Document - Croatia: Shortchanging justice: The 'Sodolovci' group

Público


Amnistía Internacional




Croacia

Justicia injusta: El «grupo de Šodolovci»




Diciembre de 1999 RESUMEN ÍNDICE AI: EUR 64/06/99/s


DISTR: SC/CO (50/99)



Amnistía Internacional considera una cuestión de vital importancia que se determine la responsabilidad penal individual respecto a las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Croacia durante el conflicto armado de 1991 a 1995. Para que no sólo se haga justicia, sino que además sea evidente que se hace, es igualmente esencial que los juicios de los acusados de esos crímenes cumplan las normas internacionales relativas a la celebración de juicios con las debidas garantías. A la organización le preocupa la posibilidad de que, en muchos casos, los juicios celebrados ante tribunales croatas contra personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra no hayan sido justos. Amnistía Internacional cree firmemente que los juicios que no cumplen las normas internacionales sólo contribuyen a aumentar el número de violaciones de derechos humanos cometidas en la región, y no sirven a los intereses de la justicia.


Este documento examina el nuevo juicio por delitos de guerra celebrado contra cinco serbios de Croacia del pueblo de Šodolovci, en Eslovenia Oriental. El 24 de noviembre de 1999, el Tribunal Supremo de Croacia resolvió que dicho juicio, celebrado ante el tribunal local de Osijek, había estado viciado por graves irregularidades procesales. Ante esa resolución, el Tribunal Supremo anuló el veredicto del tribunal local de Osijek y ordenó que los acusados fueran juzgados una vez más. Estos cinco hombres habían sido declarados culpables y condenados a penas de prisión en mayo de 1999 por el tribunal local de Osijek tras un segundo juicio; la celebración de ese segundo proceso se había ordenado después de que los cinco fueron condenados in absentia por el mismo tribunal de Osijek durante el conflicto armado de Croacia.


En este caso, a Amnistía Internacional le preocupan también la independencia y la imparcialidad del tribunal encargado del juicio. Además, la organización cree que se ha violado el derecho de los acusados a la presunción de inocencia y a contar con una defensa plena y eficaz.


Amnistía Internacional se siente satisfecha por la decisión del Tribunal Supremo de ordenar que el caso sea juzgado de nuevo. Si la fiscalía decide mantener los cargos contra los cinco condenados, la organización insta a que éstos sean juzgados por un tribunal diferente, independiente e imparcial en unos procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre la celebración de juicios con las debidas garantías.


Además, en aras de la objetividad y la justicia en todos los procesos por crímenes de guerra ante tribunales croatas, Amnistía Internacional recomienda al gobierno de Croacia que reconsidere sus objeciones respecto a la entrega de expedientes de crímenes de guerra a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.






PALABRAS CLAVE: JUICIOS1 / NUEVOS JUICIOS1 / CONFLICTO ARMADO / CRÍMENES DE GUERRA / CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD / TESTIGOS / INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL



Esto es un resumen del documento titulado Croacia: Justicia injusta. El «grupo de Šodolovci» (Índice AI: EUR 64/06/99/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1999. Quien desee más información o emprender acciones al respecto deberá consultar el documento completo. También pueden encontrar una amplia variedad de nuestros materiales sobre este y otros temas en la dirección http://www.amnesty.org, y pueden recibir por correo electrónico los comunicados de prensa de Amnistía Internacional en la dirección: http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm




SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Público


Amnistía Internacional



CROACIA

Justicia injusta


El «grupo de Šodolovci»

CROACIA

Justicia injusta: El «grupo de Šodolovci»1


Introducción


Los conflictos armados de la ex Yugoslavia estuvieron acompañados de violaciones graves y masivas de derechos humanos, que incluían infracciones graves del derecho internacional humanitario.2Es esencial que quienes perpetraron esos crímenes comparezcan ante la justicia. Es preciso romper el ciclo de impunidad que rodeó a estos delitos en la región y conceder una compensación a las víctimas y a sus familiares. Además, el determinar y asignar la responsabilidad individual de estos crímenes es un factor vital para poner fin a la noción, extendida por toda la zona, de que se culpa de forma colectiva a grupos nacionales o étnicos por todo el sufrimiento causado por las guerras de la ex Yugoslavia. El concepto erróneo de la responsabilidad colectiva es uno de los obstáculos más serios que hay que superar para recuperar la confianza mutua y conseguir la reconciliación y la reintegración de los diversos pueblos de la región. Además, ese concepto socava el Estado de derecho.


Amnistía Internacional ya manifestó su satisfacción ante el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (llamado en este documento Tribunal), cuyo objetivo es determinar la responsabilidad penal individual de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, y hacerlo en procesos judiciales que cumplan las más elevadas normas de justicia procesal. Además, la organización lleva años captando apoyos entre los Estados que aportan tropas a la fuerza multinacional de mantenimiento de la paz desplegada en Bosnia y Herzegovina y, más recientemente, en Kosovo, en la República Federativa de Yugoslavia, para que busquen y detengan a los individuos encausados por el Tribunal. Asimismo, Amnistía Internacional ha instado a todos los Estados Miembros de la ONU, incluidos los gobiernos nacionales de los países de la ex Yugoslavia3, a que colaboren con el Tribunal de forma eficaz.


Amnistía Internacional cree que, además, la investigación y el procesamiento de los presuntos autores de violaciones de derechos humanos deben llevarse a cabo, cuando sea adecuado, en los tribunales nacionales, cuya jurisdicción en este asunto se contempla en el Estatuto del Tribunal; no obstante, en esos casos los procedimientos judiciales deben cumplir siempre las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías y deben excluir la posibilidad de que se imponga la pena de muerte.


Sin embargo, a la organización le preocupa el hecho de que muchos juicios de individuos acusados de crímenes de guerra relacionados con la nacionalidad en Croacia, Bosnia y Herzegovina y la República Federativa de Yugoslavia han estado plagados de irregularidades procesales e infracciones de las normas internacionales sobre juicios justos. Los juicios por crímenes de guerra han sido en su mayoría juicios contra miembros del grupo nacional con el que las autoridades actuales estaban anteriormente en guerra. En el caso de Croacia, los individuos juzgados por crímenes de guerra ante los tribunales nacionales han sido predominantemente serbios. Por lo general, esos juicios han tenido lugar en un ambiente con una elevada carga política y emotiva. Así, en muchos casos, los acusados han sido juzgados y declarados culpables por la opinión pública antes de que los juicios hubieran comenzado siquiera.


Los juicios por crímenes de guerra celebrados en Eslavonia Oriental contra serbios de Croacia ilustran esta noción de la «justicia del vencedor». Durante el conflicto armado que estalló en 1991 y 1992 entre las fuerzas gubernamentales croatas, en un bando, y las fuerzas armadas locales serbias (el entonces Ejército Nacional Yugoslavo) y diversos grupos paramilitares de Serbia, en el otro, la región fue escenario de intensas luchas que dieron lugar a homicidios arbitrarios de civiles y a abusos generalizados contra los derechos humanos, abusos que incluyen crímenes de guerra. Hoy día, aún sigue sin conocerse la suerte que corrieron más de un millar de personas de la zona.


Algunos de los crímenes de guerra más destacados cometidos en la región han concluido con un auto público de acusación por parte del Tribunal, aunque hasta el momento nadie ha comparecido ante él para responder plenamente de esos crímenes.4Por el contrario, el sistema de justicia penal croata ha llevado a cabo numerosos procedimientos penales por crímenes de guerra presuntamente cometidos por serbios de Croacia. La mayoría de esos procedimientos han seguido adelante pese a la ausencia de los acusados en el periodo durante el cual la región estuvo fuera del control del gobierno croata.


Este documento intenta ofrecer un análisis detallado del nuevo juicio de un grupo de cinco hombres del pueblo de Šodolovci, en Eslavonia Oriental, habitado principalmente por serbios, y documentar cómo se violó el derecho internacionalmente reconocido de los acusados a un juicio justo. Los procedimientos judiciales contra estos hombres —que formaban parte de un grupo de 19 acusados procedentes de Šodolovci y un pueblo vecino— se iniciaron de hecho en 1994, en un proceso que dio lugar a una declaración de culpabilidad in absentia en 1995 ante el tribunal local de Osijek. Uno de los acusados, Goran Vušurović, se entregó a las autoridades croatas en 1996, y ese mismo año fue juzgado de nuevo y vuelto a condenar. Sin embargo, en 1997 el Tribunal Supremo anuló la resolución del tribunal local de Osijek al concluir que durante el juicio se habían producido irregularidades procesales, y ordenó que se celebrara un nuevo juicio. Los otros cuatro acusados —Željko Keskenović, Pero Kličković, Vujo Halavanja y Marinko Stanković— pidieron ser juzgados de nuevo, esta vez estando ellos presentes. Su nuevo juicio se unió al de Goran Vušurović y, en mayo de 1999, los cinco fueron declarados culpables y condenados a penas de prisión. El 24 de noviembre de 1999, el Tribunal Supremo volvió a anular el fallo del tribunal inferior y declaró que el juicio había estado viciado por graves irregularidades procesales. (En el momento de redactar este informe aún no se había hecho público el texto completo de la decisión del Tribunal Supremo.)


