Document - Georgia: The government should implement recommendations of the UN Human Rights Committee as a matter of priority

AMNISTÍA INTERNACIONAL


Declaración pública


Índice AI: EUR 56/009/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 209/07

30 de octubre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR560092007



Georgia: El gobierno debe poner en práctica de forma prioritaria las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU



Amnistía Internacional insta al gobierno de Georgia a tomar medidas inmediatas para poner en práctica las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que publicó sus observaciones finales el 30 de octubre de 2007. Dichas conclusiones son el resultado del examen realizado por el Comité, el 15 y 16 de octubre, del tercer informe periódico de Georgia sobre el cumplimiento por parte del país de los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). (http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GEO.CO.3.CRP.1.pdf)


Amnistía Internacional hace público hoy su propio informe al Comité de Derechos Humanos, presentado antes del examen del informe de Georgia, y que detalla la preocupación de la organización por la negativa del gobierno a garantizar ciertos derechos consagrados en el PIDCP, como el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura o malos tratos, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a un juicio justo y el derecho al resarcimiento por la violación de estos derechos (artículos 2, 3, 6, 7, 9, 14 y 26 del PIDCP). (Georgia: Briefing to the United Nations Human Rights Committee,de octubre de 2007, Índice AI: EUR 56/008/2007, http://web.amnesty.org/library/index/engeur560082007).


El Comité de Derechos Humanos expresó su satisfacción por los cambios legislativos e institucionales introducidos por Georgia en los últimos años con el fin de fortalecer el Estado de derecho. Al mismo tiempo, destacó una serie de motivos de preocupación y formuló una lista de recomendaciones a las autoridades de Georgia.


En sus observaciones finales, el Comité expresó, entre otras cosas, su preocupación por "el número todavía considerable de mujeres de Georgia que son objeto de violencia, en especial de violencia doméstica". También instó a Georgia a investigar sin demora las denuncias realizadas por mujeres sobre violencia y a llevar a los responsables ante la justicia, así como a recopilar y publicar estadísticas exhaustivas sobre informes, investigaciones y procesamientos por violencia doméstica contra mujeres. El Comité instó asimismo a Georgia a establecer "un número suficiente de refugios adecuados en el país".


Actualmente hay cuatro refugios pequeños en Georgia, gestionados por organizaciones no gubernamentales. Se necesitan urgentemente más refugios. Amnistía Internacional cree que las autoridades deben establecer sin demora refugios adecuados, en estrecha cooperación con las ONG que tienen experiencia en la protección de las mujeres frente a la violencia, o deben empezar a prestar apoyo económico y material a las ONG para que éstas puedan abrir refugios adicionales.


Aunque el Comité de Derechos Humanos ha reconocido la "significativa reducción de las denuncias de [tortura y malos tratos] a personas bajo custodia", también ha manifestado su pesar por la persistencia de informes sobre abusos policiales, en especial durante la detención de sospechosos. El Comité ha expresado también su preocupación por las muertes presuntamente debidas al uso de fuerza excesiva por parte de policías y funcionarios de prisiones.


Con el fin de erradicar la tortura, los malos tratos y el uso de fuerza excesiva, el Comité de Derechos Humanos ha pedido a Georgia que "tome medidas enérgicas", como la realización de investigaciones inmediatas e imparciales sobre las denuncias, la publicación de los resultados de esas investigaciones y el procesamiento de los responsables.


En su informe al Comité de Derechos Humanos, Amnistía Internacional había manifestado su preocupación por las denuncias según las cuales los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios de prisiones que han matado a decenas de personas en los últimos años pueden haber hecho uso excesivo de la fuerza al menos en alguno de los casos. La organización ha destacado en particular las denuncias según las cuales se utilizó fuerza excesiva cuando las autoridades sofocaron un disturbio en la prisión núm. 5, de investigación y aislamiento, de Tiflis en marzo de 2006. Al menos siete reclusos murieron. Amnistía Internacional también llamó la atención hacia las denuncias que indicaban que la policía había hecho uso de fuerza excesiva al matar a dos hombres (Zurab Vazagashvili y Aleksandre Khubulovi) durante una operación especial en mayo de 2006, y que la investigación sobre esas denuncias había sido defectuosa.


El Comité ha instado asimismo a Georgia a establecer "mecanismos nacionales independientes y competentes para la prevención de la tortura", de acuerdo con las obligaciones contraídas por el país como parte en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a elaborar y aplicar un "plan de acción exhaustivo contra la tortura y otros malos tratos para los años venideros".


Con el fin de introducir salvaguardias adicionales contra la tortura y otros malos tratos y combatir la impunidad, Amnistía Internacional cree que las autoridades de Georgia deben asegurarse de que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los pertenecientes a la unidad especial de la policía, llevan etiquetas identificativas visibles en todo momento al practicar detenciones y al visitar centros de detención y privación de libertad. Los agentes de la unidad especial de la policía, que a menudo van con el rostro cubierto y actualmente no tienen obligación de llevar etiquetas identificativas, han estado implicados en el uso excesivo de la fuerza en numerosos casos, especialmente durante la detención de sospechosos.


El Comité de Derechos Humanos ha pedido además a Georgia que garantice que las víctimas de tortura, malos tratos o uso de fuerza excesiva tienen acceso a reparación adecuada, incluida la indemnización.


Amnistía Internacional ha manifestado reiteradamente su preocupación por que no ha habido ninguna víctima de tortura o malos tratos que haya recibido indemnización en Georgia. A la organización le preocupa también el hecho de que la legislación nacional no establece un derecho exigible a la indemnización para todas las víctimas de tortura u otros malos tratos. Según la legislación nacional, para que una víctima reciba indemnización es imprescindible que el autor del delito haya sido condenado.


El Comité ha manifestado asimismo su preocupación por "la persistencia de condiciones adversas en una serie de prisiones", y ha destacado el "grave hacinamiento", las "malas raciones y calidad de la comida" y la gran cantidad de muertes en prisión, presuntamente causadas por unas condiciones penitenciarias que, en algunos centros, constituyen malos tratos.


Otros motivos de preocupación del Comité de Derechos Humanos se refieren a la "injerencia en la independencia del poder judicial" y los "casos de [presuntos] desalojos forzados de centros colectivos" para personas desplazadas internamente "sin una decisión judicial o el acuerdo de las personas en cuestión, y sin una indemnización adecuada ni apoyo de los organismos gubernamentales". Además, el Comité ha manifestado su preocupación por "los obstáculos a los que se enfrentan las minorías a la hora de disfrutar de sus derechos culturales" y "el bajo nivel de representación política de las minorías".


El Comité ha pedido a las autoridades que, en el plazo de un año, envíen información sobre el seguimiento de las recomendaciones clave del Comité, especialmente sobre las medidas tomadas por Georgia para combatir la violencia contra las mujeres, erradicar todas las formas de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y mejorar las condiciones de todas las personas privadas de libertad, tanto antes del juicio como tras la condena.



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