AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

16 de julio de 2009
Índice AI: EUR 25/007/2009

Grecia: Amnistía Internacional condena los desalojos forzosos en Patras

Amnistía Internacional pide al gobierno griego que se asegure de que las aproximadamente 100 personas que quedaron sin hogar tras ser desalojadas a la fuerza de sus hogares improvisados en Patras el 12 de julio de 2009 cuentan con ayuda de urgencia inmediata, incluido alojamiento, agua y acceso a atención médica. El gobierno también debe asegurarse de que se garantiza a todas las víctimas del desalojo forzoso el derecho a un recurso eficaz y que reciben un alojamiento alternativo y una indemnización adecuados.

Amnistía Internacional, a la que desde hace tiempo preocupa el trato que reciben los migrantes irregulares, los solicitantes de asilo y los refugiados en Grecia, por considerar que viola las normas internacionales, ha instado a las autoridades a que proporcionen acceso a procedimientos de concesión de asilo justos y satisfactorios, con plenas salvaguardias procesales, a las personas desalojadas del campamento y a las detenidas en el transcurso de la operación y después de ella que deseen solicitar asilo.

Amnistía Internacional también ha pedido a las autoridades que se aseguren de que los procedimientos de expulsión iniciados contra los migrantes irregulares detenidos durante la operación de desalojo y después de ella se desarrollan de acuerdo con el debido proceso e incluyen salvaguardias procesales, incluida la posibilidad de impugnar individualmente la decisión de expulsión; el acceso a servicios de interpretación y asesoramiento legal competentes, y el acceso a una revisión –a ser posible judicial– de la decisión en caso de que ésta sea negativa.

El campamento de Patras existe desde hace unos 13 años y últimamente vivían en él unas 300 personas de origen afgano, entre las que había solicitantes de asilo y migrantes irregulares. Un número importante de estas personas eran menores, en muchos casos no acompañados. Vulnerando el derecho internacional, estas personas fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares sin notificación adecuada, sin consulta previa con la comunidad y sin seguir el debido proceso, incluido el acceso a remedios legales y la provisión de un alojamiento alternativo adecuado a muchas de las personas desalojadas. Los desalojos forzosos violan una serie de normas internacionales y regionales de derechos humanos en las que Grecia es Estado Parte, como el derecho a una vivienda adecuada. Un desalojo sólo puede ser ejecutado como último recurso, cuando se han considerado todas las demás alternativas viables, y sólo con todas las salvaguardias de procedimiento. Cualquier persona, independientemente de su condición jurídica, debe tener garantizada la protección contra un desalojo forzoso.

La tarde anterior a los desalojos, unos agentes de la policía de Patras al parecer notificaron verbalmente a algunas de las personas que vivían en el campamento que sus casas serían demolidas al día siguiente, pero no hubo ninguna notificación oficial al respecto. La demolición de los alojamientos improvisados comenzó a las 5.30 de la mañana del 12 de julio en una operación llevada a cabo por la administración local, las autoridades urbanísticas y la policía. Según los informes, a muchas personas no se les dio tiempo suficiente para retirar todas sus pertenencias, y ese día las autoridades se negaron a mostrar la orden de demolición a los abogados de una organización no gubernamental que trabaja en favor de los derechos de refugiados y migrantes en la ciudad de Patras. Por consiguiente, muchas personas perdieron sus pertenencias a consecuencia de la demolición y de un incendio que se declaró durante los trabajos de demolición.

En el momento de los desalojos había unas 200 personas presentes, ya que a algunos de los afectados, entre los que había menores no acompañados, les habían dicho que abandonaran el campamento la noche anterior. Según informó la Dirección General de la Policía de Achaias, en el marco de la operación de demolición llevada a cabo el 12 de julio de 2009, la policía documentó la presencia de unos 45 menores no acompañados de origen afgano, a los que envió al centro especial de recepción de menores de la ciudad de Konitsa. Otros 17 menores más, también de origen afgano, se presentaron posteriormente en la comisaría de Patras los días posteriores al desalojo y serán trasladados a centros de recepción de menores del norte de Grecia.

