Document - France: Shootings, killings and alleged ill-treatment by law enforcement officers

ÍNDICE






INTRODUCCIÓN1


DISPOSICIONES PERTINENTES

DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS3


a.El derecho a la vida4

b.Prohibición de la tortura y de los tratos

o penas crueles, inhumanos o degradantes5


DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEGISLACIÓN FRANCESA6


a. La responsabilidad penal6

b.Atentados contra la persona humana7


DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY7


LA FORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY9


INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO EN CASO DE DELITO10


DISPAROS Y HOMICIDIOS POR FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY11


-Christian Dovérofebrero 1988Marsella12

-Eric Simontéabril 1993Chambéry14

-Makomé M'Bowoleabril 1993París14

-Rachid Ardjouniabril 1993Wattrelos15

-Fabrice Omontabril 1993Cherburgo15

-Maftah Belkhamjunio 1993Firminy16

-Franck Moretjulio 1993Saint-Barthélemy-de-Vals17

-Romuald Duriezoctubre 1993Arles18

-Mourad Tchierdiciembre 1993Lyon18

-Ibrahim Syenero 1994Ruán19

-Joël Nebor y

Frédéric Adomjunio 1994París20


PRESUNTOS MALOS TRATOS A MANOS DE FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY21



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES29


1.La inercia del Ministerio Público29

2.El acceso a las investigaciones judiciales29

3.Los retrasos en la investigación y el procesamiento29

4.La prevención de los delitos30

5.La formación de los funcionarios encargados

de hacer cumplir la ley30

6.El conocimiento de los instrumentos internacionales

de derechos humanos31

7.Las denuncias contra funcionarios encargados

de hacer cumplir la ley31


APÉNDICES33


-Apéndice 1: Tratados internacionales

de derechos humanos ratificados por Francia33

-Apéndice 2: Fotografías34




























Página opuesta: Blanco oficial (tamaño reducido) utilizado por la policía en sus prácticas y entrenamiento en armas de fuego; la puntuación más alta se alcanza disparando a la cabeza y órganos vitales.



FRANCIA

Disparos, homicidios y presuntos malos tratos por funcionarios encargados

de hacer cumplir la ley



INTRODUCCIÓN


En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido un inquietante número de informes sobre disparos, homicidios y presuntos malos tratos a detenidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Francia. Las investigaciones de la organización sobre estos incidentes indican que, en un número significativo de casos, los funcionarios implicados recurrieron al uso de la fuerza de forma imprudente y totalmente desproporcionada a la situación. En algunos casos, el grado de fuerza empleado produjo una muerte violenta o heridas por arma de fuego. En otros, dio pie a denuncias de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplean la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas. La fuerza y las armas de fuego han de utilizarse con limitaciones y como último recurso, y su empleo debe ser proporcionado al delito y a la consecución de un objetivo legítimo. El uso de la tortura y de otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia. Francia ha ratificado los tratados internacionales pertinentes y estas normas y reglas están en gran medida reflejadas en su legislación nacional. Sin embargo, ha habido ocasiones en que la práctica administrativa y la judicial no se han ajustado a tales normas y reglas internacionales.


Amnistía Internacional viene observando con inquietud que una gran parte de las víctimas de los disparos, homicidios y presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son de origen étnico no europeo, personas procedentes de los países del Magreb, Oriente Medio y África central y occidental. Los presuntos abusos físicos y sexuales van acompañados a menudo de insultos específicamente racistas, además de insultos de carácter general.


Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han declarado que se vieron obligados a emplear la fuerza en muchos de los incidentes descritos en este informe porque se enfrentaban a un ataque, o amenaza de ataque, contra ellos mismos, terceras personas o la propiedad de éstas. Amnistía Internacional reconoce que algunos de los incidentes pueden haber ocurrido en tal contexto, y que, en circunstancias específicas, la legislación francesa permite el uso de la fuerza. Sin embargo, la ley exige que, cuando se emplea la fuerza, los medios sean proporcionados a la gravedad de la amenaza o del ataque. La legislación internacional hace hincapié especialmente en la importancia de la proporcionalidad a la hora de juzgar si el uso de la fuerza es legítimo o no, y establece, además, que sólo se podrá hacer uso intencional de armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Ninguna de las víctimas cuyos casos se citan más adelante portaba armas de fuego y, en su mayoría, no llevaban arma alguna de ningún tipo.


Amnistía Internacional no trata en este informe de presentar una relación completa ni un análisis exhaustivo del abuso de la fuerza. Su objetivo es hacer notar la inquietante situación que se desprende de una serie de hechos ocurridos en los últimos años en Francia, en los que el abuso de fuerza se ha traducido en malos tratos, disparos y homicidios de los que han sido víctimas personas en su mayoría jóvenes y a menudo de origen étnico no europeo. Otras organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales de reconocido prestigio han llegado a conclusiones similares.


En enero de 1993, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa1publicó un informe, con el consentimiento del gobierno francés, sobre su visita a Francia a finales de 1991, así como la respuesta del gobierno francés2. En su informe, el Comité concluía que «... una persona privada de su libertad por las fuerzas del orden corre un riesgo no despreciable de ser maltratada»3. El Comité observaba asimismo que «... los extranjeros y los jóvenes parecían ser un blanco preferencial...»4.


En una carta enviada en agosto de 1993 al ministro del Interior, Charles Pasqua, con copia al ministro de Justicia, Pierre Méhaignerie, para recabar sus comentarios, Amnistía Internacional expresaba gran preocupación por los informes que había recibido referentes a muertes bajo custodia, disparos y homicidios y presuntos malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ocurridos en el primer semestre de 1993. La organización consideraba que su preocupación estaba justificada tanto a la vista de la legislación internacional como de la francesa. Los resultados de las investigaciones de Amnistía Internacional sobre estos informes indicaban la existencia de graves problemas en la práctica policial vigente en Francia. Se habían abierto investigaciones judiciales sobre estos incidentes y Amnistía Internacional solicitó al gobierno que le facilitara información sobre su desarrollo.


Amnistía Internacional acogió con satisfacción las seguridades que ofreció el ministro del Interior en su discurso del 10 de mayo de 1993 ante los comisarios de la policía, en el sentido de que Francia cumplía los compromisos internacionales que había asumido desde la II Guerra Mundial en el ámbito de los derechos humanos y las libertades públicas. A tenor de ello, Amnistía Internacional invocaba en su carta varios tratados internacionales ratificados por Francia y en virtud de los cuales este país tiene la obligación legal de respetar el derecho a la vida y mantener la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como toda una serie de disposiciones muy concretas adoptadas por las Naciones Unidas que exigen de los Estados miembros que cumplan determinadas normas sobre aplicación de la ley y justicia penal. La organización se refirió expresamente al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, todos ellos de la ONU. Por otra parte, Amnistía Internacional instó a que se incorporaran en la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sus recomendaciones a los gobiernos en materia de selección, formación y supervisión de personal para prevenir conductas racistas y su Programa de 12 Puntos para la Prevención de la Tortura. Remitía también al gobierno a las normas que la organización había elaborado para las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, en relación con el debate en curso sobre la creación en Francia de un órgano5que asesore a los ministros de Interior en todo lo relativo a los códigos deontológicos de la policía.


A finales de julio de 1994 no se había recibido respuesta alguna del gobierno francés.


Este documento contiene breves descripciones de algunos de los casos expuestos al gobierno en agosto de 1993, así como nuevos casos que Amnistía Internacional había investigado hasta final de junio de 1994.



DISPOSICIONES PERTINENTES

DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS


El derecho a no ser privado de la vida de forma arbitraria y la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son normas fundamentales del Derecho internacional. Estos derechos están proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos e incorporados en los artículos 6 y 7, respectivamente, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Todos los Estados parte del PIDCP están legalmente obligados a respetarlos.


El Comité de Derechos Humanos, grupo de expertos que supervisa el cumplimiento del PIDCP, ha adoptado una serie de Observaciones Generales que ayudan a entender las obligaciones de los Estados partes respecto de determinados artículos del PIDCP. Algunas de estas Observaciones Generales guardan relación directa con las preocupaciones que expresa Amnistía Internacional en el presente informe:


a)El derecho a la vida


La Observación General 66, sobre el derecho a la vida, establece que «la protección contra la privación arbitraria de la vida que se requiere de forma explícita [en el PIDCP] es de importancia capital». Los Estados partes deberán tomar medidas para, entre otros extremos, «... evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria». La ley debe «... controlar y limitar estrictamente las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una persona».


La comunidad internacional ha elaborado varias medidas relativas a los derechos que garantiza el PIDCP, medidas que la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso sin ningún voto en contra.


El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1979, hace hincapié en el carácter excepcional del uso de la fuerza, manifestando en su artículo 3 que «los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas». Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el 7 de septiembre de 1990, establecen directrices más detalladas al respecto. El Principio 4 exige que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «... utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten [el subrayado es nuestro] ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto». Cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sea inevitable, los funcionarios, en virtud del principio 5:


«a)Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;


»b)Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;»


El principio 9 establece que: «Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra la persona humana salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro...» y «sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos». El artículo sigue diciendo: «En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida» [el subrayado es nuestro].


En 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias7, que en su artículo 1 establecen que: «... Estas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de [...]abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público [el subrayado es nuestro] o de otra persona que actúe con carácter oficial». El capítulo dedicado a la investigación es importante en relación con Francia. En concreto, exige «... una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas». Los Principios estipulan asimismo que «los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso [el subrayado es nuestro], así como a toda la información pertinente a la investigación...» y que «Se redactará en un plazo razonable un informe por escrito sobre los métodos y las conclusiones de las investigaciones. El informe se publicará inmediatamente [el subrayado es nuestro] y en él se expondrán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, y las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de hecho y en la legislación aplicable».


b)Prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


La Observación General 20 del Comité de Derechos Humanos8establece que el fin del artículo 7 del PIDCP es «... proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona». El Pacto no contiene definición alguna de los actos que abarca el artículo 7, y el Comité de Derechos Humanos «... tampoco considera necesario establecer una lista de los actos prohibidos o establecer distinciones concretas entre las diferentes formas de castigo o de trato; las distinciones dependen de la índole, el propósito y la severidad del trato aplicado». La prohibición que impone este artículo se refiere «no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral» [el subrayado es nuestro]. Esto es importante en lo que respecta al sufrimiento moral de una persona que se sienta degradada por insultos generales y racistas; muchos de los casos expuestos en este informe contienen denuncias de abusos de este tipo. También se hace mención especial de la importancia de difundir información que incluya la prohibición de la tortura para la edificación y formación de la población en general, y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en particular.



DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEGISLACIÓN FRANCESA


Los actos de fuerza que causen lesiones o muerte están tipificados en los artículos pertinentes del Código penal. Dos secciones de dicho Código son de especial relevancia para los casos incluidos en este informe: los relativos a la responsabilidad penal (De la responsabilité pénale) y a los atentados contra la persona humana (Des atteintes à la personne humaine).


a)La responsabilidad penal


Esta sección del código se divide en dos capítulos: el primero contiene las disposiciones generales, y el segundo los motivos por los que puede no existir responsabilidad penal aunque se haya cometido un delito. La decisión de si una persona que causa lesiones o muerte tiene o no responsabilidad penal se basa en este capítulo. Las circunstancias en virtud de las cuales puede «no haber responsabilidad o atenuación de la responsabilidad» se definen en los artículos 122-1 a 122-8.


El Ministerio de Justicia publicó una circular9tras la promulgación del nuevo Código penal, en marzo de 1994. Dos de los artículos del capítulo que interpreta las disposiciones del Código sobre responsabilidad penal son especialmente pertinentes.


El artículo 122-5 establece las circunstancias en las que los atentados a la integridad física representan legítima defensa. El texto consagra el principio jurisprudencial de proporcionalidad entre el acto de defensa y la gravedad del atentado. El segundo párrafo de este artículo se ocupa de la defensa de la propiedad; la latitud que permite la ley en el uso de la fuerza es menor para defender la propiedad que para defender a la persona. Una consideración importante es que ningún acto de defensa de la propiedad, por grave que sea el atentado, puede considerarse legítimo si causa la muerte (homicidio voluntario) del autor del atentado.


El artículo 122-7 se refiere al estado de necesidad. Reconoce y sistematiza diferentes decisiones judiciales adoptadas a lo largo de muchos años y establece tres criterios cuyo cumplimiento exime de responsabilidad penal:


-que exista un peligro actual o inminente que amenace a una persona o a una propiedad;


-que sea necesario infringir la ley a fin de salvaguardar la persona o la propiedad;


-que haya proporción entre los medios empleados y la gravedad de la amenaza.


b)Atentados contra la persona humana


Esta sección del Código penal tipifica todos los delitos de los que se ocupa este informe. El capítulo primero comienza con los atentados contra la vida humana, como el asesinato y el homicidio involuntario; los capítulos sucesivos abarcan los atentados contra la integridad física y psíquica de la persona, incluyendo la tortura, las agresiones sexuales y los atentados contra la dignidad de la persona.



DELITOS COMETIDOS

POR FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY


Desde hace muchos años, existe en Francia una viva preocupación por el abuso de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esta inquietud gira en torno al debate sobre la función de la aplicación de la ley en la sociedad y sobre el trato que da el sistema judicial a sus funcionarios en comparación con otros sectores sociales.


El objeto de este informe es demostrar, a través de casos concretos, cómo, en opinión de Amnistía Internacional, Francia hace caso omiso o infringe las obligaciones que ha contraído en virtud del Derecho internacional. La preocupación de la opinión pública por el abuso de la fuerza y de las armas de fuego alcanzó su punto álgido en abril de 1993 cuando, en sendos incidentes ocurridos en un periodo de tres días, la policía mató a tiros a tres jóvenes desarmados que se encontraban bajo su custodia, dos de ellos menores de edad. Estas muertes provocaron disturbios generalizados que dieron lugar a su vez a numerosas denuncias de malos tratos policiales. El recién nombrado ministro del Interior, Charles Pasqua, trató de calmar a la opinión pública en una entrevista televisada el 9 de abril de 1993. Tras presentar las disculpas del gobierno a las familias de los tres jóvenes muertos, manifestó: «Seré implacable con quienes cometan errores» y recordó a la policía que «... la nación confía las armas [a la policía] para que defienda a los ciudadanos y no para que los ataque». El 11 de abril de 1993, el periódico francés Journal du Dimanche calculaba que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían abatido a disparos a 27 personas desde 1988.


En este informe se examinan 12 incidentes concretos protagonizados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de los que 11 ocurrieron en los 18 meses inmediatamente anteriores a junio de 1994. Se incluye una exposición de las circunstancias en que se produjeron, así como las medidas adoptadas por el sistema judicial. En siete de los 11 casos, las víctimas eran de origen étnico no europeo, todas eran adolescentes o jóvenes y tres de ellas eran menores de edad.


Frente a estos homicidios, la política del gobierno no ha cambiado sustancialmente, pese a las reiteradas expresiones de preocupación de diversos organismos que representan a la profesión jurídica, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este último grupo ha sido especialmente enérgico a la hora de exigir reformas en el sistema de formación de funcionarios. El gobierno ha reconocido la existencia de defectos estructurales en la formación y dirección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero, en opinión de Amnistía Internacional, no ha tomado las medidas necesarias para remediar problemas cuya existencia se reconoce desde hace muchos años, contribuyendo así a que éstos continúen.


El ministro del Interior afirmó en la entrevista televisada del 9 de abril de 1993 que había hallado una «policía desmotivada», en la que «... la jerarquía no cumple adecuadamente su papel». En respuesta a una pregunta sobre los últimos incidentes, concretamente sobre los desórdenes públicos generalizados que siguieron a las muertes ocurridas a principios de abril de 1993, afirmó: «Creo que estamos pagando las consecuencias de una policía mal respaldada y mal dirigida».


A través de los años, sucesivos gobiernos franceses han intervenido activamente en los casos que amenazaban con procesar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En 1988, la prensa10informó de una circular interna del ministro de Justicia que, al parecer, ordenaba a las fiscalías que contactaran con el gabinete del ministro antes de abrir ninguna investigación judicial que pudiera llevar al procesamiento de agentes de policía. El 19 de julio de 1994, el Ministerio de Justicia envió una circular interna a todos los fiscales generales pidiéndoles que informaran a todos los fiscales de la República que el Ministerio deseaba ser informado del posible procesamiento de cualquier funcionario.



LA FORMACIÓN

DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY


La inquietud ante la ausencia de una formación adecuada que cumpla las normas y reglas internacionales (véase más arriba) se detecta claramente en dos importantes declaraciones realizadas por funcionarios policiales. En junio de 1993, Pierre Lascombe, del Sindicato Nacional de Comisarios-Federación Autónoma de Sindicatos de Policía (SNC-FASP) declaró, en relación con la aplicación de la polémica nueva legislación sobre el control de extranjeros e inmigrantes ilegales, y ante las disposiciones relativas a los derechos humanos contenidas en el Código de Ética Policial, que «No se reserva ni una hora a las clases de ética en las escuelas de policía»11y señaló la necesidad de la formación.


Por su parte, y tras el incidente de diciembre de 1993 en el que un joven de 19 años fue abatido a tiros (véase más adelante), el Sindicato Nacional de Policías Uniformados-Federación Autónoma de Sindicatos de Policía (SNPT-FASP) escribió al ministro del Interior lamentando lo inapropiado de la formación policial vigente en materia de empleo de armas y pidiendo un mejor entrenamiento en neutralización de delincuentes. Criticaba --entre otros extremos-- el sistema actual en el que los funcionarios sólo aprenden a disparar contra la silueta de un torso humano y reciben la máxima puntuación si aciertan un órgano vital. También solicitaba al ministro que decidiera «... cambiar por fin la mala costumbre de enseñar a los funcionarios policiales a matar antes de enseñarles a manejar sus armas y a neutralizar a la persona a la que abordan»12.


El manual de formación que emplea actualmente la policía13trata del uso de armas de fuego en la sección dedicada a la aplicación de la ley en legítima defensa (artículos 122-5 y 122-6 del Código penal). En la sección sobre "la legítima defensa y el policía", el manual afirma categóricamente: «El empleo de un arma de fuego por un policía es un acto grave, extremo, cuya única finalidad [el subrayado es nuestro] es la neutralización de un ataque injustificado y peligroso del que es objeto (o para defender la vida de un tercero), pero no la eliminación del individuo [el subrayado es nuestro], a quien el agente tiene la responsabilidad de poner a disposición de la justicia».


El manual no hace referencia alguna a los tratados y normas internacionales especialmente pertinentes para los responsables del mantenimiento del orden, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la ONU, y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, también de la ONU.


Que sepa Amnistía Internacional, no ha habido reacción alguna del gobierno, el cual no ha introducido ningún cambio en la formación práctica sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego que satisfaga la imperiosa necesidad de mejorar las normas policiales para obtener un empleo mínimo de fuerza por parte de la policía; tampoco ha incorporado explícitamente en el programa de formación de la policía las normas de derechos humanos pertinentes.



INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO EN CASO DE DELITO


Según los términos del Código penal, el ejercicio de la acción pública en caso de delito corresponde a los fiscales que integran la Fiscalía adscrita al tribunal competente. Por tanto, los jueces de instrucción no pueden iniciar acciones por sí mismos, sino que han de esperar la petición de la parte competente14. Los superiores jerárquicos de los fiscales (dependientes del ministro de Justicia) pueden ordenar a éstos que emprendan acciones para investigar, pero, con una sola excepción, los fiscales como tales tienen total libertad para decidir si actúan o no. Esta excepción es la parte perjudicada. Toda persona perjudicada por un delito puede, mediante la presentación de una denuncia al tribunal en la forma prescrita, constituirse en acusación privada. El fiscal solicitará entonces al juez de instrucción que abra un sumario sobre la denuncia15. La acusación privada tiene acceso, como tal, a la investigación sobre el delito que haya denunciado y el derecho a ser oída por el juez competente durante la instrucción. Tras ésta, el fiscal puede solicitar que se remita el caso al Tribunal correccional competente para que sea juzgado.


Si el perjudicado conoce la identidad y el paradero del posible culpable, puede presentar una querella16contra dicha persona, que tendrá que ser oída por el tribunal penal.


La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) tiene competencia para abrir investigaciones internas sobre la policía, salvo en lo que respecta a la policía de la Prefectura de París, en cuyo caso es la Inspección General de Servicios (IGS) el órgano competente.


Habitualmente, cuando alguien muere a manos de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, le corresponde al fiscal solicitar una investigación dirigida por un juez de instrucción para determinar los hechos esenciales del caso y establecer si existe responsabilidad penal. Generalmente, el juez solicita una investigación interna en los casos en que está implicado un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.


El fiscal tiene la facultad de decidir el tipo de investigación que se abre y esta decisión es muy importante desde el punto de vista de Amnistía Internacional. En todos los casos que se citan más adelante, la causa de la muerte era conocida y nunca fue disputada. La identidad de los agentes que habían disparado y matado a la persona era igualmente conocida. Por tanto, en todos los casos podría haberse abierto sin dilación una investigación judicial o sumario para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y si hubo responsabilidad penal que debiera ser objeto de procesamiento.


Sin embargo, en ciertos casos significativos, el fiscal no aplicó este procedimiento, con graves consecuencias para las familias de las víctimas. En virtud del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal iniciará una investigación siempre que se descubra un cadáver, con independencia de si hay indicios de violencia o no. En aplicación del último párrafo de dicho artículo 74, el fiscal puede solicitar una investigación sobre la causa de la muerte. La ley excluye a la acusación privada de toda investigación basada en esta petición hasta que esté cerrada. Esto puede traducirse en que la familia de la víctima no sea oída ni tenga acceso a la investigación de la muerte. La aplicación de este mecanismo judicial protege al funcionario responsable de la muerte.


En estas circunstancias, si la familia de la víctima desea tener acceso a la investigación, debe constituirse previamente como acusación privada y solicitar una investigación basada en acusaciones concretas. Esto obligará entonces al fiscal a solicitar a un juez de instrucción la apertura de una investigación a la que tendrá acceso la acusación privada. Sin embargo, en esta segunda investigación, la acusación privada no tiene acceso a material crucial de la primera investigación, abierta en virtud del artículo 74, exclusión que durará hasta que la primera investigación haya concluido. La deliberada e innecesaria exclusión de la familia de la víctima en la investigación, decidida por el fiscal, es con frecuencia muy inquietante para la familia y para el principio de la igualdad ante la ley.



DISPAROS Y HOMICIDIOS

POR FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY


Los 11 casos de disparos y homicidios por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se exponen a continuación tuvieron lugar en los 18 meses anteriores a junio de 1994. Amnistía Internacional manifestó, en su carta de agosto de 1993 al ministro del Interior (véase más arriba), que consideraba que el empleo de la fuerza no se había ajustado a las normas mínimas del Derecho internacional. Todos los casos descritos en la carta estaban bajo investigación judicial. Sin embargo, un caso anterior, en el que se habían completado todas las fases de investigación y enjuiciamiento, ilustra las preocupaciones de Amnistía Internacional en los 11 casos.


El caso de Christian Dovéro


El 2 de febrero de 1988, un agente de policía vestido de civil disparó y mató a un hombre de 26 años, a quien confundió con un ladrón de automóviles, en un estacionamiento de automóviles de Marsella. Christian Dovéro estaba con su padre en el taxi de éste, cerca de un vehículo robado que la policía vigilaba. Christian Dovéro había mostrado interés por el automóvil robado; tras mirarlo brevemente, se reunió con su padre en el asiento delantero del taxi. Un agente de la policía se acercó a ellos, abrió de un tirón la puerta del acompañante y disparó a la cabeza de Christian Dovéro a quemarropa. Éste murió en los brazos de su padre17. Christian Dovéro carecía de antecedentes penales e iba desarmado. El agente afirmó posteriormente que había hecho un gesto amenazador.


Según informes, el fiscal de Marsella tenía la intención de solicitar se acusara al agente de homicidio involuntario y se lo pusiera en libertad bajo control judicial. Sin embargo, el ministro de Justicia intervino y, en contra de los deseos del fiscal, insistió en que se abriera una investigación limitada, en virtud del artículo 74, sobre las causas de la muerte, que eran conocidas y nunca estuvieron en discusión, lo que supuso que la familia de la víctima no tuviera acceso a la investigación y que el agente policial fuera puesto en libertad sin comparecer ante un tribunal18.


La decisión de solicitar únicamente una investigación sobre las causas de la muerte provocó una intensa polémica. Fueron numerosas las declaraciones públicas que criticaron la intervención del ministro, a quien se consideraba responsable de la decisión. El Sindicato de la Magistratura declaró que el ministro, con su intervención, había dado «... una prueba más de su voluntad de sustraer a ciertos ciudadanos del curso normal de la justicia»19. El 4 de febrero de 1988, el padre de Christian Dovéro presentó una denuncia por homicidio voluntario para lograr el acceso a la investigación sobre la muerte de su hijo. La denuncia del padre obligó al fiscal a abrir una segunda investigación sobre un posible delito de «agresión deliberada con resultado de muerte no intencionada». El agente fue acusado y puesto en prisión preventiva.


En junio de 1989, el agente fue declarado culpable de homicidio involuntario por imprudencia y condenado a dos años de prisión, con suspensión de la pena. Puesto en libertad, se reincorporó a su puesto en la policía. El abogado del agente atribuyó posteriormente la muerte de Christian Dovéro a la falta de formación en la policía y afirmó que el funcionario había «... obedecido a un Estado que le había armado, armado mal, y formado mal», y que la declaración de culpabilidad era una traición a la policía, «ese mal necesario»20.


La instrucción, procesamiento y juicio del agente policial responsable de la muerte de Christian Dovéro ilustran claramente varias cuestiones que guardan relación directa con las preocupaciones de Amnistía Internacional en los 11 casos que se exponen más adelante.


El agente se aproximó a un estacionamiento de automóviles con el arma ya montada y abrió fuego inmediatamente a quemarropa contra un hombre desarmado que no representaba ningún peligro para él. El uso de la fuerza no fue «estrictamente necesario» y el agente no trató de emplear «medios no violentos antes de recurrir a la fuerza». Su acción no podía interpretarse, razonablemente, como una acción «proporcionada a la gravedad del delito y al legítimo objetivo que se quería alcanzar». Amnistía Internacional considera que esto constituye «un abuso o uso ilegal de fuerza por un funcionario público» y una ejecución extrajudicial.


No cabe calificar la investigación inicial sobre la muerte de diligente ni exhaustiva. El fiscal no puso al agente responsable de la muerte a disposición de los jueces para ser examinado inmediatamente después de la muerte. El ministro de Justicia intervino y ordenó una forma totalmente insatisfactoria de investigación limitada para establecer algo que ya se conocía y nadie disputaba. Según informes, el ministro intervino en contra del criterio del fiscal, para proteger al funcionario por motivos políticos. La familia de la víctima no tuvo acceso a la investigación merced a un artificio legal, lo que le obligó a actuar en su propio nombre para obtener acceso a la investigación. Su acción obligó al fiscal a instar la investigación exhaustiva que debió haberse iniciado inmediatamente después de la muerte.


El juicio se celebró después de transcurrido un año desde los hechos y concluyó con una condena simbólica para un delito grave.


El agente no había recibido una formación adecuada y estaba armado de forma impropia. No se ha tomado ninguna medida para corregir la situación con la introducción de programas de formación y equipos adecuados.


Las violaciones de las normas internacionales que ilustra el caso de Christian Dovéro pueden observarse también en los 11 casos siguientes. Cinco años después la muerte de Christian Dovéro, el gobierno aún no ha dado pruebas de que haya tomado las medidas apropiadas para asegurar que su sistema judicial y sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplen las obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales.

El caso de Eric Simonté


El 15 de diciembre de 1993, el Tribunal Correccional de Chambéry (Saboya) declaró a un cabo de la policía culpable de homicidio involuntario. El 4 de abril de 1993, este agente, que formaba parte de una patrulla, descubrió a tres jóvenes que estaban robando neumáticos de unos vehículos. Dos de los muchachos fueron detenidos sin dificultad, y el agente fue a esposar a Eric Simonté, de 18 años. Por motivos que no pudo explicar posteriormente, había sacado su arma, un revólver Magnum calibre 0,357, y tenía el dedo en el gatillo. Disparó a Eric Simonté en la cabeza cuando le ponía las esposas. La víctima murió en el hospital a las pocas horas. Cuatro días después del incidente, el ministro del Interior suspendió de sus funciones al policía.


Durante el juicio, el fiscal calificó los hechos de «falta grave» y de «error inadmisible en la técnica de la interpelación». Tras su petición, el tribunal dictó una condena suspendida de un año de prisión por homicidio involuntario.


El caso de Makomé M'Bowole


El 6 de abril de 1993, la policía del distrito 18 de París detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que al parecer estaban robando cigarrillos. En el distrito en cuestión vive un número considerable de inmigrantes y los residentes se quejan de los incesantes controles de identidad que efectúa la policía y de la falta general de sensibilidad que muestra su actitud.


Uno de los jóvenes detenidos era Makomé M'Bowole, de 17 años, nacido en Zaire. Lo llevaron a la comisaría de Grandes-Carrières, donde lo interrogó un inspector de policía. Dos horas después, Makomé M'Bowole quedó detenido y se informó al fiscal, conforme al procedimiento habitual. Alrededor de mediodía, el fiscal ordenó la libertad de los dos menores de edad. Uno de ellos salió poco después de mediodía, una vez que se contactó con sus padres; aparentemente, no se pudo localizar a los padres de Makomé M'Bowole. El inspector prosiguió su interrogatorio y, alrededor de las 5 de la tarde, efectuó un disparo que mató al muchacho. Según las declaraciones del inspector y de otros funcionarios ante los miembros de la Inspección General de Servicios (IGS) encargados de la investigación interna, Makomé M'Bowole había amenazado verbalmente al inspector, que sacó su pistola de un cajón y se la colocó en la sien al muchacho; el arma se disparó. Al parecer, tras el suceso, el inspector declaró: «Quería asustarlo»21. Se ordenó su prisión inmediata y se abrió una investigación por homicidio voluntario. La investigación aún no ha concluido.


El caso de Rachid Ardjouni


El 7 de abril de 1993, una llamada solicitó la presencia de una patrulla policial para investigar a un grupo de jóvenes que al parecer estaban divirtiéndose con un automóvil robado en una urbanización de Wattrelos (Nord).


Rachid Adjouni, de 17 años y origen argelino, estaba en el grupo. Huyó corriendo cuando llegó la policía y un cabo salió en su persecución. Cuando le alcanzó el policía, llevaba las esposas en una mano y su arma en la otra. Rachid Ardjouni iba desarmado y al parecer no se resistió a la detención. El policía, que estaba algo embriagado, agarró a Rachid y le empujó hasta ponerlo boca abajo en el suelo, le puso una rodilla en la espalda para esposarlo y luego le disparó en la cabeza. Rachid Ardjouni murió dos días después en el hospital, sin haber recuperado el conocimiento.


Tras el incidente, el cabo fue investigado por un posible delito de acto de violencia con arma con resultado de lesión permanente. En contra del deseo del fiscal, el juez puso en libertad al policía bajo control judicial.


Tras la muerte de Rachid Ardjouni el 9 de abril de 1993, el fiscal solicitó una investigación sobre la causa de la muerte en virtud del artículo 74 (véase más arriba), a pesar de que dicha causa era ya conocida y nadie la disputaba. La familia de la víctima, como acusación privada, presentó una denuncia por «agresión con resultado de muerte no intencionada». El fiscal tambien recurrió la puesta en libertad del policía. El presidente de la Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de Donai estimó dicho recurso comentando que «... el policía cometió un doble error respecto a la propiedad de la intervención, dado que actuó con una pistola en la mano y en estado de embriaguez»22. La investigación aún no ha concluido.


El caso de Fabrice Omont


El 14 de abril de 1993, dos agentes motorizados de policía fueron en persecución de un automóvil robado en Cherburgo (Manche) que conducía Fabrice Omont, aprendiz de mecánico de 15 años de edad. Durante la persecución, salieron de la población por la carretera de Beaumont-Hague. Según un periódico23, la policía manifestó que el muchacho conducía el automóvil de forma peligrosa y que intentó varias veces chocar contra los policías que le perseguían o arrojarlos de sus motocicletas. Una vez en la carretera, fuera de la ciudad, uno de los policías dijo que hizo un disparo de advertencia al aire, que aparentemente fue ignorado. El otro agente dijo que se situó a la altura del automóvil para dispararle a la rueda delantera izquierda. En su lugar, debido a la combinación de una posible desviación del vehículo y a la pérdida de velocidad de la motocicleta, erró el tiro y le dio al conductor en la espalda24.


El policía fue detenido y la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) abrió diligencias administrativas por un posible delito de lesiones involuntarias. El policía fue puesto en libertad al día siguiente, pero quedó suspendido de sus funciones hasta conocerse el resultado de la investigación.


El fiscal comentó que: «No debía hacer uso de su arma salvo en legítima defensa»25. El manual de formación de la policía establece que «Si existe la más mínima posibilidad de que el agente evite, sin consecuencias graves para sí mismo o para otros [...] una agresión injustificada [...] deberá optar por esa solución en lugar de emplear su arma. Por ejemplo, si un vehículo se dirige intencionadamente contra el agente y éste tiene tiempo y la posibilidad material de apartarse [...] deberá recurrir a esta solución antes que emplear su arma. Una vez que haya pasado el vehículo, y no existiendo ya criterios que justifiquen la legítima defensa, está prohibido el uso del arma por el agente».


El caso de Maftah Beklham


La noche del 8 de junio de 1993, cuatro jóvenes entraron a robar en una tienda de artículos deportivos de Firminy, cerca de St. Etienne. Había dos agentes de policía vigilando la parte delantera del comercio. Según la prensa26, tres de los jóvenes huyeron, pero un agente se dirigió a aprehender al cuarto, Maftan Belkham, de 19 años, de origen argelino, cuando salía por debajo de una persiana metálica rota con un montón de ropa robada. Cuando se ponía en pie, Maftah Belkham hirió al policía en la parte superior del muslo con un destornillador. El agente había sacado su arma y tenía la mano en el hombro del joven: el disparo a quemarropa dio a Maftan Belkham en la cabeza. El joven murió en el hospital. El policía requirió asistencia médica para una herida de 10,5 cm. de profundidad en el muslo, siendo dado de alta en el hospital inmediatamente.


El fiscal de St. Etienne pidió a la IGPN una investigación interna. Al día siguiente de los hechos, la prensa27informó que el fiscal había declarado que aunque era demasiado pronto para tomar una decisión, parecía establecido que no se encontraban frente a un caso de "bavure" (eufemismo de embrollo grave con posible resultado de muerte). «El policía abrió fuego porque creyó que su vida estaba en peligro y por la imposibilidad de apreciar la naturaleza de la agresión de que era objeto». Tras estudiar el informe de la IGPN, el fiscal concluyó que el policía había actuado en legítima defensa propia. El mismo fiscal comunicó a Amnistía Internacional que en su opinión era perfectamente comprensible llegar a un lugar de noche, donde se estaba cometiendo un delito, con la pistola en la mano. Negó que hubiera elemento alguno de desproporción en la reacción del policía. No se tomaron más acciones.


Amnistía Internacional señaló que el policía sacó su arma aunque no había un peligro inminente para su vida y que disparó a quemarropa, cuando no podía evaluar la amenaza. Amnistía Internacional consideró que había habido desproporción en su reacción ante la agresión y observó que aparentemente no había hecho ningún esfuerzo para neutralizar a su agresor, reduciéndolo físicamente, sino que en su lugar le había disparado a la cabeza.


El caso de Franck Moret


Al amanecer del 25 de julio de 1993, Franck Moret, ingeniero de 29 años de edad, murió abatido por el disparo de un agente de la gendarmería, en las afueras de Saint-Berthélemy-de-Vals (Drôme), cuando volvía a su casa en automóvil de una fiesta, con una acompañante. Los gendarmes habían estado persiguiendo al vehículo. Aunque aún no se han determinado todos los detalles del incidente, parece ser que, al final de la persecución, los agentes se acercaron al automóvil de Franck Moret, que estaba parado, y el vehículo se puso en marcha de pronto, arrojando a uno de los agentes al suelo. Según los gendarmes, el automóvil pasó por encima de las piernas del agente. Sin embargo, los informes del examen médico de sus lesiones no corroboran esta versión; al parecer, el agente sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y erosiones en varias partes del cuerpo28. El policía dijo que se levantó y realizó nueve disparos contra Franck Moret en legítima defensa, hasta que lo mató de un tiro en la cabeza. Otro agente se lesionó la mano tratando de romper una ventanilla del automóvil.


Esta versión de los hechos se contradice con la de la acompañante de Franck Moret, que afirmó que Moret, invadido por el pánico cuando uno de los agentes lo apuntó con su arma en el automóvil y que empujó al agente accidentalmente. La mujer negó que el vehículo arrollara al policía pasándole por encima de las piernas.


Se abrió una investigación judicial y la familia presentó una denuncia por homicidio voluntario contra el gendarme. La acompañante de la víctima, Géraldine Plénet, presentó a su vez una denuncia por tentativa de homicidio voluntario. En junio de 1994, la investigación seguía sin concluir y Amnistía Internacional hizo notar la lentitud de las actuaciones. Aunque Franck Moret perdió la vida en julio de 1993, al parecer el juez instructor no interrogó al agente que había efectuado los disparos hasta septiembre del mismo año.


Amnistía Internacional considera que el agente no trató de controlar la situación empleando un mínimo de fuerza, como exige la ley. Ninguno de los ocupantes del automóvil iba armado y resulta difícil creer que la reacción del gendarme al efectuar nueve disparos contra dos personas sentadas fuera proporcionada al posible peligro con que se enfrentaba.


El caso de Romuald Duriez


Poco antes de la medianoche del 5 de octubre de 1993, la policía recibió una llamada telefónica anónima comunicándole que se estaba produciendo un robo en un comercio de Trébon, suburbio del norte de Arles (Bouches-du-Rhône). Cuando llegó allí el vehículo patrulla policial, uno de los ladrones huyó, pero un agente disparó y mató a Romuald Duriez, de 21 años. Romuald Duriez iba, según se informa, desarmado, aunque al parecer llevaba un par de tenazas corta-alambres y un bote de gas lacrimógeno29.


Las declaraciones de los testigos y los policías sobre las circunstancias exactas del incidente difieren y están siendo objeto de investigación. Sin embargo, algunos detalles parecen bastante claros. El agente de la policía afirmó que disparó a Romuald Duriez cuando éste le atacó embistiéndole con la cabeza. Al parecer, la bala entró por el ojo izquierdo y quedó alojada en el estómago30.


El fiscal de Tarascón abrió una investigación sobre el funcionario policial bajo la acusación de homicidio involuntario, que seguía su curso al cierre de este informe. Sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación que un funcionario empleara aparentemente un arma de fuego contra una persona desarmada en una situación en la que no existía claro peligro para su vida. La acción fue desproporcionada al fin deseado y la organización nota con gran preocupación que no se trató de emplear otro medio para controlar la situación.


El caso de Mourad Tchier


Hacia las 10 de la noche del 27 de diciembre de 1993, un automóvil patrulla de la policía persiguió hasta Saint-Fons, en las afueras de Lyon, un vehículo robado en el que viajaban cuatro personas. El vehículo perseguido se detuvo y los cuatro ocupantes huyeron a pie. Mourad Tchier, de 19 años y origen argelino, y otras dos personas subieron, corriendo, una ladera rocosa sin iluminación. Mourad Tchier llevaba una chaqueta color amarillo mostaza claro e iba desarmado.


Un sargento salió en pos de los que huían. Según la prensa31, la policía declaró que el sargento vio a Mourad Tchier subiendo un altozano rocoso y que cuando estaba a cuatro o cinco metros de él, creyó que el perseguido esgrimía algo en el aire. El sargento sacó su arma y le disparó, matándolo. Posteriormente declaró ante los funcionarios investigadores de la IGPN: «Me sentí amenazado». Mourad Tchier recibió un disparo en la espalda, a través de un omóplato. Al pie de la colina la policía afirmó haber descubierto la pata de una cama de madera.


De forma sorprendente, el fiscal de Lyon solicitó una investigación del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal (véase más arriba), para identificar la causa de la muerte, acción que se interpretó como una medida de las autoridades para proteger al policía. El 2 de febrero de 1994, la familia de la víctima, que fue excluida de la investigación, presentó una denuncia por homicidio voluntario, obligando así al fiscal a abrir una nueva investigación, basada en la acción de la acusación privada. Esto permitió a la familia de la víctima tener acceso a la investigación.


En agosto de 1994, seguía sin conocerse el resultado de la investigación realizada por los funcionarios de la IGPN. Sin embargo, no se formularon cargos contra el policía que hizo el disparo hasta que la acusación privada presentó denuncia. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que el policía no había sido puesto bajo control judicial ni detenido.


Los hechos que rodean el homicidio no se conocerán en su totalidad hasta el cierre del caso y cuando al cierre de este informe la investigación seguía protegida por las normas que garantizan el secreto de sumario. Sin embargo, basándose en lo que se conoce, resulta difícil creer que la vida del funcionario policial estuviera en peligro o que éste empleara su arma de fuego como medida extrema y último recurso, como exige la ley. También parece que se ha conculcado el principio de proporcionalidad entre el acto de defensa y la gravedad de la agresión. La acción de las autoridades judiciales de investigar las circunstancias del homicidio no fue diligente debido a la aplicación del artículo 74. El procedimiento seguido inicialmente constituyó asimismo una violación de las normas internacionales que establecen que la familia del fallecido y su abogado deben tener acceso a toda la información pertinente de la investigación.


El caso de Ibrahim Sy


La noche del 26 al 27 de enero de 1994, un vehículo patrulla con dos gendarmes acudió, tras recibir una llamada, al estacionamiento de un hotel de Val-de-Reuil, cerca de Ruán (Seine-Maritime). El comunicante denunciaba que estaban forzando los automóviles. Según la prensa32, los policías afirmaron haber sorprendido a tres jóvenes robando en los vehículos. Los jóvenes lograron volver a su automóvil, que condujeron hacia los gendarmes que estaban apostados a la entrada del estacionamiento. Los funcionarios sacaron sus armas y, según su versión, hicieron la advertencia de rigor antes de que uno de ellos efectuara dos disparos hacia el automóvil que, sin embargo, consiguió huir. Hacia las 2 de la madrugada, se recuperó el cadáver de uno de los pasajeros, Ibrahim Sy, frente a la gendarmería de Oiseel; sus compañeros lo dejaron ahí. Se abrió una investigación. Una declaración de la Dirección Regional de la Gendarmería, de la que dio cuenta la prensa33, decía: «... no hay duda alguna de que se cumplieron todos los requisitos legales para la utilización del arma reglamentaria».


Ibrahim Sy, de 18 años de edad y origen senegalés, vivía en el distrito de Sapins de Ruán. La noticia de su muerte provocó disturbios que duraron tres días. El fiscal de Evreux abrió una investigación judicial por delito de agresión con resultado de muerte no intencionada. El 31 de enero de 1994, la familia de Ibrahim Sy, constituida en acusación privada, presentó una denuncia contra personas desconocidas por homicidio voluntario.


El 31 de enero de 1994, dos de los acompañantes de Ibrahim Sy se entregaron a las autoridades. El 1 de febrero de 1994, el periódico Paris-Normandie publicó una entrevista previamente grabada con ellos. El conductor del vehículo declaraba que el automóvil de la policía se detuvo a la entrada y un agente salió y se arrodilló en el suelo con una pistola en la mano. Decidió conducir despacio hacia la salida a una velocidad de entre 20 y 30 km. por hora, para que el agente no disparara y no aceleró hasta que dejó de tener al agente delante del automóvil. Entonces, el agente abrió fuego, matando a Ibrahim Sy y haciendo añicos los cristales traseros.


En agosto de 1994, la investigación no estaba aún concluida, pero Amnistía Internacional observa ciertos puntos que suscitan inquietud. La ley permite alegar legítima defensa siempre que no haya desproporción entre los medios de defensa y la gravedad de la agresión. En las dos versiones de los hechos expuestas, los agentes pudieron haber evitado el vehículo que se acercaba a ellos apartándose o situándose detrás de su propio vehículo. Además, resulta difícil concebir cómo iban a detener el automóvil disparando y matando a un pasajero. Las directrices sobre el uso de armas de fuego dejan claro que, si existe posibilidad de evitar el automóvil, debe optarse por esta solución y que, una vez pasado el vehículo, no debe utilizarse el arma.


Los casos de Joël Nebor y Frédéric Adom


El 2 de junio de 1994, un agente de policía que no estaba de servicio se encontraba en un comercio de París mirando una exposición de monedas raras; una pequeña parte del local se dedicaba al cambio de moneda. Según informaciones publicadas por la prensa34, dos hombres irrumpieron en la pequeña tienda y comenzaron a romper las vitrinas de los expositores. Después saltaron sobre el mostrador y agredieron al propietario, que estaba con otra persona. Uno de los asaltantes arrojó una silla al agente, que cayó por unos escalones. El propietario reaccionó utilizando un bastón eléctrico y, al no conseguir nada, sacó una pistola de balas de caucho y efectuó dos disparos. Según las declaraciones realizadas posteriormente a los funcionarios de la Inspección General de Servicios (IGS), esto tampoco consiguió ningún resultado. Entonces el policía sacó su arma reglamentaria y efectuó seis disparos desde el otro lado del mostrador hacia los dos asaltantes, matando a ambos e hiriendo al acompañante del propietario en una pierna.


Ni Joël Nebor ni Frédéric Adom, de 25 años los dos, llevaban visiblemente armas. Amnistía Internacional ha sido informada de que uno de ellos estaba en posesión de un cuchillo y de un bote de gas lacrimógeno, pero aparentemente no utilizó ninguna de las dos armas en el atraco y el agente presuntamente desconocía su existencia.


El policía fue acusado el 4 de junio de 1994 de un delito de empleo de violencia con un arma con resultado de muerte no intencionada, y encarcelado. El 24 de junio de 1994, el tribunal ordenó su libertad y en agosto de 1994 la investigación seguía sin concluir.


Amnistía Internacional ve con preocupación que el funcionario policial, que afirmó haber actuado legítimamente en defensa de otros, no hiciera aparentemente ningún esfuerzo para neutralizar a los asaltantes y proteger al propietario y a su acompañante, sino que, por el contrario, recurrió inmediatamente a una fuerza letal. Ello es contrario a las disposiciones del Derecho internacional y a las normas policiales. La vida del agente no estaba en peligro y es cuestionable si lo estaban las del propietario y su acompañante.



PRESUNTOS MALOS TRATOS

A MANOS DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY


El sistema legal francés dispone numerosas alternativas para investigar y procesar en caso de delitos de malos tratos. Un elemento esencial del sistema es que el juez instructor no puede abrir una investigación a instancia propia. En Derecho penal, es el fiscal quien tiene el monopolio de la acción pública y quien ha de solicitar la apertura de una investigación. Los dos medios más habituales por los que se inicia una investigación son cuando así lo solicita el fiscal, a iniciativa propia, tras tener conocimiento de un posible delito, y cuando la víctima o su familia presenta una denuncia y se constituye en acusación privada. La segunda vía, si se hace de la forma adecuada, obliga al fiscal a solicitar la apertura de una investigación judicial.


Sin embargo, la historia de los procesamientos de policías no es alentadora para la víctima. La tramitación es invariablemente larga, costosa y con frecuencia se termina archivando el procedimiento por falta de pruebas. En los poquísimos casos en que se ha obtenido una condena las penas han sido irrisorias.


Por ejemplo, Malik Oussekine, estudiante de origen argelino de 22 años de edad, murió en diciembre de 1986, al día siguiente de que la policía de París le propinara una grave paliza con puntapiés y golpes con porras. La investigación estableció un claro vínculo entre la causa de la muerte y la grave agresión que había sufrido. En enero de 1990, dos policías, acusados de agresión deliberada con resultado de muerte, fueron condenados a penas suspendidas de dos y cinco años de prisión, respectivamente. No pasaron un solo día en prisión preventiva y, a petición del jurado, se permitió al funcionario más joven reincorporarse al cuerpo; el de más edad ya se había retirado.


En abril de 1993, se produjeron amplias protestas y detenciones en París tras la muerte por disparos de Makomé M'Bowole (véase más arriba) en la comisaría policial de Grandes-Carrières. Durante las protestas hubo incidentes violentos, pero los detenidos que se mencionan a continuación negaron rotundamente haber empleado la violencia. Todos ellos afirmaron haber sufrido malos tratos físicos a manos de la policía en la calle y en las comisarías de Grandes-Carrières, Mont-Cénis y Goutte d'Or. En algunos casos, los malos tratos fueron acompañados de insultos racistas.


Philippe Gibes, mensajero de 25 años de edad, y Salim Hadjadj, estudiante de 19 años, declararon haber presenciado una gran manifestación celebrada el 7 de abril de 1993 en el distrito 18 de París, aunque no participaron en ella. Philippe Gibes fue aprehendido por cuatro o cinco policías vestidos de civil y denunció que uno de ellos lo esposó y le propinó puñetazos, puntapiés y golpes con la porra. Salim Hadjadj afirmó que lo golpearon repetidamente hasta que perdió el conocimiento y que la policía profirió contra él insultos racistas, especialmente antisemitas. En la comisaría de Mont-Cénis, los obligaron a permanecer de rodillas, esposados, cara a la pared, durante una hora y media. Después los llevaron a la comisaría de Goute d'Or, donde continuaron los malos tratos. Un médico de guardia ordenó que trasladaran a Salim Hadjadj al servicio de urgencia para que le atendieran.


Yves Zaparucha, estudiante de 24 años que había participado en la manifestación del 7 de abril de 1993, afirmó que, después de haber dejado la manifestación para volver a casa con otras tres personas, unos agentes de policía uniformados le dieron el alto y lo arrastraron hasta la comisaría de Mont-Cénis. En el camino, le dieron puntapiés, puñetazos y golpes con la porra. Ya en la comisaría, lo esposaron y lo obligaron a permanecer de rodillas cara a la pared. Trasladado el mismo día a la comisaría de Grandes-Carrières, observó que orinaba sangre. Lo llevaron al hospital, donde permaneció hasta el 13 de abril de 1993.


Philippe Lescaffette, funcionario de 40 años de edad, participó en la manifestación. Afirmó que agentes de policía, armados con palos de madera, se lanzaron contra él, lo arrojaron al suelo y lo golpearon. Permaneció cuatro horas en una celda sin recibir atención médica y posteriormente le tuvieron que dar 24 puntos de sutura por las heridas que sufrió en la cara.


Thomas Darnal, músico de 29 años, fue detenido el 8 de abril de 1993 por agentes vestidos de civil cuando se dirigía al trabajo. Afirmó que los policías lo arrojaron al suelo y le propinaron puñetazos, puntapiés y repetidos golpes con las porras. Después lo llevaron a la comisaría de Mont-Cénis, donde los agentes lo golpearon y le hicieron observaciones amenazantes y racistas. Posteriormente lo trasladaron a la comisaría de Goutte d'Or, donde un agente vestido de civil le propinó un puñetazo en los testículos. Más tarde lo llevaron, aún bajo custodia policial, a un hospital, donde emitieron un certificado médico en el que se hacen constar --entre otros extremos-- cuatro puntos de sutura en una ceja y una lesión grave en la mano izquierda.


El Tribunal Correccional de París juzgó los casos de 23 personas acusadas de varios delitos, que incluían los de agresión, resistencia a la autoridad e insultos. En todos los casos el tribunal aceptó la versión policial de los hechos y todos los procesados recibieron condenas suspendidas de entre dos y tres meses de prisión. Diez de los encausados, entre los que se incluyen los citados más arriba, presentaron denuncias individuales que, en agosto de 1994, seguían bajo investigación judicial. El 10 de diciembre de 1993, el juez que instruía la denuncia de Philippe Lescaffette inculpó a dos agentes de policía por el delito de uso ilegítimo de la violencia. Las denuncias de los demás casos seguían en investigación.


En 1994 se celebraron en toda Francia diversas manifestaciones contra las medidas de presión económica y de creación de empleo que permitían la reducción de los salarios mínimos. El 17 de marzo de 1994, se celebró en Burdeos una gran manifestación, en su mayor parte pacífica, para protestar contra un decreto sobre salarios mínimos para profesionales jóvenes (el contrato de inserción profesional, CIP). Los siguientes casos aparecieron publicados en el diario Sud-Ouest del 21 de marzo de 1994.


David Ledormeur afirmó que unos agentes vestidos de civil lo detuvieron después de perseguirlo hasta una tienda. Lo esposaron y un agente le apuntó con la pistola en la cara. Después lo arrojaron al interior de un vehículo y lo golpearon en la cara.


Jean Fuchs manifestó que lo detuvieron dos agentes vestidos de civil que llevaban una banda roja en la manga. Lo esposaron, lo agarraron del cabello y le propinaron puntapiés y puñetazos en la boca. Al parecer sufrió lesiones en la nariz y un diente roto.


Didier Laroche afirmó que dos agentes vestidos de civil le dieron el alto y luego lo entregaron a unos agentes de las «brigadas de intervención» que llegaron en una furgoneta. Éstos le dieron puñetazos, puntapiés y golpes con una porra; después lo introdujeron en una furgoneta y siguieron maltratándolo. Posteriormente lo llevaron a una comisaría, donde lo examinó un médico de guardia que le remitió para que recibiera tratamiento y le hicieran radiografías. Se emitió un certificado médico donde consta una fractura nasal y varias heridas en ojos, cara, pecho, rodillas y muslos.


Todos los detenidos fueron condenados a entre 40 y 80 horas de servicios a la comunidad. Al cierre de este informe, la denuncia de Didier Laroche por malos tratos estaba bajo investigación judicial.


También hubo manifestaciones «anti-CIP» en París, el 25 de marzo de 1994. Amnistía Internacional recibió una denuncia sobre el trato que recibió el joven pacifista Philippe Dennilauler, que estaba sentado con un grupo de aproximadamente 100 pacifistas en la Place de la Nation, donde finalizó la manifestación. El denunciante alegaba que agentes de la Brigade anti-criminalité (BAC) y de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) rodearon al grupo y lo detuvieron a él y a otros, al azar. Manifestó que los agentes los humillaron verbalmente y les escupieron en la cara. Philippe Dennilauler, que tiene aspecto de rastafari y es de origen caribeño por el lado materno, afirmó que también le lanzaron insultos racistas: «Vamos a hacernos al rasta... sólo eres una pequeña mierda... maricón... si yo fuera tu padre te rompería la cabeza y te tiraría por la ventana... Si te volvemos a ver te vas a quedar sin cara...». El denunciante dijo que los agentes le tiraron de los testículos.


Las denuncias de insultos o de malos tratos que no dejan señales físicas son casi imposibles de sustanciar ante los tribunales. Sin embargo, la denuncia de Philippe Dennilauler sobre el uso de esos insultos y humillaciones resultó corroborada de forma inesperada por una denuncia judicial sobre la experiencia sufrida por otro estudiante detenido en el mismo lugar y a la misma hora. Max Blechman, estudiante neoyorquino de filosofía, de 22 años de edad, que se encontraba de visita en París, fue detenido cuando hablaba con los pacifistas que estaban sentados en la Place de la Nation y los filmaba. En la comisaría logró grabar clandestinamente parte de su entrevista con la policía: «Esto no es Estados Unidos... No puedes tirar piedras a la policía impunemente... Menos rollo y más aprender francés... Estúpido bastardo... Generación de degenerados... País de mierda... Sólo sirve para tragar hamburguesas...». Max Blechman fue acusado de tirar piedras a la policía, permaneció 48 horas detenido y después cuatro días en prisión, hasta que salió en libertad condicional35.


Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias de malos tratos en casos relacionados con controles de identidad. En aplicación de la ley, todas las personas tienen la obligación de identificarse debidamente y pueden permanecer detenidas hasta que lo hagan. Esta estricta legislación, que entró en vigor en 1993, permite realizar controles más férreos de identidad destinados a combatir la inmigración ilegal.


Tameem Taqi, hombre de negocios de 27 años de edad, es hijo de un ex diplomático de Bahrein y posee la nacionalidad francesa. La noche del 29 de junio de 1993 se encontraba con un grupo de amigos en un restaurante. Durante un desacuerdo sobre la cuenta, llamaron a la policía, que examinó los documentos de identidad del grupo. El desacuerdo quedó zanjado. Tameem Taqi declaró que los mismos agentes de policía le dieron el alto fuera del restaurante, lo esposaron y lo arrojaron a empujones al suelo de la furgoneta policial. La policía lo agredió delante de testigos, propinándole puntapiés y puñetazos, así como golpes con las porras. Otro miembro del grupo resultó también detenido. La furgoneta llevó a los dos hombres a un hospital, donde los agentes siguieron infligiéndoles malos tratos y profiriendo insultos racistas.


El 30 de junio de 1993 Tameem Taqi fue visto por el fiscal, que amplió el periodo de detención, pese a sus lesiones. El fiscal tampoco tomó ninguna medida para investigar el origen de las lesiones, salvo solicitar un informe policial interno a la IGS. Tameem Taqi fue acusado de agresión a la policía, insultos y desobediencia. Al día siguiente, presentó una denuncia contra los agentes por tortura e insultos, y otra contra el fiscal por detención ilegal. Cuatro agentes policiales fueron acusados y un sargento detenido por agresión. La investigación de ambas denuncias seguía abierta en agosto de 1994.


El 15 de julio de 1993, Moufida Ksouri, ciudadana francesa de 24 años de edad y origen tunecino, regresaba a Francia desde Italia con tres amigos. En la frontera de Menton-Ventimiglia, la policía italiana comprobó su identidad. Moufida Ksouri no llevaba su documentación y fue conducida al puesto fronterizo, donde dos agentes de la policía italiana la desnudaron y después la violaron. Posteriormente la llevaron a la frontera francesa, que estaba custodiada por dos agentes de la policía de fronteras (Police d l'air et des frontières, PAF). Según informes, un cabo de la policía la agredió en los lavabos del puesto, obligándola a mantener relaciones sexuales con él. Al parecer, el otro agente no participó. El 19 de julio de 1993, Moufida Ksouri presentó una denuncia en la comisaría de policía de Cannes. También manifestó que la policía había proferido insultos racistas. Según la prensa36, la IGPN recibió orden de investigar los incidentes, y un magistrado francés encausó a los dos policías acusados de atentado contra el pudor. Uno de los agentes ingresó en prisión, y el otro quedó en libertad bajo control judicial. El agente detenido reconoció haber tenido relaciones sexuales orales con la denunciante, aunque aseguró que ella le había provocado. Los dos agentes italianos fueron asimismo detenidos y procesados el 6 de agosto de 1993. El 14 de julio de 1994, un tribunal de San Remo los condenó a cinco años y ocho meses de prisión. En agosto de 1994, la investigación abierta en Francia seguía sin concluir.


La noche del 10 de diciembre de 1993, Rachid Harfouche, ciudadano francés de origen argelino y 20 años de edad, regresaba a su casa cuando vio un vehículo policial detenido frente a los apartamentos donde vivía con su familia, en Noisy-le-Sec, suburbio del este de París. Afirmó que se bajaron del automóvil tres agentes de policía que corrieron hacia él. Rachid tuvo miedo y subió corriendo las escaleras hacia el apartamento de sus padres. Al parecer, la policía le dio el alto junto a la puerta de un vecino para efectuar, según la propia policía, un control de identidad. Le esposaron las manos a la espalda y sus familiares y vecinos vieron cómo dos agentes lo golpeaban con sus porras. Después se lo llevaron escaleras abajo, seguidos por su familia y algunos vecinos. La policía siguió pegándole y Rachid empezó a vomitar después de recibir un fuerte golpe en el tórax. Se hicieron varios intentos de poner fin a la agresión, y la policía desalojó el vestíbulo con gases lacrimógenos. Arrastraron a Rachid Harfouche a la calle y, según su padre, le propinaron varios golpes y puntapiés mientras yacía esposado boca abajo en el suelo. Después lo llevaron a la comisaría de Noisy-le-Sec, donde lo acusaron de insultos y lo examinó un médico de guardia. El certificado médico emitido al día siguiente, tras ser asistido en un hospital, hacía constar la existencia de una fractura nasal y múltiples heridas en el cuello, pecho, espalda y muñecas. Al parecer, las numerosas heridas en las muñecas se debieron a la fuerza con que lo esposaron. El 13 de diciembre de 1993, la unidad forense de un hospital local sometió a Rachid Harfouche a otro examen médico y a radiografías. Un detallado certificado médico, redactado para su presentación como prueba, señalaba, entre otros extremos, que algunas de las heridas habían sido causadas por un «... objeto contundente (tipo porra)».


Cuando su hermano Idris Harfouche y un amigo acudieron a la comisaría la noche del 10 de diciembre de 1993, la policía los registró y comprobó sus documentos de identidad. Cuando Idris Harfouche se negó a marcharse sin ver a su hermano, lo detuvieron. El 21 de diciembre de 1993, ambos hermanos presentaron ante el Tribunal de Gran Instancia de Bobigny una denuncia por el trato que les había dado la policía.


La tarde del 15 de febrero de 1994, Pierre Kongo, ginecólogo de 41 años de edad y ciudadano de la República Centroafricana, acudió a una estación ferroviaria parisina, la Gare du Nord, a buscar a un amigo. Según informes, dos agentes de ferrocarriles (Brigade de Contrôle de Saint-Denis, de la SNCF) le dieron el alto y pidieron ver su billete. Pierre Kongo dijo que no tenía billete y que estaba esperando a un amigo. Entonces un agente de la policía le pidió la documentación y él enseñó su pasaporte de la República Centroafricana. Las declaraciones realizadas posteriormente ante las autoridades difieren en cuanto a lo que sucedió a continuación. Sin embargo, puede establecerse que justo después de las 5 de la madrugada del día siguiente, Pierre Kongo, aún bajo custodia policial, recibió asistencia médica en un hospital. El certificado médico hacía constar, entre otros extremos, una fractura en la órbita ocular derecha que tardaría tres semanas en curar. Tras ser asistido, volvió a la comisaría de policía.


Pierre Kongo afirmó que los agentes lo detuvieron y después lo empujaron por unas escaleras abajo, hacia las oficinas de la SNCF de la estación, donde lo esposaron con las manos a la espalda y lo golpearon hasta tirarlo al suelo. Según su relato, mientras estaba en el suelo, otro agente le propinó puñetazos. Cuando un policía lo levantó del cuello, se dio cuenta de que sangraba por la cara y que llevaba la gabardina manchada de sangre. Los agentes de ferrocarriles, y los policías de fronteras (PAF) que fueron llamados al lugar, dieron diferentes explicaciones de los hechos. Entre las versiones ofrecidas estaba la de que Pierre Kongo se había herido al caerse accidentalmente; que había caído sobre un banco al tratar de pegar a uno de los agentes con el brazo, y que no estaba esposado en ese momento; que había tratado de embestir con la cabeza a un agente porque estaba esposado; y que se había resistido a que un agente lo sometiera a un registro corporal, lo que hizo que ambos cayeran sobre un banco. Se abrió una investigación policial interna.


Pierre Kongo presentó querella contra uno de los policías por agresión intencionada, que será vista por el tribunal correccional en octubre de 1994.


Ha habido muchos informes de malos tratos a detenidos que fueron aprehendidos por presuntos delitos menores relacionados con drogas, embriaguez y pequeños incidentes en la calle.


David Creygolles, drogadicto de 19 años de edad, fue detenido en Carcassonne la madrugada del 10 de febrero de 1993, como sospechoso de estar implicado en una banda de narcotraficantes. La Policía Judicial lo puso en prisión preventiva hasta que compareció ante el juez de instrucción, el 13 de febrero. Durante este tiempo declaró ante el fiscal que los policías lo habían humillado, que lo tuvieron completamente desnudo durante largos periodos, que lo sometieron a amenazas sexuales, y que le propinaron golpes en las orejas y puñetazos en el estómago. También afirmó que un agente le había golpeado en los genitales con la boquilla de bambú de una pipa utilizada para fumar droga. Un examen médico confirmó la existencia de lesiones coincidentes con su denuncia37. El fiscal de Carcassonne envió el sumario de David Creygolles a la Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de Montpellier, que es quien tiene jurisdicción sobre la Policía Judicial, junto con el fiscal, en virtud de los artículos 13, 224 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.


El 10 de febrero de 1994, la Cámara de Acusación de Montpellier ordenó que dos agentes de la Policía Judicial que habían interrogado a David Creygolles fueran suspendidos, como medida disciplinaria.


La noche del 21 de junio de 1993, José Etienne, de 23 años de edad, gerente de un campamento de vacaciones, se encontraba en París con una acompañante. Al parecer, estaba ebrio y a las 2 de la madrugada del 22 de junio, trató de cruzar una vía pública importante sin prestar la atención debida. Un grupo de policías uniformados se detuvieron, en su vehículo. Según la denuncia oficial de José Etienne, cuando los agentes iban a marcharse, uno de ellos hizo una observación racista que le ofendió38. Entonces lo detuvieron, lo esposaron y lo introdujeron en el vehículo policial, donde el agente que lo había insultado le tiró del cabello y lo abofeteó. Estando bajo custodia, José Etienne fue llevado a un hospital para ser sometido a un análisis de sangre. El detenido declaró que cuando volvían a la comisaría, el mismo policía le propinó puñetazos mientras tenía las manos esposadas a la espalda y que luego, en la celda, le puso el cañón de su pistola en la sien y le dijo: «Si te mueves, haré pedazos tu sucia cara de negro». José Etienne ha hecho constar en su denuncia la aparente desaprobación de otros agentes que presenciaron la escena. Al día siguiente fue puesto en libertad y más tarde tuvo que recibir asistencia médica por sufrir dolores en la cara, piernas y estómago. Un examen halló contusiones múltiples en el omóplato izquierdo, muñeca izquierda, brazos y hombros.


El 25 de junio de 1993 presentó una denuncia oficial contra personas de identidad no conocida por insultos racistas, difamación, detención ilegal y agresión. Se abrió una investigación.


Benoit Fustier, corso de 18 años de edad y miembro del grupo juvenil nacionalista A Conculta Ghjuventù, fue detenido en Bastia la noche del 20 de enero de 1994 y conducido a la comisaría de esa ciudad, donde lo acusaron de insultos a un agente de la CRS. Él afirmó que lo detuvieron sin más motivo que su participación en este grupo político. También alegó que recibió bofetadas y puñetazos y que el agente que lo detuvo le propinó un fuerte puñetazo en la región hepática. Lo llevaron a un hospital cuando empezó a vomitar sangre. Tras el traumatismo abdominal, tuvo deposiciones sanguinolentas. Además, sufría intenso dolor de estómago, náuseas, vértigo, dolores de cabeza y tenía un diente roto; estuvo ingresado tres días en el hospital. El 31 de enero de 1994 presentó una denuncia judicial por agresión y el fiscal adscrito al Tribunal de Gran Instancia de Bastia abrió una investigación.


Hacia las 6 de la tarde del 16 de mayo de 1994, dos policías motorizados dieron el alto a Abdelkader Slimani, ciudadano francés de origen argelino, de 16 años de edad, que se desplazaba en su ciclomotor en las proximidades de su casa, en Torcy, cerca de París. Los agentes le pidieron que les enseñara la documentación del seguro. Según su denuncia, presentada el 20 de mayo de 1994, reconoció que no la llevaba encima, pero se ofreció a ir a su casa a buscarla, a lo que la policía se negó, ordenándole que les acompañara a la comisaría. Sin embargo, el muchacho se asustó y trató de huir en su ciclomotor, perseguido por la policía. Slimani cayó finalmente al suelo, pero no se hizo ninguna herida grave y se levantó y trató de huir a pie.


