Document - United Kingdom: Court of Appeal rules that secret procedures violate fair trial rights in civil proceedings

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Reino Unido : El Tribunal de Apelación falla que los procedimientos secretos violan el derecho a un juicio justo en las demandas civiles

Índice AI: EUR 45/003/2010

5 de mayo de 2010

El 4 de mayo de 2010, el Tribunal de Apelación falló que el gobierno de Reino Unido no puede recurrir a procedimientos sobre material confidencial en la demanda que han interpuesto seis ex detenidos de Guantánamo por la presunta complicidad del gobierno británico en actos de tortura. Mediante estos procedimientos, los tribunales podrían examinar material secreto presentado por las autoridades británicas en vistas a puerta cerrada. Los demandantes y los abogados de su elección no tendrían acceso a tal información ni a las vistas a puerta cerrada. Por el contrario, se les asignaría de oficio un abogado especial para representar sus intereses, que no estaría autorizado a discutir ningún aspecto del material secreto con los demandantes ni a seguir las instrucciones de éstos tras ver el material, por lo que se pondrían serias trabas a su capacidad de actuar en beneficio de los demandantes o de obtener un proceso con las debidas garantías.

En una sentencia redactada de forma contundente, lord Neuberger, presidente de la Sección Civil del Tribunal de Apelación y del tribunal de tres jueces que vio la causa, afirmó “con firmeza y sin ambigüedad” que debía admitirse a trámite el recurso, aduciendo que permitir un procedimiento sobre material confidencial en ausencia de un poder establecido por ley que lo autorizase socavaría uno de los principios más fundamentales del derecho consuetudinario, a saber, el derecho a un juicio con las debidas garantías.

En la sentencia, lord Neuberger determinó lo siguiente: “A nuestro parecer, el principio de que un demandante ha de ser capaz de ver y oír todas las pruebas que son vistas y oídas por el tribunal que enjuicia su causa es tan fundamental, está tan arraigado en el derecho consuetudinario que, en ausencia de una autoridad parlamentaria, ningún juez puede anularlo […] Por lo que respecta al derecho consuetudinario, aceptaríamos el argumento de que este principio constituye un requisito mínimo irreductible de todo juicio civil ordinario”.

La sentencia del Tribunal de Apelación aumenta la presión que recibe el gobierno de Reino Unido para poner fin a sus intentos de recurrir a procedimientos judiciales secretos que socavan el Estado de derecho y dificultan la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que han cometido sus agentes en el extranjero. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a la creación de una comisión de investigación independiente sobre las denuncias de violaciones graves de derechos humanos perpetradas por las autoridades británicas en el contexto de las operaciones antiterroristas lanzadas en el extranjero desde el 11 de septiembre de 2001.

La demanda en cuestión concierne a seis ex detenidos de Guantánamo, todos ellos ciudadanos o residentes de Reino Unido Bisher al Rawi, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed, Jamil el Banna y Martin Mubanga que reclaman daños y perjuicios al gobierno británico por la complicidad de los servicios de inteligencia británicos en la detención, la tortura y los malos tratos infligidos a estos hombres. Los seis y otro ex detenido de Guantánamo han interpuesto una demanda contra el Servicio de Seguridad (MI5), el Servicio de Inteligencia Secreto (MI6), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, el Ministerio del Interior y el fiscal general (este último sólo en su calidad de representante) por las violaciones de derechos humanos que sufrieron durante su entrega y su detención en varios lugares, entre ellos Guantánamo.

En noviembre de 2009, un juez del Tribunal Superior había determinado que, en principio, el gobierno británico podía presentar pruebas secretas en vistas a puerta cerrada, de las que quedaban excluidos los demandantes y sus abogados. Seis de los demandantes recurrieron posteriormente esta sentencia ante el Tribunal de Apelación. Amnistía Internacional observó las vistas, tanto ante el Tribunal Superior en octubre de 2009 como ante el Tribunal de Apelación en marzo de 2010.

En ambas vistas, los abogados que representaban a las autoridades de Reino Unido defendieron la medida sin precedentes de introducir procedimientos sobre material secreto en demandas por daños y perjuicios, invocando motivos de “seguridad nacional”.

El 4 de mayo, la sentencia del Tribunal de Apelación reiteró que, en virtud del principio sobre juicios justos consagrado en el derecho consuetudinario inglés, debe permitirse a todas las partes ver y oír las pruebas presentadas ante el tribunal y todos los argumentos deben exponerse ante el tribunal de forma abierta y transparente.

En la sentencia, lord Neuberger afirma que “el proceso judicial debe ser y parecer justo”.

Esta sentencia es un golpe a los repetidos intentos del gobierno británico de impedir la desclasificación de documentos invocando motivos de “seguridad nacional”, lo cual frustra los esfuerzos por descubrir la verdad sobre la implicación de Reino Unido en violaciones graves de derechos humanos. También es un paso significativo hacia la obtención de resarcimiento para los ex detenidos de Guantánamo, en la medida en que trata de asegurar que el procedimiento por el que emprenden su demanda tiene las debidas garantías.

Amnistía Internacional ha instado a la creación de una comisión de investigación independiente sobre las denuncias creíbles de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las autoridades británicas en el contexto de operaciones antiterroristas lanzadas en otros países desde el 11 de septiembre de 2001 y ha pedido también que se lleve a los responsables ante la justicia. La rendición de cuentas por los abusos cometidos es fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos. (Véase el informe Es hora de investigar el papel del Reino Unido en violaciones de derechos humanos cometidas en otros países desde el 11 de septiembre de 2001, Índice AI: EUR 45/001/2010, marzo de 2010.)

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