AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: EUR 46/028/2010
11 de agosto de 2010


Federación Rusa: Deben retirarse los cargos penales contra defensor de los derechos humanos


Amnistía Internacional pide el sobreseimiento de la causa penal incoada contra Oleg Orlov.


El 6 de julio de 2010, el presidente del centro ruso de derechos humanos Memorial, Oleg Orlov, fue acusado formalmente de calumnias al presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, delito punible con un máximo de tres años de cárcel en virtud de la legislación rusa.

Hace un año se conoció la noticia del secuestro y asesinato de una destacada miembro de Memorial en Chechenia, Natalia Estemirova. En su reacción a la muerte de esta integrante del personal de su organización, Oleg Orlov afirmó que Ramzan Kadyrov era culpable de su asesinato, y subrayó que el presidente Kadyrov había amenazado e insultado a Natalia Estemirova, y la había considerado su enemiga personal. “No sabemos si ordenó personalmente su homicidio o si fue obra de sus colaboradores más cercanos para complacer a sus superiores”, afirmó Oleg Orlov al explicar su postura.

Las palabras de Oleg Orlov fueron publicadas como cita en el sitio web de Memorial, y fueron ampliamente citadas en los medios de comunicación rusos y extranjeros.

El presidente Kadyrov presentó una demanda civil por difamación contra Oleg Orlov y Memorial y emprendió acciones para iniciar una investigación criminal por calumnias contra Oleg Orlov. El presidente de Memorial explicó en el tribunal que sus palabras no implicaban directamente a Ramzan Kadyrov en el asesinato de la defensora de los derechos humanos Natalia Estemirova, sino que implicaban su culpabilidad “en el sentido político y social” y expresaban su opinión sobre el papel del presidente Kadyrov en la creación de las condiciones peligrosas en que actúan los defensores de los derechos humanos en Chechenia en los últimos años.

El 6 de octubre de 2009, un tribunal de distrito de Moscú falló en favor del presidente Kadyrov en la demanda por difamación y ordenó que los acusados publicaran una retractación pública en el sitio web de Memorial y pagasen 70.000 rublos (2.300 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización moral, una decisión contra la cual los acusados apelaron después.

Durante la audiencia de la demanda por difamación, Oleg Orlov y sus colegas presentaron al tribunal varias declaraciones públicas del presidente Kadyrov y sus colaboradores más cercanos en las que proferían amenazas contra los defensores de los derechos humanos y otras personas críticas con los dirigentes de Chechenia.

En febrero de 2010, los medios de comunicación informaron profusamente de que el presidente Kadyrov se había “retractado” de su denuncia contra Oleg Orlov y había insinuado que la causa penal podía ser retirada. Sin embargo, la investigación criminal continuó, y el 6 de julio Oleg Orlov fue acusado formalmente en virtud del artículo 129 del Código Penal.

Amnistía Internacional desea subrayar que los defensores de los derechos humanos tienen derecho a emitir su opinión sobre las graves violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Chechenia. Las leyes que regulan la difamación no deben usarse de tal modo que sofoquen su legítimo trabajo, un trabajo que tiene lugar en un contexto en que se enfrentan a constantes actos de hostigamiento e intimidación, amenazas y homicidios. Es un prinpio bien establecido en el derecho internacional que los cargos públicos deben tolerar más, no menos, las críticas que las personas a título particular. Las leyes que regulan la difamación no deben brindar una protección especial a los cargos públicos, ni éstos deben recibir asistencia alguna del Estado para entablar acciones privadas por difamación. Las autoridades públicas no deben participar en la incoación de acciones por presunta difamación de funcionarios públicos. Todo funcionario público que desee emprender acciones por difamación debe poder hacer únicamente como litigante civil particular.

Los homicidios de activistas de ONG en Rusia, y en Chechenia en particular, no se detuvieron con la muerte de Natalia Estemirova. Sólo cuatro semanas después de su asesinato, una integrante de la ONG Salvemos la Generación, Zarema Saidulaeva, y su esposo, Alik Dzhabrailov, también fueron secuestrados, supuestamente por hombres que se identificaron con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y más tarse se los halló muertos en el maletero de su automóvil.

Los defensores de los derechos humanos de Rusia que trabajan sobre el Cáucaso Septentrional se enfrentan desde hace tiempo a enormes presiones en su labor. Algunos cargos públicos, como el primer ministro Vladimir Putin en enero de 2010, han afirmado que las organizaciones de derechos humanos deben poder llevar a cabo su trabajo en la región. Sin embargo, la intimidación de defensores de los derechos humanos en Chechenia ha continuado sin trabas, y los procedimientos penales contra Oleg Orlov supone un paso más.

Amnistía Internacional considera grave motivo de preocupación el hecho de que las palabras de amenaza directa hacia los defensores de los derechos humanos en Chechenia sigan viniendo de las más altas autoridades. Así, en una entrevista publicada el de julio de 2010, elpresidente Kadyrov llamó a los defensores de los derechos humanos, según los informes, traidores y “enemigos del pueblo, enemigos de la ley, enemigos del Estado”, y mencionó a Oleg Orlov y al grupo de derechos humanos Memorial y a los miembros de su personal que trabajan en Chechenia en este contexto. Memorial considera estas palabras como una “amenaza directa y abierta”, y está más preocupada si cabe por la seguridad de su personal.


Información complementaria

En su sentencia de 8 de julio de 1986 sobre el caso Lingens v. Austria, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó: “Los límites de la crítica permitida son más amplios en relación a un político considerado como tal que cuando se trata de un mero particular: el primero, a diferencia del segundo, se expone, inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos, y por ello tiene que mostrarse más tolerante. Ciertamente, el artículo 10.2 permite proteger la fama ajena, es decir, la de todos. El político disfruta también de esta protección, incluso cuando no actúa en el marco de su vida privada, pero en este caso las exigencias de esta protección deben equilibrarse con los intereses de la libre discusión de las cuestiones políticas” (párrafo 42).

Los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias exigen que los “funcionario superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos” (Principio 19).