Document - Turkey: Unfulfilled promise of reform



Amnistía Internacional



TURQUÍA


Incumplimiento de la promesa de reforma



SEPTIEMBRE DE 1995 RESUMEN ÍNDICE AI: EUR 44/87/95/s



DISTR: SC/CO/GR


En Turquía continúan «desapareciendo» y muriendo personas como consecuencia de la tortura infligida en las comisarías de policía, y sigue encarcelándose a los presos de conciencia por expresar sus opiniones no violentas. Continúan las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios políticos.


A pesar de las promesas del gobierno de que se iba a producir un «renacimiento de los derechos humanos», no se ha aplicado ni una sola de las salvaguardias legales recomendadas por el Comité de la ONU contra la Tortura o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, tan esperadas desde hace tiempo. El gobierno turco tampoco ha cumplido su compromiso de liberar a los presos de conciencia.


Hay tres reformas clave que, en caso de ponerse en práctica, indicarían el comienzo de un cambio importante en la situación de los derechos humanos en Turquía:


1. Abolición o reforma del artículo 8 de la Ley contra el Terrorismo (en virtud de la cual están detenidos la mayoría de los presos de conciencia), que castiga la «propaganda separatista» hasta con cinco años de cárcel.


2. Acceso sin dilación de todoslos detenidos bajo custodia policial a asistencia letrada (como salvaguardia contra la tortura).


3. Reducción del periodo máximo bajo detención policial, de modo que todoslos detenidos pasen «sin dilación» a disposición judicial (como salvaguardia contra la tortura y las «desapariciones»).


Estas medidas prácticas y sencillas ayudarían a Turquía a respetar los instrumentos de derechos humanos internacionales que ha ratificado, y satisfarían las principales recomendaciones de las organizaciones intergubernamentales y los organismos de expertos de las Naciones Unidos y el Consejo de Europa, así como del propio Alto Comité Consultivo sobre Derechos Humanos adjunto a la primera ministra turca.


Durante la primera mitad de 1995, la comunidad internacional ha vigilado de cerca la situación de los derechos humanos en Turquía, en particular la Unión Europea. A lo largo de estos meses, parece que se ha producido una cierta reducción en el número de muertes bajo custodia como consecuencia de tortura, «desapariciones» y homicidios políticos.


Es posible que las estadísticas se hayan visto influidas por factores como la escasez de informes por falta de acceso de los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos (por primera vez, se ha prohibido a los delegados de Amnistía Internacional que lleven a cabo investigaciones en Turquía), y el panorama sigue siendo muy negativo, incluso en comparación con la situación de hace cinco años. Sin embargo, si la vigilancia de cerca ha conseguido una verdadera reducción en el número de violaciones, tanto la vigilancia como la mejora deben continuar hasta que se consolide un avance claro de forma inequívoca.


Un hecho que desde principios de 1995 resulta ciertamente prometedor es la disposición de algunos miembros del gobierno turco, así como de algunos sectores de la sociedad, a romper con la política de negación y a realizar un esfuerzo por afrontar los problemas. En varias declaraciones e informes, el ministro de Derechos Humanos, Azimet Köylüolu y su sucesor Algan Hacalolu, el ministro de Justicia y el Alto Comité Consultivo sobre Derechos Humanos de la primera ministra han reconocido, a pesar de las numerosas críticas sufridas, que la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones» son fenómenos extendidos. Desgraciadamente, aún no han recibido el apoyo de los miembros del gobierno y de los parlamentarios con poder para llevar a cabo la reforma.


En el informe también se describe cómo los grupos armados de oposición continúan atacando y matando a civiles, incluidos niños, y «ejecutando» a prisioneros. Entre estos grupos se incluyen: el PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos), el DHKP-C (anteriormente denominado Devrimci Sol), el Ejército de Liberación de los Campesinos y los Trabajadores Turcos (TIKKO) y el Frente de Luchadores Islámicos del Gran Oriente (IBDA-C). El Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) continúa cometiendo este tipo de abusos mientras asegura respetar el artículo común 3 de las Convenciones de Ginebra, que prohíbe de forma expresa el homicidio de prisioneros.


Este documento es una actualización de Turquía: La negación como sistema(Índice AI: EUR 44/01/95/s) y su actualización (Índice AI: EUR 44/24/95), ambos publicados en febrero de 1995. Contiene información adicional sobre las preocupaciones expresadas en estos informes y las novedades que se han producido hasta septiembre de 1995.




PALABRAS CLAVE: DESAPARICIONES1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / HOSTIGAMIENTO1 / FAMILIAS1 / TORTURA/MALOS TRATOS / MUERTE BAJO CUSTODIA / CONFIRMACIÓN MÉDICA / AUTOPSIAS / PRESOS DE CONCIENCIA / CENSURA / PENA DE MUERTE / NIÑOS / MUJERES / PERIODISTAS / REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LOCAL / ABOGADOS / ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS / SINDICALISTAS / ESCRITORES / CAMBIO CONSTITUCIONAL / LEGISLACIÓN DE EXCEPCIÓN / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / IMPUNIDAD / MINORÍAS / CONFLICTO ARMADO / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / MILITARES / MISIONES / AI Y LOS GOBIERNOS / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS /


Este informe es un resumen del documento Turquía: Incumplimiento de la promesa de reforma (Índice AI: EUR 44/87/95/s), publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 1995. Si desea obtener más información o llevar a cabo acciones sobre este tema, consulte el documento completo.


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA




Amnistía Internacional



TURQUÍA


Incumplimiento de la promesa de reforma










7920





Septiembre de 1995

Índice AI: EUR 44/87/95/s

Distr: SC/CO/GR






SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA





Turquía


Incumplimiento de la promesa de reforma




Desde principios de 1995, Turquía ha estado sometida a una fuerte presión de varias organizaciones intergubernamentales, incluido el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, para que comenzara urgentemente un proceso de reforma en el ámbito de los derechos humanos. En abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa llegó a aprobar una resolución solicitando la suspensión de Turquía del Consejo si no cumplía determinadas condiciones, entre ellas la adopción de medidas para evitar las violaciones de derechos humanos. El Comisario de la Unión Europea (UE) Hans van den Broek, hablando sobre los preparativos respecto a un posible acuerdo de unión aduanera entre Turquía y la Unión Europea, afirmó que «el progreso en el ámbito de los derechos humanos es aún más importante que las medidas técnicas» (25 de abril, AgenceEurope). Un informe provisional de la Comisión de la UE titulado «En relación con el proceso de reforma, la situación de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en Turquía» del 5 de julio de 1995 indicaba que «La Unión Europea apoya decididamente la reforma constitucional y legal en Turquía, y la Comisión continuará observando de cerca los avances en esta materia y mantendrá informado al Parlamento» (1).


Es posible que esta estrecha vigilancia haya tenido algunos efectos positivos. El número de «desapariciones», muertes bajo custodia y homicidios políticos es algo menor que el del mismo período de 1994. Sin embargo, estos datos deben tomarse con precaución, ya que intervienen otros factores. El más importante es la reducción drástica de las fuentes de información en los dos últimos años. Se impide el acceso a los pueblos, el lugar donde se producen la mayoría de las violaciones, a los activistas locales de derechos humanos, a muchos periodistas, y a la mayoría de los observadores internacionales, incluidos los de Amnistía Internacional, a cuyos delegados se ha deportado y prohibido la entrada en el país (véase infra). El número de homicidios políticos en las zonas urbanas del suroeste puede haber disminuido por la sencilla razón de que las personas que temían que podían ser objeto de algún ataque probablemente han huido de la región o del país. El número de evacuaciones forzadas, durante las cuales se produjeron muchas «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales, de los pueblos ha disminuido sencillamente porque el «programa» consistente en evacuar y quemar los pueblos que se negaban a participar en el sistema de guardias locales se ha completado en gran medida.


Además, para un país en el que hace cinco años los informes sobre «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales eran prácticamente desconocidos, los datos de 1995 presentan un panorama sombrío. En los ocho primeros meses hubo al menos 19 «desapariciones», un mínimo de seis muertes bajo custodia como consecuencia de tortura y más de 80 homicidios políticos (algunos en circunstancias que indican la participación de las fuerzas de seguridad). En los violentos disturbios ocurridos en Estambul en marzo, la policía mató a tiros al menos a 23 manifestantes. Las grabaciones de vídeo muestran a agentes de policía que aparentemente están disparando de forma deliberada contra la multitud con armas semiautomáticas (en la actualidad, se está juzgando a 20 policías en relación con estas muertes).


En las diez provincias del sureste que se encuentran bajo el estado de excepción no se tiene ninguna constancia de que se haya iniciado ningún proceso contra los agentes acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales. En el resto del país, desde principios de 1995 se ha producido una ligera mejora en la disposición de los fiscales del Estado a iniciar procedimientos legales. Este avance también merece un seguimiento cuidadoso. En el pasado, estos procesamientos han tardado meses e incluso años. Las condenas son poco frecuentes y las sentencias no suelen ser proporcionales a los delitos cometidos. Por lo tanto, en este momento no es posible determinar si hay una pauta clara. Sin embargo, si el aumento de los procesamientos de agentes de policía por malos tratos ha ayudado a reducir el número de muertes bajo custodia en relación con la sobrecogedora cifra total de 29 que se produjo en 1994, será necesario valorarlo positivamente.


El informe de Amnistía Internacional de febrero de 1995 Turquía: La negación como sistema(Índice AI: EUR 44/01/95/s y su actualización (Índice AI: EUR 44/24/95) describía el encarcelemiento de los presos de conciencia, la tortura infligida a los presos comunes y a los presos políticos (entre ellos niños), la muerte bajo custodia como consecuencia de tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones». En los meses transcurridos, el gobierno turco no ha puesto en práctica ninguna de las importantes salvaguardias contra las violaciones de derechos humanos recomendadas desde hace tiempo por Amnistía Internacional y las organizaciones gubernamentales internacionales. Los cambios legislativos que más urgentemente se necesitan son:


1. Abolición o reforma del artículo 8 de la Ley contra el Terrorismo (en virtud de la cual están detenidos la mayoría de los presos de conciencia), que castiga la «propaganda separatista» hasta con cinco años de cárcel.


2. Acceso sin dilación de todoslos detenidos bajo custodia policial a asistencia letrada (como salvaguardia contra la tortura).


3. Reducción del periodo máximo bajo detención policial, de modo que todoslos detenidos pasen «sin dilación» a disposición judicial (como salvaguardia contra la tortura y las «desapariciones»).


Estas medidas prácticas y sencillas ayudarían a Turquía a respetar los instrumentos de derechos humanos internacionales que ha ratificado, y satisfarían las principales recomendaciones de las organizaciones intergubernamentales y los organismos de expertos de las Naciones Unidos y el Consejo de Europa, así como del propio Alto Comité Consultivo sobre Derechos Humanos turco (véase infra).



En lugar de avanzar firmemente hacia la reforma, el gobierno turco ha lanzado una serie de señales confusas y equívocas. Aún no se ha presentado el muy anunciado «paquete de reformas». Mientras, el Parlamento aún no ha aprobado la modificación del artículo 8 de la Ley contra el Terrorismo, prometida hace tiempo, y ha presentado una serie de reformas constitucionales (positivas en sí mismas, pero sin relevancia para los derechos humanos fundamentales) como un gran avance en el terreno de los derechos humanos.


Por una parte, el ex ministro para los Derechos Humanos, Azimet Köylüolu, en unas declaraciones realizadas al diario Cumhuriyet (República) el 7 de marzo de 1995, anunció la llegada de una era dorada en los derechos humanos que comenzará cuando Turquía logre la unión aduanera con la UE: «Turquía experimentará un renacimiento de los derechos humanos. Comenzará una era en la que no habrá violaciones de los derechos humanos, en la que no se obligará a la gente a comer excrementos(2), no se evacuarán los pueblos y no se infligirán malos tratos... Turquía no será un país en el que se violen los derechos humanos, y pensar dejará de ser delito». Por otra parte, el jefe adjunto del Estado Mayor, general Ahmet Çörekçi, expresó la oposición del ejército a la reforma del artículo 8 de la Ley contra el Terrorismo, y manifestó la sorprendente opinión de que los «derechos humanos y la democracia» estaban maniatando a las fuerzas de seguridad en la lucha contra los grupos armados de oposición (Reuter, 1 de julio de 1995).


Una cuestión recurrente ha sido la determinación de las autoridades turcas a impedir la vigilancia de los derechos humanos. Durante el año, se arrestó y torturó a varios miembros de la Asociación de Derechos Humanos, y se pusieron trabas a las investigaciones de varios periodistas extranjeros.


El gobierno turco continúan negándose a admitir al investigador de Amnistía Internacional. Cuando varios gobiernos expresaron su preocupación por la prohibición en una reunión de la CSCE celebrada en Budapest en noviembre de 1994, la delegación turca aseguró que la prohibición no iba dirigida contra Amnistía Internacional, y que se aceptaría otro delegado. A fines de mayo de 1995 se envió otro delegado con pleno conocimiento de las autoridades turcas. Apenas llevaba trabajando 10 días cuando le arrestaron en Adana, le interrogaron en régimen de incomunicación durante dos días y le deportaron el 7 de junio.


Las organizaciones gubernamentales internacionales también se han visto obligadas a mantenerse a distancia. El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha solicitado repetidamente al gobierno turco, sin éxito, que le permita visitar el país (véase Índice ONU: E/CN.4/1995/61), mientras Turquía continúa resistiéndose a la sugerencia de los Estados miembros de la CSCE para que invite a una misión de expertos a investigar la situación de los derechos humanos en virtud del denominado mecanismo de Moscú(3) En junio, el ministro de Estado Ayvaz Gökdemir insultó gravemente a tres miembros del Parlamento Europeo que visitaban el país para investigar cuestiones relacionadas con los derechos humanos.


«Desapariciones» y hostigamiento a los familiares de «desaparecidos»


En su informe anual (Índice ONU: E/CN.4/1995/36), el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó la sobrecogedora observación de que en 1994 recibió más denuncias de «desapariciones» de Turquía que de ningún otro país del mundo. El Grupo de Trabajo recordó al gobierno turco que debía tomar «medidas efectivas, de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole para evitar y acabar con las desapariciones».


Sin embargo, en Turquía continúan produciéndose «desapariciones» de personas. La noche del 7 de junio de 1995, los campesinos Ahmet Cingöz y Edip Aksoy fueron detenidos en presencia de algunos testigos en las proximidades de un café al aire libre en Dakap2, distrito de Diyarbak2r, en el sureste del país.


Varios testigos vieron cómo eran detenidos por unos policías vestidos de civil equipados con transmisores de radio que llegaron en un automóvil blanco y mostraron sus documentos de identidad. Las familias de Ahmet Cingöz y Edip Aksoy han solicitado repetidamente información sobre su paradero al fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado de Diyarbak2r, donde debería haberse registrado la detención, sin obtener ningún resultado.


También se produjeron «desapariciones» en Estambul. Según informes, Hasan Ocak, sobre el que pesaba una orden de busca y captura de la policía, fue arrestado en Estambul el 21 de marzo de 1995. Un detenido afirmó haberle visto en la Comisaría Central de Policía de Estambul. Cuando sus familiares examinaron las fotografías en el Instituto de Medicina Forense descubrieron que habían encontrado su cadáver en un terreno baldío del distrito de Beykoz y que posteriormente le habían enterrado como persona no identificada. Poco después, también se identificó el cadáver de R2dvan Karakoç, en paradero desconocido desde febrero y buscado por la policía, al examinarse las fotografías del Instituto Médico Forense. Habían encontrado su cadáver en el mismo lugar que el de Hasan Ocak y también le habían enterrado sin informar a sus familiares más allegados de Estambul.


La práctica de las «desapariciones» es una violación de los derechos humanos infligida no sólo a las víctimas, sino también a sus familiares. Las familias de más de un centenar de personas que han «desaparecido» desde 1991 se han encontrado con una insensible falta de interés de las autoridades, al tiempo que las fuerzas de seguridad locales las han ridiculizado e insultado, golpeado y detenido. Algunas han llegado a ser encarceladas (véase Índice AI: EUR 44/80/95).


La Oficina de Control de Detenciones


La policía ha utilizado cada vez con mayor frecuencia la práctica de retrasar el registro de los detenidos durante varios días después de su arresto, lo cual vulnera la regla número 7 de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos. Se sospecha que el registro se realiza cuando el detenido ha sobrevivido al interrogatorio mediante tortura. El control atento de las detenciones impediría la práctica de demorar el registro de los detenidos, evitaría un sufrimiento mental considerable a cientos de familias y, lo que es más importante, podría salvar vidas.


Cuando los casos de «desapariciones» bajo custodia policial comenzaron a suscitar preocupación entre la población general, el director general de Policía, Mehmet Aar, anunció que, a partir del 1 de agosto, se crearía una unidad para localizar a las personas detenidas. Al presentar la iniciativa, el ministro del Interior afirmó que, aunque el Código de Enjuiciamiento Criminal establecía que los familiares debían recibir información sobre las detenciones, los ciudadanos sufrían una angustia considerable cuando detenían a sus familiares. Las oficinas de control debían reunir información sobre los detenidos y proporcionar dicha información a los familiares más próximos y a los abogados.


Desgraciadamente, las Oficinas de Control de Detenciones sólo funcionan actualmente en parte del país. Por ejemplo, en Diyarbak2r, aún no se ha establecido una Oficina de Control de Detenciones. Sin embargo, en Ankara se ha creado una oficina que dispone de un número de teléfono público y personal. Un abogado que recurrió a la oficina en varias ocasiones durante el mes de agosto para localizar a personas en paradero desconocido tras ser detenidas por la policía, informó a Amnistía Internacional de que los empleados de la oficina «intentaban ayudar, pero desgraciadamente parecía que otros departamentos de la policía se negaban a darles información, especialmente el Departamento Antiterrorista».


La sección de Ankara de la Asociación de Derechos Humanos corroboró este punto. La asociación solicitó información a la Oficina de Control de Detenciones en relación con veinte personas detenidas por la policía en agosto de 1995. La Oficina de Control sólo pudo confirmar diez de las detenciones. Por ejemplo, unos agentes de policía del Departamento Antiterrotista detuvieron a los hermanos Yusuf y SavaÕSael 18 de agosto. El 21 de agosto, la Oficina de Control de Detenciones informó a un abogado que llamaba por teléfono de parte de los familiares que no había ningún registro de que la policía los hubiera detenido. El fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado confirmó posteriormente que Yusuf y SavaÕSaestaban bajo custodia y dio permiso para que los interrogaran hasta el 29 de agosto.


Una de los medios más sencillos y prácticos contra las «desapariciones» consiste realizar un registro cuidadoso. Por consiguiente, Amnistía Internacional seguirá el funcionamiento de las Oficinas de Control de Detenciones con gran interés, pero lamenta que el sistema aún no pueda considerarse entre las «medidas efectivas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole para evitar y acabar con las desapariciones» recomendadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.


Los testimonios médicos confirman los informes de tortura y muerte bajo custodia


Desde principios de 1995 ha permanecido inalterada la cadena de prácticas ilegales, ausencia de reformas legislativas y salvaguardias ineficaces que ha generado la pauta «extendida»(4) y «sistemática»(5) de torturas en Turquía.


Amnistía Internacional sigue recibiendo muchas denuncias verosímiles de tortura, a menudo corroboradas con testimonios médicos. Una vez más, entre las víctimas se incluyen varios niños.


El 9 de julio, Tayfun K2rs (de 13 años) y R2fat Onurcan, adulto, fueron detenidos en Maltepe, distrito de Ankara, acusados de robo. Primero se los llevaron a la comisaría de policía de Çankaya y, posteriormente, a la Comisaría Central de Policía de Ankara. Tras su liberación, Tayfun K2rs informó de que en la comisaría de Çankaya sólo le habían «dado una bofetada en la cara», pero que en la Comisaría Central de Ankara le habían golpeado en los pies y la espalda con porras y le habían aplicado descargas eléctricas. Ambos quedaron en libertad el 11 de julio.


Un certificado médico extendido por el Instituto de Medicina Forense el 11 de julio de 1995 indicaba que Tayfun K2rs tenía cortes en los brazos y los hombros, una hinchazón en el tobillo izquierdo y magulladuras e hinchazón en las proximidades de la oreja, y le eximía de realizar actividades normales durante tres días. R2fat Onurcan se había quejado de que le habían desnudado, sometido a descargas eléctricas, golpeado en las manos y los pies con porras y rociado con agua helada. El Instituto de Medicina Forense emitió un informe sobre su estado en el que se describían magulladuras paralelas en la parte izquierda del cuello y en la oreja izquierda y magulladuras en la espalda y el hombro.


Se recibieron más informes sobre malos tratos a niños en Ankara. Halil Can Doan, de 14 años, informó de que le habían golpeado, desnudado, aplicado agua a presión y oprimido los testículos durante dos días y medio mientras estuvo detenido en la Comisaría Central de Policía de Ankara en marzo. Volvieron a detenerle el 10 de abril y pasó una noche en una celda de la Comisaría Central de Policía de Ankara, donde le golpearon. En esta ocasión, su denuncia estuvo respaldada por un informe médico en el que se detallaban «lesiones hiperaémicas de una anchura de 1-1,5 cm y una longitud de 6-7 cm alrededor del cuello y una magulladura de 2 x 2 cm en la parte izquierda del pecho».


Döner Talun, de 12 años, se quejó de que la golpearon, la colgaron de los brazos y la sometieron a descargas eléctricas mientras la interrogaban en la Comisaría Central de Policía en Ankara (véase Turquía: La negación como sistema - actualización 1) tras ser detenida el 12 de diciembre de 1994 en el distrito Çubuk de la capital. Aunque los detenidos por delitos que no están regulados en la Ley contra el Terrorismo tienen derecho a asistencia letrada y deben ser puestos a disposición judicial en un plazo de 24 horas, Döner Talun estuvo detenida sin acceso a su familia o a un abogado durante cinco días. Un informe de un médico que la reconoció en nombre de la Fundación Turca de Derechos Humanos declaró que «tenía la cabeza y el cuello con magulladuras y una cicatriz de entre 0,5 y 1 cm en el pómulo. Tenía señales de heridas en la piel, posiblemente como resultado de golpes... marcas rojas en los antebrazos. Había señales de pequeñas hemorragias y hematomas en el estómago».


En los primeros ocho meses de 1995 se produjeron al menos seis muertes bajo custodia, aparentemente como resultado de las torturas.


Ali Haydar Efe fue detenido el 8 de agosto como presunto autor de un robo producido en el edificio en el que trabajaba como portero y le interrogaron en la Comisaría Central de Policía de Ankara. Puesto que no le estaban interrogando en virtud de la Ley contra el Terrorismo debería haber dispuesto de asistencia letrada y haber pasado a disposición judicial en el plazo de 24 horas. El 12 de agosto, después de cuatro días detenido en régimen de incomunicación, fue trasladado al Hospital Numune de Ankara, donde murió por «fallo respiratorio y circulatorio», según un informe del Instituto de Medicina Forense. Su hermano Müslüm Efe, detenido el 11 de agosto, afirma que ambos fueron torturados. Declaró: «Nos sometieron a todo tipo de torturas, como suspendernos de los brazos, aplicarnos descargas eléctricas, propinarnos palizas y agredirnos sexualmente con una porra. El 11 de agosto se llevaron a mi hermano para volver a interrogarlo. Oí a mi hermano gritar durante bastante tiempo. Le estaban aplicando descargas eléctricas. Más tarde, mi hermano dejó de gritar». Müslüm Efe, a quien el Instituto de Medicina Forense le dio un certificado de baja laboral durante tres días, mostró las marcas de tortura en su cuerpo a las cámaras de televisión. Según la edición del 14 de agosto del diario Yeni Yüzy2l (Nuevo siglo), las autoridades policiales realizaron una declaración en la que afirmaban que «Haydar Efe salió al pasillo para ir al cuarto de baño. Entró en una sala con la puerta abierta y saltó a través de los barrotes de hierro de la ventana.»


La denuncia más reciente de una muerte bajo custodia fue la de un periodista, Safyettin Tepe, detenido el 22 de agosto en Batman, y trasladado el 26 de agosto a la Comisaría Central de Bitlis, su ciudad natal. El 29 de agosto llamaron a sus hermanos para que acudieran a la comisaría de Bitlis para llevarse el cadáver de Safyettin Tepe. Afirmaron que se había suicidado colgándose de la ropa interior que había atado a los barrotes de la puerta de la celda. La policía ordenó a la familia que enterraran el cadáver rápidamente, y el funeral se celebró al día siguiente, 30 de agosto. Se impidió que los familiares tuvieran acceso la autopsia realizada por el fiscal local y tres médicos. El informe de la autopsia no indicaba claramente la causa de la muerte, pero sugiere que Safyettin Tepe se suicidó. Los familiares han solicitado una segunda autopsia. También han pedido hablar con otros presos que estaban bajo custodia con Safyettin Tepe, pero les dijeron que en aquel momento no había ningún otro preso. Otro miembro de la familia Tepe que había estado detenido en la Comisaría Central de Policía de Bitlis señaló que el huevo con barras se encuentra aproximadamente a la mitad de la altura de puerta de la celda y que era imposible que Safyettin Tepe, de aproximadamente 1,80 m de altura, se colgara de un punto tan cercano del suelo. Amnistía Internacional teme que Safyettin Tepe(6) murió como consecuencia de tortura.


Después estar bajo custodia policial, la mayoría de los detenidos son reconocidos por un médico autorizado por el Instituto Estatal de Medicina Forense. Cuando el reconocimiento lo realiza un médico no autorizado por el Instituto de Medicina Forense, los tribunales rechazan los testimonios de lesiones presentados en apoyo de las denuncias de malos tratos. Sin embargo, los exámenes de estos médicos nombrados por el Estado frecuentemente son irregulares. Decenas de víctimas de torturas han descrito reconocimientos médicos superficiales, a menudo realizados en presencia de soldados o policías de los departamentos responsables de los interrogatorios mediante tortura. Amnistía Internacional ha documentado varios ejemplos de médicos del Instituto de Medicina Forense que han extendido certificados médicos inexactos(7). Una investigación llevada a cabo por el Sindicato de Médicos Turcos tuvo como consecuencia que se suspendiera durante seis meses a un médico del Instituto de Medicina Forense que extendió un informe médico falso en el que se ocultaban señales de torturas en nueve detenidos. El médico en cuestión reconoció a Faz2l Ahmet Tamer, uno de los detenidos, el 2 de mayo de 1994, y en su informe indicó que no se apreciaban señales de traumatismo. Un informe del 6 de mayo a cargo de otro departamento del Instituto señalaba la presencia de heridas curadas parcialmente en diversas partes del cuerpo del preso. Actualmente, el Sindicato de Médicos Turcos está llevando a cabo otra investigación sobre varios médicos de la ciudad de EskiÕehir que presuntamente eliminaron unos informes médicos que confirmaban que Ahmet Özçil, ingresado el 1 de enero de 1995 en un hospital aquejado de un fallo renal mientras estaba bajo custodia policial, había sido torturado en la Comisaría Central de Policía de EskiÕehir. En febrero, comenzó el juicio contra siete agentes de policía acusados de torturar a Ahmet Özçil.


