Document - Sweden: The case of Mohammed El Zari and Ahmed Agiza: violations of fundamental human rights by Sweden confirmed


Público


Amnistía Internacional


SUECIA


El caso de Mohammed El Zari y Ahmed Agiza: Se confirma que Suecia ha violado derechos humanos fundamentales











ÍNDICE




Introducción 1


Información sobre los hechos 2


El Comité de Derechos Humanos confirma que Suecia ha cometido múltiples violaciones de los derechos humanos fundamentales de Mohammed El Zari 5


Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos 7


Reacción del gobierno sueco hasta la fecha 7


Conclusiones de Amnistía Internacional y recomendaciones a las autoridades suecas 8










SUECIA


El caso de Mohammed El Zari y Ahmed Agiza: Se confirma que Suecia ha violado derechos humanos fundamentales

Introducción


El 10 de noviembre de 2006, uno de los órganos de derechos humanos más importantes de las Naciones Unidas confirmó que las autoridades suecas eran responsables de diversas violaciones de algunos de los derechos humanos más fundamentales de Mohammed El Zari,(1) un solicitante de asilo egipcio, en relación con su expulsión sumaria y la de Ahmed Agiza de Suecia a Egipto en diciembre de 2001.(2)


El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(3) hizo pública su decisión en la comunicación contra Suecia por supuestas violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), presentada al Comité en julio de 2005 en nombre de Mohammed El Zari.(4)


Tras ser devueltos a Egipto, Mohammed El Zari y Ahmed Agiza alegaron que los habían torturado mientras se encontraban bajo custodia policial. Este caso, en el que Suecia se amparó en las "garantías diplomáticas" que supuestamente reducían lo suficiente el riesgo, bien fundado, de que a su regreso a Egipto estos dos hombres fuesen sometidos a torturas, ilustra las deficiencias que conlleva recurrir a este tipo de garantías. Las garantías diplomáticas constituyen en realidad un intento de reemplazar la importancia del pleno cumplimiento por todos los Estados de los tratados multilaterales vinculantes y las obligaciones consuetudinarias que prohíben terminantemente la tortura y otras formas de maltrato por acuerdos bilaterales pactados con Estados que para empezar ni siquiera cumplen con sus propias obligaciones internacionales y multilaterales.


Las deficiencias inherentes a las garantías diplomáticas han llevado a Amnistía Internacional y a otras organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, así como a las Naciones Unidas y a otros expertos y mecanismos internacionales, a oponerse por principio a su utilización y a denunciarlas en tanto prácticas que burlan, y por tanto menoscaban, la prohibición absoluta de la tortura y de los malos tratos en general, y la prohibición de devolución (refoulement) en particular.


Información sobre los hechos


Tanto Mohammed El Zari como Ahmed Agiza habían solicitado asilo en Suecia y en diciembre de 2001 se encontraban a la espera de una decisión acerca de sus solicitudes de asilo. Por aquel entonces ninguno de los dos se encontraba detenido y ambos gozaban legalmente de libertad en Suecia. En un momento dado, con bastante probabilidad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las autoridades estadounidenses manifestaron a sus homólogas suecas su preocupación por la presencia de Mohammed El Zari y de Ahmed Agiza en dicho país y en especial por el hecho de que gozasen de libertad.


El 5 de diciembre de 2001, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia anunció que no se esperaba una decisión acerca de las solicitudes de asilo de Ahmed Agiza y de Mohammed El Zari antes del 20 de diciembre de ese mismo año.


Sin embargo, el 18 de diciembre de 2001, basándose en información secreta al parecer suministrada por servicios de inteligencia extranjeros –se cree que egipcios y estadounidenses– a la Säpo (Policía de Seguridad de Suecia), y que incluía información relativa a Mohammed El Zari y Ahmed Agiza que provenía de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el gobierno sueco, sin previo aviso o notificación alguna a ninguna de estas dos personas o a sus abogados, decidió:


· revocar por "razones de seguridad" los permisos de residencia para permanecer en territorio sueco de Mohammed El Zari y Ahmed Agiza;

· rechazar las solicitudes de asilo de Mohammed El Zari y de Ahmed Agiza, a pesar de que ambos habían acreditado de forma satisfactoria que su temor a ser perseguidos en Egipto, incluido el riesgo a ser torturados, estaba justificado;

· denegarles protección frente a su devolución a Egipto. Las autoridades suecas adoptaron esta decisión basándose en que el riesgo real de sufrir violaciones graves de los derechos humanos al que ambos se exponían a su regreso a Egipto se reducía "bastante" gracias a determinadas garantías diplomáticas proporcionadas por las autoridades egipcias al gobierno sueco. Dichas garantías pretendían asegurar que Mohammed El Zari y Ahmed Agiza serían "juzgados de forma imparcial"; que no serían "sometidos a tratos o castigos inhumanos de ningún tipo" y que no serían "condenados a la pena capital o que, si se ha impuesto, dicha pena no será ejecutada";

· denegarles el acceso a un tribunal o a un órgano administrativo independiente que pudiese impugnar las decisiones anteriormente mencionadas;

· hacer caso omiso de la notificación de al menos uno de los abogados de que tenían intención de presentar recursos internacionales en caso de una decisión negativa;

· decir, al abogado de Mohammed El Zari cuando menos, que no se había tomado ninguna decisión a pesar de que sí se habían tomado; y

· ejecutar la decisión de expulsión inmediatamente, sin ni siquiera permitir a Mohammed El Zari y a Ahmed Agiza consultar con sus abogados. De hecho, a éstos se los informó de las decisiones del gobierno sueco una vez que los dos hombres ya habían sido expulsados.


Ese mismo día, apenas unas horas después de que el gobierno sueco tomase estas decisiones, miembros de la Policía de Seguridad sueca recogieron a Mohammed El Zari y Ahmed Agiza y, en cuestión de horas, éstos se encontraron encadenados en la parte trasera del pequeño aeroplano alquilado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), rodeados de agentes estadounidenses y egipcios y rumbo a El Cairo (Egipto). Ese mismo aeroplano había sido utilizado en otros casos de entregas extraordinarias de los que se tienen noticias.(5)


A pesar de que cuando fue detenido, Mohammed El Zari estaba hablando por teléfono con su entonces letrado, su comunicación fue interrumpida. Afirma además que se rechazó su petición posterior de contactar con él.


Tras permanecer detenidos por la Policía de Seguridad sueca durante algunas horas, durante las cuales fueron registrados, se condujo por separado a Mohammed El Zari y a Ahmed Agiza al aeropuerto de Bromma de Estocolmo. Una vez allí, la Policía de Seguridad sueca los entregó a un equipo de seguridad compuesto por unos 10 agentes de seguridad estadounidenses y egipcios vestidos de civil y encapuchados.


Este equipo de seguridad, cuyos miembros se comunicaban entre ellos en gran medida mediante señas hechas con las manos, sometió a Mohammed El Zari y a Ahmed Agiza a un supuesto "control de seguridad", en presencia de miembros de la Policía de Seguridad sueca y de dos representantes de la embajada de Estados Unidos en Suecia. En la práctica, este control de seguridad constituyó una agresión física a Mohammed El Zari y Ahmed Agiza extremadamente grave.


El "control de seguridad" comprendió lo siguiente:


· se les cortó la ropa con unas tijeras y se metió en una bolsa de plástico;

· se les examinaron meticulosamente el cabello, la boca y los oídos;

· después los esposaron y les pusieron grilletes;

· a continuación se obligó a Mohammed El Zari a inclinarse y se le administró un tranquilizante –al parecer algún tipo de relajante muscular– vía rectal y se le puso ropa interior impermeable. Según otros informes, ambos detenidos pasaron por este trance;(6)

· se les vistió con un mono, se les vendaron los ojos y se les colocaron capuchas; y

· uno de los agentes extranjeros les hizo fotografías.

Posteriormente, descalzos a pesar de que la temperatura no alcanzaba los cero grados, fueron escoltados al avión que les estaba esperando y, una vez en él, se los obligó a adoptar una postura incómoda y dolorosa. También viajaban en el vuelo a El Cairo un agente de la Policía de Seguridad sueca y un intérprete civil, quienes posteriormente confirmaron que se había sujetado a ambos hombres con correas a unos colchones situados en la parte trasera del aparato y que permanecieron esposados y con los grilletes puestos durante todo el viaje a Egipto.


