Document - European Union-Central Asia: Respect for human rights and human dignity should be the cornerstone of political engagement

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: EUR 57/001/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 059/07

26 de marzo de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR570012007

Unión Europea-Asia Central: El respeto por los derechos humanos y la dignidad humana debe ser la piedra angular de cualquier compromiso político

Los días 27 y 28 de marzo, los ministros de Asuntos Exteriores de las cinco repúblicas de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) se reunirán en Astana, Kazajistán, con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, país que actualmente ocupa el turno rotatorio de seis meses de la presidencia de la Unión Europea (UE), y otros altos cargos de la UE. En la reunión se hablará sobre los esfuerzos de esta organización para fortalecer sus relaciones con la región. En este momento en que la UE está desarrollando una nueva estrategia a largo plazo en sus relaciones con Asia Central y centrando más su atención en esta región, Amnistía Internacional anima a la organización europea a que haga de los derechos humanos y el Estado de derecho componentes clave de su estrategia y su compromiso político con los gobiernos de Asia Central. La organización ha instado a la UE a que recalque a los gobiernos de Asia Central la necesidad de dar pasos concretos para aplicar y hacer cumplir medidas legislativas que garanticen de forma eficaz y duradera la protección de los derechos humanos y la dignidad de toda la población de Asia Central.

Para Amnistía Internacional sigue siendo motivo de preocupación el hecho de que, a pesar de los esfuerzos que afirman hacer los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos, y de los esfuerzos que de hecho hacen algunos Estados para reparar los peores abusos, continúan cometiéndose casi con impunidad graves violaciones de derechos humanos. La organización publica hoy un resumen de sus motivos de preocupación más acuciantes en Asia Central, centrado especialmente en la difícil situación que atraviesan los defensores de los derechos humanos en Uzbekistán.

A pesar de que muy pocos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son puestos a disposición judicial para que respondan de las violaciones que han cometido, son miles las personas que afirman haber sido detenidas arbitrariamente y torturadas o maltratadas bajo custodia para conseguir de ellas una confesión. La corrupción entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en la judicatura contribuye en gran medida al clima de impunidad que reina en la región y que provoca una falta de confianza de la población en el sistema de justicia penal. La ciudadanía no presenta denuncias, pues piensa que no conseguirá justicia ni compensación. Muchas personas no están dispuestas a testificar contra agentes de policía por temor a sufrir represalias o a que las sufran sus familiares y socios.

Aún siguen considerándose parte del procedimiento habitual las palizas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente en los centros de detención preventiva temporal y en las calles. La tortura y otros malos tratos a los detenidos son prácticas aún muy extendidas en la región, y en Uzbekistán se producen de forma sistemática y afectan a todo el sistema. En 2006, el relator especial sobre la cuestión de la tortura reiteró su preocupación por el evidente uso generalizado de la tortura en Uzbekistán.

Se alude con frecuencia a la "guerra contra el terror" y la seguridad nacional como elementos cruciales para garantizar la estabilidad, pero ambos se utilizan con demasiada frecuencia para encubrir la represión de la disidencia, consolidar el poder y poner en el punto de mira a grupos vulnerables o percibidos como una amenaza para la seguridad nacional o regional, como los grupos islámicos prohibidos y los movimientos políticos de oposición. Los solicitantes de asilo y los refugiados son con frecuencia extraditados a China y a Uzbekistán, donde corren grave peligro de ser torturados, como consecuencia de la "guerra contra el terror" y de acuerdos antiterroristas que vulneran claramente el derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados.

Aunque la ley consagra la presunción de inocencia, ésta se viola de forma habitual, especialmente en el marco de la seguridad nacional y la "guerra contra el terror", donde se afirma en público la culpabilidad de los sospechosos antes de juzgarlos. En Uzbekistán, la mayoría de los juicios de personas acusadas de terrorismo en 2005 y 2006 fueron a puerta cerrada o incluso secretos, sin notificar previamente la fecha de inicio, sin que los acusados tuvieran acceso a sus familiares ni a abogados de su elección, sin que se publicara la sentencia y sin indicar dónde estaban recluidos los acusados, que, en Uzbekistán y en otras repúblicas suelen permanecer en el interior de una jaula durante el juicio, dando a entender su culpabilidad.

Los tribunales siguen admitiendo confesiones obtenidas bajo tortura.

Aunque la ley las recoge, en la práctica la libertad de expresión y de prensa están gravemente restringidas en Asia Central, donde hay pocos medios de comunicación independientes que actúen libremente y los gobiernos controlan el acceso a Internet. La difamación y la calumnia siguen considerándose delitos comunes y las autoridades nacionales y locales utilizan las demandas por difamación para restringir las críticas y limitar la libertad de expresión. Periodistas y activistas en favor de los derechos humanos han sido acusados frecuentemente de difamación, y algunos han ido a la cárcel por publicar artículos sobre denuncias de corrupción o informes sobre torturas o malos tratos a manos de policías.

En Turkmenistán y Uzbekistán, la libertad de los medios de comunicación independientes, tanto nacionales como internacionales, sigue estando muy restringida. Todos los medios de comunicación nacionales de Turkmenistán están controlados por el Estado, las autoridades suelen bloquear los sitios web que publican información “no deseada” y se sabe que han ido al domicilio de las personas que han identificado como visitantes de esos sitios para intimidarlas. Ha habido muchos casos de periodistas, fotógrafos y observadores de derechos humanos extranjeros a los que se les ha negado la entrada a Turkmenistán para evitar que recojan información sobre la represión del régimen. Los activistas de la sociedad civil turcomanos que cooperan con periodistas extranjeros se exponen a ser encarcelados tras juicios injustos, torturas y malos tratos. También se arriesgan a ser calificados de “traidores” por las autoridades. Uzbekistán ejerce prácticamente el control sobre los medios de comunicación e Internet, controlando lo que generan las organizaciones nacionales de medios de comunicación, así como las transmisiones que se reciben del extranjero, y limitando el acceso y la libertad de movimiento de los corresponsales extranjeros.

En Turkmenistán y Uzbekistán ha habido acciones represivas especialmente duras para silenciar a activistas de derechos humanos y periodistas, y no hay señales de que estén remitiendo. En Uzbekistán, el encarcelamiento, los malos tratos y el hostigamiento de defensores de los derechos humanos se ha acelerado como consecuencia de las protestas por los homicidios de cientos de hombres, mujeres y menores desarmados en Andiyán el 13 de mayo de 2005. Las autoridades han seguido rechazando las peticiones de una investigación internacional independiente sobre los homicidios de Andiyán.

Aún no se ha aprobado el proyecto de ley para abolir la pena de muerte en Kirguistán, a pesar de que en noviembre de 2006 se aprobó una nueva Constitución que recoge dicha abolición. En Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán hay en vigor una suspensión de las ejecuciones, aunque la pena de muerte sigue en la legislación. Uzbekistán se ha negado a suspender las ejecuciones a pesar del decreto presidencial que introduce la abolición de la pena de muerte a partir de 2008. El hermetismo continúa siendo un problema en todos estos países, donde a los familiares no se les entrega el cadáver de la persona ejecutada ni se les dice el lugar donde está enterrada y donde no se publican estadísticas sobre la pena de muerte. Amnistía Internacional hace campaña para que Asia Central sea un territorio sin pena de muerte.

Amnistía Internacional pide a la UE y a los gobiernos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán que hagan del respeto y la observancia de los derechos humanos y la dignidad humana la piedra angular de su compromiso.