Document - Greece: Uphold the rights of women and girls trafficked for sexual exploitation



[Fecha de embargo: 12 de junio de 2007]Público


Amnistía Internacional



Grecia

Hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas objeto de trata para su explotación sexual


















Índice



Introducción 1

1. Punto de destino de la trata 4

2. El sistema utilizado para la identificación de las mujeres objeto de trata 6

3. Barreras para la identificación 8

Expulsión sin evaluación 9

Líneas telefónicas de emergencia inadecuadas 10

Ausencia de directrices para la policía 11

Temor a sufrir represalias 11

4. Obstáculos que impiden la protección y la asistencia 12

Cooperación a cambio de protección 12

Amenaza de expulsión 13

Protección de testigos inadecuada 14

Periodo de reflexión demasiado breve 15

Largos procedimientos judiciales y acceso limitado a la reparación 16

Incoherencia en la atención de la salud y la asistencia para la integración 17

5. La trata de seres humanos en el derecho interno 18

Recomendaciones 20

Identificar a las mujeres que puedan haber sido objeto de trata 20

Reforzar la protección en la ley 20

Hacer valer el derecho a recibir protección y asistencia 20

Garantizar que se proporciona reparación y rehabilitación 21














Grecia

Hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas objeto de trata para su explotación sexual



Introducción


Aunque me quede en la casa refugio cuatro, cinco o seis años o él vaya a la cárcel, ¿no vendrá luego a degollarme? Sé que estaba loco por la manera como me golpeaba, sin" profesionalidad", sin procurar "no dañar la mercancía".

A Aleksa(1) la habían llevado a Grecia desde un país del este de Europa. Contó a Amnistía Internacional que huía de las dificultades de su vida, con la esperanza de encontrar un trabajo que le permitiera enviar dinero a casa para mantener a su familia.(2) Una persona amiga de su familia la puso en contacto con personas que la iban a "ayudar a migrar". Era gente que se dedicaba a la trata. Aleksa cuenta que la obligaron a ejercer la prostitución, sometiéndola a terribles abusos físicos y psicológicos, y que la vendieron a otros traficantes al menos tres veces.

La policía detuvo a Aleksa por carecer de la documentación necesaria para estar en Grecia. Cuando se hallaba bajo custodia vio que estaba embarazada –los traficantes la habían obligado a mantener relaciones sexuales sin protección con los clientes–. Aparte de llevarla al hospital, donde tuvo un aborto, no le ofrecieron más ayuda. De regreso en el centro de detención, tuvo complicaciones debido a la operación y estuvo varios días sangrando. El personal del centro, que al parecer lo sabía, no hizo nada. Aleksa no recibió atención médica hasta que otra detenida la puso en contacto con una casa refugio para mujeres objeto de trata, dirigida por una ONG, y un miembro del personal de ésta fue a visitarla. Entonces la trasladaron a la casa refugio.

Las autoridades griegas ofrecieron protección a Aleksa sólo si cooperaba con ellas para llevar a los traficantes a juicio. "Ahora sí que tengo miedo", contó a Amnistía Internacional en enero de 2007. Raras veces se aventura a salir de la casa refugio. Teme tanto que los traficantes le hagan algo, que espera que el tribunal no sea muy severo con ellos. Cree que si les imponen condenas duras se desquitarán con ella cuando los dejen en libertad o incluso antes, por medio de su redes. No confía en la capacidad de la policía para protegerla y le aterra que la llamen a declarar. Una de las personas que trabajan en la casa refugio ha explicado: "Es como si las autoridades te dijeran: ‘Arriesga la vida; nos da igual que tengas miedo’".

La trata de mujeres y niñas para su prostitución forzada es un abuso contra los derechos humanos y un delito tipificado en el derecho internacional y en la legislación griega. Según el derecho internacional, se entenderá por trata de seres humanos "el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación" incluidos la prostitución y el trabajo forzados. (Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos, artículo 4.a)

A las mujeres y las niñas que, como Aleksa,son víctimas de trata y llevadas a Grecia para su explotación sexual se les obliga a asumir una situación de riesgo cuando consiguen escapar de los traficantes.(3) Con el sistema de protección que ofrecen las autoridades griegas, si quieren seguir recibiendo protección en Grecia deben testificar en contra de sus traficantes aunque corran peligro de sufrir represalias. En la práctica, la protección que se les brinda es mínima.

Se cree que la trata con fines de prostitución forzada se multiplicó por 10 de 1990 a 1997. Sin embargo, el gobierno no ha tomado medidas para ofrecer asistencia y protección a las víctimas de trata hasta hace muy poco. Gran número de mujeres y niñas, a menudo del este de Europa y de África, han sido llevadas a Grecia y, una vez allí, se han visto obligadas a vender sexo. Con frecuencia, los traficantes las tienen encerradas y las venden a otros traficantes.

La trata de mujeres y niñas(4) con fines de prostitución forzada es un abuso contra los derechos humanos. Viola su derecho a la libertad y la seguridad, a no sufrir tortura ni malos tratos, a la libertad de circulación, a la intimidad y a la vida familiar. Las deja expuestas no sólo a sufrir abusos contra los derechos humanos a manos de los traficantes, sino también a ser víctimas posteriormente de violaciones de derechos humanos en el seno del sistema de justicia penal.

Los tratados internacionales obligan a los gobiernos a actuar con la debida diligencia para impedir, investigar y perseguir judicialmente la trata y garantizar resarcimiento efectivo y reparación adecuada a las víctimas. Aunque el gobierno griego ha respondido a la trata de seres humanos con una serie de nuevas leyes desde 2002, no ha identificado correctamente a casi ninguna mujer objeto de trata, y sólo en algunos casos les ha brindado protección u otra ayuda y lo ha hecho de forma limitada. A veces se ha detenido y expulsado a víctimas de trata no identificadas como tales. La gran mayoría de las mujeres objeto de trata están ocultas. Pocas veces se ha llevado a los traficantes ante la justicia, y las víctimas de sus delitos siguen sin poder obtener justicia ni reparación.

Frente a esta forma moderna de esclavitud, la protección a las mujeres objeto de trata se ofrece sólo a un alto precio. Está condicionada a su "cooperación", lo que en la mayoría de los casos significa que deben estar dispuestas a declarar en procesos penales en contra de sus traficantes. A veces son repatriadas después de haber accedido a testificar, por lo que, como no suelen regresar para hacerlo, los traficantes eluden la acción de la justicia. No se les ofrece un programa efectivo de protección de testigos, ni reasentamiento en otro país donde puedan escapar a las represalias.

La trata de seres humanos, con el entrampamiento de las víctimas, es la forma moderna del antiguo comercio mundial de esclavos. Convierte a los seres humanos en mercancías que se compran y se venden y a las que se dedica al trabajo forzado, normalmente en la industria del sexo, pero también, por ejemplo, en el sector agrícola o en talleres de trabajo en condiciones de explotación, declarados o no declarados, por una miseria o por nada en absoluto. La mayoría de las víctimas de trata identificadas son mujeres, pero también los hombres son a veces víctimas de trata de seres humanos. Además, muchas de las víctimas son jóvenes, a veces menores. Todas están desesperadas por ganarse escasamente la vida y no consiguen más que verla arruinada por la explotación y la codicia.

(Informe aclaratorio sobre el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.)

