Document - Concerns in Europe: January-June 1997


Amnistía Internacional



PREOCUPACIONES EN EUROPA


Enero - Junio de 1997













EDICIÓN ESPECIAL

LA DIMENSIÓN HUMANA DE LA OSCE






Septiembre de 1997

Índice AI: EUR 01/06/97/s

Distr: SC





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


Amnistía Internacional



PREOCUPACIONES EN EUROPA


Julio - Diciembre de 1996




Septiembre de 1997 RESUMEN Índice AI: EUR 01/06/97/s


DISTR: SC/CO/GR



Países y motivos de preocupación: Página



REUNIÓN DE LA osce SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIMENSIÓN HUMANA,

VARSOVIA, NOVIEMBRE DE 1997: LOS DERECHOS HUMANOS SON UN ELEMENTO

ESENCIAL DE LA SEGURIDAD EUROPEA 1


ALBANIA - La crisis en Albania y el estado de emergencia; Malos tratos, encarcelamiento de presos de conciencia y excarcelaciones de presos, entre ellos presos

de conciencia; Refugiados 7


ALEMANIA - Presuntos malos tratos a detenidos; Muerte bajo custodia policial: El caso

de Halim Dener: actualización 8


ARMENIA - La pena de muerte; Denuncias de malos tratos y de juicios injustos de

presos políticos 13


AUSTRIA - Presuntos malos tratos a detenidos; Objeción de conciencia al servicio

militar 15


AZERBAIYÁN - Presunta detención arbitraria de personas de origen armenio; La pena de

muerte; Denuncias de malos tratos en detención 17


BÉLGICA - Presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de

las fuerzas armadas en Somalia 19


BIELORRUSIA - Nuevas denuncias de malos tratos policiales a manifestantes pacíficos;

Posibles presos de conciencia; La pena de muerte 22


BOSNIA Y HERZEGOVINA Ninguna mejora real de los derechos humanos; Desplazados y refugiados: pocos regresos; La policía mata a tiros y golpea a bosnios que visitaban Mostar occidental; Nombramiento de un nuevo Alto Representante; «Desaparecidos»: la Cámara de Derechos Humanos celebra su primera vista; El Tribunal Penal Internacional declara culpable y condena a Dušan Tadić; Condena de «los siete de Zvornik» en un juicio sin garantías 24


BULGARIA - Preso de conciencia; Trato cruel, inhumano y degradante en una residencia para niños con deficiencias mentales; Uso ilegítimo de armas de fuego y malos tratos por parte de la policía; Malos tratos contra romaníes 26


CHIPRE - Captación de apoyos para la despenalización de la homosexualidad 30


CROACIA - Ataques contra serbocroatas cerca de Kostajnica; Personas desplazadas y refugiados: pocos regresos; Problemas planteados a periodistas y defensores de los derechos humanos; Exhumaciones de fosas comunes: identificación de Siniša Glavašević y otras personas; Detención de un sospechoso inculpado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 30


DINAMARCA - Denuncias de malos tratos; Informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa; Examen por el Comité contra la Tortura de la ONU del tercer informe periódico de Dinamarca 33


ESPAÑA - Presuntas torturas y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 35


ESTONIA - La pena de muerte; Solicitantes de asilo 38


FEDERACIÓN RUSA - Tortura y malos tratos; Objeción de conciencia al servicio militar; Falta de protección a los refugiados y a los solicitantes de asilo; Presos de

conciencia; La pena de muerte 38


FRANCIA - El Comité de Derechos Humanos de la ONU examina el tercer informe periódico de Francia 42


GEORGIA - La pena de muerte; Denuncias de malos tratos, incluida una muerte bajo custodia; El puesto de Defensor del Pueblo; Preocupaciones en torno a la región de Abjasia, que se encuentra en conflicto; Primer informe de Georgia revisado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU; Denuncias de malos tratos a los detenidos; Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio 44


GRECIA - Objeción de conciencia al servicio militar; Juicios injustos; Libertad de

expresión 51


HUNGRÍA - Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía 53


ITALIA - Presuntas violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas en Somalia; Presuntas torturas y malos tratos por parte de agentes de la ley y funcionarios de prisiones; Actualización de casos anteriormente documentados de presuntas torturas y malos tratos. 54


KAZAJSTÁN - En defensa de los defensores de los derechos humanos; Presiones para la despenalización de la homosexualidad; Presuntas torturas y malos tratos durante el periodo de prisión preventiva y en las cárceles 58


KIRGUISTÁN - Presos de conciencia; Presuntas torturas y malos tratos; La pena de

muerte 61


LETONIA - Solicitantes de asilo 64


MOLDAVIA - Encarcelamiento de Ilie Ilaşcu y el caso de los «Seis de Tiraspol» 64


NORUEGA - Detención de presos enfermos mentales; Detención prolongada en celdas policiales 65


PORTUGAL - Acción Urgente sobre nuevas propuestas en relación con la pena de muerte; Casos de presuntos malos tratos; Información actualizada sobre muertes ocurridas bajo custodia policial; Plan del Inspector General para controlar los abusos; Amnistía Internacional pide una reforma del Código Penal en lo que respecta a la tortura 65


REINO UNIDO - Investigaciones judiciales; Malos tratos y trato cruel, inhumano y

degradante; Preocupaciones relativas a las garantías procesales; «Domingo sangriento»; Operaciones clandestinas en Irlanda del Norte; Actuación policial en Irlanda del Norte; Abusos contra los derechos humanos por parte de grupos paramilitares 69


REPÚBLICA CHECA - Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía 73


REPÚBLICA ESLOVACA Denuncias de malos tratos llevados a cabo por agentes de la policía; Presos de conciencia: Objetores de conciencia al servicio militar 74


REPÚBLICA FEDERAL

DE YUGOSLAVIA - Denuncias de tortura y malos tratos; Juicio de presos políticos sin las debidas garantías; Encarcelamiento de un objetor de conciencia al servicio militar; Posibles ejecuciones extrajudiciales; Refugiados; Pena de muerte 75


