Document - Armenia: Fear of the freedom of conscience and religion: violations of the rights of Jehovah's Witnesses

[Fecha de embargo: 16 de enero de 2008]

Público

Amnistía Internacional


Armenia


Temor por la libertad de conciencia y de religión: violaciones de los derechos de los testigos de Jehová






Amnistía Internacional


Armenia


Temor por la libertad de conciencia y de religión: violaciones de los derechos de los testigos de Jehová




1. Introducción

Amnistía Internacional ve con preocupación que los miembros de la organización de los Testigos de Jehová siguen siendo víctimas de violaciones de derechos humanos en Armenia, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos impone a este Estado la obligación de respetar y proteger el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Los testigos de Jehová residentes en Armenia también sufren violaciones del derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho a no ser sometidos a discriminación y el derecho a un recurso legal. En el presente informe se exponen los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la situación de los testigos de Jehová en Armenia y se formulan una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades armenias sobre medidas encaminadas a garantizar la protección de los derechos de este grupo.


Amnistía Internacional siente preocupación ante la persistente práctica de encarcelar a objetores de conciencia, en su gran mayoría testigos de Jehová, haciendo caso omiso de las obligaciones contraídas por Armenia en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. Tanto el marco jurídico del actual servicio militar alternativo como su aplicación y las medidas destinadas a hacerlo cumplir, en lugar de ofrecer una alternativa civil auténtica al servicio militar –obligación contraída por Armenia al adherirse al Consejo de Europa en 2001– se caracterizan por medidas que indican la existencia de una intención disuasoria frente a la objeción de conciencia. Hay indicios sustantivos de que las fuerzas armadas llevan a cabo actividades de supervisión y control del servicio alternativo introducido en 2004, lo cual es incompatible con las creencias y convicciones de los testigos de Jehová (y otras personas cuyas creencias y convicciones les impiden empuñar las armas). El número de testigos de Jehová encarcelados va en aumento debido a que la política de condenas se ha vuelto más dura y, una vez en libertad, quienes han cumplido penas de prisión siguen enfrentándose a obstáculos burocráticos para el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. A estas personas se las encarcela en contravención de la obligación que tiene Armenia de respetar y proteger el derecho a la libertad de conciencia y de religión, y Amnistía Internacional considera que todas ellas son presas de conciencia. Por consiguiente, todas deberían ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.


Un motivo adicional de preocupación para Amnistía Internacional son los informes cada vez más numerosos sobre agresiones físicas contra testigos de Jehová y sobre la lentitud o inexistencia de investigaciones en estos casos. Estos actos de violencia van dirigidos contra los testigos de Jehová como miembros de un grupo concreto y, en consecuencia, además de constituir delitos en sí mismos son una forma de discriminación. Las autoridades armenias tienen la obligación de ejercer la diligencia debida para proteger a los testigos de Jehová contra tales actos de agresión mediante medidas como la investigación exhaustiva, independiente e imparcial de estos casos y, cuando proceda, el enjuiciamiento de los perpetradores de agresiones físicas. Amnistía Internacional teme que la inacción que, según los informes, caracteriza a la respuesta de las autoridades a la hora de castigar estos delitos esté contribuyendo a un clima de impunidad para los actos de agresión física dirigidos contra testigos de Jehová y, en consecuencia, impunidad para los actos de discriminación de que se hace objeto a este grupo.


Para la elaboración de este informe se han consultado varias fuentes. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Armenia en marzo de 2007 y se reunió con la organización de los Testigos de Jehová en la capital, Eriván. Asimismo, se celebraron reuniones en Londres con la Asociación Europea de Testigos Cristianos de Jehová, cuyos informes y otros documentos también se han utilizado en la elaboración del presente informe. El 31 de agosto del mismo año, Amnistía Internacional se dirigió por escrito a varios organismos del gobierno armenio para solicitar información y una respuesta a los motivos de preocupación de la organización. Amnistía Internacional escribió cartas al ministro de Defensa, a la Policía de la República de Armenia, a la Fiscalía General, a la Oficina del Defensor del Pueblo y al Departamento de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. La organización recibió respuestas de la Policía de la República de Armenia, la Fiscalía General y el Ministerio de Asuntos Exteriores; la información recibida de estas fuentes fue tenida en cuenta a la hora de redactar el texto definitivo de este informe. Se consultaron también una gran variedad de servicios de noticias en línea.



2. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión está garantizado en la Constitución de Armenia y en una amplia gama de tratados internacionales de derechos humanos en los que Armenia es Estado Parte. En el artículo 26 de la Constitución se establece que “[t]oda persona tendrá derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y se estipula que “[e]l ejercicio de este derecho podrá ser restringido sólo por ley en el interés de la seguridad pública, la salud, la moral o la protección de los derechos y libertades de otras personas”. En el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que consagra el derecho a la libertad de religión, se establece que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y la libertad de “manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”. Armenia también es Estado Parte en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), cuyo artículo 9 garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.


El principio de no discriminación en el disfrute de los derechos está consagrado en el artículo 2.1 del PIDCP y en el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a Armenia a “garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. En el artículo 14 del CEDH también se garantiza el disfrute de los derechos y libertades en él reconocidos, sin discriminación alguna.

El PIDCP (artículo 2.3) y el CEDH (artículo 13) consagran el derecho a interponer un recurso legal en caso de violación de los derechos y libertades en ellos reconocidos. Concretamente, el artículo 2.3 del PIDCP obliga a Armenia a garantizar que toda persona cuyos derechos hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo “aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.

El derecho a negase a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia es un elemento inherente al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión consagrado en el artículo 18 del PIDCP, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del CEDH. En el ámbito regional, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han instado a los gobiernos a trabajar activamente para asegurar la realización de este derecho mediante la creación de una alternativa auténticamente civil al servicio militar. Asimismo, han estipulado que dicho servicio alternativo no debe tener una duración que pueda considerarse punitiva en relación con el servicio militar, y han recomendado que se permita a las personas inscribirse en el registro de objetores de conciencia en cualquier momento con anterioridad al cumplimiento del servicio militar o durante éste.



