Document - Uzbekistan: Briefing on human rights situation
11 de octubre de 2001
Índice AI: EUR 62/016/2001/s
Servicio de Noticias 181
Uzbekistán: Información sobre la situación de los derechos humanos
República de Uzbekistán
Jefe del Estado: Islam Karimov
Capital: Tashkent
Población: 24,3 millones
Idioma oficial: uzbeko
Pena de muerte: retencionista
Islam Karimov fue reelegido presidente en las elecciones de enero del 2000, elecciones en las que no hubo oposición democrática, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
El gobierno uzbeko no reconoce oficialmente más partidos políticos que aquéllos que se alinean con el presidente, y no tolera la oposición política organizada. Los medios de comunicación están sometidos a estricta censura gubernamental, y no existen medios de comunicación autónomos.
Desde la independencia del país, en 1991, Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades uzbekas en relación con distintos asuntos relacionados con la detención y maltrato de figuras políticas de la oposición y de activistas de derechos humanos; tortura y malos tratos a los detenidos; desapariciones forzadas, la pena de muerte y las actuaciones penales que no cumplen las garantías internacionales de justicia procesal.
El periodo comprendido entre 1992 y 1995 se caracterizó en Uzbekistán por la represión de la disidencia política. Entre 1994 y 1996 se apreciaron mejoras evidentes en el trato de los activistas políticos de la oposición, y gran número de activistas encarcelados se beneficiaron de amnistías. No obstante, algunos continuaron encarcelados, y al mismo tiempo se produjo un marcado endurecimiento en la conducta oficial hacia los activistas religiosos. Amnistía Internacional recibió numerosos informes relacionados con hostigamiento de musulmanes «independientes» que practicaban su culto en las mezquitas sin estar bajo el control directo del Consejo Musulmán, regulado por el Estado. Los informes incluían alegaciones de detenciones arbitrarias por periodos breves, injerencia en el culto y la enseñanza islámica, palizas y en los casos más graves, imposición de largos periodos de encarcelamiento a los líderes de las congregaciones islámicas independientes, por cargos al parecer falsos, todo ello con fines punitivos. A algunos se los hizo «desaparecer». Aunque la Constitución del país garantiza la separación del Estado y de la Iglesia, las actividades del Consejo Musulmán de Uzbekistán, que regula la vida religiosa del país, están bajo el control del gobierno. Las autoridades uzbekas se oponen a toda religión que no sea el Islam oficial, controlado.
En diciembre de 1997, varios asesinatos de agentes de orden público en la región de Namangan provocaron una ola de detenciones en masa de musulmanes devotos. Las autoridades utilizaron los asesinatos como pretexto para atacar indiscriminadamente a los llamados «wahhabíes». Centenares fueron condenados a largas penas de prisión tras ser juzgados sin las garantías que estipulan las normas internacionales de justicia procesal. Según los informes, todos los detenidos fueron sometidos a insultos, amenazas, palizas y malos tratos bajo custodia. Se alega que a algunas de las personas detenidas les colocaron abiertamente armas y drogas para poder acusarlas de algo. Desde entonces, AI ha documentado un alza preocupante en el número de detenciones arbitrarias y de casos de malos tratos y tortura, especialmente de personas que se sospecha apoyan a los partidos islámicos de oposición proscritos o simpatizan con ellos.
[El término «wahhabí» ha sido usado incorrecta, indiscriminada y peyorativamente por los gobiernos de los países que pertenecieron a la Unión Soviética, entre ellos Uzbekistán, para referirse a los grupos islámicos radicales de la oposición a los que perciben como una amenaza para la seguridad y la estabilidad nacionales. En este contexto, el término no hace referencia a los musulmanes que practican el wahhabismo (una forma ortodoxa del Islam que se practica en el sur de Arabia).]
En febrero de 1999, explotaron en la capital, Tashkent, varias bombas —que se cobraron la vida de 16 personas— y que desataron otra ola de detenciones arbitrarias de supuestos conspiradores. AI vio con preocupación que las autoridades usaban las investigaciones de los atentados como excusa para reprimir aún más a las presuntas fuentes de oposición al presidente Karimov y para intensificar la campaña de oposición a la propagación de la oposición radical islámica en Uzbekistán. La lista de las personas detenidas, y presuntamente maltratadas y torturadas, se extendió a los presuntos simpatizantes de los partidos de oposición política proscritos y a los movimientos Erk y Birlik, así como a los presuntos simpatizantes de partidos y movimientos islámicos proscritos, como Hizb-ut-Tahrir, a sus familiares y a los observadores independientes de los derechos humanos. Según los informes, todos los hombres juzgados y condenados a muerte en relación con los atentados con bomba han sido ejecutados.
La represión de presuntos simpatizantes de los partidos de oposición islámicos proscritos se intensificó a raíz de las incursiones armadas realizadas en Uzbekistán por miembros del proscrito Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) llegados en agosto de 1999 desde Tayikistán a través del territorio kirguís. El MIU tomó varios rehenes en Kirguizistán, entre ellos cuatro ciudadanos japoneses, y declaró la guerra santa (jihad) contra Uzbekistán. Tras dos meses de impasse militar, los rehenes fueron puestos en libertad y el MIU se retiró del territorio kirguís. En agosto del 2000 se produjeron enfrentamientos violentos entre las fuerzas armadas uzbekas y las unidades armadas del MIU cuando éstas intentaron entrar en el sureste de Uzbekistán a través de Afganistán, Tayikistán y Kirguizistán. Las detenciones de presuntos simpatizantes del MIU y de Hizb-ut-Tahrir, mujeres incluidas, han continuado produciéndose a un ritmo alarmante. Miles de musulmanes devotos condenados, tras juicios injustos, por pertenencia a un partido ilegal, distribución de propaganda religiosa ilegal y actividades antiestatales, se encuentran cumpliendo largas penas de prisión.
En casi todos los casos que se han denunciado a Amnistía Internacional, se ha negado a las personas detenidas el acceso sin dilación a un abogado de su elección, a sus familiares y a los cuidados médicos necesarios. Los fiscales, los funcionarios judiciales de todos los niveles y el Defensor del Pueblo parlamentario no han realizado investigaciones prontas, exhaustivas e independientes —pese a que les corresponde hacerlo— sobre las denuncias de práctica generalizada de tortura y malos tratos. Según fuentes independientes y dignas de crédito, las pruebas supuestamente autoincriminatorias extraídas con tortura se admiten usualmente como pruebas de cargo en las actuaciones judiciales y en muchos de los casos han constituido el principal fundamento de la declaración de culpabilidad.
Las declaraciones públicas de los funcionarios uzbekos, incluido el propio presidente de Uzbekistán, efectuadas tras los asesinatos de Namangan, los atentados con bomba en Tashkent y las incursiones del MIU, han sido muy preocupantes, pues parecían aprobar o fomentar el uso de métodos ilegítimos como la tortura y los malos tratos. En abril de 1999, por ejemplo, el presidente Karimov, supuesto garante de la democracia y los derechos humanos, declaró públicamente que estaba dispuesto a arrancar las cabezas de doscientas personas para proteger la libertad y estabilidad de Uzbekistán. Amnistía Internacional teme que estas declaraciones —unidas a la persistente ausencia de investigaciones prontas e imparciales de las alegaciones de tortura y malos tratos—, no hagan sino transmitir a los encargados de hacer cumplir la ley el mensaje de que métodos como la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos en general —y contra supuestos simpatizantes de partidos políticos proscritos seculares e islámicos, en particular—, se consideran aceptables e incluso necesarios, y que estos funcionarios pueden practicarlos con impunidad.
En sus declaraciones públicas, los funcionarios uzbekos han calificado de criminales a los fieles y presuntos fieles de grupos religiosos islámicos independientes, a sus familiares y a figuras de la oposición política. En varias ocasiones, las autoridades uzbekas —incluidos el presidente, el ministro del Interior y el fiscal general—, han hecho llamamientos para que las personas que pertenecen o participan en las actividades de los grupos islámicos «no tradicionales» se den a conocer y «admitan su culpabilidad», amenazando con castigar a las que no lo hagan y a sus familiares. Según los informes, el 2 de abril de 1999 el presidente Karimov dijo que promulgaría un decreto que permitiera la detención del padre de un sospechoso de «extremismo religioso» si no podía encontrarse al hijo. «Si mi hijo eligiera tal camino, yo mismo le arrancaría la cabeza», parecen haber sido sus palabras, según las informaciones de prensa. Amnistía Internacional teme que declaraciones de este tipo hayan producido miles de detenciones arbitrarias y hayan sido perjudiciales en el desenlace de decenas de juicios de presuntos miembros o simpatizantes de Hizb-ut-Tahrir, el MIU, Erk y Birlik.