Por la información de la que dispone, a Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que el segundo juicio contra los cuatro hombres de Šodolovci, celebrado en 1998 y 1999, no cumpliera las normas internacionalmente garantizadas sobre juicios justos. En especial, a la organización le preocupa el hecho de que los acusados no fueran juzgados por un tribunal independiente e imparcial. Además, Amnistía Internacional considera que en este caso no se respetó el derecho de los acusados a la presunción de inocencia, y que los cinco hombres no fueron tratados con equidad por el tribunal. La organización pide a las autoridades croatas que garanticen que el derecho, proclamado en las leyes internacionales, de todo hombre a ser juzgado en un juicio justo se respeta plenamente en cualquier nuevo procedimiento judicial contra estos cinco individuos.


Cronología de acontecimientos políticos y judiciales


  • 25 de junio de 1991: Croacia declara su independencia. La policía croata empieza a tener enfrentamientos con formaciones armadas de serbios de Croacia en zonas del país de población mayoritariamente serbia.


  • Agosto de 1991 - mayo de 1992: Se producen los presuntos crímenes de Šodolovci, en Eslavonia Oriental.


  • 19 de noviembre de 1991: La ciudad de Vukovar, de Eslavonia Oriental, cae en manos del Ejército Nacional Yugoslavo y los grupos paramilitares armados serbios que habían sitiado la ciudad durante casi dos meses.


  • 3 de enero de 1992: Las Naciones Unidas negocian un alto el fuego en Croacia entre las autoridades de hecho de Krajina (serbios de Croacia) y el gobierno croata.


  • Abril de 1992: La Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR) se despliega en las cuatro áreas protegidas de la ONU, una de las cuales es Eslavonia Oriental: el Sector Este.


  • 30 de agosto de 1994: El fiscal del tribunal local de Osijek hace pública la inculpación de Milan Miljković, Zoran Stojčić, Petar Stanić, Željko Keskenović, Djordje Rkman, Sime Utvić, Marinko Kojčinović, Nikola Petrović, Kamenko Milić, Savo Stojčić, Ljubomir Alapović, Milorad Radić, Goran Vušurović, Pero Kličković, Jovan Vicković, Marinko Stanković, Vujo Halavanja, Dordje Vujanović y Zdravko Kojčinovic, a quienes acusa de haber cometido crímenes de guerra contra la población civil (artículo 120 del Código Penal Básico de la República de Croacia).


  • 25 de mayo de 1995: Tras un juicio celebrado en 1994 y 1995 ante el tribunal local de Osijek, en el que ninguno de los acusados citados en el párrafo anterior estuvo presente, todos ellos fueron declarados culpables de los cargos y condenados a penas de hasta veinte años de prisión.


  • 14 de febrero de 1996: El Tribunal Supremo de Croacia confirma la resolución del tribunal local de Osijek.


  • 12 de noviembre de 1995: Las autoridades gubernamentales croatas y las autoridades de hecho serbias de Croacia firman el Acuerdo Básico sobre la Región de Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmium Occidental (Acuerdo de Erdut) tras una serie de negociaciones encabezadas por mediadores de las Naciones Unidas y el embajador de los Estados Unidos de América en Croacia. El Acuerdo de Erdut dispone la integración pacífica de la región en el control del gobierno croata, e incluye la posibilidad de que los desplazados croatas y serbios de Croacia regresen libremente a sus respectivos lugares de origen. Además, el Acuerdo prevé el despliegue de la Autoridad Provisional de la ONU en Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmium Occidental (UNTAES), encargada de supervisar la aplicación del Acuerdo.


  • Enero-abril de 1996: La UNTAES queda establecida, de acuerdo con la Resolución 1037 (1996) del Consejo de Seguridad, y Jacques Paul Klein es designado administrador provisional. El componente militar de la UNTAES, compuesto por 5.000 soldados, se despliega en la región.


  • 17 de agosto de 1996: Goran Vušurović, uno de los acusados declarados culpables y condenados in absentia, pasa de Šodolovci al territorio controlado por el gobierno croata y se entrega. Es recluido en espera de juicio en la prisión preventiva de Osijek.


  • Noviembre de 1996: Comienza el nuevo juicio contra Goran Vušurović (el Código de Procedimiento Penal de Croacia permite que se vuelva a juzgar a las personas condenadas in absentia).


  • 25 de noviembre de 1996: Goran Vušurović es declarado culpable y condenado a ocho años de prisión.


  • 21 de mayo de 1997: El Tribunal Supremo de Croacia anula la resolución tomada por el tribunal local de Osijek en el caso de Goran Vušurović por considerar que viola las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de Croacia. El caso es devuelto al tribunal local de Osijek para ser juzgado una vez más.


  • 15 de enero de 1998: Termina el mandato de la UNTAES y el gobierno croata retoma el control de la región que hasta entonces estaba bajo la autoridad de la ONU.


  • 28 de agosto de 1998: Otros tres acusados, Pero Kličković, Željko Keskenović y Vujo Halavanja, son detenidos y recluidos en Osijek. Tres días después, el 31 de agosto de 1998, son liberados (tras la presión de las organizaciones internacionales) en espera de ser juzgados de nuevo.


  • 10 de septiembre de 1998: El fiscal del tribunal local de Osijek propone unir el segundo juicio de Goran Vušurović al nuevo juicio inminente de los otros tres acusados; las razones esgrimidas son que así el proceso resultará más económico y que las pruebas en ambos casos son las mismas.


  • 11 de septiembre de 1998: Comienza el nuevo juicio contra Pero Kličković, Željko Keskenović y Vujo Halavanja.


  • 15 de septiembre de 1998: El acusado Marinko Stanković es detenido y liberado un día después para ser juzgado, defendiéndose a sí mismo, junto con Pero Kličković, Željko Keskenović y Vujo Halavanja.


  • 7 de enero de 1999: El tribunal local de Osijek acepta la propuesta del fiscal de incluir el caso de Goran Vušurović en el juicio de los otros cuatro defendidos, y los casos se unen.


  • 26 de abril de 1999: El fiscal del tribunal local de Osijek publica un auto de acusación enmendado en el que se imputa a Pero Kličković y Željko Keskenović el cargo adicional de ser responsables, como oficiales al mando, del bombardeo indiscriminado, ya que eran miembros de la jefatura de la Defensa Territorial en Šodolovci.


  • 27 de mayo de 1999: El tribunal local de Osijek emite su fallo: Pero Kličković, Željko Keskenović, Marinko Stanković, Vujo Halavanja y Goran Vušurović son declarados culpables de cometer crímenes de guerra contra la población civil (Pero Kličković y Željko Keskenović como mandos de la Defensa Territorial, y los otros tres como miembros de la Defensa Territorial) y son condenados a penas de entre ocho y quince años de prisión.


Información general


Šodolovci es un pueblo pequeño a medio camino entre la ciudad más importante de Eslavonia Oriental, Osijek, y Vinkovci. La mayoría de su población, compuesta por unos 450 habitantes, era serbia, aunque el pueblo estaba rodeado por pueblos y ciudades predominantemente croatas.


En julio de 1991, Eslavonia Oriental estaba al borde de una guerra a gran escala, tras varios meses de escaramuzas entre la policía croata, ayudada por la Guardia Nacional recién creada (predecesora del ejército croata), en un bando, y las milicias locales serbias respaldadas por voluntarios armados de la vecina Serbia y, cada vez más, por el Ejército Nacional Yugoslavo (que había sido llamado por la Presidencia Colectiva Yugoslava para separar a las dos partes en conflicto pero cuyos comandantes, en general, se oponían a la independencia de Croacia), en el otro bando. El conflicto armado de Croacia, que estalló con toda su fuerza tras la declaración de independencia del 25 de junio, se centró en las zonas de gran población serbia, concentradas sobre todo en la zona de Krajina, en la frontera con Bosnia y Herzegovina o con Serbia (la zona se llama así por el término histórico Vojna Krajina, frontera militar).


Las circunstancias exactas que rodearon el estallido de las hostilidades en Šodolovci no están muy claras. Según los informes, el 7 de julio de 1991 una patrulla de la Guardia Nacional entró en el pueblo, al parecer para detener a los extremistas serbios locales sospechosos de interrumpir el tráfico en la carretera de Osijek a Djakovo. Sin embargo, en algún momento estalló la violencia y la Guardia Nacional mató a dos serbios locales y detuvo a otros siete que, posteriormente, fueron recluidos en la prisión de Osijek.5Tras estos incidentes, el alcalde de Šodolovci y su teniente de alcalde (ambos acusados actualmente en el juicio) fueron a Osijek, según los informes, para pedir al alcalde de esta ciudad, Zlatko Kramarić, que garantizara la seguridad de los habitantes de Šodolovci. Al considerar que esa ayuda no iba a llegar y, si llegaba, sería insuficiente, a principios de agosto los habitantes de Šodolovci levantaron barricadas en torno al pueblo. No está claro quién dio la orden de cerrar los accesos a Šodolovci. Según los informes, a finales de julio habían empezado a llegar paramilitares serbios, y su comandante se había hecho cargo de la organización militar del pueblo. Aproximadamente un mes después, varias unidades del Ejército Nacional Yugoslavo entraron en Šodolovci y se hicieron con el control militar de la situación. Movilizaron a todos los varones en edad militar, que en tiempos de paz constituían la Defensa Territorial, y los organizaron para formar una guardia armada en el pueblo.6


Gracias a la superioridad militar de las fuerzas armadas serbias, que recibían abundante material y apoyo directo de las tropas del Ejército Nacional Yugoslavo, al terminar el año la mayor parte de Krajina, incluida Eslavonia Oriental, estaba bajo el control de las autoridades serbias de hecho de Krajina y las fuerzas armadas serbias de Krajina (Armija Republike Srpske Krajine (ARSK), tal como las llamaron a partir de enero de 1992). La mayoría de la población croata huyó de esas zonas para asentarse, como desplazados internos, en el territorio controlado por el gobierno croata.