3. Antecedentes

Los Testigos de Jehová desarrollan actividades en Armenia desde 1975. La independencia de Armenia de la Unión Soviética produjo un cambio radical en el contexto en el que se desarrollaban las actividades de los Testigos de Jehová en el país, y la organización solicitó por primera vez su inscripción como organización religiosa en 1995. La abogada Lyova Margarian, testigo de Jehová en Armenia, dijo a Amnistía Internacional que se había rechazado la solicitud de inscripción de su organización en 15 ocasiones.1Al mismo tiempo, algunos aspectos de las actividades de la organización en Armenia dieron lugar a fricciones con representantes de la Iglesia Apostólica de Armenia.2También se recibieron informes sobre discriminación contra miembros de la organización (y de otras minorías religiosas).3Finalmente, el 8 de octubre de 2004 se autorizó la inscripción de los Testigos de Jehová; según la Asociación Europea de Testigos Cristianos de Jehová, se calcula que en Armenia hay actualmente 9.000 testigos de Jehová.4


Aunque desde entonces se le ha permitido importar literatura religiosa, la organización de los Testigos de Jehová ha informado a Amnistía Internacional que suele enfrentar dificultades para alquilar salas o edificios con el fin de celebrar en ellos sus reuniones religiosas. Los Testigos de Jehová de la capital armenia, Eriván, han informado de varias ocasiones en las cuales los contratos de alquiler de locales para la celebración de reuniones religiosas se habían incumplido sin que se les reembolsaran los fondos abonados como depósito, lo cual les había causado pérdidas económicas. En varios casos habían sido las autoridades estatales, como el Ministerio de Cultura y Asuntos de la Juventud, quienes habían intervenido para prohibir el cumplimiento de los contratos.


La Iglesia Apostólica de Armenia es la principal confesión religiosa del país. Aunque, como se ha mencionado supra, la Constitución de Armenia prevé el derecho a la libertad de conciencia, su texto, enmendado mediante referéndum en 2005, también reconoce “la exclusiva misión histórica de la Santa Iglesia Apostólica de Armenia en su condición de iglesia nacional en relación con la vida espiritual, el desarrollo de la cultura nacional y la preservación de la identidad nacional del pueblo de Armenia”. Aunque bajo el régimen soviético se había observado una disminución de la práctica religiosa entre la población armenia, se mantuvo un vínculo sólido entre la identidad étnica armenia y la Iglesia Apostólica de Armenia.5Aproximadamente el 90 por ciento de los habitantes de Armenia, practiquen o no su religión, pertenecen formalmente a la Iglesia Apostólica de Armenia. El 98 por ciento de la población de Armenia son personas de origen étnico armenio, lo cual explica la fuerte correlación existente entre la población y la membresía, al menos nominal, de la Iglesia Apostólica de Armenia.


La percepción de que la Iglesia Apostólica de Armenia había perdido fieles durante el régimen soviético y la apertura de la sociedad armenia a las actividades de otras confesiones religiosas sirvieron de telón de fondo para la promulgación de leyes que reconocieron una serie de derechos a la Iglesia Apostólica de Armenia. Aunque la Ley sobre la Libertad de Conciencia y las Organizaciones Religiosas, aprobada en 1991, prevé la separación de la Iglesia y el Estado, también reconoce a la Iglesia Apostólica de Armenia como iglesia oficial. El 14 de marzo de 2007, tras un periodo de negociaciones que dieron comienzo en el año 2000, se firmó un acuerdo o concordato en el que se codificaban los derechos y la condición jurídica de la Iglesia Apostólica de Armenia.6Cuando se suscribió este concordato, la comunidad de activistas de derechos humanos expresó su preocupación por el hecho de que el acuerdo consolidaba en la práctica la discriminación de otras confesiones religiosas a las que se negaban los mismos derechos y privilegios que se concedían a la Iglesia Apostólica de Armenia.7Esta preocupación fue rechazada por la directora del Departamento de Minorías Nacionales y Asuntos Religiosos del gobierno armenio, Hranush Kharatyan. Amnistía Internacional se dirigió por escrito a Hranush Kharatyan en agosto de 2007 para plantear algunos de los motivos de preocupación expuestos en el presente informe pero hasta la fecha, lamentablemente, no ha recibido respuesta.


En consecuencia, los motivos de preocupación relativos a los derechos humanos que se documentan en este informe tienen como telón de fondo la legalización e inscripción oficial de los Testigos de Jehová y otros grupos religiosos de Armenia, los temores expresados por representantes de la Iglesia Apostólica de Armenia respecto al impacto de las nuevas confesiones religiosas sobre la fe apostólica y las nuevas leyes que codifican los derechos de la Iglesia Apostólica de Armenia.



4. El servicio militar obligatorio en Armenia

En Armenia el sistema de servicio militar obligatorio se remonta a la época soviética. La Constitución prevé la obligatoriedad del servicio militar para todos los hombres jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años. Los procedimientos de alistamiento se parecen mucho a los que se habían impuesto durante el régimen soviético. A los hombres que concluyen su servicio militar se les entrega un certificado (conocido en ocasiones por su nombre ruso, voenni bilet). La posesión de un certificado de servicio militar es necesaria para solicitar una serie de documentos, como pasaportes y visados, y es esencial para el ejercicio de varios derechos civiles básicos como el derecho a contraer matrimonio, a inscribirse en cursos de educación superior del sistema de enseñanza estatal y a solicitar empleo en el sector público.


Desde la independencia de Armenia, proclamada en 1991, la falta de resolución al conflicto existente entre la población armenia y la población azerí de Nagorno Karabaj ha reforzado en la opinión pública la idea de que en Armenia se necesita un sector militar fuerte.8Tras su victoria militar en Nagorno Karabaj, el ejército cuenta con un mayor grado de respeto popular que otras instituciones.9Durante los últimos años, los llamamientos en favor de un sector castrense fuerte se vieron reafirmados por la sensación de vulnerabilidad estratégica frente al abultado presupuesto militar de Azerbaiyán y a las declaraciones reiteradas de figuras políticas azerbaiyanas respecto a la posibilidad del uso de la fuerza para resolver el conflicto. Los Testigos de Jehová de Eriván han dicho a Amnistía Internacional que en su opinión el contexto del conflicto de Nagorno Karabaj incidía negativamente sobre la posibilidad de que se implantara un servicio civil alternativo, ya que las autoridades temían que se produjera una “estampida” de objetores de conciencia que debilitaría la capacidad militar de Armenia. Estos factores constituyen un contexto desfavorable para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.10



5. El servicio civil alternativo, todavía bajo control militar

En 2001, cuando se convirtió en miembro del Consejo de Europa, Armenia se comprometió a introducir un servicio alternativo de carácter auténticamente civil y de duración no punitiva para aquellos individuos cuyas creencias no les permitieran cumplir el servicio militar. En julio de 2004 se aprobó la Ley sobre el Servicio Alternativo para cumplir con este compromiso. El fiscal general adjunto dijo a Amnistía Internacional que esta ley ofrece a los ciudadanos de Armenia que se oponen al servicio militar obligatorio por motivos de conciencia la oportunidad de cumplir “un servicio civil alternativo”.11No obstante, desde su introducción se ha puesto en tela de juicio el grado de autenticidad del carácter civil del servicio alternativo y, en consecuencia, se duda de si cumple con las obligaciones contraídas por Armenia como miembro del Consejo de Europa y sus obligaciones más amplias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.


De acuerdo con los datos reunidos por Amnistía Internacional, el servicio civil alternativo sigue estando bajo el control y la supervisión de las fuerzas armadas tanto en lo que respecta a su marco jurídico como a su aplicación y, por consiguiente, no constituye una alternativa auténticamente civil al servicio militar. Aunque algunas autoridades armenias han negado que así sea, el servicio civil alternativo sigue estando sujeto a la supervisión general del Ministerio de Defensa, lo cual invalida su supuesto carácter civil.12La existencia de un sistema de supervisión militar ha sido confirmada por testigos de Jehová que han optado por cumplir el servicio civil alternativo. Los Testigos de Jehová han dicho a Amnistía Internacional que, al parecer, a algunos miembros de su organización que cumplieron el servicio alternativo no se les permitía abandonar su lugar de trabajo sin un permiso de la policía o de la autoridad militar más cercana. Según los informes, los obligaban a vestir uniformes proporcionados por las fuerzas armadas, podían trasladarlos a unidades de reserva y les exigían tener una libreta oficial, en la que constaba su identidad y los sueldos que recibían, que llevaba la leyenda “Fuerzas Armadas de la República de Armenia”. Además, quienes se enfermaban durante el servicio eran trasladados a hospitales militares para recibir tratamiento. Asimismo, según han afirmado, personal del Ministerio de Defensa elaboraba parte de su programa diario de actividades, que incluía ejercicios físicos típicos de un régimen militar y no de un régimen civil. Se informó, además, de que la autoridad encargada de los procedimientos en caso de presunta infracción disciplinaria era la Fiscalía General Militar.


La Orden Núm. 142, emitida por el a la sazón viceministro de Defensa Michael Harutunian el 20 de diciembre de 2004, confirma la existencia de un sistema de supervisión militar del servicio civil alternativo. En esta orden se establece que quienes cumplan el servicio civil alternativo serán sometidos a supervisión militar semanal y que todos los meses se presentarán informes por escrito al jefe del Estado Mayor. Por otra parte, algunos testigos de Jehová que se han negado a cumplir el servicio alternativo o lo han abandonado por motivos de conciencia han sido enjuiciados como si se tratara de personal militar en aplicación de los artículos 327 y 362 del Código Penal de Armenia, que se ocupan de la evasión del alistamiento y la deserción, respectivamente.


Como se ha mencionado anteriormente, el Consejo de Europa ha estipulado que el servicio civil alternativo no debe tener una duración punitiva. En Armenia el servicio militar dura dos años, mientras que el servicio civil alternativo dura tres años y medio. Aunque no hay una simple regla que permita determinar en qué momento la duración del servicio se vuelve punitiva, Amnistía Internacional considera que el hecho de que el servicio alternativo dure un 75 por ciento más que el servicio militar parece indicar que existe la intención de castigar a la persona afectada imponiéndole un servicio de duración considerablemente mayor.

Otro de los problemas relativos al marco jurídico del servicio civil alternativo consiste en que la Ley sobre el Servicio Alternativo no permite que los reclutas que están en servicio activo soliciten su exención por motivos de conciencia. Las solicitudes relativas a la objeción al servicio militar por motivos de conciencia deben hacerse antes del comienzo de los meses de marzo o septiembre precedentes al alistamiento semestral. Las disposiciones legales que regulan la objeción de conciencia no prevén el caso de los soldados profesionales en servicio activo.

Aunque en 2005 y 2006 se efectuaron una serie de enmiendas a la Ley sobre el Servicio Alternativo, las deficiencias mencionadas han sido reconocidas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En el párrafo 6.7 de la Resolución 1532, aprobada el 23 de enero de 2007, la Asamblea Parlamentaria expresaba su decepción al observar “que la ley actual, enmendada en 2005 y posteriormente en junio de 2006, todavía no ofrece a los objetores de conciencia ninguna garantía de un ‘servicio alternativo auténtico de naturaleza claramente civil, que no debería tener un carácter disuasorio o punitivo’, como se prevé en las normas del Consejo de Europa”.13En la Resolución también se expresaba preocupación por el encarcelamiento de objetores de conciencia.


