Document - Belarus: Stifling the promotion of human rights

[No publicar antes de: 29 de marzo de 2004]Público

Amnistía Internacional

Bielorrusia

Represión de la promoción de los derechos humanos

			Resumen
Índice AI: EUR 49/004/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR490042004

El informe Bielorrusia: Represión de la promoción de los derechos humanosse centra en las restricciones del derecho a la libertad de asociación y reunión y en las violaciones del derecho a la libertad de expresión, tal como las han sufrido diversos defensores de los derechos humanos en Bielorrusia. Los casos que son objeto de este informe incluyen clausuras de organizaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias de individuos y de miembros de sindicatos y presiones sobre medios de comunicación independientes, incluidos periódicos sindicales y periodistas individuales.

En los últimos meses, un número alarmante de organizaciones no gubernamentales (ONG), directa o indirectamente comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos en Bielorrusia, han sido clausuradas a partir de leyes y normas controvertidas, generalmente consideradas restrictivas, por una judicatura cuya independencia ha sido puesta en entredicho reiteradamente por la comunidad internacional (véase Human Rights Defenders under Pressure in Belarus,Índice AI: EUR 49/004/2003). Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por otras presiones sobre los defensores de los derechos humanos, especialmente por los obstáculos y limitaciones de su derecho a la libertad de asociación, las limitaciones y violaciones del derecho a recibir y difundir información sobre los derechos humanos, y el hostigamiento.(1)

A la vista de los casos que se incluyen en este informe, así como de otros casos de los que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional, la organización considera motivo de preocupación que continúe la práctica deliberada de obstrucción, hostigamiento e intimidación contra los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil por parte de las autoridades de Bielorrusia. Ni las organizaciones clausuradas ni las personas detenidas arbitrariamente o multadas tuvieron éxito en sus apelaciones ante los tribunales. A los defensores de los derechos humanos se les ha negado de hecho el acceso al derecho a la libertad de asociación y reunión. La organización teme además que, al clausurarse un número cada vez mayor de organizaciones, los individuos que sigan desarrollando su trabajo como defensores de los derechos humanos se conviertan en blanco de ataques a título personal, al no formar ya parte de organizaciones reconocidas y «registradas».

Simultáneamente, las restricciones de la libertad de expresión no han favorecido la promoción de los derechos humanos y las libertades civiles. En consecuencia, los medios de comunicación no han estado a disposición de los defensores de los derechos humanos, incluidos los sindicatos independientes. En Bielorrusia es cada vez más difícilla sensibilización sobre los derechos humanos y la difusión de información relacionada con denuncias de violaciones de derechos humanos. El siguiente objetivo parecen ser las publicaciones en Internet, uno de los únicos medios que en la actualidad pueden funcionar de manera más o menos independiente.

Esta hoja es un resumen del documento Bielorrusia: Represión de la promoción de los derechos humanos, Índice AI: EUR 49/004/2004, publicado por Amnistía Internacional en marzo de 2004. Las personas que deseen más información o emprender acciones en relación con este asunto, deben consultar el documento en su integridad. Puede consultarse una amplia selección de nuestros materiales sobre este y otros temas en http://www.amnesty.org, y los comunicados de prensa de Amnistía Internacional pueden recibirse por correo electrónico: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[No publicar antes de: 29 de marzo de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Bielorrusia

Represión de la promoción de los derechos humanos

trpar

ÍNDICE

Introducción 1

¿Qué son los defensores de los derechos humanos? 2

La protección internacional de los defensores de los derechos humanos 3

1.Restricciones del derecho a la libertad de asociación y reunión 5

1.1. Registro y regulación de las organizaciones no gubernamentales 6

La clausura de Primavera 96 6

La clausura de Asistencia Letrada Gratuita para la Población 7

La posible clausura del Comité Bielorruso de Helsinki 8

1.2. Detención arbitraria de manifestantes pacíficos 8

El caso de Aksana Novikava 9

Activismo sindical 10

El encarcelamiento de Alyaksandr Bukhvostov 10

2.Restricciones del derecho a la libertad de expresión 11

2.1. Los vestigios de una prensa sindical independiente 11

El silenciamiento de las críticas en el periódico sindical Belaruski Chas 11

El hostigamiento del periódico sindical independiente Salidarnasts (Solidaridad) 12

2.2. El silenciamiento del periodismo independiente 12

El encarcelamieneto de Viktor Ivashkevich 12

El encarcelamiento de Alyaksandr Yaroshuk 13

El caso de Natalya Kolyada 13

Conclusión 14

Bielorrusia

Represión de la promoción de los derechos humanos

Introducción

Bielorrusia es un país en el que existe una gran discrepancia entre la teoría de los derechos humanos, por un lado, y su aplicación diaria, por otro. Aunque Bielorrusia es parte en la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución del país garantiza una amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales, existe una brecha excesiva entre estos derechos en la teoría y su aplicación en la práctica.

En los últimos meses, un número alarmante de organizaciones no gubernamentales (ONG), directa o indirectamente comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos en Bielorrusia, han sido clausuradas a partir de leyes y normas controvertidas, generalmente consideradas restrictivas, por una judicatura cuya independencia ha sido puesta en entredicho reiteradamente por la comunidad internacional (véase Human Rights Defenders under Pressure in Belarus,Índice AI: EUR 49/004/2003). Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por otras presiones sobre los defensores de los derechos humanos, especialmente por los obstáculos y limitaciones de su derecho a la libertad de asociación, las limitaciones y violaciones de su derecho a recibir y difundir información sobre los derechos humanos, y el hostigamiento. La violación del derecho a no ser sometido a tortura, malos tratos, detención arbitraria y reclusión arbitraria crea un clima que dificulta el importante trabajo de los defensores de los derechos humanos en Bielorrusia, y a veces los pone en situación de riesgo personal.(2)

En vista de estos motivos de preocupación, Amnistía Internacional escribió el 18 de septiembre de 2003 al ministro de Justicia, Viktor Golovanov, instándole a adoptar, en su calidad de ministro de Justicia, medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Bielorrusia en materia de derechos humanos, entre ellas las incluidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En particular, se debía permitir a los defensores de los derechos humanos del país el ejercicio de su derecho de asociación y reunión pacífica sin temor a obstrucción, hostigamiento, intimidación o represalias.

Respondiendo a esta carta y a los llamamientos de miembros de Amnistía Internacional, la organización recibió dos misivas del Ministerio de Justicia.(3) En sus respuestas, el ministerio aseguraba su compromiso de cumplir las normas internacionales, en particular el artículo 22 del PIDCP. El ministerio indicaba que «acoge con satisfacción las iniciativas que permitan una relación más constructiva entre el gobierno y las ONG, que por su parte deben respetar la legislación de la república. Simultáneamente, el gobierno trabaja por el perfeccionamiento de la legislación en lo referente a la regulación de las actividades de las asociaciones públicas».

