Document - Italy: Forced eviction











PÚBLICO Índice AI: EUR 30/002/2009 13 de marzo de 2009

AU73/09 Desalojo forzoso


ITALIA Alrededor de 150 personas de etnia romaní



Las autoridades de Milán están preparando el desalojo forzoso de una comunidad romaní formada por unas 150 personas, que viven bajo un paso elevado en el norte de la ciudad. Según la prensa local, las autoridades han anunciado que llevarán a cabo los desalojos entre el 13 y el 30 de marzo.


En virtud de la legislación nacional, las autoridades pertinentes deberían haber comunicado el desalojo a cada persona afectada o haber publicado del modo previsto por la ley una orden o notificación. Sin embargo, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no lo han hecho. Por ello, al no haberse formalizado la orden de esta manera, la comunidad no puede impugnarla ante los tribunales ni impedir o aplazar el desalojo.


No ha habido consultas con la comunidad sobre los desalojos ni se ha hecho ningún intento de estudiar con ella alternativas factibles. Parece que las autoridades no han preparado ningún plan de alojamiento alternativo ni han hablado de ello con las personas que probablemente se verán afectadas. En ocasiones anteriores, el municipio ofreció alguna forma de alojamiento a corto plazo –por un periodo de semanas o algunos meses– sólamente a mujeres y a niños y niñas de corta edad, en los albergues municipales para personas sin hogar. En algunos casos parece que no se ofreció ni siquiera esto. Actualmente los miembros de la comunidad romaní viven en tiendas de campaña y refugios improvisados bajo el paso elevado de Bacula, y no disponen de agua corriente, saneamiento ni electricidad. Si no se les ofrece un alojamiento alternativo, las familias se verán obligadas a trasladarse a otro campamento improvisado o quedarán sin hogar.


La mayoría de las personas de etnia romaní que viven en el asentamiento de Bacula han sufrido con anterioridad al menos un desalojo forzoso. Se cree que alrededor de 110 fueron desalojadas en abril de 2008 de otro campamento no autorizado de la ciudad, en via Bovisasca. De estas 110 personas, al menos 100 al parecer ya habían sido desalojadas del mismo campamento de Bacula donde viven ahora. En varios de los desalojos anteriores se destruyeron pertenencias de los desalojados, entre ellos refugios, ropa, colchones y, en algunos casos, medicamentos y documentos. Se cree que todos estos desalojos se llevaron a cabo sin las garantías de procedimiento que exigen las normas regionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas que se dé aviso previo adecuado y razonable, que tenga lugar una consulta genuina con las personas afectadas, que se proporcione recurso legal, incluida asistencia letrada gratuita si se precisa, así como alojamiento alternativo adecuado e indemnización por todas las pérdidas. Italia también tiene la obligación de garantizar que los desalojos no dejan sin hogar a ninguna persona o que no la exponen a sufrir la violación de otros derechos humanos.


Entre las personas que corren riesgo de desalojo, 35 son menores de 18 años, y 15 de éstas menores de cinco. Diez niños y niñas asisten a escuelas cerca del asentamiento de Bacula, a pesar de las difíciles condiciones en las que viven; el desalojo amenaza con interrumpir su escolarización y causar un grave perjuicio a su educación.


Si los miembros de la comunidad de Bacula son desalojados de sus hogares, corren el riesgo de vivir en condiciones considerablemente peores de aquellas en las que viven ahora, ya de por sí extremadamente difíciles; privados de un refugio básico, se verían obligados a vivir a la intemperie, sin protección frente a las inclemencias del tiempo. El desalojo haría más difícil a los adultos el acudir a sus lugares de trabajo. Se cree que al menos 14 de ellos cuentan con un empleo regular.