Amnistía Internacional acoge con satisfacción la absolución, en noviembre de 2006, de 19 hombres, todos ellos testigos de Jehová, que habían abandonado el servicio alternativo –iniciado en diciembre de 2004– y, tras su condena y encarcelamiento, habían interpuesto un recurso contra la medida de privación de libertad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Khachatryan and 18 Others v. Armenia).14Estos hombres no han recibido indemnización alguna y Amnistía Internacional exhorta a las autoridades armenias a revisar su solicitud de una indemnización acorde con la aflicción que les causó su encarcelamiento injusto.


No obstante, Amnistía Internacional ve con honda preocupación que se sigue encarcelando a un número creciente de objetores de conciencia. El 26 de septiembre de 2007 había 82 testigos de Jehová encarcelados en Armenia (73 procesados y condenados y 9 acusados formalmente y en detención preventiva). Este número sin precedentes refleja la tendencia a enviar a prisión a un número cada vez mayor de objetores de conciencia, práctica que se ve agravada por la imposición de penas de mayor duración (véase infra) y la creciente renuencia a permitir que los objetores de conciencia queden en libertad condicional. Según información proporcionada a Amnistía Internacional por el fiscal general adjunto, 92 testigos de Jehová fueron procesados en aplicación del artículo 327 del Código Penal de Armenia entre enero y septiembre de 2007.



6. Presos de conciencia

Aunque no cuestiona el derecho de los gobiernos a alistar a las personas en las fuerzas armadas, Amnistía Internacional defiende el derecho de toda persona a negarse a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia, creencias éticas, morales o filosóficas hondamente arraigadas o profundas convicciones personales, sin sufrir ninguna pena legal o física como resultado de dicha acción. Amnistía Internacional considera además que este derecho abarca a las personas ya alistadas, de modo que éstas deberían poder solicitar el reconocimiento de su condición de objetores de conciencia en cualquier momento anterior o posterior a su entrada en las fuerzas armadas. Además, no se podrá invocar una situación de guerra o de hostilidades activas como motivo para suspender el derecho a cumplir un servicio civil alternativo. Cuando una persona no se haya negado a cumplir un servicio alternativo de carácter auténticamente civil que no tenga un carácter punitivo ni discriminatorio, Amnistía Internacional considera que dicha persona es un preso de conciencia.


A la luz de los datos que señalan que el servicio alternativo en Armenia no es auténticamente civil y tiene una duración punitiva, Amnistía Internacional cree que todos los testigos de Jehová que actualmente están en prisión en este país debido a su objeción de conciencia son presos de conciencia. La organización insta a las autoridades armenias a cumplir la promesa formulada a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 22 de junio de 2004 por quien era a la sazón presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Tigran Torosyan, en el sentido de que se devolvería la libertad a todos los objetores de conciencia encarcelados en el país. Asimismo, Amnistía Internacional sigue exhortando a las autoridades armenias a reformar el servicio alternativo de modo de eliminar todos los aspectos relativos a la supervisión o el control militar, a fin de que la implementación de la Ley sobre el Servicio Alternativo pueda ofrecer una alternativa auténticamente civil al servicio militar.



7. Otras medidas punitivas y discriminatorias contra los objetores de conciencia

Hay otros dos aspectos de la situación de los objetores de conciencia en Armenia que preocupan a Amnistía Internacional. La organización siente gran inquietud ante el número creciente de informes sobre casos de objeción de conciencia en los cuales la fiscalía ha pedido penas más severas cuando los tribunales no han impuesto la pena máxima (dos y cuatro años, respectivamente, conforme a los artículos 327 y 362 del Código Penal de Armenia). Los Testigos de Jehová han dicho a Amnistía Internacional que los fiscales acuden sistemáticamente al Tribunal de Apelación para solicitar que se aumenten las penas impuestas a personas que son miembros de su organización. Según informes, a fecha de marzo de 2007 había habido 12 casos de este tipo y el Tribunal de Apelación no había denegado ninguna solicitud. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2006 el ayudante de la fiscalía del distrito administrativo de Malatia-Sebastia, en Eriván, interpuso un recurso de apelación en el que solicitaba que se aumentara la pena de dos años impuesta al testigo de Jehová Hayk Gegham Avetisyan. El Tribunal de Apelación se mostró favorable a la solicitud y aumentó la pena a 30 meses. Causa preocupación el hecho de que el aumento de las penas tenga una función punitiva, con un efecto disuasorio adicional frente a la objeción de conciencia.


Otro motivo de preocupación es el hecho de que los testigos de Jehová que han cumplido condenas de prisión por su objeción de conciencia se enfrentan a problemas adicionales cuando recuperan la libertad. Los Testigos de Jehová han informado de que en marzo de 2007 había 30 personas en esta situación. Todas ellas habían cumplido sus penas o habían quedado en libertad condicional. No obstante, no les habían entregado un certificado equivalente al certificado de servicio militar (conocido generalmente por su nombre ruso, voenni bilet). El órgano encargado de emitir los certificados les había dicho que debían solicitarlos a su autoridad militar local (conocida por su nombre ruso, voenni kommisariat). Ésta denegó su solicitud y les dijo que volvieran a incorporarse al ejército y que sólo podrían recibir un certificado cuando cumplieran 27 años, el límite máximo para cumplir el servicio militar en Armenia.


