Document - Anti-Torture Body Criticizes Georgia. Rights Groups Urge Tbilisi to End Torture

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: EUR 56/007/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 205/07

25 de octubre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR560072007

El órgano europeo contra la tortura critica a Georgia; organizaciones de derechos humanos instan a Tiflis a dejar de torturar

(Tiflis, 25 de octubre de 2007) – El gobierno de Georgia debe actuar sin demora para poner fin a la tortura y los malos tratos en los centros de detención, según han manifestado hoy, 25 de octubre, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reforma Penal Internacional. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), que acaba de publicar su informe más reciente sobre Georgia, ha manifestado que las condiciones de los detenidos siguen siendo inaceptables en muchos centros.

El CPT, órgano de vigilancia del Consejo de Europa, ha señalado que Georgia ha hecho progresos en la prevención de los malos tratos a personas bajo custodia policial, pero siguen dándose casos de malos tratos a detenidos, y las condiciones de muchos centros de detención son malas. En un centro donde se sufre un grave hacinamiento, la Prisión núm. 5 de Tiflis, el CPT determinó que "las condiciones de reclusión [...] constituyen trato inhumano y degradante y, como tal, una afrenta a una sociedad civilizada".

"Nos satisface la autorización de las autoridades de Georgia al CPT para que publique su informe más reciente sobre el país", ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. "El informe brinda a todas las partes preocupadas por la prevención de la tortura y la reforma penitenciaria en Georgia –el gobierno georgiano, las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y la comunidad internacional– la oportunidad de redoblar los actuales esfuerzos de reforma para poner fin de una vez por todas a la tortura y los malos tratos y llevar a los responsables ante la justicia."

El CPT ha pedido a las autoridades georgianas, entre otras cosas, que den una solución duradera al largo problema del hacinamiento en las prisiones, que pongan en marcha actividades de formación y rehabilitación social para la población reclusa y que hagan frente a los constantes casos de malos tratos a detenidos garantizando los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad y realizando investigaciones efectivas sobre las denuncias de abusos.

El CPT realiza visitas periódicas a lugares de detención, incluidos prisiones, comisarías, instituciones psiquiátricas y centros de internamiento para inmigrantes, con el fin de comprobar el trato que se da a las personas recluidas en ellos y formular recomendaciones al gobierno, si es necesario. El Comité realizó su tercera visita periódica a Georgia en marzo y abril de 2007. Su informe es confidencial, a menos que el gobierno objeto del examen autorice su publicación, cosa que Georgia ha hecho con todos los informes del CPT hasta la fecha.

El informe del CPT se ha dado a conocer casi exactamente un año después de que la Fiscalía General de Georgia abriera una investigación sobre la muerte de siete reclusos en la operación lanzada para sofocar un disturbio en la Prisión núm. 5 de Tiflis el 27 de marzo de 2006. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaron armas automáticas regulares y munición tanto real como de goma contra los reclusos, y no intentaron en ningún momento utilizar medios de control no violentos, según los testigos. A consecuencia del uso de la fuerza, al menos siete detenidos murieron, y al menos otros 17 sufrieron lesiones graves.

El informe de Human Rights Watch titulado Undue Punishment: Abuses against Prisoners in Georgia(http://hrw.org/reports/2006/georgia0906/) documentó casos específicos en los que las fuerzas especiales parecieron hacer un uso excesivo e ilegal de la fuerza contra los detenidos durante la operación del 27 de marzo para poner fin a los disturbios. Tres meses después, el gobierno abrió una investigación para determinar si los agentes gubernamentales se habían excedido en su autoridad al sofocar el disturbio, y en octubre de 2006 la Fiscalía General abrió una investigación sobre la muerte de siete reclusos.

En virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de Georgia están obligadas a investigar de forma inmediata y efectiva todas las muertes o lesiones graves ocurridas bajo custodia, independientemente de la presunta resistencia de los reclusos. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General sobre la conducta de las autoridades y las muertes durante los disturbios penitenciarios del 27 de marzo de 2006 siguen pendientes, y no se han hecho públicos sus resultados. Según fuentes oficiales, no se han presentado cargos contra ninguno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que participaron en la operación especial.

"Las investigaciones sobre el 27 de marzo están tardando demasiado, lo que hace dudar del compromiso de las autoridades de dar a conocer la verdad", ha declarado Holly Cartner, directora de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Las víctimas, sus familias y la opinión pública tienen derecho a conocer lo que sucedió durante el presunto disturbio penitenciario del 27 de marzo, y a saber quién responderá de las muertes y malos tratos de los reclusos."

Las autoridades de Georgia han propuesto recientemente nuevas iniciativas destinadas a abordar el continuado problema de la tortura. Como parte de las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ratificado por Georgia en 2005, altos cargos georgianos presentaron en octubre de 2007 un plan de acción contra la tortura. En él se identifican modificaciones concretas de política y práctica para prevenir la tortura y los malos tratos, incluidas medidas para garantizar la "investigación efectiva de casos de presunto uso de tortura o fuerza excesiva".

"El plan de acción contra la tortura es bien recibido en sí mismo, pero repite promesas que las autoridades georgianas ya habían hecho anteriormente", ha manifestado Mary Murphy, directora de la Oficina del Sur del Cáucaso de Reforma Penal Internacional. "Sin embargo, para que esas promesas sigan siendo creíbles tienen que estar respaldadas por una acción sustancial. Esa acción podría ser el hacer un esfuerzo urgente para reducir el número de reclusos, que aumenta en 400 cada mes. O también podría ser el designar un órgano independiente contra la tortura, conforme contempla la Convención contra la Tortura, encargado de vigilar la aplicación del plan de acción y ayudar a hacerlo realidad."

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reforma Penal Internacional piden al gobierno de Georgia que ponga en práctica las recomendaciones del informe del CMT recientemente publicado, especialmente en lo que respecta al hacinamiento de las prisiones y a otras reformas penitenciarias urgentes. El hacinamiento debe abordarse en primer lugar y sobre todo utilizando la detención preventiva únicamente cuando sea estrictamente necesario.

Las tres organizaciones han pedido asimismo a las autoridades que garanticen que el plan de acción contra la tortura presenta puntos de referencia concretos y un calendario específico para la aplicación de las reformas destinadas a prevenir la tortura. Para ser totalmente efectivo, el plan debe contar con el respaldo de las más altas instancias del gobierno, respaldo que debe incluir declaraciones públicas inequívocas de altos cargos gubernamentales.

Además, las tres organizaciones han pedido a las autoridades de Georgia que informen sin demora a las víctimas, sus familiares, el Parlamento y la opinión pública del resultado de las investigaciones en torno al presunto disturbio penitenciario del 27 de marzo de 2006.

"Al gobierno le interesa hacer públicos los resultados de la investigación, para ganar credibilidad en sus reformas de los sistemas penitenciario y de justicia penal", ha manifestado Holly Cartner. "Una medida así confirmaría a la población de Georgia y a todas las instancias que desean apoyar las reformas en el país que se han establecido procedimientos efectivos para hacer frente al uso excesivo de fuerza letal."

Si desean más información, pónganse en contacto con:

En Tiflis, por Human Rights Watch, George Gogia (georgiano, inglés, ruso): +995-77-42-12-35

En Tiflis, por Reforma Penal Internacional, Mary Murphy (inglés, ruso): +995-32-98-35-60; o +995-32-20-57-75; o +995-77-44-88-41 (móvil)

En Nueva York, por Human Rights Watch, Jane Buchanan (inglés, ruso): +1-212-216-1857; o +1-917-553-4315 (móvil)

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