda a tal fin para la cooperación entre los países de la región» y (c) «apoyar los esfuerzos de África por acabar con el uso de las minas antipersonal y retirarlas».

El Plan de Acción para África de la Cumbre del G8 de 2002 no reconocía la responsabilidad de los propios gobiernos del G8 en la venta y transferencia de armas a países africanos, incluidas las que realizan vendedores, intermediarios y transportistas nacionales y residentes de los países del G8. En cambio, incluía un llamamiento a las naciones africanas para que regulasen las ventas lícitas de armas.«The Blame the Victim Summit», The Observer, 30 de junio de 2002.Aunque el G8 propuso unas directrices internacionales y la cooperación en las fronteras para abordar el sufrimiento y la destrucción masivas causadas por la proliferación y el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras en África, es palmario que estas medidas no son suficientes. En respuesta a las amenazas directas contra sus propios Estados, la Cumbre del G8 acordó una «asociación global para prevenir el acceso terrorista a armas de destrucción masiva» que incluía un conjunto de estrictos principios, varias medidas prácticas y un presupuesto de 20.000 millones de dólares estadounidenses para poner freno a las armas nucleares, químicas, radiológicas y biológicas. Sin embargo, no se ofreció una asociación similar a África para reducir las armas pequeñas y los artículos militares asociados.

Durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003, los gobiernos del G8 han participado en la OSCE y en el Acuerdo de Wassenaar, en el que también estaba representado Japón, para desarrollar «directrices de buena práctica» para la exportación y el control de armas pequeñas y ligeras. Estas directrices incluyen referencias a la necesidad de evitar las transferencias de armas que se emplearán para cometer violaciones de derechos humanos, pero no son vinculantes para los Estados participantes.Draft Best Practice Guide on Small Arms and Light Weapons (proyecto de guía de buena práctica sobre armas pequeñas y ligeras), de la OSCE, Viena, 9 de enero de 2003. También las Best Practice Guidelines for the Exports of Small Arms and Light Weapons (directricess sobre buena práctica para la exportación de armas pequeñas y ligeras), del Acuerdo de Wassenaar , adoptadas los días 11 y 12 de diciembre de 2002. El Acuerdo de Wassenaar incluye a la mayoría de los exportadores importantes del mundo de armas convencionales y bienes de «uso dual».

Lo que hace falta es un auténtico compromiso y la acción de cada uno de los gobiernos del G8 para promulgar nuevas y enérgicas leyes sobre control de armas, congruentes con las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que pongan fin a su complicidad en esta vergonzoso catálogo de fracasos.

Este texto resume un documento titulado Catálogo de fracasos: Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos (Índice AI: IOR 30/003/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar amplia documentación sobre éste y otros asuntos en el sitio web de Amnistía Internacional <http://www.amnesty.org> (en inglés), así como recibir comunicados de prensa por correo electrónico en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[NO PUBLICAR ANTES DEL 19 de mayo de 2003] Público

Amnistía Internacional

Catálogo de fracasos:

Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos

Índice AI: IOR 30/003/2003/s

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

1. Introducción 1

2. Estados Unidos de América 7

2.1 Ventas de armas y controles a la exportación 7

2.2 Exportaciones de material de seguridad 12

2.3 Instrucción militar y policial 13

2.4 Recomendaciones concretas 17

3. Federación Rusa 19

3.1 Introducción 19

3.2 La producción de armas 19

3.3 El control de la exportación de armas 20

3.4 Armas pequeñas 21

3.5 Armas grandes 22

3.6 Producción exterior bajo licencia 23

3.7 Armas por recursos naturales 24

3.8 Intermediarios, concesionarios y agentes afincados en el extranjero 25

3.9 Impacto sobre las violaciones de derechos humanos en Rusia 26

3.10 Recomendaciones concretas 27

4. Francia 28

4.1 Introducción 28

4.2 Producción y exportaciones 28

4.3 El control de las armas 29

4.4 Armas pequeñas y armas ligeras 30

4.5 Exportaciones de armas grandes 32

4.6 Material de seguridad 34

4.7 Licencias para la producción en el extranjero 35

4.8 Los intermediarios en el suministro de armas 36

4.9 La ayuda militar francesa 37

4.10 Recomendaciones concretas 38

5. Reino Unido 39

5.1 Introducción 39

5.2 Controles de la exportación de armas 40

5.3 El impacto de la «guerra antiterrorista» 41

5.4 Armas pequeñas y armas ligeras 42

5.5 Defectos en los sistemas de control 45

6. Alemania 51

6.1 Producción y comercio de armas 51

6.2 Controles de la exportación de armas 51

6.3 Exportaciones directas 52

6.4 Exportaciones indirectas 55

6.5 Material de seguridad 57

6.6 Intermediación y tráfico de armas 58

6.7 Recomendaciones concretas 59

7. Italia 60

7.1 Producción y comercio 60

7.2 Principios del control de la exportación de armas 60

7.3 Exportaciones de armas 61

7.4 La ley sobre exportación de armas 64

7.5 Intermediación y tráfico de armas 65

7.6 La campaña de las ONG italianas 66

7.7 Recomendaciones concretas 66

8. Canadá 67

8.1 Producción y comercio 67

8.2 El control de la exportación de armas 67

8.3 Comercio de armas indirecto 69

8.4 Armas pequeñas y armas ligeras 71

8.5 Exportaciones de tecnologías de «doble uso» 73

8.6 Recomendaciones concretas 75

9. Japón 76

9.1 Producción y comercio 76

9.2 Transferencias de tecnología avanzada 77

9.3 Producción bajo licencia en otros países 77

9.4 Armas pequeñas 78

9.5 Material electrónico 79

9.6 Material de seguridad 81

9.7 Recomendaciones concretas 81

10. Recomendaciones generales 82

10.1 Llamamiento a favor de un tratado internacional sobre el comercio de armas 82

10.2 Oposición a las armas de efectos indiscriminados 83

10.3 Frenar la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras 84

10.4 Material policial y de seguridad 85

Índice AI:IOR 30/003/2003/s Amnistía Internacional

Catálogo de fracasos:

Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos

1. Introducción

Amnistía Internacional se opone a la transferencia de material, tecnología y especialización militar, de seguridad y policial cuando quepa suponer razonablemente que contribuirán a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país receptor, y ha pedido en consecuencia a los gobiernos del G8 que respeten este principio que reconocen desde hace tiempo pero nunca han cumplido del todo.

Durante 25 años, la legislación de Estados Unidos ha estipulado que hay que mantener las armas alejadas de los gobiernos que las emplean para cometer abusos contra los derechos humanos. Pero las ventas comerciales de armas de Estados Unidos han tenido muchas veces el efecto contrario. Entre los años 2000 y 2001, las ventas de armas de Estados Unidos a países en desarrollo se han cuadruplicado, y las fuerzas de muchos de estos países persisten en cometer abusos. Además, actualmente Estados Unidos envía ayuda militar a más de 30 países que, según afirma el propio Estados Unidos, tienen un historial de derechos humanos «deficiente» o peor.

¿Quién armó a Irak?

A la sombra de los masivos preparativos militares encabezados por Estados Unidos contra Irak de finales de 2002 y principios de 2003, surgieron pruebas de que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como varios Estados de Europa Oriental, habían suministrado armas y material afín al gobierno de Irak.

Antes de la Guerra del Golfo de 1991, al menos 20 países fueron acusados de estar implicados en el desarrollo de la base tecnológica de diferentes programas de armas iraquíes, y concretamente del programa de armas químicas.Cordesman, A. H., Weapons of Mass Destruction in the Middle East(Brassey’s: Londres, 1991), pp. 64–65.En diciembre de 2002, el gobierno iraquí entregó a la ONU un expediente de 12.000 páginas en el que figuraban los nombres de empresas británicas, francesas, rusas, estadounidenses y chinas como proveedores de tecnología armamentística a Irak. Sin embargo, hasta la fecha de redactarse este documento no había aparecido ninguna prueba concluyente de que Irak poseyera armas de destrucción masiva.

Diecisiete empresas británicas citadas como proveedores a Irak de tecnología armamentística nuclear, biológica, química, de misiles y convencional serán sometidas a investigación y podrían ser enjuiciadas. Según el expediente, 24 firmas estadounidenses vendieron a Irak armas que incluían tecnología nuclear y de misiles, y alrededor de «50 subsidiarias de empresas extranjeras hicieron sus negocios de armas con Irak desde Estados Unidos». Alemania aparecía como el mayor socio de Irak en el comercio de armas, con 80 empresas que vendieron tecnología armamentística a este país. Aunque la mayor parte del comercio finalizó en 1991, con el estallido de la Guerra del Golfo, Rusia, China y, según los informes, Portugal, vendieron armas a Irak después de 1991, contraviniendo las resoluciones de la ONU.«Revealed: 17 British Firms Armed Saddam with his Weapons», The Sunday Herald, 23 de febrero de 2003; «Portugal sold arms to Iraq in violation of UN embargo: report», Agence France Presse, 27 de febrero de 2003. Según los informes, la ONU afirmó que la divulgación de los nombres de las empresas sería contraproducente.

En agosto de 1991, los inspectores de armas de la UNSCOM (órgano de la ONU) elaboraron una lista de empresas que habían proporcionado tecnología a los programas de armas químicas y biológicas de Irak. La lista no se hizo pública, pero los gobiernos pueden obtener información sobre la implicación de las empresas de su país mediante una solicitud especial a la ONU.«Made in the USA»,LA Weekly, 21-27 de marzo de 2003.Los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China deben divulgar la lista de empresas que suministraron tecnología a los programas de armas químicas, biológicas y de otra índole de Irak.

Algunas empresas alemanas han sido sometidas a investigaciones penales por presunta infracción del embargo de armas contra Irak. El Reino Unido y Estados Unidos han sido acusados de apoyar el programa de armas químicas y biológicas de Irak mediante la venta de productos químicos y de tecnología.

«Las empresas británicas vendieron miles de kilos de ingredientes básicos de gas nervioso y de gas mostaza a Irak e Irán el año pasado, confirmó ayer el Ministerio de Comercio [...] Las cifras del Ministerio muestran que se han exportado a Irak 2.000 kilos de difluoruro de metilfosfonilo. Este es el ingrediente básico del gas nervioso sarín [...] Empresas británicas vendieron asimismo 38.000 kilos de metilfosfonato de dimetilo y otros ingredientes del sarín a Irak.» Andrew Beitch, The Guardian, 6 de abril de 1984.

Se calcula que cuatro años después de la publicación de este artículo, en marzo de 1988, 5.000 personas fueron asesinadas deliberadamente y miles resultaron heridas como consecuencia de los ataques con armas químicas realizados por las fuerzas iraquíes contra la ciudad de Halabja, en el norte de Irak. La mayoría de las víctimas eran civiles, muchas de ellas mujeres y niños.

Según los informes, las armas convencionales suministradas por muchos Estados a las fuerzas armadas iraquíes, como artillería, tanques, vehículos militares, y aviones y helicópteros de combate, han sido utilizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos.

Por ejemplo, los informes indican que en abril de 1999 hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad cuando éstas intentaron impedir que los musulmanes chiíes tomaran parte en las oraciones del viernes en la mezquita de Al Hikma, en Ciudad Sadam, en Bagdad. Al parecer, los enfrentamientos se saldaron con la muerte de decenas de manifestantes. Un testigo presencial declaró a Amnistía Internacional que «cuando se impidió a la gente participar en las oraciones empezaron a gritar consignas contra las autoridades. Algunos manifestantes iban armados y comenzaron a disparar contra las fuerzas de seguridad, pero éstas usaron tanques contra la población y mataron a muchas personas, niños incluidos.»Iraq – Systematic Torture of Political Prisoners(Índice AI: MDE 14/008/2001).

En 1994 las fuerzas militares y especiales iraquíes seguían lanzando ataques armados deliberados e indiscriminados contra objetivos civiles, incluidos los asentamientos de Al Jibayesh, Al ‛Uwaili y Al Saigal, en la regi¾n de marismas del sur de Irak, donde la mayorÝa de la poblaci¾n es chiÝ. Decenas de familias se vieron obligadas a desplazarse tras la destrucci¾n de sus casas o para huir de los bombardeos de la artillerÝa.Informe 1995de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1995/s).En febrero de 1992, el presidente Sadam Husein había declarado que los musulmanes chiíes que habían participado en la rebelión de marzo de 1991 debían ser ametrallados por traición.Informe 1993de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1993/s).

Además de los suministros procedentes de los países citados, y pese al embargo de la ONU, se han introducido de contrabando desde Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas piezas de recambio para el ejército iraquí. Aunque estas transferencias habrían sido ilícitas con arreglo al derecho internacional, parece que en muchos casos las ventas de armas fueron autorizadas por agencias gubernamentales o realizadas por agencias de exportación de armas de propiedad estatal.«Iraq Seeks Ukraine Arms Links», Financial Times, 9 de julio de 2002. Dos días después, AP informó de que el parlamento ucraniano había creado una comisión para investigar los informes según los cuales funcionarios del gobierno participaban en ventas de armas a Irak, violando las sanciones de la ONU.

La facilidad con que empresas, vendedores e intermediarios —a menudo con la connivencia de funcionarios del Estado— han violado los embargos de armas de la ONU pone de relieve la necesidad de un tratado mundial sobre comercio de armas con controles sobre la exportación que puedan hacerse cumplir legalmente a nivel nacional.

Los mercados, las conexiones de los transportes y las redes de comunicación cada vez más globalizados ofrecen oportunidades para que los traficantes de armas burlen los controles nacionales sobre armas y material de seguridad. Desde el genocidio de Ruanda de 1994, las investigaciones de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violación de embargos de armas impuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU han mostrado, a menudo con todo lujo de detalles, cómo las redes internacionales de intermediarios y traficantes de armas alimentan las crisis de derechos humanos. Sólo si los Estados poderosos imponen un control extraterritorial y transparente sobre la intermediación y el tráfico de armas se podrá regular debidamente el comercio de armas y poner fin al tipo de acuerdos de «tercer país» que se traducen en transferencias de armas que contribuyen a la comisión de abusos graves contra los derechos humanos. Estados Unidos dispone de una ley extraterritorial sobre intermediarios en las transferencias de armas que, aunque se aplica de forma imperfecta y es debilitada en operaciones encubiertas de contrabando de armas realizadas por agencias del gobierno estadounidense, sí parece servir para disuadir a los ciudadanos de Estados Unidos de traficar con armas en el extranjero. Pero Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido ni siquiera tienen leyes de este tipo.Algunos otros países europeos están introduciendo controles con poderes extraterritoriales mucho mayores. Suecia, Noruega y los Países Bajos ya tienen dichos poderes. Finlandia y Polonia han introducido controles, y Bélgica está estudiando la posibilidad de imponerlos.

En julio de 2001, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia se aliaron con el de China y con algunos miembros del Movimiento de Países No Alineados para debilitar de forma significativa el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, de la ONU. En concreto, se opusieron a la inclusión de cláusulas explícitas sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales internacionales humanitarias y en materia de derechos humanos en relación con el control de la exportación de armas.Véase el documento de la ONU A/Conf.192/15. No obstante, los gobiernos sí acordaron en el Programa de la ONU «evaluar las solicitudes de autorización de exportación de conformidad con reglas y procedimientos nacionales rigurosos que abarquen todas las armas pequeñas y ligeras y sean compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional pertinente, teniendo en cuenta, en particular, el riesgo de que esas armas se desvíen al tráfico ilícito.»Véase ibídem, párrafo 11 de la sección II. En enero de 2003, el gobierno del Reino Unido organizó una conferencia internacional en Lancaster House, Londres, en la que participaron 50 representantes gubernamentales para debatir medidas encaminadas a aplicar este párrafo y otros afines del Programa de Acción de la ONU. Pero, ¿cumplirán esta promesa los gobiernos del G8?

'eda Internacional formuló peticiones en tres áreas en las que una acción valiente y decisiva de los líderes del G8 podía tener enorme repercusión:

· el control del comercio internacional de armas;

· el respaldo a los esfuerzos destinados a hacer que las fuerzas policiales de todo el mundo sean más responsables y reciban una mejor formación para respetar los derechos humanos.

El Plan de Acción para África de la Cumbre del G8 de 2002 no reconocía la responsabilidad de los propios gobiernos del G8 en la venta y transferencia de armas a países africanos, incluidas las que realizan vendedores, intermediarios y transportistas nacionales y residentes de los países del G8. En cambio, incluía un llamamiento a las naciones africanas para que regulasen las ventas lícitas de armas.«The Blame the Victim Summit», The Observer, 30 de junio de 2002.Aunque el G8 propuso unas directrices internacionales y la cooperación en las fronteras para abordar el sufrimiento y la destrucción masivas causadas por la proliferación y el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras en África, es palmario que estas medidas no son suficientes. En respuesta a las amenazas directas contra sus propios Estados, la Cumbre del G8 acordó una «asociación global para prevenir el acceso terrorista a armas de destrucción masiva» que incluía un conjunto de duros principios, varias medidas prácticas y un presupuesto de 20.000 millones de dólares estadounidenses para poner freno a las armas nucleares, químicas, radiológicas y biológicas. Sin embargo, no se ofreció una asociación similar a África para reducir las armas pequeñas y los artículos militares asociados.

Durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003, los gobiernos del G8 han participado en la OSCE y en el Acuerdo de Wassenaar, en el que también estaba representado Japón, para desarrollar «directrices de buena práctica» para la exportación y el control de armas pequeñas y ligeras. Estas directrices incluyen referencias a la necesidad de evitar las transferencias de armas que se emplearán para cometer violaciones de derechos humanos, pero no son vinculantes para los Estados participantes.Proyecto de Guía de Buena Práctica sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras(Draft Best Practice Guide on Small Arms and Light Weapons), de la OSCE, Viena, 9 de enero de 2003. También las Directrices de Buena Práctica para las Exportaciones de Armas Pequeñas y Armas Ligeras (Best Practice Guidelines for the Exports of Small Arms and Light Weapons), del Acuerdo de Wassenaar, adoptadas los días 11 y 12 de diciembre de 2002. El Acuerdo de Wassenaar incluye a la mayoría de los exportadores importantes del mundo de armas convencionales y bienes de «doble uso».

2. Estados Unidos de América

2.1 Ventas de armas y controles a la exportación

Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo. En 2001 se firmaron contratos de ventas de armas nuevas (no excedentarias) por valor de más de 12.000 millones de dólares, y se hicieron entregas por valor de casi 10.000 millones de dólares.Richard F. Grimmett, «Conventional Arms Transfer to Developing Nations, 1994-2001», U.S. Congressional Research Service, agosto de 2002, página 9. Estados Unidos tiene dos sistemas distintos para las ventas de armas al exterior: un programa de ventas de gobierno a gobierno (Exportaciones Militares) y las ventas comerciales con licencia. Algunas de estas ventas están subvencionadas por un programa especial de financiación conocido con el nombre de Financiación de Fuerzas Armadas Extranjeras.Además, se ofrecen productos militares excedentes por medio de un programa conocido como Excedentes de Artículos de Defensa, así como a través de la utilización de las reservas existentes. Los datos divulgados por Estados Unidos en junio de 2002 indican que aunque las ventas negociadas por medio del Pentágono disminuyeron entre 2000 y 2001, durante ese mismo periodo las ventas comerciales invirtieron la tendencia bajista de los dos años anteriores y casi se duplicaron y, lo que es significativo, las ventas comerciales de Estados Unidos a países en desarrollo se cuadruplicaron.Grimmett, ibídem, p. 21.

Pese a la debilidad de la economía mundial, las tendencias bien podrían mostrar un incremento del total de las ventas de armas estadounidenses cuando se recaban los datos para 2002. El presupuesto destinado a financiar exportaciones militares pasó de 3.570 millones de dólares en el ejercicio de 2001 a 4.110 millones para el ejercicio de 2003.Gabelnick, Tamar, «Security Assistance After Sept 11», Foreign Policy in Focus, Vol. 7, Núm. 4 –mayo de 2002 y US Office of Management and Budget, «Summary and Highlights: International Affairs Function 150 Fiscal Year 2004 Budget Request» y Gabelnick, Tamar «Security Assistance after Sept 11». La información sobre 2003 procede de la solicitud de 2004 de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Una petición complementaria para las partidas de defensa del ejercicio de 2002 (que se debatió junto con el presupuesto para el ejercicio de 2003) incluía otros 372,5 millones de dólares para la financiación de fuerzas armadas en materia antiterrorista de varios países, entre ellos Omán, Nepal, Etiopía y Yibuti.Gabelnick, Tamar, «Security Assistance After Sept 11», Foreign Policy in Focus, Vol. 7, Núm. 4 –mayo de 2002.También ha aumentado la ayuda militar estadounidense destinada a Colombia, Filipinas, Georgia e Indonesia, que han redefinido la insurgencia que los aqueja desde hace mucho tiempo como actividades «terroristas».Gabelnick, Tamar, «The United States is Still #1 in Arms Sales», agosto de 2002,

<http://www.commondreams.org>.Filipinas ha recibido 30.000 rifles M-16 (más munición) de las reservas de equipo excedente de Estados Unidos.<http://fas.org/terrorism/at/docs/Aid&Humanrights.html>.

Israel

El gobierno de Estados Unidos ha seguido vendiendo sofisticadas armas a Israel

—incluidos 52 cazas F-16 y seis helicópteros de ataque Apache en 2001— a pesar de que estas armas facilitan el uso desproporcionado de la fuerza y propician violaciones de derechos humanos.Gabelnick, Tamar, «The United States is Still #1 in Arms Sales», agosto de 2002.El 9 de abril de 2003, testigos presenciales informaron de que helicópteros de ataque Apache y aviones F-16 israelíes sobrevolaron la ciudad de Gaza. Los helicópteros dispararon un misil contra un automóvil palestino; aparentemente, el proyectil no explosionó, por lo que lanzaron otro contra el mismo vehículo, que provocó la muerte de dos personas. Según testigos presenciales, «después del ataque, decenas de residentes de la zona salieron a averiguar qué había pasado y ver si podían ayudar en algo, cuando los helicópteros regresaron y lanzaron otros dos misiles contra la multitud». Este segundo ataque causó la muerte de cinco palestinos, dos niños entre ellos: Ahmad Hamsa Al-Ashraf, de 13 años, y Sami Hasan Qassem, de 16, ambos del barrio de Zeitouna. Según médicos de la ciudad, los cinco cadáveres estaban acribillados de la metralla de los misiles. En el ataque resultaron heridos 47 palestinos, cinco de los cuales requirieron cuidados intensivos.Palestine Monitor, 9 de abril de 2003; AFP, «Israel defends missile attacks», 9 de abril de 2003.

En 2002, Amnistía Internacional pidió a todos los gobiernos que suspendieran todas las transferencias de material militar que utilizaba la Fuerza de Defensa Israelí para cometer violaciones de derechos humanos.Crónica del comercio del terror núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002.Esto abarca componentes y armas como aviones de combate, helicópteros, tanques, armas pequeñas, armas ligeras y munición, incluidos cohetes aire-tierra. La suspensión debe permanecer en vigor hasta que las autoridades israelíes demuestren que no se utilizará el material para cometer violaciones de derechos humanos en Israel y los Territorios Ocupados.

Este año, el gobierno de Bush ha pedido la aprobación de 4.410 millones de dólares para financiar exportaciones militares, dentro del presupuesto del ejercicio de 2004.«Summary and Highlights: International Affairs Function 150 Fiscal Year 2004 Budget Request», 161.Los fondos solicitados incluyen un aumento de 60 millones de dólares para la ayuda militar a Israel; 15 millones para Yemen, en conjunción con la Guerra Global Contra el Terrorismo; 10 millones para Nepal, destinados a la lucha contra la insurgencia, y 110 millones para Colombia, para apoyar los esfuerzos antiterroristas y proteger el oleoducto de Caño Limón, propiedad en parte de Occidental Petroleum.US OBM, «Summary and Highlights: International Affairs Function 150 Fiscal Year 2004 Budget Request», páginas 36-37.Un proyecto de ley de asignaciones complementarias para cubrir el coste de la guerra de Irak incluye 1.000 millones de dólares adicionales en financiación de equipos militares, más otros 1.060 millones de dólares que se repartirán entre 18 pequeños países aliados, como Jordania, Pakistán, Afganistán y Colombia.

En teoría, durante 25 años las leyes estadounidenses han tratado de mantener las armas alejadas de las manos de gobiernos que las emplearán para cometer abusos contra los derechos humanos. En 1978, el Congreso instituyó la prohibición, basada en principios, de transferir armas a gobiernos que intervienen en una constante sistemática de violaciones graves de derechos humanos. En 1996 estableció nuevas normas estrictas sobre las actividades de intermediación en el comercio de armas,En aplicación de la sección 38 de la Ley de Exportación de Armas de 1976, modificada (título 22, Código de Estados Unidos, S 2778). Véase L. Lumpe, «US Policy on Small/Light Arms Exports», Federation of American Scientists, diciembre de 1997.y la transferencia no autorizada de armas a un tercer país está asimismo prohibida.L. Lumpe y J. Donarski, The Arms Trade Revealed: A Guide for Investigators and Activists, p. 32.En la actualidad, Estados Unidos observa más de 20 embargos de armas y, en 1999, el Congreso aprobó un Código de Conducta sobre Exportación Internacional de Armas que exige que la administración persiga un acuerdo multilateral sobre normas uniformes y estrictas sobre exportación. Este proyecto de ley incluye también disposiciones que exigen que el Departamento de Estado incluya en su informe anual sobre derechos humanos datos sobre el cumplimiento por los Estados de los criterios estipulados en el Código.<http://www.fas.org/asmp/campaigns/code/uscodecon.html>.Aunque muchas de estas medidas tienen importantes lagunas que han impedido su aplicación o limitado su eficacia, sí ofrecen un marco legal que limita las transferencias de armas que ponen en peligro los derechos humanos.

Sin embargo, a lo largo del año pasado hubo varias iniciativas inquietantes destinadas a debilitar o no aplicar varias de las estipulaciones que limitan la venta de armas a países que tienen un historial deficiente en materia de derechos humanos. En marzo de 2002, el gobierno introdujo un proyecto de ley complementario de emergencia sobre la autorización de la defensa con el que pretendía levantar las restricciones relativas a los derechos humanos impuestas a Colombia e Indonesia, pese a que persistían los abusos contra estos derechos a manos de quienes utilizan armas suministradas por el Estado. Por medio de la denominada financiación «antiterrorista», el gobierno de Estados Unidos intentó ampliar el derecho de Indonesia a recibir formación militar y policial, y pidió apoyo directo a las operaciones de Colombia contra rebeldes armados.Gabelnick, «New Supplemental Bill Will Make the World Safe for Oil, but Not Safe for Us», Foreign Policy in Focus, 18 de junio de 2002.

Colombia

Las fuerzas armadas colombianas vienen siendo un receptor relativamente importante de rifles militares y ametralladoras de Estados Unidos, pese a la elevada probabilidad de que estas armas se sigan utilizando para facilitar violaciones de derechos humanos. Durante 2001, más de 4.000 civiles colombianos perdieron la vida por motivos políticos. La mayoría de estos homicidios fueron obra de los grupos paramilitares que actúan con el apoyo activo o tácito de las fuerzas armadas colombianas.Informe 2002de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s).En abril de 2001, los paramilitares mataron a unos 40 campesinos junto al río Naya, que discurre entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Al parecer, los paramilitares entraron en la zona inmediatamente después de salier de ella los destacamentos de la III Brigada del ejército colombiano, lo que indica una gran coordinación entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad colombianas.Se calcula que los agentes estatales y sus aliados paramilitares son responsables de aproximadamente el 84% de los homicidios cometidos fuera de situaciones de combate y de las «desapariciones». Mientras alrededor del 4,5% son obra directa de agentes estatales, casi el 80% son cometidos por fuerzas paramilitares que actúan con la aquiescencia o el apoyo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas paramilitares siguen siendo parte intrínseca de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas y, por tanto, pueden contar con el respaldo de las fuerzas de seguridad. Colombia: Documento informativo y manual para proseguir con las actividades de campaña sobre Colombia (Índice AI: AMR 23/082/01/s). Los paramilitares pudieron cometer la matanza pese a la fuerte militarización de la zona y a que las autoridades habían sido alertadas en reiteradas ocasiones de un inminente ataque paramilitar.Colombia: Temor por la seguridad. Población civil de las comunidades rurales del municipio de Buenaventura(Índice AI: AMR 23/045/2001/s).

La asistencia militar estadounidense ha incluido ayuda destinada a la Infantería de Marina colombiana. En febrero de 2000, los paramilitares masacraron a los habitantes del municipio de El Salado, departamento de Bolívar, durante varios días, mientras las unidades militares adscritas a la Primera Brigada de la Infantería de Marina no sólo no intervinieron para impedirlo, sino que, según informes, levantaron un control de carretera para impedir que las organizaciones humanitarias llegasen al pueblo. Según la información recibida por Amnistía Internacional, 200 pistoleros paramilitares asaltaron El Salado y mataron a 36 personas, entre ellas un niño de seis años. A muchas víctimas las ataron a una mesa en el campo de deportes del pueblo y les infligieron torturas, incluida la violación sexual, antes de matarlas a cuchilladas o a tiros.Colombia: Documento informativo y manual para proseguir con las actividades de campaña sobre Colombia, agosto de 2001 (Índice AI: AMR 23/082/01/s).

Durante este último año no se han aplicado las restricciones que se impusieron al suministro de armas a Pakistán después de las pruebas realizadas por este país con bombas nucleares en 1998,<http://www.pmdtc.org/IndiaPakistan.htm>.y la ayuda en materia de seguridad ha aumentado sustancialmente, pasando de los 3,5 millones de dólares del ejercicio del año 2001 a la actual autorización de cerca de 1.300 millones.Transcripción de una mesa redonda sobre transferencias de armas a la India y Pakistán, celebrada el 28 de enero de 2003 en Washington DC, Rachel Stohl.A los defensores de los derechos humanos les preocupa también la revisión de la política comercial de defensa que está llevando a cabo el gobierno de Bush. La información disponible indica que el gobierno está estudiando la posibilidad de introducir cambios en la política que suavizarían los controles sobre las exportaciones de defensa a aliados clave y podrían limitar la supervisión del Congreso del comercio de armas. Dado que la fuerza de estos controles sobre las exportaciones a aliados varía de forma considerable, estos cambios podrían abrir nuevas vías para la desviación de tecnología y armas estadounidenses.De las recomendaciones sobre la Ley de Ayuda en Materia de Seguridad recogidas por el Grupo de Trabajo sobre Transferencia de Armas, marzo de 2003. Véase también <http://www.cdi.org/issues/armstrade/exportcontrol.cfm>.

Uzbekistán

En 2003, Uzbekistán recibió un aumento del 258 por ciento de los fondos disponibles para adquirir material militar a proveedores estadounidenses. Estados Unidos proporciona 25 millones de dólares para asistencia militar y 18 millones para «asistencia en seguridad de fronteras» para Uzbekistán, calificado ahora como «uno de nuestros más destacados socios en la lucha contra el terrorismo».United States Government, «Uzbekistan Military Assistance» y «Uzbekistan Exchanges and Law Enforcement Assistance», US Government, sin fecha, 2002.Los 25 millones de dólares, procedentes del programa de Financiación de Fuerzas Armadas Extranjeras, están destinados a material «letal y no letal», que incluye equipos de comunicaciones, mejoras de aeródromos y formación, así como uniformes, material y formación sobre contrainsurgencia para las Fuerzas Especiales uzbekas. Abarca también helicópteros y aviones, algunos arrendados a Ucrania, para patrullas fronterizas. A cambio, Estados Unidos puede mantener sus bases militares en Uzbekistán.

Estados Unidos ha ofrecido también otro millón de dólares para asistencia policial, para crear una unidad antinarcóticos que ponga freno al tráfico de heroína y otras drogas procedentes de Afganistán, un comercio que, según dice, ayuda a financiar la actividad terrorista.

Pero al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha señalado la situación «insatisfactoria» de los derechos humanos en Uzbekistán, acusando al gobierno uzbeko de utilizar las preocupaciones relativas a la actividad terrorista para «tomar medidas enérgicas en general» contra los grupos de la oposición política y los activistas de derechos humanos. «Hay informes regulares de violaciones de derechos humanos cometidas por organismos encargados de hacer cumplir la ley», afirma. Amnistía Internacional ha tomado nota asimismo de los informes «que no disminuyen» sobre malos tratos y torturas cometidos por funcionarios uzbekos encargados de hacer cumplir la ley contra presuntos simpatizantes de partidos y movimientos islamistas de oposición prohibidos.Ibíd. Véase también el Informe 2002de Amnistía Internacional, p. 442. Amnistía Internacional recibió durante todo el año 2001 denuncias de que en los centros de reclusión, los presos musulmanes piadosos eran objeto de tratos especialmente crueles, inhumanos o degradantes. Según familiares y ex presos, a su llegada a los campos penitenciarios, estos presos eran separados de los demás y obligados a correr entre dos filas de guardias que los golpeaban con porras. También hubo denuncias según las cuales los presos musulmanes piadosos fueron sometidos a palizas, humillaciones, trabajo forzoso y violaciones por parte de otros presos, con la complicidad de las autoridades penitenciarias.

Kirguistán, Kazajistán, Georgia, Kenia y Etiopía se han beneficiado también de importantes aumentos en sus asignaciones de gastos militares estadounidenses, y no se aplicaron las restricciones a la asistencia militar impuestas a Armenia y Azerbaiyán.<http://fas.org/terrorism/at/docs/Aid&Humanrights.html>.Las peticiones presupuestarias para el próximo ejercicio (2004) incluyen aumentos sustanciales para Kenia, la República Kirguís y Uzbekistán, así como 60 millones de dólares adicionales para Israel, pese a la reciente afirmación del Departamento de Estado estadounidense de que se habían utilizado helicópteros, aviones de combate, misiles antitanque y flechillas para cometer abusos contra los derechos humanos.Del comunicado de prensa de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional de 18 de marzo de 2003, en el que se citan los informes de países sobre prácticas en materia de derechos humanos para 2002 del Departamento de Estado.

parBombas de racimo empleadas en Irak

Aunque las autoridades estadounidenses y británicas afirmaron que harían todo lo posible para proteger al pueblo iraquí, los informes indican que en Irak han perdido la vida cientos de civiles. Algunos fueron víctimas de las bombas de racimo; otros murieron en ataques producidos en circunstancias no aclaradas.

Las escenas que se vieron en el hospital de Al Hilla el 1 de abril de 2003 mostraban que algo terrible había ocurrido. Los cuerpos de los hombres, mujeres y niños llevados al hospital estaban llenos de fragmentos de metralla de las bombas de racimo. Los heridos contaron a los periodistas cómo los explosivos caían «como uvas» del cielo y cómo las pequeñas bombas rebotaban y entraban por las ventanas y las puertas de las casas y después explotaban. Un médico del centro hospitalario declaró que casi todos los pacientes parecían víctimas de bombas de racimo.

Según los informes, algunas de las bombas de racimo que lanzaron las fuerzas estadounidenses sobre una zona civil de Al Hilla eran del tipo BLU97 A. Cada cilindro contiene 202 pequeñas bombas del tamaño de una lata de refresco que se esparcen sobre una extensa superficie, equivalente a la de dos campos de fútbol aproximadamente. Al menos el 5% de las bombas no explotan tras hacer impacto, lo que las convierte en minas antipersonal de hecho, pues siguen siendo una amenaza para las personas, incluidas civiles, que entran en contacto con ellas. Esta es la misma arma lanzada desde el aire que causó graves problemas humanitarios en Afganistán y Kosovo.

Los informes indican que también se filmaron y se vieron bombas BLU61, de color verde oscuro y gris y forma de balón, en los alrededores de Al Hilla, Nayaf y Bagdad. Además, las fuerzas estadounidenses lanzaron salvas de M77 con un sistema lanzador múltiple de cohetes, cada una de las cuales contenía 644 submuniciones de racimo que se esparcieron sobre una superficie de entre 100 y 200 metros.

Tras un informe del Centro de Política sobre la Violencia, de Estados Unidos, en el que se denunciaba la venta de rifles de francotirador de largo alcance calibre 0,50 a Osama Bin Laden, el Departamento de Estado estadounidense ha decidido recientemente suspender la exportación comercial de estos rifles de gran potencia con capacidad para perforar vehículos blindados y derribar aviones. El Departamento de Estado ya había aprobado la exportación de 75 de estas armas este año, aunque sólo se habían entregado 16 antes de la decisión de suspender las ventas.<http://www.fas.org/terrorism/at/index.html>.

Afganistán

En julio de 2002, Estados Unidos había derrotado militarmente a las fuerzas talibanes y de Al Qaeda y observaba un embargo de la ONU sobre la venta de armas a Afganistán acordado en diciembre de 2000, salvo las destinadas al nuevo gobierno afgano y a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.

Hay que recordar que, según sus funcionarios, entre 1979 y 1989, la Agencia Central de Información estadounidense (CIA) entregó armas ligeras por valor de más de 2.000 millones de dólares a grupos muyahidín afganos que luchaban contra la invasión soviética. Gran parte de los envíos se encauzaron a través de los Servicios de Información pakistaníes. Esta ayuda estadounidense continuó enviándose abiertamente hasta 1991, pese a que los combatientes muyahidín mataron de forma deliberada y arbitraria a miles de civiles afganos y fueron también responsables de palizas, secuestros y violaciones generalizados. Otras potencias externas, como Irán y China, suministraron asimismo municiones a los grupos muyahidín, que capturaron armas de la antigua Unión Soviética. Según los informes, a finales de 2001, los mercados de armas de las ciudades y pueblos de la frontera afgana con Pakistán e Irán controlados por los talibanes seguían teniendo una gran actividad, y entre las armas había misiles estadounidenses y de otros países y Kalashnikovs fabricados con licencia en China y Egipto.

En 2002 se supo que Gulbuddin Hekmatyar, ex primer ministro afgano (1992-1995) cuya facción había recibido una considerable asistencia de Estados Unidos, está actualmente en una lista estadounidense de terroristas vinculados a Al Qaeda.

2.2 Exportaciones de material de seguridad

Algunas empresas estadounidenses están implicadas en la venta de dispositivos que se prestan con facilidad a ser utilizados en torturas o malos tratos, como pistolas y cinturones paralizantes de electrochoque, grillos con pernos y esposas para pulgares. Hay muchos otros casos de empresas estadounidenses que producen material destinado a la seguridad y al control de la delincuencia, pero que en realidad se prestan fácilmente para infligir torturas. Ciertas empresas estadounidenses han facilitado este material a fuerzas de seguridad extranjeras de las que se sabe que abusan de dispositivos legítimos para torturar. Amnistía Internacional ha reunido en la última década listas de más de 80 empresas estadounidenses implicadas en la fabricación, comercialización y exportación de armas y otro material que pueden emplearse para torturar.

En Rusia, por ejemplo, los informes indican que, en julio de 2002, a Andrei Osenchugov, de 16 años, sometieron a palizas, flagelación y a descargas eléctricas durante tres días para obligarlo a confesarse culpable de un robo que según dice no cometió. Entre 1999 y 2001, el Departamento de Comercio aprobó licencias para la venta a Rusia de armas de descarga (como pistolas paralizantes y porras eléctricas) por valor de más de 4 millones de dólares. Entre 2000 y 2001, el Departamento de Comercio aprobó licencias para la exportación desde Estados Unidos de dispositivos restrictivos por valor de más de 15 millones de dólares, armas de descarga por valor de 30 millones y material para control de la delincuencia por valor de 185 millones.

Los cambios introducidos recientemente en las leyes y los reglamentos administrativos que regulan la exportación de este tipo de material tienen como fin reducir las posibilidades de que se empleen para la tortura y los malos tratos. La política vigente limita ya la exportación de artículos para el control de la delincuencia basándose en un amplio abanico de preocupaciones relativas a los derechos humanos,<www.bxa.doc.gov/PRESS2001/ForeignPolicyReport/Chapter2.html>.y una norma provisional dictada por el Departamento de Comercio en septiembre de 2000 mejoró significativamente la regulación del material para el control de la delincuencia que podría emplearse en torturas, al exigir la licencia de exportación e informes desglosados para los dispositivos de descarga eléctrica y restrictivos. En el último periodo de sesiones del Congreso (2002), el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó la Enmienda Lantos-Hyde. Propuesta por los representantes Tom Lantos (demócrata por California) y Henry Hyde (republicano por Illinois), la enmienda limita la exportación de material para el control de la delincuencia cuando el gobierno extranjero haya participado reiteradamente en actos de tortura. También restringe las exportaciones de material que Amnistía Internacional considera cruel, inhumano o degradante por su propia naturaleza, como las empulgueras, los guantes lastrados y los cinturones paralizantes de electrochoque.AIUSA Briefing on US Export Controls on Equipment Used for Torture, 2002.

2.3 Instrucción militar y policial

El gobierno de Estados Unidos imparte todos los años instrucción sobre doctrina militar y policial estadounidense, así como sobre técnicas de combate, a más de 100.000 policías y soldados extranjeros procedentes de más de 150 países.Del resumen ejecutivo del informe de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional (AIUSA), Poder inigualable, principios incumplidos. El informe está basado en gran parte en las investigaciones realizadas por Lora Lumpe para la Sección.Durante la década de 1990, las actividades de una institución de instrucción militar estadounidense fueron sometidas a escrutinio público en Estados Unidos: la Escuela de las Américas, del ejército de Estados Unidos, ofrecía instrucción y formación a soldados latinoamericanos, algunos de los cuales después cometieron violaciones de derechos humanos, y en 1996 salieron a la luz manuales de instrucción que propugnaban la tortura, la extorsión, el secuestro y las ejecuciones. Nadie tuvo que rendir cuentas nunca por estos manuales ni por la conducta de los graduados en la Escuela, pero en 2001 ésta fue rebautizada «Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica» y se modificó su plan de estudios para incluir trabajos de curso sobre derechos humanos y derecho humanitario.

La Escuela de las Américas o Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica es muy conocida, pero no es más que una pequeña parte de una inmensa y compleja red de programas estadounidenses destinados a instruir a fuerzas militares y policiales de otros países. Algunos de estos programas de formación e instrucción se imparten en Estados Unidos, con fondos del propio gobierno extranjero o con préstamos y subvenciones estadounidenses. Además del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, existen alrededor de 275 escuelas e instalaciones militares en Estados Unidos que ofrecen más de 4.100 cursos. Estos programas forman a decenas de miles de alumnos, pero muchos más reciben formación estadounidense en su propio país, por medio de diversos programas, incluidos ejercicios militares. Las peticiones de fondos para el Programa de Educación y Formación Militar Internacional, uno de los diversos programas de formación militar para extranjeros de Estados Unidos, han aumentado a 91,7 millones de dólares para el presupuesto del ejercicio de 2004, lo que representa un incremento de casi el 60% desde 2001.Las cifras para 2002 (reales), 2003 (solicitadas) y 2004 (solicitadas) figuran en el presupuesto de asistencia militar para el ejercicio de 2004 presentado por la administración al Congreso en 2003. El presupuesto del Programa de Educación y Formación Militar Internacional para 2002 fue de 70 millones de dólares; la solicitud para 2003 fue de 80 millones, más el importe de un proyecto de ley de gastos complementarios que no se incluye aquí; y la solicitud para 2004 es de 91,7 millones. La cifra para 2001 es mencionada por Tamar Gabelnick en «New Supplemental Bill Will Make the World Safe for Oil, but Not Safe for Us», Foreign Policy in Focus,18 de junio de 2002.

Estados Unidos ha impuesto diversas restricciones al derecho a recibir formación militar, pero no siempre se aplican con rigor. Por ejemplo, debido a la preocupación del Congreso por la persistente situación de los derechos humanos en Guatemala, este país sólo puede recibir formación sobre medios no letales, impartida a través de un programa conocido como Programa Ampliado de Educación y Formación Militar Internacional. Sin embargo, según el último Informe sobre Formación de Fuerzas Armadas Extranjeras, de Estados Unidos, 95 militares del ejército guatemalteco recibieron instrucción en infantería ligera, que normalmente imparten las Fuerzas Especiales Estadounidenses.Del informe sobre formación militar estadounidense elaborado por J. Olson para la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, 2002. Cuando se le preguntó sobre esta aparente infracción de la política estadounidense sobre Guatemala, el entonces subsecretario de Estado estadounidense Otto Reich respondió que la formación que figuraba en el Informe sobre Formación de Fuerzas Armadas Extranjeras se había impartido a la policía guatemalteca, y no al ejército. Por otra parte, Estados Unidos aplazó el proyecto-programa de formación Jaguar Maya debido a «preocupaciones ante los informes sobre corrupción en el Departamento de Operativos Antinarcóticos guatemalteco con la Policía Civil Nacional y las amenazas contra los trabajadores de derechos humanos que están exhumando cuerpos de fosas comunes». La pregunta es por qué Estados Unidos impartió formación a la policía guatemalteca a cargo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, por una parte, y por otra, suspendió otro programa de formación para la misma fuerza policial. Además, la imposibilidad de acceder al volumen clasificado del Informe sobre Formación de Fuerzas Armadas Extranjeras impide saber si el ejército de Guatemala ha recibido formación en 2002.

2.3.1 Servicios militares privados

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha contratado o autorizado en numerosas ocasiones a asesores militares privados para que impartan formación a fuerzas policiales y tropas militares extranjeras. Según un detallado estudio, durante los años noventa, empresas estadounidenses impartieron instrucción a fuerzas armadas de más de 24 países. La lista incluye a Angola, Arabia Saudí, Bolivia, Bosnia, Colombia, Croacia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Ghana, Guinea Ecuatorial, Haití, Hungría, Kosovo, Liberia, Malawi, Malí, Nigeria, Perú, Ruanda, Senegal, Suecia, Taiwán y Uganda (fuerzas sudanesas).Deborah Avant, The Market for Force, capítulo 2 del manuscrito, libro de próxima publicación en 2003.

En muchos casos, los Departamentos de Defensa, Justicia o de Estado estadounidenses contratan empresas privadas para que pongan en práctica proyectos de formación concebidos por el gobierno. Por ejemplo, el Departamento de Estado estadounidense viene recurriendo a Military Professional Resources International (MPRI) y a Logicon para impartir formación en países incluidos en su Iniciativa de Respuesta a la Crisis en África. De modo similar, se están contratando con empresas privadas muchas misiones de formación relacionadas con la guerra contra el narcotráfico financiada por Estados Unidos.Las siguientes empresas impartieron formación a fuerzas armadas latinoamericanas en 1998: Flight Safety International, Systems Science Corporation, Beech Aircraft Corporation, Aeroservice Aviation, Aerodyne Machine y Allied-Signal Aerospace. Isacson and Olson, Just the Facts 1999-2000,pp. 168-169.

Cabe atribuir este aumento de la subcontratación de la formación por parte del gobierno estadounidense sobre todo al crecimiento global de la formación militar y policial que ha asumido Estados Unidos en la última década; las fuerzas estadounidenses no pueden llevar a cabo todas las misiones de formación que apoyan las diversas entidades de la administración estadounidense en todo el mundo. En cuanto a la oferta, las reducciones posteriores a la guerra fría del tamaño de las fuerzas militares estadounidenses desembocaron en un exceso de personal militar especializado en busca de trabajo. En los años noventa, las empresas militares profesionales de más antigüedad ampliaron su actividad y surgieron nuevas firmas para cubrir esta demanda. Las principales empresas que imparten formación a fuerzas armadas extranjeras son MPRI, Vinnell Corporation, Carlyle Group, BDM, Defense Forecasters International, DynCorp, Science Applications International Corporation, Texas Instruments y Booz-Allen & Hamilton.

Además de trabajar para el gobierno estadounidense en la realización de programas de formación, las empresas privadas firman contratos directamente con gobiernos extranjeros para impartir formación a fuerzas militares, de seguridad o policiales en programas independientes del gobierno estadounidense. Para ello, las empresas deben solicitar y obtener una licencia de exportación de la Oficina de Controles del Comercio de Defensa, del Departamento de Estado.Autorización legal prevista en la sección 38 de la Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas. Solicitan contratos de formación empresas que van desde Boeing a MPRI: Boeing para enseñar los sistemas armamentísticos que fabrica, y MPRI para instruir en tácticas y operaciones.

A veces la persistencia se ve recompensada. Según el New York Times, el Departamento de Estado se negó en dos ocasiones a conceder a MPRI autorización para trabajar con el gobierno de Guinea Ecuatorial debido a su deficiente historial en derechos humanos. Sin embargo, tras dos años de presión, la empresa recibió por fin permiso para ayudar a crear una guardia costera que protegiera las aguas costeras ricas en petróleo que exploraba Exxon Mobil. No obstante, el Departamento de Estado se mostró reacio a acceder a la petición de MPRI de ayudar a Guinea a desarrollar sus fuerzas policiales y militares.Leslie Wayne, «America’s For-Profit Secret Army», New York Times, 13 de octubre de 2002.

En 1975, Vinnell Corporation se convirtió en la primera empresa privada estadounidense que recibió autorización del Departamento de Estado para llevar a cabo un programa independiente de formación destinado a fuerzas de seguridad extranjeras, en este caso, la Guardia Nacional de Arabia Saudí.Kim Willenson con Nicholas Proffitt, «Persain Gulf: This Gun for Hire», Newsweek, 24 de febrero de 1975, p. 30. Ya se había contratado a empresas privadas para operaciones encubiertas de formación militar y policial en ocasiones anteriores, pero no a través del programa de ventas militares comerciales administrado por el Departamento de Estado.El último contrato de esta empresa con Arabia Saudí es para el periodo 1998-2003, y actualmente la firma cuenta con unos 1.400 empleados civiles en este país.Además, Science Applications International Corporation tiene un contrato para impartir formación a la Armada saudí; Booz-Allen & Hamilton gestiona la Escuela del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas saudíes y ayuda en la formación de la recién creada Infantería de Marina de Arabia Saudí; y el ministro de Defensa (príncipe Sultan) ha contratado los servicios de O’Gara Protective Services para que se encargue de la seguridad de la familia real. Brian Evans, del Grupo de Coordinación de Arabia Saudí de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, correspondencia electrónica, 19 de enero de 2000. Otras fuerzas militares y policiales extranjeras han contratado a empresas privadas estadounidenses para recibir formación. Según un reportaje publicado en la prensa a principios de 2000, DynCorp Inc. y MPRI estaban en aquel momento negociando contratos para proporcionar formación y apoyo logístico a fuerzas policiales y de contrainsurgencia colombianas; por su parte, al menos seis empresas estadounidenses se habían establecido en Latinoamérica, previendo nuevos y lucrativos contratos relacionados con el programa estadounidense de ayuda militar a Colombia, que contaba con un presupuesto de 1.600 millones de dólares.Tod Robberson, «Contractors Playing Increasing Role in US Drug War», Dallas Morning News, 27 de febrero de 2000. En relación con el uso de empresas privadas, el entonces «zar antidroga», Barry McCaffrey, declaró: «Soy un admirador incondicional de la subcontratación». Véase también Paul de la Garza y David Adams, «Military Aid…from the Private Sector», St. Petersburg Times, 2 de diciembre de 2000.