Lamentablemente, el ministerio no se ocupaba de las recomendaciones específicas de Amnistía Internacional:

· poner fina la práctica deliberada de obstrucción, hostigamiento e intimidación de los defensores de los derechos humanos, mediante clausuras y amenazas de clausura de varias ONG –como Asistencia Letrada Gratuita para la Población, Primavera 96 y el Comité Bielorruso de Helsinki–, directa o indirectamente comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos en Bielorrusia;

· revisarde inmediato las leyes, normas y prácticas administrativas relacionadas con el registro y las actividades de las organizaciones no gubernamentales, a fin de facilitar su constitución y libre funcionamiento de conformidad con los artículos 21 y 22 del PIDCP;

· cumplirlos principios de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998).

La falta de voluntad política de las autoridades bielorrusas para iniciar un proceso significativo de reforma en relación con el establecimiento y el libre funcionamiento de las ONG y la sociedad civil en general se pone de manifiesto en otras declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Viktor Golovanov, y por el presidente del país, Alexander Lukashenko, a principios de 2004. El 23 de enero de 2004, según los informes, el ministro de Justicia anunció los logros de su ministerio en el área del fortalecimiento del ordenamiento jurídico, especialmente en relación con la libertad de asociación. Según los informes, el ministro afirmó que «en el último año hicimos más estricto [la cursiva es de AI] el control sobre las actividades de las ONG. Se sometió a 81 ONG a nuestras inspecciones ampliadas. Como consecuencia de esas inspecciones, el Ministerio de Justicia emitió 810 advertencias escritas [...] es decir, seis veces más que en 2002. Se han clausurado 51 organizaciones en aplicación de fallos judiciales basados en cargos presentados por el ministerio».(4)

El 16 de febrero de 2004, el presidente Alexander Lukashenko ordenó al Ministerio de Justicia que reforzara su función respecto a la aplicación del ordenamiento jurídico entre los sindicatos, los partidos políticos y otras asociaciones públicas. Todas las organizaciones debían cumplir todos los justificados requisitos del Ministerio de Justicia, y todas las asociaciones públicas debían acatar la legislación vigente, conforme a las obligaciones establecidas en la Constitución.(5)

El presente documento se centra en las restricciones del derecho a la libertad de asociación y reunión y en las violaciones del derecho a la libertad de expresión, tal como las experimentan diversos defensores de los derechos humanos en Bielorrusia. Entre los casos tratados en este informe se incluyen clausuras de organizaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias de individuos y de miembros de sindicatos y presiones sobre medios de comunicación independientes, incluidos periódicos sindicales independientes y periodistas individuales.

¿Quiénes son los defensores de los derechos humanos?

Los defensores de los derechos humanos de todo el mundo están unidos por su compromiso para con la protección y la defensa de la dignidad y de los derechos de las personas. Son individuos y grupos que ejercen presión sobre los gobiernos para que hagan honor a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En 1998, la Asamblea General de la ONU proclamó: «Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional». (6) Es decir, todas las personas que luchan pacíficamente por la realización de los derechos humanos son defensores de los derechos humanos. Algunas trabajan en organizaciones de derechos humanos, grupos de estudiantes y jóvenes y asociaciones religiosas, de mujeres o de desarrollo; otras son abogados, periodistas, intelectuales, profesores, estudiantes, desempleados o agricultores de zonas rurales remotas o pobres.

Su trabajo incluye la búsqueda de la verdad y de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, el fortalecimiento del gobierno democrático y de la rendición de cuentas, la lucha por la igualdad de género, racial y sexual, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la degradación medioambiental, el hambre, la enfermedad y la pobreza, la lucha por un nivel de vida, una educación y una atención médica adecuados, y la lucha para poner fin a la guerra y la proliferación de armas y para prestar ayuda urgente a las víctimas de conflictos o de catástrofes naturales. Los defensores trabajan en diversas esferas de la sociedad y su labor se inspira y orienta a menudo en normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente.

Organizaciones de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales, de ámbito internacional, regional y nacional, hanafirmado y se han adherido a esta definición amplia e incluyente de los defensores de los derechos humanos con el propósito de asegurar que el concepto tiene en cuenta todas las formas de actividades de los derechos humanos en todo el mundo.

Los defensores de los derechos humanos plantean a menudo casos individuales de violaciones de derechos humanos, y buscan el resarcimiento y la reforma con la intención de obligar a los gobiernos a mejorar el respeto de las libertades fundamentales. Para tal fin, los defensores de los derechos humanos vigilan e informan sobre la política y la práctica de los gobiernos a la hora de defender y respetar los principios del Estado de derecho y las normas de derechos humanos protegidas por la legislación nacional e internacional.

El grado de compromiso de un gobierno con la comunidad de defensores de los derechos humanos permite medir su compromiso y comprensión de los derechos humanos y su disposición para introducir mejoras en la protección de los derechos humanos. A la inversa, el grado de dificultades y ataques a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos refleja a menudo la omnipresencia de las violaciones de derechos humanos en general. Para defender los derechos de los demás, los defensores de los derechos humanos también tienen que ser protegidos.

Protección internacional para los defensores de los derechos humanos

Cuando los gobiernos persiguen a los defensores de los derechos humanos, violan derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, opinión, reunión y asociación, o el derecho a un juicio justo, a no ser detenido arbitrariamente y a no sufrir malos tratos y tortura, además del derecho a la vida. Todos estos derechos están consagrados en una larga serie de tratados y declaraciones internacionales y regionales.

Destacadas organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, hicieron campaña durante más de un decenio por la adopción de un instrumento internacional que reconociera y fortaleciera el derecho a defender los derechos humanos.

El 9 de diciembre de 1998, la víspera del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos humanos, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. La adopción de esta declaración en un momento tan significativo reflejaba el grado de importancia que se concedía al papel de los defensores de los derechos humanos en el fomento de la promoción y protección de los derechos humanos.

La Declaración subraya la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos, centrándose en el derecho de asociación, de opinión, de acceso y difusión de la información, el derecho a formular críticas sobre los asuntos públicos y a denunciar a los gobiernos, la necesidad de investigar los abusos y ponerles remedio, y el derecho a comunicarse con organismos internacionales. La Declaración afirma que los Estados deben promover el conocimiento de los derechos humanos, crear o apoyar instituciones nacionales independientes de derechos humanos y programas de educación en derechos humanos para que los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos, y formar a los funcionarios públicos en los derechos humanos.

El artículo 12.2 de la Declaración subraya el deber de los Estados de proteger a los defensores de los derechos humanos: «El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.»

En agosto de 2000 se nombró representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos a Hina Jilani, destacada defensora de los derechos humanos y abogada de Pakistán. El mandato de la representante especial es:

a) Recabar, recibir y examinar información, así como responder a la misma, sobre la situación y los derechos de toda persona que, actuando individualmente o en asociación con otras, promueva y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales;

b) Establecer una cooperación y sostener diálogos con los gobiernos y otros agentes interesados en la promoción y aplicación efectiva de la Declaración;

c) Recomendar estrategias eficaces para proteger mejor a los defensores de los derechos humanos y seguir el cumplimiento de esas recomendaciones.(7)

En 2001, la representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos comunicó diversos motivos de preocupación al gobierno de Bielorrusia, en relación entre otras cosas con el sistema de advertencias oficiales administrado por el Ministerio de Justicia. Estos y otros motivos de preocupación se exponían en el segundo informe de la representante especial a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, publicado en febrero de 2002.(8) En su tercer informe a la Comisión de Derechos Humanos, publicado en enero de 2003, la representante especial afirmaba que «cada vez hay más Estados que recurren a la estrategia de restringir el campo de acción de los defensores de los derechos humanos. Se clausuran organizaciones con los pretextos más insignificantes, se cortan o se restringen indebidamente las fuentes de financiación y la burocracia retrasa deliberadamente el registro de las organizaciones de derechos humanos».(9) En su cuarto informe a la Comisión de Derechos Humanos, publicado en enero de 2004, la representante especial, en relación con Bielorrusia, «observa con profunda preocupación que, en términos numéricos (103), las comunicaciones relativas a los tribunales, incluidos tribunales de seguridad y militares, organismos administrativos como los ministerios de Asuntos Sociales, Interior y Justicia y, en algunos casos, el Parlamento, como autores de violaciones parecen haber tenido prioridad sobre los relacionados con las fuerzas militares y paramilitares. Esta tendencia preocupante sugiere la institucionalización de actos contra los defensores».(10)

1. Restricciones del derecho a la libertad de asociación y reunión

Amnistía Internacional ha expresado en años anteriores su preocupación por los obstáculos, muchos de ellos de índole burocrática y aparentemente muy arbitrarios, a los que deben hacer frente los defensores de los derechos humanos en Bielorrusia en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión. Estas trabas están en contradicción con el artículo 36 de la Constitución de Bielorrusia, así como con el artículo 2 de la Ley sobre Asociaciones Públicas de 1994,(11) que concede a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, a las personas que sienten un interés activo por los derechos humanos en Bielorrusia no se les permite unirse y formar organizaciones para proteger o promover los derechos humanos. En lugar de eso, las organizaciones de derechos humanos, así como los sindicatos, al igual que todas las demás organizaciones no gubernamentales, deben registrarse ante las autoridades bielorrusas y recibir la aprobación oficial para poder funcionar legalmente una vez que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto Presidencial núm. 2 (1999).(12) Después de quedar registradas oficialmente, las organizaciones de derechos humanos están sometidas a un conjunto de directrices estrictas que incluyen un sistema oficial en virtud del cual una organización puede ser clausurada si recibe más de dos «advertencias» en el plazo de un año. El artículo 22 de la Ley sobre Asociaciones Públicas afirma que las asociaciones públicas sólo pueden representar y defender los derechos y los intereses legales de sus miembros, no de terceras partes. En junio de 2003 se introdujo una nueva directriz,(13) que permite a los tribunales clausurar de forma inmediata una organización pública si infringe la legislación relativa a reuniones públicas, por ejemplo con manifestaciones o piquetes.

En 2001, Amnistía Internacional informó de que «defensores de los derechos humanos han informado a Amnistía Internacional sobre las dificultades a que se enfrentaron y las frustraciones que experimentaron al registrarse ante las autoridades judiciales».(14) En el año 2003, esas dificultades y frustraciones se convirtieron en exasperación y desesperación, a medida que un número cada vez mayor de ONG directa o indirectamente comprometidas con la promoción o defensa de los derechos humanos eran clausuradas por orden judicial o simplemente interrumpían sus actividades al recibir advertencias, tras haber perdido la fe en la independencia del poder judicial. Uno de los últimos grupos de derechos humanos que se clausuró en enero de 2004 fue la Sociedad Independiente para la Investigación Jurídica, debido a una denuncia del Departamento de Justicia del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Minsk. El comité afirmó que la organización había participado reiteradamente en actuaciones judiciales en las que estaban implicadas otras ONG que no estaban radicadas en Minsk, y que esto no se ajustaba a lo dispuesto en la Ley sobre Asociaciones Públicas ni en los estatutos de la propia Sociedad Independiente para la Investigación Jurídica. Según los informes, la presidenta de la Sociedad, Elena Tonkacheva, afirmó que esta acusación era infundada, ya que el estatuto de la Sociedad afirma que la organización actúa en todo el territorio de Bielorrusia. Las actividades de la Sociedad Independiente para la Investigación Jurídica incluyen la prestación de asistencia informativa y jurídica a otras organizaciones no gubernamentales, así como la realización de tareas de análisis e investigación en el campo de la libertad de asociación. Desde su constitución en 1996, la Sociedad Independiente para la Investigación Jurídica no había recibido quejas de las autoridades en relación con estas actividades hasta 2003. Las medidas adoptadas por las autoridades coincidieron con las tomadas contra otros grupos de derechos humanos, como Asistencia Letrada Gratuita para la Población y Primavera 96 (véase infra), y confirman una aparente práctica de obstrucción del trabajo de los defensores de los derechos humanos en Bielorrusia.

1.1. Registro y regulación de organizaciones no gubernamentales

Amnistía Internacional considera que el sistema de advertencias oficiales, al que están sometidas las ONG en Bielorrusia, se ha utilizado deliberadamente junto con el sistema burocrático de registro y el controvertido conjunto de directrices operativas para obstruir las actividades legítimas de esas organizaciones y, en última instancia, para silenciar a los defensores de los derechos humanos en el país.

La clausura de Primavera 96

Primavera 96 es una de las organizaciones de derechos humanos más conocidas de Bielorrusia. Entre sus miembros hay activistas de derechos humanos de diversos orígenes y condiciones, como abogados, escritores, periodistas, estudiantes e intelectuales. Según los informes, su creación se llevó a cabo de manera informal, en abril de 1996, en el marco de una manifestación masiva contra el presidente del país, para prestar asistencia a los manifestantes detenidos y a las víctimas de presuntos malos tratos policiales y para difundir información sobre el incidente. La organización quedó registrada oficialmente en marzo de 1998 y ha seguido prestando asistencia jurídica a las víctimas de una amplia gama de violaciones de derechos humanos en Bielorrusia. La organización tiene por objeto promover los derechos humanos en el país, a través de la recogida y difusión de información sobre violaciones de derechos humanos en Bielorrusia, en particular a través de su página web (www.spring96.org, en bielorruso, inglés y ruso). Primavera 96 ha participado también en la vigilancia de elecciones y en actos públicos.

El 13 de septiembre de 2003, Primavera 96 recibió una citación del Tribunal Supremo, de fecha 2 de septiembre de 2003, en la que se amenazaba a la organización con la clausura aduciendo cargos presentados por el Ministerio de Justicia. Estos cargos incluían el de que algunos de los documentos presentados para el registro en 1999 carecían de validez legal, pues según el ministerio habían sido presuntamente falsificados, por ejemplo con firmas falsas. El ministerio afirmaba también que el número de miembros de la región de Mogilev era insuficiente, que Primavera 96 había violado la legislación sobre elecciones y que había infringido el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil, que prohíbe la representación de ciudadanos que no sean miembros de la organización.

El 23 de septiembre, durante los procedimientos previos al juicio ante el Tribunal

Supremo, Primavera 96 presentó una queja por escrito en la que solicitaba al tribunal que decretase la inadmisibilidad del caso por constituir una violación del Código de Procedimiento Civil, ya que no se aportaba prueba alguna en apoyo de las acusaciones formuladas por la parte demandante. El Tribunal Supremo aceptó esta queja y aplazó los procedimientos judiciales hasta el 30 de septiembre, solicitando al Ministerio de Justicia la presentación de pruebas en forma escrita.