Cuando no se cuenta con un certificado de servicio militar resulta difícil obtener otros documentos importantes como pasaportes, visados y permisos de residencia locales, conseguir empleo en el sector público o contraer matrimonio. Al privarse a los testigos de Jehová de la capacidad de contar con pasaportes o visados se menoscaba su derecho a la libertad de circulación, consagrado en el artículo 12 del PIDCP y en el artículo 2 del Protocolo núm. 14 al CEDH. Se ha informado a Amnistía Internacional de que, paradojalmente, dos de los testigos de Jehová absueltos en noviembre de 2006 sí habían recibido un certificado de servicio, lo cual indica que no se han aplicado criterios sistemáticos para la concesión de dichos certificados. Amnistía Internacional insta a las autoridades armenias a que revisen los casos de estos 30 testigos de Jehová y les entreguen certificados de servicio para asegurar que, habiendo sido ya penalizados con la cárcel por ejercitar su derecho a la objeción de conciencia, no se los sigue penalizando por dicho ejercicio.



8. Alegaciones sobre impunidad por actos de violencia contra testigos de Jehová

Amnistía Internacional también ve con preocupación el número creciente de informes sobre actos de violencia dirigidos contra testigos de Jehová, incluidas agresiones físicas cometidas por miembros del clero de la Iglesia Apostólica de Armenia. Estos actos constituyen una violación del derecho a la integridad física y mental, que las autoridades armenias tienen la responsabilidad de respetar y proteger y dado que, según parece, se basan en que las víctimas son testigos de Jehová, constituyen también una forma de discriminación. En este contexto, Amnistía Internacional siente preocupación por las alegaciones según las cuales las autoridades armenias no han ejercido la diligencia debida a la hora de actuar efectivamente para investigar y enjuiciar estos actos de agresión, medidas que habrían tenido importantes efectos en materia de prevención y protección. Otra preocupación conexa es la aparente violación del derecho a un recurso efectivo, establecido en el artículo 2.3 del PIDCP y en el artículo 13 del CEDH (véase supra).


En marzo de 2007 una delegación de Amnistía Internacional se reunió en la capital, Eriván, con representantes de los Testigos de Jehová que manifestaron que algunos aspectos de la situación habían mejorado desde la inscripción oficial de los Testigos de Jehová como organización religiosa, realizada el 8 de octubre de 2004. Por ejemplo, señalaron que, al menos hasta marzo de 2007 (véase infra), habían podido importar y distribuir literatura religiosa. También podían celebrar reuniones religiosas en las mismas condiciones que otras organizaciones religiosas. No obstante, también dijeron a Amnistía Internacional que los actos de violencia en su contra habían aumentado desde la inscripción oficial de su organización. Se refirieron a varios incidentes ocurridos el año anterior en los cuales sus miembros habían sido agredidos físicamente por personas desconocidas o por habitantes de su localidad. Manifestaron, asimismo, que sus intentos de obtener un remedio efectivo para estos actos de agresión física habían sido en general infructuosos.


La delegación e Amnistía Internacional planteó estos motivos de preocupación a la persona responsable del Departamento de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Algunos de los casos que se examinan más adelante fueron confirmados a Amnistía Internacional por la Policía de la República de Armenia. Pero, sorprendentemente, en octubre el fiscal general adjunto informó a Amnistía Internacional de que la Fiscalía General no tenía en su poder ninguna información sobre actos de agresión dirigidos contra testigos de Jehová en Armenia. Esto suscita la preocupación de que, aunque se han realizado algunas actividades de investigación en relación con los casos examinados más adelante, las autoridades Armenias no están teniendo en cuenta la posibilidad de que estas agresiones tengan un aspecto discriminatorio, es decir, que se dirijan específicamente contra testigos de Jehová como miembros de un grupo concreto. Por consiguiente, Amnistía Internacional ve con preocupación que la ausencia de medidas efectivas para investigar y enjuiciar estos actos, sumada a la aparente falta de reconocimiento de su base discriminatoria, está contribuyendo a un clima de impunidad para los actos de discriminación contra testigos de Jehová y las agresiones físicas a las que dicha discriminación da lugar.

El 21 de agosto de 2006, según informes, las testigos de Jehová Zoya Tamaryan y Lena Karapetyan fueron agredidas físicamente en Shengavit por Ashot Poghosyan, sacerdote de la Iglesia Apostólica de Armenia. Dicen los informes que el sacerdote las golpeó, en un caso con tanta fuerza que la mujer cayó y sufrió una fractura en un brazo; también les arrojó una roca y una botella. De acuerdo con los informes, la policía confirmó que el incidente había tenido lugar pero decidió no abrir un expediente criminal porque Ashot Poghosyan había expresado remordimiento por sus acciones. Las peticiones de los Testigos de Jehová a los tribunales de primera instancia y de apelación para que se revocara la decisión de la policía de no abrir un expediente criminal fueron rechazadas. Según información proporcionada a Amnistía Internacional por la Policía de la República de Armenia, la agresión había sido de hecho “una riña de vecinos” entre Ashot Poghosyan y Zoya Tamaryan, que “dio la casualidad de que era testigo de Jehová”, aunque no quedan claros los motivos de la riña ni por qué había desembocado en actos de violencia. La policía dijo a Amnistía Internacional que la petición de que se abriera causa penal contra Ashot Poghosyan había sido rechazada en aplicación del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal (circunstancias que permiten el uso de facultades discrecionales para denegar la petición de enjuiciamiento).


Los Testigos de Jehová también informaron a Amnistía Internacional de que el 28 de febrero de 2007 dos de sus miembros, Ruben Khachaturian y Narine Gevorkian, fueron golpeados por vecinos del edificio de apartamentos donde viven, en el barrio periférico de Shengavit, en Eriván, que también los amenazaron con arrojarlos por una ventana. Dijeron que un mes después la policía todavía no había iniciado una investigación pronta de la agresión. En otro incidente ocurrido, según los informes, el 13 de marzo de 2007 en Shengavit, el testigo de Jehová Vartan Gevorkian fue agredido en la calle por unos desconocidos; la intervención de algunos transeúntes impidió que la violencia se intensificara. El 17 de marzo, al parecer, una reunión de testigos de Jehová en el pueblo de Sevabert, en la región de Abovian, fue interrumpida por unos hombres sin identificar que derribaron la puerta, robaron un sistema de música y cortaron la electricidad; no se inició ninguna investigación de los hechos. El 17 de abril, un hombre amenazó con un revólver a las testigos de Jehová Marine Rushanyan y Elvina Artunyan mientras cumplían con sus deberes pastorales. El 21 de mayo presentaron una denuncia a la policía, pero se les informó de que no se abriría un expediente criminal por falta de pruebas. No obstante, la policía dice que no recibió ninguna denuncia sobre estos cuatro casos.

El 1 de junio, en el pueblo deLusarat, distrito de Ararat, los testigos de Jehová Armen Khachatryan y Hamest Petrosyan fueron agredidos físicamente por un desconocido mientras debatían asuntos religiosos con una joven. Posteriormente, Armen Khachatryan pidió a la policía y a la fiscalía que se investigara el caso, ya que los dos testigos de Jehová habían sufrido lesiones. Según los Testigos de Jehová, la policía del distrito de Ararat investigó el caso. En esta oportunidad, el presunto agresor era un sacerdote de la Iglesia Apostólica de Armenia de la ciudad de Gyumri que el día del incidente se hallaba en Lusarat de visita en casa de familiares. Los testigos de Jehová accedieron a tratar de resolver el asunto sin recurrir a la acción legal si el sacerdote pedía disculpas por su conducta, pero éste negó que el incidente hubiera ocurrido y la policía archivó el caso. La policía dijo a Amnistía Internacional que no se había abierto un expediente criminal debido a que no se había producido ningún acto delictivo punible conforme al Código Penal.


Amnistía Internacional teme que el incremento del número de actos de agresión dirigidos contra testigos de Jehová se relacione con la sensación de que, en ausencia de investigaciones efectivas y enjuiciamientos de dichos actos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, existe un clima de impunidad. Los Estados Partes en tratados internacionales de derechos humanos como el PIDCP y el CEDH están obligados no sólo a garantizar que las instituciones del Estado y los organismos encargados de hacer cumplir la ley respetan los derechos humanos sino también a mostrar la diligencia debida tomando medidas para prevenir, investigar y enjuiciar los abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes no estatales. Los Estados son responsables de su inacción cuando no impiden o investigan los abusos contra los derechos humanos o garantizan reparación a las víctimas. En este contexto, Amnistía Internacional siente preocupación ante los informes que indican que no se han llevado a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales en casos de presuntos actos de agresión contra testigos de Jehová.



Otros motivos de preocupación relativos a la discriminación

Como se ha señalado anteriormente, los Testigos de Jehová han informado a Amnistía Internacional de que tras su inscripción oficial la organización ha podido importar literatura religiosa. No obstante, los Testigos de Jehová también dijeron a Amnistía Internacional que en marzo de 2007 las autoridades de aduanas habían incrementado el impuesto a la importación de publicaciones periódicas de los Testigos de Jehová, que subieron de 5 centavos de dólar estadounidenses a 1 dólar estadounidense, circunstancia que restringió considerablemente su capacidad de importar literatura religiosa. En agosto de 2007, Amnistía Internacional preguntó a las autoridades armenias si se trataba de un incremento universal que se aplicaba a todas las publicaciones periódicas o si se aplicaba únicamente a la literatura importada por los Testigos de Jehová, pero no ha recibido respuesta. Si el incremento se aplicara únicamente a las publicaciones de los Testigos de Jehová se trataría de un acto de discriminación y una violación de derechos humanos. Incluso si se tratara de una medida de aplicación universal, el incremento podría tener un efecto discriminatorio, ya que algunas organizaciones religiosas, como los Testigos de Jehová, dependen de la literatura importada más que otras.



Difusión de actitudes discriminatorias

Amnistía Internacional también ha recibido informes sobre la difusión de opiniones que podría considerarse que contribuyen a un clima de discriminación contra los testigos de Jehová. Por ejemplo, según informes, un grupo u organización juvenil autodenominada “Una Nación” ha organizado marchas públicas y ha distribuido carteles y volantes en los que se advertía al público que “tuviera cuidado con los testigos de Jehová” y “dijera que no a las sectas”. Como se ha señalado anteriormente, también se han documentado comentarios agresivos formulados por representantes de la Iglesia Apostólica de Armenia contra los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová de Eriván dijeron a Amnistía Internacional que en la televisión de Armenia –tanto en las emisoras principales, como Armenia TV, como en la emisora religiosa Shoghakat (“gota de luz”)– es frecuente la cobertura negativa de los Testigos de Jehová (así como de otras confesiones y grupos religiosos).15Un ex ministro de Cultura, Hakob Movses, ha declarado hace poco en Shoghakat TV que “las sectas son los traidores de la nación”.16Los Testigos de Jehová también han informado de comentarios despectivos formulados en las escuelas por docentes de cursos sobre la historia de la Iglesia Apostólica de Armenia, e incluso de casos de estudiantes que eran testigos de Jehová y no accedían a convertirse a la fe apostólica a los que se les había negado la aprobación de sus exámenes.17


El artículo 20.2 del PIDCP establece: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. En el artículo 226 del Código Penal adoptado por la República de Armenia en agosto de 2003 se penaliza la incitación al odio nacional, racial y religioso y se establece que la comisión de tales actos por un grupo organizado constituye una circunstancia agravante. Las autoridades de Armenia tienen la responsabilidad de ejercer la diligencia debida a la hora de tomar medidas para cumplir con lo dispuesto en estas normas internacionales y nacionales. Además, las autoridades tienen la responsabilidad positiva de tomar la iniciativa de mostrar actitudes inclusivas y no discriminatorias hacia aquellos grupos que se enfrentan a la discriminación y la hostilidad en el seno de la sociedad.