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el hecho de que los presos musulmanes devotos sean objeto de un trato especialmente cruel, inhumano y degradante en los centros de detención, particularmente en los campos de detención de régimen estricto. Según las declaraciones de familiares y de ex presos, a la llegada a uno de estos campos, los presos sospechosos de ser «wahhabíes» o miembros de Hizb-ut-Tahrir son separados de los otros presos y se los hace correr entre dos filas de guardias que los golpean con porras al pasar. También se ha denunciado el hecho de que los otros presos someten a los musulmanes devotos a palizas, tratos humillantes, trabajos forzados y violaciones con la complicidad de las autoridades penitenciarias. Los fuerzan a cantar el himno nacional y los golpean brutalmente si se niegan a hacerlo. Según muchos informes, a los presos musulmanes devotos no se les permite leer el Corán ni practicar sus oraciones en los campos de régimen estricto, y les afeitan la barba por la fuerza. Si los descubren rezando, les dan una paliza o los encierran en celdas de castigo.
Los grupos de derechos humanos han denunciado varios casos de muertes bajo custodia —durante la detención preventiva o en los campos de detención— todos ellos resultado de la tortura o los malos tratos del personal encargado de hacer cumplir la ley. Los informes de fuentes no oficiales indican que por lo menos 20, y quizás hasta 38 presos, han muerto en los últimos dos años en el campo de Yaslik a consecuencia de la tortura y las duras condiciones de encarcelamiento. Sin embargo, las causas de las muertes han resultado difícil de confirmar de forma independiente.
En agosto del 2000, tras la incursión del MIU, los militares uzbekos reunieron y reasentaron por la fuerza y sin previo aviso a miles de residentes de etnia principalmente tayik de los pueblos montañeses de la región meridional de Surkhandarynsk, junto a la frontera con Tayikistán. El motivo que se adujo para esta acción fue que las unidades armadas del MIU se habían infiltrado en estos pueblos. Los pueblos fueron incendiados y bombardeados, se mató al ganado, y se destruyeron las casas y los campos de cultivo. En junio del 2001, 73 residentes de etnia tayik, acusados de prestar apoyo al MIU, fueron condenados a largas penas de prisión en cuatro juicios distintos a pesar de que el gobierno había asegurado anteriormente al Comité de Derechos Humanos de la ONU que la evacuación de los pueblos se había llevado a cabo con la intención de mejorar las condiciones en que vivían sus habitantes y que no se abriría ningún proceso penal contra los desplazados. Los 73 acusados habían sido mantenidos en régimen de incomunicación y denunciaron que los habían torturado para obtener confesiones.
Las autoridades uzbekas no han publicado hasta la fecha ninguna estadística sobre la aplicación de la pena de muerte, que continúa considerándose secreto de Estado. Amnistía Internacional ve con suma preocupación que Uzbekistán continúe imponiendo penas de muerte y ejecutando a los condenados. El hecho de que un considerable número de hombres condenados a muerte hayan alegado que fueron torturados durante el periodo de detención preventiva, no hace sino intensificar la inquietud de la organización.
Amnistía Internacional ve también con preocupación el trato al que las autoridades uzbekas someten a los familiares de los presos condenados a muerte, trato que les causa innecesario sufrimiento y que en sí constituye trato cruel, inhumano y degradante. Los familiares no reciben notificación de la fecha de la ejecución, ni tienen derecho a recobrar el cuerpo de la persona ejecutada, que es enterrada sin que se marque la fosa ni se revele el lugar. En decenas de casos, los familiares del preso no han sabido hasta meses después de la ejecución que ésta se había llevado a cabo. En algunos casos ni siquiera se hace llegar a los familiares el certificado de defunción.
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