Cuando la policía lo alcanzó, lo arrojaron al suelo y, según parece, lo golpearon brutalmente antes de esposarlo. Según su denuncia, la policía dejó de pegarle al congregarse una multitud en el lugar. Comenzó a vomitar y la policía llamó una ambulancia para llevarlo al hospital. Abdelkader Slimani fue llevado inmediatamente a la sala de urgencias, donde dice que la policía informó al personal médico que había sido víctima de un accidente de tráfico.


La tarde del 17 de mayo de 1994, Abdelkader Slimani fue sometido a una operación de peritoneo, por ruptura del intestino delgado.


Los padres de Abdelkader Slimani presentaron una denuncia ante el juzgado por agresión.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


1.La inercia del Ministerio Público


Los fiscales dependen del ministro de Justicia y son responsables de aplicar la ley. Amnistía Internacional considera que el fiscal ha de tomar la iniciativa en la aplicación de la ley y la investigación de posibles delitos, en lugar de esperar hasta recibir una denuncia formal del perjudicado. Actualmente, el peso de asegurar que se abren investigaciones judiciales exhaustivas recae con demasiada frecuencia sobre las propias víctimas o sus familias. En muchos casos, los perjudicados se sienten obligados a presentar una denuncia y constituirse en acusación privada para asegurar que se hace una investigación exhaustiva, que tienen acceso a sus conclusiones y que se respeta su derecho a ser oídos.


Amnistía Internacional recomienda al ministro de Justicia que instruya a las Fiscalías para que desempeñen un papel más activo, solicitando la apertura de investigaciones judiciales a su propia instancia en el importante número de presuntas violaciones de derechos humanos que llegan a su conocimiento a través del funcionamiento cotidiano de los tribunales. Actualmente, los fiscales hacen caso omiso de muchas de ellas a menos que medien denuncias formales de los perjudicados.



2.El acceso a las investigaciones judiciales


En ciertos casos, los fiscales deciden aplicar el procedimiento que prevé el último párrafo del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal (véase más adelante el caso de Mourad Tchier) para establecer las causas de la muerte. Esto ha ocurrido incluso cuando las autoridades tienen acceso a la persona responsable de dicha muerte, ésta ha reconocido su participación en los hechos y las causas del fallecimiento son conocidas. En estos casos, el procedimiento previsto por el artículo 74 es judicialmente ineficaz para satisfacer la necesidad de una investigación exhaustiva. La exclusión de la acusación privada de la investigación abierta en aplicación de este artículo, y la demora que implica su aplicación no son conformes con el Derecho internacional ni sirven el interés de la equidad.


Amnistía Internacional recomienda al ministro de Justicia que revise exhaustivamente la aplicación que los fiscales dan al procedimiento establecido por el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal.



3.Los retrasos en la investigación y el procesamiento


El Derecho internacional hace mucho hincapié en la necesidad de que se tomen medidas inmediatas para investigar las denuncias y las posibles violaciones de derechos humanos. Del mismo modo, exige que las actuaciones judiciales no se prolonguen más tiempo del razonable. Los casos que se citan en este informe y las pruebas ofrecidas por los propios magistrados indican que estos problemas existen por escasez de personal y por la insuficiencia de infraestructura en el sistema judicial para satisfacer las necesidades existentes.


Amnistía Internacional recomienda que el gobierno tome medidas para ocuparse de los retrasos y de la lentitud excesiva de la tramitación procesal, aumentando los recursos de que dispone el sistema de justicia penal.



4.La prevención de los delitos


El abuso y el uso ilegítimo de la fuerza producirá violaciones del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los fiscales han de tratar delitos de tal gravedad con la debida consideración en todas las fases del proceso judicial.


Amnistía Internacional recomienda que el ministro de Justicia haga hincapié en la gravedad de estos delitos instruyendo a los fiscales para que presten más atención a las disposiciones de la ley sobre legítima defensa y, en concreto, para que apliquen más estrictamente la necesidad de observar el principio de la proporcionalidad al examinar la legalidad de los actos de fuerza que cometan los funcionarios. Los fiscales deberán asimismo garantizar que la gravedad de estos delitos quede reflejada en sus peticiones de condena al tribunal.



5.La formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


Los programas de formación vigentes sobre el uso de armas de fuego y el trato de delincuentes son, y vienen siendo, objeto de quejas desde hace muchos años. Los propios agentes se han destacado a la hora de proponer modificaciones. La ley subraya tanto la necesidad de la proporcionalidad en la reacción como la naturaleza extrema del acto de utilizar armas de fuego. Por su parte, los textos de formación vigentes subrayan la necesidad de neutralizar, no de matar, a los agresores o personas que puedan poner en peligro las vidas de otros o sus propiedades. Por tanto, es esencial que se imparta la formación práctica adecuada sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, haciendo especial hincapié en la exigencia legal de controlar a los posibles delincuentes con el mínimo uso de fuerza.


Amnistía Internacional recomienda que los ministros de Interior y Defensa inicien inmediatamente una revisión de los cursos de formación a fin de mejorar la competencia profesional de los funcionarios para neutralizar agresores utilizando el mínimo de fuerza.



6.El conocimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos


La educación en las normas internacionales de derechos humanos y su conocimiento son esenciales para prevenir conductas arbitrarias y abusivas en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


Amnistía Internacional recomienda que los ministros responsables de la formación profesional de magistrados, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los funcionarios públicos de otros campos, dé a conocer las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Deberá asignarse un tiempo específico a las normas internacionales en los cursos de formación y se hará referencia explícita a éstas, en su caso, en las normas y reglamentos de los distintos servicios.



7.Las denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


El gobierno anunció el pasado año la creación de un organismo que asesoraría a los ministros en todos los asuntos relativos a los códigos deontológicos de la policía (un Haut conseil de la déontologie de la police nationale).


Amnistía Internacional recomienda al gobierno las normas que ha elaborado la organización para las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos39. La organización recomienda en especial al gobierno que estudie la posibilidad de adoptar las normas relativas a comunicaciones, remisión de los resultados de las investigaciones, responsabilidad de los mandos superiores y la facultad de garantizar remedios efectivos.


APÉNDICE 1:TRATADOS INTERNACIONALES

DE DERECHOS HUMANOS

RATIFICADOS POR FRANCIA




En la siguiente lista se enumeran los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes de los que Francia es Estado parte, junto con las fechas de ratificación (R) o adhesión (A).


.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) - 4 de noviembre de 1980 (A)


.Primer Protocolo Facultativo del PIDCP - 17 de febrero de 1984 (A)


.Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (ONU) - 18 de febrero de 1986 (R)


.Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial - 28 de julio de 1971 (A)


.Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) - 7 de agosto de 1990 (R)


.Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales - 3 de mayo de 1974 (R)


.Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes - 9 de enero de 1989 (R)

APÉNDICE 2:FOTOGRAFÍAS






































































1Órgano integrado por diez expertos elegidos por los Estados parte del Convenio para supervisar el cumplimiento de éste y reforzar las garantías contra la tortura que establecen el Convenio y otras normas internacionales mediante visitas a los países que han ratificado el Convenio.

2Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en France du 27 octobre au 8 novembre 1991 et réponse du Gouvernement de la République française - 19 de enero de 1993 (CPT/Inf (93) 2)

3CPT/Inf (93) 2 - p13, II A.1.11.

4

Ibid

5un Haut conseil de la déontologie de la police nationale

6Observación General 6, sobre el artículo 6 del PIDCP, adoptada por el Comité de Derechos Humanos (decimosexto periodo de sesiones, 1982)

7Adoptados por el Consejo Económico y Social de la ONU el 24 de mayo de 1989, en la resolución 1989/65.

8Observación General 20, sobre el artículo 7 del PIDCP, adoptada por el Comité de Derechos Humanos (cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, 1992), que sustituye a la Observación General 7

9Circulaire générale présentant les dispositions du nouveau Code Pénal - Commentaire de la direction des affaires criminelles et des grâces

10Le Monde, 6 de febrero de 1988

11Le Monde, 23 de junio de 1993

12Le Monde, 2-3 de enero 1994

13Gestes et techniques professionnels d'intervention - Direction du personnel et de la formation de la police, Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

14Artículo 80 del Código de Procedimiento Penal

15Artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal

16Artículo 388 del Código de Procedimiento Penal

17Le Provençal, 3 de febrero de 1988

18Le Provençal, 5 de febrero de 1988

19Le Monde, 6 de febrero 1988

20Le Provençal, 17 de junio de 1989

21Le Monde, 8 de abril 1993

22Libération, 5 de mayo de 1993

23L'Humanité, 15 de abril de 1993

24Libération, 15 de abril de 1993

25Libération, 15 de abril de 1993

26Le Progrès, 10 de junio de 1993; Libération, 10 de junio de 1993

27Libération, 10 de junio de 1993

28Le Dauphiné Libéré, 29 de julio de 1993

29Le Méridional, 9 de octubre de 1993

30Libération, 8 de octubre de 1993

31Le Progrès, 29 de diciembre de 1993; Libération, 29 de diciembre de 1993

32Paris-Normandie, 28 de enero de 1994

33Agencia France Presse, 27 de enero de 1994

34Le Monde, 4 de junio de 1994; Libération, 4 de junio de 1994

35Libération, 28 de abril de 1994

36Nice-Matin, 5 de agosto de 1993

37L'Indépendant, 11 de febrero de 1994

38El padre de José Etienne es de Guadalupe

39Propuesta de Normas para Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, enero 1993 (Índice AI: IOR 40/01/93)

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE