Document - Moldova: Serious human rights concerns remain
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública
Índice AI: EUR 59/006/2009
22 de junio de 2009
Moldavia: Persisten motivos de grave preocupación en materia de derechos humanos
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que, transcurridos dos meses de las manifestaciones en Chisinau que sucedieron a las elecciones parlamentarias del 5 de abril y desencadenaron los disturbios registrados a partir del 7 de abril de 2009, apenas se ha avanzado en la investigación de los varios cientos de denuncias sobre torturas y malos tratos policiales. La organización también considera preocupante que se esté procesando a activistas de la sociedad civil y a políticos de la oposición, que se enfrentan a penas de prisión por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, así como la persecución de ONG locales aparentemente por sus actividades de vigilancia de la situación de los derechos humanos. Está previsto que se repitan las elecciones el 29 de julio, y Amnistía Internacional teme otra oleada de violaciones de derechos humanos.
Tortura y otros malos tratos
Amnistía Internacional ha llamado la atención en repetidas ocasiones sobre el hecho de que la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial es un problema sistémico en Moldavia, y que la impunidad al respecto es generalizada debido a que no se investigan eficazmente las denuncias de tortura ni se procesa a los autores.
En una sentencia dictada contra Moldavia el 16 de junio de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Sergei Gurgurov había sufrido torturas en 2005, que su denuncia no se había investigado adecuadamente y que había sido privado del derecho a un recurso efectivo. La sentencia decía que “la Fiscalía no hizo verdaderos esfuerzos para investigar los hechos y descubrir la verdad. Al contrario, hubo fuertes indicios de que intentaba encubrir los hechos y crear impedimentos de manera que resultara imposible identificar y castigar a los responsables”.
Cientos de personas fueron detenidas en el curso de las manifestaciones e inmediatamente después, y las detenciones continúan a medida que los investigadores policiales analizan las imágenes de vídeo grabadas durante los acontecimientos. Se desconoce el número exacto de detenciones pero, según las ONG locales Memoria, PromoLex, Instituto de Derechos Humanos, CReDO y otras, más de 150 personas dieron testimonio de que habían sido maltratadas por la policía. Los representantes letrados de las víctimas de tortura y otros malos tratos a manos de la policía se quejan de que apenas se ha avanzado en la investigación de las denuncias; resulta preocupante que un abogado defensor haya confirmado que la mayoría de sus clientes han retirado las denuncias por malos tratos debido al acoso que sufrían por parte de agentes locales de policía.
Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el hecho de que las autoridades moldavas hayan invitado a un perito internacional para que participe en la autopsia de Valeriu Boboc, muerto en el curso de las manifestaciones del 7 de abril en circunstancias controvertidas. No obstante, la organización pide a las autoridades que todos los casos de presuntos malos tratos policiales se investiguen con prontitud, imparcialidad, independencia y exhaustividad, y que toda persona sobre la que sea razonable pensar que es responsable comparezca ante la justicia, de conformidad con las obligaciones contraídas por Moldavia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Imputación de delitos por motivos políticos
Tras las manifestaciones se han imputado delitos a varias personas. Amnistía Internacional considera preocupante que la policía y los fiscales no estén distinguiendo entre personas sospechosas de haber cometido actos violentos y personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
El 12 de junio, Dorin Chirtoaca, alcalde de Chisinau, fue acusado de “organizar disturbios multitudinarios” y de un intento de golpe de Estado, delito que comporta una pena máxima de 15 años de prisión. Según su abogado, su imputación se debía a motivos políticos. Dorin Chirtoaca pertenece al Partido Liberal, en la oposición, y ha declarado su intención de presentarse a las elecciones parlamentarias del 29 de julio. También ha condenado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía durante las manifestaciones. Su abogado contó a Amnistía Internacional que su representado estuvo presente en las manifestaciones del 7 de abril pero que exhortó a la gente a no recurrir a la violencia.
Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación que se haya acusado también a Natalia Morariy a Ghenadie Brega de “organizar disturbios multitudinarios”. Ambas estaban entre un grupo de activistas de la sociedad civil que habían organizado un “día de luto” el 6 de abril para protestar por los resultados de las elecciones parlamentarias en Moldavia. Habían comunicado sus planes a las autoridades como marca la ley. Habían anunciado la vigilia de palabra, en redes sociales y a través de mensajes de texto de telefonía móvil. Natalia Morari contó a Amnistía Internacional que esperaban que acudieran no menos de 300 jóvenes, y se sorprendieron mucho al ver que 10.000 personas se sumaban a la convocatoria, incluidos dirigentes de todos los principales partidos de oposición. Actualmente, están en espera de juicio.
En una carta modelo de respuesta a los llamamientos de Amnistía Internacional en favor de Natalia Morari y Ghenadie Brega, la Fiscalía General aseguraba que “sólo se detuvo a quienes habían participado activamente en actos ilegales, tipificados en el derecho penal, y en particular a quienes habían ejercido la violencia contra representantes de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, destruido propiedad pública o incitado a quemar o destruir propiedad pública, y ahora esas personas están procesadas”.
Amnistía Internacional considera que la imputación de delitos a Natalia Morari, Ghenadie Bregay Dorin Chirtoacase debe a su legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por lo que, si son condenadas, Amnistía Internacional considerará que son presas de conciencia.
Hostigamiento de defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil
En una carta enviada al primer ministro el 29 de abril, Amnistía Internacional expresaba su preocupación por el hecho de que al menos siete ONG, entre ellas la oficina local de Amnistía Internacional, habían recibido cartas del Ministerio de Justicia con fecha de 16 de abril. En ellas se pedía a cada organización que explicara su postura en relación con los disturbios así como las medidas que había adoptado la organización para detener e impedir los actos de violencia y para hacer cumplir la Ley de Reuniones. Estas siete organizaciones y otras cuatro recibieron además citaciones inesperadas de la oficina de inspección fiscal correspondiente con fecha de 24 de abril, por las que se las instaba a presentar documentación económica relativa a 2008 y 2009 e información sobre sus gastos y fuentes de ingresos antes del 28 de abril. El 28 de abril, la oficina de Amnistía Internacional en Moldavia recibió la visita de varios representantes de la inspección fiscal local, quienes pidieron a la organización una copia de la lista de miembros que habían pagado su cuota de membresía. Además, parece ser que unos hombres sin identificar vestidos de civil estuvieron vigilando la oficina durante varios días desde el 9 de abril.
El 22 de mayo, el Ministerio de Justicia respondió a Amnistía Internacional que las acciones de las autoridades fiscales del Estado no guardaban relación alguna con las acciones del Ministerio de Justicia, y que este último actuaba con arreglo a la ley. Las autoridades fiscales del Estado no han dado ninguna explicación.
Amnistía Internacional pide a las autoridades moldavas no sólo que garanticen a los defensores de los derechos humanos que pueden desempeñar sus actividades sin obstáculos, sino también que los protejan frente a toda “violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa de hecho o de
derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria” resultante de su actividad legítima de conformidad con la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos).
FIN/