En su queja, Primavera 96 manifestaba que rechazaba la acusación de falsificación de firmas, ya que dicha acusación se había basado en un mero análisis visual, e incluso la firma de A. Bialiatski, presidente de Primavera 96, aparecía entre las presuntamente falsificadas. La decisión de registrar la asociación en 1999 fue tomada por la Comisión de Estado sobre Registro (Nuevo Registro) de asociaciones públicas y por el Ministerio de Justicia. Es difícil entender por qué sólo en 2003, después de hacer sendas inspecciones en 2001 y 2002, el ministerio llegó a la conclusión de que la asociación estaba registrada con documentación carente de validez. La afirmación del ministerio según la cual la organización no tenía un número suficiente de miembros en la región de Mogilev es controvertida, ya que en la fecha en que se constituyó oficialmente Primavera 96, en 1998, la legislación no exigía 10 miembros, pues este requisito no se introdujo hasta la promulgación del Decreto Presidencial núm. 8 (1999).(15) En la actualidad, la organización cuenta con un mínimo de 150 miembros en la región. La afirmación de que Primavera 96 proporcionó representación letrada a personas que no eran miembros de la organización contradice el artículo 62 de la Constitución, que afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar los servicios jurídicos de abogados u otros representantes. El artículo 70 del Código de Procedimiento Civil reconoce a los ciudadanos el derecho a designar un representante ante los tribunales. Es cierto que algunos miembros de Primavera 96 representaron los derechos de otras personas en el periodo entre 1999 y 2003, pero no en nombre de la organización, sino a título personal. El Ministerio de Justicia no expidió advertencias después de sus inspecciones anuales de 2001 y 2002, sino que éstas se expidieron de improviso en 2003, tras la inspección por el ministerio de cuatro secciones regionales y de la oficina central de Primavera 96 en Minsk.

Primavera 96 informó a Amnistía Internacional en septiembre de 2003 de que considera que su persecución por las autoridades guarda relación con su actividad pública (vigilancia de los derechos humanos, apoyo a la víctimas de la represión política, vigilancia durante las elecciones). La organización considera que la clausura de ONG de derechos humanos y de otro tipo constituye una campaña planificada de las autoridades con el objetivo de eliminar organizaciones públicas activas de la sociedad civil.

El 28 de octubre de 2003, el Tribunal Supremo resolvió clausurar Primavera 96. Amnistía Internacional condenó la clausura. El Tribunal Supremo confirmó su decisión el 24 de diciembre de 2003.

La clausura de Asistencia Letrada Gratuita para la Población

Asistencia Letrada Gratuita para la Población, una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas de Bielorrusia, es un centro de asesoramiento jurídico con sede en Minsk que ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre una amplia gama de cuestiones a personas que no pueden costearse los servicios de un abogado. Los ciudadanos pueden consultar con un miembro del centro, que les proporciona documentos escritos en los que se les informa de sus derechos. Asistencia Letrada Gratuita para la Población ha prestado asistencia jurídica gratuita a personas que han sido detenidas y en algunos casos maltratadas por agentes de policía en el curso de las manifestaciones organizadas por la oposición. Su presidente, Oleg Volchek, es también un miembro destacado del comité no gubernamental que ha exigido una investigación independiente sobre una serie de posibles «desapariciones» y ha publicado material sobre los casos.

El 8 de septiembre de 2003, el Tribunal Municipal de Minsk clausuró Asistencia Letrada Gratuita para la Población. La decisión se basaba en denuncias presentadas por el Departamento de Justicia del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Minsk, que afirmaban, entre otras cosas, que la organización había ejercido sus actividades sin el permiso (licencia) requerido, lo que vulneraba la legislación vigente, y que en el desarrollo de sus actividades había vulnerado gravemente la legislación. Según el comité, la organización seguía desarrollando estas actividades, a pesar de una advertencia escrita, por lo que se le remitió una segunda advertencia escrita el 18 de septiembre de 2002. La sentencia afirma también que los representantes de la defensa no comparecieron ante el tribunal, pese a habérseles notificado la hora y el lugar de la vista judicial conforme a lo establecido. El tribunal consideró su ausencia como una intención de prolongar los procedimientos judiciales y, en consecuencia, consideró que la vista judicial podía celebrarse sin su presencia. Asistencia Letrada Gratuita para la Población apeló contra la decisión, pero el Tribunal Supremo confirmó el fallo del Tribunal Municipal de Minsk el 13 de octubre de 2003.

Según Asistencia Letrada Gratuita para la Población, la decisión del tribunal estaba determinada de antemano y obedeció a motivos políticos. La decisión del tribunal de continuar con la vista judicial en ausencia de la defensa (pese a que, según los informes, los representantes se hallaban en el interior del edificio intentando que se habilitara una sala más amplia para que pudieran asistir las personas que lo deseasen) acrecienta la impresión de que se trató de una decisión arbitraria. La policía impidió la entrada en el edificio del tribunal a otro representante. Asistencia Letrada Gratuita para la Población rechaza la afirmación de que prestó servicios jurídicos remunerados, ya que la organización prestó asistencia jurídica de forma gratuita, una actividad para la que no se requiere licencia. La organización pone en entredicho la imparcialidad de la judicatura, ya que la juez que presidía este caso había dictado sentencia en otros casos judiciales en contra de la organización y, aparentemente, utilizó información que no había facilitado la parte demandante, sino que la juez la había obtenido de casos anteriores que había juzgado.

Amnistía Internacional expresó su preocupación porque la clausura de Asistencia Letrada Gratuita para la Población constituía una clara violación de las obligaciones internacionales de Bielorrusia en materia de derechos humanos y porque parecía haber tenido lugar en un contexto de creciente intolerancia por parte de las autoridades hacia la disidencia pacífica.(16)

Además, el 24 de septiembre de 2003, Oleg Volchek, presidente de Asistencia Letrada Gratuita para la Población, fue atacado después del juicio por una persona desconocida que intentó provocarlo. Tuvo que recibir asistencia médica en un hospital y presentó una denuncia ante la policía. Oleg Volchek teme que el ataque fuera organizado para desacreditarlos a él y a su organización.

La posible clausura del Comité Bielorruso de Helsinki

En enero de 2004, otra destacada asociación de derechos humanos, el Comité Bielorruso de Helsinki, fue multada con 385 millones de rublos bielorrusos (180.000 dólares estadounidenses, aproximadamente) por la oficina de inspección fiscal del Distrito Moskovskaya de Minsk. Las razones de la multa tenían que ver con una presunta violación del Decreto Presidencial núm. 8 (1999). Las autoridades fiscales acusaron al Comité Bielorruso de Helsinki de utilizar una subvención concedida por el programa TACIS de la Unión Europea(17) sin declarar la ayuda humanitaria extranjera, y de no pagar impuestos de conformidad con lo dispuesto en el decreto. El Comité Bielorruso de Helsinki ha apelado contra esta decisión, ya que el antedicho decreto ha sido sustituido desde entonces y, lo que es más importante, la asistencia técnica internacional no está incluida entre las competencias del decreto, sino que se regula mediante un acuerdo internacional entre el gobierno de Bielorrusia y la Comisión Europea. El 10 de febrero de 2004, según los informes, la Comisión Europea remitió una nota verbal al gobierno de Bielorrusia expresando su preocupación respecto a la situación de la asociación de derechos humanos y el régimen tributario de los programas de asistencia técnica. Si la decisión se confirma, el Comité Bielorruso de Helsinki no podrá continuar con sus actividades y tendrá que cerrar sus oficinas.