Amnistía Internacional ha recomendado repetidamente que los detenidos tengan el derecho legal a ser reconocidos por un médico de su elección.


Ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos


Amnistía Internacional ha seguido recibiendo numerosas denuncias verosímiles sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en las zonas rurales de las provincias del sureste que se encuentran bajo el estado de excepción. En la mayoría de los casos, las víctimas son habitantes de pueblos que se han negado a unirse a las fuerzas de defensa civil de los guardias locales, armados y pagados por el gobierno. La gendarmería y los miembros de Özel Tim(8), así como los guardias locales de las poblaciones cercanas, han sido responsables de estos homicidios. En muchos casos, los familiares han proporcionado testimonio escrito señalando que las fuerzas de seguridad cometieron las ejecuciones extrajudiciales.


La supresión oficial de pruebas en el caso del homicidio de Mustafa Dölek ofrece un indicio de por qué este tipo de actos no suelen ser objeto de ninguna investigación judicial. Según la edición del 20 de julio de 1995 del diario Cumhuriyet, Sultan Dölek, del pueblo Küçük Cennetp2nar2, cerca de Pazarc2k, provincia de KahramanmaraÕ, envió una petición al fiscal Pazarc2k, señalando que «el 24 de junio de 1995, aproximadamente a las seis de la mañana, llamaron a nuestra puerta. Cuando abrimos había tres miembros del Equipo Especial. Mi esposo les dijo «Buenos días». En ese momento, abrieron fuego con sus armas. Me dijeron: "Si haces un ruido, te mataremos a ti también", y me dieron una bofetada. Destrozaron la puerta de la habitación de invitados para que pareciera una lucha. Luego se llevaron el cadáver de mi esposo». El fiscal de KahramanmaraÕy dos médicos firmaron el informe de la autopsia, que indicaba que Mustafa Dölek había resultado muerte en un enfrentamiento, como consecuencia de la pérdida de sangre de una herida en la pierna, y no mencionaron las heridas en el pecho. A petición de la familia, se exhumó el cadáver de Mustafa Dölek y se envió para una segunda autopsia a otro departamento del Instituto de Medicina Forense de Adana, que señaló que Mustafa Dölek había muerto como consecuencia de una «una hemorragia interna en el pulmón derecho y el hígado producida por una bala que había penetrado por el lado derecho del pecho». El fiscal Pazarc2k confirmó que no se había producido ningún enfrentamiento en el pueblo ese día y abrió una investigación sobre el incidente.


Como se señaló en la introducción, en los ocho primeros meses de 1995 se produjeron más de 80 homicidios con aparente motivación política en las calles, mientras que en 1994 la cifra se aproximó a los 400. Algunas de las personas muertas eran miembros de organizaciones legales, aunque las autoridades las miran con recelo y las consideran «separatistas» (sindicatos, partidos políticos o periódicos). El grupo de víctimas más claramente identificable son los miembros del Partido Popular de la Democracia (HADEP), partido político legal de mayoría kurda. Sus predecesores el Partido Popular de los Trabajadores (HEP) y el Partido de la Democracia (DEP) fueron prohibidos por el Tribunal Constitucional por «separatismo». Desde 1992, más de 100 miembros y dirigentes de estos partidos han muerto a tiros en las calles, entre ellos Mehmet Sincar, diputado por Mardin, abatido a tiros en Batman el 4 de septiembre de 1993.


Muchos de estos homicidios se atribuyeron a la sección Ilim del Hezbolá turco, como describe en profundidad el informe del Comité Parlamentario sobre Asesinatos Políticos no Resueltos, publicado en abril. En los últimos meses se han llevado a cabo algunas operaciones contra Ilim y su rival, la sección Menzil, y la explicación oficial de la reducción de los homicidios callejeros puede ser que estas operaciones han servido de disuasión. Sin embargo, hay pruebas que indican la connivencia de las fuerzas de seguridad en estos asesinatos. Por ello, se teme que estos arrestos y procesamientos se llevan a cabo para guardar las apariencias más que como medidas legales efectivas contra estos grupos armados.


Con el fin de establecer si estos temores estaban fundados, Amnistía Internacional solicitó información repetidamente a las autoridades turcas sobre el procesamiento de presuntos miembros de Hezbolá, pero no ha recibido ninguna respuesta. Sin embargo, algunos detalles incompletos que se conocen de un caso importante ponen en duda las medidas anunciadas públicamente contra las organizaciones implicadas en homicidios políticos. En respuesta a una petición de información sobre el homicidio, a pleno día, del diputado kurdo Mehmet Sincar en Batman el 4 de septiembre de 1993, la embajada turca en Madrid respondió a Amnistía Internacional el 2 de diciembre de 1993 señalando que «las investigaciones de las fuerzas de seguridad han llevado a la detención de 15 sospechosos. Tres de los detenidos han confesado su participación en [el homicidio de Mehmet Sincar] junto con otras dos personas, todos ellos presuntos miembros de la organización radical ilegal que se autodenomina Hezbolá». Un informe publicado por la Unión Parlamentaria Europea reveló algunos de los detalles que Amnistía Internacional esperaba recibir en sus peticiones de información sobre los juicios contra Hezbolá. El ministro de Justicia informó a la delegación que aunque estaba demostrado que Hezbolá era responsable del homicidio, todas las personas detenidas originalmente por el homicidio fueron absueltas por falta de pruebas en noviembre de 1994.

Contestación a la política de negación


En su documento Turquía: La negación como sistema, Amnistía Internacional sugería que una barrera importante al cambio era la negativa del gobierno turco a reconocer la escala de las violaciones de los derechos humanos que se producen a diario. En 1995, algunos miembros del gobierno y parlamentarios han contestado a esta negación. Según la edición del 23 de marzo de Cumhuriyet, el ex ministro de Derechos Humanos Azimet Köylüolu declaró que había investigado el alcance de los malos tratos, y había averiguado que algunos gendarmes y policías estaban implicados en muchos métodos de tortura, como «el ahorcamiento palestino, la crucifixión, la sujeción a un magneto telefónico, la inmersión en agua fría y salada, las palizas con porras, agresiones sexuales, dejar desnudos en presencia de familiares a los detenidos, aplicarles descargas eléctricas y propinarles golpes con sacos lleno de arena». También anunció que la oficina de la primera ministra había publicado una circular el 13 de febrero de 1995 enumerando una serie de requisitos, entre ellos: que la policía debía respetar los límites de la detención; que no debía someterse a los detenidos a malos tratos, por grave que fuera su delito, y que debían retirarse de las comisarías de policía los instrumentos que pudieran servir para torturar a los detenidos(9). Los habitual en el pasado ha sido que los agentes de policía hicieran caso omiso de las circulares similares sobre procedimientos de detención. Este tipo de documentos no puede sustituir a las salvaguardias legales y prácticas que se necesitan con urgencia. No obstante, admitir de forma implícita, como hace esta circular, la posibilidad de que se utilicen instrumentos de tortura en los lugares de interrogatorio es de una franqueza sin precedentes.