El 3 de enero de 1992, las partes del conflicto firmaron un exhaustivo acuerdo de alto el fuego promovido por las Naciones Unidas y que incluía el despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU (UNPROFOR) en las zonas de Croacia controladas por serbios, con vistas a su reintegración final. En abril de 1992, se crearon cuatro áreas protegidas de la ONU, divididas en sectores: Sector Sur, Sector Norte, Sector Este y Sector Oeste. El Sector Este incluía la mayor parte de Eslavonia Oriental. En las áreas protegidas siguieron produciéndose enfrentamientos armados de baja intensidad entre las fuerzas serbias y el ejército croata. Después de dos ofensivas lanzadas por las fuerzas armadas croatas en 1995, los sectores Sur, Norte y Oeste quedaron bajo el control de Croacia.7Sin embargo, Eslavonia Oriental permaneció bajo control serbio hasta que la Autoridad Provisional de la ONU (UNTAES) se hizo cargo de la administración de la región en enero de 1996; la UNTAES se mantuvo al frente de la región hasta el 15 de enero de 1998, fecha en la que entregó el control al gobierno croata.


Procedimientos judiciales


La información y el análisis que incluimos a continuación se basan en documentos legales relativos al caso.8Además, se han obtenido datos adicionales de los informes de los observadores internacionales que asistieron al juicio y de la prensa croata, que dio una gran cobertura a los procedimientos previos al juicio y al juicio en sí en 1998 y 1999.


A continuación describimos tanto el nuevo juicio celebrado en 1996 contra Goran Vušurović como el nuevo juicio contra los cinco acusados (incluido Goran Vušurović) celebrado en 1999. Aunque está claro que el juicio de 1996 contra Goran Vušurović estuvo viciado por violaciones de las normas internacionales sobre juicios justos, en aras de una mayor claridad hemos decidido centrar este documento en los defectos del juicio de 1999 (que, en gran medida, perpetuó y repitió las violaciones anteriores).


El 30 de agosto de 1994, basándose en una investigación iniciada en 1993, el fiscal local de Osijek acusó a 19 serbios, 15 de ellos habitantes de Šodolovci, de crímenes contra la humanidad y violaciones del derecho internacional humanitario que constituían crímenes de guerra de acuerdo con el artículo 120, párrafos 1 y 2, del Código Penal Básico de la República de Croacia.9El fiscal acusaba a los 19 hombres de haber bombardeado indiscriminadamente, como comandantes o miembros de la Defensa Territorial en el periodo comprendido entre una fecha no especificada de julio de 1991 y el 5 de mayo de 1992, los pueblos de Djakovo, Kešinci, Koritna, Mrzovići, Semeljci y Vladislavci (todos ellos situados en la parte de Eslavonia Oriental que continuaba bajo control croata). En esos bombardeos habían utilizado morteros y artillería pesada situados en pueblos del territorio de Krajina, en concreto en los pueblos de Ada, Ernestinovo, Koprivna, Markušica y Šodolovci. Diez civiles perdieron la vida en diferentes bombardeos y otros treinta sufrieron heridas de diversa gravedad; además, los bombardeos destruyeron o dañaron de forma considerable numerosos objetivos civiles, económicos, culturales, municipales y religiosos.


Tras un juicio celebrado ante el tribunal local de Osijek que dio comienzo en 1994, los 19 hombres, a pesar de no estar ninguno de ellos presente en los procedimientos, fueron declarados culpables de los cargos el 25 de mayo de 1995 y condenados a penas de entre diez y veinte años de prisión. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo de Croacia el 14 de febrero de 1996. Según los informes, en noviembre de 1997 un observador de la policía civil de la ONU (UNCIVPOL) entregó copias de la resolución del tribunal a 12 de los acusados o a sus familiares.



El nuevo juicio de Goran Vušurović, 1996


El 18 de agosto de 1996, Goran Vušurović, uno de los acusados que había sido declarado culpable in absentia por el tribunal local de Osijek y que había permanecido en Šodolovci durante la mayor parte del conflicto, decidió, al enterarse de que había sido condenado, cruzar la línea de separación (por aquel entonces no vigilada) y entregarse a la policía croata en el pueblo de Hrastin. Fue recluido inmediatamente en la prisión preventiva de Osijek. Su abogado solicitó que, de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de Croacia, Goran Vušurović fuera sometido a un nuevo juicio. El nuevo juicio se celebró ante el tribunal local de Osijek en noviembre de 1996. El día 25 de ese mismo mes, Goran Vušurović fue declarado culpable de haber cometido crímenes contra la población civil y fue condenado a ocho años de prisión.10


Goran Vušurović se había declarado inocente de los cargos que se le imputaban y, durante su defensa en el tribunal, había declarado que, en agosto de 1991, un grupo de paramilitares voluntarios de Serbia había llegado a Šodolovci y había empezado a movilizar a la fuerza a los serbios locales para organizar una guardia armada en el pueblo. Los paramilitares habían instalado primero cuatro morteros de 60 mm y luego otros cuatro de 82 mm en diversos puntos alrededor del pueblo. El acusado se había presentado voluntario para participar en la unidad que hacía funcionar esos morteros porque aquello lo eximía de su labor en la guardia armada del pueblo. Según dijo, su función en la unidad consistía en transportar la munición. También aseguró que, al principio, la unidad de morteros estaba bajo el mando de los paramilitares, pero luego, hacia octubre de 1991, el Ejército Nacional Yugoslavo había llegado al pueblo y sus oficiales se habían hecho cargo de la defensa; entre otras cosas, habían asumido el mando de la unidad de morteros y se encargaban de dar a los tiradores las coordinadas que, según los informes, indicaban las posiciones de las unidades del ejército croata estacionadas en los pueblos de los alrededores y en un bosque cercano. En diciembre de 1991, la unidad obtuvo dos morteros de 120 mm y Goran Vušurović fue trasladado, también para acarrear munición, a los morteros bajo el mando de dos oficiales del Ejército Nacional Yugoslavo, los oficiales que seleccionaban los objetivos que iban a ser bombardeados (según los informes, todos esos objetivos incluían posiciones militares del ejército croata). En febrero de 1992, el Ejército Nacional Yugoslavo se hizo cargo de toda la operación de las unidades de morteros y ordenó a los miembros locales de la unidad que reanudaran su labor en la guardia armada del pueblo. Para eludir estas órdenes, Goran Vušurović se unió a la milicia local y, más tarde, a la milicia de fronteras, donde permaneció hasta que se le manifestó una úlcera y tuvo que ser hospitalizado en Vukovar en el verano de 1993. Después de eso, estaba demasiado enfermo para ser movilizado, y permaneció en el pueblo hasta que decidió cruzar al territorio bajo control croata y entregarse.


Al igual que en el juicio original in absentia, el tribunal estableció la responsabilidad penal individual del acusado basándose casi exclusivamente en la participación de éste en la Defensa Territorial que había actuado en Šodolovci durante el periodo en cuestión. En su apartado aclaratorio, el fallo judicial decía: «... [Q]ueda establecido sin lugar a dudas que el acusado era miembro de la llamada Defensa Territorial de Šodolovci, una formación armada... y es un hecho innegable y bien sabido que el periodo incriminatorio fue el periodo en el que se produjeron las agresiones más graves contra Croacia. También es bien sabido que los rebeldes serbios, en el verano y otoño de 1991, ocuparon una parte importante del territorio de la República de Croacia... Se ha demostrado... que en el periodo que va desde julio de 1991 hasta el 5 de mayo de 1992, los agresores atacaron con armas de artillería tales como tanques, armamento pesado y morteros los pueblos de Djakovo, Kešinci, Mrzović, Koritna, Semeljci y Vladislavci».


El abogado de Goran Vušurović apeló contra este fallo judicial y afirmó que su cliente había sido declarado culpable basándose en pruebas circunstanciales, muchas de las cuales habían sido presentadas al tribunal mediante la declaración jurada escrita de testigos que describían las bajas y los daños específicos causados por los bombardeos sufridos por los pueblos antes citados durante el periodo incriminatorio. Puesto que estos testigos no declararon personalmente en el juicio, la defensa no tuvo posibilidad de interrogarlos. No se presentó ante el tribunal ninguna prueba que respaldara el cargo según el cual la unidad de morteros en la que Goran Vušurović había servido durante la guerra había sido responsable de los daños infligidos, y tampoco se determinó el papel individual desempeñado por el acusado en los diversos bombardeos. Por ello, el abogado de Goran Vušurović pidió que se realizara un examen pericial de balística para determinar si los morteros de la unidad en la que había estado su cliente habían tenido calibre suficiente para alcanzar objetivos en algunos de los pueblos donde se habían producido daños y muertes.