La Dirección General de la Policía también documentó la presencia de varios solicitantes de asilo de origen afgano con documentación que demostraba su condición de solicitantes de asilo. Entre ellos había 23 personas que afirmaron no tener hogar y a quienes se les proporcionó acomodo en hoteles locales, 15 personas de origen afgano sin documentación que quedaron detenidas como migrantes irregulares, y otros 14 migrantes más de diversos países africanos sin documentos, arrestados y detenidos durante ese mismo día en diversas operaciones policiales. Se inició el procedimiento de expulsión de todos los detenidos.

Sin embargo, actualmente y según los informes hay entre 80 y 100 personas desalojadas del campamento que están sin techo y viven en campos cercanos a Patras sin techo ni acceso a agua, servicios sanitarios ni atención médica. Entre estas personas que han quedado sin protección al parecer hay un reducido número de menores no acompañados. Según las normas internacionales de derechos humanos, Grecia tiene la obligación de asegurarse de que los desalojos no dejan a ninguna persona sin hogar ni expuesta a sufrir violaciones de otros derechos humanos.

A comienzos del pasado año, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el bienestar de un gran número de personas que por entonces vivían en el campamento de Patras y habían sido amenazadas con ser desalojadas tras una decisión tomada por las autoridades urbanísticas en diciembre de 2007 de demoler sus hogares improvisados. Los desalojos no se produjeron, pues las autoridades urbanísticas aceptaron el recurso presentado contra la orden de demolición.  

La actual operación se produce en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo por la policía griega en todo el país en los últimos meses, en las cuales se ha arrestado, detenido y expulsado a sus países de origen a muchos migrantes irregulares. Según los informes, en los últimos meses la policía de Patras había llevado a cabo tres de estas operaciones en el lugar donde se llevó a cabo la demolición, deteniendo a entre 40 y 50 personas cada vez. Como consecuencia de ello, el número de personas residentes en el campamento había descendido, pasando de las aproximadamente 500 que se calculaba en mayo de este año a las 300 que al parecer vivían antes de los desalojos.

Amnistía Internacional ha solicitado más información sobre el desalojo a las autoridades griegas, incluidas las medidas que el gobierno va a tomar para garantizar que todas las personas que fueron desalojadas a la fuerza tienen garantizado su derecho a un recurso efectivo, incluido un alojamiento alternativo y una indemnización adecuada por todas sus pérdidas. Amnistía Internacional también ha instado a las autoridades griegas a que se aseguren de que las personas –entre 80 y 100– que, según los informes, quedaron sin techo reciben ayuda de urgencia, incluido alojamiento, acceso a agua y atención médica. Deben tomarse medidas concretas para identificar y proteger a los menores no acompañados que al parecer hay entre estas personas.

Además, Amnistía Internacional reitera su postura de que las autoridades griegas sólo deben detener a migrantes como último recurso, tras justificar en cada caso que se trata de una medida es necesaria y proporcionada que se ajusta al derecho internacional. Deben preferirse y tomarse siempre en consideración antes de recurrir a la detención otras medidas alternativas que no conlleven la privación de libertad. Los refugiados reconocidos y los migrantes con permiso legal nunca deben ver restringidos sus derechos a la libertad o a la libertad de circulación por motivos de inmigración.
 
Si desean más información sobre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional sobre el sistema de asilo y el trato que reciben los solicitantes de asilo y migrantes en Grecia, consulten:
Grecia: Los cambios del procedimiento de asilo propuestos violan flagrantemente el derecho internacional, Índice AI: EUR 25/005/2009

Grecia: Amnistía Internacional reitera sus graves motivos de preocupación en torno a las condiciones de reclusión de solicitantes de asilo tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Índice AI:  EUR 25/006/2009

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