9. Conclusión

Aunque su inscripción como organización religiosa legal ha facilitado ciertos aspectos de las actividades de los Testigos de Jehová en Armenia, la membresía de la organización sigue enfrentándose a graves violaciones de sus derechos humanos motivadas por sus creencias. Esta situación la sufren en especial los hombres jóvenes, cuyas creencias religiosas les impiden cumplir el servicio militar. Las autoridades de Armenia no han observado las normas del Consejo de Europa que las obligan a introducir un marco jurídico adecuado para la implementación de una alternativa auténticamente civil al servicio militar obligatorio. En su forma actual, el servicio alternativo existente en Armenia no respeta el derecho de los objetores de conciencia a cumplir un servicio alternativo de carácter auténticamente civil que no sea ni punitivo ni discriminatorio. El hecho de que en el momento de redactarse este documento ninguna persona estuviera cumpliendo el servicio alternativo en Armenia corrobora esta afirmación.


Dado que, en su modalidad actual, el servicio alternativo no tiene un carácter auténticamente civil, Amnistía Internacional considera que todas las personas encarceladas por haberse negado a cumplir este servicio son presos de conciencia, privados de su libertad únicamente debido a sus creencias religiosas. Uno de los aspectos esenciales del cumplimiento de las obligaciones contraídas por Armenia en esta esfera es la liberación inmediata y sin condiciones de todos los objetores de conciencia actualmente en prisión. Todas las personas encarceladas injustamente deben recibir una indemnización adecuada, y las autoridades armenias tienen el deber de garantizar que dichas personas no sufrirán más violaciones de derechos humanos al negárseles la documentación necesaria para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos.

Las autoridades de Armenia tampoco han protegido otros derechos y libertades de los testigos de Jehová. No han garantizado una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente de las denuncias sobre actos de agresión contra testigos de Jehová y, por consiguiente, no han impedido la aparición de un clima de impunidad en relación con dichos actos. Reconocer el aspecto discriminatorio de estas agresiones, es decir, reconocer que van dirigidas contra los testigos de Jehová como miembros de un grupo concreto, es un paso necesario para combatir la discriminación y la impunidad. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades armenias a demostrar que se guían por principios de derechos humanos al proteger y hacer efectivo el derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a estos efectos ofrece las recomendaciones que se formulan a continuación.



10. Recomendaciones

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Armenia a:


Tomar medidas para ajustar el marco jurídico y la aplicación práctica del sistema de servicio civil alternativo a las obligaciones y principios que debe respetar Armenia como miembro del Consejo de Europa y Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de modo que pueda ofrecer una alternativa de carácter auténticamente civil y no punitivo al servicio militar obligatorio. Entre dichas medidas deberán incluirse las siguientes:


  • Devolver la libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas encarceladas únicamente por ejercitar su derecho a negarse a cumplir el servicio militar en ausencia de una alternativa auténticamente civil, y abstenerse de encarcelar a objetores de conciencia en el futuro.

  • Asegurar que ningún funcionario u órgano militar participa de manera alguna en el marco legislativo, la aplicación o las prácticas o estructuras disciplinarias del servicio civil alternativo.


  • Reducir la duración del servicio civil alternativo de modo que sea evidente que no tiene un carácter punitivo ni tiene el fin de disuadir a las personas del ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia.


  • Garantizar, tras la introducción de un servicio alternativo de carácter auténticamente civil, que se pone a disposición de todas las personas afectadas por la obligación de cumplir el servicio militar, incluidas aquellas que ya lo están cumpliendo, información sobre el derecho a la objeción de conciencia y sobre el procedimiento para solicitar que se les permita cumplir el servicio alternativo.


  • Poner fin sin demora a la imposición de penas de prisión máximas o prolongadas que castiguen la objeción de conciencia y disuadan de ejercitar el derecho a la objeción de conciencia.


  • Entregar sin demora un certificado de cumplimiento del servicio a todas aquellas personas que hayan cumplido penas de prisión impuestas por su objeción de conciencia a fin de que, una vez en libertad, no se enfrenten a obstáculos para el ejercicio de una serie de derechos humanos.


Tomar medidas para garantizar que no existe un clima de impunidad en relación con las agresiones físicas dirigidas contra testigos de Jehová o miembros de otros grupos religiosos minoritarios. Entre dichas medidas podrán incluirse las siguientes:


  • Ejercer la diligencia debida para asegurar que se llevan a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes de toda denuncia sobre actos de agresión física contra miembros de la organización de los Testigos de Jehová y que, cuando proceda, se iniciará juicio.


  • Alentar a los funcionarios del Estado a que tomen la iniciativa para mostrar actitudes inclusivas y no discriminatorias hacia los grupos que se enfrentan a la discriminación y la hostilidad en el seno de la sociedad.


Asegurar que no se discrimina a los Testigos de Jehová o a otros grupos religiosos inscritos en el registro oficial ni se les impide ejercitar los derechos que les otorga la Ley sobre la Libertad de Conciencia y las Organizaciones Religiosas. Entre dichas medidas podrán incluirse las siguientes:

  • Revisar los incrementos sufridos por los impuestos a la importación con miras a asegurar que dichos impuestos no discriminan –ni en su intención ni en sus efectos– a los Testigos de Jehová ni a ningún otro grupo religioso.


  • Poner fin a todas las intervenciones realizadas por agentes del Estado con el fin de prohibir la ejecución de contratos de alquiler de locales u otros servicios entre testigos de Jehová y otras partes.

1 Entrevista de Amnistía Internacional con Lyova Margarian, Eriván, 27 de marzo de 2007.

2 En un informe publicado en 1999 por Amnistía Internacional sobre el tema del encarcelamiento de objetores de conciencia en Armenia se citaban los comentarios de un obispo de la Iglesia Apostólica de Armenia, quien se había referido a los Testigos de Jehová como “una secta totalitaria” que planteaba “la amenaza más horrible a nuestro país, nuestro Estado, nuestra fe”. Véase Armenia: “Respect my human dignity”. Imprisonment of conscientious objectors (Índice AI: EUR 54/006/1999).