El ministro de Derechos Humanos Azimet Köylüolu y su sucesor Algan Hacalolu, así como el ministro de Justicia, han reconocido públicamente el problema de la tortura, las «desapariciones», los presos de conciencia y las ejecuciones extrajudiciales.


Asimismo, los tres han intervenido e investigado denuncias específicas. El ministro de Derechos Humanos Algan Hacalolu investigó los casos de tres jóvenes, Mustafa Selçuk, Seyhan Ayy2ld2z y Ôirin Erol, muertos a manos de unos agentes de policía que el 12 de abril irrumpieron en una casa en el distrito Bat2kent de Ankara. La policía afirmó que eran miembros de la organización ilegal DHKP-C (anteriormente, Devrimci Sol )Izquierda Revolucionaria) y que su muerte no se pudo evitar en el curso del enfrentamiento armado. El abogado de la familia de Mustafa Selçuk no pudo acceder al lugar del crimen ni a la autopsia. Una delegación compuesta por representantes de la Asociación de Derechos Humanos Turca y la Asociación de Juristas Progresistas examinó la casa. Informaron que la distribución de los impactos de bala y las manchas de sangre sugerían que los tres fueron abatidos a escasa distancia después de obligarlos a tumbarse en el suelo. Los nueve impactos de bala en la caja de la escalera del bloque de apartamentos que se habían presentado como prueba del enfrentamiento no coincidían con los impactos en la puerta del piso. La delegación llegó a la conclusión de que la policía había disparado desde fuera del piso con la puerta abierta para dar la impresión de un enfrentamiento. Un detenido en prisión preventiva en la Cárcel Cerrada de Ankara escribió a Amnistía Internacional afirmando que le habían llevado detenido a la Comisaría Central de Policía de Ankara antes del asalto a la casa, y que la policía le había dicho: «Espera a que llegue la noche y verás, vamos a Bat2kent a matar a Mustafa Selçuk y dos mujeres». En julio, el fiscal de Ankara rechazó una denuncia formal en la que se acusaba a la policía de homicidio ilegítimo. El recurso contra esta decisión se verá en el Tribunal Penal de Ankara.


El 27 de abril, el diario Turkish Daily Newsinformaba que el ministro de Derechos Humanos Algan Hacalolu había descrito el incidente como «una ejecución sin juicio». El ministro elaboró un informe sobre el incidente que actualmente está examinando el Comité Judicial Parlamentario. Desde 1991, más de 50 jóvenes han perdido la vida en ataques similares a cafés y casas en Estambul, Ankara y Adana. Todas estas muertes se han caracterizado por las reiteradas denuncias de que no hubo aviso de rendición, que se hizo caso omiso de los intentos de rendición y, en muchos casos, que las víctimas iban desarmadas.


Más de dos años después de su creación, la Comisión Parlamentaria sobre Asesinatos Políticos no Resueltos publicó finalmente su informe en abril de 1995. Durante las investigaciones de la Comisión se produjeron más de mil homicidios. El informe es un documento poco habitual que intenta exonerar a las fuerzas de seguridad de cualquier participación en homicidios políticos (en algunos casos, negando pruebas bastante incontrovertibles), al tiempo que describe un contexto de prácticas extremadamente cuestionables por parte de casi todas las autoridades de la región en estado de excepción. El informe confirma que los guardias locales y los «arrepentidos» (personas que se han convertido en testigos del Estado a cambio de una reducción de la sentencia al amparo de la Ley de Arrepentimiento) han participado en actividades ilegales como homicidio y extorsión; que se liberó ilegalmente a los «arrepentidos» de la cárcel para que acompañasen a las fuerzas de seguridad en algunas operaciones, y que algunos funcionarios públicos encubrieron los delitos cometidos por los «arrepentidos». El informe describe asimismo lo que parece ser la supresión de información sobre la connivencia entre la gendarmería y la organización armada ilegal Hezbolá(10).


Los ministros y los parlamentarios que reconocieron los problemas incluso de esta forma tan relativamente indirecta, fueron objeto de duras críticas por parte de algunos sectores del Parlamento y de las fuerzas de seguridad. No recibieron un apoyo decidido de la primera ministra ni del Ministerio del Interior, quienes más poder tienen para realizar el cambio.


El Alto Comité Consultivo sobre Derechos Humanos (adjunto a la oficina de la primera ministra) elaboró un amplio informe sobre la tortura y a fines de 1994 lo envió a la primera ministra, el Ministerio de Derechos Humanos y el Parlamento. El informe confirmaba que la aplicación de tortura durante los interrogatorios es una práctica «extendida y sistemática», y hacía unas recomendaciones para llevar a cabo reformas legislativas y administrativas con el fin de detener estas prácticas. Las medidas legislativas incluían la reducción del período de detención para todos los detenidos en cualquier parte del país hasta un máximo absoluto de cuatro días, y la ampliación del acceso a asistencia letrada a todos los detenidos. El informe se hizo público en mayo de 1995, pero nunca se publicó, a pesar de una resolución del Comité en este sentido.


Más presos de conciencia encarcelados en aplicación del artículo 8


Los presos de conciencia han sido encarcelados en aplicación de varios artículos del Código Penal: por injurias contra los órganos del Estado (artículo 159), por injurias contra el fundador de la República de Turquía (Ley 5816), por apología del delito (artículo 312), y otros delitos. Sin embargo, la mayoría de los centenares de personas encarceladas o amenazadas con la cárcel por expresar opiniones no violentas han sido acusadas en virtud del artículo 8 de la Ley contra el Terrorismo, que prohíbe toda expresión «separatista» «independientemente del método o la intención».


Mehdi Zana, ex alcalde de Diyarbak2r, y esposo de la parlamentaria encarcelada Leyla Zana, está cumpliendo una condena de 12 años de cárcel por varios delitos en aplicación del artículo 8. El delito concreto por el que fue detenido por primera vez el 13 de mayo de 1994 fue testificar ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en octubre de 1993 y por hacer público su testimonio en Bélgica. Estuvo preso durante más de diez años después del golpe de Estado militar de 1980 y Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia. Está encarcelado en la Prisión Cerrada de Ankara.


El 1 de junio, Eren Keskin, abogada y ex secretaria de la Asociación de Derechos Humanos de Estambul, fue detenida y condenada a dos años de cárcel en aplicación del artículo 8 por una carta enviada al Parlamento belga que se publicó en Özgur Gündemen 1993. Actualmente está encarcelada en la Prisión Samalc2lar de Estambul.


Atilay Ayçin, presidente del sindicato Hava-¤Õ(de trabajadores de líneas aéreas), está cumpliendo una condena de veinte meses en la Prisión de Saray, cerca de Tekirda, en aplicación del artículo 8. Presentaron cargos contra él por un discurso realizado el 8 de septiembre de 1991 en una reunión sobre «Derechos y libertades fundamentales» organizada por la sección de Estambul de la Asociación de Derechos Humanos. Durante el juicio, el fiscal alegó que había realizado declaraciones en favor del separatismo kurdo.


El 5 de mayo, en medio de una gran publicidad, se celebró la primera vista en el Tribunal de Seguridad del Estado de Estambul del juicio contra YaÕar Kemal, destacado novelista turco, por violar el artículo 8. En protesta por el procesamiento de YaÕar Kemal, un grupo de 1.080 intelectuales, escritores, editores y artistas firmaron un libro cuyo título podría traducirse por «Libertad de pensamiento», compuesto por una serie de artículos redactados por personas encarceladas o procesadas por sus escritos. Si su intención era provocar un procesamiento para desacreditar el artículo 8, lo consiguieron. En el Tribunal de Seguridad del Estado de Estambul, ha comenzado a celebrarse un juicio en aplicación del artículo 8 contra 99 de los 1.080 firmantes del libro, incluido el destacado novelista Orhan Pamuk y otros miembros de la élite literaria y artística de Turquía.

La Comisión Europea de Derechos Humanos está examinando una serie de peticiones personales respecto a sentencias aplicadas en virtud del artículo 8. Además, se han enviado informes al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que, el 31 de mayo de 1995, declaró que el encarcelamiento de Günay Aslan, del doctor Haluk Gerger y de Sedat AslantaÕ(11), todos ellos condenados en aplicación del artículo 8, era arbitrario y solicitó al gobierno turco que tomara las medidas necesarias para solucionar la situación. En su decisión, el Grupo de Trabajo expresaba su preocupación en relación con «la naturaleza imprecisa de los cargos previstos en aplicación del artículo 8/1 de la Ley contra el Teerrorismo, que podrían emplearse como un pretexto para cometer graves violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión». El Grupo de Trabajo observaba que los tres hombres no habían incitado a la violencia y, por tanto, la aplicación de este artículo constituía «una violación del derecho a la libertad de opinión y expresión, un derecho garantizado en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»(12).


El Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión ha recibido una invitación para visitar Turquía a fines de este año. Se espera que para entonces el gobierno o los tribunales turcos hayan tomado las medidas necesarias para la liberación permanente de estos presos de conciencia, y para llevar a cabo la reforma de la ley con el fin de evitar procesamientos de este tipo en el futuro.


Avances en relación con la pena de muerte


La ejecución por decapitación de cuatro ciudadanos turcos en Arabia Saudí causó una gran indignación en Turquía y protestas de sectores del gobierno y del público general. Estas ejecuciones reavivaron el debate sobre la pena de muerte en Turquía, y políticos de todas las ideologías realizaron declaraciones de condena contra este castigo. Aunque Turquía es un país abolicionista de facto)la última ejecución se llevó a cabo en 1984), mantiene la pena de muerte en el Código Penal. Actualmente, la condena a muerte de Seyfettin Uzundiz está a la espera de aprobación parlamentaria; las condenas a muerte de cuatro personas están pendientes de la confirmación del Comité Judicial del Parlamento y 26 condenas de muerte esperan la ratificación del Tribunal de Apelación. Muchas otras personas condenadas a muerte se encuentran en distintas etapas del proceso judicial, o en juicios en los que la acusación solicita la máxima pena.


Continúan los abusos de la oposición


En 1995 los grupos armados de oposición han matado a más civiles y prisioneros. Entre estos grupos se encuentran el PKK, el DHKP-C, el Ejército de Liberación de los Campesinos y los Trabajadores Turcos (TIKKO) y el Frente de Luchadores Islámicos del Gran Oriente (IBDA-C).


El informe Turquía: La negación como sistemaindicaba que el PKK había sido responsable de casi 400 homicidios de prisioneros y civiles desde principios de 1993, y que la mayoría de las víctimas eran campesinos kurdos que participaban en el sistema de guardias locales, armados por el gobierno. El informe señalaba que con frecuencia el PKK también mataba a los familiares de los guardias locales, incluidas mujeres y niños, y ofrecía varios ejemplos de estos abusos. En respuesta pública a este informe, Ali Sapan, del Frente de Liberación Nacional del Kurdistán, frente popular creado por el PKK, afirmó que los campesinos y los maestros a los que había matado el PKK eran «miembros de MIT» (agencia de inteligencia turca) o guardia locales y que «el número de personas muertas es muy limitado».


Amnistía Internacional ha recibido muchos informes verosímiles sobre civiles muertos en ataques del PKK. Amnistía Internacional no tiene ningún motivo para creer que el maestro Ersoy Yorulmaz (mencionado en Turquía: La negación como sistema), abatido a tiros por militantes del PKK en TaÕkesenli, provincia de Erzurum, perteneciese a las fuerzas paramilitares. Además le hicieron prisionero antes de matarlo. El artículo común 3 de la Convención de Ginebra, que el PKK afirma respetar, prohíbe de forma explícita los malos tratos o el homicidio de prisioneros.


Un solo civil o prisionero víctima de un homicidio deliberado de este tipo ya sería demasiado. Pero, en realidad, las víctimas se cuentan por centenares, y continúa aumentando el número.


El 14 de enero de 1995, dos kurdos iraníes, Asker Tahirolu y Zeya Naz2m, fueron secuestrados y, al parecer, interrogados mediante tortura por los «equipos metropolitanos» del PKK antes de matarlos a tiros. El 29 de enero se encontraron sus cadáveres en un lugar boscoso al noroeste de Estambul, con cortes profundos y los lóbulos de las orejas cortados.


Según informes, el 25 de junio, unos miembros armados del PKK que realizaron una incursión en la meseta de OlukbaÕ2, Osmaniye, región de Adana, secuestraron y mataron a tiros a Ali Niyazi Bila, Ali YokuÕy Aliye YokuÕ.


El 25 de agosto, unas personas armadas secuestraron a Zülküf K2l2ç y a dos hermanos pequeños de éste, Kadir (de 16 años) y Halim (de 13), en el pueblo de Aa, distrito Çat de Erzurum. Fuentes oficiales aseguran que el PKK fue responsable, y hay precedentes de abusos del PKK en la zona. El 27 de octubre de 1993, unos miembros armados del PKK secuestraron y mataron a 32 hombres, incluidos seis niños de Yavi, distrito de Çat.


Al parecer, la organización ilegal DHKP-C fue responsable del estrangulamiento de Latife Ereren en la Cárcel Samalc2lar de Estambul, donde estaba detenida por pertenecer a dicha organización. Según parece, la mataron porque creían que era una informante de la policía. Según los informes, el DHKP-C también mató a Hasan Levent el 16 de junio en Estambul por haber facilitado información a la policía sobre el paradero de un presunto miembro de la organización ilegal que murió posteriormente en una operación policial.



INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: EUR 44/87/95/s

Distr: SC/CO/GR

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TURQUÍA

Incumplimiento de la promesa de reforma





RESUMEN


Este documento actualiza Turquía: La negación como sistema(Índice AI: EUR 44/01/95/s) y su actualización (Índice AI: EUR 44/24/95), ambos publicados en febrero de 1995. En él se contiene nueva información sobre las preocupaciones descritas en estos informes así como otras noticias ocurridas hasta septiembre de 1995.


ACCIONES RECOMENDADAS


Este documento está pensado para su uso en el trabajo con sectores específicos y para informar a los gobiernos, los contactos y los medios de comunicación de cada país. Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento, y que se archiva debidamente para futuras consultas.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a: todas las Secciones, los grupos de Coordinación de Turquía y a los coordinadores de la Red de Acción Regional de Turquía (TURKRAN).


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(1) Traducción no oficial

(2) Referencia a un incidente que se produjo en 1990, cuando un oficial de la gendarmería intentó obligar a los habitantes del pueblo de YeÕilyurt, cerca de Cizre, provincia de Ô2rnak, a comer excrementos humanos. El oficial en cuestión fue condenado por malos tratos, pero la decisión del tribunal fue revocada posteriormente. Una petición personal al Consejo de Europa realizada por los habitantes del pueblo, detenidos repetidamente por los gendarmes mientras se celebraba el juicio, concluyó con un «acuerdo amistoso».

(3) En mayo de 1995, una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la CSCE visitó Turquía por invitación del Parlamento turco. En junio emitió un informe redactado con mucha cautela en el que se hacía hincapié en la necesidad urgente de reformar el artículo 8, y ponía en duda la efectividad de las medidas tomadas por el gobierno turco para evitar la tortura.

(4) Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Declaración Pública sobre Turquía, 15 de diciembre de 1992.

(5) Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Informe en aplicación del artículo 20, Convención contra la Tortura, 9 de noviembre de 1993.

(6) Safyettin Tepe es primo de Ferhat Tepe, corresponsal en Bitlis del periódico de propiedad kurda Özgür Gündem(Programa Libre), secuestrado el 28 de julio de 1993, que fue visto por testigos bajo custodia policial, y cuyo cadáver con signos de tortura fue hallado ocho días después en un lago a unos 250 kilómetros. Sus asesinos no han sido procesados. Tras la muerte de Ferhat Tepe, Safyettin Tepe trabajó como corresponsal, en un principio para el periódico de propiedad kurda Özgür Ülke(Tierra Libre, sucesor de Özgür Gündem) en Adana y, tras la orden de cierre que se dictó el 3 de febrero de 1995, para su sucesor Yeni Politika(Nueva Política) que, a su vez, fue clausurado el 16 de agosto. Yeni Politikay sus predecesores informaban sin vacilar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en el sureste. En cada ocasión se obligó a los periódicos a cerrar por orden oficial o amenaza de cierre oficial. Siete corresponsales y once personas que distribuían y vendían estos periódicos fueron asesinadas en circunstancias que llevan a pensar en la participación de las fuerzas de seguridad, y dos periodistas fueron víctimas de «desapariciones». Numerosos directores y otros empleados fueron detenidos y torturados. Muchos de ellos siguen encarcelados y procesados o en espera de juicio. La tortura, la muerte y la «desaparición» de periodistas sería un buen tema de investigación para el Relator Especial sobre la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión en su próxima visita a Turquía este año.

(7) Erdoan K2z2lkaya - misleading medical report after torture(Índice AI: EUR 44/157/91); Alleged Rape and Torture of Midwife Nurse Nazl2Top in Istanbul Police Custody(Índice AI: EUR 44/52/92), y Torture, extrajudicial executions, «disappearance»(Índice AI: EUR 44/39/92).

(8) Equipos Especiales de Operaciones, bajo la autoridad del Ministerio del Interior, entrenados para el combate cuerpo a cuerpo contra miembros armados del PKK.

(9) En su declaración de diciembre de 1992, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura anunció que durante una visita de improviso al Comisaría Central de la Policía de Ankara habían encontrado «una cama baja tipo camilla equipada con ocho correas (cuatro a cada lado) que correspondía perfectamente con la descripción del mueble al que eran atados algunos detenidos cuando les aplicaban descargas eléctricas. Nadie pudo ofrecer una explicación verosímil sobre la presencia de esta cama en lo que se indicaba mediante un cartel como «sala de interrogatorios» ...». [Traducción no oficial]. También se encontraron equipos empleados aparentemente para torturar en la Comisaría Central de la Policía de Diyarbak2r.


(10) «El 27 de julio de 1993 en la Comisaría Central de Policía de Batman, el director de la Policía de Batman y el vicegobernador de Batman informaron a la Comisión de que habían recibido información sobre la existencia de una campamento perteneciente a Hezbolá en la región de Seku, en los pueblos de Gönüllü y Çiçekli, distrito GerçüÕde Batman, y que algunas unidades militares de la región estaban proporcionando ayuda a este campamento; que habían hablado con algunos oficiales de la gendarmería y que varios militares autorizados les habían dicho que los militantes de esta organización habían cometido abusados de confianza y, por esta razón, se irritaron con la organización y rompieron los vínculos». Informe de la Comisión, p. 5. La Comisión escribió a la Comandancia General de la Gendarmería, que negó la existencia de un campamento de ese tipo. El informe observa, sin embargo, que el director de Policía de Batman «a pesar de que había conseguido éxitos en la lucha contra el terrorismo y había desempeñado su puesto con satisfacción, poco después y sin que se diera ninguna explicación, fue destinado a un puesto pasivo en el centro. Es decir, un funcionario público que había informado con sinceridad a la Comisión de todo lo que sabía sobre determinados asuntos terminó por ser destituido de su puesto. Después de este hecho, los funcionarios comenzaron a mostrarse nerviosos con respecto a la Comisión. Algunos responsables públicos que anteriormente habían facilitado información a la Comisión, se negaron a seguir informando y sólo después de una intensa correspondencia proporcionaron datos y documentos.» Informe de la Comisión, p. 6. [Traducción no oficial]

(11) Günay Aslan, escritor y periodista, fue liberado en enero tras cumplir 15 meses de una condena de 20 meses de cárcel en relación con un libro suyo cuyo título podría traducirse por «33 balas», sobre la presunta matanza cometida en algunos pueblos kurdos en Turquía hace más de cincuenta años; el doctor Haluk Gerger, profesor universitario, periodista y miembro fundador de la Asociación de Derechos Humanos, cumple una condena de 20 meses de cárcel por una carta que envió a una reunión en memoria de tres presos políticos ejecutados en 1972. Quedará en libertad en septiembre de 1995; Sedat AslantaÕ, abogado y vicesecretario general de la Asociación de Derechos Humanos, cumple una condena de tres años por un discurso que pronunció ante el Congreso Anual de la Asociación en 1992, en el que hacía referencia a los problemas de la minoría kurda en Turquía. Fue detenido en diciembre de 1994.

(12) Traducciones no oficiales.

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