Document - UK: Home Secretary's proposal falls short of Law Lords ruling

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

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Índice AI: EUR 45/002/2005 (público)

Servicio de Noticias: 020/2005

26 de enero de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR450022005

Reino Unido: la propuesta del ministro del Interior no cumple la resolución de los jueces lores

Las autoridades del Reino Unido deben poner en libertad inmediatamente a todas las personas detenidas en aplicación de la Parte 4 de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad (ATCSA, por sus siglas en inglés), salvo que se las acuse formalmente de un delito y se las someta a un juicio sin demora e imparcial. Las propuestas formuladas hoy (miércoles 26 de enero) por el ministro del Interior, Charles Clarke, son contrarias a las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de las leyes de derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

"Las 12 personas, acusadas formalmente en aplicación de la Parte 4 de la ATCSA, siguen privadas de libertad sin que se las haya acusado de ningún delito identificable. Las declaraciones que ha realizado hoy el ministro del Interior podrían aliviar las condiciones en las que se encuentran, pero no les hace justicia" ha afirmado Nicola Duckworth, jefa del Programa de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Charles Clarke ha declarado que la detención sin juicio de presuntos “terroristas” extranjeros será sustituida por la imposición de restricciones a los movimientos y las comunicaciones, que en algunos casos equivalen al arresto domiciliario. También ha dicho que el gobierno británico intentará expulsar a algunos de ellos del país. Las nuevas medidas propuestas se aplicarán también a ciudadanos británicos.

"La propuesta del ministro del Interior hace caso omiso de la justicia natural: la presunción de inocencia, el derecho a cuestionar las pruebas de la acusación, el derecho a un juicio justo", ha manifestado Nicola Duckworth.

A Amnistía Internacional le preocupa profundamente la propuesta de expulsar del país a algunos de los detenidos.

"El gobierno británico debe cumplir sus obligaciones internacionales de no devolver a nadie a ningún país donde pueda sufrir violaciones graves de derechos humanos, como juicios injustos, malos tratos, torturas o la ejecución."

Información complementaria

En diciembre de 2004, los jueces lores declararon que las facultades del ministro del Interior de detener indefinidamente sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros a los que no puede expulsar del país, por ser “presuntos terroristas internacionales” y un “riesgo para la seguridad nacional”, eran discriminatorias y desproporcionadas, y por tanto incompatibles con las leyes de derechos humamos. También resolvieron que el gobierno británico debe retirar sus derogaciones de las obligaciones previstas en el artículo 5(1) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permitieron la introducción de la Parte 4 de la ATCSA. El Reino Unido sigue siendo el único país que ha derogado una estipulación del Convenio Europeo después del 11 de septiembre de 2001.