A Mohammed El Zari se lo mantuvo con los ojos vendados y con la capucha puesta durante todo el trayecto, incluso cuando, unas cinco horas más tarde, agentes de seguridad militar de Egipto se hicieron cargo de él y de Ahmed Agiza en el aeropuerto de El Cairo.


A su llegada a esa ciudad funcionarios egipcios los sacaron del avión, y se los llevaron en un autobús.


El gobierno sueco ha alegado que había mantenido conversaciones con el gobierno egipcio acerca del derecho a visitarlos en la cárcel. Las autoridades suecas habían solicitado asimismo que se permitiese a miembros del personal de la embajada sueca en Egipto asistir al juicio. Sin embargo, no se había acordado cuáles serían los pasos a seguir en caso de que las autoridades egipcias no cumpliesen sus supuestos compromisos con el gobierno sueco.


Al final, pese a las garantías diplomáticas, tras su expulsión sumaria a Egipto, Mohammed El Zari y Ahmed Agiza permanecieron en realidad en régimen de incomunicación. Cuando por fin lograron ver al embajador de Suecia durante su primera visita, que no tuvo lugar hasta cinco semanas después de haber sido devueltos a Egipto, ambos le dijeron que habían sido torturados o cuando menos maltratados durante su detención.


Durante la primera visita del embajador de Suecia a Ahmed Agiza en prisión, el 23 de enero de 2002, éste se quejó de que se lo había obligado a permanecer en una posición dolorosa durante el vuelo de Suecia a Egipto, de que se le habían vendado los ojos durante el interrogatorio, de haber sido objeto de palizas a manos de guardias de prisiones y de haber recibido amenazas contra su familia por parte de quienes lo interrogaban.


Mohammed El Zari se quejó posteriormente de que se lo había interrogado durante cinco semanas más, periodo en el cual fue objeto de tortura o de otros malos tratos, entre ellos el que se le aplicasen descargas eléctricas en los genitales, los pezones y las orejas. Ha afirmado asimismo que hubo médicos que supervisaron su tortura para garantizar que no le dejase marcas visibles. También ha relatado cómo, finalmente, se lo obligó a confesar delitos que no había cometido. Mohammed El Zari señaló asimismo que continuó intentando avisar al embajador de Suecia de lo que estaba ocurriendo.


Tras esta primera reunión, el embajador de Suecia se reunió con los servicios de seguridad egipcios para hablar acerca de las denuncias formuladas por este hombre. Sin embargo, las autoridades suecas aceptaron los desmentidos que les ofrecieron las autoridades egipcias y no tomaron ninguna otra medida en relación con las denuncias de tortura que habían recibido.


Además, ni la primera visita del embajador de Suecia ni las posteriores tuvieron lugar en privado; en todo momento había presentes miembros del personal de la prisión egipcia que tomaban notas.


Asimismo, el gobierno sueco no reveló información de interés que el embajador de Suecia le había proporcionado en su informe sobre su primera visita. Esta información incluía las denuncias de malos tratos de Mohammed El Zari y de Ahmed Agiza. En enero de 2002, Gun-Britt Anderson, secretaria de estado de Suecia, aseguró al entonces abogado sueco de Mohammed El Zari que ni él ni Ahmed Agiza se habían quejado de malos tratos ante el embajador.


En un informe oficial de 2003, las autoridades suecas manifestaron que a su juicio las garantías dadas por el gobierno egipcio en relación con Mohammed El Zari y Ahmed Agiza eran "satisfactorias e irrevocables y que son y serán respetadas en su totalidad. El Gobierno no ha recibido información alguna que ponga en duda esta conclusión.".(7)


El 10 de abril de 2004 Ahmed Agiza fue juzgado de nuevo ante un tribunal militar en Egipto, por los cargos de haberse adherido y dirigido un grupo u organización ilegal y de conspiración criminal.(8) Ese mismo mes, tras un juicio celebrado sin las debidas garantías, fue declarado culpable y condenado de nuevo a 25 años de prisión sin posibilidad de apelación. El tribunal se negó a investigar la denuncia de Ahmed Agiza de que había sido torturado, y a ordenar que se le sometiese a un examen médico, tal y como solicitó su abogado durante el juicio. En junio de 2004, el presidente egipcio Hosni Mubarak redujo su pena a 15 años de prisión. Ahmed Agiza sigue encarcelado en Egipto. En 2005 Suecia concedió a su esposa, Hannan Attia, y a sus cinco hijos la condición de refugiados.


Finalmente Mohammed El Zari compareció ante un fiscal en marzo de 2002 y se quejó de los malos tratos que había sufrido. Sin embargo, el fiscal confirmó de nuevo la decisión de mantenerlo detenido sin presentar oficialmente cargos, basándose en la legislación de emergencia. Mohammed El Zari fue puesto en libertad en El Cairo el 27 de octubre de 2003, sin que nunca se lo haya acusado de cometer ningún delito.


El Comité de Derechos Humanos confirma que Suecia ha cometido múltiples violaciones de los derechos humanos fundamentales de Mohammed El Zari



En lo que concierne a la prohibición de devolución, consagrada en el artículo 7 (relativo a la prohibición de la tortura y otros malos tratos) del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas llegó a la conclusión de que:


1. Suecia ya había admitido que existía riesgo de malos tratos.

2. Dicho riesgo impedía que se pudiese expulsar a Mohammed El Zari sin incumplir las obligaciones internacionales contraídas por Suecia en materia de derechos humanos.

3. Suecia se basó en las garantías diplomáticas obtenidas porque creyó que el riesgo de maltrato era lo bastante reducido como para que no se infringiera la prohibición de devolución.

4. Suecia no había demostrado que las garantías diplomáticas obtenidas fuesen, en realidad, suficientes en este caso para reducir el riesgo de maltrato a un nivel acorde a sus obligaciones en virtud del artículo 7 del PIDCP.

5. Habida cuenta de todo lo anterior, la expulsión sumaria de Suecia de Mohammed El Zari violó la prohibición de devolución.


Por cuanto se refiere al trato recibido en el aeropuerto de Bromma, el Comité de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que:


1. Por lo que respecta a los actos de autoridad soberana ejercidos por funcionarios extranjeros en territorio sueco, Suecia era responsable de dichos actos, puesto que habían sido ejercidos con su consentimiento o aquiescencia.

2. Era evidente que el uso de la fuerza había sido excesivo y había constituido una transgresión del artículo 7 del PIDCP.

3. Habida cuenta de todo lo anterior, Suecia había violado, por tanto, el artículo 7 del PIDCP como consecuencia del trato al que se había sometido Mohammed El Zari en el aeropuerto de Bromma.


Por cuanto se refiere a la efectividad de la investigación sobre el trato dispensado en el aeropuerto de Bromma, el Comité de Derechos Humanos consideró que:


1. Las autoridades suecas estaban al corriente del trato dispensado a Mohammed El Zari en el aeropuerto de Bromma desde el momento en que se produjo, ya que sus funcionarios habían sido de hecho testigos del mismo.

2. En lugar presentar ante las autoridades competentes una denuncia comunicando alegaciones de carácter penal –algo que en aquel momento era claramente plausible–, las autoridades suecas esperaron más de dos años a que hubiese una denuncia particular para iniciar un proceso penal.

3. Simplemente por este retraso, Suecia había incumplido su obligación de llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial de lo ocurrido en el aeropuerto de Bromma.

4. El hecho de que Suecia no velara por que sus mecanismos de investigación fuesen capaces de preservar la capacidad de investigar, en la medida de lo posible, la responsabilidad penal de todos los funcionarios pertinentes, nacionales o extranjeros, por toda conducta que infringiese el artículo 7 y que hubiera tenido lugar en su jurisdicción, y el que no formulase los cargos correspondientes en consecuencia, constituía una violación del artículo 7, leído conjuntamente con el artículo 2 (es decir, la obligación de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en el territorio de un Estado y estén sujetos a su jurisdicción los derechos consagrados en el PIDCP sin discriminación alguna .


Por lo que respecta a la falta de una revisión independiente de la decisión del gobierno de llevar a cabo una expulsión sumaria, el Comité de Derechos Humanos estimó que:


1. A pesar de "la existencia de un riesgo demostrable de tortura", Suecia no había brindado la posibilidad de que se llevase a cabo una revisión eficaz e independiente de la decisión de expulsar a Mohammed El Zari. Por lo tanto, Suecia había violado el artículo 7, leído conjuntamente con el artículo 2 del PIDCP.

Por último, el Comité de Derechos Humanos consideró que:


1. Puesto que el entonces abogado de Mohammed El Zari había informado de forma explícita al gobierno sueco de su intención de presentar recursos internacionales en caso de una decisión negativa.

2. Dado que después de que se hubiese tomado la decisión de expulsar a Mohammed El Zari se le dijo a su abogado, de forma errónea, que de hecho no se había tomado ninguna decisión.

3. Y puesto que la expulsión se había llevado a cabo de forma inmediata, a sabiendas de que el abogado de Mohammed El Zari se enteraría de la misma después de que se hubiese producido.

4. Suecia también había violado el derecho de Mohammed El Zari a presentar una denuncia, incluido el de solicitar alguna medida cautelar de protección, garantizado en el artículo 1 del Protocolo Facultativo del PIDCP.


Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos


Habida cuenta de su decisión, el Comité de Derechos Humanos afirmó que:


· Suecia tenía la obligación de proporcionar a Mohammed El Zari un recurso efectivo, incluida una indemnización;

· Suecia tenía la obligación de evitar violaciones similares en el futuro; y que

· deseaba recibir de Suecia, en el plazo de 90 días, información sobre las medidas que hubiese adoptado para dar efecto a su dictamen.


Reacción del gobierno sueco hasta la fecha


A pesar de que, incluso antes de que el Comité de Derechos Humanos tomase una decisión sobre la denuncia presentada por Mohammed El Zari, Suecia había reconocido que había incumplido sus obligaciones en virtud del PIDCP, el gobierno sueco:


· no reconoció que Mohammed El Zari y Ahmed Agiza fueron de hecho torturados o maltratados en Egipto;

· afirmó que, en el caso de que efectivamente hubiesen sido maltratados, la responsabilidad primordial de tales tratos recaía en las autoridades egipcias y que no se consideraba responsable de lo ocurrido a Ahmed Agiza y a Mohammed El Zari en Egipto;

· intentó que se considerasen suficientes las investigaciones de los hechos realizadas a nivel nacional, entre ellas las llevadas a cabo por las autoridades de la fiscalía, basándose en que nadie había decidido emprender otras acciones;

· desestimó la aseveración de que tanto la decisión del Comité Contra la Tortura como la del Comité de Derechos Humanos generaban la obligación jurídica de indemnizar a estas personas, reiterando, a mediados de noviembre de 2006, tras la decisión del Comité de Derechos Humanos, que las recomendaciones de los Comités no son jurídicamente vinculantes; y

· hasta la fecha, se ha negado a indemnizar a ninguno de los hombres o a levantar la prohibición de volver a Suecia que pesa sobre Ahmed Agiza y Mohammed El Zari.


A fecha de hoy, las autoridades suecas han llevado a cabo diversas investigaciones a nivel nacional. No obstante, el 7 de junio de 2006 un informe preliminar elaborado por el senador Dick Marty, relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, señalaba:


[V]arios aspectos del caso requieren una investigación más a fondo. La extradición encubierta, sin posibilidad alguna de apelación o de ser examinada por un juez, y los malos tratos dispensados en el aeropuerto de Bromma, aún en tierra, bajo la mirada de funcionarios suecos, son asuntos graves que hacen necesario que salga a la luz toda la verdad.(9)



Conclusiones de Amnistía Internacional y recomendaciones a las autoridades suecas


Suecia ha incumplido sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los refugiados, al no proporcionar un proceso de determinación de la condición de refugiado justo y completo, además de las contraídas en virtud de derecho internacional relativo a los derechos humanos y al derecho de los refugiados, al no respetar la prohibición de devolución. Además, las autoridades suecas tampoco han proporcionado a estas personas la posibilidad de que se lleve a cabo una revisión independiente y eficaz de la decisión de expulsarlos.

Suecia también ha violado la prohibición de la tortura y de otros malos tratos porque no ha evitado los malos tratos perpetrados por agentes extranjeros en su territorio y a bordo de la aeronave. Cuando en el aeropuerto de Bromma miembros de la Policía de Seguridad sueca entregaron la custodia de los dos hombres a unos 10 agentes extranjeros, esta renuncia a su responsabilidad equivalió a su consentimiento –si no a su instigación– de los malos tratos a los que agentes extranjeros sometieron a Mohammed El Zari y a Ahmed Agiza. El que las autoridades suecas entregasen la custodia de Ahmed Agiza y de Mohammed El Zari a agentes estadounidenses y egipcios, sin respetar la ley, convierte a Suecia en cómplice de la entrega de su custodia a Estados Unidos.


Suecia es responsable de las violaciones de los derechos humanos de las que los dos hombres fueron víctimas en Egipto, incluidas la presunta tortura y los malos tratos sufridos mientras se encontraban detenidos, así como del juicio sin garantías de Ahmed Agiza.


Suecia también ha infringido su obligación en virtud del derecho internacional de garantizar el derecho efectivo de comunicación individual, incluido el de solicitar medidas cautelares de protección.


Por lo que se refiere al Comité contra la Tortura, Suecia también ha incumplido su obligación de cooperar con él.

Habida cuenta de conclusiones del Comité de Derechos Humanos, Amnistía Internacional reitera las recomendaciones que la organización dio a las autoridades suecas el 14 de junio del año en curso, con ocasión de la publicación de su informe Cómplices: El papel de Europa en las "entregas extraordinarias" de Estados Unidos,en especial las recogidas en la sección dedicada al caso de Ahmed Agiza y de Mohammed El Zari.


Amnistía Internacional insta a las autoridades suecas a que:


· inicien sin dilación una investigación independiente que dirima las responsabilidades penales, incluido el incumplimiento de deberes, de aquellas personas que de forma directa o indirecta tuvieron relación con que no se impidiese que Ahmed Agiza y Mohammed El Zari fuesen objeto de malos tratos a manos de agentes estadounidenses, tanto en el aeropuerto de Bromma como a bordo del avión, y que determine cualquier responsabilidad penal por el trato al que los agentes estadounidenses y egipcios sometieron a Ahmed Agiza y a Mohammed El Zari;

· impulsen una revisión urgente de los mecanismos de investigación de Suecia a fin de identificar qué puede atribuirse a decisiones erróneas y, si fuese el caso, qué a defectos del sistema, a fin de garantizar que, en el futuro, Suecia no vuelve a incumplir su obligación de investigar;

· investiguen cuál fue exactamente el papel desempeñado por las autoridades suecas en la entrega de la custodia de Ahmed Agiza y de Mohammed El Zari a Estados Unidos, a fin de dirimir cualquier responsabilidad penal;

· garanticen que se proporciona una reparación adecuada a Ahmed Agiza y a Mohammed El Zari y a otras personas cuyos derechos humanos han sido violados, incluso cuando quien establece tales violaciones es un órgano internacional o regional como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura;

· levanten la orden de expulsión que prohíbe a Ahmed Agiza y a Mohammed El Zari volver a Suecia en 10 años y se aseguren de que tanto Mohammed El Zari como Ahmed Agiza, una vez liberado, puedan entrar en Suecia, donde Ahmed Agiza podrá reunirse con su familia. Además, se les debería permitir a ambos solicitar asilo en Suecia si así lo desean y sus solicitudes deberían examinarse siguiendo un proceso de determinación de la condición de refugiado completo y justo.

· no soliciten o acepten garantías diplomáticas o acuerdos bilaterales similares como medio para burlar la prohibición de devolución;

· respalden los esfuerzos llevados a cabo por el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, para lograr que el Comité de Ministros de dicha institución inicie un proceso transparente para redactar las normas propuestas por el propio Terry Davis y destinadas a garantizar que las detenciones secretas, las desapariciones forzadas y las entregas de personas no puedan llevarse a cabo en Europa o en connivencia con ella, y que las personas implicadas en las mismas no puedan seguir operando escudándose en la inmunidad;

· respondan en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la decisión del Comité de Derechos Humanos a dicha decisión, tal y como se indica en la misma;

· apliquen plenamente las decisiones del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura;

· presionen para que las autoridades egipcias:

1. organicen una investigación independiente e imparcial de las denuncias de torturas y malos tratos contra Ahmed Agiza y a Mohammed El Zari;

2. permitan que Ahmed Agiza tenga acceso sin trabas a sus abogados y reciba visitas regulares de su familia y la atención médica apropiada que necesite;

3. proporcionen a Ahmed Agiza, en caso de que no sea puesto en libertad sin demora, un nuevo juicio ante un tribunal civil independiente e imparcial y en el que se sigan procedimientos que atiendan las normas sobre la imparcialidad de los juicios reconocidas internacionalmente.

4. en el caso de que no se juzgue sin demora y de forma justa a Ahmed Agiza, insistan en que se le ponga en libertad;

5. proporcionen información detallada sobre su supuesta investigación (mencionada en las decisiones del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura) de las denuncias de tortura y malos tratos de Mohammed El Zari y Ahmed Agiza, así como sobre su resultado, incluido si se va a procesar a algún funcionario de seguridad egipcio u a otros funcionarios en relación con las presuntas torturas y otros malos tratos sufridos por Mohammed El Zari y Ahmed Agiza;

6. esclarezcan si están considerando permitir que tenga lugar en Egipto una investigación conjunta llevada a cabo por expertos independientes suecos y egipcios de las denuncias de Mohammed El Zari y Ahmed Agiza;

7. pongan fin de inmediato a toda tortura o malos tratos a presos y detenidos;

8. investiguen todas las denuncias de tortura u otros malos tratos a fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia; y

9. ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y lo apliquen plenamente.






********


(1) El Zari es la transliteración del árabe que ha elegido Amnistía Internacional, si bien la grafía utilizada en la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU es Alzery.


(2) En mayo de 2005 el Comité contra la Tortura ya había llegado a la conclusión de que Suecia había contravenido tanto disposiciones sustantivas como de procedimiento del artículo 3 (es decir, la prohibición de expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que dicha persona correría el peligro de ser sometida a torturas o a malos tratos, también conocida como prohibición de devolución o refoulement) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en relación con la expulsión sumaria de Ahmed Agiza, de la que aún era responsable. También determinó que Suecia había violado el artículo 22 (el derecho a formular una petición individual); Agiza v. Sweden, 24 de mayo de 2005, comunicación Nº 233/2003, Doc. ONU CAT/C/34/D/233/2003.


(3) El Comité de Derechos Humanos es un órgano formado por expertos independientes que vigila la aplicación y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por los Estados Partes en el mismo. Además, en virtud del primer Protocolo Facultativo del PIDCP (el Protocolo Facultativo), el Comité tiene la facultad de examinar denuncias particulares en relación con supuestas violaciones del PIDCP por los Estados Partes en el Protocolo. Suecia ratificó tanto el PIDCP como su Protocolo Facultativo en 1971.


(4) Comunicación del Comité de Derechos Humanos Nº 1416/2005: Suecia; CCPR/C/88/D/1416/2005; 10 de noviembre de 2006.


(5) Véase por ejemplo Cómplices: El papel de Europa en las "entregas extraordinarias" de Estados Unidos, publicado por Amnistía Internacional el 14 de junio de 2006, Índice AI: EUR 01/008/2006 y disponible en http://web.amnesty.org/library/pdf/EUR010082006spanish/$File/EUR0100806.pdf). La información sobre el caso de Mohammed El Zari y Ahmed Agiza se encuentra en la pág. 3)


(6) Véase por ejemplo Swedish TV4, Kalla Fakta Program: "The Broken Promise", 1ª parte (Trascripción al inglés), 17 de mayo de 2004, disponible en http://hrw.org/english/docs/2004/05/17/sweden8620.htm.


(7) CCPR/CO/74/SWE/Add.1.


(8) En 1998 Ahmed Agiza había sido juzgado in absentia ante un tribunal militar en Egipto por "actividades terroristas contra el Estado". Había sido declarado culpable de pertenecer al grupo ilegal Al Yihad y condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de apelación.


(9) Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe member states, Informe preliminar del 7 de junio de 2006 – Parte II (Memorando explicativo), Dick Marty, relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párr. 243.



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