Se debe dar más prioridad a la necesidad de respetar y proteger los derechos de las personas objeto de trata. Sólo abordando con urgencia los fallos del actual sistema utilizado para proporcionar asistencia y protección y para iniciar procesamientos y proporcionar reparación se respetarán los derechos de las víctimas.

El presente informe pone de manifiesto la ausencia de medidas de las autoridades griegas para identificar y proteger con precisión y prontitud los derechos de las personas objeto de trata para su prostitución forzada, incluso durante el proceso de repatriación e integración. Se señalan en él las lagunas que es preciso llenar en la legislación y en los procedimientos aplicados en Grecia para hacerlos compatibles con lo dispuesto en las normas internacionales de derechos humanos en relación con la trata. Amnistía Internacional pide al gobierno griego que anime a las mujeres y las niñas a denunciar los delitos de trata de que son objeto. Insta a las autoridades a que no subordinen el respeto y la protección de sus derechos –incluidas su dignidad y su integridad física– a que estén dispuestas a cooperar en operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra los responsables de la trata. Pide que se refuercen las leyes y las prácticas relativas a la prestación de asistencia y protección. El respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres objeto de trata debe ser la base de las medidas que adopten todas las autoridades en sus respuestas a la trata.



1. Punto de destino de trata

Grecia es país de destino y de tránsito de trata de seres humanos en Europa desde hace más de un decenio. Los investigadores no han podido hasta ahora hacer estimaciones fiables de la magnitud de esta práctica clandestina. Según Caritas Hellas, la sección local de la organización internacional católica Cáritas, se cree que en 2000 fueron objeto de trata e introducidas en Grecia desde el centro y el este de Europa hasta 90.000 personas. La trata adoptó, además, diversas formas: trata con fines de trabajo forzado, principalmente de menores; trata con fines de explotación sexual, en particular de mujeres; y trata de bebés para su adopción.(5) De 1990 a 1997, el número de mujeres extranjeras obligadas a ejercer la prostitución en Grecia se multiplicó por 10, pasando de 2.100 a 21.750, si bien en 2002 había descendido a 17.200, según cálculos de varias ONG locales, como el Centro de Investigación y Acción por la Paz (KEDE), que gestiona una campaña contra la trata de personas, Stop Trafficking in People Now (StopNOW).(6) A pesar del gran número de personas afectadas, las autoridades no han comenzado a tomar medidas hasta hace bastante poco, siendo la más destacada la adopción de un marco legislativo para la protección de las personas objeto de trata en 2002, 2003 y 2005.

Grecia no padece sola los efectos de la trata, que es un fenómeno mundial desde hace muchos años.(7) Uno de los mayores obstáculos que se presentan a la hora de combatir la trata es el desconocimiento de su verdadera magnitud, con la consiguiente dificultad para evaluar la efectividad de los métodos utilizados para abordarla. Debido a la naturaleza clandestina del delito y al gran número de personas que hay expuestas a sufrir explotación, los traficantes pueden modificar fácilmente las rutas de la trata, los métodos de explotación y la estructura de las organizaciones delictivas que se benefician de la trata para reducir las probabilidades de ser detectados y procesados. Se reconoce cada vez más que, en los esfuerzos por combatir la trata, es necesaria la cooperación internacional entre las autoridades, así como entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hasta el año 2000 no se aprobó un importante instrumento jurídico internacional para combatir el fenómeno, a saber: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional ("Protocolo de Palermo") y entró en vigor en 2003. En 2005 se aprobó el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos, pero todavía no se han depositado las 10 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. El 17 de mayo de 2007 habían ratificado el Convenio 7 Estados miembros del Consejo de Europa y lo habían firmado otros 29. Grecia ha firmado estos dos tratados internacionales, pero tiene todavía que ratificarlos.

La presión internacional ha sido importante a la hora animar a las autoridades griegas a tomar medidas para combatir la trata. En particular, la baja puntuación del país en el sistema de clasificación por niveles de la oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos que se ocupa de vigilar y combatir la trata de personas ha sido un factor determinante. Grecia estuvo en el nivel inferior, el 3, de 2001-2003, pasó a lista de vigilancia del nivel 2 en 2004 y 2005 y se situó en el nivel 2 en 2006.(8) La trata fue también un de los motivos de preocupación expuestos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando examinó el cumplimiento por parte de Grecia de las obligaciones impuestas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 2005.(9) El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que examinó en 2007 el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Grecia en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, manifestó con preocupación que "persiste la trata de mujeres y niñas y existen deficiencias en la aplicación de las leyes contra la trata".(10) El CEDAW había expresado ya preocupación por este asunto al examinar el informe anterior de Grecia en 2001.(11) El creciente hincapié que hace en la cuestión la Unión Europea (UE), que ha instado a todos sus miembros a que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos,(12) así como el propio Consejo de Europa, ha contribuido también a ejercer presión.

Debido en gran medida a la presión internacional, en los últimos años se han tomado varias medidas positivas: se ha creado un Grupo Especial Interministerial para Combatir la Trata; en los tres últimos años ha aumentado la cooperación entre las autoridades y las ONG; y en 2006 Grecia firmó un acuerdo con Albania sobre "protección y asistencia a menores víctimas de trata". Asimismo, se ha emprendido una campaña de sensibilización pública.

A pesar de estas medidas, Amnistía Internacional considera todavía motivo de preocupación los informes que siguen recibiéndose sobre violaciones de derechos humanos debidas a deficiencias de la legislación y los procedimientos aplicados, entre ellas el hecho de que no se respeten ni protejan los derechos de las mujeres objeto de trata y de que se impongan a éstas penas por actos ilegales derivados de su situación de víctimas de trata, como delitos relacionados con la inmigración o la prostitución no autorizada.



2. El sistema utilizado para la identificación de las mujeres objeto de trata

Las mujeres objeto de trata pueden llamar la atención de las autoridades griegas de diversas formas. La situación más común descrita a Amnistía Internacional es la de la mujer detenida por la policía por un presunto delito, como prostitución no autorizada o entrada ilegal en Grecia. Un pequeño número de mujeres se ponen en contacto con alguna de las ONG que trabajan en el campo de la trata. Y un número más pequeño aún buscan ayuda a través de una de las dos líneas telefónicas de emergencia para víctimas de trata (una oficial y otra de ONG).

El procedimiento actual hace recaer en los agentes de policía mismos la responsabilidad de informar de inmediato a la Unidad Especial contra la Trata, creada en 2002, si tienen razones para creer que una mujer ha sido objeto de trata. Según funcionarios de esta unidad lo normal es que los llamen tras redadas policiales en clubes o bares donde se cree que se ejerce la prostitución y en los que la policía local sospecha que las mujeres han sido objeto de trata.

Si se cree que las mujeres han sido objeto de trata, se las traslada a la Unidad Especial contra la Trata. Les entregan un formulario, disponible en varios idiomas, en el que se les explica que deben comunicar al funcionario competente si cumplen ciertos criterios, como haber sido llevadas a Grecia con coacción o engaño, si les han quitado sus documentos de viaje o si han sido obligadas a ejercer la prostitución. Según el formulario, el funcionario "examinará su caso con delicadeza y respeto y le ofrecerá la ayuda y asistencia a que tiene derecho por ley".(13) También se enumeran en el formulario los tipos de ayuda y asistencia disponibles, entre ellos: alojamiento gratuito, atención médica, apoyo psicológico, asistencia jurídica y acceso a un intérprete, servicios educativos para menores y mujeres hasta los 23 años de edad, posible suspensión de la expulsión en el caso de las mujeres que se encuentran "ilegalmente en el país" y posibilidad de repatriación en el caso de las mujeres que lo deseen. El funcionario que realiza el examen y recibe el formulario debe firmarlo para confirmar que ha sido entregado y enviarlo después al fiscal. En una versión del formulario consultada por Amnistía Internacional en enero de 2007 no se hacía referencia al periodo de recuperación y reflexión (en adelante, periodo de reflexión) que el fiscal puede conceder a una persona para que decida si cooperar o no con las autoridades (véase infra). Un funcionario de la Unidad Especial contra la Trata dijo que estaba previsto modificar el formulario para incluir esta información.

Tras firmar el formulario, los funcionarios de la Unidad entrevistan a la mujer para intentar determinar si ha sido objeto de trata. Preguntados por Amnistía Internacional, reconocieron que en muchos casos las mujeres están traumatizadas o desorientadas cuando las llevan ante ellos. Puede ocurrir que no hablen griego, en cuyo caso se llama a intérpretes. Las mujeres tienen acceso a terapia psicológica, que puede serles prestada por ONG específicas que tienen acuerdos de cooperación con la Unidad. En la mayoría de los casos, ésta se pone en contacto con ellas y les informa del caso. La ONG contactada accede entonces a prestar protección y asistencia, y su representante o terapeuta puede hablar con la mujer antes de la entrevista con el funcionario de la Unidad, pudiendo estar el intérprete presente. Tras la entrevista inicial con la unidad, si hay razones para pensar que la mujer ha sido objeto de trata, se le informa de la posibilidad de que se le conceda un permiso de residencia a corto plazo si coopera con las autoridades. Los representantes de las ONG también pueden proporcionar esta información a la mujer.

Asimismo, los representantes de las ONG hacen de enlace con las autoridades en relación con la concesión del periodo de reflexión. A la mujer se le ofrece el periodo de reflexión por orden del fiscal. Le permite quedarse en el país hasta un mes para que pueda empezar a recuperarse de las lesiones psicológicas y físicas sufridas y pueda escapar de la influencia de sus traficantes. El periodo de reflexión la ayuda también a tomar con conocimiento de causa y tranquilidad mental una decisión sobre si cooperar con las autoridades en los procedimientos judiciales que puedan entablarse contra sus presuntos traficantes. Durante el periodo de reflexión, la mujer está atendida por trabajadores sociales y psicólogos, que pueden ser empleados del Estado o trabajar para ONG a título profesional o gratuitamente, y está alojada en una casa refugio.

Al final del periodo de reflexión, que puede ser de menos de un mes si la mujer lo desea, acude a la Unidad contra la trata "libremente" y hace una declaración explicando cómo fue víctima de trata. En la práctica hace falta una declaración para que el fiscal pueda identificarla como "víctima de trata". Sólo si se la identifica así puede continuar recibiendo asistencia y protección. Por consiguiente, no está claro hasta qué punto la declaración se hace "libremente". Sólo se identifica a la mujer como "víctima de trata" si accede a cooperar en los procedimientos judiciales entablados contra sus presuntos traficantes y se determina que ha roto toda relación con ellos. Si se la identifica así, tiene derecho a un permiso de residencia y de trabajo y a recibir asistencia y protección durante el tiempo que duren la investigación policial del caso y todos los procedimientos judiciales relacionados con él. Tras este periodo, se puede autorizar su permiso de residencia y trabajo, pero por otros motivos estipulados en otros apartados de la Ley de Legalización de Inmigrantes (Ley 3386 de 2005).

Otras disposiciones jurídicas relativas a las personas menores de 18 años objeto de trata hacen necesario que sean "incluidas en programas educativos y de formación profesional"(14); en caso de repatriación, que "el fiscal de menores competente esté de acuerdo con el informe del funcionario de menores preparado al efecto"; (15) en el caso de los menores no acompañados de países no pertenecientes a la UE, que "la fiscalía competente y la policía tomen las medidas necesarias para determinar su identidad y nacionalidad y el hecho de que no estén acompañados" y hagan "todos los esfuerzos necesarios para localizar a su familia lo más rápidamente posible y tomen inmediatamente las medidas necesarias para garantizar su asistencia jurídica, incluida asistencia en procedimientos penales",(16) y que el periodo de reflexión pueda prorrogarse transcurrido un mes "por decisión de la fiscalía competente y teniendo en cuenta los intereses del menor".(17)

Ser identificada como posible víctima de trata es, por tanto, el primer paso decisivo que hay que superar para recibir asistencia y protección. El hecho de que no se identifique a las mujeres y las niñas como víctimas de trata las pone en situación de riesgo. Se enfrentan a la amenaza de ser procesadas por prostitución no autorizada, que constituye delito en Grecia, o de ser detenidas por entrada ilegal en el país o expulsadas a lugares donde corren riesgo de ser de nuevo objeto de trata o de sufrir otros abusos contra los derechos humanos.

El Decreto Presidencial 2003 prevé asistencia y protección para todas las mujeres objeto de trata. Sin embargo, una ley posterior que entró en vigor en 2005 dispone que se seguirá prestando asistencia y protección después del periodo de reflexión a aquellas personas que no sean ciudadanos de países de la UE a las que se haya concedido permiso de residencia sobre la base de su cooperación con las autoridades en los procedimientos penales. Debido a ello, no está claro cuál es la base jurídica de la decisión de prestar asistencia y protección a mujeres objeto de trata y ciudadanos de países de la UE en cuyos casos las autoridades no estén persiguiendo activamente a un presunto traficante. Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que, en la práctica, a tales mujeres se las trata igual que a los ciudadanos de países que no pertenecen a la UE.

Con el sistema actual, la posibilidad de que una mujer objeto de trata siga recibiendo asistencia y protección depende, por tanto, de que declare en procedimientos penales contra los presuntos traficantes. Así pues, se ha establecido de hecho un sistema de "cooperación a cambio de protección". Amnistía Internacional considera que tal sistema no sólo no presta asistencia y protección a todas las mujeres objeto de trata, sino que además es incompatible con el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos.



3. Barreras para la identificación

Amnistía Internacional teme que muchas mujeres queden sin ser identificadas como posibles víctimas de trata. Entre los obstáculos que impiden su identificación y, por tanto, su protección figuran el hecho de que un número no determinado de mujeres sean expulsadas sin que se haya investigado si han sido o no objeto de trata; la falta de policía con la formación necesaria para identificar a las mujeres objeto de trata, especialmente fuera de las grandes ciudades; la ausencia de líneas telefónicas de emergencia adecuadas, y la falta de directrices para la actuación de los agentes de policía sobre el terreno. Por otro lado, las mujeres objeto de trata no confían en la eficacia del sistema de justicia penal para procesar a los traficantes ni en la protección que puedan recibir contra las represalias de éstos.

Las estadísticas oficiales revelan que el número de mujeres y menores identificados por las autoridades como "víctimas de trata" oscila entre 100 y 200 al año. En 2004, de 181 casos de personas objeto de trata para su explotación laboral o sexual que llegaron a oídos de las autoridades, 160 eran mujeres, y 14, menores. En 2005, de un total de 137 personas objeto de trata identificadas, 104 eran mujeres, y 4, menores. También en 2005 se detuvo a 202 personas por delitos de trata de seres humanos y con fines de explotación sexual. En la primera mitad de 2006 llamaron la atención de las autoridades 48 personas objeto de trata y se detuvo a 95 presuntos responsables. En años anteriores, el número de personas objeto de trata, todas ellas mujeres, había oscilado entre 100 y 200.(18)

Estas cifras revelan la cantidad de mujeres objeto de trata que fueron identificadas como "víctimas de trata" por las autoridades. Son considerablemente más bajas que las proporcionadas por las ONG locales, que calculan que son millares las mujeres objeto de trata introducidas en Grecia todos los años. A continuación se indican una serie de lagunas del sistema de identificación de mujeres objeto de trata que es preciso abordar con urgencia para mejorar el acceso de todas ellas a la protección y la asistencia en Grecia. La existencia en todo el país de una policía bien formada, junto con procesamientos bien preparados, sería una buena contribución a los esfuerzos por combatir la trata identificando a sus víctimas y llevando a los traficantes ante la justicia.

Expulsión sin evaluación

En muchos casos, las mujeres objeto de trata no son apenas conscientes del concepto de trata. Por consiguiente, al principio pueden no describirse a sí mismas como víctimas de trata. La dirección de una casa refugio administrada por una ONG explicó que había mujeres que iban allí porque habían sufrido violencia y que hasta más tarde no se daban cuenta de que habían sido objeto de trata. En talleres sobre trata llevados a cabo con psicólogos y trabajadoras sociales, las mujeres exclamaban: "¡A mí también me pasaba eso!" Las mujeres objeto de trata suelen creer que no hay nadie más en su situación y se culpan a sí mismas por no haberse percatado del engaño antes de ser presa de él.

El hecho de que no sean conscientes del problema y de que se culpen a sí mismas hace que no conozcan tampoco su derecho a recibir asistencia y protección de las autoridades. Cuando las detiene la policía, no dicen que han sido objeto de trata, por lo que a menudo las devuelven a sus países de origen sin una evaluación minuciosa de los riesgos que corren a su regreso. Amnistía Internacional cree que el hecho de que no se identifique a las mujeres objeto de trata ni se realice una evaluación de los riesgos de su situación no sólo menoscaba los esfuerzos por combatir la trata, sino que además las deja expuestas a sufrir nuevos abusos contra los derechos humanos, como ser de nuevo objeto de trata. Amnistía Internacional no ha podido enterarse del número de mujeres expulsadas tras haber sido acusadas y declaradas culpables de prostitución no autorizada o entrada ilegal en el país.

Otra de las causas de que no se identifique con precisión a muchas mujeres objeto de trata podría ser el hecho de que la mayoría de las actividades policiales contra la trata se lleven a cabo en las dos mayores ciudades de Grecia, Atenas y Tesalónica. Aunque existen en total 14 Unidades Especiales contra la Trata en todo el país, las de estas dos ciudades son las mejor establecidas, y se ocupan de la mayoría de los casos. Amnistía Internacional no dispone de cifras oficiales de la identificación de mujeres objeto de trata fuera de estas ciudades, pero investigadores que trabajan sobre el aspecto de la trata relativo a la demanda han informado de que la prostitución forzada es un fenómeno frecuente fuera de las grandes ciudades de Grecia.(19) En Rodas se dio el caso de una mujer, de la que se sospechaba que había sido objeto de trata, que fue presuntamente violada por agentes de policía tras haber sido detenida por entrada ilegal en Grecia y amenazada con la expulsión del país.

El 6 de abril de 2006 los medios de comunicación informaron de la presunta violación de una ciudadana búlgara de 29 años detenida en una comisaría de policía de Rodas. Había sido acusada de entrada ilegal y estaba detenida en espera de su expulsión, aunque se sospechaba que había sido objeto de trata. La mujer denunció que un agente se la llevó a su casa y la violó y que otro la violó cuando la llevaron de nuevo a la comisaría. A finales de 2006 se habían presentado cargos contra ambos agentes por violación. El guardia que estaba de servicio en la comisaría en ese momento y el inspector jefe fueron acusados de incumplimiento del deber. Dos hombres que habían organizado el traslado de la mujer de Creta a Rodas fueron acusados posteriormente de trata y proxenetismo.(20)

Líneas telefónicas de emergencia inadecuadas

A las mujeres objeto de trata se les ofrecen dos líneas telefónicas de emergencia. Una de ellas, administrada por una ONG, atiende en varios idiomas, pero la llevan personas voluntarias, por lo que solo funciona en determinadas horas del día. Establecida como servicio para mujeres objeto de trata, recibe también denuncias de casos de violencia doméstica. La línea del Estado funciona las 24 horas, pero en menos idiomas, y atiende no sólo a mujeres objeto de trata, sino también a otras que necesitan asistencia social inmediata.

Debido a estas limitaciones, son poquísimas las llamadas relacionadas directamente con trata de mujeres que reciben estas dos líneas en las que la intervención puede hacer posible la identificación de las mujeres objeto de la trata. Por tanto, es necesario aumentar los recursos para garantizar que estas líneas prestan un servicio más efectivo a las mujeres objeto de trata.

Ausencia de directrices para la policía

El sistema actual deja en manos de los agentes de policía mismos la tarea de estar atentos a la posibilidad de que las mujeres que encuentran en el curso de su trabajo sean mujeres objeto de trata y no prostitutas no autorizadas o migrantes irregulares, por ejemplo. Sin embargo, no parecen existir directrices que proporcionen a los agentes unos criterios objetivos con que hacer esa valoración inicial. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que aclaren si tales directrices existen, pero no ha recibido respuesta aún.

Esta falta de criterios objetivos afecta también a la propias unidades especiales contra la trata y puede dar lugar a que no se identifique correctamente a las mujeres objeto de trata. Incluso en los centros urbanos de Atenas y Tesalónica, tal identificación parece a menudo estar basada en criterios subjetivos: "las víctimas no siempre revelan que son víctimas de trata –dijo un agente de policía a Amnistía Internacional en una unidad especial contra la trata de Atenas–, pero cuando ves a una mujer sentada aparte de las demás, que no habla y que parece asustada, empiezas a sospechar [...]. Normalmente, las prostitutas tienen una actitud atrevida y desafiante, llaman mucho la atención y dicen muchos tacos."

Hace falta formación no sólo para que los agentes de policía hagan la valoración, sino también para combatir estereotipos e ideas negativas. A este respecto, Amnistía Internacional recuerda la recomendación formulada por el CEDAW a Grecia, a la que instó a adoptar "medidas para cambiar las actitudes patriarcales tradicionales y los estereotipos basados en las funciones propias de cada género".(21)

Temor a sufrir represalias

Muchas mujeres objeto de trata tienen miedo a las amenazas y a los abusos físicos y psicológicos de sus traficantes. Debido a ello a menudo no se presentan como mujeres objeto de trata, por lo que no reciben protección del Estado.

Tanto autoridades como ONG dijeron a Amnistía Internacional que el fenómeno de la "trata feliz" iba en aumento en Grecia. Debido a nuevas formas de coacción resulta más difícil identificar a las mujeres objeto de trata para su explotación sexual como tales. Puede ocurrir que a las mujeres objeto de trata no las golpeen y torturen con tanta frecuencia como a otras. La explotación de la mano de obra de la industria del sexo puede ser menos extrema: puede permitirse a las mujeres quedarse con su pasaporte o tal vez no las tengan encerradas ni retenidas en ningún sitio. Al permitirle quedarse con parte de sus ganancias, la mujer puede parecer una prostituta no autorizada en vez de una víctima de trata, y su traficante, simplemente un proxeneta.