1.2. Detención arbitraria de manifestantes pacíficos

Amnistía Internacional considera que la detención de personas debido únicamente al ejercicio pacífico de su derecho fundamental a la libertad de expresión y asociación constituye detención arbitraria y viola varios derechos establecidos en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el gobierno está obligado a respetar en virtud del derecho internacional. La detención arbitraria de opositores pacíficos al gobierno en Bielorrusia ha sido un hecho habitual desde la disolución del XIII Sóviet Supremo en noviembre de 1996. A partir de finales de 1996, la oposición de Bielorrusia llevó a cabo en todo el país una serie de manifestaciones pacíficas masivas, así como numerosas acciones de protesta de menor magnitud, para protestar contra la disolución del antiguo parlamento por el presidente Alexander Lukashenko y contra el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos. Amnistía Internacional condenó la detención de manifestantes por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de reunión, y los consideró presos de conciencia. Entre los individuos a los que se ha privado arbitrariamente de su libertad en los últimos años también han figurado defensores de los derechos humanos, incluidos activistas sindicales. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de detención arbitraria en informes anteriores.(18)

El caso de Aksana Novikava

El 11 de febrero de 2004, Aksana Novikava fue amnistiada por la Comisión Penal del Distrito de Frunzensky. En abril de 2003 se le había impuesto una condena condicional de dos años de prisión por calumniar al presidente Alexander Lukashenko en octubre de 2002. El 17 de octubre de 2002, había sido detenida por distribuir folletos contrarios a Lukashenko.

Según los informes, Aksana Novikava afirmó después de la decisión de la Comisión Penal: «Es agradable sentirse una persona libre sin el pensamiento depresivo del posible encarcelamiento. Ahora será mucho más fácil seguir luchando contra el régimen dominante, sin miedo al encarcelamiento inminente, aunque estaba preparada para esa clase de hipótesis cuando salí a la calle a repartir folletos contra el presidente a los transeúntes».

Desde que se le impuso la condena condicional, Aksana Novikova había sido detenida en varias ocasiones, por ejemplo el 11 de diciembre de 2003. La policía la detuvo frente al Tribunal Municipal de Minsk por exhibir un cartel en el que, según los informes, se leía: «Bielorrusia necesita el juicio con jurado.» Fue acusada en virtud del artículo 167 del Código de Infracciones Administrativas de organizar piquetes no autorizados, y se le informó de que había quebrantado su periodo de dos años de libertad condicional. Para el 17 de enero de 2004 estaba fijada una vista judicial en relación con ese quebrantamiento, pero un juez de distrito la aplazó en espera de la decisión que adoptase la Comisión Penal. El 29 de enero, según los informes, el Tribunal de Distrito de Frunzensky impuso a Aksana Novikava una multa de 3,5 millones de rublos (1.620 dólares estadounidenses, aproximadamente) por los cargos mencionados.

En enero de 2004, Aksana Novikava comunicó a un representante de Amnistía Internacional que seguiría manifestándose por los derechos humanos en Bielorrusia, sin importarle las consecuencias. Agregó que desde 2002 había pasado a acciones con más repercusión pública tras presenciar el deterioro de la situación de los derechos humanos y darse cuenta de que la situación no cambiaría si la gente seguía siendo pasiva. «Lamentablemente, no hay mucha gente que conozca sus derechos, y al mismo tiempo la gente tiene miedo, miedo de las repercusiones.» Había participado en manifestaciones masivas para protestar contra las autoridades, pero también había emprendido acciones por su cuenta, por ejemplo coincidiendo con los procedimientos judiciales contra Asistencia Letrada Gratuita para la Población, durante los cuales fue detenida por exhibir un cartel en el que se leía: «Necesitamos un poder judicial independiente».

Activismo sindical

Como sucede con la comunidad de derechos humanos, la vida del movimiento sindical independiente de Bielorrusia es precaria. En su documento Bielorrusia: Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales (2003), la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) exponía los motivos de preocupación en relación con los derechos sindicales en Bielorrusia en estos contundentes términos:

En [Bielorrusia] no se respetan los derechos democráticos, menos aún los derechos sindicales. El gobierno ha intentado por todos los medios debilitar, si no eliminar, los sindicatos. […]

Se desalienta activamente a los trabajadores/as a afiliarse a sindicatos independientes. Quienes lo hacen son objeto de continuas presiones en el lugar de trabajo para que abandonen el sindicato o se arriesgan a perder su empleo. Se ha arrestado a miembros de sindicatos independientes por distribuir literatura sindical, se les ha confiscado el material y negado el acceso a los lugares de trabajo.

Los dirigentes sindicales son especialmente blanco de hostigamiento. Las amenazas son tomadas muy en serio en un país donde numerosos opositores políticos del régimen han desaparecido.

El encarcelamiento de Alyaksandr Bukhvostov

El 30 de octubre de 2003, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Automóvil y de la Maquinaria Agrícola de Bielorrusia, Alyaksandr Bukhvostov, fue detenido por la policía en el centro de Minsk por llevar a cabo una acción de protesta pacífica contra la presunta injerencia del gobierno en los asuntos internos del sindicato. Las autoridades de Minsk habían denegado a Alyaksandr Bukhvostov el permiso para manifestarse en el centro de la ciudad, y sólo le permitían que la acción de protesta tuviera lugar en las afueras. Alyaksandr Bukhvostov respondió a esta decisión manifestándose en la plaza Oktyabrskaya, en el centro de la ciudad; previamente, según los informes, había explicado las razones de su acción: «Estaré en la plaza Oktyabrskaya a las 4 de la tarde. Es imprescindible. Quiero decir abiertamente lo que está sucediendo. Las autoridades ejercen implacables una presión descomunal sobre el Sindicato de Trabajadores del Automóvil y de la Maquinaria Agrícola de Bielorrusia. Se incita a la gente en contra de mis compañeros y en contra de la dirección del sindicato, que están siendo aplastados psicológicamente. Hay que defenderlos. Hemos acudido a la fiscalía y a otros órganos para informarles de que se está presionando al sindicato. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta de la Fiscalía General ni del Ministerio de Industria». Al parecer, el Ministerio de Industria había ordenado a los directores de las empresas que ejercieran presión sobre las estructuras sindicales locales del Sindicato de Trabajadores del Automóvil y de la Maquinaria Agrícola de Bielorrusia para obligarles a abandonar el sindicato y afiliarse a un sindicato patrocinado por el gobierno, el Sindicato Bielorruso de Trabajadores de la Industria.

La policía detuvo a Alyaksandr Bukhvostov poco después de su llegada a la plaza Oktyabrskaya el 30 de octubre. Sin embargo, Alyaksandr Bukhvostov, rodeado de simpatizantes, periodistas y miembros de los servicios de seguridad, logró desplegar una pancarta en la que podía leerse: «¡Protestamos contra las violaciones de los derechos de los trabajadores!» La policía detuvo después a Alyaksandr Bukhvostov y a otro sindicalista, Igor Komlik, y los trasladó a las dependencias del Ministerio del Interior en Tsentralny, Minsk. Aunque Igor Komlik fue liberado poco después sin que se presentaran cargos en su contra, ese mismo día el Tribunal de Distrito de Tsentralny, Minsk, condenó a Alyaksandr Bukhvostov, en una vista celebrada a puerta cerrada, en virtud del artículo 167.1 del Código de Infracciones Administrativas, por llevar a cabo una manifestación no autorizada, y lo condenó a 10 días de prisión. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia. En enero de 2004, un representante de Amnistía Internacional se reunió con Alyaksandr Bukhvostov, que dijo: «Organicé la acción porque era la única opción que me quedaba para protestar públicamente; quería expresar mi opinión y no me considero culpable de un delito por hacerlo».

2. Restricciones del derecho a la libertad de expresión

Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación asimismo por la precaria situación general de la libertad de prensa en Bielorrusia. El derecho a la libertad de expresión en el país está garantizado tanto en el ámbito nacional, por el artículo 33 de la Constitución bielorrusa, como en el ámbito internacional, por los tratados que Bielorrusia ha ratificado y que, en consecuencia, tiene la obligación legal de cumplir. Sin embargo, Bielorrusia ha recibido frecuentes críticas tanto en el ámbito nacional como en el internacional por violaciones de estos derechos, especialmente en relación con la falta de libertad de prensa en el país. Las autoridades bielorrusas han conseguido no sólo acallar el debate libre mediante lo que, en la práctica, es su monopolio de la prensa y mediante el riguroso control de la televisión y la radio nacionales, sino también controlar la prensa independiente mediante una campaña de hostigamiento e intimidación. Amnistía Internacional considera que el uso que las autoridades hacen del Código Penal bielorruso y de otras normas para poner freno al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión viola las obligaciones internacionales contraídas por el gobierno en materia de derechos humanos, sobre todo en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos.

El Ministerio de Información utiliza habitualmente para controlar los medios de comunicación independientes un sistema de advertencias oficiales y suspensiones semejante al utilizado por el Ministerio de Justicia. En 2003, varias publicaciones periódicas influyentes, incluidos periódicos sindicales, fueron blanco de los ataques de las autoridades, que suspendieron su publicación, mientras otras se encontraron aplastadas bajo los abrumadores pleitos por difamación iniciados por autoridades del Estado. Las publicaciones a través de Internet parecen ser el siguiente objetivo de las autoridades, pues el 2 de febrero de 2004 se impuso la primera multa a un periodista por publicar información en la página web de una organización no registrada.

Las restricciones a la libertad de los medios de comunicación no han favorecido la promoción de los derechos humanos y las libertades civiles. En consecuencia, los medios de comunicación de masas no han estado a disposición de los defensores de los derechos humanos, incluidos los sindicatos independientes, para aumentar la sensibilización sobre los derechos humanos y difundir información acerca de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas en Bielorrusia.

2.1. Los vestigios de una prensa sindical independiente

Silenciamiento de las críticas en el periódico sindicalBelaruski Chas

En 2002, el gobierno de Bielorrusia organizó, al parecer, la destitución de la dirección de la Federación Bielorrusa de Sindicatos. El cambio de dirección en esta federación –cuya forma fue criticada por la Organización Internacional del Trabajo– coincidió con la adopción de un enfoque conciliador por parte del sindicato hacia el gobierno, un enfoque que tuvo consecuencias directas para la plantilla de trabajadores del semanario de la federación, el , BelaruskiChas. El 8 de agosto de 2002, el redactor jefe de BelaruskiChas, Alyaksandr Starykevich, fue destituido finalmente de su cargo siguiendo las instrucciones del nuevo máximo dirigente de la Federación Bielorrusa de Sindicatos y ex subdirector de la Presidencia, Leonid Kozik. Al parecer, los reiterados intentos de Leonid Kozik de destituir a Alyaksandr Starykevich estuvieron motivados por el apoyo de éste al que fuera máximo dirigente de la Federación Bielorrusa de Sindicatos, Vladimir Goncharik, en las elecciones presidenciales de septiembre de 2001.

El 10 de diciembre de 2002, la redactora jefe en funciones de BelaruskiChas, Irina Germanovich se vio obligada a dimitir de su cargo, según los informes, debido al aumento de las presiones de la federación para que se moderase el lenguaje crítico de la publicación. A la salida de la redactora jefe en funciones le siguió, a mediados de enero de 2003, el despido de otros cinco integrantes de la plantilla, debido supuestamente a las difíciles circunstancias económicas de la publicación. Los sindicalistas independientes de Bielorrusia, sin embargo, consideraron que los despidos eran otro intento deliberado de la dirección de la federación de acallar una de las pocas voces discrepantes que quedaban en el movimiento sindical de Bielorrusia.

El hostigamiento del periódico sindical independiente Salidarnasts (Solidaridad)

Después de su destitución frente al BelaruskiChas, Alyaksandr Starykevich comenzó a trabajar como redactor jefe de un semanario dedicado a cuestiones sindicales, Salidarnasts, editado por el Sindicato Independiente de Bielorrusia. Sin embargo, las actividades de Salidarnastsse vieron frustradas reiteradamente por la injerencia de las autoridades bielorrusas. En octubre de 2003, el Comité de Control del Estado embargó los activos del periódico para garantizar el pago de una multa equivalente a 2.000 dólares estadounidenses que se había impuesto previamente a la publicación. La multa fue consecuencia de una inspección de la publicación por el Comité de Control del Estado en junio de 2003, durante la cual se descubrió que Salidarnastsno había facilitado información en su portada sobre su número de ejemplares y su fecha de fundación. Alyaksandr Starykevich apeló contra la multa, pero según los informes el resultado del recurso no se conocía cuando las autoridades bielorrusas embargaron los activos del periódico. Salidarnastscomenzó a ser objeto de la estrecha vigilancia de las autoridades poco después de publicar bajo su cabecera, a principios de junio de 2003, material de un periódico prohibido, el BelaruskayaDelovayaGazeta.

Antes de que se reforzase la vigilancia de las autoridades bielorrusas, Salidarnastshabía tenido que hacer frente, según los informes, a reiteradas dificultades para encontrar una editora dispuesta a imprimir el periódico. La editora Estrella Roja de Minsk, según los informes, se negó a imprimir el periódico a mediados de junio de 2003, poco después de que incluyera material de la prohibida BelaruskayaDelovayaGazetaen una de sus ediciones. Después de un intervalo de varios meses, el periódico reanudó su publicación a principios de octubre de 2003, con una edición dedicada a las actividades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Poco después, sus activos fueron confiscados por las autoridades, pero el periódico logró continuar su publicación, hasta que la imprenta, Svetoch, anunció el 17 de diciembre de 2003 que no podía seguir imprimiéndolo por falta de capacidad. El 9 de enero de 2004, Salidarnastsreanudó su publicación, esta vez a través de una editora de la Federación Rusa.(19)

2.2. El silenciamiento del periodismo independiente

El encarcelamiento de Viktor Ivashkevich

El 16 de diciembre de 2003, Viktor Ivashkevich, director del influyente periódico sindical Rabochy, quedó en libertad después de cumplir una pena de un año de «libertad restringida». En un principio había sido condenado por un tribunal de Minsk, el 16 de septiembre de 2002, a dos años de «libertad restringida» tras ser declarado culpable de calumniar al presidente del país en un artículo titulado «Los ladrones deben estar en la cárcel», en el periodo previo a las elecciones presidenciales de septiembre de 2001. El artículo que había causado el conflicto acusaba a la administración presidencial de corrupción, aunque no llegó a publicarse debido a la confiscación de toda la tirada. En junio de 2003, sin embargo, la pena de dos años de «libertad restringida» se redujo en un año, por lo que la fecha de la liberación de Viktor Ivashkevich se adelantó al 16 de diciembre de 2003. Antes de ser condenado, Viktor Ivashkevich afirmó: «Estoy absolutamente convencido de la corrección de todo lo que se publica en mi periódico, y lo seguiré estando».

Durante el tiempo que duró su condena, Viktor Ivashkevich estuvo sometido a trabajo obligatorio en Baranavichy, a 140 kilómetros al sudoeste de la capital, Minsk, y según los informes se vio obligado a vivir en barracones vigilados a los que tenía que regresar antes de una hora determinada de la noche. Según los informes, después de quedar en libertad Viktor Ivashkevich afirmó: «No volveré al periodismo en este momento, cuando ni siquiera los periódicos registrados pueden reanudar la publicación después de una clausura, sencillamente no tengo medios». Su periódico, Rabochy, perdió su registro el 9 de octubre de 2003.

El encarcelamiento de Viktor Ivashkevich dio lugar a importantes críticas internacionales. Poco después de su condena, el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la libertad de los medios de comunicación, Freimut Duve, en un comunicado de prensa, instó a «las autoridades bielorrusas a cesar de inmediato en su política de procesamiento penal y de intimidación de periodistas independientes, y a derogar las leyes penales vigentes sobre calumnia y difamación», y pidió a «las autoridades que cumplan los compromisos con la libertad de expresión y libertad de prensa que Bielorrusia ha suscrito como Estado participante en la OSCE». Amnistía Internacional consideró a Viktor Ivashkevich preso de conciencia e hizo campaña activamente por su liberación.

El encarcelamiento de Alyaksandr Yaroshuk

El 18 de septiembre de 2003, el Tribunal de Distrito de Leninsky, en Minsk, condenó al presidente del Congreso Bielorruso de Sindicatos Democráticos, Alyaksandr Yaroshuk, a 10 días de prisión, lo que provocó protestas generalizadas en el movimiento obrero internacional. El tribunal lo declaró culpable de desacato al tribunal por infringir el artículo 166.1 del Código Administrativo de Bielorrusia. El presunto delito estaba relacionado con un artículo de Alyaksandr Yaroshuk, publicado en el periódico independiente NarodnayaVolyael 21 de agosto de 2003, en el que criticaba la decisión del Tribunal Supremo de Bielorrusia de clausurar el Sindicato de Controladores del Tráfico Aéreo de Bielorrusia. El artículo que había causado el conflicto, titulado «Una victoria pírrica o la crónica de un sindicato en caída libre», arrojaba dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo, afirmando que la vista judicial fue «un espectáculo cuyo resultado se conocía de antemano».

El registro del Sindicato de Controladores del Tráfico Aéreo de Bielorrusia había sido anulado por el Tribunal Supremo el 7 de agosto de 2003, al parecer por vulnerar el Decreto Presidencial núm. 2. El tribunal falló que el sindicato no contaba con el mínimo de 500 miembros exigido para su registro como estructura sindical nacional. La clausura del sindicato provocó fuertes críticas en Bielorrusia y en Rusia, y no pocos sindicalistas creían que obedecía a motivos políticos.

Cuando, 10 días después, quedó en libertad, Alyaksandr Yaroshuk describió las condiciones en que estuvo recluido en el centro de detención de Okrestina, en Minsk, declarando que «no era una colonia de vacaciones». Según los informes, declaró: «El asilamiento es total, el régimen estricto, y no se hace ejercicio al aire libre. El entorno es austero y frío. Por ese motivo estuve tres noches sin dormir. Debido a la deficiente iluminación en la celda, no era posible leer en ningún momento». Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.

El caso de Natalya Kolyada

El 2 de febrero de 2004, Natalya Kolyada, periodista y empleada de Carta 97, una iniciativa cívica que promueve y defiende los derechos humanos –especialmente a través de su página web, www.charter97.org–, fue multada con 20 salarios mínimos (350.000 rublos bielorrusos, unos 150 dólares estadounidenses) por el Tribunal de Distrito de Tsentralny, en Minsk. Fue multada por preparar y difundir información en nombre de Carta 97. El tribunal consideró que este hecho constituía una violación del artículo 167.10 del Código de Infracciones Administrativas, que prohíbe la actividad en nombre de un partido político, sindicato o asociación pública que no esté registrado o que no se haya vuelto a registrar tras perder el registro.

Natalya Kolyada fue detenida el 10 de diciembre de 2003, durante una acción pública, «Recordamos», en memoria de miembros de la oposición «desaparecidos». Según los informes, presentó su tarjeta de prensa y dijo a los agentes de policía que estaba presente en la acción como periodista y que escribiría un informe sobre la acción para Carta 97. Quedó en libertad sin que se formularan cargos en su contra, pero a la mañana siguiente la policía se presentó en su domicilio para tomarle declaración por escrito sobre su presencia en la acción. Según los informes, el 17 de diciembre recibió una llamada telefónica del departamento de prevención del crimen del Ministerio del Interior, en la que se le invitaba a mantener una «conversación», pero ella se negó a asistir si no se le hacía llegar una citación oficial.