El 21 de mayo de 1997, el Tribunal Supremo de Croacia respaldó la apelación de Goran Vušurović, anuló el fallo del tribunal local de Osijek y ordenó que el caso fuera juzgado de nuevo. En su dictamen declaró que la resolución del tribunal inferior era incomprensible, ya que violaba las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de Croacia al no proporcionar una descripción factual o legal de los actos criminales; eso significaba que los cargos contra el acusado no estaban claros, y tampoco lo estaban los motivos de su condena. Además, el Tribunal Supremo puso en duda la pertinencia de los diversos argumentos incluidos en la explicación que daba el tribunal sobre la resolución del caso, y declaró que, durante el juicio, el fiscal había modificado la descripción factual de los hechos expuesta en el auto de acusación; según el Tribunal Supremo, no estaba claro si el tribunal había aprobado esas modificaciones del auto de acusación o si había basado su fallo en el auto original, y tampoco estaba claro a qué actos del acusado se refería la explicación de la resolución judicial.


El nuevo juicio de los cinco miembros del «grupo de Šodolovci», 1998/199911


En noviembre de 1997, 10 hombres que se encontraban entre los 19 individuos condenados in absentia en 1995 presentaron ante el tribunal local de Osijek una petición para que se celebrara un nuevo juicio.12El presidente del tribunal local de Osijek dijo a la prensa local que el Código de Procedimiento Penal de Croacia permitía que las personas procesadas in absentia fueran juzgadas de nuevo si el fiscal local lo aprobaba y si la policía confirmaba que los acusados se encontraban realmente en Šodolovci.13A principios de 1998, una investigación policial llevada a cabo en Osijek reveló que, de los 15 hombres de Šodolovci que habían sido juzgados in absentia, ocho permanecían en el pueblo y siete se habían trasladado a la República Federativa de Yugoslavia. Aunque el presidente del tribunal local de Osijek había garantizado verbalmente a los representantes de la UNTAES, cuando éstos se marchaban, que los cargos formulados contra el grupo de Šodolovci iban a modificarse para convertirse en cargos a los que pudiera aplicarse la Ley de Amnistía para reflejar la naturaleza de los delitos cometidos, la presión pública para que se detuviera a los acusados que se encontraban en una zona que ahora era accesible a las fuerzas del orden croatas fue en aumento.14


El 21 de mayo de 1998, el tribunal local de Osijek denegó la petición de nuevo juicio alegando que los hombres que la habían presentado no estaban bajo custodia del tribunal y podían huir. Sin embargo, el 20 de julio de 1998 el Tribunal Supremo de Croacia anuló esa decisión y ordenó al tribunal local de Osijek que volviera a juzgar a los ocho hombres que permanecían en Croacia.15


El 28 de agosto, la policía de Osijek-Baranja detuvo a tres de los acusados, Pero Kličković, Željko Keskenović (alcalde y primer teniente de alcalde, respectivamente, de Šodolovci) y Vujo Halavanja, y los puso bajo prisión preventiva por orden del tribunal local de Osijek. Los tres fueron liberados tres días después gracias a las presiones internacionales, incluidas las de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que recordó a las autoridades que el presidente del tribunal se había comprometido verbalmente con los representantes de la UNTAES a que los acusados que permanecían en Šodolovci pudieran seguir libres hasta la celebración del juicio. El nuevo juicio se inició el 11 de septiembre de 1998.


Cuatro días después, el 15 de septiembre, otro de los acusados, Marinko Stanković, fue detenido y liberado al día siguiente en espera de ser juzgado en un proceso en el que se defendería a sí mismo. Su caso se incluyó en el juicio contra Pero Kličković, Željko Keskenović y Vujo Halavanja. Finalmente, el 17 de enero de 1999, el segundo juicio contra Goran Vušurović se unió también al nuevo juicio contra los otros cuatro acusados, iniciado cuatro meses antes. El juicio concluyó el 27 de mayo de 1999, cuando el tribunal local de Osijek declaró a los cinco hombres culpables de haber cometido crímenes de guerra contra la población civil.16


Resumen del caso de la acusación


Durante el nuevo juicio, el tribunal escuchó la declaración de numerosos testigos de la acusación. La mayoría ya habían testificado en juicios anteriores, y muchos de ellos eran familiares de personas que habían resultado muertas o heridas en los bombardeos, o eran individuos que habían perdido propiedades y bienes en esos mismos bombardeos. Algunos de los testigos declararon sobre los acontecimientos que habían tenido lugar justo antes del cierre de los accesos a Šodolovci y durante el periodo en el que el pueblo estuvo aislado. Un forense local confirmó la muerte de 10 civiles y las heridas sufridas por otros 28, y declaró que todas las lesiones habían sido causadas por explosivos o por traumatismos sufridos al saltar las víctimas desde vehículos en un intento por refugiarse durante los ataques de artillería. La amplia documentación reunida por la comisión municipal de Djakovo para evaluar los daños causados por la guerra también se presentó ante el tribunal. Asimismo, prestaron testimonio los mandos locales del ejército croata que habían estado estacionados en la zona en el momento de los ataques y que habían tomado nota de la naturaleza y la frecuencia de los bombardeos en todos los pueblos de los alrededores durante ese periodo; estos mandos militares también proporcionaron un análisis de los movimientos de la primera línea de combate en la zona durante el conflicto armado. También testificaron croatas que habían permanecido en Šodolovci durante la mayor parte del periodo en cuestión o que habían viajado allí por motivos de trabajo.17La defensa presentó algunos testigos, todos ellos serbios de Šodolovci que permanecían en el pueblo. Por último, el tribunal escuchó la opinión de un experto en balística que había visitado los pueblos de Koritna, Semeljci, Vladislavci y Djakovo y había analizado muestras fotográficas y fragmentos de misiles y detonadores dejados por los bombardeos para determinar tanto el calibre de las bombas y las armas utilizadas como las distintas armas empleadas.


El testimonio de los croatas de Šodolovci


Para relacionar a los acusados con los crímenes, la fiscalía presentó el testimonio de tres croatas de Šodolovci (MŠ, IA y MA) que habían permanecido en el pueblo hasta el 17 de febrero de 1992 (en esa fecha fueron expulsados y huyeron al territorio bajo control croata).18Estos testigos ya habían declarado durante el juicio in absentia, y el testimonio de uno de ellos (MŠ) también se había presentado en el nuevo juicio contra Goran Vušurović en 1996. Sin embargo, durante este segundo juicio estos testigos cambiaron su declaración de forma notable, y dijeron que parte de la información que en ocasiones anteriores habían facilitado como de primera mano en realidad era algo que conocían de oídas; también dijeron que el tribunal había malinterpretado parte de sus testimonios anteriores.


Durante su testimonio en el juicio celebrado in absentia, MA declaró que había visto a la mayoría de los acusados (por aquel entonces un grupo de 19) vestidos con uniformes militares o paramilitares y llevando armas. Según este testigo, Željko Keskenović y Jovan Vicković habían organizado la rebelión contra las autoridades croatas en Šodolovci. MA declaró también que Goran Vušurović y Marinko Stanković formaban parte de una unidad de morteros. Otro testigo, IA, afirmó que Željko Keskenović era miembro de la jefatura de la Defensa Territorial, que Goran Vušurović, Marinko Stanković y otros tres acusados estaban en una unidad de morteros y que Vujo Halavanja formaba parte de una unidad que hacía funcionar un cañón utilizado alternativamente en Koprivna y Šodolovci. Igualmente, MŠ declaró que todos los acusados vestían uniformes del «ejército enemigo» y que Željko Keskenović y Pero Kličković eran miembros de la jefatura de la Defensa Territorial.


Durante el segundo juicio contra Goran Vušurović, en 1996, MŠ declaró que había visto al acusado en Šodolovci vestido con un uniforme del ejército enemigo en el que no llevaba ninguna insignia que determinara a qué formación militar pertenecía. También dijo que no sabía qué cargo desempeñaba el acusado en el ejército.


Durante el juicio de 1998 y 1999, los tres testigos introdujeron cambios significativos respecto a sus declaraciones anteriores. Por ejemplo, IA declaró que prácticamente todo su testimonio anterior sobre la función directiva y las actividades de Željko Keskenović y Pero Kličković se había basado en información que había escuchado de otras personas, no en sus propias observaciones. No sabía con seguridad quién había dado las órdenes de disparar en ninguna de las unidades y tampoco sabía quién decidía qué objetivos se atacaban. Por su parte, MA negó haber dicho en declaraciones anteriores que Željko Keskenović y Pero Kličković habían organizado la rebelión armada contra las autoridades croatas, y aseguró que los serbios que habían participado en los ataques en el otro bando no eran de la localidad. MŠ dijo que el tribunal había malinterpretado sus declaraciones anteriores y que, cuando había dicho que Marinko Stanković era miembro de una batería de morteros, de hecho se estaba refiriendo a la labor que el acusado había desempeñado durante su servicio militar obligatorio.


A pesar de las contradicciones en estos testimonios y de la relativa escasez de información concreta que pudiera considerarse pertinente al caso, en tribunal, en su fallo de 1999, consideró que bastaban para demostrar la responsabilidad penal de Marinko Stanković y Vujo Halavanja. El tribunal reconoció que los tres testigos habían modificado sus declaraciones en este nuevo juicio en presencia de los acusados, pero consideró que eran más dignas de crédito las declaraciones realizadas durante la investigación y el juicio in absentia, ya que por aquel entonces había transcurrido menos tiempo desde que se produjeron los hechos que estaban siendo juzgados. El tribunal dijo además que podía sacarse la conclusión de que los testigos habían cambiado sus declaraciones a causa de «presiones internas y externas», ya que todos ellos poseían casas y propiedades en Šodolovci y Koprivna y estaban planeando regresar a ellas a pesar de que, como croatas, estarían en «absoluta» minoría en esos pueblos (véase infra).