Sin embargo, las mujeres que no obedezcan a sus traficantes se enfrentan entonces a amenazas y represalias contra sus familias. La creencia en poderes religiosos tradicionales que causan daños permite a los traficantes intimidar a las mujeres de algunos países africanos. Los traficantes les advierten que la policía las detendrá o las expulsará si denuncian la trata o cualquier otro abuso. Las mujeres que viven con temor son reacias a presentarse en la policía y las ONG, y si lo hacen pueden no revelar su casos totalmente. La severidad de la amenazas garantiza que estén bajo el control de sus traficantes.

La policía y las ONG reconocen la existencia de nuevas formas de coacción que dificultan la identificación de las mujeres objeto de trata. Una persona, representante de una ONG, dijo: "Los traficantes van siempre un paso por delante". Una persona empleada en una Unidad Especial contra la Trata recordó el caso de una mujer que, tras escapar de su traficante, tomó un taxi hasta la comisaría de policía y, al ver que la puerta estaba atascada, pensó que el taxista también estaba compinchado contra ella. Este caso revela que las mujeres temen a la red de influencia de los traficantes.

A la falta de confianza de las mujeres en la eficacia de los procesamientos se suma su temor a sufrir represalias, y como consecuencia de ello son reacias a denunciar.

Hay muchas esperando a ver lo que nos ocurre. Hay muchas chicas sufriendo. Tienen miedo […]. Creo que después de este [juicio, si se dicta sentencia condenatoria] muchas hablarán con la policía, pero si este caso no marcha muy bien, no irán a la policía.

Emily, mujer objeto de trata que espera el resultado del juicio de sus traficantes, recalcó a Amnistía Internacional que las mujeres como ella tienen que confiar en que la policía las proteja de los traficantes para estar dispuestas a pasar por el largo proceso de cooperar con las autoridades.(22)



4. Obstáculos que impiden la protección y la asistencia

Incluso en casos en que las mujeres objeto de trata sortean los impedimentos y son identificadas como tales, se enfrentan a diversos obstáculos a la hora de ejercer su derecho a recibir protección y asistencia. Estos obstáculos tienen su origen principalmente en el hecho de que las autoridades griegas hagan hincapié en llevar a los responsables de la trata ante la justicia en vez de en hacer valer los derechos de las mujeres objeto de la trata.

Cooperación a cambio de protección

Con el actual sistema, las mujeres de países no pertenecientes a la UE que sean calificadas por el fiscal de "víctimas de trata", tras el periodo de reflexión sólo pueden ejercer su derecho a recibir protección y asistencia si "cooperan" con las autoridades. Este requisito establece de hecho una relación entre los aspectos de protección y procesamiento de los esfuerzos por combatir la trata. Tal relación menoscaba los derechos de las mujeres a recibir protección y asistencia con independencia de que cooperen o no.

En el caso de las mujeres no pertenecientes a países de la UE la protección está garantizada por la Ley de Legalización de Inmigrantes (Ley 3386 de 2005), que dispone que a toda persona de la que se sospeche que ha sido objeto de trata se le puede "conceder un permiso de residencia de duración limitada si coopera para combatir la trata de seres humanos" (artículo 47.1). Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que tras el periodo inicial de reflexión no haya asistencia ni protección más que para las mujeres de países no pertenecientes a la UE que han sido objeto de trata e introducidas en Grecia a las que se conceda un permiso de residencia sobre la base de su cooperación con las autoridades. Para las personas de países no pertenecientes a la UE, que son la gran mayoría de las personas objeto de trata, no cooperar con las autoridades supone no tener permiso de residencia, por lo que se enfrentan a la expulsión.

El derecho de protección y asistencia sólo se respeta en el caso de las personas que acceden a cooperar en los procedimientos al final del periodo de reflexión y sólo durante el tiempo que dure la cooperación. Las autoridades griegas no prestan asistencia ni protección a quienes no cooperan al final del periodo de reflexión o dejan de cooperar posteriormente por razones válidas, como miedo a sufrir represalias de sus traficantes, ni a las personas en cuyos casos las autoridades no están persiguiendo activamente a presuntos traficantes.

Amenaza de expulsión

En el caso de las mujeres objeto de trata identificadas como tales que expresan su deseo de regresar a su país, sus datos se entregan a la Organización Internacional para las Migraciones, que se encarga de repatriarlas.

En cambio, las mujeres identificadas inicialmente como posibles víctimas de trata que no se muestren de acuerdo con cooperar con las autoridades pueden ser expulsadas al país del que proceden. Amnistía Internacional cree que el hecho de que las autoridades griegas no hagan en cada caso una evaluación de los riesgos a que se exponen las mujeres antes de su expulsión no sólo menoscaba los esfuerzos por combatir la trata, sino que además deja a las mujeres expuestas a sufrir nuevos abusos, como ser de nuevo víctimas de trata.

"Equivale a hacer chantaje a la víctima", dijo una persona, profesional del Derecho, a Amnistía Internacional en enero de 2007. Las mujeres se sienten atrapadas entre las amenazas de los traficantes contra ellas y sus familias y la presión para que cooperen con las autoridades para conseguir un permiso de residencia y protección y asistencia a más largo plazo. Las mujeres objeto de trata que declaran en contra de los traficantes en los tribunales y reciben después amenazas viven con miedo a sufrir represalias, por un lado, y a que les retiren la protección si deciden retractarse de su declaración, por el otro.

Como señaló la misma persona, en el caso de otros delitos graves, como asesinato y violación, las autoridades toman la iniciativa en las investigaciones y los procedimientos judiciales. En el caso de la trata, la presencia de pruebas en forma de la declaración de la mujer objeto de la trata es una condición previa para iniciar una investigación. Si ésta conduce a la detención de los presuntos traficantes, se espera además que la mujer continúe colaborando con las autoridades testificando ante los tribunales. Debido a ello, se ve sometida a presión para que elija entre continuar recibiendo asistencia en Grecia, solicitar su repatriación voluntaria o doblegarse a las amenazas de los traficantes y retractarse de su declaración original o modificarla.

Protección de testigos inadecuada

Algunas mujeres han denunciado haber recibido amenazas de sus traficantes después de solicitar la ayuda de las autoridades, lo que indica que hay deficiencias en el sistema de protección. Profesionales del Derecho y otras personas que trabajan con mujeres objeto de trata dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades no pueden garantizar protección efectiva a las mujeres y que hacía falta un sistema de protección de testigos para ellas.

La protección policial consiste fundamentalmente en escoltar a la mujer hasta la casa refugio donde va a ser alojada al principio del periodo de reflexión y de allí a los tribunales durante el juicio. Sin embargo, incluso en estos periodos en que se supone que la policía protege a las mujeres objeto de trata, no siempre se toman medidas para impedir las amenazas o responder a ellas. Representantes de Amnistía Internacional fueron testigos de cómo agentes de policía no hacían nada ante insultos y gestos de amenaza dirigidos por abogados defensores de presuntos traficantes contra mujeres objeto de trata que iban a declarar ante los tribunales. Uno de tales insultos era "putas".

Se supone que las casas refugio garantizan que su dirección es secreta y establecen sus propias normas sobre con qué frecuencia, con quién y tras qué trámites se permite a las mujeres salir solas. Sin embargo, se han dado a conocer públicamente direcciones de casas refugio. Algunas mujeres acogidas en ellas no han observado las normas de seguridad. Y ha habido casos de traficantes que se han acercado a las mujeres cuando vivían en casas refugios o a sus amigas y las han amenazado.

Una persona empleada en una unidad especial contra la trata dijo a Amnistía Internacional que en la unidad para combatir la delincuencia organizada había un sistema de protección de testigos, pero que ninguna de las mujeres objeto de trata que estaban dispuestas a testificar querían acogerse a él porque para ello tenían que cambiar de identidad. Sin embargo, profesionales del Derecho, personal de ONG y mujeres objeto de trata entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que no se había ofrecido a las mujeres un sistema de protección de testigos y que desconocían su existencia.

A las mujeres objeto de trata que proporcionan información a las autoridades y solicitan su repatriación voluntaria se les permite regresar a su país de origen de acuerdo con el mandato de la Organización Internacional para las Migraciones una vez que han hecho una declaración ante la policía.Sin embargo, en estos casos sólo se celebra un juicio si otra mujer objeto de trata accede a testificar en contra de los supuestos traficantes ante los tribunales o si la mujer repatriada accede a regresar a Grecia para declarar. Las mujeres no suelen regresar para prestar declaración porque no se les proporciona protección adecuada en Grecia.

El desarrollo de métodos alternativos de investigación podría reducir la necesidad de recurrir al testimonio de la mujer. Las mujeres que testifican, incluidas las que regresan a Grecia tras su repatriación para prestar declaración en contra de los traficantes, han de tener derecho a un sistema de protección de testigos. Se debe garantizar su seguridad física en los tribunales y se debe encontrar el modo de que presten declaración sin necesidad de soportar la tensión psicológica a que se ven sometidas, por ejemplo, mediante equipos audiovisuales que les permitan testificar en otro lugar de Grecia o fuera del país.

Periodo de reflexión demasiado breve

El periodo de reflexión concedido a las mujeres objeto de trata para que decidan si van a cooperar con las autoridades tiene una duración mínima de 30 días según el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos. En el informe aclaratorio del Convenio se hace hincapié en que el periodo de reflexión ha beneficiar a la mujer misma y, posteriormente, al tribunal al garantizar que puede prestar declaración de la forma más clara y tranquila posible. El Consejo de Europa reconoce que muchos países han fijado un periodo mínimo de reflexión de más de 30 días y que el grupo de expertos de la Comisión Europea sobre trata de seres humanos ha recomendado aumentar el periodo mínimo a al menos tres meses.

Amnistía Internacional considera que tal ampliación ofrecería mejores garantías de conseguir que la mujer objeto de trata tome su decisión de cooperar libremente y con conocimiento de causa. Asimismo, permitiría tener más tiempo de apoyo psicológico.

El personal de una Unidad Especial contra la Trata dijo a Amnistía Internacional que en los últimos dos años la mayoría de las mujeres no habían necesitado periodo de reflexión o habían accedido a cooperar antes de cumplirse los 30 días. Insistió en que ninguna de las mujeres a las que se había concedido un periodo de reflexión había optado por no cooperar. Este dato puede indicar que estaban dispuestas a cooperar, pero también que tomaban la decisión de cooperar bajo presión.

Personas dedicadas al trabajo social en Grecia dijeron a Amnistía Internacional que las mujeres objeto de trata necesitaban un periodo de reflexión más largo. A muchas, la experiencia de violencia o coacción las acompaña mucho después de haber escapado de ella. Como señaló una persona empleada en una casa refugio, muchas intentan desvincularse de la situación en que estaban de todas las maneras posibles. "Lo primero que hacen es lavar la ropa, montones de ropa, una y otra vez. Si pudieran quemarla toda, probablemente lo harían", En muchos casos, esta experiencia es un punto de referencia durante todo el periodo en que reciben protección y asistencia, en el que se espera también que declaren como testigos contra sus traficantes.

Las autoridades recurren al personal de las casas refugio para conseguir que las mujeres objeto de trata estén dispuestas a cooperar durante toda su estancia allí.Las ONG que trabajan con mujeres que han sido objeto de trata con fines de explotación sexual son pocas, cuentan con escasos recursos y dependen del trabajo de voluntarios. Además, el hecho de que se recurra al personal de las casas refugio para conseguir que las mujeres objeto de trata están dispuestas a cooperar puede crear un conflicto de intereses capaz de comprometer el derecho de las mujeres a decidir libremente si cooperar o no con las autoridades.

Largos procedimientos judiciales y acceso limitado a la reparación

En 2007 sólo un caso de trata, en el que los traficantes habían sido condenados a varios años de prisión, había llegado a la fase de apelación. Las prolongadas demoras de los procedimientos judiciales alargan el tiempo durante el cual las mujeres objeto de trata que acceden a testificar tienen que vivir con temor a sufrir represalias. El sistema judicial griego, que está sobrecargado y padece una falta crónica de personal y malas condiciones materiales, puede tardar años en llevar un caso a juicio, y más aún en llegar a una decisión judicial irreversible, como ha documentado Amnistía Internacional anteriormente.(23)

En un juicio por trata al que Amnistía Internacional envió observadores en 2006 y 2007, una preocupación constante del fiscal, así como del personal de la casa refugio en la que las mujeres objeto de la trata habían sido acogidas inicialmente, era si éstas se retractarían de sus declaraciones o no. La persona experta en trabajo social encargada del caso y una de las mujeres dijeron a Amnistía Internacional que los traficantes habían amenazado a las mujeres y a sus parejas en Grecia, primeramente, y a su familias en su país de origen, después, y que finalmente habían recurrido a ofrecer sobornos para convencer a las mujeres de que se retractaran de su declaraciones. En el caso de esta mujer, su principal preocupación era, casi dos años después de haber prestado por primera vez declaración en los tribunales, que el juicio terminara. Estaba en constante tensión y no podía dar un nuevo rumbo a su vida. "Cada vez que voy [a los tribunales] no lo juzgan [dictan sentencia] y tengo la cabeza loca", dijo.

Josephine fue llevada a Grecia con la promesa de un trabajo estable y un futuro en Europa. Su "paso seguro" a Grecia fue organizado por personas en las que confiaba. Posteriormente comprobó que eran socios de sus traficantes. Le proporcionaron documentación falsa que debía pagar con lo que ganara. En Grecia fue obligada a bailar en un club de striptease y a tener relaciones sexuales con los clientes para pagar su deuda, que entonces vio que era de miles de euros. Para obligarla a hacer lo que le decían, sus traficantes le quemaban la cara con cigarrillos y la empapaban de agua muy caliente y muy fría. Su decisión de cooperar con las autoridades le ha supuesto tener que estar frente a sus traficantes en los tribunales en cada etapa del juicio mientras le llega el turno de declarar.

El requisito de cooperar con las autoridades obliga, en efecto, a las mujeres objeto de trata a soportar una gran tensión psicológica durante todos los procedimientos judiciales y prolonga su vulnerabilidad a las amenazas de los traficantes.

Sólo cuando el traficante ha sido declarado culpable en el proceso penal puede una mujer objeto de trata pedir reparación, incluidas indemnización y rehabilitación, interponiendo una demanda civil. Sin embargo, no tiene derecho a contar con asistencia jurídica para entablar la demanda, lo que menoscaba gravemente su derecho a una reparación.

Incoherencia en la atención de la salud y la ayuda a la integración

De acuerdo con la legislación griega, las mujeres objeto de trata pueden recibir atención médica, farmacéutica y hospitalaria gratuita durante el tiempo en que tienen derecho a que se les brinde protección y asistencia. Este grado de prestación médica supera la atención mínima de emergencia estipulada en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos. Sin embargo, muchas mujeres tienen problemas para recibir atención en los hospitales estatales debido al desconocimiento por parte del personal hospitalario del problema de la trata y de la legislación sobre él. A este respecto, una persona que trabajaba para una ONG dijo a Amnistía Internacional:

Sólo acceden a ocuparse del caso cuando acompañamos a las victimas al hospital y explicamos al personal la situación, lo que dispone el Decreto [Presidencial2003]y el hecho de que nuestra organización, aunque no figure en la lista de organizaciones mencionadas en el Decreto [véase el capítulo 5], tiene un acuerdo de cooperación con las autoridades para ayudar a las víctimas de trata. En efecto, tenemos que llevar un archivo enorme con todos los papeles pertinentes cada vez que vamos al hospital.

Según informes, los problemas de salud persistentes aumentan la incapacidad de las mujeres objeto de trata para encontrar trabajo en algunos casos. La mayoría están relacionados con los abusos a que las mujeres han sido sometidas por sus traficantes.

La mejora de la protección de las mujeres objeto de trata debe incluir también una mayor insistencia en su integración, según el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos (articulo 12). Aunque hay varias medidas positivas en la ley para garantizar la integración, el grado en que se aplican varía, y puede depender de la capacidad de la casa refugio. En las casas refugio estatales, las mujeres no pueden salir del recinto, y sus actividades están totalmente vigiladas. En algunas casas refugio de ONG, en cambio, puede permitírseles con el tiempo tener mayor control de su vida con medidas como dejarles hacer la compra.

Las actividades dirigidas a facilitar el proceso de integración, como aprender griego, pueden estar organizadas por la casa refugio en coordinación con el centro de enseñanza. Sin embargo, las actividades recreativas, como dibujo o baile, las preparan en gran medida casas refugio de ONG y voluntarios. Esta variabilidad afecta al modo en que se vive la integración social y puede determinar las decisiones que tomen las mujeres objeto de trata sobre su vida cuando abandonen la casa refugio, incluida de la ser repatriadas.

Los menores pueden asistir a colegios públicos que tengan clases de acogida, cursos especiales o programas interculturales de educación. Sin embargo no hay previsto nada más para cuando tales centros no existen, excepto en el caso de los menores de entre 15 y 18 años, que pueden inscribirse en programas especiales de formación profesional. Hasta los 23 años, las mujeres objeto de trata pueden inscribirse en programas de formación profesional y técnica si tienen la preparación necesaria.



5. La trata de seres humanos en el derecho interno

La trata está tipificada como delito en la Ley 3064 de 2002 "para combatir la trata de seres humanos, los crímenes contra la libertad sexual, la pornografía infantil y, en general, la explotación económica de la libertad sexual, y ofrecer asistencia a las víctimas de estos actos". El artículo 8 de esa ley reforma el artículo 351 del Código Penal griego, ajustando la definición de trata a la utilizada en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos (véase la introducción).

En el Código Penal, reformado en 2002, se dispuso por primera vez que la vida, la integridad física y la libertad personal y sexual de las personas objeto de trata debían protegerse. Se previeron penas de hasta 10 años de prisión por trata, tipificada como delito grave, y condenas más severas en ciertas circunstancias, como cuando la víctima de la trata es un menor. En la reforma se especificó que las personas objeto de trata debían recibir la asistencia necesaria para conseguir vivienda, sustento, atención de la salud, apoyo psicológico, asistencia letrada, servicios de interpretación y, en el caso de los menores, enseñanza y formación profesional. Se dispuso también que las expulsiones de personas que se encontraran "ilegalmente en el país" debían quedar en suspenso hasta que se dictara sentencia firme en los procedimientos judiciales seguidos contra sus presuntos traficantes.

Comercio de seres humanos

1. Quienquiera que, haciendo uso de la fuerza, amenazas u otros medios de coacción o por imposición o abuso de autoridad, contrate, transporte, promocione dentro o fuera del territorio, ayude, envíe con o sin intercambio a otro o reciba de otro a una persona con objeto de explotarla sexualmente o de que alguien más lo haga será castigado con una pena de hasta diez años de prisión y una multa pecuniaria de 10.000 a 50.000 euros.

2. El infractor será castigado con la pena indicada en el párrafo anterior si, con el mismo fin, engatusa a una persona para que dé su consentimiento por medios engañosos, o la engaña aprovechándose de su susceptibilidad, haciéndole promesas, ofreciéndole regalos, pagos y otros beneficios.

3. Quienquiera que realice a sabiendas actos lascivos con una persona que obre en las condiciones descritas en los párrafos 1 y 2 será castigado con una pena de al menos seis meses de prisión.

4. El culpable según los párrafos anteriores será castigado con una pena de al menos 10 años de prisión y una multa pecuniaria de hasta 100.000 euros si el acto:

a) es contra un menor o una persona con discapacidad mental o física,

b) es cometido por una persona del punto c del párrafo 2 del artículo 349,(24)

c) está relacionado con la entrada, residencia o salida ilegal de la víctima del país o

d) es cometido por su profesión

e) es cometido por un funcionario durante el desempeño de sus funciones, aprovechando su posición o implicado de algún otro modo

f) causa graves lesiones físicas a la víctima

5. Si un acto según los párrafos 1 y 2 causa la muerte de la víctima, se impondrá cadena perpetua.

6. La explotación sexual según los párrafos anteriores abarca la tentativa de todo acto lascivo para especulación o el uso del cuerpo, la voz o la imagen de una persona para la tentativa real o artificial de tal acto o la prestación de mano de obra o servicios para especulación con miras a la excitación sexual.

(Código Penal griego, artículo 351)



Sin embargo, el artículo 349 del Código Penal (reformado por el artículo 7 de la Ley 3064 de 2002) sobre "proxenetismo" suele utilizarse en la práctica para procesar a individuos en casos en los que podría, de hecho, haber habido trata. Como consecuencia de ello, los responsables de trata están eludiendo la acción de la justicia, al imponérseles las penas menos severas con que se castiga el proxenetismo, que es un delito menor, no grave.

Los parámetros de la protección y la asistencia debidas a las personas objeto de trata quedaron definidos explícitamente en el Decreto Presidencial 233 de 2003. Las víctimas de trata de seres humanos, trata con fines de explotación sexual y "proxenetismo" reciben atención en este Decreto. Tienen derecho a recibir protección policial, alojamiento, educación para personas de hasta 23 años de edad, atención médica, asesoramiento jurídico y asistencia de intérpretes. Se les presta asistencia si se inicia un procesamiento contra los presuntos traficantes o si la persona objeto de trata ha solicitado los servicios enumerados en un anexo del Decreto. En 2006 y 2007 la lista de servicios y proveedores de servicios estaba muy desfasada, y no figuraban en ella las numerosas ONG que prestan en la práctica servicios a mujeres objeto de trata. Debido a ello, tales ONG no pueden a veces autorizar ni proporcionar a mujeres objeto de trata el acceso a servicios adicionales, como atención de la salud. Se presta asistencia siempre que los prestadores autorizados de servicios determinen que las mujeres objeto de trata están en situación de riesgo. Se anima a las autorices estatales y locales a establecer acuerdos de cooperación con ONG sin ánimo de lucro para proporcionar protección y asistencia "de acuerdo con las disposiciones en vigor".

Sin embargo, las medidas de protección general expuestas en el Decreto se restringieron en el caso de las personas de países no pertenecientes a la UE en la Ley 3386 de 2005. Esta ley, titulada "Entrada, estancia e integración social de ciudadanos de terceros países en Grecia", conocida también como Ley de Legalización de Inmigrantes, contenía disposiciones específicas para que las mujeres objeto de trata de países no pertenecientes a la UE "calificadas" de "víctimas de trata" consiguieran permisos de residencia y trabajo si cooperaban en los procedimientos penales.

Se aplican disposiciones especiales a las personas menores de edad, en las que se hacen esfuerzos para determinar su identidad y confirmar que no van acompañadas, localizar a sus familias y garantizarles asistencia letrada.



Recomendaciones

Amnistía Internacional insta a las autoridades griegas a:

Identificar a las mujeres que puedan haber sido objeto de trata

· proporcionar a todos los agentes de policía criterios objetivos para identificar a las mujeres objeto de trata y formación para ello;

· tomar "medidas para cambiar las actitudes patriarcales tradicionales y los estereotipos basados en las funciones propias de cada género", como ha recomendado el CEDAW;

· facilitar a las víctimas la denuncia del delito de trata con fines de prostitución forzada aumentando los recursos hasta conseguir que las líneas telefónicas de emergencia presten servicio en todos los idiomas y las 24 horas del día.

Reforzar la protección en la ley

· reformar la legislación existente para garantizar que la protección y ayuda a las mujeres objeto de trata no está condicionada a que declaren como testigos en los procedimientos penales contra sus presuntos traficantes;

· ampliar el actual periodo de recuperación y reflexión de manera que toda persona tenga tiempo suficiente para recibir asistencia y recuperarse de su terrible experiencia, así como para tomar una decisión con conocimiento de causa;

· ratificar y aplicar plenamente el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Hacer valer el derecho a recibir protección y asistencia

· reducir la importancia del testimonio de la persona objeto de trata como condición previa para iniciar un procesamiento;

· garantizar, sin perjuicio de los derechos de los acusados, los derechos de la persona objeto de trata, con medidas como disponer lo necesario para que testifique por medios audiovisuales;

· mejorar el acceso de las mujeres objeto de trata a programas de protección de testigos, procediendo para ello a:

◦ informarles de la existencia de tales programas;

◦ ampliar los programas para que incluyan el reasentamiento en otros países.

· tomar medidas concretas para eliminar las demoras indebidas en los procedimientos penales entablados contra presuntos traficantes;

· garantizar protección a las mujeres objeto de trata antes, durante y después del juicio contra los presuntos traficantes.

Garantizar que se proporciona reparación y rehabilitación

· prestar asistencia jurídica a las mujeres objeto de trata para los procedimientos dirigidos a obtener reparación, incluida indemnización;

· aplicar plenamente el Decreto Presidencial 233 de 2003, que obliga a las autoridades a prestar protección y asistencia a todas las "víctimas de trata", para lo cual se debe:

◦ actualizar regularmente la lista de instituciones y organizaciones no gubernamentales con derecho a prestar protección y asistencia a mujeres objeto de trata para que estén autorizadas a encargar servicios como la atención de la salud;

◦ informar a las instituciones competentes, como los proveedores de servicios de salud, de las disposiciones del Decreto.

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(1) Se han modificado los nombres de las mujeres víctimas de trata para proteger su identidad.


(2) Entrevista, Atenas, enero de 2007.


(3) Amnistía Internacional conoce informes de introducción en Grecia de hombres y niños objeto de trata. No obstante, la mayoría de la información recibida por la organización en los últimos años sobre trata de personas llevadas al país para su explotación sexual se refiere a mujeres y niñas, por lo que es en ellas en las que se centra el presente informe.


(4) De aquí en adelante, por "mujeres" objeto de trata se entenderá en general "mujeres y niñas" objeto de trata.


(5) Desde 2002, diversas ONG internacionales ha informado de casos de trata de menores romaníes de Albania, llevados a Grecia para que trabajen de vendedores callejeros, en los que los traficantes son a veces miembros de sus familias. En 2006 se publicó en los medios de comunicación información sobre trata de bebés de Bulgaria.


(6) Lazos, G., Διeθνική sωµateµpορίa κaι eξaνaγκastική pορνeίa stην Ελλάda tου 2002 (Trata y prostitución forzada en Grecia en 2002), ΚΕΔΕ-StopNOW, 2002, p. 10. Hay que señalar que esta cifra es sólo aproximada, pues no todas las mujeres obligadas a ejercer la prostitución habían sido objeto de trata.


(7) La primera ONG internacional que combatió la trata de seres humanos, la Coalición contra la Trata de Mujeres (Coalition Against Trafficking in Women, CATW) se estableció en 1988.


(8) US Department of State, Trafficking in Persons Report 2001: 86; 2002: 54; 2003: 71; 2004: 145; 2005: 113; 2006: 127.


(9) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 25 de abril de 2005, CCPR/CO/83/GRC.


(10) Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Grecia, 2 de febrero de 2007, CEDAW/C/GRC/CO/6.


(11) Véase "Greece Describes Wide Range of Legislation Promoting Gender Equality as Anti-Discrimination Committee Continues Exceptional Session", 19 de agosto de 2002, Press Release WOM/1361.


(12) Véase el párrafo 99 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual 2005 relativo a los derechos humanos en el mundo y la política de la UE en este ámbito, disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0220+0+DOC+XML+V0//ES


(13) Folleto de información de utilidad (para los casos de la Ley 3064/2002 y el Decreto Presidencial 233/2003).


(14) Decreto Presidencial 233/2003, artículo 12.1.


(15) Decreto Presidencial 233/2003, artículo 13.


(16) Ley 3386/2005, artículo 47.2.


(17) Ley 3386/2005, artículo 48.2.


(18) En 2000 el número de personas objeto de trata fue de 125; en 2001, de 165; en 2002, de 184, y en 2003, de 93. Estas cifras se refieren a la "trata de seres humanos", que incluye la trata tanto para trabajo forzado como para prostitución forzada. No obstante, todas las personas objeto de trata registradas eran mujeres, lo que indica que las cifras se refieren fundamentalmente a la trata con fines de prostitución forzada.


(19) Los resultados de la última investigación no se han publicado aún, pero se puede consultar información sobre fases anteriores de uno de tales proyectos, llevado a cabo por la Red de Organizaciones Cristianas contra la Trata de Mujeres, en http://www.coatnet.org/en.


(20) http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=697148


(21) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 37° período de sesiones, 15 de enero a 2 de febrero de 2007.Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Grecia.


(22) Entrevista, Atenas, enero de 2007.


(23) Véase Amnistía Internacional, Greece: In the shadow of impunity – Ill-treatment and the misuse of firearms (Índice AI: EUR 25/022/2002).


(24) Progenitores, cónyuges de progenitores, familiares, parientes políticos, cónyuges, tutores, custodios u otras personas que enseñen a menores de edad, los tengan bajo su custodia, cuiden de ellos, los vigilen o los supervisen.



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