El grado de transparencia y rendición de cuentas públicas es significativamente mayor en los programas del gobierno estadounidense subcontratados a empresas privadas, como los de la Iniciativa de Respuesta a las Crisis en África, que en las transacciones comerciales privadas entre entidades extranjeras y empresas privadas estadounidenses, como los contratos colombianos. La información sobre las transacciones privadas es escasa. No se exige que el Departamento de Estado publique una lista anual en la que conste con exactitud a qué empresas privadas ha concedido (y, por tanto, autorizado) licencias para impartir formación privada militar o de seguridad, con qué fin, dónde y con qué unidad de seguridad. Además, el Congreso desconoce qué empresas imparten formación a quién, dado que el Departamento de Estado sólo debe notificar a los legisladores los contratos por un valor superior a 50 millones de dólares, límite tan elevado que muy pocas operaciones de formación tienen probabilidades de superarlo, si es que alguna lo hace.

En abril de 2003, el Departamento de Estado adjudicó el multimillonario contrato para realizar labores policiales en Irak a DynCorp, una empresa privada con un turbio historial policial. DynCorp pretendía contratar a policías, guardias penitenciarios y «expertos judiciales con experiencia» retirados recientemente o en activo. Miembros del personal de esta empresa que trabajaban en el servicio policial de la ONU en Bosnia fueron acusados de compraventa de prostitutas, entre las cuales figuraba una niña de sólo 12 años. Varios empleados de DynCorp fueron también acusados de grabar en vídeo la violación de una de las mujeres. Kathy Bolkovac, empleada de la empresa que denunció públicamente la red sexual, fue despedida por llamar la atención sobre los abusos, pero ganó la demanda que interpuso ante un tribunal de trabajo británico en noviembre.Chatterjee, Pratap, «Dyncorp Rent-a-Cops May Head to Post-Saddam Iraq»,Corpwatch, 9 de abril de 2003, <http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=6328> ; «Scandal-hit US firm wins key contract», The Observer, 13 de abril de 2003.

La formación militar ya es un negocio mundial que mueve millones de dólares, y la mayoría de las empresas implicadas tienen sitios web en Internet en los que exponen su historia empresarial y hacen publicidad de sus servicios, incluyendo a veces algunos datos sobre despliegues realizados o incluso actuales. En este caso, esta fuente podría ser casi la única información pública disponible, pues los contratos de formación comerciales están exentos de revelar datos con arreglo a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, que obliga al gobierno a revisar y hacer públicos ciertos documentos. Las empresas militares pueden bloquear, y así lo han hecho, el acceso público a la información sobre contratos negociados comercialmente alegando que incluso la información más elemental es de su propiedad.

En cuanto a la supervisión oficial de los contratos de formación privados, la única y remota posibilidad es que un funcionario de la oficina de asistencia a la seguridad de la embajada local de Estados Unidos haga una visita sobre el terreno para averiguar cómo se está impartiendo un programa de formación. La supervisión varía en función de cada embajada, dependiendo de la importancia del caso. Sin embargo, el hecho de que bastantes agregados de defensa hayan tenido relación con el personal militar retirado que ahora trabaja para empresas militares privadas probablemente dificulte aún más una supervisión seria.

No existen requisitos legales o reglamentarios que exijan la inclusión de contenidos sobre normas internacionales de derechos humanos o derecho internacional humanitario en la formación de fuerzas militares, de seguridad y policiales que imparten empresas privadas. Además, la exigencia prevista en la «Ley Leahy» de que se investigue si los alumnos participaron en abusos contra los derechos humanos no se aplica a la formación que paga el propio comprador (aunque sí es aplicable a los programas financiados por los contribuyentes estadounidenses subcontratados a empresas privadas, como la Iniciativa de Respuesta a las Crisis en África).

En conjunto, estas realidades hacen que muchos teman que la formación que imparten empresas de seguridad privadas de Estados Unidos podría contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos al proporcionar formación militar sofisticada a personal que comete abusos, al no incluir ningún énfasis en los derechos humanos y el derecho humanitario, o quizá incluso al impartir tácticas y doctrinas que no son aceptables para las fuerzas estadounidenses.

Formación militar privada en Croacia

En septiembre de 1994, Military Professional Resources International (MPRI) obtuvo un contrato de dos años (que posteriormente se amplió a otros dos) con Croacia para llevar a cabo el Programa de Ayuda a la Transición Democrática. El programa, en virtud de un contrato privado suscrito por MPRI y el gobierno croata, tenía como fin garantizar que los militares croatas cumplirían las normas de democracia y derechos humanos necesarias para su admisión en el programa Asociación para la Paz de la OTAN. El Programa de Ayuda a la Transición Democrática iba a centrarse en clases sobre temas como las diferencias entre sistemas legales militares y civiles y conducta militar adecuada para con los civiles durante y después de un conflicto. No iban a impartirse clases sobre tácticas ni sobre uso de armamento.

En 1995, el ejército croata lanzó sendas operaciones militares, denominadas «Relámpago» y «Tormenta», que tuvieron un éxito sorprendente y en las que exhibió nuevas técnicas de comunicación y de movimientos que en nada se asemejaban a sus tácticas habituales del Pacto de Varsovia.Para una valoración, véase Jane’s Intelligence Review, julio de 1998, p. 39.Además, las tropas croatas cometieron una serie de abusos graves contra los derechos humanos.Croacia: homicidios impunes tras la Operación Tormenta(Índice AI: EUR 64/04/98/s) y Tres años después de las Operaciones Relámpago y Tormenta, tres años de denegación de la justicia y la dignidad(Índice AI: EUR 64/05/98/s) y Es demasiado pronto para celebrar el éxito en Eslavonia oriental(Índice AI: EUR 64/01/98/s).

En mayo de 1996, Amnistía Internacional envió una carta al director de MPRI y al secretario de Estado de Estados Unidos en la que planteaba varias cuestiones sobre la situación de los derechos humanos en Croacia (y en Bosnia, donde MPRI también impartía formación a fuerzas militares) y pedía información sobre la formación en derechos humanos que impartía la empresa.

«El hecho de que la formación inicial por parte de MPRI fuera seguida de violaciones de derechos humanos [en Croacia] suscita serias interrogantes sobre la eficacia del componente de derechos humanos de la formación que ofrece MPRI». En la carta se preguntaba específicamente por el sistema aplicado para averiguar los antecedentes de los alumnos, el contenido de la formación (pedía información en concreto sobre si se abordaba la cuestión del género, dado el uso generalizado de las violaciones en la guerra) y cómo se vigilaban el impacto y la eficacia de la formación.Carta de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional al general retirado Ed Soyster, vicepresidente internacional, MPRI, mayo de 1996.

Personal de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional se reunió posteriormente con Ed Soyster, vicepresidente internacional de MPRI, que manifestó que en la formación proporcionada a las fuerzas croatas no se incluía formación específica sobre derechos humanos. También dejó claro que, como organización privada, MPRI no tenía que rendir cuentas ante Amnistía Internacional ni ante nadie más por el contenido de sus programas de formación.

El año siguiente, la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional presentó ante la Oficina del Representante Especial para la Estabilización Militar en los Balcanes del Departamento de Estado estadounidense una serie de peticiones de información sobre el papel de los derechos humanos en los contratos de MPRI con Croacia. La organización no recibió ningún dato de utilidad.Gerry Wallman, Grupo de Coordinación sobre los Balcanes de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, correspondencia electrónica, 18 de enero y 29 de febrero de 2000.

2.4 Recomendaciones concretas

El gobierno de Estados Unidos debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Estados Unidos debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno estadounidense debe:

· Suspender las ventas y transferencias de armas y la ayuda militar estadounidense a países cuyas fuerzas armadas posiblemente las utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos, como Israel, Colombia y Uzbekistán, hasta que se demuestre que el peligro de uso indebido es muy pequeño.

· Modificar las secciones 36(b)(1)(D) y 36(c)(1) de la Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas para que exijan que el secretario de Estado evalúe la probabilidad de que los artículos incluidos en la venta propuesta se empleen para cometer abusos contra los derechos humanos.

· Modificar las secciones 116(d) y 502B de la Ley de Ayuda Exterior para que exijan que el Informe por Países sobre Derechos Humanos, de periodicidad anual, incluya un capítulo en el que se resuma el empleo de artículos de defensa estadounidenses en abusos contra los derechos humanos.

· Mejorar la redacción de la sección 4 de la Ley sobre Control de Exportaciones de Armas para subrayar la importancia de las normas de derechos humanos a la hora de determinar la idoneidad para participar en programas de transferencias de armas.

· Incluir en todos los programas de formación estadounidenses para fuerzas de seguridad extranjeras suficientes componentes educativos en normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, basados en normas legales reconocidas internacionalmente y dirigidos por expertos académicos, no gubernamentales o de ambos tipos.

· Revelar y vigilar mejor las actividades de las empresas militares privadas a las que ha autorizado (es decir, a las que ha concedido una licencia de exportación) o contratado para impartir formación a fuerzas armadas extranjeras.

· Hacer explícita la aplicabilidad de criterios de derechos humanos y de selección a las actividades de formación que realicen empresas estadounidenses, y exigir que las empresas privadas incluyan en sus cursos la formación en derechos humanos y en derecho humanitario.

· Reintroducir la Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas con la Enmienda Lantos-Hyde de 2002, para limitar las exportaciones estadounidenses de material que pueda ser empleado para infligir torturas. La Enmienda limita las exportaciones de material para el control de la delincuencia especialmente susceptible de ser utilizado indebidamente a países que practican la tortura y prohíbe la exportación de ciertos tipos de material para el control de la delincuencia por ser crueles, inhumanos o degradantes por su propia naturaleza.

· Firmar, ratificar, implantar y vigilar el cumplimiento de la Convención de Ottawa sobre Prohibición de las Minas, de 1997, y prohibir el uso, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia y la exportación de minas terrestres antipersonal.

· Ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

3. Federación Rusa

3.1 Introducción

Pese al desmembramiento de la Unión Soviética, la Federación Rusa sigue siendo uno de los tres mayores productores de material militar, de seguridad y policial (MSP) del mundo y es el segundo proveedor de armas ligeras y munición, detrás de Estados Unidos.Véase, por ejemplo, el anuario del SIPRI de 2002, y también «Preliminary estimates of Russia’s arms export in 2002», Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), <www.cast.ru >.El complejo industrial militar en Rusia abarca más de 2.500 empresas de defensa estatales, de las que alrededor de 1.100 están autorizadas para producir armas y material bélico.«Defense industry reform: Current state and solutions». Military Parade, <>, visitada el 26 de febrero de 2002.

Cada vez más empresas privadas participan en la industria MSP suministrando productos como material para protección personal o sistemas de vigilancia, u ofreciendo toda una gama de servicios de seguridad, como protección a personalidades o formación de fuerzas de seguridad. A menudo tienen vínculos con los servicios de seguridad, la policía o el ejército rusos, o son antiguos miembros de dichos cuerpos.Véase, por ejemplo, Ralf Security, que ofrece diversos servicios, incluidos protección personal y mantenimiento del orden público, <>.

3.2 La producción de armas

Las empresas rusas fabrican una amplia gama de armas y tecnologías para la seguridad interna con fines como el control antidisturbios, la vigilancia y la restricción y el control de reclusos. Este material va desde porras, escudos y sustancias químicas incapacitantes a escopetas que disparan diversas municiones incapacitantes.Por ejemplo: la corporación de producción científica Tekhnika, del Ministerio del Interior ruso, ofrece toda una gama de material para la seguridad interna que incluye armas, metralletas, armas silenciosas especiales, aerosoles incapacitantes químicos, pistolas químicas y paralizantes, balas de goma, material para comunicaciones encubiertas e interceptación de teléfonos y material de supervisión. Información facilitada por la empresa, 1998.

NPO Special Materials Ltd. produce esposas, porras y palos y chalecos antibalas. Información facilitada por la empresa, 2002.

Tsniitochmash, Klimovsk produce una amplia gama de armas para la policía, desde pistolas y revólveres a escopetas. También produce aerosoles químicos irritantes. Información facilitada por la empresa, 2001.Rusia también ha importado material de seguridad y formación de numerosos países, como Israel, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Australia.Por ejemplo: Q-Mac Electronics (Australia) ha suministrado radios de salto de frecuencia al Ministerio del Interior ruso. Jane’s Defence Review, enero de 2002.

Silent Witness Enterprises Ltd. (Canadá) cita a STA Plus como su representante ruso. Información facilitada por la empresa, marzo de 2001.

PK Electronics (Alemania), SIPE Electonic (Almania) y CCS International (EE. UU.) figuran como proveedores de material de seguridad especial (incluido material para vigilancia, supervisión e interceptación) a Rusia. «The security systems market in Russia», National Trade Data Bank (USA), julio de 1998.La empresa israelí Elite Alpha Firearms Training Ltd. afirma que ha entrenado a fuerzas especiales rusas.Información facilitada por la empresa, julio de 2000.. Además, Rusia ha participado en programas significativos de investigación en armas «avanzadas no letales» para neutralizar a manifestantes por medio de sistemas de radiofrecuencia, láser, cinéticos, acústicos y bioquímicosPara una exposición y evaluación detalladas de las armas antidisturbios rusas, véanse las contribuciones rusas al Primer Simposio Europeo sobre Armas No Letales, «Non-Lethal Weapons: New Options Facing the Future», Fraunhofer Institut Chemische Technologie, 25-26 de septiembre de 2001.y en los últimos años, parte de esta investigación se ha realizado en colaboración con diversas agencias de Estados UnidosIbíd. Véase, por ejemplo, el capítulo 17-1 de Selivanov V., Klochikhnin V., & Pirumov V., «Modern Views on Development and Applications of Non Lethal Weapons in Anti-Terrorist and Peacekeeping operations, Summary of Russian-American Conference 1999», Easton MD, EE. UU. y Alemania.Por ejemplo, la empresa Armoline-VST de Moscú, que está trabajando en el desarrollo de un lanzador de red con GETC y ViP de Alemania, y Olets, de Estados Unidos. <www.mvd-expo.ru/catalogue2001/security/list.htm>, visitada el 1 de febrero de 2002.Las fuerzas rusas también han usado armas «menos que letales», de forma especialmente destacada en la ruptura del asedio al teatro de Moscú de octubre de 2002, cuando utilizaron un agente calmante basado en el fentanilo. Murieron aproximadamente 204 rehenes por los efectos del gas.Véanse, por ejemplo, las informaciones de BBC News en < > del 27 de octubre de 2002 y Russian Federation: Lawmakers must abide by Russia’s international obligations in safeguarding freedom of expression, de 26 de noviembre de 2002 (Índice AI: EUR 46/063/2002).También se ha informado de que las fuerzas rusas han empleado un aparato de ultrasonidos en el conflicto de Chechenia.Russia Reform MonitorNúm. 983, 6 de noviembre de 2002. American Foreign Policy Council, Washington, EE. UU.

Rusia fabrica porras eléctricas por lo menos desde principios de los años noventa y tiene un instituto dedicado exclusivamente a realizar ensayos con ellas.Por ejemplo, NII Stali fabrica la gama Yana de porras eléctricas, que emiten descargas de entre 45.000 y 80.000 voltios. Información facilitada por la empresa, 2002.

NPO Special Materials Ltd ofrece la pistola paralizante de electrochoque Laska, de entre 40.000 y 45.000 voltios y también tiene el Centro de Pruebas y Certificación de Materiales Especiales, institución acreditada y autorizada para probar equipos como esposas y armas de electrochoque. Afirman que es el único centro de estas características de Rusia. Información facilitada por la empresa, 2002.The March Joint Stock Co., de Moscú, produce las porras eléctricas Scorpion, Malvina y Arnold, que emiten descargas de entre 70.000 y 100.000 voltios, así como pistolas paralizantes de 45.000 voltios y un portafolios eléctrico de 45.000 voltios.Información facilitada por la empresa, 1998.A mediados de los años noventa se importaron de Estados Unidos porras paralizantes de electrochoque de alto voltaje.Las pistolas paralizantes y los aerosoles de pimienta incautados por las autoridades estadounidenses en 1996 los estaba exportando a Rusia la empresa Europe Distributing, y figuraba como proveedor S+J Products and Services. Documentos de la Corte Federal de Primera Instancia de Estados Unidos, 30 de diciembre de 1997.Las armas pequeñas y las armas ligeras siguen fabricándose en su mayor parte en fábricas de propiedad estatal.

3.3 El control de la exportación de armas

Rusia es un exponente de los problemas que conlleva el control del uso de las armas y del material de seguridad para prevenir violaciones de derechos humanos. Es un importante productor, un importante exportador y una importante víctima de la proliferación ilícita de armas ligeras. Rusia tiene ya uno de los sistemas burocráticamente más eficientes para marcar y seguir el rastro de las armas pequeñas. Sus sistemas centralizados hacen que toda transacción sea ilícita a menos que esté aprobada oficialmente. El principal fallo es que apenas existen referencias al control de las exportaciones en términos de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, o criterios legales o mecanismos de supervisión nacionales para alcanzar este objetivo.