Testimonio pericial


La fiscalía también basó gran parte de su caso en el testimonio de dos miembros del ejército croata que estaban estacionados y de servicio en los alrededores, en la zona bajo control croata, pero cuya información sobre lo ocurrido en Šodolovci era en su mayoría circunstancial, basada en especulaciones o procedente de fuentes no identificadas. Otro experto militar, IM, explicó al tribunal la estructura y el funcionamiento de la Defensa Territorial basándose en su conocimiento de la Ley sobre Defensa Nacional Total (Zakon o općenarodnoj obrani) del 26 de junio de 1991.19Según su testimonio, esta ley disponía que «en tiempos de guerra, los ciudadanos de las comunidades locales deben organizar y encabezar la resistencia, movilizar todas las fuerzas y medios necesarios para la defensa de la población en su conjunto, y garantizar un liderazgo y un mando unificados para la Defensa Territorial». IM no dio ejemplos concretos de cómo se habían puesto en práctica estas disposiciones en Šodolovci, y tampoco ofreció argumentos que justificaran por qué los habitantes de Šodolovci, descritos en diversas ocasiones por el tribunal como rebeldes a las autoridades croatas desde principios del verano de 1991, debían respetar una ley que había sido aprobada por el Parlamento croata cuando los enfrentamientos armados ya se habían iniciado en la zona.


Otro oficial del ejército croata, SŠ, declaró que la jefatura de la Defensa Territorial en Šodolovci se componía de ocho o nueve personas y que, «según habían admitido ellos mismos», los acusados Milan Miljković, Željko Keskenović, Djordje Rkman, Pero Kličković, Lukić (se desconoce su nombre propio - no fue acusado) y Djordje Vujanović formaban parte del mando local de la Defensa Territorial.20Según este oficial, durante una conversación telefónica que mantuvo con Željko Keskenović el 7 de noviembre de 1991 como parte de las negociaciones para liberar a varios soldados del ejército croata que habían sido hechos prisioneros en Šodolovci, Keskenović se presentó como comandante de la Defensa Territorial. SŠ también aseguró que, en esa conversación, había quedado claro que el mando de la Defensa Territorial local estaba en manos de un paramilitar serbio conocido por el apodo de «el montenegrino», y que [en el texto del fallo judicial croata no queda claro si este último comentario se refiere a Keskenović o a «el montenegrino»] sólo actuó como comandante militar en la zona durante un corto periodo de tiempo.


Resumen del caso de la defensa


Todos los acusados se declararon inocentes de los cargos que se les imputaban. Goran Vušurović repitió la mayor parte del testimonio que había ofrecido durante su segundo juicio, pero declaró que nunca había sido miembro de una unidad de mortero, y que lo único que había hecho había sido descargar de un camión cajas de munición.


Željko Keskenović declaró que, a principios de julio, había huido a la cercana localidad de Markušica (bajo control serbio), en la que había permanecido hasta el 2 de agosto, fecha en la que un grupo de unos treinta paramilitares serbios llegó allí y le ordenó regresar a Šodolovci. A su regreso, le encargaron la tarea de organizar una cocina comunitaria, y más tarde tuvo que participar en la guardia armada del pueblo.


Pero Kličković, alcalde de Šodolovci, declaró que, tras el inicio de los enfrentamientos armados entre serbios y croatas en la región, en Šodolovci se organizaron patrullas locales. Tras el ataque de julio, la mayoría de los habitantes huyeron del pueblo, pero él se quedó y permaneció en contacto con el alcalde de Osijek, Zlatko Kramarić, para hablar sobre la normalización de sus relaciones. También se puso en contacto con representantes serbios del cercano pueblo de Koritna y, junto con ellos, mantuvo reuniones con el alcalde de Osijek. El 2 de agosto llegó al pueblo un grupo de hombres uniformados procedentes de Serbia que se hizo cargo del mando militar del pueblo y ordenó que se construyeran barricadas. Los paramilitares serbios entregaron uniformes y armas a los habitantes de Šodolovci y los alistaron a todos en la guardia armada del pueblo; también los hicieron cavar trincheras, montar guardia y organizar una cocina comunitaria. Pero Kličković aseguró que, aparte de estas tareas, no desempeñó ninguna otra función militar en el pueblo.


Vujo Halavanja declaró que, en julio, viajó a Sremska Mitrovica, en la República Federativa de Yugoslavia, para recibir tratamiento médico en un hospital. A finales de agosto regresó a Šodolovci. Por aquel entonces empezaron a llegar al pueblo formaciones del Ejército Nacional Yugoslavo. Šodolovci estaba controlado por comandantes de este Ejército, ya que las autoridades civiles habían dejado de funcionar, y unos doscientos o trescientos soldados del Ejército Nacional Yugoslavo fueron estacionados en el pueblo; más tarde, esta cifra varió. A él mismo le ordenaron que montara guardia en las trincheras, pero después, por motivos de salud, lo trasladaron a trabajar en la cocina comunitaria. Cuando se desplegaron las tropas de UNPROFOR en la región en la primavera de 1992, el Ejército Nacional Yugoslavo se retiró, y se llevó su equipo con él.


Marinko Stanković declaró que, cuando se produjeron los incidentes de principios de julio, él estaba en Banja Luka, en Bosnia y Herzegovina. Decidió dejar allí a su familia y regresó a Šodolovci para encontrar el pueblo prácticamente vacío. Cuando los voluntarios serbios llegaron a Šodolovci en agosto, tuvo que cavar trincheras alrededor del pueblo durante dos semanas y participar en la guardia armada ciudadana. A continuación, los soldados del Ejército Nacional Yugoslavo empezaron a llegar al pueblo y se hicieron con el mando. A mediados de septiembre, Šodolovci fue bombardeado dos veces desde Koritna y el bosque de Tomin hrast. Marinko Stanković siguió participando en la guardia armada del pueblo pero nunca participó en la operación de artillería pesada lanzada por el Ejército Nacional Yugoslavo, aunque sí vio cómo sus miembros transportaban armas sin retroceso y oyó decir que se habían estacionado morteros cerca del cementerio del pueblo. A mediados de enero de 1992, Marinko Stanković viajó a Banja Luka, donde se quedó hasta finales de febrero a causa de la enfermedad de su padre y su posterior fallecimiento y entierro.


El tribunal escuchó también la declaración de diez testigos de la defensa, todos ellos serbios de Šodolovci que habían permanecido en el pueblo durante el conflicto, aunque la mayoría de ellos no habían circulado demasiado por sus calles durante el periodo en cuestión a causa del estado de guerra. Según estos testigos, todos los habitantes de Šodolovci físicamente capacitados habían servido en la guardia armada del pueblo, y Željko Keskenović y Pero Kličković habían desempeñado tareas específicas como organizar el alojamiento de los soldados o la distribución de comida. Estos testigos confirmaron que no habían visto a ninguno de los acusados manejando equipo de artillería o dando órdenes sobre su utilización.


Testimonio pericial


Un experto en balística, contratado por el tribunal a petición de la defensa, llevó a cabo un detallado análisis basado en los expedientes judiciales completos, e inspeccionó los daños sufridos por los pueblos de Koritna, Semeljci, Vladislavci y Djakovo. También examinó trozos de proyectiles y detonadores hallados en Djakovo durante el periodo en cuestión y estudió todos los testimonios fotográficos.


Este experto concluyó que los pueblos de Koritna, Semeljci y Vladislavci habían sido bombardeados con morteros de un calibre de 120 mm (cuyo alcance de fuego es de 6,3 kilómetros), disparados desde una distancia de 5 kilómetros; los disparos se habían realizado desde la zona de Šodolovci o sus alrededores, aunque, en el caso de Koritna y Semeljci, también podían haberse realizado desde la zona de Koprivna. La ciudad de Djakovo había sido bombardeada con morteros de un calibre de 130 mm (con un alcance de fuego de unos 27,5 kilómetros) y lo más probable es que los disparos vinieran de la dirección de Markušica (bajo control serbio).


Lo que quedó claro a raíz del testimonio del experto en balística es que los bombardeos más fuertes (como el que tuvo lugar contra Djakovo en la primavera de 1992, que causó la muerte de seis personas y lesiones graves al menos a otras cuatro) pudieron no haberse realizado desde Šodolovci, ya que en esa época allí no se utilizaba (ni siquiera lo había) armamento con alcance suficiente para atacar blancos tan distantes. Respecto a la mayoría de los bombardeos restantes, el experto no pudo determinar con certeza el lugar exacto en el que se originaron (en la mayoría de los casos, el bombardeo pudo proceder de Šodolovci o de uno o dos de los pueblos vecinos).


La fiscalía no presentó ninguna prueba que demostrara que todos y cada uno de los acusados habían disparado u ordenado disparar en algún momento unidades de mortero en Šodolovci o en los otros pueblos citados en el auto de acusación. De hecho, las pruebas presentadas sobre la función y las actividades de cada acusado en el propio Šodolovci eran, como mínimo, poco concluyentes y contradictorias, y no tenían base suficiente.


Violaciones de las normas internacionales que garantizan el derecho a un juicio justo e infracciones del derecho penal nacional


A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que, en el transcurso del nuevo juicio, se violó el derecho de todos los acusados a ser juzgados con las debidas garantías.


El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente


Según la prensa local, el ministro de Justicia croata, Zvonimir Šeparović, visitó Osijek dos días antes de que se anunciara el fallo judicial y habló con los jueces del tribunal local de Osijek sobre «cuestiones legales actuales».21En declaraciones a la prensa, el ministro Šeparović hizo comentarios sobre otro juicio por crímenes de guerra que acababa de iniciarse ante el tribunal local de Vukovar y dijo: «estos procedimientos judiciales demuestran que Croacia cuenta con un sistema judicial que funciona, que los crímenes de guerra más atroces nunca prescribirán y que Croacia fue víctima de una agresión terrible y brutal de la que Osijek y Vukovar son los mejores testigos» (véase infra).


Amnistía Internacional considera preocupante el hecho de que un miembro del gobierno fuera visto hablando con los jueces del tribunal local de Osijek la víspera de la conclusión de un importante juicio político, ya que podría dar la sensación de que el gobierno ha interferido en el funcionamiento del poder judicial. La organización cree que los actos del ministro podrían hacer pensar que éste no actuó de acuerdo con los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, que, en parte, disponen que:


... Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán la independencia de la judicatura. (Principio 1)


Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. (Principio 2)


La Defensora del Pueblo para cuestiones sobre derechos humanos de Bosnia y Herzegovina22ha subrayado que, en interés de la confianza del público en el sistema judicial, es sumamente importante que los tribunales actúen, y sea evidente que lo hacen, independientemente del poder ejecutivo (es decir, las autoridades gubernamentales).23Esto es algo esencial en los juicios delicados y con implicaciones políticas. En circunstancias similares, en Bosnia y Herzegovina, la Defensora del Pueblo concluyó que los jueces de un tribunal serbio de Bosnia que habían presidido el juicio de tres musulmanes bosnios acusados de asesinato no podían considerarse ni independientes ni imparciales. La Defensora basó sus conclusiones en el hecho de que el juez que presidía el tribunal había mantenido conversaciones con el ministro de Justicia durante un seminario profesional al que asistieron jueces de la entidad serbia de Bosnia tres días antes de la fecha en la que debía anunciarse la resolución judicial sobre aquel caso concreto. Además, el mismo día que se anunció el fallo judicial, se vio al asesor legal del presidente de la entidad en el tribunal; según los informes, había acudido allí para reunirse con el juez que presidía el tribunal y dos jueces legos encargados del caso.


En su informe, la Defensora del Pueblo declaró:


... Independientemente de si el señor Slobodan Cvijetić [asesor legal del presidente] debatió o no el caso con los jueces legos o con el juez Željić [presidente del tribunal], la Defensora no puede sino considerar plenamente legítimas las dudas de los acusados respecto a la independencia e imparcialidad del tribunal.


Además, se han expresado dudas de carácter más general respecto a la aparente falta de independencia del sistema judicial croata. El relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados ha expresado su preocupación por el hecho de que el Consejo Judicial del Estado de Croacia (órgano que selecciona y nombra a los jueces y fiscales) haya relevado de su puesto a varios jueces a causa de su origen nacional o sus opiniones políticas.24


El Comité Croata de Helsinki ha denunciado que el Consejo Judicial del Estado ha violado las disposiciones de la Ley Constitucional sobre los Derechos Humanos y los Derechos de las Minorías Étnicas y Nacionales de Croacia al no incluir un número proporcional de empleados no croatas en las instituciones judiciales.25Como ejemplo de lo que denominó «limpieza étnica» del poder judicial, el Comité presentó declaraciones realizadas por el presidente Franjo Tudjman a la prensa en 1993 en las que decía que «aún» había siete jueces serbios desempeñando su labor en los tribunales de la ciudad de Karlovac (de un total de 21 jueces). Según el Comité de Helsinki, las declaraciones del presidente hicieron que varios jueces y fiscales serbios y un juez esloveno abandonaran la ciudad.


El derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial


A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que los cinco acusados fueron juzgados por una junta de jueces presidida por el mismo juez que había presidido el primer juicio celebrado in absentia. Ante esto, puede alegarse que, a raíz de su participación en los procedimientos anteriores, el juez que presidía el tribunal ya se había formado una opinión sobre el caso, y eso pudo afectar a su imparcialidad.


Además, el hecho de que el mismo juez presidiera el tribunal tanto en el juicio in absentia como en el nuevo juicio parece violar las leyes penales nacionales croatas. De acuerdo con el artículo 36, párrafo 5, del Código de Procedimiento Penal de 1998, un juez o un juez lego quedan excluidos de actuar en un caso penal cuando, en ese mismo tribunal, hayan participado en la toma de una decisión judicial que posteriormente haya sido anulada por un remedio judicial extraordinario, como un nuevo juicio.


Estas preocupaciones se ven acrecentadas por la importancia que el juez que presidió el tribunal dio a ciertas pruebas. Por ejemplo, como ya hemos dicho anteriormente, algunos testigos de la acusación introdujeron cambios importantes en las declaraciones que habían realizado durante los juicios anteriores. El juez concluyó que sus testimonios anteriores eran más dignos de crédito y que los testigos habían modificado sus declaraciones en el nuevo juicio a causa de «presiones». No ofreció ningún dato que fundamentara esta conclusión, ninguna prueba que la respaldara. Por ello, su decisión de desestimar la versión posterior, modificada, de las declaraciones de los testigos parece haberse tomado basándose en algo diferente de las pruebas en sí.


Por todos estos motivos, Amnistía Internacional cree que es posible que el nuevo juicio no se celebrara de acuerdo con el Principio 2 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, que establece que:


Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho...


En su resolución, el tribunal también declaró que los acusados «... junto con otras personas, decidieron colaborar en la rebelión contra las autoridades legítimas de la República de Croacia y empuñar las armas, y por ese motivo se quedaron en esta región [en el verano de 1991].» Con ello, el tribunal sugiere que la decisión de los acusados de quedarse en el pueblo en el que habían vivido toda su vida en lugar de marcharse al estallar las hostilidades era en sí una prueba incriminatoria.


En opinión de Amnistía Internacional, la manera en la que el tribunal interpretó el comportamiento de cada uno de los acusados, a los que pareció amontonar en un grupo colectivo de «agresores», puede hacer pensar que el tribunal estaba predispuesto contra los acusados porque éstos eran serbios de Croacia. Esta opinión se ve respaldada por el hecho de que a la defensa se le impidió presentar a algunos testigos que, según se cree, habrían declarado sobre los motivos que impulsaron a varios de los acusados a quedarse en Šodolovci y sobre el deseo de esos mismos acusados de resolver pacíficamente los problemas entre los habitantes serbios y croatas de la zona.


El derecho a la presunción de inocencia


Según el Código de Procedimiento Penal de Croacia, nadie puede ser declarado culpable de un delito hasta que su culpabilidad haya sido establecida mediante un fallo judicial definitivo.26El derecho de todo individuo acusado de un delito a ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en el transcurso de un juicio con las debidas garantías aparece expuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso significa que la responsabilidad de determinar la culpabilidad de una persona más allá de una duda razonable recae en la fiscalía, que debe demostrar dicha culpabilidad durante el juicio.27


Igualmente, el artículo 66.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dispone que «para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable». Por su parte, los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el juicio de Čelebići, declararon su adhesión al principio general según el cual «... la fiscalía está obligada por ley a demostrar, más allá de una duda razonable, los cargos formulados contra el acusado. Al concluir el juicio, el acusado tiene derecho al beneficio de la duda respecto a si se ha demostrado su culpabilidad en el delito».28


En el caso de Šodolovci, el tribunal concluyó que el nuevo juicio había establecido los hechos que habían sentado la base para el fallo condenatorio pronunciado tras el juicio in absentia en 1995 (resolución del tribunal local de Osijek, 27 de mayo de 1999, página 8). En especial, el tribunal se basó en los testimonios de los tres croatas de Šodolovci que habían permanecido en el pueblo hasta mediados de febrero de 1992 y en los de los tres oficiales del ejército croata que habían declarado sobre la situación de las zonas ocupadas por Serbia; también se basó en el fundamento legal y el funcionamiento de la Defensa Territorial en la ex Yugoslavia (véase supra, el apartado «Resumen del caso de la acusación»).


Por ello, el tribunal concluyó que «... no cabe duda de que Goran Vušurović, Željko Keskenović, Pero Kličković, Vujo Halavanja y Marinko Stanković, junto con otros, decidieron colaborar con la oposición contra las autoridades legítimas de la República de Croacia y empuñar las armas, y ése es el motivo de que se quedaran en este territorio... El argumento de la defensa de que los acusados, al igual que todos los habitantes de Šodolovci, actuaron en defensa propia colectiva no tiene fundamento ni de hecho ni de derecho».


Además, el tribunal declaró:


... En este caso, en contra de lo argumentado por la defensa, no hay necesidad de determinar que los acusados ... participaron en el bombardeo de cada localidad mencionada, utilizando todo tipo de armamento pesado, ni de que ordenaron todas esas actividades incriminatorias. En la agresión armada contra la República de Croacia, todas las estructuras de las fuerzas armadas de los agresores participaron en las actividades, de acuerdo con un plan predeterminado, para lograr su vil objetivo. Las consecuencias de estas actividades, tal como aparecen expuestas en el auto de acusación ... son resultado de la colaboración colectiva de estructuras e individuos concretos, ya sea a la hora de dar las órdenes o de llevarlas a la práctica. Todo esto viola las normas expuestas en el derecho internacional.


Como ampliación de este razonamiento, el tribunal declaró que la comisión de crímenes de guerra, tal como se expone en el artículo 120 del Código Penal Básico, fue un acto delictivo coordinado en el que los acusados contribuyeron. En otras palabras, el delito parecer ser resultado de la colaboración de varias personas cuyos actos estuvieron coordinados mediante un plan.


Al explicar este fallo condenatorio, el tribunal declaró que no había necesidad de determinar la responsabilidad individual de los cinco acusados, ya que el mero hecho de que todos ellos estuvieran implicados de un modo u otro en la estructura de la Defensa Territorial que presuntamente actuaba en el pueblo durante el periodo en cuestión demostraba su implicación en los crímenes imputados.


Basándose en la lectura del fallo judicial antes expuesto, Amnistía Internacional siente preocupación porque, más que determinar la responsabilidad de cada individuo en los delitos en cuestión, el tribunal declaró a los acusados culpables por asociación, tal como había hecho en su fallo tras el juicio in absentia y en el fallo tras el nuevo juicio contra Goran Vušurović. Los órganos intergubernamentales internacionales han declarado que las prácticas legales que consideran como pruebas de culpabilidad en sí factores tales como el origen étnico del acusado o su pertenencia a unas fuerzas armadas concretas pueden violar el derecho a la presunción de inocencia.


Además, el tribunal declaró que el testimonio prestado por los serbios de Šodolovci a petición de la defensa «... no demostraba la inocencia de los acusados...» (resolución del tribunal local de Osijek, página 22). Amnistía Internacional considera que esta conclusión es un indicio más de que el tribunal no respetó el derecho de los acusados a la presunción de inocencia, ya que no son los acusados quienes deben demostrar su inocencia, sino la fiscalía quien debe demostrar su culpabilidad.


Además, a Amnistía Internacional le preocupan los comentarios realizados ante la prensa por el ministro de Justicia Zvonimir Šeparović durante su visita a Eslavonia Oriental el día antes de que se anunciara el fallo sobre el juicio de Šodolovci (véase supra). En esa ocasión, el ministro hizo una declaración que se refería indirectamente a los cinco acusados. Según lo citaron en la prensa local, el ministro dijo: «Nunca permitiremos que unos extranjeros nos obliguen a aceptar que toda la guerra de Croacia y el deseo de justicia de las víctimas verán la agresión četnik reducida, a consecuencia de la Ley de Amnistía, a tan sólo 25 četniks, como si ellos fueran los únicos responsables de la destrucción de Vukovar y de otras ciudades croatas».29Al hablar de «25 četniks» —término peyorativo utilizado para describir a los fascistas serbios durante la Segunda Guerra Mundial— el ministro de Justicia se refería a una lista publicada por su Ministerio a finales de 1997 en la que se incluían los nombres de 25 personas que habían sido procesadas por crímenes de guerra. En esa lista aparecía todo el grupo de Šodolovci.


A Amnistía Internacional le preocupa que las palabras pronunciadas por el ministro de Justicia la víspera de la conclusión del juicio de Šodolovci puedan haber sido interpretadas como una declaración de la culpabilidad de los acusados, una declaración que prejuzgaría la evaluación de los hechos por parte de una autoridad judicial, y puedan haber violado el derecho de los acusados a la presunción de inocencia.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el principio de la presunción de inocencia obliga no sólo a los jueces sino también a otras autoridades. 30De hecho, este principio puede ser violado no sólo por un juez o un tribunal sino también por otras autoridades públicas.


El principio de la «igualdad de armas»


A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que se haya violado el derecho de los acusados a presentar una defensa plena y a ser tratados con equidad. En especial, a la organización le preocupa que se privara a los acusados de su derecho a examinar a fondo a los testigos de cargo y a contar con testigos que declararan a su favor en las mismas condiciones que los testigos que declararon en su contra, tal como disponen el artículo 6.3.d del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Por ejemplo, cuando la defensa interrogó a los oficiales del ejército croata MŠ y SŠ, el presidente del tribunal no le permitió formular a los testigos preguntas sobre el intercambio de fuego de mortero entre ambos bandos. Además, uno de estos testigos se negó a responder cuando la defensa le pidió que diera más detalles sobre la posición, el armamento y la elección de blancos del ejército croata, pues dijo que, en su opinión, esas cuestiones eran secretos militares. El juez no respaldó la objeción presentada por la defensa ante esta negativa.


Teniendo en cuenta que uno de los elementos de los delitos imputados a los acusados era que éstos habían participado en el bombardeo indiscriminado de blancos civiles, para el tribunal era de una importancia crucial el determinar si el bombardeo lanzado por las fuerzas serbias y el Ejército Nacional Yugoslavo había sido realmente indiscriminado, y para ello debía utilizar todas las fuentes de información disponibles. Además, puesto que los hechos que se estaban juzgando (el bombardeo) tuvieron lugar más de ocho años antes de la fecha del juicio y en el contexto de un conflicto armado que, desde entonces, se ha resuelto mediante un acuerdo de paz, el argumento de que parte de la información debía ser considerada secreto militar parece totalmente injustificado.


Además, el tribunal rechazó la petición de la defensa de citar a algunos testigos que, según consideraban los abogados defensores, habrían proporcionado más información sobre los hechos que se produjeron inmediatamente antes del estallido de las hostilidades en Šodolovci y sus alrededores. En especial, entre los testigos que la defensa deseaba interrogar se encontraban Zlatko Kramarić, que ocupó la alcaldía de Osijek durante la guerra y también la ocupa en la actualidad, y otras autoridades locales que habían participado en negociaciones con los habitantes de Šodolovci y otros pueblos serbios de la zona. Respecto a la generalización hecha por el tribunal sobre las actividades colectivas y las intenciones de todos los serbios que decidieron quedarse en la región, la decisión de prohibir los testimonios propuestos por la defensa, testimonios que habrían puesto en duda esas conclusiones, parece muy significativa.


Conclusiones y recomendaciones


A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que Goran Vušurović, Željko Keskenović, Pero Kličković, Vujo Halavanja y Marinko Stanković fueron declarados culpables y condenados a penas de prisión tras un juicio que no cumplió las normas internacionales de justicia procesal.


En especial, existen motivos para creer que el tribunal que juzgó a estos hombres pudo no ser independiente ni imparcial. Además, el tribunal no determinó la responsabilidad penal individual de los acusados en los delitos imputados, e incluso dijo que no era necesario establecer si cada uno de ellos había participado en los incidentes descritos en el auto de acusación. De esa manera, el tribunal relevó en la práctica a la fiscalía de su deber de presentar pruebas que demostraran la culpabilidad, y violó el derecho de los acusados a la presunción de inocencia. Asimismo, a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que el tribunal violó el derecho de los acusados a presentar una defensa al no respetar plenamente su derecho a interrogar y citar testigos.


Tal como quedó demostrado por la decisión de numerosos serbios de Croacia de abandonar la región tras el juicio de Šodolovci y por las reacciones de los medios de comunicación de Croacia, de la entidad serbia de Bosnia y de la República Federativa de Yugoslavia ante el resultado del juicio, está claro que éste tuvo un enorme impacto en la imagen del sistema judicial y acrecentó la falta de confianza en él.


En opinión de Amnistía Internacional, los juicios por crímenes de guerra ante tribunales nacionales que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal sólo sirven para incrementar el número de víctimas de violaciones de derechos humanos en la región, y desde luego no favorecen los intereses de la justicia.


Recomendaciones de Amnistía Internacional:


Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de Croacia de anular la resolución del tribunal local de Osijek del 27 de mayo de 1999 por considerar que se produjeron graves irregularidades procesales y de ordenar que el caso sea juzgado de nuevo.31


  • Amnistía Internacional sigue instando a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que todos los juicios por crímenes de guerra celebrados ante tribunales croatas cumplen las normas internacionalmente reconocidas sobre justicia procesal. Estas normas incluyen, entre otros, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho del acusado a estar presente durante el juicio y el derecho a ser tratado con equidad.


  • Si la fiscalía decide seguir adelante con los cargos imputados a los cinco hombres del grupo de Šodolovci, Amnistía Internacional considera que el juicio debe celebrarse ante unos jueces totalmente distintos, según disponen los procedimientos penales croatas y para que se respete el derecho de los acusados a ser juzgados con justicia ante un tribunal independiente e imparcial.


  • Amnistía Internacional recomienda también que el gobierno croata reconsidere su objeción inicial a intercambiar con la fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia expedientes sobre procesamientos por crímenes de guerra. Existe un acuerdo similar para Bosnia y Herzegovina por el cual, de acuerdo con las llamadas Normas de Carretera, los expedientes sobre crímenes de guerra son enviados al Tribunal para que éste los examine y decida si existen pruebas suficientes para iniciar un procesamiento.32

Amnistía Internacional desea subrayar que el gobierno de Croacia, mediante su Programa de Establecimiento de la Confianza, Aceleración del Regreso y Normalización de las Condiciones de Vida en las Zonas de la República de Croacia Afectadas por la Guerra, de 1997, se ha comprometido a informar puntualmente al Tribunal de los nuevos procesamientos por crímenes de guerra.33Sin embargo, Amnistía Internacional tiene entendido que este procedimiento no incluye una revisión de los expedientes para determinar si las pruebas existentes contra una persona son suficientes para ordenar su procesamiento penal.


  • Reconociendo que, en caso de que el gobierno de Croacia accediera, el intercambio de expedientes supondría un aumento significativo del trabajo ya de por sí abrumador del fiscal del Tribunal, la organización insta a los Estados Miembros de la ONU a asignar fondos adicionales a la fiscalía del Tribunal para facilitar este imprescindible trabajo y acelerar el examen de los posibles procedimientos por crímenes de guerra que pretendan iniciar los tribunales croatas.

1 Éste es el segundo documento interno que Amnistía Internacional publica sobre este tema; el primero fue Croatia: Mirko Graorac, Shortchanging Justice -- War crimes trials in former Yugoslavia, Índice AI: EUR 64/10/99, de diciembre de 1998.

2 Si desean más información, consulten Yugoslavia: Tortura y homicidios deliberados y arbitrarios en zonas de guerra (Índice AI: EUR 48/26/91/s), de noviembre de 1991, y Yugoslavia: Nuevos informes de tortura y homicidios deliberados y arbitrarios en zonas de guerra (Índice AI: EUR 48/13/92/s) de marzo de 1992.

3 Por ejemplo, Amnistía Internacional ha pedido en numerosas ocasiones al gobierno de la República Federativa de Yugoslavia que transfiera a la jurisdicción del Tribunal a tres de sus ciudadanos a los que éste ha encausado públicamente por su presunta implicación en la muerte de centenares de hombres desarmados en la ciudad croata de Vukovar en noviembre de 1991. Las autoridades federales yugoslavas se han negado a entregar a los inculpados alegando que eso violaría su constitución, que prohíbe la extradición de ciudadanos de la República Federativa de Yugoslavia. Sin embargo, las directrices redactadas para una colaboración eficaz de los Estados con el Tribunal establecen explícitamente que la entrega al Tribunal de presuntos delincuentes detenidos debe realizarse sin recurrir a los procedimientos de extradición.

4 El auto del Tribunal acusa a Mile Mrkšić, Miroslav Radić y Veselin Šljivančanin de participar en el homicidio de doscientos hombres desarmados, en su mayoría croatas, en la ciudad de Vukovar en noviembre de 1991.

5 Información difundida por Tanjug, que citaba un informe de la radio de Belgrado del 7 de julio de 1991; esta información también fue difundida por informes de Reuters en la prensa el 7 de julio de 1991 y por Feral Tribune («I novci i Šodolovci») el 7 de septiembre de 1998.

6 La Defensa Territorial se había creado en la República Federativa Socialista de Yugoslavia para defender al país durante una invasión externa, como parte de una política de «defensa nacional total». Los hombres en edad militar que no fueran reclutados por el Ejército Nacional Yugoslavo podían servir en la Defensa Territorial o en la defensa civil. No se esperaba que las unidades de Defensa Territorial actuaran con la misma movilidad que el Ejército Nacional Yugoslavo, y sus comandantes eran habitantes de la zona.

7 Si desean más información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante estas ofensivas y sobre la falta de acciones emprendidas por el gobierno croata al respecto, consulten el documento Croacia: Homicidios impunes tras la Operación Tormenta (Índice AI: EUR 64/04/98/s), de agosto de 1998.

8 En especial: el auto de acusación emitido por el fiscal local de Osijek en agosto de 1994, el fallo del juicio in absentia celebrado por el tribunal local de Osijek en mayo de 1995, la decisión del Tribunal Supremo de Croacia sobre la apelación de Goran Vušurović de mayo de 1997, el auto de acusación enmendado del fiscal local de Osijek contra Pero Kličković, Željko Keskenović, Vujo Halavanja, Goran Vušurović y Marinko Stanković de abril de 1999, y el fallo del tribunal local de Osijek tras el nuevo juicio de estos cinco acusados en mayo de 1999. También se mantuvieron entrevistas con el fiscal local de Osijek y con funcionarios del tribunal local de Osijek.

9 Milan Miljković, Zoran Stojčić, Petar Stanić, Željko Keskenović, Djordje Rkman, Sime Utvić, Marinko Kojčinović, Nikola Petrović, Kamenko Milić, Savo Stojčić, Ljubomir Alapović, Milorad Radić, Goran Vušurović, Pero Kličković, Jovan Vicković, Marinko Stanković, Vujo Halavanja, Dordje Vujanović y Zdravko Kojčinovic.

10 Originalmente, había sido condenado in absentia a once años de prisión. En la fase de decisión de la pena de su segundo juicio, el tribunal local de Osijek tomó en consideración factores tales como el hecho de que el acusado se había entregado voluntariamente a las autoridades croatas, que era padre de dos hijos menores de edad y que ahora su papel en los crímenes de guerra se había determinado con más claridad.

11 Los cinco acusados son: Pero Kličković, Željko Keskenović, Vujo Halavanja, Marinko Stanković y Goran Vušurović.

12 Petar Stanić, Željko Keskenović, Djordje Rkman, Marinko Kojčinović, Nikola Petrović, Milorad Radić, Pero Kličković, Marinko Stanković, Vujo Halavanja y Zdravko Kojčinović.

13 Glas Slavonije: «Obnova sudskog postupka u siječnju?», 16 de diciembre de 1997.

14 Večernji List: «Osam ratnih zločinaca slobodno se šeće Hrvatskom», 19 de abril de 1998.

15 Se había establecido que Marinko Kojčinović y Nikola Petrović residían en la República Federativa de Yugoslavia y, por lo tanto, no estaban bajo la jurisdicción del tribunal.

16 El tribunal local de Osijek hizo referencia al fallo pronunciado tras el juicio in absentia del 25 de mayo de 1995, y lo confirmó.

17 Por ejemplo, el director de la junta local de electricidad de Osijek viajó varias veces a Šodolovci para reparar daños en los tendidos eléctricos de larga distancia que seguían funcionando a pesar de que cruzaban los lugares donde se encontraba la primera línea de las partes en conflicto.

18 Puesto que los bombardeos más graves tuvieron lugar en Djakovo en abril y mayo de 1992, la afirmación de que estos testigos, que para entonces ya habían abandonado el pueblo, podrían proporcionar pruebas pertinentes resulta aún más cuestionable.

19 Esta ley fue aprobada por el Parlamento croata un día después de la declaración de independencia.

20 No está claro cómo y dónde realizaron la mayoría de los acusados esas declaraciones, ya que, salvo Keskenović y Kličković, ninguno de ellos llegó a declarar ante el tribunal.

21 Vjesnik: «Šeparović: Osijek i Vukovar svjedoće o agresiji na Hrvatsku», 26 de mayo de 1999.

22 La Cámara de Derechos Humanos y la Defensora del Pueblo para cuestiones sobre derechos humanos forman la Comisión de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina. Ambas basan sus decisiones y recomendaciones en las obligaciones contraídas por el país en virtud de las leyes internacionales, incluido el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa (Convenio Europeo de Derechos Humanos).

23 Informe especial núm. 2650/99 de la Defensora del Pueblo para cuestiones de derechos humanos sobre el derecho a ser juzgado con las debidas garantías por un tribunal independiente e imparcial y sobre la prohibición de hacer discriminación alguna respecto a dicho derecho; este informe se redactó en referencia a los procedimientos penales seguidos contra Nedžad Hasić, Ahmo Harbaš y Behudin Husić, y se dirigió al Tribunal Supremo de la República Srpska.

24 Informe del relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, señor Param Cumaraswamy, Doc ONU: E/CN.4/1998/93, del 12 de febrero de 1998.

25 Comité Croata de Helsinki, declaración núm. 52, del 18 de marzo de 1997.

26 Artículo 3 del Código de Procedimiento Penal de Croacia, de 1998, y artículo 28 de la constitución croata.

27 Observación general núm. 13 del Comité de Derechos Humanos, párrafo 7.

28 Resolución de la causa de Čelebići, párrafo 601.

29 Vjesnik: «Šeparović: Osijek i Vukovar svjedoće o agresiji na Hrvatsku», 26 de mayo de 1999.

30 Allenet de Ribemont contra Francia (1), 3/1994/450/529, párrafos 32-41, 23 de enero de 1995.

31 El Tribunal Supremo anunció su decisión el 24 de noviembre de 1999, aunque no especificó con más detalle qué procedimientos consideraba que se habían violado durante el juicio. Los cinco acusados fueron puestos en libertad.

32 Las Normas de Carretera forman parte del Acuerdo de Roma, firmado por los presidentes de Bosnia y Herzegovina, Croacia y la República Federativa de Yugoslavia durante el Consejo de Aplicación de la Paz en febrero de 1996. Las Normas de Carretera amplían las disposiciones relativas a los crímenes de guerra expuestas en el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina (Acuerdo de Dayton).

33 Quinto informe de la misión de la OSCE a la República de Croacia, relativo a los progresos realizados por Croacia respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales desde mayo de 1999; 28 de septiembre de 1999, páginas 8-9.

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