Document - Turkey: Women confronting family violence









































Al igual que en muchos otros países del mundo, los derechos humanos de cientos de miles de mujeres se violan a diario en Turquía. Se calcula que entre un tercio y la mitad de las mujeres del país son víctimas de violencia física en el seno de sus familias. Son golpeadas y violadas, y en algunos casos incluso las matan o se ven obligadas a suicidarse. Se hacen trueques con niñas, a las que se obliga a contraer matrimonio a muy temprana edad. Este informe destaca casos de mujeres que han padecido violencia a manos de su familia. Se señala en él una situación de abusos y discriminación que puede empezar en el momento del nacimiento, cuando las familias hacen trueques con sus hijas recién nacidas, que son obligadas luego a casarse a muy corta edad. El informe pone de manifiesto una cultura de la violencia que puede colocar a las mujeres en una situación doblemente delicada, tanto como víctimas de la violencia como por el hecho de que se les niega el acceso efectivo a la justicia.

Titulado Turquía: Las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar (Índice AI: EUR 44/013/2004), este informe forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional "No más violencia contra las mujeres", que divulga y condena las violaciones de derechos humanos que se cometen contra las mujeres en todo lo mundo por motivos de género, independientemente de su nivel económico, raza, sexualidad o cultura.

La violencia contra las mujeres constituye un abuso contra los derechos humanos de las mujeres y niñas, incluidos el derecho a la integridad física y mental; el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a la libertad de expresión, a la igualdad y a no sufrir discriminación, y el derecho a la elección en el matrimonio. La violencia puede degenerar en un trato equivalente a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en casos extremos incluso violar el derecho a la vida. La violencia contra las mujeres impide el pleno disfrute de derechos y libertades fundamentales, tales como el derecho a la salud y al empleo. Restringir el acceso de las niñas a la educación constituye, entre otras cosas, una forma de discriminación económica. Tienen menos posibilidades de conseguir un empleo acorde con su potencial en todas las actividades, incluida la política. La restricción del derecho de las mujeres a la educación supone asimismo limitar su acceso a la información sobre sus derechos, en concreto sobre su derecho a elegir cómo vivir, su derecho a verse libres de toda violencia y su acceso a la justicia.

Muchas activistas y organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos en Turquía han tenido el valor de poner de manifiesto la cultura de violencia en la que viven muchas mujeres, que suele pasar desapercibida para el mundo exterior. Ayudan a las víctimas a escapar de hombres violentos y a llevar a sus agresores ante la justicia. Se enfrentan a prejuicios según los cuales las protestas y quejas de las mujeres por malos tratos constituyen una afrenta a la familia. Intentan unir a comunidades profundamente divididas. Se enfrentan a diario a amenazas y agresiones de las familias de las mujeres a las que prestan su apoyo. Las mujeres a las que ayudan no son más que la punta del iceberg.

Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a estas dificultades sin apoyo. El Estado tiene el deber de protegerlas de la violencia cometida no sólo por agentes estatales sino también por particulares y grupos. Según el derecho internacional de derechos humanos, los Estados deben ejercer la diligencia debida para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad, y a verse libres de discriminación, tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Deben aplicar políticas y planes para hacer realidad estos derechos, proteger a las mujeres de los abusos contra ellos y ofrecer resarcimiento y reparación a las víctimas de tales abusos, proporcionándoles, entre otras cosas, centros de acogida.

A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno turco no se haya ocupado de forma adecuada de un fenómeno tan extendido como es la violencia contra las mujeres. No ha garantizado la aplicación efectiva de la legislación existente; y la organización teme que posteriores reformas se vean enfrentadas a la resistencia de los tribunales y de otras partes del sistema de justicia penal. En ninguno de los niveles de éste responden las autoridades con prontitud y rigor a las denuncias de palizas, agresión sexual, hostigamiento u otras formas de violencia en el ámbito familiar presentadas por mujeres. La policía y los fiscales no suelen investigar la violencia contra las mujeres ni formular cargos contra sus perpetradores. No se alienta a las mujeres a denunciar a sus agresores y prácticamente no reciben ninguna protección eficaz contra la venganza de sus maridos y familiares. A los responsables –entre los que figuran los jefes de los consejos de familia–, rara vez se los lleva ante la justicia. Se han producido escandalosas dejaciones a la hora de hacer cumplir la ley en tribunales que siguen culpando a las mujeres de las agresiones, las violaciones, e incluso los homicidios de que son víctimas y atribuyendo menor responsabilidad a sus agresores por motivos de "honor".

El informe de Amnistía Internacional Turquía: Las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiarconcluye con una serie de recomendaciones de la campaña "No más violencia contra las mujeres" en las que se insta a la comunidad internacional, el gobierno turco y los líderes comunitarios y religiosos a que expresen públicamente y siempre que tengan oportunidad su compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres. Las recomendaciones formuladas al gobierno turco se centran en las reformas necesarias para erradicar dicha violencia.

Este texto resume el documento titulado Turquía: Las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar (Índice AI: EUR 44/0013/2004), publicado por Amnistía Internacional el 2 de junio de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten http://web.amnesty.org/library/es1index.













Índice





Introducción 4

¿Qué es la violencia contra las mujeres? 4

Escala de la violencia 5

Discriminación y violencia contra las mujeres 7

Matrimonio forzado 8

Matrimonios precoces 9

Prostitución forzada 11

La cultura de la violencia 12

Violencia tolerada 13

"No seremos el honor de nadie" 15

Resarcimiento, no excusas 17

Ni se protege ni se procesa 17

Indulgencia con los delitos en nombre del "honor" 21

Retando a la violencia 22

Abriendo caminos 22

Violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres 23

Mejorar la seguridad de las mujeres en sí mismas 24

El deber de ofrecer protección y resarcimiento 25

Normas internacionales de derechos humanos 25

Legislación nacional 28

Obligaciones del Estado 31

Diligencia debida 31

Prevención de la violencia contra las mujeres 32

Recomendaciones a la comunidad internacional 32

Recomendaciones al gobierno turco 33

Recomendaciones a las autoridades religiosas y comunitarias 34


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Introducción

Güldünya Tören llamó "Esperanza" a su hija recién nacida. Sabía que, probablemente, a ninguna de las dos les quedara mucho tiempo de vida. Al quedarse embarazada se había negado a casarse con su primo, por lo que fue enviada a casa de su tío, en Estambul. Allí, uno de sus hermanos le dio una cuerda y le dijo que se ahorcara. Se escapó y rogó que le dieran protección policial, pero le aseguraron que su tío y su hermano habían prometido no matarla. Según informes, en febrero de 2004, semanas después del nacimiento de la niña, sus hermanos dispararon contra ella en la calle, dejándola herida. Desde la cama del hospital rogó a la policía que la salvara. La dejaron sola para enfrentarse con sus asesinos, quienes, aprovechando la falta de vigilancia, entraron en el hospital a altas horas de la noche y le dispararon en la cabeza. Poco después, la máquina que la mantenía con vida fue apagada(1).

La pareja de "Zeynep"’ le asestó al menos 52 puñaladas delante de su hijo de siete años. El niño no fue el único testigo; al menos 10 agentes de policía presenciaron la agresión, que también fue fotografiada y grabada en video por periodistas. "Podrían haber intervenido, pero al parecer no tenían permiso –cuenta ‘Zeynep’–. ¡¿De qué permiso hablan?! Yo los considero culpables. Cuando vi que la policía había llegado me sentí aliviada; evidentemente venían a salvarme. Pero no hicieron nada". La familia del agresor, a saber que se habían formulado cargos contra él por intento de asesinato, amenazó con matar a "Zeynep" y a sus abogadas(2). Los 10 agentes de policía fueron inicialmente suspendidos, pero se reincorporaron luego al servicio activo al determinar el Ministerio del Interior que no había motivos para expedientarlos.(3)

Güldünya Tören y Umut. © Particular

Al igual que en muchos otros países del mundo, los derechos humanos de cientos de miles de mujeres se violan a diario en Turquía. Se calcula que entre un tercio y la mitad de las mujeres del país son víctimas de violencia física en el seno de sus familias. Son golpeadas y violadas, y en algunos casos incluso las matan o se ven obligadas a suicidarse. Se hacen trueques con niñas, a las que se obliga a contraer matrimonio a muy temprana edad.

La violencia contra las mujeres y las niñas constituye un abuso contra sus derechos humanos, incluidos el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la elección en el matrimonio. La violencia puede degenerar en un trato equivalente a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en casos extremos incluso violar el derecho a la vida. La violencia contra las mujeres impide el pleno disfrute de derechos y libertades fundamentales como el derecho a la sanidad y al empleo. Los Estados que no protegen los derechos de las mujeres pueden ser llevados ante la justicia por violaciones de derechos humanos por cuanto que no han impedido la violencia, no han garantizado sanciones penales adecuadas y no han proporcionado resarcimiento.

La mayor parte de estos abusos se producen a manos de maridos, hermanos, padres e hijos. Sus autores actúan a veces bajo las órdenes de consejos familiares, reuniones de la familia o de los jefes del clan que deciden cuál ha de ser el "castigo" para las mujeres consideradas culpables de infringir los códigos tradicionales de honor. Demasiado a menudo, la tradición sirve como pretexto para actos de brutalidad cometidos contra las mujeres por haberse atrevido a elegir cómo llevar su vida. La causa subyacente de la violencia es la discriminación, que niega a las mujeres la igualdad con los hombres en cada aspecto de la vida.

La violencia contra las mujeres es ampliamente tolerada e incluso aprobada por los líderes comunitarios, así como en los niveles más altos del gobierno y de la judicatura. Las autoridades rara vez realizan investigaciones a fondo de las denuncias de agresión, asesinato o presunto suicidio de mujeres. Los tribunales siguen reduciendo la condena a los violadores si éstos prometen casarse con la víctima, a pesar de las medidas que se han tomado recientemente para poner fin a esta práctica.

Muchas activistas y organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos en Turquía han tenido el valor de poner de manifiesto la cultura de violencia en la que viven muchas mujeres, que suele pasar desapercibida para el mundo exterior. Ayudan a las víctimas a escapar de hombres violentos y a llevar a sus agresores ante la justicia. Se enfrentan a prejuicios según los cuales las protestas y quejas de las mujeres por malos tratos constituyen una afrenta a la familia. Intentan unir a comunidades profundamente divididas. Se enfrentan a diario a amenazas y agresiones de las familias de las mujeres a las que prestan su apoyo. Las mujeres a las que ayudan no son más que la punta del iceberg.

Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a estas dificultades sin apoyo. El Estado tiene el deber de protegerlas de la violencia cometida no sólo por agentes estatales sino también por particulares y grupos. Según el derecho internacional de derechos humanos, los Estados deben ejercer la diligencia debida para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad, y a verse libres de discriminación, tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Deben aplicar políticas y planes para hacer realidad estos derechos, proteger a las mujeres de los abusos contra ellos y ofrecer resarcimiento y reparación a las víctimas de tales abusos.

En Turquía, gracias a una fuerte labor de cabildeo y a las campañas realizadas por activistas de los derechos de las mujeres, las propuestas de protección jurídica de las mujeres se han ido fortaleciendo. En 2003 se entablaron importantes debates sobre reformas y se rechazaron por medio de un proyecto de Código Penal partes de éste que discriminan a las mujeres. El Parlamento aún tiene que aprobar el proyecto revisado de Código Penal, lo que hará al parecer en torno a julio de 2004. Entre las reformas propuestas están las de restringir la facultad de los tribunales para reducir la condena a los perpetradores de delitos en nombre del "honor", abolir la postergación de la condena a los hombres que se casan con las mujeres que secuestran o violan y no permitir como eximente el presunto "consentimiento" de una niña a la violación. Dos juicios recientes han concluido con condenas que reflejan una conciencia nueva dentro de la judicatura con respecto al horror de los delitos en nombre del "honor".(4)

A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno turco no haya garantizado la aplicación efectiva de la legislación existente y teme que posteriores reformas se vean enfrentadas también a la resistencia de los tribunales y de otras partes del sistema de justicia penal. La policía no suele investigar ni formular cargos contra los perpetradores de la violencia contra las mujeres. No se alienta a las mujeres a denunciar a sus agresores y prácticamente no reciben ninguna protección eficaz contra la venganza de sus maridos y familiares. A los responsables –entre los que figuran los cabezas de los consejos de familia– rara vez se los lleva ante la justicia. Se han producido escandalosas dejaciones a la hora de hacer cumplir la ley en tribunales que siguen culpando a las mujeres de las agresiones, las violaciones, e incluso los homicidios de que son víctimas y atribuyendo menor responsabilidad a sus agresores por motivos de "honor".

Este documento forma parte de una serie de informes publicados en el contexto de la campaña "No más violencia contra las mujeres", emprendida por Amnistía Internacional en marzo del 2004(5). Esta campaña, de ámbito mundial, resalta el hecho de que muchos países no previenen, investigan ni castigan la violencia contra las mujeres. A través de ella, Amnistía Internacional se une a las mujeres y a los hombres que luchan contra este tipo de violencia. Algunas de estas personas han logrado cambios muy importantes de leyes, políticas y prácticas. Amnistía Internacional espera demostrar cómo el enfoque de los derechos humanos puede galvanizar la participación del Estado, de la comunidad y de hombres y mujeres de todo el mundo en los esfuerzos por combatir y vencer la violencia contra las mujeres.

Al llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres en Turquía, Amnistía Internacional no sugiere en absoluto que la violencia contra las mujeres sea un fenómeno exclusivo de este país. Tampoco es su deseo centrarse en lo que la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer ha descrito como "la mirada arrogante desde fuera" sobre determinadas prácticas culturales de Turquía(6). La violencia contra las mujeres se produce en todo el mundo por motivos de amor, celos, pasión, honor o tradición. Amnistía Internacional considera que ninguno de estos motivos puede en ningún caso justificarla. Las investigaciones y acciones de Amnistía Internacional se basan en los motivos de preocupación determinados por quienes defienden los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particulardentro de Turquía y en los cambios por los que abogan. En el presente informe se exponen casos individuales de mujeres que han sufrido violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, las recomendaciones formuladas en él se centran en las reformas que es necesario hacer en los sistemas y estructuras gubernamentales para proteger a todas las mujeres de la violencia y en el modo de ponerlas en práctica.

En este informe, Amnistía Internacional hace un llamamiento para que las mujeres que han padecido violencia puedan ejercer su derecho a recibir protección, reparación y resarcimiento. En las recomendaciones al gobierno, el informe insta a prevenir la violencia contra las mujeres y, en los casos en que sea imposible hacerlo, a llevar un registro y un seguimiento de ella. Se hace asimismo un llamamiento para que la policía, el poder judicial y demás funcionarios actúen con prontitud y eficacia ante las denuncias y las amenazas de violencia contra las mujeres. Son necesarias muchas más casas de acogida para mujeres que huyan de parejas o familias violentas. A tales mujeres se les debe proporcionar acceso con prontitud a los mecanismos judiciales y servicios de salud apropiados. Las autoridades deben cooperar con los grupos pro derechos de las mujeres y con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) en la tarea de poner fin a la restricción del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su vida –la elección de su pareja, cómo expresan su sexualidad, su movilidad y acceso a los derechos sociales y económicos, su participación en la vida política e incluso su derecho a marcharse de casa–.

Este informe se basa en investigaciones de estudiosos y en las propias investigaciones de Amnistía Internacional sobre Turquía, incluidas visitas realizadas al país en junio y julio de 2003, así como en información de ONG, abogados y medios de comunicación turcos. La Estructura de coordinación de Amnistía Internacional en Turquía también ha participado en la elaboración del informe. Existen considerables dificultades para la investigación en este campo, especialmente a la hora de contactar directamente con mujeres víctimas de abusos. Amnistía Internacional ha trabajado con mujeres a las que, por miedo a verse aisladas o acusadas de "deshonor" o porque consideraban que no tenían derecho a hablar de la violencia que habían padecido, les costaba protestar por los malos tratos. A pesar de los obstáculos, muchas sí encuentran el coraje para hablar. Su valentía merece el reconocimiento y el apoyo de su gobierno y de la comunidad internacional.

A menudo ha sido necesario cambiar los nombres de las supervivientes de violencia cuyos casos se exponen en el presente informe, por lo que figuran entrecomillados. Las excepciones son mujeres adultas que han dado su consentimiento a que se utilicen sus nombres. La cobertura morbosa y sensacionalista que dan los medios de comunicación de Turquía a los casos de violencia contra las mujeres a menudo humilla a las víctimas e incrementa su sufrimiento. Amnistía Internacional ha utilizado los nombres reales de las mujeres y niñas que han muerto.

¿Qué es la violencia contra las mujeres?