Sin embargo, la Federación Rusa acordó en 1991 respetar los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales de la OSCE, que sí incluyen el respeto a los derechos humanos, y más recientemente, el gobierno ruso ha respaldado el Documento sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras, de la OSCE. El 1 de diciembre de 2000, Rusia creó el Comité de Cooperación Militar y Técnica para desarrollar un mecanismo de control de la exportación más eficaz para los suministros militares. El gobierno ruso también ha accedido a presentar a la OSCE datos apropiados sobre transferencias de armas pequeñas y armas ligeras, con arreglo a la nomenclatura acordada. Todo esto constituye un importante cambio de política que hay que reconocer, aunque, como han demostrado los demás Estados del G8, no es suficiente tener una política que reconozca los derechos humanos: el principal desafío es cumplirla.

En los últimos años, Rusia ha permanecido entre los tres primeros exportadores de armas, pese al precario estado de algunos de sus centros de producción. La mayoría de las exportaciones militares de Rusia son realizadas por Rosoboronexport, la organización de comercialización controlada por el Estado, que tiene agentes en 36 países.Información facilitada por la empresa Rosoboronexport, 2001.Las exportaciones de 2002 marcaron un nuevo hito postsoviético de 4.700 millones de dólares.«Preliminary estimates of Russia’s arms export in 2002», <www.cast.ru>.En 2002 Rosoboronexport exportó el 85% de las armas rusas. Cinco empresas rusas exportaron directamente a clientes extranjeros.

Pese a los esfuerzos de Rosoboronexport por controlar todas las exportaciones de Rusia, el número de empresas privadas con capacidad para exportar de forma independiente lleva camino de aumentar. Debido a la grave situación económica del país, sus fuerzas armadas no pueden permitirse sustituir material anticuado, por lo que la única forma en que pueden sobrevivir muchas compañías es exportando. Esto está desembocando en una competencia directa entre el exportador estatal y las empresas privadas. Resulta sumamente difícil obtener información oficial sobre las exportaciones de armas de Rusia, y el comité ruso de cooperación militar y técnica con países extranjeros ha elaborado incluso una lista de la información relativa a exportaciones cuya publicación será prohibida.«Official news ban to be placed on some foreign arms sales», agencia de noticias Moscow Interfax, 25 de julio de 2002.

Los principales mercados de exportación de Rusia son China y la India. Otros mercados importantes son Vietnam, Argelia, Yemen, Kuwait, Grecia, Birmania, Malaisia y Sudán: en su mayoría, países que sufren desde hace mucho tiempo problemas agudos de derechos humanos.

3.4 Armas pequeñas

Las armas pequeñas y las armas ligeras rusas han proliferado hacia muchas de las zonas de conflicto del mundo. Estados Unidos sigue siendo un mercado importante para las versiones deportivas y de caza de las armas militares, así como para la munición.

El rifle de asalto Kalashnikov (AK47, nombre que abarca una enorme gama de alrededor de 160 variantes) es el modelo de arma más distribuido del mundo y tiene un enorme impacto sobre los derechos humanos, especialmente en África y Oriente Medio. Se producen copias del AK47 en al menos 19 países (como China, Bulgaria, Finlandia, Yugoslavia, Irak y Rumanía), pero ya no se fabrica en Rusia. Su legendaria fiabilidad hace que se calcule que el número de AK47 en circulación es de hasta 100 millones,National defence, enero de 2000.y que aparezca en los inventarios de más de 80 países; la propia Federación Rusa posee diez versiones diferentes.Jane’s Infantry Weapons, 2000-01.El precio de estos rifles varía muchísimo. El precio oficial ruso para la exportación es de 100 dólares, pero hay modelos que pueden valer entre 200 y 1.000 dólares en el mercado ilegal, aunque en zonas donde abunda la oferta, como Sudáfrica, pueden comprarse por sólo 15 dólares.Boutwell J & Klare M., «A Scourge of Small Arms», Scientific American, junio de 2000, pp. 48-53.

El hecho de que tantos países produzcan copias significa que es, y siempre será, muy difícil determinar la procedencia exacta de la fabricación de un arma empleada en violaciones de derechos humanos, a menos que Rusia ponga a disposición de la comunidad internacional sus números de serie. También resulta difícil calcular los arsenales de armas pequeñas y ligeras rusas. El Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, por ejemplo, calcula que sólo en Mozambique hay seis millones de AK47 o más, aproximadamente la mitad del número que se cree hay en toda la Federación Rusa, y se cree que Afganistán tiene al menos 10 millones en circulación.Small Arms Survey 2001, pp 62-63.Lo que es más seguro es que en el difícil clima económico predominante actualmente en Rusia y sus antiguos Estados clientes, estos arsenales tienen filtraciones y se convierten en monedas de sustitución para los militares, muchos de los cuales llevan meses sin percibir su salario.

Los ejemplos de exportaciones rusas recientes de armas pequeñas, armas ligeras y munición incluyen la venta de lanzagranadas automáticas fabricados por KBP a Afganistán, Irak, Chad y AngolaLanzagranadas automático AGS-17 en servicio en países como Afganistán, Irak, Chad y Angola, fabricados por KBP Tula Instrument Design Bureau. Jane’s Infantry Weapons, 2001-2.; y de munición de LVE Plant a Afganistán, Camboya, Egipto, Irak, Irán, Libia y Corea del Norte.LVE Plant, información facilitada por la empresa, 2001.En los últimos tres años, Rusia ha exportado más de 9.000 modernos rifles de asalto AK-101 y AK-102 calibre OTAN a Indonesia, y continúa exportándolos.Arms Markets, Tass Information Agency, 2002, vol. 2, Núm. 11, p. 13.

3.5 Armas grandes

Rusia está firmando cada vez más acuerdos de cooperación militar y técnica como primer paso para aumentar las exportaciones. En la actualidad, tiene acuerdos de este tipo con varios países, incluidos Argelia, Siria, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Sudán, Egipto, Jordania y Libia. Arms - Russian defence Technologies. 1 (14), 2003.

A principios de 2003, funcionarios rusos visitaron Pyongyang para negociar mejoras militares para tanques y suministros de equipos de visión nocturna y munición.Jane’s Intelligence Review, p. 39, marzo de 2003.Recientemente Rusia ha entregado material y formación militar a Myanmar, en virtud de un contrato por valor de 130 millones de dólares.«Myanmar reports delivery of Mig-29s», Jane’s Intelligence Review, p. 8, febrero de 2003.En 2002, Rusia firmó un acuerdo por valor de cerca de 150 millones de dólares para suministrar a Etiopía material militar diverso, incluidos helicópteros de combate, vehículos blindados de transporte de personal y munición para armas de infantería.«Weapon makers African card», Vremya MN, 3 de agosto de 2002.También ha enviado recientemente helicópteros a Nigeria.«Russia delivers to Nigeria three more helicopters», ITAR-Tass, 6 de agosto de 2002.Rusia está aumentando sus exportaciones y su cooperación con Indonesia, y las exportaciones incluyen vehículos blindados de transporte de personal, helicópteros de combate y formación militar.Arms Markets, Tass Information Agency, 2002, vol. 2, No. 11, p. 13.En todos estos países, Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Rusia emplea las exportaciones de armas para financiar directamente el reequipamiento de sus fuerzas armadas que de otro modo no podría permitirse. La promoción del material MSP ruso ha aumentado enormemente en los últimos años. Se celebran regularmente ferias MSP no sólo en Moscú, sino que se han creado otras nuevas como Ural Expo Arms, OTTV Omsk y Moscow Aerospace. Las ferias de armas internacionales tenían un puesto de armas rusas comercializadas por la organización estatal para la exportación. En los últimos años, las empresas rusas han expuesto en numerosas ferias internacionales de armas de países como Malaisia, Colombia, Turquía, Francia, Grecia, Pakistán, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos. Además de armas, también se ofrecen en estas ferias servicios financieros para empresas de defensa, por ejemplo, los de Interprombank, en la DSA de Malaisia y la MAKS de Rusia.Military Parade, 5 de junio de 2001.

3.6 Producción exterior bajo licencia

Además de exportar directamente, Rusia utiliza cada vez más la producción exterior bajo licencia como vía para obtener unos ingresos que necesita perentoriamente. Cuando la producción exterior bajo licencia se establece en Estados con controles débiles sobre la exportación de armas, las posibilidades de que estas armas caigan en manos de personas que cometen abusos contra los derechos humanos aumentan enormemente. En la era soviética, la producción de armas pequeñas y otras armas rusas tenía lugar en la mayoría de los países del Pacto de Varsovia, pero no solía estar regulada. Recientemente Rusia ha empezado a intentar recuperar parte de su propiedad intelectual y de sus ganancias potenciales amenazando con entablar demandas contra la fabricación sin licencia de sus diseños.

Por ejemplo, se presionó a la fábrica de armas búlgara Arsenal-Kazanluk para que firmase un acuerdo de producción bajo licencia para el rifle de asalto Kalashnikov.«Russia’s defense loses big in patent sellouts», S. Saradzhyan,St. Petersburg Times, 16 de abril de 1999.Bulgaria es el país de origen de los Kalashnikovs que proporcionan los traficantes internacionales de armas a gobiernos y grupos rebeldes que cometen violaciones de derechos humanos. También hay informes de que Bazalt, la empresa rusa que desarrollóel lanzacohetes RPG-7, ha presionado a Pakistan Ordnance Factories, así como a fabricantes búlgaros y griegos, para que suscriban contratos en relación con las copias sin licencia.«A barrier on the path to dishonest competition. Russian manufacturers have begun a fight with illegal use of trademarks that belong to them», I. Korotchenko, Moscow Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye, 12 de octubre de 2001.En una feria de armas celebrada recientemente en Abu Dhabi se informó de que Rosoboronexport estaba buscando activamente copias no autorizadas de armamento militar ruso.«Russia to protect intellectual property rights to military hardware», ITAR-TASS, 17 de marzo de 2003.

Rusia está asimismo ofreciendo activamente nuevos acuerdos de producción bajo licencia como medio para garantizar las exportaciones de armas, por ejemplo a la India,Tula Armoury ofrece la producción bajo licencia del sistema de misiles antitanque Konkurs-M en una fábrica de la India. «Russian armoury exhibits new missile for anti-tank system at Indian arms show», agencia de noticias militar Interfax, 22 de febrero de 2002.Vietnam,En 2002, Kolomna Machine Building Design Bureau formalizó un contrato de 2001 con Vietnam para la transferencia de 50 MANPAD Igla (sistemas portátiles de defensa aérea o lanzamisiles portátiles) y la licencia para producirlos. En «Preliminary estimates of Russia’s arms exports in 2002», <www.cast.ru>.ChinaChina ha empezado a producir proyectiles Krasnopol con una licencia adquirida a KBP. Defense Technologies. Itar-Tass, p. 23, V.1, Núm.1, 2003.y Siria.Arms - Russian Defence Technology. 1 (14), 2003, p. 6. En la exposición de armas Defendory, celebrada recientemente (octubre de 2002) en Grecia, Rusia entabló negociaciones con Grecia para la posible producción bajo licencia de un nuevo rifle de asalto compacto, y la empresa Bazalt mantuvo conversaciones con representantes israelíes sobre cooperación conjunta.«Russian arms firms showing at Defendory fair», Moscow Rossiyskaya Gazeta, 5 de octubre de 2002.

3.7 Armas por recursos naturales

Una novedad preocupante en las exportaciones MSP rusas es la relación de las empresas extractoras de recursos (petróleo y gas) con el suministro de armas. Se ha vinculado la participación en proyectos petroleros y de gas en Argelia de varias empresas, entre ellas Gazprom, con entregas de armas.«Russian weapons pave road to Algeria for oil and gas companies», <>, 30 de mayo de 2001.Se ha informado recientemente de que Promgaz (filial de Gazprom) ha firmado un acuerdo de cooperación para interactuar en mercados extranjeros con el fin de impulsar las posibilidades para la exportación de la industria de la defensa rusa.Military News Agency, Moscú, 27 de febrero de 2002.Además, hay empresas rusas de extracción de recursos, como la empresa conjunta bielorrusa-rusa Slavneft, muy implicadas en la explotación de las reservas petroleras de Sudán.Pravda, 19 de enero de 2002.Rusia exporta activamente armas a Estados de zonas proclives al conflicto violento, especialmente a países africanos ricos en recursos naturales.

Sudán

Por ejemplo, tras la visita de una delegación comercial a Sudán en abril de 1995, el gobierno de Jartum informó de que el gobierno ruso estaba dispuesto a apoyar a Sudán en los ámbitos técnicos y de formación y a reactivar los acuerdos militares anteriores.Jane’s Sentinel Security Assessment- North Africa, 22 de febrero de 2000.En 1997 se informó de que Rusia había suministrado nueve tanques T-55 y seis helicópteros de ataque Mi-24B «Hind» a Sudán, vía Bielorrusia.Informe de Bielorrusia para el Registro de Armas Convencionales de la ONU, 1997.Además, Rusia proporcionó 60 vehículos blindados de transporte de personal BTR-80A producidos en la fábrica de maquinaria Arzamas, que fueron entregados en el año 2000 a las fuerzas gubernamentales sudanesas.

El 21 de febrero de 2002, un helicóptero de reconocimiento armado del gobierno sudanés mató a 24 civiles en Bieh, hirió a muchos más e interrumpió una operación de reparto de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA). El ataque se produjo pese a la autorización concedida por el gobierno sudanés a los vuelos del PMA a Bieh ese día, en el marco de la Operación Salvar Sudán, una coordinadora que proporciona ayuda humanitaria a los civiles en el sur de Sudán. El gobierno anunció que se investigaría el incidente, pero nunca ha dado a conocer sus resultados.Sudan: bombing of civilians are unacceptable, 22 de febrero de 2002 (Índice AI: AFR 54/006/2002).

Angola

Las armas y el mantenimiento suministrados por Rusia a Angola van desde los cazabombarderos Su-24 entregados en enero de 2001Agencia de noticias ANGOP, 22 de enero de 2001., aviones de combate Mi-23, reparaciones de otros aviones de combate, tanques T-72 y lanzagranadas suministradas por la Oficina de Diseño de Instrumentos KBP TulaJane’s Infantry Weapons, 1999/2000.a los helicópteros de ataque suministrados en el año 2000.Informe de Rusia para el Registro de Armas Convencionales de la ONU, 2000.

La guerra civil de Angola prosiguió durante 2001; cientos de civiles desarmados fueron asesinados deliberadamente por fuerzas gubernamentales y fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). El conflicto armado y la inseguridad fueron responsables del aumento del número de desplazados internos en 300.000 personas durante el año, hasta alcanzar un total de aproximadamente cuatro millones, así como de la precariedad de la situación humanitaria.Informe 2002de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s).

Una visita realizada a Luanda por Igor Sergevey, ministro de Defensa de la Federación Rusa, propició que las partes alcanzaran un acuerdo sobre el mantenimiento y la modernización de las armas del ejército angoleño. Los informes indican también que Rusia y Angola se proponen establecer en este último país centros para el mantenimiento de armas de fabricación soviética a otros países africanos,Moskovskiye Novosti, 16 de enero de 2001.lo que podría tener un enorme impacto, pues África está llena de material ruso antiguo y averiado, como vehículos blindados de transporte de personal y piezas de artillería.

Rusia también ha enviado armas a Eritrea y a Etiopía en un momento de elevada tensión y enfrentamientos militares.Según los informes, en 1998 entregó ocho aviones de combate a Etiopía y seis a Eritrea (IPS 12/1/2001) y en 2000 suministró otros cuatro aviones de combate y 307 piezas de artillería de gran calibre (informe presentado por Rusia ante el Registro de Armas Convencionales de la ONU, 2000).Además, ha suministrado cantidades importantes de armas a la Alianza del Norte de Afganistán (en 2001, por un valor de entre 30 y 40 millones de libras esterlinas) y se prevé que será el mayor proveedor de material MSP del nuevo régimen.Nezavisimaya Gazeta de Moscú, 12 de febrero de 2002.Los mayores mercados de las exportaciones MSP rusas son, con diferencia, China, que en los últimos años ha importado armas por un valor declarado de hasta 9.000 millones de dólares,«Eurasian strategy is a must for Russia’s development», <www.milparade.com/2001/45/01_shtml>, visitada el 26 de febrero de 2002.y la India.«Russia to speed up delivery of military hardware», Times of India, 8 de febrero de 2002.

Rusia ha firmado recientemente varios contratos importantes con la India y está empezando a modernizar y reequipar a las fuerzas paramilitares indias con material que incluye helicópteros Mi-17 y armas pequeñas AK.«Massive modernisation plan for India’s paramilitary forces», Kerala Next, India, 30 de enero de 2003. Esto incluye armas para las fuerzas de seguridad de la frontera que operan en Cachemira y en Assam. También ha firmado recientemente contratos nuevos con IránWashington Times, 8 de marzo de 2002, p. 7. Informa de que la empresa rusa Rosoboronexport va a suministrar a Irán un nuevo sistema avanzado de guerra electrónica para derrotar a aviones y misiles.y con Indonesia, para suministrar helicópteros que podrían emplearse en los conflictos de Papúa y Aceh.Arms Markets. Tass Information Agency. 2002, vol. 2, No. 11, p. 13.La marina indonesia prevé comprar a Rusia este año dos helicópteros Mi-171 y ocho Mi-2. Según los activistas de derechos humanos, los nuevos helicópteros podrían utilizarse en operaciones para reprimir a los rebeldes separatistas de Papúa y Aceh.Joyo Indonesian News, Laksamana Net, 25 de enero de 2002.

3.8 Intermediarios, concesionarios y agentes afincados en el extranjero

Las empresas rusas emplean cada vez más a agentes y concesionarios en el extranjero para promover sus armas. Un ejemplo es Suburban Guns, empresa con sede en Sudáfrica que en su sitio web afirma que es concesionario de armas Izhmash, Baikal y Makarov, y también ha ofrecido misiles aire-aire portátiles Igla y Strela. En la información sobre el producto de la empresa también se decía que era distribuidor de NII Stali, aunque se desconoce si esto incluía armas de electrochoque.<http://www.suburbanguns.co.za/other_prices.htm>, visitada el 12 de mayo de 2003 e información facilitada por la empresa Suburban Guns en 1998.

Aparte del comercio «oficial» de armas, existe un gran número de traficantes de armas e intermediarios dispuestos a facilitar armas a facciones enfrentadas de todo el continente africano. Un ejemplo es la red que dirige Victor Bout que, según los informes, por medio de su empresa Air Cess, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha entregado armas clandestinamente a Angola, Sierra Leona, Liberia y Congo, pagadas con «diamantes de zonas de conflicto» extraídos ilegalmente. Gran parte de las armas vendidas procedían de Rusia, Asia Central y otros países del este de Europa. Otro ejemplo es Avient, empresa de Zimbabue cuya dirección tiene lazos en el Reino Unido y que, según los informes, ha contratado aviones y tripulaciones rusas para apoyar al gobierno de Laurent Kabila en el Congo con suministros lanzados con paracaídas y también ha reconocido que repara y mantiene aviones de combate MiG rusos para el régimen de Kabila.Financial Times, 18 de abril de 2001.

Una fuente importante de armas para los intermediarios son los arsenales que quedaron de la era soviética, o los arsenales actuales del ejército, en ocasiones mal mantenidos y custodiados. Se ha informado de varios casos de unidades militares en servicio que han suministrado material a traficantes. Según algunas fuentes, una unidad militar rusa proporcionó diez lanzamisiles antiaéreos a un traficante que después los envió a la oposición armada chechena. Los lanzamisiles eran de la misma clase que los que se usaron para derribar cuatro helicópteros militares en 2002.«Arms sales confession», Moscow Times, 30 de enero de 2003.Estas armas ilícitas pueden tener un enorme impacto en la delincuencia nacional (Rusia ha experimentado un incremento del uso de armas pequeñas en la delincuencia), y terminar en manos de delincuentes extranjeros, como en los recientes casos de pistolas militares que acabaron en Japón.«NPA, Russians to meet over pistol smuggling», Yomiuri Shimbun, Japón, 7 de noviembre de 2002.

3.9 Impacto sobre las violaciones de derechos humanos en Rusia

Chechenia

En el conflicto que se desarrolla en Chechenia, las fuerzas militares, policiales y de seguridad rusas han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos en sus esfuerzos por contener a las fuerzas rebeldes. Se denuncian constantemente torturas en «campos de filtración», «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales y ataques indiscriminados contra la población civil.Véanse, por ejemplo, < > y < >, para informes detallados sobre violaciones de derechos humanos en Chechenia.Especial preocupación suscita la práctica de las «zachistki» u operaciones de rastreo en las que se acordonan y registran pueblos o barrios de ciudades enteros, y que en muchos casos desembocan en la destrucción de propiedades, saqueos y la «desaparición» de varones jóvenes.«Counting the cost», Jane’s Defence Weekly, 18 de septiembre de 2002. «Grozny, where recovery is still just a word», The Guardian, 28 de noviembre de 2002.Tambi

'e9n se ha denunciado el uso de armas «combustible-aire» (más potentes que los explosivos convencionales) en zonas civiles, que han causado un enorme número de heridosMarine Corps Gazette, 8 de febrero de 2000.y el uso de bombas de racimo, que debido a su elevado índice de error se convierten en minas terrestres de hecho una vez que finaliza el conflicto.«A global overview of explosive submunitions», Human Rights Watch, mayo de 2002.

Lo trágico es que gran parte de las armas que utilizan los rebeldes en Chechenia han sido suministradas por depósitos oficiales de armas rusos o tomadas de ellos.«Arms sales confession», Moscow Times, 30 de enero de 2003.Por ejemplo, en mayo de 1992, el ministro ruso de Defensa ordenó que se entregase al general checheno Dzhokhar Dudayev la mitad de las armas militares pertenecientes a las fuerzas de la Federación Rusa en Chechenia. Se calcula que cuando se retiraron las tropas rusas en 1992, dejaron en Chechenia entre 41.000 y 57.000 armas pequeñas rusas. El Ministerio de Defensa ruso informó de que habían dejado 18.832 AK 74, 9.307 AKM, 533 rifles de francotirador Dragunov, 138 lanzagranadas, 678 ametralladoras para tanques, 319 ametralladoras de gran calibre y 10.581 pistolas. Se cree que los rebeldes adquirieron además 200.000 granadas de mano y más de 13 millones de piezas de munición.Small Arms Survey 2001, op. cit., p. 179.Es preocupante que Rusia haya decidido poner fin al mandato del grupo de asistencia de la OSCE en Chechenia, pues ello podría reducir el examen de los abusos contra los derechos humanos en este país y ofrece una falsa impresión de normalización.Russia Reform Monitor, Núm. 1001, 5 de enero de 2003. American Foreign Policy Council, Washington.

3.10 Recomendaciones concretas

El gobierno de la Federación Rusa debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de la Federación Rusa debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno ruso debe:

· Establecer un sistema de control de la exportación basado en el estudio riguroso en cada caso de la probabilidad de que las armas o el material o la tecnología de seguridad cuya exportación se propone se empleen para cometer violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

· Aplicar íntegramente los criterios de la OSCE para la exportación de armas, acordados por la Federación Rusa como Estado participante, a fin de elevar su grado de control de todas las exportaciones, tránsitos e importaciones de tecnología militar, de seguridad y policial.

· Desarrollar un sistema eficaz de supervisión parlamentaria de las decisiones sobre exportación de armas, por ejemplo, por medio de la presentación periódica de informes ante una comisión y oficina parlamentarias.

· Publicar datos más completos sobre sus transferencias de armas para permitir una supervisión parlamentaria y pública efectiva que garantice que las armas suministradas por Rusia no contribuyen a que se cometan dichas violaciones de derechos humanos ni las facilitan.

· Incluir la obligatoriedad de disponer de licencia y de inscribirse en un registro para todas las «transferencias» de fabricantes, intermediarios, transportistas y financiadores de armas con sede en Rusia que operan únicamente por medio de terceros países.

· Dar de baja en el registro a todo vendedor, intermediario o transportista de armas autorizado declarado culpable de cometer delitos afines, blanqueo de dinero, actos de violencia relacionados con armas de fuego o tráfico a Estados no autorizados.

· Firmar, ratificar, implantar y vigilar el cumplimiento de la Convención de Ottawa sobre Prohibición de las Minas, y prohibir el uso, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia y la exportación de minas terrestres antipersonal.

4. Francia

4.1 Introducción

Francia es uno de los mayores productores del mundo de material militar y uno de los cinco mayores exportadores de armas. Sin embargo, el gobierno francés no suele ser transparente con sus exportaciones de armas.

Desde que llegó al poder en 1995, el presidente Jacques Chirac ha promovido la introducción de reformas de gran alcance en la política de defensa francesa. El programa de reforma de la defensa, anunciado por primera vez en febrero de 1996, se implantó en virtud de la Ley de Planificación Militar 1997-2002, que puso fin al servicio militar obligatorio y reorganizó las fuerzas en activo y la reserva. Estas reformas han obligado a la industria de la defensa a sufrir enormes cambios, que incluyen privatizaciones y recortes de puestos de trabajo.« La réforme de la politique de défense et l’industrie française d’armement», Jean-Paul Hébert, en La réforme de la politique française de défense, Économica et Institut de Stratégie Comparée, 1998.También han hecho que las exportaciones representen una proporción cada vez mayor del negocio de los productores franceses de armas, a medida que disminuyen los pedidos de las fuerzas armadas francesas.Jane’s Defence Weekly, 20 de mayo de 1998. Como consecuencia de estos cambios, el Ministerio de Defensa francés puso en marcha un plan estratégico para ayudar a los proveedores de armas franceses a obtener contratos por valor de miles de millones de dólares a fin de compensar la pérdida de pedidos de sus mercados nacionales.

4.2 Producción y exportaciones

En el periodo 1997-2001, Francia realizó el 10 por ciento de las transferencias de armas del mundo, y fue el tercer mayor exportador.SIPRI Yearbook 2002, «Armaments, Disarmament and International Security», p. 378.En el año 2000 las exportaciones militares francesas fueron de 2.700 millones de euros y en el 2001, de 3.100 millones.No disponible a 29 de marzo de 2003. La cifra del año 2000 fue la más reducida desde 1994; en 1999 se hicieron exportaciones de armas por valor de 3.800 millones de euros. El Ministerio de Defensa atribuyó el descenso de la cifra de 2000 al hecho de que ese año no hubo entregas importantes de material aéreo o naval. Jane’s Defence Weekly, 16 de enero de 2000.La organización de ferias de armas para promover la tecnología militar y de seguridad francesa —como la feria Eurosatory celebrada en París en junio de 2002, Milipol Qatar 2002 y la muestra Asian Aerospace 2000, en la que se exhibieron aviones de combate franceses— y la asistencia a las mismas cuentan con el apoyo del gobierno.La lettre de l’Observatoire des transferts d’armements, núm. 21, 2000.

4.3 El control de las armas

La posesión, la producción y el comercio de armas siguen estando regulados por el Decreto-Ley de 18 de abril de 1939, aunque recientemente se ha nombrado un grupo de trabajo interministerial para tomar en cuenta los últimos cambios habidos en el ámbito de la seguridad pública, la política de defensa nacional y las armas. La legislación nacional francesa sobre control de la exportación de armas tiene, entre otras, las siguientes características:

· Numerosos tipos de material y tecnologías de seguridad y policiales no se mencionan en la legislación francesa sobre comercio, por lo que su exportación no suele estar controlada. Hay excepciones para los artículos clasificados como «armas», en cuyo caso están reguladas tanto su fabricación como su exportación.

· Todas las exportaciones de armas requieren una autorización del gobierno. El permiso de exportación final se obtiene únicamente después de recibir una «autorización de fabricación y de comercio».Artículo 13 del decreto ley de 18 de abril de 1939.El trámite es complejo y están involucrados un gran número de organismos de la administración. Todo el que desee exportar armas debe obtener una autorización previa del primer ministro o del secretario general para la Defensa Nacional. Su concesión se basa en un dictamen de la Comisión Interministerial de Estudio de las Exportaciones de Materiales de Guerra (CIEEMG)Commission interministérielle d’étude des exportations de matériels de guerre(CIEEMG)., que preside el secretario general para la Defensa Nacional e integrada por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Finanzas. Además de emitir su opinión sobre la política de exportación de armas en general, debe estudiar todas las solicitudes de exportación caso por caso.El procedimiento para obtener esta autorizacion se aplica a los contratos de ventas comerciales, así como a las cesiones directas, es decir, las relativas a armas que ya utiliza el ejército francés que se ceden gratuitamente o a cambio de un pago.

· Apenas hay supervisión parlamentaria de las exportaciones francesas de armas; el Parlamento francés no interviene formalmente en el proceso. No obstante, en 2000, el Ministerio de Defensa entregó por primera vez a los legisladores un informe sobre la política francesa de exportación de armas.Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France en 1998, Ministère de la Défense, mars 2000.Desde esa fecha, se han hecho públicos tres informes.<http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossier/d118/index.html>. Aunque las armas pequeñas y las armas ligeras figuran por país de destino, otras exportaciones militares se desglosan sólo por tipo y por región, lo que hace imposible un análisis detallado.El cuarto informe sobre exportaciones de armas, relativo al año 2002, no está disponible aún.No disponible aún a 29 de marzo de 2003.La publicación del informe es un paso adelante hacia cierta transparencia significativa, pero no proporciona aún suficiente información para someter a un examen parlamentario y público eficaz las afirmaciones del gobierno francés de que tiene en cuenta los derechos humanos antes de autorizar las exportaciones. Los legisladores franceses carecen de una función formal en la vigilancia del impacto de las licencias de exportación de armas sobre los derechos humanos.Sin embargo, sí existe un «Comité sobre Ética y Armamento», con sede en la Academia Militar de París, integrado por ingenieros de armas, abogados, académicos y representantes de la comunidad religiosa. Su último informe cuestiona los criterios de evaluación utilizados para la política francesa de exportación de armas y critica la decisión de vender armas a Irak durante los años ochenta. Le Monde, 16 de abril de 2003.

· Un funcionario del Ministerio de Defensa francés declaró a Amnistía Internacional que las autoridades aduaneras francesas siempre trabajan en estrecha colaboración con las autoridades aduaneras del país de destino, a fin de garantizar la vigilancia constante de los productos que se exportan desde Francia.Entrevista, 24 de abril de 2003.Pero, a juzgar por los numerosos casos de suministro de armas y material de seguridad francés en un contexto de abusos contra los derechos humanos (véase infra), el gobierno francés sigue sin garantizar que sus sistemas de licencia de exportación y vigilancia del «uso final» impiden que estas transferencias caigan en manos de responsables de violaciones de derechos humanos, sean fuerzas de seguridad estatales o grupos de oposición.

4.4 Armas pequeñas y armas ligeras

Sucesivos gobiernos franceses han proporcionado material y formación militar y de seguridad a la mayor parte de los países francófonos de África, a menudo con independencia de su historial en materia de derechos humanos.Francia proporcionó armas y munición a las fuerzas armadas ruandesas que perpetraron el genocidio de 1994. En 1998, la Asamblea Nacional francesa divulgó los resultados de una investigación sobre este asunto: Enquête sur la tragédie rwandaise (1990-1994),Report No.1271, Les documents d’information de l’Assemblée nationale, 1998, <http://www.assembleenat.fr/dossiers/rwanda/r1271.asp>. En el informe se afirma: «se cedieron armas y munición en 31 casos sin que se aplicara el debido procedimiento». Bernard Debré, ministro de Cooperación francés en 1994, reconoció que el gobierno francés había seguido proporcionando armas al gobierno ruandés «entre cinco y ocho días, quizá diez días después de que empezaron las matanzas».Entre los receptores de armas como ametralladoras de pequeño calibre, rifles automáticos, pistolas ligeras y lanzacohetes portátiles en 1999 estaba Burkina Faso, identificado por la ONU como conducto de armas destinadas a Liberia y a las fuerzas de la oposición armada de Sierra Leona.

Camerún

Las autoridades francesas también permitieron la exportación en 1999 de ametralladoras de pequeño calibre, rifles automáticos, armas ligeras y lanzacohetes portátiles a Camerún, donde según los informes las fuerzas de seguridad han ejecutado ilegítimamente a cientos de personas desde 1998. En 1999 continuaron las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes en las provincias camerunesas del Norte, Extremo Norte y Adamawa, durante las operaciones para combatir los robos a mano armada efectuadas por una unidad conjunta del ejército y la gendarmería (policía paramilitar) conocida como «brigada contra el crimen». Los informes indican que desde marzo de 1998, cuando se desplegó la «brigada», han sido ejecutadas extrajudicialmente alrededor de 700 personas. Según los informes, los homicidios continuaron a lo largo de 1999. La práctica de abandonar los cuerpos sin enterrarlos disminuyó, lo que dificultó determinar el número de víctimas.Informe 2000de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2000/s).

Egipto

Pese a los persistentes informes sobre abusos contra los derechos humanos con empleo de la fuerza a manos de las fuerzas de seguridad egipcias a finales de los años noventa,Informe 1998de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1998/s) y Egipto: Se sigue torturando y haciendo caso omiso del clamor por que se haga justicia, febrero de 2001 (Índice AI: MDE 12/001/2001/s).incluidos el uso excesivo de la fuerza y la tortura en comisarías de policía, en 2000 se transfirieron cartuchos de escopeta de Francia a Egipto.Por valor de 38.000 dólares. Base de datos de NISAT, base de datos Comtrade.En una manifestación estudiantil celebrada en la Universidad de Alejandría el 9 de abril de 2002, Muhammad Ali al-Sayid al-Saqqa, estudiante de 19 años, perdió la vida y varios estudiantes más sufrieron heridas graves por disparos de perdigón. La manifestación había comenzado pacíficamente, pero los acontecimientos se precipitaron cuando las fuerzas de seguridad impidieron a los estudiantes salir del recinto universitario para unirse a otros manifestantes en una marcha de protesta.

El Ministerio del Interior egipcio emitió una declaración en la que afirmaba que las fuerzas de seguridad habían disparado perdigones para tratar de calmar la situación. Amnistía Internacional teme que la muerte de Muhammad ‛Ali al-Sayid al-Saqqa se produjo a causa de los perdigones que dispar¾ un miembro de las fuerzas de seguridad en circunstancias en las que no se cumplieron las salvaguardias contenidas en los Principios Bßsicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU.AI’s briefing to the Human Rights Committee on the Arab Republic of Egypt, mayo de 2000, (Índice AI: MDE 12/019/2002).

Senegal

La munición no clasificada como «material de guerra» sigue necesitando una licencia de exportación francesa especial para «productos explosivos».Para obtener esta autorización para la exportación de productos explosivos (AEOE) hay que cumplimentar un formulario y presentarlo ante el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria. La autorización es concedida en última instancia por el Servicio de Títulos de Comercio Exterior, vinculado a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos.Muchas fuerzas policiales de todo el mundo usan munición de grado no militar en armas como escopetas. Durante el año 2000, Francia transfirió «munición de armas pequeñas» y «cartuchos de escopeta» a Senegal.«Cartuchos de escopeta» por valor de 389.000 dólares y «munición para armas pequeñas» por importe de 54.000 dólares. Base de datos de NISAT, base de datos Comtrade.

En enero de 2001, el estudiante Balla Gaye murió por disparos en unos enfrentamientos entre manifestantes y la policía cerca de la Universidad de Dakar. El presidente Wade ordenó de inmediato una investigación que concluyó en noviembre que la policía podría haber sido responsable del fallecimiento. Aunque un policía fue acusado formalmente y detenido, aún no ha sido juzgado.Informe 2002de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2002/s).

Durante los años noventa, Amnistía Internacional había denunciado violaciones de derechos humanos habituales a manos de las fuerzas de seguridad senegalesas en el contexto del conflicto armado de Casamancia, incluidos detenciones arbitrarias y periodos prolongados de reclusión sin juicio, ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y malos tratos. En 1999, por ejemplo, la organización informó de que muchos civiles de Casamancia, detenidos por las fuerzas de seguridad, habían sufrido torturas o malos tratos mientras permanecían en régimen de incomunicación durante periodos de hasta 10 días, antes de ser llevados ante un juez instructor. Al parecer, varios de ellos habían sido quemados con botellas de plástico llenas de gasolina a las que se había prendido fuego. No se investigó ninguna de estas denuncias. En mayo de 1998, las fuerzas de seguridad dispararon munición real para dispersar una manifestación estudiantil en Saint-Louis, la segunda ciudad del país. Los enfrentamientos se saldaron con nueve estudiantes y un policía heridos.Informe 1999de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1999/s).

En abril de 1998 fueron detenidos en Djiromaïte Djoumondong Bassène, Louis Bassène, Babao Manga y Lamine Tendeng. Según los informes, los obligaron a cavar sus propias tumbas y después los mataron a tiros. Adrien Sambou «desapareció» tras ser detenido por unos soldados en Kabrousse, en julio. En noviembre, los soldados irrumpieron en Djifangor Banjal, un barrio situado en las proximidades de Ziguinchor, y mataron a unos 30 civiles en un registro casa por casa en busca de rebeldes del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia (grupo armado de la oposición).Informe 1999de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/1999/s).

Costa de Marfil

Durante el año 2000 se transfirieron desde Francia a Costa de Marfil cartuchos y piezas de armas de fuego.Comtrade, datos para 2000.En el año 2002 Amnistía Internacional denunció varios casos de ejecución extrajudicial en este país. El 7 de octubre, en Abiyán, unos gendarmes mataron a tiros a tres civiles de Burkina Faso. Un testigo presencial declaró: «hacia las 7 de la tarde, los gendarmes pidieron a estas tres personas que enseñaran sus tarjetas de identidad y después les quitaron el dinero. Luego les dijeron que se tumbasen en el suelo boca abajo. Uno de los gendarmes sacó su pistola, los hombres de Burkina Faso imploraron perdón, los otros dos policías intentaron disuadir a su compañero para que no les disparase, pero no lo consiguieron. Dos de los hombres murieron en el acto y el tercero murió al día siguiente.»Côte d’Ivoire: A country caught up in a turmoil for more than a month, octubre de 2002 (Índice AI: AFR 31/005/2002).

4.5 Exportaciones de armas grandes

Zimbabue

En 1998 se informó de que Zimbabue había elegido los camiones militares franceses ACMAT para utilizarlos en primera línea; las fuerzas armadas zimbabuenses ya estaban empleando 23 de estos vehículos.Jane’s Defence Weekly, 15 de julio de 1998. Según una información publicada en el Sunday Timesel 7 de mayo de 2000, se estaban utilizando 360 vehículos ACMAT para transportar 21.000 AK-47 a policías y veteranos de guerra de todo el país.En sus informes sobre las violaciones de derechos humanos que siguen cometiendo en Zimbabue las «milicias» auspiciadas por el Estado, así como las fuerzas de seguridad estatales, Amnistía Internacional ha expuesto reiterados ejemplos de soldados que llegaban en camiones para cometer estos abusos. El 28 de junio de 2000, por ejemplo, tres días después de las elecciones parlamentarias, unos soldados golpearon a Edwin Mushoriwa, representante parlamentario del partido de oposición Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) por la circunscripción de Harare de Dzivarasekwa, así como a otros simpatizantes del mismo. Alrededor de 200 simpatizantes del MDC celebraban la victoria cuando llegaron los soldados en un camión militar y los golpearon con culatas de rifles. Muchos de los concentrados tuvieron que ser hospitalizados.Zimbabue: Más información. Temor por la seguridad, julio de 2000 (Índice AI : AFR 46/025/2000/s).

En las vistas judiciales celebradas en relación con las elecciones en la circunscripción de Mutoko Sur, en la provincia de Mashonaland Oriental, Matthew Rukwata Dovi, candidato al Parlamento por el MDC, declaró que el 20 de abril de 2000 fue secuestrado por miembros de una «milicia» y que estuvo tres semanas en su poder. Durante ese tiempo, lo solían tener esposado y fue agredido varias veces. En una ocasión lo exhibieron sobre un escenario, junto con otros tres miembros del MDC, en una concentración del ZANU-PF, como «renegados del MDC». Amnistía Internacional informó de que se estaban utilizando los camiones del gobierno donados o facilitados por Estados extranjeros para transportar a las víctimas de los secuestros.Zimbabwe: The Toll of Impunity, junio de 2002 (Índice AI: AFR 46/034/2002).

En julio de 2001, los civiles de Budiriro denunciaron que soldados del ejército y policías propinaban palizas a los habitantes de la localidad, aparentemente como represalia por haberse adherido a un paro de dos días convocado por el Congreso Sindical de Zimbabue. Un diario citaba las palabras de Tim Rhumba, residente de Budiriro, que afirmó que los soldados habían llegado a su casa en cinco camiones y que buscaban a un funcionario del MDC. Rhumba declaró que los soldados le ordenaron a él y a los demás ocupantes de la casa que se tumbaran en el suelo y después empezaron a agredirlos.Daily News, «Soldiers assault Budiriro residents», 12 de julio de 2001.Habida cuenta de la reciente intensificación de la represión política violenta por parte de las fuerzas armadas gubernamentales en Zimbabue, así como de los abusos cometidos por soldados zimbabuenses en la República Democrática del Congo, debía haberse previsto que los camiones militares enviados desde Francia se emplearían para facilitar las violaciones de derechos humanos.

Costa de Marfil

En septiembre de 2000 había 13 vehículos anfibios blindados de transporte de personal VAB en servicio en Costa de Marfil. Los VAB fueron creados por Giat, el fabricante de armas estatal de Francia, para satisfacer las necesidades del ejército de ese país. Sin embargo, en el año 2000 se habían exportado un millar de ellos que estaban en servicio en África, Oriente Medio y Asia. Mientras la versión del ejército francés suele llevar una ametralladora de 7,62 mm o 12,7 mm, las versiones para exportación cuentan con una gama más amplia de armas, incluido un cañón de 20 mm montado en la torreta.Jane’s Defence Weekly, 20 de septiembre de 2000.

En octubre de 2002, decenas de civiles murieron en Daloa, después de que las fuerzas gubernamentales recuperaron la ciudad. Los hombres vestidos con uniformes de faena que cometieron la matanza llegaron en vehículos militares y «tanques».Côte D'Ivoire: A Succession of Unpunished Crimes. From the massacre of gendarmes at Bouaké to the mass graves of Daloa, Monoko-Zohi and Man, febrero de 2003 (Índice AI: AFR 31/007/2003).

Indonesia

En abril de 1996, las fuerzas de seguridad indonesias, a bordo de vehículos blindados de transporte de personal, reprimieron violentamente una protesta en Ujung Pandang haciendo un uso excesivo de la fuerza; al menos tres estudiantes perdieron la vida. Tres meses después, el gobierno estadounidense incluyó expresamente los vehículos blindados de transporte de personal en su lista de armas cuya exportación a Indonesia quedaba prohibida, alegando como motivo las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional se opuso a la entrega de estos vehículos blindados a Indonesia debido a la posibilidad de que se emplearan las armas instaladas en ellos para cometer homicidios políticos, facilitar las detenciones arbitrarias y la tortura, así como para ordenar y controlar estas operaciones. No obstante, ese mismo mes, julio de 1996, Indonesia pidió 18 vehículos de reconocimiento anfibios VBL (Véhicule Blinde Leger) a la empresa francesa Panhard, para ser entregados al año siguiente a sus fuerzas armadas. Jane’s Defence Weekly, 10 de julio de 1996 e Índice AI: ASA 21/039/1997.

En 2003 se entendía que estos vehículos de Panhard seguían formando parte del arsenal de Irak.Jane’s Defence Weekly, 26 de marzo de 2003.

Durante el año 2000 también había vehículos blindados de transporte de personal VAB de Giat de servicio con las fuerzas de seguridad indonesias.«VAB APC», Jane’s Defence Weekly, 20 de septiembre de 2000. En servicio en Brunei (26), la República Centroafricana (10), Costa de Marfil (13), Chipre (145), Francia (3.975 en el ejército, 33 en la gendarmería), Indonesia (18), Líbano (85), Mauricio (11), Marruecos (394), Omán (30 incluidos VBC-90), Qatar (162) y los Emiratos Árabes Unidos (20).Las fuerzas de seguridad empleaban vehículos blindados en Aceh para combatir a los rebeldes armados, en operaciones en las que ambas partes cometieron violaciones graves de derechos humanos. Cientos de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y miles de personas huyeron de sus casas y buscaron refugio en las mezquitas y escuelas locales.Informe 2001de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/001/2001/s).

República del Congo

Francia tiene una gran dependencia del petróleo de África. Las empresas francesas controlan importantes yacimientos petroleros de la República del Congo. Los intereses petroleros franceses han estado aparentemente vinculados al suministro de armas, lo que en ocasiones ha tenido consecuencias devastadoras para los derechos humanos de la población local. Por ejemplo, en 1998, Francia entregó 71 vehículos de transporte militar al gobierno de la República del Congo (Brazzaville). Muchos civiles resultaron muertos y heridos durante el conflicto armado, que provocó asimismo el desplazamiento de 800.000 personas.

Se podía haber previsto, a tenor de la historia reciente del violento conflicto que se desarrolla en Congo, que los soldados harían un uso indebido de los vehículos para facilitar las violaciones de derechos humanos. Se calcula que estaban implicadas en los combates alrededor de 25.000 milicias. El ex presidente de la compañía petrolera francesa Elf, que tiene intereses significativos en el Congo, reconoció que su empresa había entregado armas a los dos bandos principales.Crónica del comercio del terror núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002. Y en República del Congo:Una antigua generación de líderes implicados en nuevas matanzas, marzo de 1999 (Índice AI: AFR 22/001/1999/s), se indica que el ex presidente Lissouba acusó a Elf-Congo de entregar dinero a los Cobrasdel presidente Sassou para que adquirieran armas. A principios de 1998, el ex presidente Lissouba intentó infructuosamente demandar a Elf-Congo ante los tribunales franceses por su presunta implicación en una conspiración para derrocar a su gobierno mediante la financiación del gurpo armado de Sassou, así como por complicidad en homicidios y actos de terrorismo. A finales de septiembre de 1998, el embajador francés en el Congo anunció que Francia iba a enviar al Congo a 25 instructores para formar a mandos intermedios de la Gendarmería congoleña.

4.6 Material de seguridad

Gas lacrimógeno para Kenia

El 7 de julio de 1997 la policía paramilitar keniana irrumpió en la catedral anglicana de Todos los Santos, de Nairobi, lanzando primero cápsulas de gas lacrimógeno y abriéndose paso después con las porras. Varias decenas de partidarios pacíficos de la reforma que se refugiaron en el interior del templo sufrieron heridas graves con hemorragias; muchos más resultaron lesionados, entre ellos un anciano parlamentario de la oposición.La policía y las unidades de seguridad de África utilizan cada vez más gases lacrimógenos y otros productos químicos irritantes directamente en el interior de edificios y otros espacios cerrados de donde es difícil que la gente salga, ya sea por causas físicas —aglomeraciones o barricadas en puertas y ventanas— o por miedo a las palizas, la detención o la «desaparición». El empleo de gas lacrimógeno en este tipo de circunstancias ha producido varias muertes y lesiones graves.Los investigadores de Amnistía Internacional recuperaron algunos de las cápsulas de gas lacrimógeno y de las balas de goma empleados contra los manifestantes pacíficos en Kenia y siguieron su origen hasta empresas británicas. Tras la presión que ejerció la organización, el gobierno del Reino Unido declaró que había denegado solicitudes de licencias por importe de 1,5 millones de libras para la venta de material antidisturbios —incluidas porras y gases lacrimógenos— a la policía keniana debido a preocupaciones en materia de derechos humanos.

Pero los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad kenianas continuaron. Cuando se volvió a hacer un uso indebido de gas lacrimógeno, en junio de 1999, en esta ocasión contra una multitud de 2.000 manifestantes pacíficos, Amnistía Internacional puso nombre de nuevo al fabricante del gas, que esta vez era una empresa francesa, Nobel Sécurité. Así pues, parece que cuando el gobierno británico denegó la concesión de licencias para exportar gas lacrimógeno, las autoridades kenianas recurrieron a una empresa francesa para que suministrara el material necesario para cometer estos brutales actos de «control de multitudes».

Este caso ilustra la necesidad de un control de armas estricto y coherente internacionalmente. Sin embargo, un decreto francés de 20 de noviembre de 1991 contiene una lista de todo el material de guerra y otros equipos asociados sometidos a un procedimiento de exportación especial, y las granadas de gas lacrimógeno no se consideran material de guerra y, por tanto, no están sometidas a ningún procedimiento específico.

La legislación francesa sobre exportación de armas tampoco contiene ninguna referencia específica al control de grillos con pernos, esposas para pulgares, porras electrónicas, pistolas paralizantes, cinturones paralizantes y escudos paralizantes de electrochoque, todos los cuales pueden emplearse para infligir torturas. Entre 1998 y 2000, las empresas francesas Le Protecteur SA, AKAH (Albrecht Kind France), Equipol, Eclats Antivols SA y R-Plus ofrecían suministrar armas paralizantes de electrochoque; Rivolier SA y Le Protecteur SA ofrecían grillos con pernos, y Le Protecteur SA, esposas para pulgares.Un comercio execrable: el comercio de la tortura, Amnistía Internacional, 2001 (Índice AI: ACT 40/002/2001/s).

En su tercer informe ante el Parlamento francés (2001), el Ministerio de Defensa reconoció que el artículo 2 del Código de Conducta de la UE obliga a todos los Estados miembros a que controlen las exportaciones de artículos no militares que pueden ser empleados para la represión o para cometer otros abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, estos productos no entran en la categoría francesa de artículos militares, ni en la de artículos de doble uso militar y civil, por lo que se consideran artículos civiles que se regulan en el ámbito europeo. Un reglamento de comercio de la Comisión Europea propuesto recientemente prohibirá, de ser aprobado, la importación, exportación e intermediación, por empresas y personas, de productos que la Comisión califique de «material para tortura», incluidos cinturones paralizantes de electrochoque, grillos con pernos, esposas para pulgares y grilletes. También exigirá a los Estados miembros que introduzcan controles a las exportaciones de porras paralizantes, pistolas paralizantes y material antidisturbios como el gas lacrimógeno.

Las autoridades francesas han creado un grupo de trabajo para evaluar las consecuencias legales de este mecanismo de control europeo en el futuro para el material policial y de seguridad. Amnistía Internacional insta a Francia a que introduzca controles a la exportación de material policial y de seguridad como porras y escudos antidisturbios, gas lacrimógeno y otros productos químicos irritantes, pistolas paralizantes y escudos de electrochoque.

4.7 Licencias para la producción en el extranjero

Turquía

Giat Industries fabrica una torreta eléctrica individual armada con un cañón de 25 mm y una ametralladora de 7,62 mm para el vehículo blindado para transporte de personal rumano turco RN-94, desarrollada como operación privada por la empresa Nurol Makina de Turquía y la RomArm de Rumania para satisfacer las necesidades de las fuerzas terrestres turcas. El mando de las fuerzas terrestres turcas ha adquirido hasta ahora cinco RN-94 para pruebas exhaustivas.Jane’s Defence Weekly, 19 de febrero de 2003.La torreta de Giat la está fabricando bajo licencia Nurol en Turquía, para instalarla en vehículos blindados de infantería de combate de Sistemas de Defensa FNSS.Jane’s Defence Weekly, 3 de marzo de 1999. A finales de 2002 se informó de que Turquía iba a transferir 100 de estos vehículos blindados de infantería de combate a las Fuerzas Armadas jordanas, para montarlos en Jordania (International Defense Review, 1 de diciembre de 2002).

En junio de 1995, el Departamento de Estado estadounidense publicó un informe en el que se afirmaba que había datos «sumamente fidedignos» de que Turquía estaba empleando transportes blindados de personal, entre otros materiales, en casos de violaciones de derechos humanos.US State Department, Report on Allegations of Human Rights Abuses by the Turkish Military and on the Situation in Cyprus, junio de 1995.Amnistía Internacional ha documentado el uso de vehículos blindados de transporte de personal para perpetrar abusos contra los derechos humanos en Turquía. Se cree que Safak Akbulut fue secuestrada por agentes de la Gendarmería el 24 de noviembre de 1999, el día en que fue excarcelada. Según los informes, durante su estancia en prisión la presionaron para que declarara en calidad de testigo del Estado. Según informes, después de la «desaparición» de Safak Akbulut, el ministro de Justicia reconoció abiertamente que no había sido excarcelada, como había ordenado el tribunal, sino que había sido conducida en un vehículo militar a la delegación del servicio militar del ejército.Turquía: Safak Akbulut, 22 de marzo de 2000 (Índice AI: EUR 44/020/2000/s).

4.8 Los intermediarios en el suministro de armas

Los intermediarios de operaciones comerciales sobre armas con sede en Francia deben obtener la aprobación del gobierno para sus actividades generales, pero no necesitan autorización previa caso por caso si la actividad de intermediación y transferencia de armas se realiza fuera de Francia.

El «Angolagate» salió a la luz cuando funcionarios judiciales franceses descubrieron que Brenco International, compañía propiedad del multimillonario hombre de negocios Pierre Falcone, estaba implicada en transferencias de armas al gobierno de Angola y había hecho pagos a varios de sus asociados franceses.Para más detalles, véase Georges Berghezan, Trafics d’armes vers l’Afrique– Plein feux sur les réseaux français et le savoir-fairebelge, GRIP, 2002.Pierre Falcone era asesor de la agencia del gobierno francés SOFREMI, que exporta material militar bajo los auspicios del Ministerio del Interior. También había cultivado buenos contactos en el negocio de las armas en Europa Oriental, por medio del exiliado político y hombre de negocios ruso Arcadi Gaydamak, que residía en Israel. Al parecer, en noviembre de 1993, Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak habían ayudado a organizar una venta de armas pequeñas a Angola por valor de 47 millones de dólares. Según los informes, en 1994 gestionaron un segundo contrato de armas por valor de 563 millones de dólares, que incluía tanques y helicópteros. El gobierno angoleño pagó las armas con petróleo.Ken Silverstein, The Arms Dealer Next Door: International billionaire, French prisoner, Angolan weapons broker, Arizona Republican. Who is Pierre Falcone?, <http://inthesetimes.com/issue/26/04/feature4.shtml>.

La guerra civil de Angola se cobró cientos de vidas de civiles inermes al año, a manos tanto de las fuerzas gubernamentales como de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Los abusos contra los derechos humanos denunciados incluyen torturas, mutilaciones, secuestros y homicidios. Sólo en 2001, el conflicto armado y la inseguridad obligaron a 300.000 personas a huir de sus casas, lo que elevó el número de desplazados internos a cuatro millones.Véase Crónica del comercio del terror núm. 3, Amnistía Internacional, junio de 2002.

Un nuevo proyecto de ley propuesto por el Senado francés estipula la creación de un régimen en el cual los intermediarios tendrían que solicitar una licencia antes de cada «operación de intermediación», así como de un sistema para informar de cada operación de intermediación bajo pena de sanciones penales en caso de infracción. Sin embargo, no existe ninguna disposición que prevea el control total de las actividades de intermediación realizadas en el extranjero por ciudadanos franceses y residentes en Francia, lo que significa que los intermediarios no tendrían más que salir del país para continuar con sus negocios. El proyecto de ley no ha sido aprobado aún.A 2 de mayo de 2003.

4.8.1 Comercio que respalda el tráfico ilícito de armas

Francia, junto con China, es uno de los dos mayores mercados de la madera liberiana. Pero la industria de la madera liberiana tiene fuertes lazos con el comercio de armas a Liberia, conclusión explícita a la que ha llegado el Grupo de Expertos de la ONU creado por el Consejo de Seguridad de esta organización para vigilar el cumplimiento de las sanciones de la ONU impuestas a Liberia en 2001.

Los informes del Grupo de Expertos han mostrado que el gobierno de Liberia continúa adquiriendo armas, pese a la prohibición de la ONU sobre las transferencias de armas. El Grupo ha subrayado su preocupación por el hecho de que se estén empleando los ingresos procedentes del comercio de la madera —una importante fuente de ingresos del gobierno— para comprar asistencia militar y por que las empresas madereras han facilitado transferencias de armas. Estas armas se están utilizando en el conflicto armado interno que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con el grupo armado de oposición Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia.

Ambos bandos siguen cometiendo abusos graves contra los derechos humanos de los civiles, y los combates se intensificaron y extendieron durante 2003. Las fuerzas gubernamentales liberianas y la milicia armada que lucha con ellas son responsables de homicidios, de torturas que incluyen la violación sexual, y del reclutamiento forzoso de menores de 18 años. Las fuerzas de Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia han cometido abusos similares, aunque en menor medida.Crónica del comercio del terror núm.4 , Amnistía Internacional, mayo de 2003.

4.9 La ayuda militar francesa

Durante la guerra fría, uno de los mayores ámbitos de la cooperación francesa estaba en África, y los países que participaban en esa cooperación recibían el nombre de «Les pays du Champ». Francia tiene todavía acuerdos bilaterales de defensa con países como Burkina Faso, la República Centroafricana, Congo, Gabón, Costa de Marfil (suspendido desde que llegó al poder el general Robert Guei), Ruanda, Togo y el ex Zaire.Anexos del Rapport d'Information Assemblée nationale N°3394, 20 de noviembre de 2001.Es difícil determinar el número de militares franceses que operan en países africanos.En «La cooperation militaire en question», p. 25, Observatoire des Transferts d’Armements Belkacem Elomari 2001.En 2000, el diputado François Lamy señaló que sólo se habían hecho públicos 39 acuerdos de defensa de un total de 90.En «Contrôler les opérations extérieures», Assemblée nationale, 8 de marzo de 2000, n° 2237.

4.9.1 Formación

Las Escuelas Nacionales con Vocación Regional:

Existen 15 centros de formación en Benín, Burkina Faso, Camerún, Gabón, Costa de Marfil, Malí, Senegal y Togo, que impartieron enseñanza a más de 840 alumnos procedentes de 20 países en 2001 (690 en 2000). En estos centros hay instructores franceses.Assemblée nationale, Nº 1114, 8 de octubre de 1998, página 41.

Escuelas militares francesas:

En 2000, se ofrecieron 1.473 plazas para oficiales militares extranjeros. Parte de la formación se refiere al mantenimiento del orden, pero no se dispone de todos los detalles. La información disponible no menciona los derechos humanos ni el derecho humanitario, ni si se investigan los antecedentes de los alumnos o el riesgo de que participen en violaciones de derechos humanos.Observatoire des Transferts d’Armements, La Cooperation militaire française en question, Belkacem Elomari, 2001.

4.9.2 «Cooperación» militar

Aunque las estructuras para la presentación de informes previstas en la política de cooperación francesa se han reformado hace poco,<www.france.diplomatie.fr/mae/dcmd.gb.html>; Rapport d'Information, Assemblée nationale, 20 de noviembre de 2001, p. 34.sigue faltando mucha transparencia. El Parlamento francés no recibe un informe completo sobre los programas de cooperación militar franceses en el extranjero. Un funcionario del MDCD declaró a Amnistía Internacional que su agencia siempre estaba dispuesta a responder a preguntas formuladas por el Parlamento francés, pero se negó a hablar de los programas de cooperación militar franceses en el África central porque era «información confidencial que no se podía compartir con el público en general».Llamada telefónica al Ministerio de Defensa, 25 de abril de 2003.

4.9.3 Servicios militares privados

El 14 de abril de 2003 se aprobó una nueva ley concebida para prevenir la actividad mercenaria francesa en el extranjero. Cualquier persona reclutada con el objetivo específico de combatir en un conflicto armado a cambio de beneficios personales o de una retribución, que no sea ciudadana de un Estado implicado en el conflicto armado, miembro de las fuerzas armadas de dicho Estado o enviada de un Estado no implicado en el conflicto armado, será acreedora de multas y de prisión: cinco años y 75.000 euros si se trata de una persona reclutada, siete años y 100.000 euros si se trata de un reclutador y organizador de operaciones mercenarias.Loi nr. 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire.

Una nueva empresa llamada Défense Conseil International (DCI), propiedad del Estado francés en un 49,9 por ciento y de inversores privados en el restante 50,1 por ciento, proporciona actualmente formación, asesoramiento, mantenimiento y asistencia técnica militar y de seguridad. Al parecer, no existe control del Parlamento sobre sus actividades. Cuenta con los conocimientos especializados de alrededor de 700 miembros del ejército francés en activo o retirados, y trabaja en estrecha colaboración con la Delegación General de Armas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Relaciones Exteriores. En una conferencia organizada por estos dos organismos con el Instituto de Relaciones Internacionales y de Estrategia, el presidente de DCI, Ives Michaud, reaccionó con energía contra un discurso de la Sección Francesa de Amnistía Internacional sobre la necesidad de transparencia y de respeto a los derechos humanos.El presidente de la Sección Francesa de Amnistía Internacional escribió a DCI después de la conferencia para hablar de los derechos humanos, pero no ha recibido respuesta alguna hasta ahora..

4.10 Recomendaciones concretas

El gobierno de Francia debe promover activamente el desarrollo de un tratado internacional sobre el comercio de armas que prevea el control de la exportación de armas basado en el respeto al derecho internacional, y especialmente a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, el gobierno de Francia debe tomar medidas para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar el comercio de armas pequeñas, armas ligeras y material de seguridad y prevenir el uso de las armas de efectos indiscriminados (para detalles sobre estas medidas, véanse las recomendaciones finales, al final de este informe).

Además, el gobierno francés debe:

· Adoptar una ley sobre intermediación en el comercio de armas que incluya su aplicabilidad extraterritorial a los nacionales franceses, a los residentes permanentes en Francia y a las empresas inscritas en este país.

· Establecer un sistema efectivo de supervisión parlamentaria de las decisiones sobre exportación de armas, por ejemplo, por medio de la presentación de informes periódicos a una comisión y oficina parlamentarias.

· Publicar información completa y puntual sobre todas las exportaciones desde Francia de material y tecnología militar, de seguridad y policial, para permitir una supervisión efectiva parlamentaria y pública a fin de garantizar que no contribuyen a que se cometan dichas violaciones de derechos humanos ni facilitan su comisión.

· Prohibir la producción y el comercio de material cuyos efectos intrínsecos sean torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y prevenir la exportación de todos los demás materiales de seguridad y policiales en casos en que sea razonable suponer que se emplearán para infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes.

· Respaldar la adopción del Reglamento del Consejo Europeo relativo al comercio de determinados materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (COM 2002 - 770).

· Garantizar que toda asistencia militar exterior francesa, con independencia de que sea prestada por agentes estatales o empresas privadas, incluirá formación práctica en normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Las condiciones de los acuerdos de asistencia militar y de seguridad francesa, tanto económicas como prácticas, deberán hacerse públicas y estar condicionadas al establecimiento de salvaguardias para los derechos humanos en el país receptor.

5. Reino Unido

5.1 Introducción

El Reino Unido es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro del Grupo de los Ocho y uno de los cinco primeros países exportadores de armas del mundo.Las estadísticas varían entre el valor de las licencias de exportación concedidas y las entregas efectuadas, pero en el informe del Servicio de Investigación del Congreso, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1994-2001, de 6 de agosto de 2002, elaborado por Richard F. Grimmett, se afirma que el Reino Unido es el segundo país, después de Estados Unidos, en cuanto a número de armas enviadas —tablas 9, 9a, 9b, c (p. 82 / 83 / 84)—, y que el 18,78% del total de armas entregadas en el mundo en 2001 tuvo su origen en el Reino Unido.Las armas y el material de seguridad que se producen en el Reino Unido van desde tecnologías para el control de multitudes como cañones de agua, bastones de plástico y gas lacrimógeno, hasta armas pequeñas, munición para armas pequeñas, sistemas armamentísticos de envergadura como aviones, helicópteros y buques de guerra, y artículos electrónicos, software informático y otros artículos de doble uso.

5.2 Controles de la exportación de armas

Las empresas o personas que deseen exportar artículos que figuran en la Lista Militar o en la Lista de Control de Doble Uso del Reino Unido deben solicitar una licencia de exportación al Ministerio de Comercio e Industria. La política del gobierno británico establece:

«No se concederá una licencia de exportación si los argumentos para hacerlo pesan menos que la necesidad de cumplir las obligaciones y los compromisos internacionales del Reino Unido, la preocupación de que los artículos puedan ser empleados para la represión interna o la agresión internacional, los riesgos para la estabilidad regional u otras consideraciones descritas en [los Criterios Consolidados de la Unión Europea y Nacionales para la Concesión de Licencias de Exportación de Armas]».2001 Annual Report on Strategic Export Controls. CM 5559. The Stationery Office, Londres, julio de 2002, p. 413.

Los criterios consolidados para aprobar las exportaciones de armas modifican los ocho criterios que se anunciaron en 1998, cuando el Reino Unido accedió a cumplir el Código de Conducta de la UE en Materia de Exportación de Armas. Se anunciaron el 26 de octubre de 2000 y son ocho criterios con los que han de juzgarse las solicitudes de licencia de exportación que incluyen el respeto a los derechos humanos en el país de destino final, la existencia de conflicto o de tensiones, la conservación de la estabilidad regional y el riesgo de que el material sea desviado o reexportado a usuarios finales no deseados.Hansard, 26 de octubre de 2000, HC 199-203W.Los criterios consolidados son la base de la «orientación» emitida por el gobierno para informar a todos los involucrados en el trámite de la concesión de licencias, y como tal no tiene fuerza de ley.

La base jurídica para la regulación de los controles británicos de la exportación es la Ley de Control de la Exportación y No Proliferación de 2002, que se convirtió en Ley el 24 de julio de ese año. Esta Ley, que entrará en vigor en el segundo semestre de 2003, es el resultado de una revisión exhaustiva del régimen de control de la exportación del Reino Unido realizada tras el escándalo de las «armas para Irak» de finales de los años ochenta y principios de los noventa, investigado por Sir Richard Scott.The Rt Hon Sir Richard Scott, the vice-Chancellor, Report of the Inquiry into the Export of Defence Equipment and Dual-Use Goods to Iraq and Related Prosecutions, House of Commons Papers 115 (HMSO, Londres, 1996).

Como consecuencia de las conclusiones del Informe Scott y de la presión constante de la sociedad civil, el gobierno laborista anunció en su manifiesto general para las elecciones de 2001 que «aprobaría legislación destinada a modernizar la regulación de las exportaciones de armas, con un sistema de licencias para controlar las actividades de los intermediarios y traficantes de armas con independencia del lugar donde estén».Ambitions for Britain, manifiesto del Partido Laborista, 2001.Este proceso, con algunas imperfecciones, está casi terminado. La nueva Ley de Control de la Exportación establece en la legislación primaria el alcance de las facultades del gobierno para imponer controles a la exportación, pero los controles reales que se impondrán durante la legislación secundaria siguen estando sometidos a un periodo de consulta de tres meses que finalizó el 30 de abril de 2003. Los defectos de las normas propuestas se exponen a continuación (véase Defectos en los sistemas de control), pero lo esencial es que, según la política del gobierno, las armas y el material de seguridad que suministre el Reino Unido (sea por medio de la exportación directa, la transferencia con intermediarios, la producción bajo licencia en el exterior o por otros medios) no deberán terminar en manos de quienes los emplearán para cometer abusos contra los derechos humanos.

En 2001 el Reino Unido concedió licencias de exportación para artículos que figuraban en las listas de material militar o de doble uso a 181 países de todo el mundo.2001 Annual Report on Strategic Export Controls. CM 5559. London, The Stationery Office, julio de 2002.Las licencias incluyen las concedidas para exportar a países «no conflictivos», como los miembros de la UE, de la Oorganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la mayoría de los países de la OTAN; las concedidas a destinos «conflictivos» que podrían suscitar preocupación en materia de derechos humanos dependiendo de la naturaleza del material y del usuario final; y las concedidas a países sometidos a embargo.Saferworld, An independent audit of the 2001 UK Government Annual Report on Strategic Export Controls, febrero de 2003.