3 Véase ARMENIA: Secret order banishes religious minorities from police, Forum 18 News Service, 25 de abril de 2003. Según este informe, en diciembre de 2002 el jefe de la policía emitió una orden secreta en la que se prohibía que prestaran servicio en ese cuerpo representantes de cualquier minoría religiosa.

4 Asociación Europea de Testigos Cristianos de Jehová, Armenia’s Unresolved Issue of Conscientious Objection to Military Service, Londres, 2006, p. 3.

5 Aram I, jefe de la Iglesia Apostólica de Armenia, ha manifestado: “Gracias a su autoanálisis y a circunstancias históricas, la Iglesia Apostólica de Armenia se ha convertido en uno de los protagonistas principales en la forja de la identidad nacional. Es un enérgico promotor de aspiraciones y valores nacionales”. On the Renewal of the Armenian Church, Dialogue with Youth No. 10. Véase http://www.armenianorthodoxchurch.org/v04/doc/Documents/dialogues.htm.


6 Entre los derechos codificados figuran el derecho a ayuda económica proveniente del presupuesto estatal, el derecho a implementar programas educativos dentro del sistema de enseñanza del Estado, el derecho a publicar gratuitamente los informes oficiales de la Iglesia en los medios de comunicación de masas, el derecho al reconocimiento oficial de los matrimonios y divorcios celebrados por la Iglesia Apostólica de Armenia y el derecho a la fabricación libre de impuestos de artículos utilizados durante los ritos religiosos.

7 Vahan Ishkhanyan, Theology and Politics: Should the Armenian Church also be the state Church?, ArmeniaNow.com, núm. 9 (228), 2 de marzo de 2007.

8 El conflicto posterior a la era soviética en Nagorno Karabaj, antigua región autónoma dentro del territorio del Azerbaiyán soviético, habitada por una mayoría local de origen armenio, comenzó en 1988 y se fue intensificando hasta estallar en enfrentamientos armados en 1991. La guerra finalizó en 1994 con la secesión de facto de Nagorno Karabaj de Azerbaiyán; ni Armenia ni ningún otro Estado han reconocido a la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj.

9 Según un sondeo de votantes llevado a cabo en 2006 por el Instituto Internacional Republicano, Baltic Surveys Ltd/The Gallup Organization y el Instituto de Sociología de Armenia, el 83 por ciento de la población armenia tiene más confianza en el ejército que en la iglesia (77 por ciento), la presidencia (35 por ciento) o la Asamblea Nacional (31 por ciento). Cifras citadas en: Instituto Nacional Republicano, “Nagorno-Karabakh: Risking war”, Europe Report núm. 187, 14 de noviembre de 2007, p. 18, nota al pie núm. 196.

10 Durante la época soviética no había ninguna normativa sobre la objeción de conciencia. No obstante, la Policía de Armenia dijo a Amnistía Internacional que tradicionalmente había existido un “acuerdo silencioso” entre las autoridades y representantes de la comunidad molokana. Ésta, una minoría religiosa de origen ruso, profesa creencias pacifistas que le prohíben empuñar las armas. Como consecuencia de este acuerdo, durante su servicio militar los molokanos trabajaban en cocinas o en labores de construcción. Si bien, de acuerdo con la Policía de Armenia, hasta la fecha nunca se ha perseguido a los objetores de conciencia de la comunidad molokana, hay informes que indican que un molokano, Pavel Karavanov, quedó en libertad a mediados de 2006 tras cumplir una pena que le había sido impuesta por su objeción de conciencia.

11 La evasión de este servicio alternativo, al igual que la evasión del alistamiento militar, constituye un delito común conforme al artículo 327 del Código Penal de Armenia.

12 Artur Agabekyan, presidente del comité parlamentario de Defensa, y otras autoridades han negado que el servicio civil alternativo se halle bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, y afirman que se halla bajo la jurisdicción de los ministerios de Salud y Seguridad Social. Véase ARMENIA: 82 religious prisoners of conscience is new record, Forum 18 News Service, 28 de septiembre de 2007. Otras autoridades, entre ellas el Defensor del Pueblo, han confirmado que este servicio está bajo el control general del Ministerio de Defensa.

13 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 1532 (2007), Honouring of Commitments by Armenia, http://www.coe.am/docs/pace/resolution_1532_en.pdf.

14 Se trata del cuarto recurso relativo a la objeción de conciencia interpuesto por testigos de Jehová armenios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los otros son: Bayatyan v. Armenia, Bukharatyan v. Armenia y Tsaturyan v. Armenia. El 12 de diciembre de 2006, el Tribunal Europeo admitió a trámite la causa Bayatyan v. Armenia. Esta causa es importante porque el Tribunal Europeo examinará la cuestión de la objeción de conciencia directamente a la luz del artículo 9 del CEDH (el derecho a la libertad de conciencia y de religión).

15 Shoghakat es una emisora de televisión independiente fundada en 1998 por el a la sazón arzobispo Karekin Nersissian. Propugna los valores y tradiciones de la Iglesia Apostólica de Armenia.

16 Véase Vahan Ishkhanyan, Essay: Late night lessons in fear, ArmeniaNow.com, núm. 38 (258), 21 de septiembre de 2007.

17 Yerevan Press Club, Partnership for Open Society Initiative y Open Society Institute Human Rights and Governance Grants Programme/Open Society Institute Assistance Foundation-Armenia, Monitoring of Democratic Reforms in Armenia Report 2006, p. 28. En este informe también se reconocía que había disminuido el número de incidentes de este tipo y que, aunque en el pasado se había destituido a docentes que eran testigos de Jehová, ello ya no ocurría. Disponible en http://www.ypc.am/Old/Downlowds/Report_eng.pdf.

Enero de 2008

Índice AI: EUR 54/001/2008

http://www.amnesty.org/es/report/info/EUR54/001/2008


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA



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