Con arreglo al derecho internacional, los desalojos forzosos –desalojos realizados sin las garantías de procedimiento adecuadas, incluida la posibilidad de reparación judicial y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado– constituyen una grave violación de varios derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada. Los desalojos pueden llevarse a cabo sólo como último recurso, una vez exploradas todas las alternativas factibles y sólo en presencia de todas las garantías de procedimiento apropiadas, de acuerdo con las normas de derechos humanos regionales e internacionales. Italia ha recibido duras críticas de varios organismos de derechos humanos regionales e internacionales, incluido el Comité Europeo de Derechos Sociales, el cual declaró que Italia había violado la Carta Social Europea. A pesar de ello, Italia no ha puesto en práctica estas recomendaciones, sino que ha seguido llevando a cabo desalojos forzosos de comunidades romaníes y, en ocasiones, los ha intensificado.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Al menos durante el último decenio, en Italia se han llevado a cabo numerosos desalojos forzosos de comunidades romaníes. Los desalojos se hicieron más frecuentes después de que el gobierno nacional y las autoridades locales, incluidas las de Milán, firmasen unos acuerdos especiales –los denominados Patti per la Sicurezza– el 18 de mayo de 2007. En virtud de estos acuerdos, el Ministerio del Interior transfería una serie de poderes a las autoridades locales, con el objetivo de hacer frente a las amenazas contra la seguridad, incluidas las que supuestamente representaba la presencia de comunidades romaníes en estas ciudades. En mayo de 2008 un decreto firmado por el presidente del Consejo del Ministros (DCPM de 21 de mayo de 2008) confería poderes de excepción a los Preffeti –los representantes permanentes del gobierno nacional en el territorio– durante un año, con el fin de afrontar la situación de emergencia creada por la instalación de comunidades nómadas, al tiempo que utilizaba una ley de 1992 que había sido promulgada para conferir poderes de excepción en casos de desastres naturales. Este decreto presidencial permitía a los prefectos eludir la aplicación de varias leyes, incluidas las que otorgan derechos a todas las personas frente al poder de las autoridades. Los poderes de excepción pueden ejercerse contra las personas de cualquier nacionalidad que se consideren “nómadas”. Al parecer afectan desproporcionadamente a las personas de etnia romaní.


ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en italiano, inglés o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a que no desalojen de sus hogares a las familias de etnia romaní que ahora viven bajo el paso elevado de Bacula;

- recordando a las autoridades que el derecho internacional prohíbe los desalojos forzosos llevados a cabo sin garantías legales y de otra índole, por considerarlos una grave violación de varios derechos humanos, en especial, del derecho a una vivienda adecuada;

- instando a las autoridades a garantizar que los desalojos se llevarán a cabo sólo como último recurso y respetando íntegramente las garantías que establecen las normas de derechos humanos regionales e internacionales, que incluyen consulta genuina con las personas residentes en las áreas afectadas y estudio de posibles alternativas; notificación previa adecuada y razonable; derecho a resarcimiento legal, incluida la posibilidad de impugnar la orden ante un tribunal y asistencia letrada; alojamiento alternativo adecuado e indemnización por todas las pérdidas; y garantías de que las personas de etnia romaní no sufrirán malos tratos.


LLAMAMIENTOS A:

Prefecto de Milán:

Dott. Valerio Lombardi, Prefetto di Milano, Palazzo Diotti - Corso Monforte, 31 - 20122 Milano, ITALIA

Fax:+39 02775 84170 Tratamiento: Egregio sig. Prefetto / Sr. Prefecto


Alcalde de Milán:

Sindaco Letizia Moratti, Comue di Milano, Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, 20121 Milano, ITALIA Tratamiento: Egregio Sindaco / Sr. Alcalde


Vicealcalde de Milán:

ViceSindaco Riccardo De Corato, Piazza Scala, 2 – 20121, Milano, ITALIA

Fax:  +3902884 50059 Correo-E: vicesindaco.decorato@comune.milano.it.

Tratamiento: Egregio Vicesindaco / Sr. Vicealcalde


Concejala de política social del ayuntamiento de Milán:

Assessore Politiche Sociali Mariolina Moioli, Largo Treves, 1 – 20121

Fax: +3902884 53391 Correo-E: assessore.moioli@comune.milano.it Tratamiento: Egregio Assessore / Sra. Concejala


ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de abril de 2009.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE