Document - UK/Rwanda: UK must not become a safe haven for genocide suspects

AMNISTÍA INTERNACIONAL


Declaración pública


Índice AI: EUR 45/013/2006 (Público)

Servicio de Noticias 203/06

4 de agosto de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR450132006



Reino Unido/Ruanda: Reino Unido no debe convertirse en refugio seguro para presuntos genocidas



En una carta al fiscal general de Reino Unido, lord Goldsmith, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, advertía de que Reino Unido puede convertirse en refugio seguro para personas que han cometido genocidio. El motivo de esta carta era que no se hubieran abierto investigaciones sobre dos individuos sospechosos de participar en el genocidio de Ruanda de 1994.


En esta carta dirigida a lord Goldsmith, la secretaria general expresaba profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de las obligaciones contraídas por Reino Unido en virtud del derecho internacional, las autoridades británicas no han investigado hasta la fecha estas acusaciones sobre dos ciudadanos ruandeses que actualmente residen en Reino Unido y contra los que existen sendas órdenes internacionales de detención cursadas por el gobierno ruandés por el crimen de genocidio.


El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que tiene instrucciones del Consejo de Seguridad de la ONU para que concluya todos los juicios antes del fin de 2008, ha dejado de dictar autos de procesamiento por el crimen de genocidio y otras infracciones graves del derecho internacional. El Tribunal está remitiendo los casos individuales al sistema judicial nacional y solicitando a los gobiernos que procesen a los presuntos genocidas que residen en su territorio.


En su carta a lord Goldsmith, Irene Khan afirma lo siguiente: “En el último decenio, Alemania, Bélgica, Canadá, España, Francia y Suiza han emprendido acciones judiciales contra presuntos participantes en el genocidio ruandés. Las autoridades británicas tienen la obligación de atender la solicitud del Tribunal Penal Internacional para Ruanda de que se procese a los presuntos autores”.

De acuerdo con el derecho internacional, si una persona es presuntamente responsable de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura y ha sido localizada en el territorio de un Estado, todos los Estados –incluido Reino Unido– deben emprender sin demora una investigación independiente, imparcial y exhaustiva con vistas a determinar si hay motivos para sospechar que la persona ha cometido esos delitos.


Irene Khan explicaba que, si un Estado en cuyo territorio se encuentra una persona presuntamente culpable no la extradita y existen pruebas admisibles suficientes, el Estado debe procesar a esa persona. Si Reino Unido no puede o no tiene intención de procesar a personas presentes en su territorio contra las que existen acusaciones según las cuales podría haber cometido crímenes de lesa humanidad u otros delitos internacionales, el Reino Unido debe extraditar a esas personas a un Estado que sí pueda o esté dispuesto a hacerlo.


Las autoridades ruandesas y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda están debatiendo la futura transferencia de casos a Ruanda con la condición de que no se imponga la pena de muerte y se garantice el respeto de las normas sobre juicios con las debidas garantías. Tales conversaciones podrían dar lugar a que el gobierno ruandés promulgue legislación en un intento de posibilitar las transferencias.


A la luz del historial de Ruanda en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional expresa en esta carta su profunda inquietud respecto a la capacidad del gobierno ruandés para garantizar el derecho a un juicio justo a las personas detenidas por genocidio, de conformidad con las leyes y normas internacionalmente reconocidas, así como su seguridad antes, durante y después de su detención. La organización plantea además su profunda preocupación por la capacidad de actuación de un sistema judicial muy necesitado de reformas, aumento de los recursos y amplia formación del personal judicial. Por todo ello, Amnistía Internacional se opone que estos individuos sean transferidos a Ruanda.


En la carta de Irene Khan, “Amnistía Internacional pide a las autoridades de Reino Unido que, o bien se procese a estos dos individuos en Reino Unido garantizándoles el derecho a un juicio justo, o bien se los extradite a otro país que esté dispuesto a procesarlos a través de acciones judiciales que estén en estricta consonancia con el derecho a un juicio justo”.

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