Según los informes, después de serle impuesta la multa, Natalya Kolyada afirmó: «El juicio de hoy forma parte de una campaña de intimidación en vísperas de las elecciones parlamentarias. Sin embargo, seguiremos diciendo la verdad sobre lo que sucede en Bielorrusia, porque hoy no quedan otras posibilidades de divulgar la información en este país: la prensa independiente ha sido destruida y la televisión y la radio están monopolizadas por el Estado».(20) Según el Comité Bielorruso de Helsinki, cuyo vicepresidente, Garry Poganyailo, representó a Natalya Kolyada ante el tribunal, la decisión es un paso sin precedentes hacia nuevas restricciones de la libertad de recibir, recoger y difundir información, consagrada en la Constitución de Bielorrusia (articulo 34). El Comité Bielorruso de Helsinki afirmó que esta medida muestra la intención de las autoridades de censurar no sólo las publicaciones impresas sino también los recursos de Internet para imponer el control total del gobierno sobre las opiniones discrepantes. La organización agregó que Natasha Kolyada había sido castigada por publicar información sobre violaciones de derechos humanos en la página web de Carta 97. «Evidentemente, esto es algo que no agrada a las autoridades.»(21)

Conclusión

A la vista de estos y otros casos de los que ha tenido conocimiento, Amnistía Internacional teme que siga existiendo una práctica deliberada de obstrucción, hostigamiento e intimidación contra los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil por parte de las autoridades bielorrusas. La organización teme además que, al clausurarse un número cada vez mayor de organizaciones, los individuos que continúen su labor como defensores de los derechos humanos se conviertan en blanco de ataques a título personal, al no formar parte ya de organizaciones reconocidas y «registradas». Esta preocupación fue expresada también por los participantes en un foro de derechos humanos(22) celebrado sobre el telón de fondo de las continuas e intensificadas presiones sobre la sociedad civil por parte de las autoridades bielorrusas. Por ejemplo, la presidenta de la Sociedad Independiente para la Investigación Jurídica, Elena Tonkacheva, escribió: «La situación empeorará, a pesar de que no parece que las cosas puedan ser peores. Supongo que los activistas de derechos humanos tendrán que prepararse en el futuro próximo para nuevas formas de ataques de las autoridades. Después de "limpiar" las ONG, pero sin haber logrado su objetivo último de poner fin a sus actividades, es muy probable que las autoridades recurran a otras formas de descrédito, no en el ámbito de las organizaciones, sino en el plano personal».(23)

La representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos reconoció este motivo de preocupación en su cuarto informe a la Comisión de Derechos Humanos, publicado en enero de 2004, en el que menciona a Bielorrusia como un país donde los defensores han tenido que hacer frente a un creciente hostigamiento administrativo en relación con el registro y la situación legal de su organización. «Los tribunales locales han clausurado organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de ministerios del gobierno por irregularidades administrativas menores como tener un domicilio diferente del registrado, la ausencia de comillas encerrando sus nombres en el papel con membrete y llevar a cabo actividades que se consideraron ajenas al ámbito de sus estatutos. El uso de tales pretextos por los gobiernos para clausurar organizaciones ha obligado a los defensores a continuar su trabajo sin registro. Esto ha tenido como consecuencia la penalización de sus actividades, lo que les ha hecho aún más vulnerables a los procedimientos legales.»(24)

Las medidas adoptadas por las autoridades bielorrusas en 2003 y a principios de 2004 muestran una creciente intolerancia hacia las actividades que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos en el país. No existe voluntad política de iniciar un proceso significativo de reforma del funcionamiento de las ONG y de la sociedad civil en general. La introducción y aplicación de leyes y normas controvertidas, tanto nuevas como ya vigentes, en particular el sistema de advertencias oficiales, al que están sometidas las ONG en Bielorrusia, se ha utilizado deliberadamente en combinación con el sistema burocrático de registro y con el controvertido conjunto de directrices operativas para obstaculizar las actividades legítimas de estas organizaciones y, en última instancia, silenciar a los defensores de los derechos humanos en Bielorrusia. Ninguna de las organizaciones que fueron clausuradas ni de las personas que fueron detenidas arbitrariamente o multadas tuvieron éxito en sus recursos ante los tribunales. Se ha negado de hecho a los defensores de los derechos humanos el acceso al derecho a la libertad de asociación y reunión.

Simultáneamente, las restricciones a la libertad de expresión no han conducido a la promoción de los derechos humanos y las libertades civiles. En consecuencia, los medios de comunicación de masas no han estado a disposición de los defensores de los derechos humanos, incluidos los sindicatos independientes. Es cada vez más difícil sensibilizar sobre los derechos humanos y difundir información sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Bielorrusia. El siguiente objetivo parecen ser las publicaciones a través de Internet, uno de los únicos medios de comunicación que en la actualidad pueden funcionar de forma más o menos independiente.

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(1) Véase, por ejemplo, In the Spotlight of the State: Human Rights Defenders in Belarus, Índice AI: EUR 49/005/2001.

(2) Véase, por ejemplo, In the Spotlight of the State: Human Rights Defenders in Belarus, Índice AI: EUR 49/005/2001.

(3) Cartas de 5 de diciembre de 2003 y 29 de enero de 2004.

(4) Información publicada en www.belta.press.net.by, Viktor Gavrysh, 23 de enero de 2004, Minsk.

(5) Página web del presidente de Bielorrusia, www.president.gov.by, 16 de febrero de 2004.

(6) Artículo 1 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

(7) Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Resolución 2000/61, Doc. ONU: E/CN.4/RES/2000/61, de 26 de abril de 2000. El mandato de la representante especial se ha renovado anualmente.

(8) Doc. ONU: E/CN.4/2002/106, 27 de febrero de 2002, párrafos 20-37 (Anexo).

(9) Doc ONU: E/CN.4/2003/104, 3 de enero de 2003, párrafo 18.

(10) Doc. ONU: E/CN.4/2004/94, 15 de enero de 2004, párrafo 75. La traducción de la cita es de AI.

(11) Ley de Asociaciones Públicas, 4 de octubre de 1994, enmendada en 1995, 1999, 2001 y 2003.

(12) Decreto Presidencial núm. 2, «Sobre varias medidas relativas a la regulación de las actividades de los partidos políticos, los sindicatos y otras asociaciones públicas», enero de 1999.

(13) Ley de la República de Bielorrusia núm. 213-3, 26 de junio de 2003.

(14) Véase In the Spotlight of the State: Human Rights Defenders in Belarus, Índice AI: EUR 49/005/2001, p. 10.

(15) Decreto Presidencial núm. 8, «Sobre diversas medidas para mejorar la recepción y el uso de ayuda humanitaria extranjera», marzo de 2001, sustituido en noviembre de 2003 por el Decreto Presidencial núm. 24.

(16) Véase Human Rights Defenders under Pressure in Belarus, Índice AI: EUR 49/004/2003, p. 1.

(17) Programa de Asistencia Técnica de la Unión Europea a la Comunidad de Estados Independientes.

(18) Véanse, por ejemplo, Belarus: Dissent and Impunity, Índice AI: EUR 49/014/00; Belarus: Briefing for the UN Committee against Torture, Índice AI: EUR 49/002/2001; Trodden underfoot: Peaceful protest in Belarus, Índice AI: EUR 49/008/2002; y el comunicado de prensa Belarus: Independence Day marred by new detentions, Índice AI: EUR 49/002/2003.

(19) www.praca.org.by, 10 de enero de 2004.

(20) Vlyast boitsya pravdy (Authorities scared by truth), www.charter97.org, 2 de febrero de 2004.

(21) Comunicado de prensa, www.bhc.unibel.by, 3 de febrero de 2004.

(22) Foro sobre Derechos Humanos, 23 y 24 de enero de 2004, Minsk.

(23) Elena Tonkacheva, Pravozashita v Bielorrusiae. Otsenka vnutrennykh ugroz – put k razvitiyu, (La protección jurídica en Bielorrusia. Evaluación de las amenazas internas – el camino hacia el desarrollo), diciembre de 2003, Minsk.

(24) Doc. ONU: E/CN.4/2004/94, 15 de enero de 2004, párrafo 70. La traducción de esta cita es de AI.