AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA


3 de agosto de 2010

Índice AI: EUR 21/004/2010


El Consejo Constitucional francés declara inconstitucional el sistema de detención preventiva para delitos comunes



Amnistía Internacional pide a las autoridades francesas que revisen las leyes que regulan los derechos de todas las personas recluidas en detención preventiva, para que sean conformes con el respeto a los derechos humanos.


Este llamamiento se ha producido tras la resolución emitida el 30 de julio por el Consejo Constitucional francés que declara inconstitucionales las leyes que regulan la detención preventiva (garde à vue) para personas privadas de libertad en relación con delitos comunes, ya que dichas leyes no garantizan a las personas detenidas derechos tales como una asistencia efectiva por parte de un abogado y el ser informadas de su derecho a guardar silencio. Esas leyes se derogarán el 1 de julio de 2011, pero hasta entonces seguirán en vigor.


La resolución se hace eco de la preocupación más amplia manifestada en mayo de este año por el Comité de la ONU contra la Tortura respecto a las normas de detención preventiva. Al manifestar su preocupación, el Comité de la ONU recordó al gobierno que “es durante las primeras horas tras una detención cuando el peligro de tortura es mayor, especialmente cuando se recluye a una persona en régimen de incomunicación”.


Amnistía Internacional siente preocupación, no obstante, porque, de acuerdo con la resolución del Consejo Constitucional, estas leyes inconstitucionales pueden seguir en vigor durante otros once meses, tiempo en el cual se violarán los derechos de todas las personas a las que se les apliquen, y las personas en cuestión no podrán denunciar esas violaciones alegando que las leyes sobre detención preventiva son inconstitucionales.


La decisión del Consejo Constitucional ha sido una respuesta a los abogados que cuestionaban la compatibilidad de las disposiciones sobre detención preventiva del Código de Procedimiento Penal con los derechos y libertades garantizados por la Constitución francesa. Una nueva ley que entró en vigor el 1 de marzo de 2010 permite a las personas impugnar la constitucionalidad de una ley durante los procedimientos judiciales.


En virtud del artículo 63-4 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva puede durar hasta 24 horas, y puede ampliarse otras 24 horas más por decisión de la fiscalía. Durante ese periodo las personas detenidas en relación con delitos comunes tienen derecho a un acceso limitado a un abogado. Sólo pueden mantener una reunión de 30 minutos con un abogado a partir de la primera hora de su detención y, si la detención se prolonga, pueden tener otra reunión de 30 minutos al inicio de la ampliación. A las personas detenidas no se les permite el acceso a su abogado durante el interrogatorio. Además, el derecho de las personas detenidas a la defensa se ve también obstaculizado porque a sus abogados no se les permite el acceso a sus expedientes.


La resolución del Consejo Constitucional ha puesto claramente de manifiesto el amplio uso que las autoridades hacen de su poder de mantener a personas en detención preventiva, incluso por delitos leves. En su resolución, el Consejo Constitucional señaló que, únicamente en 2009, se registraron más de 790.000 casos de detención preventiva. El Consejo señaló también que la mayoría de las sentencias definitivas en casos penales se basan exclusivamente en pruebas reunidas antes de que termine la detención preventiva, incluso en casos en los que los hechos son especialmente complejos o el delito es especialmente serio. El Consejo Constitucional consideró que unos hechos tan importantes respecto al uso de la detención preventiva debían ir acompañados por las garantías necesarias en cuanto al respeto del derecho de las personas detenidas a la defensa. El Consejo concluyó que, en virtud de la Ley de Procedimiento Penal, un individuo recluido en detención preventiva no disfruta de la asistencia efectiva de un abogado, y no es informado de su derecho a guardar silencio. El Consejo Constitucional concluyó, por tanto, que las leyes sobre detención preventiva para delitos comunes son inconstitucionales.


A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que seguirán en vigor normas aún más restrictivas, aplicables a personas recluidas en detención preventiva como sospechosas de participar en delitos graves de delincuencia organizada, en delitos de terrorismo o en delitos de narcotráfico. El Consejo Constitucional ha declinado volver a examinarlas porque ya anteriormente había decidido que estaban justificadas por la complejidad y la gravedad de los delitos.


Las personas detenidas como sospechosas de haber cometido una serie de delitos de delincuencia organizada no tienen acceso a un abogado hasta 48 horas después de haber sido puestas bajo custodia. Las personas sospechosas de implicación en delitos de terrorismo o narcotráfico no tienen acceso a un abogado hasta 72 horas después de la detención. Si se amplía, la detención preventiva para estos delitos puede durar hasta entre tres y cuatro días, respectivamente. En este régimen especial se aplican también las mismas restricciones en el acceso a un abogado que existen para las personas sospechosas de delitos comunes.


Amnistía Internacional pide a los legisladores franceses que garanticen que el nuevo sistema de detención preventiva respeta plenamente las normas internacionales de derechos humanos, que disponen que los detenidos deben gozar de acceso efectivo a un abogado, incluso durante los interrogatorios, desde el inicio de la detención y a todo lo largo de ella.


En particular, Amnistía Internacional insta al gobierno y el Parlamento francés a asegurarse de que la nueva legislación garantiza que todas las personas en detención preventiva, independientemente del delito del que sean sospechosas:


-        son informadas de sus derechos, incluidos la asistencia letrada y el derecho a guardar silencio;

-        pueden contar con la ayuda de un abogado desde el inicio de su detención y a todo lo largo de ella, lo cual incluye todos los interrogatorios, sin que haya límites de tiempo para sus entrevistas con su abogado;

-        pueden ser examinadas por un médico de su elección desde el inicio de la detención;

-        pueden notificar a una persona de su elección su detención y paradero desde el inicio de la detención.


Además, la ley debe garantizar que los abogados tienen acceso a los archivos que las autoridades mantienen del detenido.


Amnistía Internacional pide asimismo a los legisladores franceses: que garanticen que la nueva legislación establece como obligatoria la grabación en audio y vídeo de todas las detenciones preventivas y los interrogatorios; que se instalan equipos de grabación de audio y vídeo en todos los lugares donde los detenidos puedan estar presentes, incluidas las zonas comunes y las celdas individuales; y que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a llevar una forma visible de identificación (como su número de identificación) cuando hagan uso de la fuerza, cuando practiquen detenciones y durante los interrogatorios.


Por último, la organización pide a las autoridades francesas que garanticen que se lleva a cabo sin demora una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre cualquier denuncia de tortura u otros malos tratos durante la detención preventiva.