Document - Czech Republic: Fair trial concerns in the case of Yekta Uzunoglu

AMNISTÍA INTERNACIONAL


Declaración pública


Índice AI: EUR 71/001/2007 (público)

Servicio de Noticias: 061/07

28 de marzo de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR710012007


República Checa: El caso de Yekta Uzunoglu ¿Juicio justo?



Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se ha conculcado el derecho a un juicio justo de Yekta Uzunoglu, ciudadano turco de origen kurdo detenido originalmente en 1994. Yekta Uzunoglu alega asimismo que ha sufrido tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


Según la información recibida por Amnistía Internacional, Yekta Uzunoglu fue detenido junto a su apartamento el 13 de septiembre de 1994. Su detención se basó en el testimonio de otro ciudadano turco, Göksel Otan, que vivía en la República Checa con el nombre de Gurkan Gönen y que, según informes, trabajaba como agente de la policía. Göksel Otan acusó a Yekta Uzunoglu de haberlo secuestrado y torturado. Sin embargo, varios testigos –representantes de la empresa farmacéutica Boots y de una empresa de cosméticos turca, así como varios ciudadanos checos– declararon al abogado de Uzunoglu en aquellas fechas que Yekta Uzunoglu estaba con ellos cuando se cometió el acto de tortura del que se le acusaba. Yekta Uzunoglu fue acusado formalmente de varios delitos, incluidos los de tortura, limitación de la libertad personal, conspiración para el asesinato, robo, estafa y posesión de armas sin licencia.


Yekta Uzunoglu alega que, poco después de su detención y mientras estaba bajo custodia, fue sometido a "torturas físicas, tormento y terror psicológico". Al parecer, en 1996, el entonces ministro del Interior, Jan Ruml, dijo que la policía había maltratado a Yekta Uzunoglu.


La acusación de una triple conspiración para el asesinato o de preparación para el asesinato fue retirada el 10 de abril de 1995, y la de estafa económica el 5 de junio de 1998. En cuanto a la presunta posesión ilegal de armas, según una declaración realizada ante la Cámara de Diputados por el entonces ministro de Justicia checo, Jan Kalvoda, Yekta Uzunoglu había sido procesado por ese cargo "por error" y el ministro pidió disculpas por ello en su respuesta a las preguntas del Parlamento.


Aunque se le concedió la ciudadanía alemana mientras estaba en prisión, tras ser puesto en libertad el 12 de marzo de 1997 (después de permanecer 31 meses bajo custodia),Yekta Uzunoglu decidió quedarse en la República Checa con el fin de luchar por su caso, ya que no se habían retirado los cargos de tortura y limitación de la libertad personal. Yekta Uzunoglu apeló contra una sentencia de septiembre de 2003 en la que se ordenaba el archivo de su caso, alegando que deseaba hacer valer su derecho a que un tribunal lo absolviera de los cargos de tortura y limitación de la libertad personal.


La vista judicial principal de su apelación comenzó el 25 de junio de 2004. Sin embargo, la vista se retrasó considerablemente porque Göksel Otan, la presunta víctima y también testigo en la causa, no compareció ante el tribunal en numerosas ocasiones y la policía no había asegurado su presencia ante el tribunal. El tribunal tampoco había citado a declarar a los testigos que proporcionaron una coartada a Yekta Uzunoglu. Göksel Otan compareció por primera vez el 24 de agosto de 2006; también fue interrogado y declaró ante el tribunal los días 25 de agosto y 5 y 6 de octubre de 2006. Otan se retractó de su declaración original, declarando varias veces que Yekta Uzunoglu “"no le torturó, ni pudo torturarlo, porque no estaba presente durante el acto de tortura". La última vista principal tuvo lugar el 6 de octubre de 2006, fecha en que Göksel Otan reiteró una vez más que Yekta Uzunoglu no estaba presente en los hechos. Tras oír los testimonios y declaraciones, la vista judicial se reanudó el 27 de marzo.


Durante todo este tiempo, el caso de Yekta Uzunoglu ha contado con el apoyo del Comité Checo de Helsinki, que intervino desde el mismo principio, en 1994. A lo largo de estos años, el Comité ha expresado pública y reiteradamente su preocupación por la forma en que la policía había llevado el caso. La Fundación Carta 77, por medio de su presidente, František Janouch, ha expresado asimismo su solidaridad y apoyo a Yekta Uzunoglu y su preocupación por la falta de legitimidad de las actuaciones judiciales.


Las normas internacionales exigen que las personas acusadas formalmente de un delito sean juzgadas en un plazo razonable. Este derecho está consagrado en el artículo 14(3)(c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que los juicios penales se celebrarán sin dilaciones indebidas, y en el artículo 6(1) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que requiere que todos los juicios (sean penales o de otro tipo) se celebren en un plazo razonable. Las autoridades tienen la obligación de acelerar las actuaciones; si no promueven las actuaciones en alguna fase por negligencia, si permiten que la investigación y las actuaciones se estanquen o si tardan un tiempo injustificado en adoptar medidas concretas, se considerará que el plazo no es razonable. De modo similar, si el propio sistema de justicia penal impide la conclusión rápida de los juicios, podría conculcarse el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.


Ante la información expuesta sobre estas actuaciones judiciales, Amnistía Internacional insta a las autoridades checas a que investiguen las violaciones procesales del derecho a un juicio justo de Yekta Uzunoglu, incluido su derecho a ser juzgado sin dilación, a fin de garantizar el derecho de Yekta Uzunoglu a citar testigos y a interrogarlos en aplicación del principio de igualdad procesal, así como su derecho a una defensa efectiva. Amnistía Internacional insta asimismo a las autoridades a que revisen la forma en que se ha llevado este caso con el fin de identificar los defectos en el sistema de justicia penal que han desembocado en la vulneración del derecho de Yekta Uzunoglu a un juicio con las debidas garantías, e impedir que se repitan en el futuro. Por último, Amnistía Internacional recibirá con agrado los detalles de cualquier investigación que se haya realizado sobre las denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia de Yekta Uzunoglu y sus resultados.






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