Hablamos con mujeres y les preguntamos: ¿has padecido violencia? Dicen que no. Entonces les preguntamos: ¿alguna vez te han pegado? Sí, claro. Suelen considerar que la violencia es algo que hace que tengas que ir al hospital. Activista de los derechos de las mujeres en Estambul(7)

Definición de la violencia contra las mujeres

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(8) define la violencia contra las mujeres como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Interpretaciones recientes de esta definición también incluyen el concepto de "privación económica de la víctima".(9)

Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la violencia basada en la pertenencia al sexo femenino es una violencia "dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada".(10)

En su preámbulo, la Declaración describe la violencia contra las mujeres como "manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer" y como uno de los "mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre".

La Organización Mundial de la Salud ha definido la violencia a manos de la pareja como cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que cause daño físico, psicológico o sexual, incluyendo:

• Los actos de agresión física, como bofetadas, golpes, patadas y palizas

• Los abusos psicológicos, como la intimidación y el menosprecio y humillación constantes

• Las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coerción sexual

• Los comportamientos de control, como aislar a una persona de su familia y amigos, controlar sus movimientos y restringir su acceso a la información o ayuda(11).

En Turquía, la violencia contra las mujeres a manos de miembros de la familia cubre la totalidad de la gama, desde privar a las mujeres de elementos económicos indispensables hasta las palizas, la violencia sexual y el homicidio, pasando por la violencia verbal y psicológica Muchos actos de violencia implican prácticas tradicionales, como delitos en nombre del "honor", matrimonios forzados (incluido el matrimonio a edad temprana), trueques de mujeres para evitar el pago de dotes y otros gastos del matrimonio (berdel) y matrimonios preestablecidos en los que las familias hacen trueques con sus hijas recién nacidas, obligándolas a casarse tan pronto como son consideradas de edad suficiente para ello (besik kertmesi). Algunas mujeres que, aparentemente, se suicidan, en realidad son asesinadas u obligadas a matarse por miembros de la familia. Aunque los hombres también pueden verse sometidos a violencia en el ámbito familiar, la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres.

El hecho de centrarse en los abusos físicos puede ocultar las demás formas de violencia utilizadas contra las mujeres, de la misma manera que centrarse únicamente en los delitos en nombre del "honor" puede distraer la atención de la violencia habitual que padecen muchas mujeres a diario. Además, aunque muchas mujeres se adecuan a las expectativas de su familia y comunidad y no son sometidas a violencia física, viven permanentemente bajo amenaza. El ejemplo de otras mujeres a las que se ha aislado socialmente, golpeado o matado sirve como advertencia suficiente para restringir su comportamiento y limitar sus elecciones en la vida.

Escala de la violencia

La información estadística sobre el alcance de la violencia contra las mujeres en Turquía es limitada y poco fiable. Al igual que en muchos otros países, no se han realizado esfuerzos organizados por determinar su extensión. En 1994 se produjo un escándalo público ante los resultados de un estudio de la Oficina de la Condición de la Mujer, según los cuales más del 40 por ciento de los hombres consideraban aceptable "disciplinar" a mujeres y niños con métodos violentos. En el censo del año 2000 no se incluyeron preguntas sobre violencia contra las mujeres.

Amnistía Internacional considera que entre las primeras medidas que los gobiernos deben tomar para erradicar la violencia contra las mujeres han de figurar un registro exhaustivo y un seguimiento estadístico de su incidencia, independientemente de lo insoluble que parezca el problema.

En todo el mundo, se estima que una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a otros abusos a lo largo de su vida. El agresor suele ser un miembro de su propia familia o algún conocido. Entre el 40 y el 70 por ciento de las mujeres asesinadas mueren a manos de su pareja.(12) Una serie de estudios a pequeña escala realizados en Turquía sugieren que las tasas de violencia contra las mujeres pueden ser similares o incluso más altas en este país.

· En un estudio sobre mujeres que habían llamado a una línea de teléfono de emergencia se determinó que el 57 por ciento habían sufrido violencia física; el 46,9 por ciento, violencia sexual; el 14,6 por ciento, incesto, y el 8,6 por ciento, violación.(13)

· Una encuesta realizada en 1995 a mujeres que vivían en casas ocupadas de forma ilegal (gecekondu) en la capital, Ankara, reveló que el 97 por ciento habían sido agredidas por sus maridos.(14)

· Una encuesta a familias de ingresos medios y altos realizada en 1996 mostró que, al preguntarles por primera vez, el 23 por ciento de las mujeres decían que sus maridos habían sido violentos con ellas, pero que esta cifra ascendía al 71 por ciento al hacerles preguntas sobre formas específicas de violencia.(15)

· Otro estudio estimó que el 58 por ciento de las mujeres sufrían violencia en el ámbito familiar, no sólo manos de maridos, novios y hermanos, sino también a manos de miembros de la familia del marido, incluidas las mujeres.(16)

· En un estudio realizado con un grupo de mujeres de clase media y alta, se descubrió que el 63,5 por ciento habían sufrido algún tipo de agresión sexual.(17)

· En otro estudio, de 40 mujeres muertas violentamente, 34 habían muerto en casa, 20 habían aparecido ahorcadas o envenenadas, 20 mostraban claras señales de haber sido asesinadas y 10 habían sufrido violencia en el ámbito familiar antes de la muerte.(18)

· Una encuesta realizada en centros de salud de la ciudad de Bursa, en el noroeste de Turquía, reveló que el 59 por ciento de las mujeres eran víctimas de violencia.(19)

· Una encuesta realizada a 1.259 mujeres por la Fundación Tejado Púrpura (Mor Çati), entre 1990 y 1996 reveló que el 88,2 por ciento de ellas vivían en un ambiente de violencia y que el 68 por ciento eran golpeadas por sus maridos.(20)

· Según otro estudio realizado en Ankara, el 64 por ciento de las mujeres examinadas sufrían violencia a manos de sus maridos; el 12 por ciento, de maridos de los que se habían separado; el 8 por ciento, de compañeros con los que vivían, y el 2 por ciento, de familiares de su marido. El 16 por ciento declararon que sus maridos las habían violado.(21)

· Un estudio de 599 mujeres del sureste del país reveló que el 51 por ciento habían sido víctimas de violación conyugal, y el 57 por ciento, de violencia física.(22)

Atreverse a hablar

"Hace esto delante de todo lo mundo, de toda la comunidad. No aguanto verla sentada a la puerta de su casa, llorando, con sangre que le corre por la boca. Todos ven y oyen cómo la golpea y la maltrata […] Le apaga cigarrillos en las manos", explicó, en una reunión de mujeres en Izmit, una vecina de "Emine", haciendo un llamamiento para que se apoyara a ésta. "Emine" no miraba a los ojos a nadie. "No se fija en mí […] no sé qué hacer. He intentado cambiar mi forma de vestir, pero no parece que sirva de nada –dijo–. A mi marido le gustan las mujeres que cuidan más de su aspecto […] a veces me dice que no me ocupo lo suficiente de la casa".

El hecho de que la comunidad de "Emine" no actuara a pesar de abusos tan evidentes hacía que la mujer pasara, en efecto, desapercibida. Sin embargo, ella ha dado el primer paso. Se ha atrevido a hablar. Ahora compete a las autoridades hacer que su voz sea escuchada.(23)

Discriminación y violencia contra las mujeres

La discriminación contra las mujeres y la violencia están muy interrelacionadas. De hecho, la recomendación general 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirma que la violencia de género es una forma de discriminación que afecta gravemente al disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres.(24) La discriminación contra las mujeres empieza cuando nacen. En algunas zonas, las familias hacen trueques con sus hijas recién nacidas y obligan a las niñas a casarse a edades muy tempranas. En la etapa educativa, el número de niñas que van a la escuela o que cursan luego estudios superiores es menor que el de niños. Cuando son adultas, las mujeres se enfrentan a trato discriminatorio en el hogar, en la comunidad y en el empleo. La violencia física a la que se enfrentan en sus hogares y comunidades puede traumatizarlas, malherirlas o matarlas.

Aunque la violencia contra las mujeres es un fenómeno universal, en muchos casos va dirigida específicamente contra ellas debido a su origen étnico, clase, cultura, identidad sexual o condición de seropositivas. El Turquía, la cultura de la violencia puede colocar a las mujeres en una situación doblemente delicada, tanto como víctimas de violencia como porque se les niega el acceso efectivo a la justicia. Especialmente arriesgada es la situación de las mujeres de grupos vulnerables, como las familias con ingresos bajos o que huyen de conflictos o desastres naturales.

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) ha determinado que entre los factores culturales asociados a los niveles más altos de violencia en el ámbito familiar y comunitario figuran la aplicación de un doble rasero sexual, la distribución rígida de papeles entre hombres y mujeres, la falta de acceso a la educación, el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo, las actitudes comunitarias que toleran el "castigo" físico de las mujeres y los niños y la aceptación de la violencia como forma apropiada de resolver conflictos.(25)

Si no habéis podido recibir una educación, no es vuestra culpa; es del gobierno. Hüseyin Çelik, ministro de Educación, dirigiéndose a unas escolares en la localidad de Van, junio de 2003

Para las mujeres, la restricción de su derecho a la educación supone restringir su acceso a la información sobre sus derechos, en particular sobre su derecho a elegir cómo vivir, a no verse sometidas a violencia y a tener acceso a la justicia. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hay 640.000 niñas en Turquía que no reciben la educación obligatoria, aunque las mujeres tienen derecho a la igualdad en la educación por ley.(26) De la población mayor de 14 años de edad, el 77 por ciento de las mujeres y el 93 por ciento de los hombres saben leer y escribir. Los niños tienen más posibilidad que las niñas de seguir recibiendo educación al concluir la escuela primaria.(27) Los libros escolares refuerzan los estereotipos de género que presentan a los hombres en papeles de liderazgo y a las mujeres realizando tareas domésticas.(28) Según UNICEF, el gobierno tiene parte de la culpa de la discriminación por razones de género en la educación. Con el apoyo de UNICEF, en 2003 el gobierno turco lanzó una campaña para conseguir que todas las niñas fueran a la escuela.

La cultura de la violencia contra las mujeres en Turquía tiene consecuencias indirectas en la educación de las niñas. Aunque todos los profesores tienen que trabajar en zonas rurales al inicio de sus carreras profesionales, en general las mujeres tienden menos a buscar puestos en escuelas de pueblo, en algunos casos por temor a la violencia. Esto priva al alumnado de las zonas rurales de modelos femeninos, cuya presencia en la educación también podría alentar a las familias a enviar a sus hijas a la escuela.

Privar a las niñas de educación constituye, entre otras cosas, una forma de discriminación económica. Tienen menos posibilidad de realizar completamente su potencial en todas las áreas de empleo, incluida la política. Los hombres perciben salarios más altos: los salarios de las mujeres equivalen a entre el 20 y el 50 por ciento de los salarios de los hombres. Los hombres tienen el 92 por ciento de toda la propiedad y aproximadamente el 84 por ciento del producto nacional bruto. Las mujeres están infra representadas en la vida política. Tras las elecciones de 2002, sólo 24 de los 550 diputados del Parlamento eran mujeres. Poca respuesta recibieron los llamamientos realizados por la organización de mujeres Asociación para el Apoyo y la Educación de Candidatas (Kadin Adaylari Destekleme ve Egitme Dernegi, KA-DER) con el fin de que los partidos presentaran a mujeres en sus candidaturas para las elecciones locales de 2004. Sólo el uno por ciento de los representantes locales elegidos en 2004 son mujeres, y sólo hay una ministra en el gobierno nacional. Entre otras razones, las altas tasas de inscripción requeridas para ser candidato político disuaden a muchas de las candidatas potenciales.

Sumados al empobrecimiento de las mujeres, que puede ser coincidente con la violencia o resultado de la misma (investigaciones al respecto realizadas en todo el mundo demuestran que es un factor importante a la hora de determinar si las mujeres toman la decisión de abandonar una relación violenta), los efectos de la violencia sobre la salud pueden ser desastrosos. El Consejo de Europa aprobó en 2002 una recomendación que declaraba que la violencia contra las mujeres es un problema público y político y una de las causas principales de muerte y discapacidad para las mujeres de entre 16 y 44 años de edad.(29) Las mujeres corren el riesgo de que las maten, de ser llevadas al suicidio o de sufrir lesiones o padecer depresiones, dolores crónicos, desórdenes psicosomáticos, problemas de salud reproductiva, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual u otras dolencias. Los efectos de la violencia pueden prolongarse mucho tiempo después de cesar los abusos, y pueden ser acumulativos.

Matrimonio forzado

El matrimonio forzado, en contraste con el matrimonio arreglado, ha sido descrito como "cualquier matrimonio realizado sin el consentimiento válido de ambas partes y que puede implicar coerción, abuso psicológico, chantaje emocional y una intensa presión familiar o social. En los casos más extremos, también puede implicar violencia física, abusos, secuestro, reclusión y asesinato de la persona en cuestión".(30)

Un estudio realizado en varias provincias del este y sudeste de Turquía, en donde el acceso de las mujeres a la educación y a los servicios es más restringido que en otras partes del país, reveló que el 45,7 por ciento de las mujeres no habían sido consultadas en la elección de su cónyuge y que al 50,8 por ciento las habían casado sin su consentimiento. En el mismo estudio, la proporción de mujeres no casadas que pensaban que sus familias determinarían su matrimonio iba desde el 57 por ciento, en el caso de las mujeres sin educación primaria o con la educación primaria inacabada, hasta el 9,3 por ciento, en el de las mujeres con educación secundaria o superior.(31)

Los hombres han utilizado el matrimonio forzado para evadir el castigo por agresión sexual, violación o secuestro. El gobierno ha propuesto eliminar del proyecto de nuevo Código Penal la disposición que permite suspender o reducir el castigo por estos delitos si el perpetrador se casa con su víctima. En su contribución al debate sobre la eliminación de esta laguna legal, el ministro del Interior, Abdulkadir Aksu, informó en noviembre de 2003 de que la ley había permitido reducir la condena a 546 hombres en 2002 y a otros 163 hombres en los primeros cuatro meses de 2003 tras ser declarados culpables de "tomar la virginidad de una persona con la promesa de casarse con ella".(32)

Sin consentimiento

En Samsun, en el norte de Turquía, se dejó en libertad, por aplazamiento de su condena de siete años de prisión, a un violador convicto por aceptar casarse con la niña de 14 años de edad a la que había violado. La muchacha declaró ante el tribunal que no podía pasear por su pueblo ni hablar con nadie porque sentía mucha vergüenza.(33)

Una mujer de Urfa que había sido golpeada durante los siete años de su matrimonio volvió con su familia, que vivía en otra ciudad. Su marido le había roto varias costillas y se encontraba recibiendo tratamiento médico. Al enterarse de que su padre pensaba devolverla a su marido cuando se recuperara, se ahogó, junto con sus tres hijos, en el río Éufrates.(34)

El matrimonio forzado viola el derecho de la mujer a elegir a su pareja, derecho proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos(35) y previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(36) y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tratados en los que Turquía es Estado Parte. Es más, las consecuencias pueden ser graves: negarse a ello puede significar la muerte. Puede ocurrir que las mujeres tengan que someterse a la violencia, porque, en muchos casos, cuanto regresan con su familia tratando de huir de la violencia de su pareja son obligas a volver con ésta.

En algunas provincias, continúa la práctica del berdel, consistente, como dijimos anteriormente, en intercambiar niñas – se casa a la niña con un hijo de otra familia (o del mismo clan), la cual entrega a cambio, en matrimonio, a una hija suya – para no tener que pagar las dotes.

Se dice que hay mujeres que han sido obligadas a casarse con miembros de otra familia a modo de indemnización por una "disputa de sangre", con lo que se evita que su familia tenga que dejar que maten a un hijo suyo. En otros casos, los hombres secuestran a la niña como venganza por una afrenta o un desaire cometidos por su familia o por la familia del hombre con el que se la pretende casar. Debido a ello, puede ocurrir que la niña ya no resulte "aceptable" para el matrimonio.

Matrimonios precoces

Fui abogada defensora en una causa sobre una niña que había sido violada por un hombre casado en la casa donde trabajaba. El juez le dijo al hombre: "Vaya, ¡eres todo un portento!".Me puse en pie para protestar, porque quería que se recusara al juez, pero el hermano mayor de la niña me dijo que no, que me volviera a sentar. Dijo:"Hay un señor mayor que ha acordado casarse con ella [a pesar de todo esto]. Si el proceso se alarga, puede que cambie de idea". Relato de una abogada de Ankara.(37)

Cuando "Mía" tenía 13 años, su hermano la vendió con objeto de casarla. Pastor y su único pariente vivo en el pueblo, tenía ya tres hijos, y "Mía" era otra boca más para alimentar. Las negociaciones se realizaron a través de unos vecinos. "Mía" dio su "consentimiento", y le pusieron un pequeño brazalete de oro en el brazo. El hombre que la compró y su padre la violaron. Cuando su hermano la visitó en Estambul, estaba demasiado avergonzada para hablar de la violación pero sí le dijo que no quería casarse. Él le dijo que se acostumbraría con el paso del tiempo. Tras pasar tres meses encarcelada en una casa, fue vendida para que ejerciera la prostitución y obligada a trabajar en la calle durante un mes amenazada de muerte. Ninguno de sus "clientes" respondió a sus ruegos de ayuda para escapar, aunque algunos pagaron a su "cuidador" sin tener relaciones sexuales con ella. Luego trabajó en un club nocturno, donde siguió pidiendo ayuda a los clientes, a pesar de las amenazas de sus cuidadores. Por fin un hombre con una hija de su edad le permitió usar su teléfono móvil. "Mía" se las ingenió para reunirse con una prima, cuya familia acudió a la policía. El hombre que la había comprado inicialmente y su padre fueron encarcelados, y se iniciaron investigaciones preliminares contra otras 20 personas.(38)

Según la legislación turca, la edad legal para el matrimonio es "cumplidos los 17 años". Una persona menor de 18 años no es adulta legalmente; en estos casos, su familia debe dar permiso para el matrimonio. En circunstancias extraordinarias, un hombre o una mujer también pueden casarse con el permiso de un juez cuando hayan "cumplido los 16 años de edad".(39) Según el derecho internacional de derechos humanos, los menores de 18 años son considerados niños. Los matrimonios forzados y precoces violan las normas internacionales y el derecho turco, pero la ley es ampliamente ignorada en algunas zonas de Turquía. Es frecuente celebrar bodas religiosas (imam nikahi), que no son reconocidas legalmente y que suelen realizarse además de la ceremonia civil, en los casos de matrimonio precoz o polígamo ilegal. Las mujeres que no están casadas legalmente pueden no tener derecho a solicitar la protección de la Ley de Protección de la Familia, de 1998, aunque uno de los fines de esta ley era disuadir de celebrar matrimonios precoces. Los matrimonios entre niños constituyen por definición matrimonios forzados, ya que se considera que un niño no puede dar su consentimiento libremente.(40)

El matrimonio forzado de niñas refuerza la posición de desigualdad de las mujeres en la sociedad, reduce su posibilidad de elegir en la vida y les pone en situación de vulnerabilidad ante la violencia. El embarazo precoz está asociado a efectos nocivos para la salud tanto de la madre como del niño. En la gran mayoría de los casos, la familia de la niña dispone el matrimonio precoz. Cuanto menores son los ingresos de la familia y menor su nivel de educación, mayores son las posibilidades de que se obligue a la niña a casarse a temprana edad. Garantizar el acceso de las niñas a la educación es una de las medidas más eficaces para poner fin a los matrimonios precoces.

Mi padre no quería que fuera a la escuela, así que pronto me sacaron de ella, al cabo de tres años [...] En el lugar en el que trabajaba, uno de los directores me animó, por lo que volví a la escuela a la edad de 14 años para conseguir mi diploma de educación primaria. Fue una persona muy importante para mí […] me daba libros para ayudarme […] yo quería ser médico pero me casé a la edad de 16 años. Cuando mi esposo me golpeó, me marché de casa y volví con mis padres. Mi padre vio a mi marido cuando regresaba a casa esa noche y me dijo que volviera allí antes de que llegara y le preparara la cena. Me negué, y mi padre se enfadó muchísimo conmigo. Aunque mi padre no sabía que mi marido me golpeaba, no habría importado porque él pegaba a mi madre […] Pero mi marido respetaba a mi padre así que las cosas mejoraron un poco después de eso. Quiero que mi hija vaya a la escuela y que estudie.(41)

Prostitución forzada

La tentación, para las familias pobres, de ganar dinero a costa de sus hijas –cobrando el "precio de la novia" a un posible marido– es muy fuerte. En algunos casos la prostitución se ha convertido en otro medio de conseguir ingresos. También puede ocurrir que las familias, bien sea deliberadamente o por negligencia, no se aseguren de que la venta de su hija a un potencial marido no degenere en un caso de trata interna de niñas para la prostitución forzada. Otras veces, las familias sencillamente no protegen a las niñas de la explotación sexual.

Las niñas que tienen mayor riesgo corren de ser vendidas para ejercer la prostitución forzada proceden de familias con pocos ingresos, lo que demuestra que su valor económico es más importante que el llamado "honor" de la familia. Por otro lado, algunos clientes intentan preservar la virginidad de las niñas violándolas oral, anal o digitalmente. Esta práctica vergonzosa permite violar los cuerpos de las niñas mientras se mantiene intacto lo que la sociedad valora más, a saber, el himen.

¿De quién es la vergüenza?

Se dice que decenas de autoridades del gobierno, funcionarios y soldados pagaron a dos mujeres para tener relaciones sexuales con "Zehra", niña de 12 años de edad. En enero de 2003 las dos mujeres fueron detenidas, y posteriormente se detuvo a otras 28 personas contra las que se formularon cargos por "participar en el delito de […] violar y utilizar a una niña de 12 años con fines deshonestos a cambio de dinero, provocando y alentando la prostitución y la privación de libertad". Entre ellas había 18 funcionarios. En una de las audiencias, una muchedumbre compuesta de familiares de los acusados rodeó el tribunal, profiriendo amenazas contra el juez, los funcionarios judiciales, los abogados de "Zehra" y los observadores enviados por organizaciones locales de derechos humanos. El tribunal puso en libertad a seis de los acusados bajo fianza. En una audiencia posterior, celebrada en mayo de 2003, quedaron en libertad los restantes en la espera de juicio. Se permitió a los funcionarios que había entre ellos reincorporarse a sus puestos. No se han atendido las solicitudes presentadas por los abogados de "Zehra" para que el juicio se celebre en otro lugar debido al ambiente amenazador existente.

En la primera audiencia, "Zehra" tuvo que prestar testimonio en sesión pública, a plena vista de los hombres acusados de haberla violado. No se hizo previsión alguna para que pudiera declarar en privado, por medio de una grabación en video o detrás de una pantalla. A raíz de las protestas de varios colegios de abogados y miembros de la sociedad civil de Turquía, las siguientes actuaciones judiciales se celebraron a puerta cerrada para la prensa y el público en general, pero el daño ya había sido hecho. A "Zehra" no la protegieron contra la prensa sensacionalista y morbosa que informó del juicio –denominado por algunos sectores de los medios de comunicación el "caso de la vergüenza"– ni tampoco se le impidió dar entrevistas a periodistas. El caso conmocionó profundamente a la opinión pública turca, y un periódico informó de él con el titular "la humanidad a juicio".(42)

El Estado no reconoció su deber de proteger a "Zehra", y este hecho quedó patentemente demostrado cuando un periódico publicó una carta que ella le había escrito al ministro de Justicia. "¿Qué haría usted si su hija estuviera en mi lugar?", preguntaba la niña en la carta, a la vez que se quejaba del trato que recibía de las autoridades y pedía que los perpetradores fueran llevados ante la justicia con rapidez. "Zehra" fue convocada por el fiscal para prestar declaración, y se insinuó que quizá la acusaran de "insultar o burlarse de un funcionario del Estado". Tras el escándalo público consiguiente, se concluyó la investigación sin formular cargos.

Los abogados y activistas de derechos humanos consideran que el caso de "Zehra" sólo representa la punta del iceberg. Varias niñas de familias pobres de Turquía se han visto atrapadas en situaciones similares, enfrentándose a riesgos inaceptablemente altos de violencia y abusos contra los derechos humanos para verse luego victimizadas aún más por el sistema de justicia penal, los medios de comunicación y el gobierno.

La cultura de la violencia

Turquía acaba de salir de dos décadas de conflicto que ha enfrentado en el sudeste del país a las fuerzas armadas turcas y al grupo armado de oposición Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Se han perdido más de 30.000 vidas en el conflicto y ha habido aproximadamente un millón de desplazados. Las fuerzas de seguridad del Estado han destrozado pueblos y bienes por doquier. La población ha quedado profundamente traumatizada por miles de abusos cometidos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos y "desapariciones" sin resolver, tortura sistemática y graves restricciones de la libertad de expresión. El conflicto ha polarizado y fragmentado a comunidades enteras. La migración interna forzada ha destruido medios de vida, erosionado el sector agrícola y paralizado el desarrollo de la región.

El proceso de reforma cobró más fuerza en agosto de 2002, con la mejora del acceso de las personas bajo custodia judicial a la asistencia letrada, la abolición de la pena de muerte y la autorización de la enseñanza y de la radio y la televisión en lenguas minoritarias. Aunque la mayoría de los habitantes del oeste de Turquía se vieron afectados por el conflicto en un grado menor, se impusieron restricciones a la libertad de expresión y a la disidencia no violenta en todo el país. Los defensores de los derechos humanos siguen haciendo llamamientos para que los perpetradores de abusos contra dichos derechos sean llevados ante la justicia.

Los delitos perpetrados contra las mujeres en el sudeste del país generalmente han quedado impunes. Persisten las violaciones de derechos humanos, las restricciones de la libertad de expresión y la impunidad de las fuerzas de seguridad del Estado.(43) En un contexto en el que resultaba normal la violencia de los agentes del Estado y de los miembros de grupos de oposición armada, el acceso de las mujeres a la justicia por casos de violencia en el ámbito familiar quedaba gravemente limitado, y sigue estándolo.

Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia durante y después de conflictos. Los niveles de violencia doméstica también aumentan durante los periodos de conflicto. Los efectos del conflicto perduran largo tiempo después del fin formal de las hostilidades. Las mujeres que se han visto obligadas a marcharse de sus casas corren más riesgo de sufrir violencia a manos de las fuerzas de seguridad y de los civiles. Las cargas y tensiones propias de vivir en una sociedad post-conflicto, que está sufriendo los efectos de la migración interna forzada, la falta de confianza y la destrucción, recaen cada vez más en las mujeres. El temor a la gran ciudad –el anonimato en que se vive en ella y el hecho de encontrarse entre extraños– puede endurecer actitudes que eran menos intransigentes en el pueblo. Las mujeres jóvenes reclaman libertades previamente desconocidas para ellas, y eligen relaciones con hombres que hacen que el retorno a sus familias resulte imposible sin la amenaza de violencia. Su elección de relaciones también les puede hacer vulnerables a la violencia de hombres que explotan el hecho de que sus opciones sean tan limitadas.

Las personas que se han visto obligadas a marcharse del sudeste del país para encontrar trabajo se enfrentan a unas condiciones de vida precarias en los centros urbanos del oeste y del sur. Las ciudades no dan abasto a la hora de responder a las cargas suplementarias que supone la entrada de millones de desplazados y migrantes económicamente desfavorecidos. En tales condiciones, las mujeres son más vulnerables ante la violencia y tienen más probabilidades de verse expuestas a ella. Las autoridades no vigilan de forma sistemática en todo el país las tasas de violencia contra las mujeres ni se ocupan de que exista la infraestructura necesaria para proteger a las mujeres de la violencia. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente fuera de las zonas urbanas, no cuentan con capacidad suficiente para encargarse de estas funciones. Se ha comprobado que las mujeres afectadas por la violencia ganan menos dinero, corren más riesgo de padecer largos periodos de desempleo y cambian de empleo con mayor frecuencia.

En la escuela, el 64 por ciento del alumnado es golpeado por los profesores o los directores de los centros.(44) En un estudio reciente con hombres que cumplían el servicio militar obligatorio se comprobó que más del 40 por ciento de ellos padecía violencia física.(45) Los estudios demuestran que las personas que utilizan la fuerza y armas de fuego en su trabajo tienen más probabilidades de utilizar la violencia contra sus parejas y sus hijos. Según información recibida por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos de las Mujeres del colegio de abogados de Ankara ha publicado investigaciones sobre esposas de funcionarios de seguridad que sufren violencia en sus hogares.(46) El siguiente relato es un ejemplo de los resultados de dichas investigaciones:

Después del matrimonio empezaron las palizas. Tenía tres informes del Instituto de Medicina Forense en los que se declaraba que yo no había estado en situación de trabajar entre 5 y 7 días [dichos informes indicaban daños físicos o mentales bastante graves]. El tribunal emitió una orden de alejamiento de dos meses contra mi marido [para que no pudiera acercarse a la casa].También ordenaron la confiscación de sus armas. Sin embargo, [mi marido es policía] era la propia policía quien se suponía que debía ejecutar la orden y confiscar las armas. Así pues, estas cosas no ocurrieron. Siguió golpeándome […] me golpeaba con una porra […] una vez fui a la comisaría […]me dijeron que no me podían ayudar. Dijeron: "Mire, su marido es superintendente ¿qué podemos hacer?". Y me enviaron a casa […] Me apunta con una pistola a la cabeza y dice que me va a matar.

Violencia tolerada

Claro que debía pegarte; a saber qué habrás hecho para merecerlo [hermano].Aguanta un poco más. Las cosas cambiarán[al ser encerrada con llave en su casa]

Tu padre también me pegaba. A los hombres no hay que contrariarlos[madre] Informes de la Fundación Tejado Púrpura sobre respuestas de familiares a denuncias de violencia presentadas por las mujeres.(47) Techo Púrpura ha comprobado que sólo una de cada tres mujeres con las que trabaja cuenta con el apoyo de su familia a la hora de combatir la violencia que tiene que soportar en casa.

Quienes defienden los derechos de las mujeres intentan combatir las actitudes comunitarias que toleran la violencia contra ellas y que a menudo son compartidas por jueces, altos funcionarios gubernamentales y líderes de opinión en la sociedad. Incluso después de haber eliminado las reformas legislativas la tolerancia jurídica del trato discriminatorio, las actitudes que presionan a las mujeres para que acaten determinados códigos de conducta limitan sus opciones en la vida.

Incluso en las filas de quienes se supone que defienden los derechos humanos puede no haber ganas de tomar medidas preventivas para fortalecer los derechos de las mujeres. En junio de 2003, el Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados de Esmirna, compuesto en su totalidad por hombres, clausuró el Centro de Derechos de las Mujeres del Colegio alegando que no era necesario.(48) Unas abogadas habían iniciado unos trabajos ciertamente novedosos en el Centro. Habían proporcionado formación a agentes de policía en materia de violencia contra las mujeres y habían realizado importantes avances en la tarea de conseguir unas buenas relaciones de trabajo con representantes de la policía y del poder judicial.

En los niveles más altos de la sociedad hay oposición a las propuestas de reforma del Código Penal que impedirán reducir la pena a los violadores que se casen con sus víctimas. Según información aparecida en la prensa, el profesor de derecho penal Dogan Soyaslan, miembro de la subcomisión redactora del proyecto de Código Penal del Ministerio de Justicia, ha manifestado: "Nadie se casa con alguien que no sea virgen. Si algo así ocurre en una familia, entonces quieren que la niña se case con el individuo en cuestión. Decir otra cosa es una hipocresía. Hay muchos hombres que dirían: ‘si alguien secuestra a mi hermana y no se casa con ella, lo mataría’ […] Si yo fuera una mujer violada, me casaría con el violador. La gente se acostumbra este tipo de cosas con el tiempo.(49)

En el año 2000, el 50 por ciento de un grupo de universitarios varones(50) afirmaba que, si se enteraran de que su futura mujer no era virgen, la abandonarían inmediatamente, la echarían a la calle, la devolverían a su familia, o incluso la matarían. Estas opiniones no eran casos aislados.(51)

Incluso cuando cambian las leyes, hay prácticas que persisten y que restringen las opciones de las mujeres. Tras la aprobación de una ley que prohibía las "pruebas de virginidad" forzadas, un estudio realizado en un hospital de Estambul reveló que 208 mujeres se habían sometido "voluntariamente" a pruebas de virginidad por "motivos sociales".(52)

En mi noche de bodas no sangré. Mi marido se hizo un corte en el dedo para que hubiera sangre que mostrar en las sábanas. A la mañana siguiente, me llevó directamente al médico para que me examinara el himen. Aunque mi himen estaba intacto, él todavía me trata a veces de forma condescendiente. Hasta el día de hoy, no tenía ni idea de que fuera natural que algunas mujeres no sangren.(53)

"Vivimos en una sociedad en la que algunas mujeres consideran que sus propias vidas son menos importantes que una delgada membrana", explicó Hülya Gülbahar, abogada y activista de los derechos de la mujer, a Amnistía Internacional.(54)

Las consecuencias de la violencia en el hogar son de muy largo alcance. Las mujeres a menudo parecen interiorizar actitudes sociales que justifican la violencia que se ejerce contra ellas. Hay varios estudios en Turquía que ponen de manifiesto niveles muy bajos de autoestima entre las mujeres.

La mayoría de las mujeres creen que tienen menos autoridad que los hombres: un estudio reveló que en algunas zonas del país, casi el 90 por ciento de las personas encuestadas pensaban que el hombre era el cabeza de familia.(55)

Muchas se consideran menos inteligentes que los hombres: en otro estudio, realizado con mujeres de zonas rurales, más del 60 por ciento de ellas eran de esta opinión.(56)

Incluso creen que se merecen el "castigo" físico: más del 70 por ciento de las mujeres piensan así en las zonas rurales, según un estudio.(57)

Se tiene noticia de casos de mujeres que se han infligido ellas mismas un "castigo" –suicidándose por ejemplo– con el fin de eximir a sus familiares varones de la responsabilidad y de evitar sanciones legales.

Los niños que son testigos de la violencia o que la sufren en sus casas también corren riesgos. Un estudio realizado con alumnos de enseñanza secundaria en Turquía mostró que el 30 por ciento daban cuenta de un ambiente de violencia física en casa y que el 22 por ciento habían sido agredidos por miembros de su familia. Estos niños tenían más posibilidades que los demás de presentar síntomas de depresión, pensamientos suicidas y comportamientosde automutilación.(58)

"No seremos el honor de nadie"

Aquí no hay consenso sobre lo que constituye una violación del honor. En Urfa basta con caminar delante de tu marido; en otros lugares pueden ser cosas más "graves", como hablar con un chico.Abogada, Urfa(59)

Entre las excusas que se dan para golpear a las mujeres en casa destacan "mirar por la ventana durante largo tiempo", "saludar a amigos varones en la calle", "si suena el teléfono y no es nadie" y "pasar demasiado tiempo hablando con los tenderos".Activista de los derechos de la mujer, Diyarbakýr (60)

Nos ven como cruzadas bienintencionadas […] cuando participábamos en la investigación de uno de estos asesinatos, uno de mis colegas varones me dijo: "Eres muy joven. Con el tiempo dejarás pasar estos casos".Abogada investigadora de delitos en nombre del "honor"(61)

En octubre de 2002, un muchacho de 16 años y su hermano, de 23, mataron a su hermana, que se había divorciado hacía poco, en Elazig, porque había estado "volviendo tarde a casa". En su declaración a la policía, dijeron: "Hemos limpiado nuestro honor. No lo lamentamos".(62)

"Selda", niña casada de 13 años de edad, fue al cine con una pariente en Urfa el 28 de diciembre de 1996. Su marido la sacó a rastras de la sala, la acusó de ser una prostituta y la degolló en una plaza llena de gente. Cumplió una corta condena de prisión.(63)

En enero de 2004 se identificó el cuerpo calcinado de Naciye Atmaca en Kahramanmaras. Según informes, sus tres hermanos y otro hombre la habían matado cumpliendo órdenes de un consejo familiar, reunión de jefes del clan familiar que tradicionalmente deciden qué castigo se ha de infligir a las mujeres que se estima que han deshonrado a la familia. Los cuatro hombres fueron recluidos a la espera de que se formularan cargos en su contra.(64)

El entierro de Telya Zaman corrió a cargo del Centro de Apoyo y Solidaridad de Mujeres de Antalya. Al parecer se había suicidado con una escopeta el 16 de marzo de 2004, poco después de separarse de su marido. Su cadáver llevaba 20 días en la morgue. La familia había dicho al Centro que no la iba a enterrar por motivos de honor. El Centro ha renovado sus llamamientos para que creen casas de acogida para mujeres como Telya.(65)

La libertad de las mujeres suele ser cercenada con el propósito de controlar su sexualidad.

Según los códigos tradicionales de lo que se da en llamar "honor", que se aplican con múltiples variantes en distintas partes del mundo, el comportamiento de las mujeres es el que tiene el mayor potencial de traer el "deshonor" a la familia. Para hacer cumplir estos códigos dentro de la comunidad se recurre a las amenazas de muerte o a la violencia.

Los intentos de determinar el número de delitos cometidos en nombre del "honor" en Turquía no reflejan la verdadera dimensión del problema. Por ejemplo, el informe anual de la Asociación de Derechos Humanos estima que, de 77 mujeres que murieron a manos de familiares en 2003, 40 habían sido víctimas de homicidio en nombre del "honor". Sin embargo, en muchos casos no se denuncia la muerte, la familia encubre el asesinato y lo disfraza de suicidio o se obliga o induce a la mujer a suicidarse. La frecuencia con que las autoridades se abstienen de investigar exhaustivamente las muertes violentas de mujeres hace inútil cualquier intento de vigilar y registrar tales delitos.

Son muchas las palabras que significan "honor" en turco. Las más habituales son namus yseref. El namus, que presuntamente es atributo tanto de hombres como mujeres, se considera "limpio" o "mancillado" según el comportamiento –en la mayoría de los casos, el de las mujeres–. Los hombres que asesinan a mujeres de su familia hablan de "limpiar su honor". El namusde una mujer se determina principalmente por su sexualidad, su apariencia física y su comportamiento. Se dice que los hombres tienen namusa través de la "pureza" sexual de sus madres, esposas, hijas y hermanas. El seref, percibido como el estatus social y la notoriedad en la esfera pública, es atributo, por lo general, de los hombres. El "honor" de un hombre viene en gran medida determinado por su propio comportamiento y por el comportamiento de sus familiares.

¡Queremos refugio, no tumbas! © Particular

En un informe sobre la sexualidad de las mujeres en Turquía se explica lo siguiente:

En una cultura donde las relaciones familiares son muy fuertes y el clan familiar predomina sobre el individuo, la pureza de las mujeres antes del matrimonio no es sólo una elección individual, sino una cuestión de familia. Por lo tanto, los cuerpos de las mujeres son controlados por la familia. La virginidad de las mujeres no es un asunto personal, sino un fenómeno social.(66)

Las mujeres que viven en comunidades con este sistema de creencias, tienen enormes dificultades para denunciar la violencia sexual. Si desvelan agresiones sexuales, son percibidas como un motivo de "vergüenza" por tratar cuestiones "privadas", e incluso se les puede considerar "culpables". Sean cuales fueren los datos presentados para demostrar la agresión sexual, la culpa sigue siendo atribuida a la mujer. Incluso las personas que no están de acuerdo con esta atribución de culpas pueden verse sometidas a presión pública para "castigar" a la mujer. Pueden verse afectados los medios de vida de la familia entera; por ejemplo, un tendero que no "limpie el honor de su familia" puede perder a todos sus clientes.

En la práctica, el concepto de "honor" ha sido degradado hasta tal punto que se utiliza como justificación de un amplio espectro de delitos violentos contra las mujeres. Las mujeres son encerradas en sus casas, aisladas socialmente y asesinadas por ser victimas de violación.

En la actualidad, Mehmet Hanifi Halitogullari se encuentra encausado. Estranguló a su hija de 14 años en abril de 2004 porque había sido presuntamente violada por un hombre que la había secuestrado de camino al supermercado y la había tenido cautiva durante cuatro días en su casa. La policía puso en libertad a la niña y detuvo al hombre. Mehmet Hanifi Halitogullari dijo a la policía que no quería volver a ver su hija, a pesar de lo cual ésta fue entregada a la "custodia" de su familia. Explicó también a la policía que había acudido a los tribunales con la intención de asesinar al presunto secuestrador pero que, debido la protección policial, fue incapaz de hacerlo. Sin embargo, al parecer luego estranguló a su hija con un cable eléctrico y escondió el cadáver en el bosque. Ella le rogó que no la matara, cosa que también hizo su hermano, que estaba presente. Según informes, Mehmet Hanifi Halitogullari declaró ante la policía que, "posteriormente, con el fin de no entristecer a los niños, accedí a ir a enterrar el cadáver cerca de la casa de mi hermano. Así que cinco de nosotros fuimos a enterrarla allí y luego acudimos a la policía para denunciar su desaparición".(67) Un familiar dijo a los periodistas que "su padre quería que se casara con el hombre que la había violado. Pero ella se negó".

También se trata de esta manera a las mujeres por elegir ellas mismas a su marido, por hablar con hombres, si se sospecha que tienen aventuras extramaritales, por ir al cine o por dedicárseles canciones en la radio. Los delitos en nombre del "honor" son cualquier cosa menos honrosos. Simplemente se trata de actos de violencia que culminan injusticias ya perpetradas contra las mujeres.

Muerte por lapidación

En noviembre de 2002, Semse Allak sufrió lesiones mortales al ser lapidada como "castigo" por haber mantenido una relación con un hombre. Su vecino Hilal, casado, murió después de ser también lapidado, delante de su hijo. Semse estuvo en coma durante ocho meses hasta que falleció el 7 de junio de 2003. Su bebé nonato sobrevivió sólo seis semanas después de la lapidación. La organización de mujeres KA-MER cuidó y se ocupó de Semse en el hospital. Su familia no recogió el cadáver de la morgue, sino que fueron las organizaciones de mujeres de Diyarbakýr las que se encargaron del entierro. En 2003 el fiscal inició procedimientos contra cinco personas, una de ellas in absentia. Dos fueron puestas en libertad bajo fianza. No se tiene constancia de que ningún miembro del consejo de familia que presuntamente ordenó los homicidios haya sido objeto de investigación.

Resarcimiento, no excusas

En todos los niveles del sistema de justicia penal, las autoridades no responden con prontitud ni rigor a las denuncias de violación, agresión sexual u otro tipo de violencia en el ámbito familiar formuladas por mujeres. La policía es reacia a prevenir e investigar este tipo de violencia, incluidas las muertes violentas de mujeres; además, su propio historial de violaciones de derechos humanos hace que las mujeres víctimas de la violencia tengan miedo de solicitar su ayuda. Los fiscales se niegan a abrir investigaciones de casos de violencia doméstica u ordenar medidas de protección para mujeres en situación de riesgo a causa de su familia o comunidad. La policía y los tribunales no se cercioran de que los hombres contra los que se emiten órdenes judiciales, incluidas órdenes de alejamiento, las acaten. Por el contrario, se muestran excesivamente indulgentes con ellos a la hora de imponer las penas, alegando que hubo "provocación" por parte de la víctima o basándose en pruebas muy poco consistentes.

Ni se protege ni se procesa

A veces, la policía hace cosas como poner al hombre bajo custodia durante una noche, diciéndole cosas como "no lo vuelvas hacer" y todo eso, pero no hay nada formalizado. Sólo es para cubrir el expediente. La policía ni siquiera lleva un registro de este tipo de cosas, y ciertamente a nosotras no nos llaman para nada. Miembro de la comisión de la mujer de un colegio de abogados(68)

¿No es una vergüenza para tu marido? ¿Por qué haces esto? Agente de policía en el interrogatorio de una mujer que había solicitado una orden de protección(69)

Si fuera un accidente de tráfico [la policía] necesitaría realizar una valoración muy precisa, pero para la violencia en el ámbito familiar no es así […] es difícil conseguir un informe. Si estás de guardia en una urgencia, tienes que buscar un fiscal. La mayoría de los médicos están bastante ocupados, y no van a buscar a un fiscal. Si no hay denuncia de una mujer, no hacen nada […] la policía prefiere correr un tupido velo – la esposa debe de haberse suicidado–. Médico de una clínica hospitalaria universitaria(70)

Cuando, al final, Hüseyin Opuz mató a su suegra, Mintiha, el 11 de marzo de 2002, la policía había hecho caso omiso de las repetidas señales de la tragedia que estaba a punto de producirse. Su esposa, Nahide, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar que Turquía ha incumplido las obligaciones contraídas en virtud de los artículos 3 (prohibición de la tortura y los malos tratos), 5 (derecho a la libertad y seguridad de la persona) y 6 (derecho a un juicio justo y a una audiencia pública) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En 1995, Hüseyin Opuz había sido procesado por amenazar de muerte a Nahide, pero no fue hallado culpable por falta de pruebas. Tampoco prosperó la denuncia de que había secuestrado a su esposa y a su suegra, por el mismo motivo. En 1995 Mintiha retiró una denuncia en la que lo acusaba de haberla golpeado. Después de agredir y lesionar de gravedad a Nahide en abril de 1996, fue detenido y se formularon cargos en su contra, pero ella retiró su denuncia al dejarlo el tribunal en libertad bajo fianza. Fue de nuevo puesto en libertad en espera de juicio en marzo de 1998, después de haber huido Nahide con sus tres hijos a casa de su madre y de atropellarla él con su automóvil, hiriéndola de gravedad. Una vez más, los tribunales ignoraron los datos médicos sobre la gravedad de las lesiones que le había inflingido y Nahide retiró de nuevo su denuncia cuando él quedó en libertad. En octubre de 2001 su marido le asestó siete puñaladas. En esta ocasión, fue declarado culpable. Fue condenado a pagar una multa equivalente a unos 40 dólares de los EE.UU., que le permitieron pagar a plazos. En diciembre de 2001, Nahide inició el procedimiento de divorcio, alegando amenazas de muerte. A principios de 2002, la policía no tomó medidas cuando ella y su madre denunciaron que Hüseyin había estado acudiendo a su casa para amenazarlas.

La Asociación de Derechos Humanos informó de 25 suicidios de mujeres jóvenes, ocurridos en circunstancias poco claras principalmente en el este y sudeste del país durante la primera mitad de 2003. Aunque se sospecha que muchos de estos suicidios son en realidad asesinatos o suicidios forzados o inducidos, los fiscales y la policía a menudo no llevan a cabo investigaciones efectivas para determinarlo.

Si el presunto autor de una violación u otros abusos denunciados por una mujer niega haberlos cometido, los fiscales o la policía suelen abandonar el caso sin más investigación. A las mujeres que corren el riesgo de ser asesinadas por sus parejas o por otros familiares rara vez se les ofrece refugio en una casa de acogida o se las ayuda a solicitar una orden judicial de protección.

Son muchas las barreras a las que se enfrentan las mujeres que necesitan acceso a la justicia y protección contra la violencia. Los agentes de policía a menudo consideran que su deber consiste en alentar a las mujeres a volver a casa y "hacer las paces" y no suelen investigar sus denuncias. Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, no pueden formular denuncias formalmente, porque el hecho de abandonar su vecindario las convierte en objeto de un intenso escrutinio, fuertes críticas y, en algunos casos, violencia. Las mujeres de las zonas de habla kurda y árabe del país pueden no saber comunicarse bien en turco y temer ser sometidas a más violencia aún a manos de las fuerzas de seguridad o de la policía.

Siempre que Perihan iba a la comisaría, la policía se reía: "¿Ya estas otra vez aquí?". Llevaba mucho tiempo sufriendo violencia doméstica y le dijo a su abogada que a menudo había sido sometida a palizas cuando dormía y se había visto obligada a salir a la calle en camisón. Luego su marido le asestó cinco puñaladas. El fiscal consideró esta agresión lo bastante grave como para abrir una investigación. El mismo día, el juez ordenó el alejamiento de su marido del domicilio familiar. Perihan esperó tres días. Al final, su abogada fue con ella a la comisaría y dijo a la policía: "Aquí tienen una decisión del juez. Se requiere que este hombre se aleje del domicilio familiar durante seis meses. Quiero que me den ustedes un número de registro que me asegure que tienen conocimiento de dicha orden y la van a ejecutar. Si algo le ocurre a esta mujer, ustedes serán los responsables". La policía actuó: según informes, un día propinó una paliza al marido de camino a casa.(71)

La discriminación contra las mujeres y la violencia contra las mujeres están interrelacionadas. Cuando los funcionarios expresan actitudes discriminatorias, no respetan los derechos de las mujeres e incrementan los riesgos a los que éstas se enfrentan, al hacer que la violencia contra ellas parezca menos significativa de lo que es. Unas investigaciones realizadas en Turquía revelaron que la policía tenía más probabilidades de tener conceptos erróneos sobre la violación que los demás profesionales que trabajaban con supervivientes de violación. En general, los agentes de policía consideraban que la apariencia de las mujeres y su comportamiento las predisponía a ser violadas, que no toda mujer podía ser violada, que la violación era menos grave si la cometía alguien con quien la mujer hubiera mantenido previamente relaciones sexuales y que las denuncias de violación presentadas por trabajadoras de la industria del sexo debían ser tratadas con cierto recelo.(72)

"La matasteis vosotros, pero ahora la enterraremos nosotras"

Kadriye Demirel tenía 18 años y estaba embarazada de seis meses cuando su hermano de 19 años la mató con un cuchillo de carnicero en noviembre de 2003. Su primo la había violado, y al comunicárselo ella a su familia, ésta tomó medidas para que el violador fuera procesado. Sin embargo, sobre la base de su declaración y de la negación de la violación por parte de su primo, el fiscal se negó a abrir una investigación. Tampoco la remitió a una autoridad estatal o una ONG para que ingresara en una casa de acogida. Al parecer, un consejo de familia ordenó que debía morir. Después del asesinato, su hermano fue detenido. Su familia insiste en que él tomó la decisión de matarla por sí solo. Asistieron al funeral cientos de mujeres, que, desafiando la costumbre, no dejaron que fueran los hombres quienes la enterraran y estuvieron rezando en el cementerio.

Estas actitudes han contribuido a que las mujeres tengan poca fe en que se tomen medidas efectivas contra los perpetradores de violencia doméstica. Es más, la falta generalizada de confianza pública en las fuerzas de seguridad debido a su historial en materia de derechos humanos disuade a las mujeres de buscar el apoyo y la protección del Estado o de sus agentes y contribuye a hacer que la violencia contra las mujeres sea un delito que pasa desapercibido. En un estudio realizado en Turquía, el 57 por ciento de las mujeres encuestadas habían sufrido violencia física, pero de este grupo solo un 1,2 por ciento se lo había notificado a la policía y sólo un 0,2 habían presentado denuncia.(73) El historial de abusos cometidos por la policía también hace que se tema por la seguridad de los maridos y familiares denunciados por actos de violencia.

Abogadas de Mersin especialistas en violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. © AI

Una ONG abrió otra casa de acogida. Estuvo en funcionamiento siete meses y luego cerró a causa de los suicidios que se producían en ella. El gobierno no quería responsabilizarse de las mujeres muertas en la casa de acogida. ¿Acaso es mejor que mueran en la calle? Trabajadora de la Fundación Tejado Púrpura(74)

Las investigaciones realizadas en Australia, Canadá y los EE.UU. demuestran que un número significativo de mujeres mueren a manos de su pareja en el momento de la separación o en torno al mismo. Las mujeres que abandonan una situación violenta deben tener en cuenta ciertos factores, y el económico no es de los menos importantes. Deben considerar si pueden conseguir el sustento para ellas y para sus hijos, y si la violencia lejos del maltratador será o no peor que la que sufrían con él. Las mujeres pueden ser muy acertadas a la hora de tomar estas decisiones, a pesar de la falta de apoyo del Estado y de la sociedad. Por éste y por otros motivos, dejar a una pareja violenta suele ser un proceso, no un acto aislado.

"Estaba preparada para cualquier cosa, pero no para lo que hizo con mi hija."

El marido de "Reyhan" la golpeaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales. La trató así a lo largo de los 13 años que duró su matrimonio. "Llevo un tiempo trabajando, porque mi marido está en paro –cuenta "Reyhan"–. Un día, a principios de año, al volver a casa lo vi abusando de mi hija [de nueve años de edad]. Me quedé sin habla, del miedo que me dio. Tres días más tarde me marché de casa con mi hija. Tuve que dejar a los niños con él, aunque sabía que su familia se ocuparía de ellos. Estamos viviendo con mi padre, pero no sé qué hacer; está muy enfermo y no puede cuidar de mi hija, así que no puedo trabajar. Cuando llegó el día de la primera audiencia, tenía tanto miedo que me temblaban las piernas Pero el juez se portó bien: fue una audiencia secreta, y solicitó un informe médico [...] ¿Por qué tenía que descubrir mi honor para una inspección? La comunidad turca mira de forma muy crítica estas cosas. Ocurra lo que ocurra, la mujer sufre. Pero me dije que, alguien que había podido hacer esto [abusar de una niña] es capaz de cualquier cosa, así que de ahí saqué el coraje necesario".(75)

Las mujeres en Turquía necesitan casas de acogida. En un estudio en el que el 26 por ciento de las mujeres entrevistadas habían sido golpeadas por sus padres y el 33 por ciento por sus maridos, el 91 por ciento afirmó que les habría gustado encontrar refugio en algún centro social. También pensaban que esta función era responsabilidad del gobierno local o nacional(76).

Las organizaciones de mujeres de Turquía necesitan casas de acogida. Sostienen que, excepto en lo referente a las auditorias económicas, tales centros deberían ser gestionados con total independencia del gobierno. La Fundación Tejado Púrpura, organización de mujeres independiente, que presta apoyo a grupos de mujeres, edita un boletín de noticias y proporciona servicios de asesoramiento y apoyo por teléfono, informó a Amnistía Internacional de algunas dificultades con las que se tienen que enfrentar las activistas de los derechos de la mujer en Turquía. "Tenemos informes según los cuales las casas de acogida gestionadas por el gobierno rechazan a las mujeres que no llevan sus tarjetas de identidad consigo –dijo una representante de la organización–. Cuando escapas de un hogar violento, ¿te vas a acordar de tu tarjeta de identidad?".(77) Las casas de acogida gestionadas por el gobierno han sido criticadas por no aceptar a mujeres de ciertas categorías –como prostitutas, mujeres con problemas de salud y embarazadas–.

Fundación Tejado Púrpura (Mor Çati). © AI


Además de para proteger a las víctimas de nuevos agresiones, la apertura de casas de acogida puede servir para poner de manifiesto la magnitud del problema de la violencia oculta contra las mujeres. Lo que ocurre dentro de la familia es privado. La existencia de casas de acogida puede representar una amenaza, porque da una dimensión pública al problema. Si una mujer muere en la calle, puede parecer que el gobierno queda exento por ello de importantes obligaciones. La muerte no es registrada ni incluida en las estadísticas del gobierno, y la mujer no necesita ya la ayuda de las autoridades para encontrar refugio ni protección contra el maltratador.

Sin embargo, los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de impedir la violencia contra las mujeres y de protegerlas. Las ONG señalan que hay una grave falta de casas de acogida gestionadas por gobierno y que son pocos los servicios de apoyo de los que se dispone en la actualidad: aproximadamente 14 "casas de huéspedes" y 19 servicios comunitarios para apoyar a las mujeres que sufren violencia en el hogar. En 1997 y 1999 fueron clausuradas, por falta de fondos, dos casas de acogida gestionadas independientemente y que realizaban servicios de gran valor para las mujeres que escapaban de la violencia y para educar a la comunidad, incluida una campaña para la educación efectiva de la policía. En la actualidad, el papel de las activistas de los derechos de las mujeres es crucial para garantizar que al menos un pequeño porcentaje de las mujeres afectadas recibe protección. Una trabajadora de una ONG le dijo Amnistía Internacional: "Todo el mundo nos envía mujeres que han sufrido violencia. Todo el mundo. El gobierno, la policía, todo el mundo. No tenemos las instalaciones necesarias para satisfacer la demanda".

Indulgencia con los delitos en nombre del "honor"

Informes procedentes de todo el mundo demuestran que las mujeres corren mayor riesgo de sufrir violencia en las comunidades en las que las sanciones contra dicha violencia son leves y la imposición de las sanciones existentes es ineficaz.(78)

Primeras condenas de cadena perpetua por homicidios en nombre del "honor"

Los tribunales han empezado a imponer condenas que reflejan la gravedad de los homicidios en nombre del "honor" y la responsabilidad de los jefes de clanes familiares que ordenan cometerlos. Elife Atlihan sólo tenía 15 años cuando su familia la obligó a suicidarse. Según informes, cuando ya no podía ocultar lo avanzado de su embarazo, les dijo que su primo la había violado. Al negar éste la acusación ante una reunión familiar, su madre le entregó una cuerda y le dijo que "limpiara su honor". Su hermano, a quien habían dicho que se ocupara de que lo hiciera bien, la encontró llorando; decía que la silla no era lo bastante alta y que no lo podía hacer. La ayudó a colocar la silla a la altura adecuada. Cuando volvió, ya estaba muerta. El 1 de marzo de 2003, el hermano y la madre fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua. Al día siguiente, la madre se suicidó en prisión. Al parecer, se había pasado el día llorando y negando que hubiera obligado a su hija a matarse.

El matrimonio no salvó a Emine Kizilkurt. Acusada de "ir con chicos", fue obligada a casarse. Sus familiares decidieron que, a pesar de ello, debía morir. Su hermano la estranguló el 12 de junio de 2002. En marzo de 2004, el Primer Tribunal de Delitos con Agravantes de Sanliurfa lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a cadena perpetua. Su padre, su tío y otros seis miembros varones de su familia fueron condenados cada uno a 16 años y 8 meses de prisión por instigar al asesino y por asociación en un delito. Fueron inhabilitados para cualquier función pública de por vida. La defensa no alegó provocación. La causa se encuentra en fase de apelación.

Estas cadenas perpetuas fueron las primeras impuestas por delitos en nombre del "honor" en Turquía. Si el Tribunal de Apelación confirma las condenas de los asesinos de Emine Kizilkurt, esta causa marcará un hito en el derecho turco. Estos casos son muestra de las medidas positivas que se han tomado y de los esfuerzos que se están realizando dentro del sistema judicial turco para tratar los homicidios en nombre del "honor" con la misma gravedad que cualquier otro asesinato. También han demostrado la complejidad de tratar este tipo de delito y la necesidad de que las familias y las comunidades busquen otras opciones para evitar tragedias tan innecesarias.

Sin embargo, aunque algunos tribunales parecen haber empezado a aplicar las reformas realizadas, las facultades discrecionales concedidas a los jueces siguen haciendo posible una indulgencia injustificada en estos casos. Sigue siendo habitual la reducción de la condena a discreción de los jueces, que todavía tienen en cuenta la "grave provocación" de la ofensa a las costumbres, la tradición o el honor, así como la juventud de los perpetradores, razón por la cual las familias suelen recurrir a hombres jóvenes para cometer estos delitos.

Un grado inaceptable de tolerancia

En enero de 2004, un hombre fue condenado a 24 años de prisión por matar a su pareja a puñaladas. Se habían casado en una ceremonia religiosa no oficial (imam nikahý) y habían tenido tres hijos. La condena de prisión fue reducida a dos años y seis meses después de que él entregara al tribunal fotografías de su pareja con otro hombre, que fueron admitidas como prueba de "grave provocación", y debido también a su "buena conducta" ante el tribunal.(79)

En la mayoría de los casos, las autoridades no se aseguran de que los perpetradores de la violencia en el hogar sean llevados ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. A Amnistía Internacional le preocupa además que las autoridades tampoco se cercioren de que las mujeres que han sufrido violencia tengan acceso a toda la gama de derechos de reparación, incluida indemnización por lesiones, rehabilitación y resarcimiento.

Emine Yaman, de 34 años, está paralizada desde la cintura hacia abajo desde agosto de 1999, cuando recibió un disparo de su marido. Éste fue declarado culpable de negligencia con resultado de amenaza a la vida y de tenencia ilícita de armas y estuvo recluido en prisión preventiva durante unos meses. Su único castigo, reducido visto su "buen comportamiento ante el tribunal", fue el pago de una multa de cerca de 1.200 dólares estadounidenses. Emine Yaman explicó a Amnistía Internacional que, cuando su marido le pidió el divorcio para poder casarse con otra mujer, ella estuvo de acuerdo. Un mes antes de que el tribunal decidiera sobre su pensión alimentaria, disparó contra ella en la calle. No pudo testificar en su juicio porque se encontraba hospitalizada. Aunque un tribunal ha ordenado al marido el pago de una indemnización, las autoridades no han tomado ninguna medida para ejecutar esta orden. Emine Yaman tiene aún que recibir un informe médico completo sobre su estado. "Si tienes a alguien que esté al tanto de todo esto, todo sale adelante –cuenta–, pero, en este país, ¿qué es la justicia? […] Quiero demandar a mi marido. Miren lo que me ha hecho. Tortura tras tortura".(80) Uno de sus tres hijos, que entonces vivían con la familia del padre, murió cuando Emine Yaman se encontraba en el hospital. "Lo estoy intentando todo para distraerme de ese dolor", dice.

Emine Yaman. © AI

Retando a la violencia

Numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de toda Turquía dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres o de otros derechos han realizado en los últimos años labores de cabildeo ante el gobierno central para reformar leyes que se han quedado desfasadas. Han creado centros especiales que trabajan con mujeres para que puedan acceder a todos sus derechos. En el marco de sus labores de defensa, realizan campañas para prevenir los homicidios en nombre del "honor" y ponerles fin, y se ocupan de casos de mujeres que necesitan la protección de la ley. También proporcionan refugio a mujeres expuestas a sufrir violencia en el ámbito familiar.

Abriendo caminos

KA-MER, organización de mujeres radicada en Diyarbakýr, empezó su andadura en 1997 con el fin de ayudar a las mujeres a conseguir una educación, incrementar su independencia económica y verse libres de la violencia. Su trabajo de prevención de los homicidios en nombre del "honor" ha ido incrementándose a lo largo de este periodo a la vez que las dimensiones del problema se han puesto de manifiesto y que su experiencia ha aumentado.

"No hay tal cosa como el derecho a golpear"

En 1997, ocho abogadas presentaron una reclamación contra un juez que se negaba a otorgar un divorcio por considerar que la mujer estaba embarazada y, por tanto, no podía haber sufrido violencia a manos de su marido. Además, el magistrado citó en la sala un proverbio que reza: "Que la espalda de la mujer nunca esté libre de golpes ni su vientre vacío". Tras la denuncia, 2.000 mujeres se manifestaron en las calles de Estambul con los lemas "la violencia se origina en la familia" y "no hay tal cosa como el derecho golpear".

Tras la trágica muerte por lapidación de Semse Allak (véase el apartado "Muerte por lapidación" supra), KA-MER ha iniciado una campaña para impedir que vuelva a producirse una tragedia similar. Destacar la necesidad de que todas las partes de la sociedad den prioridad con urgencia a poner fin a la violencia contra las mujeres es una característica de su trabajo.

"No pudimos salvar a Semse Allak , pero estamos aquí para intentar salvar a ‘Zozan’’’

La vida de "Zozan" estaba amenazada desde que un familiar empezó a hacerle llamadas telefónicas con amenazas e insinuaciones sexuales. Su marido le dijo que él ya no podía ir por el pueblo con la cabeza alta. Su familia decidió que debía morir, ya que su "nombre estaba en todos los comentarios". De 25 años de edad y con 10 hijos, "Zozan" se casó cuando tenía 14 años. Aunque su marido creía que era inocente y quería defenderla, la familia se vio socialmente aislada porque él no había "limpiado su honor". La gente apartaba la vista cuando se cruzaba con ellos en la calle. Sus hijos eran objeto de burlas y hostigamiento en la escuela. La presión sobre el marido de "Zozan" era muy fuerte. Dos años antes habían matado a su cuñada "por motivos de honor"; un familiar había sido declarado culpable de "agresión con agravantes" y había pasado dos años en prisión. "Todo el pueblo quiere que muera. Si él dice la palabra clave, ella morirá", explicó una representante de KA-MER a Amnistía Internacional.

En una medida sin precedentes, KA-MER organizó una reunión para hablar de la situación de "Zozan". Acudieron representantes de la oficina del gobernador y el departamento de salud provinciales, de la universidad de Diyarbakýr y de organizaciones de mujeres, así como abogados, psicólogos, psiquiatras e investigadores. KA-MER afirmó en la reunión: "Nosotras no podemos hacerlo solas, necesitamos que todos participen". Con la cooperación de elementos dispares de la comunidad y del gobierno, "Zozan" y su familia fueron realojados en otro pueblo. Ella sigue estando amenazada, pero el riesgo de que la maten es menor.(81)

Se puede medir el éxito del trabajo de KA-MER por la cantidad de gente que acude a ella en búsqueda de consejo. A menudo, los hombres también quieren verse rescatados de la presión sin tregua a que son sometidos por sus familias. Dos hombres a los que se había ordenado desde el otro extremo de Turquía que quitaran la viva a una joven de su familia acudieron a KA-MER para solicitar ayuda y no tener que matarla.(82)

Mujeres de la organización KA-MER, Diyarbakýr. © AI

Violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres

Muchos de nuestros colegas varones no nos apoyan en estos casos[…] muchos abogados de aquí nos dijeron que no duraríamos mucho como abogadas en este lugar. Hay muchas mujeres cultas en esta ciudad, pero se quedan en casa. Abogada, Turquía(83)

La campaña en favor de los derechos de las mujeres en Turquía ha ido consolidándose a medida en que un creciente número de mujeres han conseguido acceso a la ley, tanto como defensoras de sus derechos como en calidad de denunciantes.

Una abogada contó lo siguiente a Amnistía Internacional: "Había una joven abogada que llamó al Centro de Derechos de las Mujeres desde una pequeña ciudad de Turquía. Estaba tremendamente nerviosa porque tenía que acudir a los tribunales para solicitar una orden de intervención familiar por primera vez. Llamó para pedir consejo. Le dijimos: ‘Tu actúa con seguridad. Diles que sabes todo lo que hay que saber sobre esta ley [la Ley de Protección de la Familia, de 1998], y que esperas que procedan inmediatamente a otorgar una orden de protección y a asegurarse de que se ejecuta’. Nos llamó más tarde para decirnos que todo había ido a la perfección".(84)

Sin embargo, la violencia en el ámbito familiar puede extenderse a las activistas que protegen los derechos de las mujeres y su capacidad de elegir.

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan KA-MER y otras organizaciones de mujeres que intentan trabajar contra los delitos en nombre del "honor" son las respuestas dentro de la comunidad. Se ha amenazado a integrantes de KA-MER, al igual que a abogadas de mujeres sometidas a violencia. Los familiares de las mujeres les han advertido que se mantengan lejos de sus familias.

Bien sea directa o indirectamente, las familias y comunidades de muchas de las abogadas que hablaron con Amnistía Internacional intentaron disuadirlas de continuar con su trabajo.

Una abogada que trabaja para una organización de derechos de las mujeres relató a Amnistía Internacional que había recibido amenazas telefónicas de un hombre que estaba siendo procesado por torturar a su mujer. En febrero de 2002, el marido de "Aytun" empezó a creer que le estaba engañando con otro. Al parecer, cada noche le ataba las manos detrás de la cabeza, le apagaba cigarrillos en la piel, le introducía objetos en la vagina y la dejaba así, a veces durante horas, hasta que "confesaba". La llevó a comprar una pistola, le enseñó cómo utilizarla y, un día, salió con ella a dar un paseo en automóvil para ver si encontraban a su presunto amante. "Gracias a Dios que no tenía licencia para la pistola y se puso nervioso cuando vio a la policía –dijo la abogada de "Aytun"–. De lo contrario, es posible que ella estuviera ahora encarcelada por asesinato". La abogada tomó fotografías de quemaduras que su marido le había hecho en las piernas al arrojarle agua hirviendo. En abril de 2002, sus vecinos oyeron sus gritos de ayuda y avisaron a la policía. Obtuvo una orden de alejamiento contra su marido. Se le acusó de "malos tratos a un miembro de la familia" y de "agresión y palizas", pero el fiscal no solicitó su reclusión en espera de juicio. Cuando le otorgaron el divorcio, él llamó a la abogada de "Aytun" para decirle: "Esto no ha acabado todavía. Serás castigada por ser una abogada feminista. Estamos divorciados por tu culpa". (85)

Mejorar la seguridad de las mujeres en sí mismas

Las organizaciones de derechos de las mujeres proporcionan a éstas información sobre sus derechos y organizan programas de formación para que adquieran seguridad y una imagen positiva de sí mismas.

La organización Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres gestiona un programa de formación de monitoras de cursos sobre los derechos humanos de las mujeres que se imparten por toda Turquía. Estas monitoras comentaron a Amnistía Internacional que los vecinos y las parejas de las mujeres a veces intentaban impedirles asistir a los cursos. "A veces sí que hay reacciones –contó una de ellas–. Un hombre me dijo: ‘Deja en paz a mi mujer; no intentes influenciarla. Debe quedarse en casa, trabajando y cuidando de los niños’. También tenemos maridos a los que sí les importa y lo dicen, que muestran interés por sus esposas, por la educación de sus hijos, por la educación y los libros y que quieren que las mujeres también muestren este interés".

Caminando las unas hacia las otras

En julio de 2002, numerosas mujeres de Adana, Antakya, Ankara, Batman, Bursa, Estambul y Mersin caminaron las unas hacia las otras atravesando Turquía para reunirse en Konya. Durante su viaje visitaron pueblos y ciudades grandes y pequeñas. Conocieron a mujeres que no podían marcharse solas de sus casas, barrios o pueblos. Viajaron para conocer a mujeres hasta las que era difícil llegar. Hablaron con mujeres que no tenían a nadie a quien contar sus experiencias de violencia. Cada mujer con la que hablaron les dio algo, una bufanda, una carta, un trozo de tela o un tejido artesanal, con lo que se representaban a sí mismas. Al llegar a Konya, se confeccionó un edredón con todos estos regalos. "Miles de mujeres vertieron sus secretos en las cartas que nos confiaron –señaló una de las participantes en la marcha–. No podemos dejar de responder a una esperanza y a una confianza tan fuertes". La temática de las cartas fue publicada en un folleto de manera anónima. Las cartas expresan el modo en que las mujeres se conforman para no sufrir violencia.

Estamos sometidas a una fuerte presión, ejercida a veces de forma violenta, para que actuemos de forma acorde con los valores de la comunidad. Se nos obliga a conformarnos con las expectativas sociales. Desde el momento en que nacemos nuestro papel sexual es interiorizado, constantemente nos someten a examen sobre el papel que desempeñamos mientras vivimos en nuestras comunidades. Se nos obliga a mantener nuestros sentimientos en secreto. Se nos prohíbe reír y gritar "no, no quiero". No se nos permite molestar a nadie con nuestras peticiones y preocupaciones, ni hablar sobre problemas familiares fuera de la familia. Para que nadie diga "mira cómo se queja", debemos constantemente actuar como si estuviéramos encantadas con nuestra situación. Para no parecer frívolas, debemos ocultar nuestro entusiasmo.(86)

El deber de ofrecer protección y resarcimiento

Normas internacionales de derechos humanos

Los tratados y normas internacionales de derechos humanos definen la obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos a las personas sujetas a su jurisdicción. Proporcionan garantías de libertades y derechos que las personas pueden reclamar en los ámbitos nacional, regional o internacional. Los Estados que ratifican un tratado acceden a promover los derechos previstos en él; a garantizar que son para todos y a traducirlos a leyes, estrategias y políticas; a impedir que se violen, y a proporcionar oportunidades de interponer recursos a las personas cuyos derechos son violados.

En las últimas décadas se han producido avances significativos en el compromiso de la comunidad internacional de investigar y combatir las violaciones de los derechos de las mujeres en general y del derecho a no sufrir violencia en particular. La DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos(87)estipula que todas las personas deben disfrutar de los derechos humanos sin discriminación (artículo 2), que "[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" (artículo 3) y que "[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes"(artículo 5). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(88) tratado vinculante en el que Turquía es Estado Parte, establece que "[l]os Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto" (artículo 3). Entre estos derechos destacan el derecho a la vida (artículo 6) y la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos (artículo 7). Esta prohibición ha sido interpretada por el Comité de Derechos Humanos, que vigila el acatamiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados, de forma que abarca la obligación de los Estados de ejercer la diligencia debida (véase el recuadro) para impedir y castigar la violencia contra las mujeres en el hogar y en la comunidad".(89)

El derecho a no sufrir tortura está garantizado además por laConvención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,(90) en la que Turquía es Estado Parte. Un significativo aspecto de este tratado es que no limita la definición de la tortura a los actos realizados por funcionarios del Estado, sino que también incluye los realizados por "un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia" (artículo 1.1). Así pues, todos los elementos de la tortura, tal y como se define en este artículo, pueden estar presentes en la violencia en el ámbito familiar: ésta puede ocasionar "dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales" a una persona, y puede infligirse intencionalmente a una persona con el fin de "castigarla" o "por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación". Un ejemplo de situación en la que un Estado puede estar violando la prohibición de la tortura infligida por particulares es la violación conyugal no tipificada como delito en la ley.(91)

Mujeres de la organización KADAV visitan las obras de construcción de un nuevo centro para mujeres. © AI


La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,(92) en la que Turquía es Estado Parte, detalla la obligación de los Estados Partes de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y de prohibir la discriminación contra las mujeres. Pide expresamente a los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas" (artículo 2). Si el Estado no ofrece protección contra las prácticas y abusos discriminatorios o no lleva a quienes cometen dichos abusos ante la justicia ni garantiza reparación a las supervivientes incumple sus obligaciones legales.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha manifestado:(93)

La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención.

Muchos de los Estados que han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han formulado reservas a algunas de sus disposiciones,(94) reduciendo a menudo su obligación de reformar sus legislaciones internas. En 1999, Turquía retiró sus reservas, formuladas cuando se adhirió a la Convención en 1986, a las cláusulas que garantizan la igualdad de las mujeres en el derecho civil, la libertad de circulación y residencia y la ausencia de discriminación en asuntos relativos al matrimonio y las relaciones familiares.(95)Sin embargo, mantuvo sus reservas en cuanto a otorgar a mujeres y hombres la igualdad en los derechos de nacionalidad y a permitir el arbitrio internacional en caso de disputa sobre la interpretación o aplicación por Turquía de la Convención. Amnistía Internacional insta a Turquía a que también retire estas reservas.

La Convención sobre los Derechos del Niño,(96)en la que Turquía es Estado Parte, define como niño a toda persona menor de 18 años. Pide a los Estados que tomen "todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo"(artículo 19.1) y que tomen "todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños" (artículo 24.3). Obliga, además, a los Estados Partes a que protejan a los niños de todo acto de abuso o explotación sexual (artículo 34) y de la tortura y otros malos tratos (artículo 37.1).

El Comité de los Derechos del Niño ha determinado que el matrimonio forzado y en la infancia es una práctica tradicional dañina y una forma de discriminación por motivos de género.(97)

En 1993, los participantes de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, organizada por la ONU en Viena, declararon que la violencia contra las mujeres era una violación de derechos humanos que requería atención urgente e inmediata. (98)Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.(99)

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,(100)acordadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995, y su revisión de 2000, conocida como Beijing+5, hicieron hincapié en estas cuestiones, resaltadas también en acuerdos de otras conferencias mundiales de la ONU.

ElEstatuto de Roma de la Corte Penal Internacional(101)define varias formas de violencia contra las mujeres, incluidas la violación y otras formas de violencia sexual grave, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.(102) Además, también se incluyó como crimen de lesa humanidad la persecución basada en el género.(103) El Estatuto de Roma contiene también progresistas disposiciones relativas a la participación y la protección de las víctimas y los testigos en los procedimientos judiciales, e incluso sobre la reparación a las víctimas.

El trabajo de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujerha mejorado la comprensión que la comunidad internacional tiene de las causas y manifestaciones de violencia contra las mujeres en todo el mundo. Además, los mandatos de otros relatores especiales de la ONU han incluido cada vez más el compromiso explícito de tratar los aspectos del área examinada relativos al género.

Turquía ratificó en octubre de 2002 el Protocolo Facultativo de laConvención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ofrece a las mujeres un medio directo de pedir resarcimiento en el ámbito internacional por violaciones de los derechos que les reconoce la Convención. En particular, Turquía, al ratificar el Protocolo Facultativo, ha autorizado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a atender las denuncias de particulares y grupos que consideren que se han violado los derechos que les reconoce la Convención. El Protocolo Facultativo también permite al Comité investigar informes de abusos sistemáticos.

Estos avances son el resultado de una intensa labor de cabildeo: en el año 2000 varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos recogieron 6.000 firmas en el marco de una campaña emprendida en Turquía en favor de la ratificación del Protocolo Facultativo. En enero de 2003, éste fue ratificado, y los miembros de Amnistía Internacional en el país realizaron una serie de seminarios con el fin de difundir información sobre las nuevas obligaciones del Estado.

También existen tratados regionales, que son vinculantes para los países que los han ratificado, y otros acuerdos regionales, subregionales y bilaterales dirigidos a la erradicación de la violencia contra las mujeres o de determinadas formas de violencia. Turquía es Estado Parte en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que contiene disposiciones la sobre la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 14) y sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos (artículo 3).

El Consejo de Europa ha recomendado lo siguiente:

Los Estados miembros deben introducir, desarrollar y/o mejorar cuando sea necesario políticas nacionales contra la violencia basadas en:

a.la seguridad máxima y la protección de las víctimas;

b. el refuerzo de la capacidad de actuación de las mujeres víctimas mediante el establecimiento de estructuras óptimas de apoyo y asistencia que eviten la victimización secundaria;

c. el ajuste del derecho penal y civil, incluidos los procedimientos judiciales;

d. la sensibilización de la opinión pública y la educación de los niños y los jóvenes;

e. la formación especializada de los profesionales enfrentados a la violencia contra las mujeres;

f. la prevención en todos los campos pertinentes.(104)

El ordenamiento jurídico turco reconoce estas obligaciones. En 1991, el Consejo de Estado de Turquía, su tribunal administrativo superior, dictaminó que los acuerdos internacionales son jerárquicamente superiores a los códigos turcos y que las personas son sujetos de derecho internacional.(105)

Legislación nacional

La familia no es más sagrada que la vida de la persona individual. El propósito de esta ley no es proteger a la familia, sino a quines han sufrido violencia dentro de la familia Actas de conferencia: Ley de Protección de la Familia, Estambul, 2002

Ni se te ocurra enviarnos un caso a menos que tengas un informe médico con siete días de baja laboral. Fiscal entregando un auto de sobreseimiento a la abogada de una mujer golpeada por su marido(106)

Un estudio sobre el impacto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer halló ejemplos claros de su influencia en reformas legislativas realizadas con objeto de fortalecer la igualdad de oportunidades, prohibir la discriminación y abordar la violencia contra las mujeres en países de todo el mundo. En Turquía, los esfuerzos a largo plazo realizados por el movimiento en favor de los derechos de las mujeres en numerosos ámbitos sociales para conseguir medidas legislativas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se vieron impulsados por el diálogo entre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y funcionarios turcos.(107)

La Ley de Protección de la Familia de Turquía, que entró en vigor en 1998, es una medida legislativa progresista contra la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.(108) Sin embargo, aún son precisas ciertas reformas para cubrir lagunas en la legislación, y la principal preocupación de Amnistía Internacional es que la ley no está siendo aplicada correctamente. Según se estipula en ella, la mujer, un familiar, una persona amiga de la familia o el propio fiscal pueden solicitar al juez de paz que tome medidas para protegerla de la violencia. El juez debe emitir inmediatamente una orden de protección al recibir la solicitud, en la cual no se pide que se procese al presunto autor de la violencia, sino que se proteja a la esposa. Es preciso que el presunto maltratador se marche de casa y acate otros requisitos de la orden, como no acercarse a la víctima, so pena de ser encarcelado. También habilita a la policía para confiscarle las armas que tenga.

En la actualidad, Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que la ley sólo proporcione protección a mujeres casadas en ceremonia civil y que vivan bajo el mismo techo que sus maridos. Canan Arýn, abogada y activista de los derechos de la mujer, ha hecho un llamamiento para que se reforme la ley de manera que permita la protección en otras formas de relación, como en el caso de las mujeres que se han separado de sus maridos, las lesbianas y los homosexuales con relaciones estables o las segundas esposas casadas, ilegalmente, en ceremonias religiosas no oficiales. Sostiene que la ley no debe utilizar el término "cónyuge", sino, según el contexto, "persona que sufre violencia" y "perpetrador de la violencia". Canan Arýn afirma:

El concepto de "familia" debe ser amplio. La formulación "quienes viven bajo el mismo techo" es muy importante, pero insuficiente. Quienes viven juntos, quienes han vivido alguna vez juntos, los antiguos cónyuges, los cónyuges que ya no viven bajo el mismo techo pero que están educando juntos a niños, todos ellos deben entrar en la definición de esta ley.(109)

Para que la ley sea ejecutada de forma eficaz, los perpetradores de violencia contra las mujeres en él ámbito familiar deben saber que será utilizada con prontitud en su contra y que las medidas de protección para las víctimas serán de larga duración. La Fundación Tejado Púrpura ha informado de que, incluso en Estambul, las abogadas tienen que adjuntar copias de la ley a las solicitudes de órdenes de protección, ya que los fiscales no suelen conocer ni aplicar sus disposiciones. En la provincia de Eskiehir, por ejemplo, de un total de 808 solicitudes realizadas al amparo de esta Ley entre 1998 y 2002, el 90 por ciento no prosperaron.(110)

Organizaciones de mujeres, abogadas y personas que trabajan en el campo de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar han contado a Amnistía Internacional que el hecho de que el sistema judicial no aplique la ley hace que la situación sea aún más peligrosa para las mujeres. Uno de los momentos más peligrosos y difíciles para las mujeres es cuando están esforzándose por reunir el coraje necesario para dejar a sus parejas. Es entonces cuando más probabilidades hay de que aumente la violencia perpetrada contra ellas.

Mujeres en el taller de la organización de mujeres de Selis. © AI

La Ley sobre el Establecimiento, las Tareas y los Procedimientos de los Tribunales de Familia fue promulgadaen enero de 2003. Estos tribunales, que actualmente se encuentran en proceso de creación, tienen por objeto reforzar el acceso de las mujeres y de los niños a la justicia. Tienen competencia para tomar decisiones en asuntos relativos al derecho familiar. Su tarea es tomar medidas protectoras, educativas y sociales para niños y adultos (especialmente, en la práctica, para las mujeres), incluida la protección económica de la familia. Se han de crear tribunales de este tipo en todas las ciudades con más de 100.000 habitantes.

Por ley, se dispone de asistencia letrada gratuita en toda Turquía. Sin embargo, en la práctica sólo algunos colegios de abogados pueden proporcionar este tipo de apoyo a las mujeres. El Centro de Derechos de las Mujeres de Estambul proporciona asistencia letrada gratuita a las mujeres y un curso obligatorio de formación obligatorio para todas las abogadas que trabajan allí. Hay otros centros de asistencia letrada que cuentan con centros de derechos de las mujeres.

Al amparo del nuevo CódigoCivil,que entró en vigor en 2001, las mujeres que sufren violencia en el hogar tienen derecho a indemnizaciones por pérdidas materiales, dolor y lesiones, al igual que las demás víctimas de delitos violentos.(111) El Código Civil revisado define la familia como una sociedad basada en la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de derechos de los cónyuges quedó establecida en la Constitución en 2001, al añadirse, en su artículo 41, la frase "[la familia] se basa en la igualdad de los cónyuges". Los términos "esposa" y "esposo" fueron sustituidos por "cónyuge".

Otras reformas legales de los últimos años han establecido que los cónyuges encabezan la unión familiar a partes iguales, con igualdad de poderes en la toma de decisiones; y que tienen el mismo derecho al hogar familiar y los bienes adquiridos durante el matrimonio. El concepto de hijos "ilegítimos" ha sido eliminado, y las madres tienen la custodia de los niños habidos fuera del matrimonio.(112)

En 2003 se redactaron importantes reformas del CódigoPenal turco. Un grupo de trabajo de la Subcomisión del Código Penal del Ministerio de Justicia examinó detenidamente un proyecto de código nuevo.(113) En abril de 2004, el artículo sobre la "provocación indebida" estipulaba que "el perpetrador de un delito en nombre del honor no puede beneficiarse de la jurisprudencia relativa a ‘actos injustos’". Amnistía Internacional pide garantías de que el lenguaje de la enmienda indica de la forma más clara posible que no se tolerará la reducción judicial de la condena por motivos de honor, costumbre o "provocación indebida" – entendida ésta como toda elección o acción de la mujer que se utilice para justificar su asesinato–.

El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre el Código Penal Turco elaboró un proyecto alternativo de código, a la vez que declaraba que "los derechos humanos de las mujeres no han sido defendidos suficientemente". En una conferencia de prensa celebrada en mayo de 2003, una portavoz del Grupo de Trabajo declaró: "Si el proyecto se deja como está, la mano de la ley fomentará violaciones de derechos humanos contra millones de mujeres".(114)

Las enmiendas expuestas a continuación, elaboradas por la Subcomisión del Código Penal del Ministerio de Justicia, recibieron el apoyo de la Ministra de Asuntos de la Mujer, Güldal Aksit, y el Ministro de Justicia, Cemil Çicek, prometió su aprobación, si bien aún han de ser aprobadas por el Parlamento:

· Eliminación de la posibilidad de reducir, postergar o anular la condena a los violadores que se casan con sus víctimas.

· Reconocimiento explícito de la violación conyugal como delito.

· Cambio del título del apartado "Delitos contra la Integridad Sexual y las Buenas Costumbres" por "Delitos contra la Libertad Sexual".

· Cambio del término "violación de la castidad" por "violación de la integridad corporal para satisfacer deseos sexuales".

· Inclusión de los delitos sexuales en el apartado sobre "delitos contra la persona".

· Inclusión en la definición de "violación" de la penetración con una porra u otro objeto.(115)

· Imposibilidad de justificar la violación de menores alegando su consentimiento y eliminación de la posibilidad de reducir la condena impuesta por este delito.

· Inclusión de nuevos delitos, como pornografía infantil, agresión sexual conyugal, agresión sexual de una persona por sus empleadores y agresión sexual o violación de una persona en un hospital, prisión u otro lugar bajo observación especial.

· Eliminación de las definiciones de "mujer" y "niña" por ser discriminatorias.

· Nueva redacción de la cláusula que permitía al juez definir los "comportamientos deshonestos" con el fin de proporcionar una definición más concreta.

Si estas enmiendas fueran aprobadas, los funcionarios ya no tendrían motivos para realizar exámenes de virginidad, ya que la violación dejará de ser definida como "agresión a la castidad". Cualquier persona que denuncie una agresión sexual se someterá a un examen completo por "agresión sexual", de acuerdo con la definición revisada de ese delito. En el momento de redactar el presente informe, se estaban examinando propuestas de tipificar como delito las pruebas de virginidad forzadas en Turquía.(116)

Obligaciones del Estado

Las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional no se limitan a garantizar que sus agentes no cometan infracciones –en este caso, actos de violencia contra las mujeres–, sino que también deben tomar medidas efectivas para prevenir y castigar tales actos cuando los cometen particulares o grupos. De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen el deber de tomar medidas positivas para prevenir, prohibir y castigar la violencia contra las mujeres, independientemente de dónde se produzca y de quién sea el perpetrador.

Además, si se viola un derecho, el Estado debe restablecer el derecho violado en la medida de lo posible y ofrecer una indemnización adecuada, sin perjuicio de que los perpetradores reales sean procesados y castigados, además de sometidos al procedimiento abierto en lo civil.

Diligencia debida

Un Estado debe actuar correcta y eficazmente para impedir la violencia contra las mujeres, así como para investigar y castigar tal violencia cuando se produzca; de lo contrario, el propio Estado puede ser considerado responsable de la violación de derechos que implica. Esta es la norma de la "diligencia debida," que determina los esfuerzos que el Estado ha de realizar para cumplir con su responsabilidad de proteger a las personas de los abusos cometidos contra sus derechos por agentes no estatales. Según la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, los Estados deben "[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares"(117). La recomendación general 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estipula:

En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización.(118)

La relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer ha manifestado:

Los Estados deben promover y proteger los derechos humanos de la mujer y deben actuar con la debida diligencia para:

a) Prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer en todas sus formas que se cometan en el hogar, el centro de trabajo, la comunidad o la sociedad, durante la detención o en situación de conflicto armado;

b) Adoptar todas las medidas necesarias para potenciar a las mujeres y fortalecer su independencia económica y proteger y promover el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

c) Condenar la violencia contra la mujer y no invocar la costumbre, la tradición o las prácticas religiosas o culturales para eludir su obligación de eliminar esa violencia;

d) Intensificar los esfuerzos para formular o aplicar medidas legislativas, educacionales, sociales y de otra índole para prevenir la violencia contra la mujer, mediante la difusión de información, campañas de divulgación de informaciones jurídicas y la formación de juristas y de personal judicial y sanitario.(119)

Tal y como ilustran estas citas, la obligación de la ‘diligencia debida’ no consiste meramente en legislar contra la violencia y tratarla como delito, sino que es necesario también que el Estado adopte toda una gama de medidas, como impartir formación al personal estatal, adoptar políticas y mecanismos prácticos de protección de los derechos de las mujeres y garantizar que las mujeres que han sufrido alguna forma de violencia pueden obtener justicia.

La violación como tortura

Los actos de violencia contra las mujeres en el hogar o en la comunidad constituyen tortura, y el Estado es responsable de ellos cuando son de naturaleza y gravedad propia de la tortura y cuando el Estado no ha cumplido su obligación de proporcionar una protección efectiva. Los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales penales internacionales han afirmado que el dolor y el sufrimiento ocasionados por la violación son acordes con la definición de la tortura.

El Estado es responsable, según el derecho internacional de derechos humanos, de la violación perpetrada por sus agentes y por particulares cuando no ha actuado con diligencia debida para prohibirla, prevenirla, castigarla y resarcir por ella.

Prevención de la violencia contra las mujeres

Recomendaciones a la comunidad internacional

En su campaña "No más violencia contra las mujeres", Amnistía Internacional hace un llamamiento a los líderes mundiales, los Estados, las organizaciones –incluidas la ONU, la Unión Europea, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales y regionales– y las personas para que procedan a lo siguiente:

· Públicamente se comprometan a hacer que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se prometen los mismos derechos y la misma protección para todas las personas, sea una realidad para todas las mujeres.

· Elaboren planes de acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y establezcan mecanismos para realizar un seguimiento de su puesta en práctica.

· Apliquen en su totalidad y con rapidez todo los tratados, declaraciones, resoluciones y recomendaciones internacionales y regionales que condenen, prohíban y prevengan todo acto de violencia contra las mujeres, investigando todos los casos de este tipo, llevando a los perpetradores ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y proporcionando reparación a las víctimas.

· Apoyen y fomenten las iniciativas de formación e intercambio de información dirigidas al personal judicial y a las personas que defienden en los tribunales a mujeres víctimas de violencia.

· Apoyen y fomenten iniciativas para la prevención de la violencia y la protección de las mujeres tanto en el ámbito gubernamental como en las ONG.



Recomendaciones al gobierno turco

En el marco de la campaña "No más violencia contra las mujeres", Amnistía Internacional insta al gobierno turco a que, en cada oportunidad que se le presente, haga público su compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres en Turquía y de ejercer la diligencia debida a la hora de prevenir, investigar y castigar todo tipo de actos de violencia contra las mujeres. En particular, la organización insta al gobierno a:

· Garantizar la aprobación del proyecto de Código Penal en el Parlamento, en el que, en el momento de redactarse el presente informe, se habían eliminado diversos de artículos discriminatorios contra las mujeres, se tipificaban explícitamente delitos como la violación conyugal y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo y se definía la violación de acuerdo con los elementos del delito establecidos en el Estatuto de Roma.

· Derogar todas las leyes y prácticas que facilitan la impunidad de la violencia contra las mujeres, lo que incluye eliminar la posibilidad de reducir la condena a los acusados de delitos en nombre del "honor" sobre la base de la "costumbre", el "honor", la "tradición" o la "provocación grave o indebida", o los "actos injustos".

· Reconocer y apoyar a las organizaciones independientes de activistas que trabajan para prevenir la violencia contra las mujeres, no restringiendo su trabajo y capacitándoles para recibir fondos.

· Recoger exhaustivamente datos en todas las regiones de Turquía que midan de forma sistemática la naturaleza y la extensión de la violencia contra las mujeres.

· Tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres financiando un número suficiente de casas de acogida en colaboración con ONG con experiencia en el trabajo de proteger a las mujeres de la violencia.

· Hacer cumplir las leyes que protegen a las mujeres, como la Ley de Protección de la Familia y el Código Penal pendiente de aprobación, para garantizar que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es tratada con la misma seriedad que las agresiones cometidas en otros contextos y que la violación y demás actos de violencia contra las mujeres son tratados como delitos en todos los contextos.

· Garantizar que los miembros del poder judicial y otros funcionarios del Estado reciben formación obligatoria, para conseguir que las mujeres estén protegidas contra la violencia en la comunidad, y que los funcionarios que no cumplan con su deber legal de proteger a las mujeres y prevenir la violencia cuando claramente se les requiera hacerlo sean llevados ante la justicia.

· Garantizar que los agentes de la policía y la gendarmería reciben formación obligatoria sobre cómo responder a denuncias de violencia en el ámbito familiar con inmediatez y eficacia y que son sometidos a procedimientos disciplinarios aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que no respondan efectivamente ante dicha violencia.

· Financiar y apoyar medidas encaminadas a que todas las mujeres vivan libres de violencia, tales como programas de educación cívica y formación y sistemas de apoyo y protección para las víctimas de esta violencia y para quienes luchan por los derechos humanos de las mujeres.

· Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las denuncias de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, bien sea a manos de particulares o de funcionarios que actuaban en calidad de tales o como particulares, son investigadas con prontitud, imparcialidad y eficacia por un organismo que sea independiente de los presuntos perpetradores de la violencia. Éstos han de ser procesados si existen suficientes pruebas admisibles. Las denunciantes, los testigos y demás personas en situación de riesgo durante estas investigaciones y procedimientos siempre han de ser protegidos de las intimidaciones y las represalias.

· Investigar rigurosamente todos los asesinatos, intentos de asesinatos y suicidios aparentes con el fin de asegurarse de que todoslos perpetradores sean llevados ante la justicia, incluidos los miembros de consejos familiares que ordenen el homicidio de mujeres.

· Garantizar que a todos los perpetradores se les imponen condenas acordes con la gravedad del delito.

· Garantizar que se proporciona a todas las mujeres que han sido sometidas a violencia acceso a resarcimiento y reparación, incluida indemnización.

· Garantizar que hay información y puntos de acceso suficientes para que las mujeres puedan denunciar la violencia, incluidas líneas de atención telefónica accesibles desde toda Turquía, con personal debidamente formado, folletos y carteles distribuidos por todos los hospitales, centros de salud primaria, tribunales y sitios web.

· Garantizar que todos los departamentos que traten con víctimas tienen conexión con los servicios judiciales y de asistencia social apropiados.

· Garantizar que todos los profesionales de centros de salud primaria y abogados reciben formación para responder a la violencia en el ámbito familiar, incluidos los casos de incesto, y que existen mecanismos de emergencia apropiados.

· Tomar medidas para promocionar la igualdad de las mujeres y contrarrestar su empobrecimiento, garantizando la igualdad de acceso a los derechos económicos y sociales, incluidos la educación, la libertad de circulación, la propiedad, el empleo y la ayuda social, y la participación política.

· Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y promulgar la legislación interna necesaria para su aplicación con objeto de poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres en todas las circunstancias.

· Sumarse a los esfuerzos internacionales para detener la proliferación de armas utilizadas en la violencia contra las mujeres y los hombres.

Recomendaciones a las autoridades religiosas y comunitarias

En la campaña "No más violencia contra las mujeres", Amnistía Internacional formula también las siguientes recomendaciones:

· Insta a las comunidades a que se esfuercen por crear un ambiente que apoye a las mujeres y se ocupe de la violencia, propiciando la concienciación sobre la violencia contra las mujeres, creando estructuras y procesos comunitarios para proteger a las mujeres, proporcionando asistencia a las supervivientes de violencia, y garantizando que todas las personas que luchan por los derechos humanos de las mujeres puedan realizar su trabajo libremente.

· Exige que las mujeres sean tratadas con igualdad dentro de la comunidad, lo que supone tener la misma participación que los hombres en los procesos de toma de decisiones de las estructuras locales de gobierno y comunitarias.

· Hace un llamamiento a los organismos religiosos y a las autoridades tradicionales e informales para que respeten los derechos humanos de las mujeres y para que se abstengan de cometer y denuncien cualquier acto que fomente o tolere la violencia contra las mujeres.

· Insta a todas las personas a enfrentarse a la imagen negativa de la mujer y a esforzarse por combatir los medios de comunicación, anuncios publicitarios y programas escolares que refuercen las actitudes discriminatorias y propicien la violencia contra las mujeres y las niñas.

· Hace un llamamiento a las comunidades para que trabajen con las personas más afectadas por la violencia para elaborar y aplicar estrategias locales contra la violencia contra las mujeres.



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(1) Periódico Radikal, 1 de marzo de 2004.



(2) El 5 de abril de 2004, su marido fue condenado a 12 años y 6 meses de reclusión, sin posibilidad de ser puesto en libertad antes de 5 años.



(3) Periódico Milliyet, 8 de marzo en 2004; entrevista de Amnistía Internacional con el abogado de Zeynep en Adana, Turquía, noviembre de 2003.



(4) En la versión turca del presente informe se ha preferido utilizar el término töre cinayetleri, cuya traducción literal es ‘asesinatos consuetudinarios’. En la traducción española se utilizara la denominación convencional de homicidios en nombre del "honor" (en turco, namus cinayetleri).



(5) Véase el informe de Amnistía Internacional Está en nuestras manos – No Más Violencia Contra Las Mujeres, marzo de 2004 (Índice AI: ACT 77/001/2004).



(6) Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, informe a la Comisión de Derechos Humanos, 59º periodo de sesiones, 6 de enero de 2003, doc. ONU E/CN.4/2003/75.



(7) Entrevista con Amnistía Internacional, julio de 2003.



(8) Resolución 48/104 de la Asamblea General de la ONU, GAOR Supp. (No.49), 217, doc. ONU A/48/49 (1993), art. 1.



(9) Radhika Coomaraswamy, op.cit. párr. 30.



(10) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 19, 1992, doc. ONU A/47/38, párr. 6 .



(11) Organización Mundial de la Salud (OMS), World Report on Violence and Health, Ginebra, 2002. Disponible en inglés en http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/wrvh1/en/



(12) Heise, L.; Ellsberg, M., y Gottemoeller, M., ‘Ending Violence Against Women’, Population Reports, Series L, No. 11., Baltimore, Johns Hopkins University School of Public Health, diciembre de 1999, p.1; Organización Mundial de la Salud (OMS), World Report on Violence and Health, Ginebra, 2002, p. 118.



(13) Estudio basado en las llamadas telefónicas realizadas por 1.702 mujeres a la organización de mujeres KA-MER entre 1999 y 2003.



(14) Dirección General de la Condición y los Problemas de la Mujer (TC. Basbakanlik Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü), Türkiye’de Kadin ("Las mujeres en Turquía"), Ankara, agosto de 2001, p.112. En un estudio realizado por la Fundación Solidaridad de Mujeres, de las mujeres entrevistadas, el 46,8 por ciento afirmaban ser sometidas a formas "suaves" de violencia de vez en cuando por sus maridos; el 34,6 por ciento, a violencia de "grado medio", y el 15,6 por ciento, a tratos violentos frecuentes.



(15) Dirección General de la Condición y los Problemas de la Mujer, op. cit., p.113.



(16) Colegio de Médicos de Ankara, simposio sobre la violencia contra las mujeres y la profesión médica, 16-17 de noviembre de 2002.



(17) Ü. Sayin, N. Ziyalar y I. Kahya, "Sexual behaviour in educated Turkish women"), actas de conferencia, Instituto de Ciencias Forenses, Estambul, septiembre de 2003.



(18) C. Bütün, S. Sözen y M. Tok, "Evaluation of violence against women resulting in death", actas de conferencia, Instituto de Medicina Forense, Estambul, septiembre de 2003.



(19) N. Ergin y N. Bilgel, "Bursa Ýl Merkezinde Kadinlara Yönelik Siddetle Ilgili Durum Saptamasi Arastirmaso", estudio sobre la violencia contra la mujeres en Bursa central realizado por estudiantes del Departamento de Formación de Comadronas de la Universidad de Uludað, en Bursa, Journal of Nursing, Asociación Turca de Enfermería, 2001, 51, 1-2, p.10.



(20) Fundación Tejado Púrpura, "Mi futuro en mis manos", (Mor Çati Kadin Siginagi Vakfi, Gelecegim Elimde), Estambul, 1997, pp. 34-35.



(21) Estudio de 190 mujeres que habían sufrido violencia, realizado por el Centro de Apoyo y Solidaridad de Mujeres de Antalya, 1995.



(22) En Women and sexuality in Muslim societies P. Ilkkaracan, ed., Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres [Women for Women’s Human Rights, www.wwhr.org.], Estambul, 2000.



(23) Entrevista con Amnistía Internacional, 10 de julio de 2003.



(24) Para un examen más completo de la violencia de género contra las mujeres véase Está en nuestras manos: No Más Violencia Contra Las Mujeres (Índice AI: ACT 77/003/2004).



(25) Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Not a Minute More: Ending Violence Against Women, Nueva York, 2003. Disponible en inglés en http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=207.



(26) UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2004. Disponible en español en http://www.unicef.org/spanish/sowc04/sowc04_chapters.html



j (27) Universidad de Hacettepe y Fondo de Población de las Naciones Unidas, estudio sobre población y salud en Turquía, 1998. En 1998, los porcentajes de mujeres que todavía estudiaban con respecto a los hombres eran: de 6 a 15 años de edad, 62,6 por ciento frente a 74 por ciento; de 16 a 20 años, 19,6 por ciento frente 31,6 por ciento; de 21 a 24 años, 8,9 por ciento frente a 14,7 por ciento.



(28) N. Üstündað, revisión de los libros escolares de los cursos 1º a 3º en Turquía siguiendo criterios de derechos humanos y de igualdad entre hombres y mujeres, Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, Estambul, 2001.



(29) Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, recomendación 1582, Domestic Violence against Women, aprobada el 27 de septiembre de 2002.



(30) Ain O Salish Kendra y Shirkat Gah, Information Gathering Exercise on Forced Marriages, presentado por Interights a un grupo de trabajo del Ministerio del Interior británico, marzo de 2000. Disponible en inglés en http://www.soas.ac.uk/honourcrimes/FMsubmission.htm



(31) "Exploring the context of women’s sexuality in Eastern Turkey", en Women and sexuality in Muslim societies, P. Ilkkaracan, ed., Mujeres para los Derechos Humanos de las Mujeres, Estambul, 2000, p. 237.



(32) Periódico Radikal, Estambul, 9 de noviembre de 2003. La ley ha sido utilizada a veces como medio, para, siendo demasiado joven, evitar pedir permiso a la familia parar casarse.



(33) Caso publicado en el boletín de la Escoba Volante (Uçan Süpürge), organización pro derechos de las mujeres con sede en Ankara, diciembre de 2003.



(34) Entrevista de Amnistía Internacional con una activista de los derechos de las mujeres, junio de 2003



(35) Artículo 16.2.



(36) Artículo 23.3.



(37) Entrevista de Amnistía Internacional, Ankara, septiembre de 2002.



(38) Periódico Radikal, 29 de junio de 2003.



(39) Artículos 124 y 126 del Código Civil turco.



(40) El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha manifestado que "se permiten los esponsales de niñas o los compromisos contraídos en su nombre por familiares. Estas medidas no sólo contravienen la Convención, sino también infringen el derecho de la mujer a elegir libremente cónyuge" (recomendación general 21, párr. 38).



(41) Entrevista de Amnistía Internacional, noroeste de Turquía, 10 de julio de 2003.



(42) Véase el titular del periódico Radikal, 26 de febrero de 2003



(43) Véanse, por ejemplo, Amnistía Internacional, Restrictive laws, arbitrary application: the pressure on human rights defenders (Índice AI: EUR 44/002/2004), From paper to practice: making change real (Índice AI: EUR 44/001/2004) y Concerns in Europe: Turkey (Índice AI: EUR 01/016/2003).



(44) El periódico Radikal informó el 26 de abril de 2004 de que la Facultad de Educación de la Universidad de Çukurova había entrevistado a 280 profesores y a 900 alumnos de enseñanza primaria y había determinado que el 50 por ciento de las niñas y el 75 por ciento de los niños habían sido golpeados.



(45) La investigación fue realizada por la Universidad del Egeo, con el apoyo de la Unión Europea. "The role of lawers in the Izmir Bar Association’s Prevention of Torture", diciembre de 2003, Esmirna.



(46) Entrevista de Amnistía Internacional, septiembre de 2002.



(47) Evdeki terör ("Terror en casa"), Fundación Tejado Púrpura, Estambul, 1995.



(48) Entrevista de Amnistía Internacional con abogadas del Centro de Derechos de las Mujeres, 17 de junio de 2003.



(49) Radikal, 23 de octubre de 2003.



(50) Estudio realizado en Konya con 350 estudiantes universitarios.



(51) Una encuesta realizada entre estudiantes de la Universidad de Ankara reveló que entre el 40 y el 50 por ciento de los estudiantes varones y entre el 18 y el 36 por ciento de las estudiantes consideraban que las mujeres debían ser vírgenes al casarse. Investigación realizada por el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Ankara, Ilbars, 2002.



(52) N. Alkan, A. Baksu, B. Baksu y N. Göker, "Gynaecological examinations for social and legal reasons in Turkey: hospital data", Croatian Medical Journal, 2002, 43(3), 338-341. El estudio fue realizado entre 1999 y 2001.



(53) Informe de una mujer que participa en un programa de derechos de las mujeres en Turquía, citado en Ilkkaracan y Seral, "Sexual pleasure as a woman’s human right", en Women and sexuality in Muslim societies, P. Ilkkaracan. ed., Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, Estambul, 2000.



(54) Entrevista de Amnistía Internacional, Estambul, Junio de 2003.



(55) Se preguntó a 1836 personas mayores de 18 años de 21 provincias a quién se hacía más caso en el hogar: el 66,8 por ciento respondieron que al hombre; el 27,4 por ciento, al hombre y a la mujer por igual, y el 5,6 por ciento, a la mujer. La investigación fue realizada por la empresa E & G Research Company en 102 barrios periféricos y pueblos. Sin embargo, había notables variaciones regionales en los resultados. En la región del Mar Negro el 87,8 por ciento pensaban que el hombre era el cabeza de familia, cifra que se reducía al 37,2 en la región del Mar Egeo. Radikal, 11 de Septiembre de 2002.



(56) Las mujeres en los años noventa. Instituto Turco de Estadística, 1996. Un promedio del 36,5 por ciento de las mujeres de las ciudades y el 62,6 por ciento de las mujeres de las zonas rurales de entre 15 y 49 años de edad compartían esta opinión.



(57) Ibíd. Un promedio del 38,2 por ciento de las mujeres urbanas y el 71,4 por ciento de las mujeres rurales de edades comprendidas entre 15 y 49 años de edad compartían esta opinión.



(58) S. Muderrisoglu y M.F. Yavuz, "Family risk factors and depression as predictors of suicidal ideation in adolescents", actas de conferencia, EAFS, Universidad de Bilgi e Instituto de Medicina Forense, Estambul, septiembre de 2003. La muestra del estudio era de 1.364 alumnos; su media de edad era de 16,3 años.



(59) Entrevista de Amnistía Internacional, Urfa, 10 de junio de 2003.



(60) Organización de mujeres de Selis, comunicado de prensa, Diyarbakýr, marzo de 2004.



(61) Entrevista de Amnistía Internacional, sureste de Turquía, junio de 2003.



(62) Boletín de la Escoba Volante, Ankara, diciembre de 2002.



(63) M. Faraç, Töre Kiskacinda Kadin (‘Las mujeres bajo el yugo de la tradición’), Estambul, Çagdas Yayinlari, 1998.



(64) Periódico Radikal, 26 de enero de 2004



(65) Centro de Noticias Bianet, Estambul, 6 de abril de 2004.



(66) D. Cindoglu, "Virginity tests and artificial virginity in modern Turkish medicine", en Women and Sexualty in Muslim societies, P. Ýlkkaracan, ed., Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, Estambul, 2000, pp. 215-228.



(67) Periódico Hürriyet, 29 de abril de 2004.



(68) Entrevista de Amnistía Internacional, 25 de julio de 2003.



(69) Entrevista de Amnistía Internacional con la abogada, 25 de Julio de 2003.



(70) Entrevista de Amnistía Internacional, 17 de junio de 2003.



(71) Entrevista de Amnistía Internacional con la abogada de Perihan, Estambul, 25 de Julio de 2003.



(72) Z. Gölge, M. Yavuz y Y. Günay, "Professional attitudes and beliefs concerning rape", Archives of Neuropsychiaty (Turkey), 1999, 36(3), 146-153. También se encuestó a otros grupos, de jueces, abogados, pasantes, psicólogos, psiquiatras y médicos forenses especialistas.



(73) Women and Sexualty in Muslim societies, P. Ýlkkaracan, ed., Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, Estambul, 2000, p. 241.



(74) Entrevista de Amnistía Internacional, Estambul, 1 de julio de 2003.



(75) Entrevista de Amnistía Internacional, Turquía, 3 de junio de 2003.



(76) Investigación realizada por el Grupo de Trabajo de Investigación Social y Criminológica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bilgi, presentada en un seminario celebrado en Estambul el 26 de marzo de 2003.



(77) Entrevista de Amnistía Internacional, Estambul, 8 de julio de 2003.



(78) Véase Organización Mundial de la Salud en www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/ipvfacts.pdf.



(79) Periódico Milliyet, 31 de enero de 2004



(80) Entrevista de Amnistía Internacional, Turquía, 16 de julio de 2003.



(81) Entrevistas de Amnistía Internacional con "Zozan" y representantes de KA-MER, Diyarbakýr, junio y julio de 2003.



(82) Entrevista de Amnistía Internacional, Turquía, 11 de junio de 2003.



(83) Entrevista de Amnistía Internacional, Diyarbakýr, 9 de junio de 2003



(84) Entrevista de Amnistía Internacional, Estambul, 25 de julio de 2003.



(85) Entrevista de Amnistía Internacional, 6 de junio de 2003.



(86) Mujeres que caminan las unas hacia las otras, Estambul, 2003



(87) Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A(III), del 10 de diciembre de 1948.



(88) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976.



(89) Comité de Derechos Humanos, observación general sobre el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y proyecto de observación general sobre el artículo 2.



(90) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984, y que entró en vigor el 26 de junio de 1987.



(91) Informe de la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, febrero de 1996, doc. ONU E/CN.4/1996/53, 45.



(92) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979, y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.



(93) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 19, 1992, doc. ONU A/47/38, párr. 7.



(94) Las reservas son declaraciones jurídicas por las que el Estado no acatará una disposición o lo hará sólo de forma limitada o condicionada a su propia interpretación de la misma.



(95) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, arts. 15.2, 15.4 y 16.1.c,d, f y g.



(96) Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989, y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.



(97) Véanse, por ejemplo, las observaciones finales del Comité relativas a Burkina Faso, doc. ONU CRC/C/15/Add.19 (1994), párr. 8; República Centroafricana, doc. ONU CRC/C/15/Add.138 (2000), párr. 46, y Bangladesh, doc. ONU CRC/C/15/Add.221(2003), párr. 61.



(98) Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena el 25 de junio de 1993, párr. 18. Véase http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument



(99) Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993, doc. ONU A/RES/48/104.



(100) Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekín, 4-15 de septiembre de 1995, A/CONF.177/20/Rev.1, anexos I y II, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 50/42, 50 U.N. GAOR Supp. (No. 49), 33, doc. ONU A/RES/50/49 (1995). Se puede consultar el texto en http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/273/01/PDF/N9627301.pdf?OpenElement.



(101) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 (A/CONF.183/9) y que entró en vigor el 1 de julio de 2002.



(102) Véanse los Artículos 7.1.g, 8.2.b.xxii y 8.2.c.vi.



(103) Artículo 7.1.h.



(104) Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre la protección de las mujeres contra la violencia, Rec(2002)5, de 30 de abril de 2002, aprobada por el Comité de Ministros el 30 de abril de 2002 en la 794ª reunión de los delegados de los ministros, 3.



(105) Danýþtay 5. Sala, Nº 1991/933.



(106) Entrevista de Amnistía Internacional, Esmirna, junio de 2002



(107) M. McPhedran, S. Bazilli, M. Erickson y A. Byrnes, The First CEDAW Impact Study, Final Report, International Women’s Rights Project y Centre for Feminist Research, York University, 2000



(108) Véase el texto íntegro de la ley en la página web de Mujeres para los Derechos Humanos de las Mujeres, www.wwhr.org.



(109) Canan Arýn, en "Problems in the application of the Law for the Protection of the Family and the new civil code", publicación del Colegio de Abogados de Estambul, Estambul, 2003.



(110) "How can it be that the application of a five-year-old law makes news?", boletín de la Fundación Tejado Púrpura, 2003.



(111) Código Civil turco, art. 174.



(112) Para más información sobre la lucha del movimiento pro derechos de las mujeres por el cambio de la condición jurídica de las mujeres en Turquía, visiten la página web de Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, www.wwhr.org.



(113) Además del informe paralelo y del cabildeo realizados por las organizaciones de mujeres, los cambios también recibieron el apoyo de expertos independientes designados para formar parte de la Comisión.



(114) Entre las organizaciones que trabajaron en el proyecto alternativo de Código Penal, destacan los Centros de Aplicación de los Derechos de las Mujeres y las Comisiones de la Mujer de los Colegios de Abogados de Esmirna y Diyarbakýr, la Fundación Tejado Púrpura, Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, la Sociedad de Mujeres Republicanas, la Mesa de Derechos Humanos y la Asociación para la Condición de la Mujer de la gobernación de Estambul.



(115) En una carta dirigida al gobierno turco el 15 de octubre de 2003, Amnistía Internacional recomendó que la subcomisión considerará la definición de violencia sexual recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, según la cual es necesario:



Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo.



Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su consentimiento genuino.16



[...]



16 Se entiende que una persona es incapaz de dar su consentimiento genuino si adolece de una incapacidad natural, inducida o debida a la edad). [Elementos de los Crímenes, ICC-ASP/1/3, art. 7 1) g) –1].



Que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas u otra persona o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su consentimiento genuino. [Elementos de los Crímenes, ICC-ASP/1/3, art. 7 1) g) –6].



(116) Véase el informe de Amnistía Internacional Turquía: ¡No más violencia sexual contra las mujeres detenidas! (Índice AI: EUR 44/006/2003).



(117) Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993, doc. ONU A/RES/48/104.



(118) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 19, 1992, doc. ONU A/47/38, párr. 9.



(119) Radhika Coomaraswamy, op. cit., párr. 85.





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