RUMANÍA - Uso ilegal de armas de fuego por parte de agentes de la policía; Nuevos informes sobre malos tratos policiales; Respuesta del Ministerio del Interior a los casos denunciados por Amnistía Internacional durante 1996 77


SUECIA - La muerte de Osmo Vallo bajo custodia policial 80


SUIZA - Presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Informe del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, del Consejo de Europa 82


TAYIKISTÁN - Acuerdo de paz; Presos políticos y posibles presos de conciencia; «Desapariciones»; Ejecuciones extrajudiciales; La pena de muerte 86


TURKMENISTÁN - Indicios oficiales de abusos graves en el seno de la policía, los tribunales y las prisiones; Presos políticos: ¿Qué fue de los «Ocho de Ashgabat»?; La pena de muerte 90


TURQUÍA - Nuevas leyes «inaceptables» sobre procedimientos de detención ─ Continuaron las denuncias por tortura y malos tratos; Murat Yiĝit - presunta tortura de un menor; «Desaparición» - El caso de Fikri Özgen; Visita de los expertos de la ONU a Turquía; La Asociación de Derechos Humanos sometida a presión una vez más; Presos de conciencia - procesados por ejercer la libertad de

expresión 92


UCRANIA - Ucrania ante el Comité de la ONU contra la Tortura; La pena de muerte 96


UZBEKISTÁN - Presos de conciencia; Pena de muerte; Actitud oficial hacia los grupos de derechos humanos 99


RATIFICACIONES - ESTONIA; LETONIA; LITUANIA; TURKMENISTÁN 101


MUJERES EN EUROPA Selección de preocupaciones de Amnistía Internacional 102


PALABRAS CLAVE: OSCE1 / TORTURA / MALOS TRATOS / PENA DE MUERTE / DESAPARICIÓNES1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / JUICIOS1 / PRESOS DE CONCIENCIA / OBJETORES DE CONCIENCIA / REFUGIADOS / DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS / MUJERES / IMPUNIDAD / MATANZA / MUERTE BAJO CUSTODIA / AGRESIÓN SEXUAL / DISCRIMINACIÓN RACIAL / USO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO / POSIBLE PRESO DE CONCIENCIA / MINORÍAS / PERSONAS DESPLAZADAS / SALUD MENTAL / NIÑOS / ABOGADOS / PERIODISTAS / GRUPOS RELIGIOSOS / POLICÍA1 / MILITARES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / CONFLICTO ARMADO / MANTENIMIENTO DE LA PAZ / MANIFESTACIONES / EXHUMACIÓN / LEGISLACIÓN / LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA / TRIBUNALES DE EMERGENCIA / CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD / ONU / CONSEJO DE EUROPA / CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA LA TORTURA / COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS /



Este informe resume el documento Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997 (Índice AI: EUR 01/06/97/s) publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 1997. Si desea más información o emprender alguna acción sobre este tema deberá consultar el documento completo.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

REUNIÓN DE LA osce SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIMENSIÓN HUMANA, VARSOVIA, NOVIEMBRE DE 1997: LOS DERECHOS HUMANOS SON UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA SEGURIDAD EUROPEA


...Hoy día, la falta de consideración por la dimensión humana está en el centro de la mayoría de las dificultades que existen dentro de nuestros países y, en consecuencia, condiciona las relaciones entre ellos.

Embajadora Audrey F. Glover, ex directora de la OIDDH, en su informe ante la Reunión de Continuidad de la OSCE, Viena, 1996 (traducción de EDAI)


La tercera Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se celebrará en Varsovia en noviembre de 1997. Esta edición del informe de Preocupaciones en Europa de Amnistía Internacional expone los actuales motivos de inquietud de la organización respecto de los derechos humanos en la mayoría de los Estados integrados en la OSCE.


El concepto de «dimensión humana» de la OSCE hace referencia a todos los compromisos que la organización y los Estados participantes en ella han adoptado en el área de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las preocupaciones humanitarias y la promoción de las instituciones democráticas y del estado de derecho. Cada dos años, la Oficina de la OSCE de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) organiza una reunión para revisar la aplicación de estos compromisos con la dimensión humana en los Estados participantes en la OSCE. Estas Reuniones sobre la Aplicación de la Dimensión Humana no son sólo un foro de representantes gubernamentales, sino que también ofrecen a las organizaciones no gubernamentales una valiosa oportunidad para hablar públicamente de la aplicación de compromisos concretos con la dimensión humana en países específicos.


En la Declaración adoptada al término de la Cumbre de Lisboa de 1996, los Estados integrados en la OSCE afirmaron: «El amplio concepto de seguridad de la OSCE requiere que se mejore el cumplimiento de todos los compromisos en materia de dimensión humana, en particular por lo que se refiere a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esto afianzará aún más los valores comunes de una sociedad libre y democrática en todos los Estados participantes, lo que constituye una base esencial de nuestra seguridad común» (Declaración de la Cumbre de Lisboa, párrafo 9).


Esta declaración se basa en la conclusión expresada en el Documento de Budapest de 1994 de que «los derechos humanos y las libertades fundamentales, el estado de derecho y las instituciones democráticas son los fundamentos de la paz y la seguridad y representan una contribución esencial a la prevención de los conflictos dentro de un amplio concepto general de seguridad. La protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, es una base esencial de la sociedad civil democrática.» (Documento de Budapest 1994, Capítulo VIII, párrafo 2).


Amnistía Internacional comparte la opinión de que no pueden separarse ni la seguridad regional ni la nacional de un compromiso activo con la protección de los derechos humanos del ciudadano individual. La organización expresa su satisfacción ante la adopción por la OSCE de un concepto totalizador de seguridad, que integra la protección de los derechos humanos en el mismo centro de su labor, y en especial como medio para prevenir conflictos en lugares donde es probable que se cometan violaciones sistemáticas y a gran escala de los derechos humanos. Amnistía Internacional reconoce y acoge con satisfacción la importante contribución que las misiones sobre el terreno a largo plazo de la OSCE, como las de Croacia y Bosnia y Herzegovina, pueden hacer al establecimiento de mecanismos efectivos de protección de los derechos humanos en situaciones de posconflicto. Sin embargo, Amnistía Internacional insiste en la necesidad de que estas misiones mantengan un enfoque claro sobre los derechos humanos, se interesen por casos individuales e intervengan en ellos cuando sea necesario. Como este documento deja patente, para los ciudadanos que sufren torturas y malos tratos bajo custodia policial o en prisión, para los que son condenados a la pena de muerte, para los que son objeto de «desaparición» o ejecución extrajudicial, para los que son expulsados por la fuerza de sus hogares, se ven privados de un juicio con las garantías debidas, padecen hostigamiento por su labor como defensores de los derechos humanos, o se les niega su derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, la región de la OSCE sigue siendo un espacio muy inseguro.


En un reciente artículo, el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, Max van der Stoel, se ha referido al concepto de dimensión humana de esta organización como «la cuestión de fondo»1. Si así hemos de entenderlo, los Estados participantes no pueden permitirse el lujo de hacer caso omiso de las conclusiones que Amnistía Internacional incluye en este y en otros documentos sobre sus motivos de preocupación en la región de la OSCE. En cada una de las situaciones documentadas en estas páginas por Amnistía Internacional está en juego la legitimidad de la OSCE como institución auténticamente comprometida con la protección de los derechos humanos. Como concluye el Alto Comisionado en su artículo, «si los Estados participantes no aplican realmente estos compromisos con la dimensión humana, éstos perderán su significado2».


La documentación de las violaciones de derechos humanos en la región de la OSCE es un requisito previo esencial para la consecución de las deseadas mejoras a las que se comprometieron los Estados participantes en Lisboa el año pasado. El informe de Amnistía Internacional Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997 contiene información sobre los motivos actuales de inquietud de la organización respecto de los derechos humanos en ciertos países participantes en la OSCE, así como referencias a otros documentos que sobre países concretos ha publicado AI sobre las preocupaciones expuestas en este informe. No figuran en él todos los países participantes en la OSCE: el informe no contiene información sobre los motivos de preocupación de AI en los Estados Unidos de América y en Canadá; asímismo, la ausencia de artículos sobre determinados países europeos indica que, en el periodo de referencia, Amnistía Internacional carecía de preocupaciones activas en esos países. En la tercera Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana que se celebrará en Varsovia en noviembre de 1997 se distribuirá, junto con este informe, otro breve documento en el que se expondrán los motivos de inquietud de AI en los Estados participantes en la OSCE durante el periodo comprendido entre julio y octubre de 1997 (que incluirá también todas las preocupaciones actuales de la organización en Estados Unidos y Canadá).


Amnistía Internacional considera que la Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana de 1997 ofrece una oportunidad crucial para que la OSCE deje claro que la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los ciudadanos de los Estados participantes son un complemento básico de la seguridad nacional e internacional dentro del área de la OSCE. La organización insta a la OSCE a que asegure que la reunión de 1997 no es sólo un acontecimiento secundario respecto del admirable enfoque de la OSCE sobre la garantía de la seguridad y la prevención de los conflictos al final del siglo XX, sino que todos los Estados participantes comprenden que constituye parte integral de esos objetivos.


En los siguientes párrafos, Amnistía Internacional analiza tres de sus principales motivos de preocupación respecto de la dimensión humana que exigen una atención especial en la Reunión sobre la Aplicación de Varsovia. La tortura y los malos tratos bajo custodia policial o detención, la pena de muerte y el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar son importantes puntos de referencia del compromiso de los Estados participantes con la transformación de la dimensión humana en una realidad viva para los ciudadanos de la región de la OSCE. Lamentablemente, las tres cuestiones figuran de forma destacada en el informe de Amnistía Internacional Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997, como se aprecia en el índice de países y preocupaciones que aparece al principio del documento.


El Documento de Copenhague de 1990 de la OSCE contiene un enérgico compromiso de los Estados participantes de «prohibir el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» (párrafo 16.1), que contradicen las pruebas contenidas en el documento Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997. Como revela el informe de Amnistía Internacional, aun cuando los Estados participantes han hecho considerables esfuerzos para «...tomar efectivas medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para prevenir y castigar tales prácticas...», como pedía el documento de Copenhague (párrafo 16.1), los ciudadanos siguen sufriendo torturas y malos tratos bajo custodia policial o en detención. Al menos 30 artículos relativos a países de la OSCE del informe de AI contienen información sobre denuncias de tortura o malos tratos, lo que es una proporción estremecedoramente elevada de los Estados participantes en la OSCE.


Amnistía Internacional pide a la Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana de 1997 que elabore un plan de actuación claro y detallado para erradicar la tortura y los malos tratos en la región de la OSCE, en consonancia con las medidas con las que se comprometieron los Estados participantes en el Documento de Budapest de 1994. En aquel documento, los Estados participantes declararon de forma inequívoca que: 1) «...reconocen la importancia de la legislación nacional encaminada a erradicar la tortura...»; 2) «Se comprometen a investigar todos los presuntos casos de tortura y a procesar a los autores.»; 3) «...se comprometen a incluir en sus programas educativos y de formación destinados a las fuerzas del orden y la policía disposiciones específicas con miras a erradicar la tortura.» (Documento de Budapest, capítulo VIII, párrafo 20).


El Documento de Budapest contiene también el compromiso de los Estados participantes a realizar un intercambio efectivo de información sobre la tortura y los malos tratos en la región de la OSCE, así como un llamamiento a entablar una estrecha cooperación con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y con las organizaciones no gubernamentales en la documentación de casos individuales de tortura y malos tratos (Documento de Budapest, capítulo VIII, párrafo 20). Aunque los informes de Amnistía Internacional han tenido una amplia difusión en las reuniones posteriores de la OSCE, no hay muchos elementos que indiquen que los enérgicos compromisos de Budapest para erradicar la tortura y los malos tratos en la región de la OSCE se hayan traducido en esfuerzos concertados por parte de gran número de Estados participantes.


Del mismo modo, Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones a los Estados participantes en la OSCE que apliquen y refuercen los cuatro compromisos principales que ha adoptado la organización a lo largo de los años relativos a la abolición de la pena de muerte, a saber: garantizar que la abolición de la pena de muerte en todos los Estados participantes en la OSCE, incluidos los Estados Unidos de América, es una prioridad en el programa de trabajo de la organización; entablar una cooperación significativa al respecto con otras organizaciones internacionales pertinentes, como el Consejo de Europa; garantizar que se hace pública la información sobre el uso de la pena de muerte en los Estados participantes en la OSCE; y garantizar un intercambio completo de información sobre la abolición de la pena de muerte dentro del marco de la OSCE.


Amnistía Internacional celebra el hecho de que, en 1996, la Oficina de la OSCE de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos diera los primeros pasos hacia el desarrollo de un centro de distribución de información sobre la abolición de la pena de muerte en la región de la OSCE. Con esta medida se ha comenzado por fin a dar cumplimiento a la promesa hecha por los Estados participantes en la Reunión de Copenhague de 1990 en el sentido de que «efectuarán intercambios de información, en el marco de la Conferencia sobre la Dimensión Humana, acerca de la cuestión de la abolición de la pena de muerte y mantendrán dicha cuestión en consideración.»


Sin embargo, queda mucho por hacer respecto a la aplicación de estos compromisos fundamentales. Como revela el presente documento, pese a los espectaculares avances realizados en los últimos años para acabar con la aplicación de la pena de muerte o abolirla en los Estados participantes en la OSCE (como la moratoria en la Federación Rusa y en Ucrania, y la abolición total en Georgia), Amnistía Internacional sigue teniendo motivos de preocupación sobre el uso de la pena capital y la ausencia de avances hacia su abolición en al menos una docena de Estados participantes en la OSCE. Si se desea que no se ponga en duda la integridad de la OSCE como defensora de la abolición, este asunto debe ocupar un lugar destacado en el programa de trabajo de la próxima Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana.


La campaña de Amnistía Internacional de 1997 sobre el derecho a la objeción de conciencia en Europa ha tratado de llamar la atención sobre el hecho de que un gran número de países participantes en la OSCE sigue incumpliendo el compromiso de dicho organismo de 1990, de «... considerar la posibilidad de introducir, donde no se ha hecho todavía, otras formas de servicio, compatibles con las razones de la objeción de conciencia; en principio, dichas formas de servicio serían de carácter no bélico o civil, en interés público y de índole no punitiva.» (Documento de Copenhague, párrafo 18.4). El principal informe de la campaña de Amnistía Internacional, titulado El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en Europa: un asunto prioritario (Índice AI: EUR 01/02/97/s) contiene artículos sobre las preocupaciones de AI en relación con el derecho a la objeción de conciencia sobre más de veinte países de la OSCE.


Amnistía Internacional siente inquietud por el hecho de que, pese a la intención declarada por la OSCE en su Documento de Copenhague de 1990 de seguir estudiando el tema como parte integral de su marco de la dimensión humana y de facilitar un intercambio de información sobre la objeción de conciencia al servicio militar entre los países participantes en la OSCE, el asunto ha desaparecido prácticamente del programa de los diversos foros de la OSCE, como evidencia la ausencia de cualquier referencia de fondo al derecho a la objeción de conciencia en los documentos de Budapest de 1994 y de Lisboa de 1996.


Aparte de la inclusión de una breve referencia a la necesidad de que los Estados participantes en la OSCE «... considerarán la posibilidad de establecer exenciones o alternativas al servicio militar» en el Código de Conducta Sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad (VII, 28), adoptado en la Cumbre de Budapest de 1994, el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar no ha ocupado un lugar destacado en el programa de la OSCE en los últimos años. Como ya se ha indicado, esta situación de compromisos formulados y luego olvidados sólo sirve para poner en duda la credibilidad de las propias instituciones como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos. De forma similar, este olvido da carta blanca de hecho a los Estados que, por el motivo que fuere, desean evitar el cumplimiento de sus obligaciones.


La Oficina de la OSCE de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), como institución central de la dimensión humana3, se encarga de traducir los grandes principios establecidos en los documentos de la OSCE en realidades concretas y de convertir las normas universales en programas específicos4. En los últimos años, la OIDDH viene desempeñando una función cada vez más destacable en este respecto, por medio de una proliferación de seminarios, mesas redondas, reuniones de formación y publicaciones que reúnen a participantes de los ámbitos gubernamental y no gubernamental de todos los países de la OSCE.


Pero este programa existente de aplicación, no digamos cualquier ampliación adicional de la capacidad de la OIDDH para desempeñar su papel fundamental en las misiones de investigación de la OSCE sobre cuestiones de derechos humanos o en las misiones a largo plazo de la organización, depende del grado de disposición de los Estados participantes a proporcionar un apoyo económico y político suficiente y sostenido a la valiosa labor de la OIDDH dentro del marco de la OSCE. La Reunión sobre la Aplicación de 1997 debe reconocer también con claridad que, sin los recursos económicos y humanos necesarios ‒así como sin una presencia frecuente en Viena‒, la OIDDH no puede desempeñar su función vital de garantizar que la dimensión humana sigue estando en el propio centro de la misión expresamente declarada de la OSCE de ser el garante de la seguridad regional.




PREOCUPACIONES EN EUROPA




Enero - Junio de 1997


INTRODUCCIÓN




Este documento contiene información sobre los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional en Europa en el periodo comprendido entre enero y junio de 1997. En él no hay información sobre todos los países de Europa, sino sólo sobre aquéllos en los que se produjeron acontecimientos importantes durante ese periodo.


Las cinco repúblicas de Asia Central de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán se incluyen en el documento debido a su condición de miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).


Se han publicado varios documentos dedicados a países individuales sobre las preocupaciones reflejadas en este informe. En los apartados de los países en cuestión se hace referencia a esos documentos. Además, puede encontrarse información más detallada sobre incidentes o preocupaciones concretas en las Acciones Urgentes y los Servicios de Noticias publicados por Amnistía Internacional.


Amnistía Internacional publica este documento cada seis meses. Las referencias a ediciones anteriores que aparecen en el texto son las siguientes:




Índice AI: EUR 01/01/97/s Preocupaciones en Europa: julio - diciembre de 1996

Índice AI: EUR 01/02/96/s Preocupaciones en Europa: enero - junio de 1996

Índice AI: EUR 01/01/96/s Preocupaciones en Europa: julio - diciembre de 1995

Índice AI: EUR 01/02/95/s Preocupaciones en Europa: enero - junio de 1995

Índice AI: EUR 01/01/95/s Preocupaciones en Europa: mayo - diciembre 1994

Índice AI: EUR 01/02/94/s Preocupaciones en Europa: noviembre 1993 - abril 1994

ALBANIA


La crisis en Albania y el estado de emergencia


En enero y febrero, las protestas de personas que reclamaban la devolución del dinero que habían perdido en planes de inversión fraudulentos, y que habían estallado en varias ciudades, se intensificaron hasta convertirse en violentos motines antigubernamentales. La situación siguió deteriorándose durante todo el mes de febrero, con numerosos saqueos de arsenales en medio de una crisis general del orden público. Los rebeldes armados tomaron el control de gran parte del sur del país. El 28 de febrero, nueve personas murieron en los disturbios de Vlora; seis de ellas, presuntamente a manos de la policía de seguridad del Estado. Al día siguiente, dimitió el gobierno del primer ministro Aleksander Meksi, y el 2 de marzo se decretó el estado de emergencia. El 3 de marzo, el Parlamento reeligió presidente de Albania a Sali Berisha, con el boicot de la oposición. Gran parte del sur del país siguió desafiando al gobierno central y pidiendo la dimisión de Berisha. Mientras caían en poder de los rebeldes nuevas poblaciones y el saqueo de armas se extendía a la capital, el presidente Berisha, bajo la presión internacional, accedió a anticipar las elecciones y a nombrar un gobierno de coalición. El 12 de marzo se formó un Gobierno de Reconciliación Nacional provisional, bajo la presidencia del primer ministro Bashkim Fino, del Partido Socialista, de la oposición, con la tarea de restablecer el orden y organizar las elecciones.


Sin embargo, el país siguió sufriendo desórdenes. La generalizada disponibilidad de armas, los homicidios comunes y los tiroteos accidentales elevaron de forma constante el número de víctimas mortales; según informes, a mediados de junio, habían muerto 1.600 personas en incidentes violentos. Los líderes políticos albaneses pidieron la intervención militar de Europa para restablecer el orden. El 28 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que autorizaba el envío de una fuerza multinacional de seguridad dirigida por Italia para supervisar la distribución de la ayuda humanitaria y garantizar las condiciones para la celebración de las elecciones. Los primeros contingentes de la fuerza multinacional llegaron al país el 15 de abril.


El 29 de junio se celebraron elecciones nacionales bajo la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que las calificó de «aceptables, dadas las circunstancias imperantes». El presidente Berisha reconoció la victoria electoral del Partido Socialista, que puso fin a los cinco años de gobierno de su partido, el Partido Democrático. Los votantes rechazaron la restauración de la monarquía en un referéndum celebrado también el 29 de junio.


Malos tratos, encarcelamiento de presos de conciencia y excarcelaciones de presos, entre ellos presos de conciencia


Durante enero y febrero se recibieron frecuentes informes según los cuales policías vestidos de uniforme y de civil, así como grupos informales aparentemente vinculados a esas fuerzas del orden, habían detenido o golpeado, o ambas cosas, a manifestantes, periodistas y líderes de la oposición. Se privó de libertad a algunas personas en calidad de presos de conciencia, como Roland Beqiraj, periodista que permaneció al menos 11 días recluido en Korça. Al menos cuatro líderes de la oposición fueron detenidos y acusados de organizar protestas.


Tras la promulgación del estado de emergencia se produjeron nuevas agresiones contra periodistas de periódicos independientes y de la oposición; las oficinas del diario Koha Jone (Nuestro Tiempo) fueron incendiadas.


El 13 de marzo, unos 1.000 presos fueron puestos en libertad o escaparon de prisión; entre ellos, Fatos Nano, líder del Partido Socialista y preso de conciencia. El 16 de marzo, el presidente Berisha indultó a Nano y a unos 50 presos más. A finales de marzo se promulgó una ley de amnistía que benefició a unos 600 convictos, aunque no afectó al preso de conciencia Idajet Beqiri, líder del Partido de Unidad Nacional (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s), si bien éste no estaba ya tampoco en prisión. En abril se retiraron los cargos contra Klement Kolaneci y otras personas acusadas de participar en homicidios políticos, atentados con explosivos y robos a bancos. Todos ellos habían estado encarcelados desde octubre de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s).


En febrero, Amnistía Internacional pidió a las autoridades que mantuvieran el orden público respetando los compromisos internacionales de Albania con los derechos humanos; la organización expresó su inquietud ante los informes sobre malos tratos a manifestantes y miembros de la oposición; pidió la libertad de los detenidos por el ejercicio no violento de su derecho de reunión y a la libertad de expresión, y un juicio con las debidas garantías para todos los demás presos. Tras la promulgación del estado de emergencia, Amnistía Internacional recordó a las autoridades que, incluso en época de emergencia, el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura eran sagrados; pidió que se instruyera a las fuerzas de seguridad para que respetaran las normas internacionales para hacer cumplir la ley y criticó las disposiciones de emergencia que permitían a las fuerzas de seguridad abrir fuego para dispersar multitudes y disparar, sin previo aviso, contra quienes no entregaran las armas. Tras la formación del gobierno provisional, Amnistía Internacional declaró que la reforma de las fuerzas de orden público debía tener prioridad absoluta, que todas las fuerzas policiales ‒incluido el servicio de seguridad del Estado‒ debían responder plenamente de sus actos, y que había que disolver las fuerzas informales que habían atacado a la oposición y a la prensa independiente.


Refugiados


Al extenderse el caos y la violencia, muchos albaneses trataron de huir del país; la mayoría se dirigió a Italia en barco, donde unos 13.000 pidieron asilo. El 28 de marzo, unas 80 personas murieron ahogadas cuando un remolcador lleno de albaneses que huían de su país chocó con un buque de la marina italiana que trataba de interceptar y frenar la llegada de refugiados.


En marzo, Amnistía Internacional selañó que la incapacidad del gobierno albanés para garantizar la protección de todos sus ciudadanos estaba provocando la huída de muchos de ellos del país, y pidió a todos los gobiernos de la región que respetaran sus obligaciones internacionales con los refugiados y los solicitantes de asilo, en especial el principio de prohibición de expulsión y de devolución.



ALEMANIA


Presuntos malos tratos a detenidos


En marzo Amnistía Internacional solicitó saber del Ministro de Asuntos Exteriores qué medidas había tomado el gobierno alemán con el fin de cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (CDH), que recomendaba el establecimiento de órganos independientes en el territorio del Estado parte para investigar las denuncias de malos tratos infligidos por la policía (véase Índice AI: EUR: 01/01/97/s). En su carta Amnistía Internacional exponía que la organización estaba particularmente interesada en saber quién había sido nombrado por el gobierno alemán para formular o coordinar su respuesta a las recomendaciones del Comité, qué mandato se le había dado al designado, y si se había establecido un calendario para actuar sobre la acción recomendada. En mayo el jefe de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán informó a Amnistía Internacional de que «(...) una política de derechos humanos eficaz comienza en el propio país» y que por ello el gobierno alemán «se toma muy en serio los comentarios del Comité de Derechos Humanos». Con todo, el gobierno alemán no veía «necesidad alguna de tomar medidas adicionales para regular la investigación y la acción judicial respecto a las presuntas acusaciones de malos tratos por parte de la policía».


En el periodo que analizamos Amnistía Internacional consideró cierto número de casos de presuntos malos tratos por parte de las autoridades alemanas.


En mayo Amnistía Internacional preguntó a las autoridades de Berlín qué progresos se habían hecho en la investigación de los presuntos malos tratos al turco Nadir Gül por parte de agentes de la policía de Berlín a primera hora de la mañana del 31 de agosto de 1996. Nadir Gül alegaba que había recibido un violento golpe frente a la comisaría de policía de Friesenstraße, donde le habían llevado para tomarle una muestra de sangre. Declaró asimismo que también lo habían tirado al suelo y le habían dado patadas y puñetazos repetidamente en el rostro y en el cuerpo. Según el reconocimiento médico llevado a cabo el 2 de septiembre de 1996, Nadir Gül había sufrido contusiones en el cráneo, el tórax, en ambos brazos y en ambas piernas, le habían roto la nariz y tenía un corte en el labio superior. Según informes, se había iniciado una investigación sobre el incidente después de que uno o más agentes declararon que habían presenciado cómo un agente había agredido a Nadir Gül. Según estos informes, había una segunda investigación en marcha sobre las alegaciones respecto a que Nadir Gül se había resistido a los agentes que estaban ejerciendo su deber. Todavía a fines de junio Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta sustancial de las autoridades.


En mayo y junio las autoridades de Berlín rechazaron las críticas de Amnistía Internacional respecto a la decisión del ministerio fiscal de no acusar a ninguno de los agentes que presuntamente infligieron malos tratos a Mustafa K. en julio de 1996. Mustafa K. afirmó que fue objeto de golpes, patadas e insultos racistas cuando protestó ante los agentes de la policía de Berlín mientras éstos registraban su piso. Las pruebas médicas mostraron que había sufrido contusiones en las costillas y contusiones múltiples en el rostro, una muñeca, los hombros y los brazos. En enero el ministerio fiscal rechazó las denuncias de Mustafa K. sobre malos tratos y lo acusaron de un cargo de agresión y otro de intento de agresión, y de resistirse a los agentes que estaban ejerciendo sus funciones. Amnistía Internacional había escrito al director de la fiscalía y al ministro de Justicia de Berlín en abril, expresando su preocupación por el hecho de que en la investigación las autoridades no hubieran considerado por igual y de forma imparcial todas las pruebas disponibles y hubieran contravenido las Directrices sobre Procedimientos Penales al no haber entrevistado a todos los testigos, incluidos los agentes involucrados, en persona. En su respuesta a Amnistía Internacional en junio, el ministerio fiscal declaró que el testimonio de un testigo ─que coincidía con la versión de Mustafa K. de los hechos─ contenía «burdas contradicciones», mientras que otro testigo ─que, como las autoridades subrayaron, había sido entrevistado personalmente por las autoridades─ apoyó la versión de los hechos dada por la policía. En realidad, según la información recibida por Amnistía Internacional, el segundo testigo no había podido proporcionar ningún detalle sobre los hechos ocurridos en el piso de Mustafa K., refiriéndose en su declaración únicamente a un incidente anterior que se había producido en el restaurante de Mustafa K. Asimismo, el testigo en cuestión fue, de hecho, el único que había sido entrevistado personalmente por el ministerio fiscal. Ninguno de los testigos que se hallaban en el lugar de los presuntos malos tratos fueron objeto de preguntas por parte del ministerio fiscal. En junio la petición de Mustafa K. para que se llevase a cabo una revisión judicial de la decisión del ministerio fiscal de no acusar a los agentes fue rechazada por razones de procedimiento.


El caso de Mustafa K. fue documentado por Amnistía Internacional en el informe República Federal de Alemania: Persistencia de los malos tratos policiales publicado el 3 de julio (Índice AI: EUR 23/04/97/s). En él Amnistía Internacional detallaba las denuncias que había recibido desde abril de 1995 hasta abril de 1997 referentes a que agentes de la policía alemana habían utilizado una fuerza excesiva o injustificada al refrenar o detener a la gente, o habían sometido deliberadamente a los detenidos bajo su custodia a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como en años anteriores, la gran mayoría de las presuntas víctimas fueron ciudadanos extranjeros, incluidos solicitantes de asilo, o miembros de minorías étnicas. En una carta que Amnistía Internacional envió al Canciller Helmut Kohl y a los jefes de gobierno de los 16 Länder junto con su informe, la organización declaró que desde su punto de vista las denuncias que había documentado proporcionaban nuevas pruebas de que los casos de presuntos malos tratos por parte de la policía no son incidentes aislados sino que forman parte de una evidente pauta de abusos. Amnistía Internacional declaró asimismo que su análisis de la evolución de los casos que había documentado previamente (véase, por ejemplo, Federal Republic of Germany: Failed by the system - police ill-treatment of foreigners, Índice AI: EUR 23/06/95) mostró que aun cuando se abrieron investigaciones penales sobre todas las denuncias de malos tratos por parte de la policía sobre las que fue informada la organización, en numerosos casos no se habían llevado a cabo con prontitud ni de forma imparcial y completa. Muchos de los agentes presuntamente responsables pudieron así evitar el procesamiento; ninguno, o muy pocos, se vieron enfrentados a sanciones disciplinarias y ninguno de los denunciantes extranjeros o de las minorías étnicas fueron compensados por los daños sufridos. Amnistía Internacional instó también al Canciller Kohl a que reconsiderase, como asunto urgente, la respuesta del Gobierno alemán a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de que se establezcan órganos independientes para la investigación de las denuncias de malos tratos infligidos por la policía. Finalmente, Amnistía Internacional llamó la atención de las autoridades sobre su recomendación, contenida en este nuevo informe, según la cual los gobiernos federal y de los 16 Länder deben establecer órganos permanentes e independientes de vigilancia. A estos órganos, declaró Amnistía Internacional, debe dárseles la responsabilidad y la autoridad para: llevar estadísticas uniformes y globales de las denuncias sobre malos tratos infligidos por agentes y sobre sus consecuencias; realizar sus propias investigaciones sobre esas denuncias, y recomendar si hay que formular acusaciones penales o disciplinarias contra alguno de los agentes implicados, y si se debe conceder compensación a alguno de los denunciantes; y llevar a cabo una evaluación continua de las medidas adoptadas por las autoridades policiales para prevenir la utilización de una fuerza excesiva o de malos tratos deliberados.


Durante el periodo que estamos tratando, Amnistía Internacional recibió asimismo información sobre casos que previamente había documentado. Una parte de esta información llegó a la organización finalizado abril por lo que no pudo ser incluida en su nuevo informe República Federal de Alemania: Persistencia de los malos tratos policiales.


En mayo el ministro de Justicia de Hamburgo informó a Amnistía Internacional de que el fallo en el caso del agente de Hamburgo que fue multado en junio de 1996 por maltratar e insultar a un detenido nigeriano había entrado en vigor. El ministro informó asimismo a Amnistía Internacional que un tribunal de Hamburgo había absuelto al «agente B» del cargo de malos tratos en enero de 1997, y que el fiscal de Hamburgo había apelado contra la decisión del tribunal. (Se cree que el caso al que se refería el ministerio es el de un agente acusado de haber vaciado el contenido de un bote de gas lacrimógeno en una celda en la que había seis detenidos africanos. Este caso se documentó en el informe de Amnistía Internacional Federal Republic of Germany: Failed by the system - police ill-treatment of foreigners, publicado en mayo de 1995).


En mayo se celebró el juicio de dos agentes acusados de maltratar a Ahmet Delibas (véase Índice AI: EUR: 01/01/97/s). Ahmet Delibas, ciudadano turco, denunció que los agentes lo amordazaron y golpearon en el rostro en la parte trasera de un coche de la policía tras ser detenido a la salida de una discoteca de Hamm, en Renania del Norte/Westfalia, en octubre de 1995. Las pruebas médicas mostraron que había sufrido lesiones graves, que incluían una fractura del pómulo izquierdo, y otras fracturas en ambas cuencas oculares. Asimismo, Ahmet Delibas fue acusado de participar en una agresión contra uno de los agentes en la puerta de la discoteca antes de su detención. El tribunal vio los dos casos simultáneamente y declaró culpable a uno de los agentes de agresión negligente, imponiéndole una multa de 4.500 marcos alemanes. El segundo agente y Ahmet Delibas fueron absueltos de los cargos.


En junio Amnistía Internacional fue informada por el Ministerio de Justicia de Renania del Norte/Westfalia de que no había pruebas de ningún retraso en la investigación de acusaciones de malos tratos por parte de la policía realizadas por Muhamed A. en octubre de 1994. Los comentarios del Ministerio se produjeron después de que Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que más de un año después de que el director de la fiscalía de Colonia hubiese ordenado la reapertura de la investigación sobre las acusaciones de Muhamed A. (su denuncia había sido rechazada por el ministerio fiscal en octubre de 1995) y más de dos años y medio después de que Muhamed A. manifestara por primera vez sus quejas respecto de una agresión que había sufrido a manos de la policía, las autoridades no habían concluido sus investigaciones. (Véase Federal Republic of Germany: Failed by the system - police ill-treatment of foreigners, publicado en mayo de 1995, para una descripción detallada de este caso, y República Federal de Alemania: Presuntos malos tratos a extranjeros. Actualización del informe de mayo de 1995, publicado en febrero de 1996 (Índice AI: 23/02/96/s), para un análisis de las críticas de Amnistía Internacional sobre la decisión del ministerio fiscal de cerrar la investigación en octubre de 1995.)


También en junio, el ministro de Justicia de Brandemburgo rechazó las críticas de Amnistía Internacional respecto del tiempo que había empleado el ministerio fiscal en investigar la querella por malos tratos presentada por Waldemar Kalita, y por la decisión de las autoridades de no presentar cargo alguno contra ninguno de los agentes implicados (véase República Federal de Alemania: Persistencia de los malos tratos policiales). Waldemar Kalita, médico de 41 años originario de la ciudad polaca de Gubin, denunció haber sufrido malos tratos por parte de agentes de la Policía Federal de Protección de Fronteras en diciembre de 1994, cuando conducía de vuelta a su casa con un vecino después de realizar algunas compras navideñas en la ciudad fronteriza alemana de Guben (en el Land de Brandemburgo). Según informes médicos, Waldemar Kalita mostraba hinchazones y contusiones en el rostro, contusiones en las costillas, abrasión en ambas muñecas y una herida en el ojo izquierdo. En la carta enviada a Amnistía Internacional en junio, el ministro informaba a Amnistía Internacional de que la duración de la investigación se explicaba por el hecho de que había sido muy amplia y de que se había realizado «con especial cuidado». El ministro declaró asimismo que el denunciante tenía derecho a apelar contra la decisión de el ministerio fiscal de poner fin a la investigación.


En junio Amnistía Internacional fue informada por el ministro del Interior de Baden-Württemberg de que no se llevaría a cabo ninguna acción disciplinaria contra ninguno de los agentes implicados en la detención del turco Hidayet Secil. Hidayet Secil había denunciado que en julio de 1995 fue maltratado por agentes de la policía que se habían presentado en su apartamento de Göppingen avisados por un vecino que se quejaba del ruido. El turco afirmó que un agente lo golpeó con el puño cuatro veces en el rostro y otro lo golpeó repetidamente con su porra mientras lo sujetaban tres compañeros de los agentes. Las heridas incluían una posible fractura de la nariz y de una costilla, una contusión en el labio superior y en la mandíbula superior, y siete verdugones en la espalda. La denuncia de malos tratos de Hidayet Secil fue rechazada y mediante una orden judicial le exigieron el pago de una multa de 2.000 marcos alemanes por resistencia a los agentes de la policía mientras cumplían su deber, y por agresión. Hidayet Secil apeló contra la orden judicial, optando en su lugar por un juicio pleno. Sin embargo, cuando éste se celebró, en julio, Hidayet Secil no impugnó las acusaciones, temiendo que su salud pudiese resentirse si se veía forzado a revivir sus experiencias. En su ausencia se le impuso una multa de 450 marcos alemanes. Al anunciar la decisión del tribunal, el juez comentó según informes que toda la operación policial había adquirido «quizá una dimensión que ya no era apropiada». La carta enviada por el Ministerio del Interior a Amnistía Internacional en junio, en la que informaba que «como el resultado de la investigación judicial ha despejado toda duda sobre la legalidad de la actuación de los agentes, el asunto se considera aquí cerrado», refuerza la preocupación de Amnistía Internacional de que una vez rechazada una querella criminal por parte del ministerio fiscal, las autoridades policiales automáticamente cierran los procedimientos disciplinarios, que hasta ese momento han quedado en suspenso, sin pasar a un examen total de los hechos.


Muerte bajo custodia policial: El caso de Halim Dener: actualización (véase República Federal de Alemania: Resumen de preocupaciones en el periodo de mayo a octubre de 1.994, Índice AI: EUR 23/08/94/s).


Según informes recibidos en junio el Tribunal Regional de Hannover había absuelto a un agente acusado de causar la muerte de Halim Dener por negligencia dos años antes.


Halim Dener, turco de origen kurdo de 16 años de edad, murió cuando huía de los agentes que lo habían detenido mientras pegaba carteles del Frente Kurdo de Liberación Nacional, frente popular del ilegal Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). El joven fue perseguido por un agente y, tras una pelea, éste lo mató de un solo disparo en la espalda disparado con el revólver reglamentario del agente desde escasa distancia. Según los informes, el tribunal falló que el revólver se había disparado accidentalmente cuando el agente había tratado de meterlo de nuevo en la funda después de que hubiera caído al suelo. Los abogados que representan a la familia de Halim Dener anunciaron que apelarían contra la absolución.


ARMENIA


La pena de muerte


El 19 de marzo, la Asamblea Nacional comenzó a debatir un nuevo proyecto de código penal en el que se eliminarían los delitos punibles con la pena de muerte, ya fuera en tiempo de paz o de guerra, y en el que la pena capital sería sustituida por la pena máxima de cadena perpetua, que no se impondría a mujeres ni a menores de edad. El proyecto se aprobó en su primera lectura el 3 de abril, aunque la cuestión de la abolición provocó encendidos debates. La segunda lectura se realizará cuando se reanuden las sesiones parlamentarias, tras el periodo vacacional del verano.


Amnistía Internacional expresa su satisfacción por esta iniciativa, así como por la actual moratoria de ejecuciones consecuencia de la postura abolicionista del presidente Ter-Petrossian (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Sin embargo, la organización sigue teniendo varios motivos de preocupación en relación con la pena de muerte en Armenia. Uno de los más importantes es la posibilidad del error judicial, ligado a las denuncias de juicios sin garantías y a diversos informes de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han utilizado la fuerza física y otros medios de coacción para obtener confesiones, especialmente en casos en que el delito lleva aparejada la pena de muerte. Dos procesos políticos recientes en los que se han denunciado estos hechos son los conocidos como los casos «Dro» y «Vahan Hovanessian y 30 más» (véase infra e Índices AI: EUR 01/01/97/s y EUR 54/03/97/s).


En ambos casos, el tribunal de primera instancia es el propio Tribunal Supremo de Armenia, por lo que Amnistía Internacional siente una preocupación añadida, dada la imposibilidad de apelar las sentencias ante otro tribunal inequívocamente superior. Aunque las sentencias del Tribunal Supremo pueden recurrirse, estos recursos los tramita y resuelve la Junta de Gobierno o el Pleno del propio Tribunal Supremo, es decir, el mismo órgano del que proceden los jueces del primer juicio. Las normas internacionales establecen claramente que toda persona declarada culpable de un delito punible con la pena capital tiene derecho a que un tribunal superior revise su declaración de culpabilidad y su condena. En abril, el Comité de Derechos Humanos, al revisar el informe inicial de Georgia en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comentó unas disposiciones similares vigentes en aquel país y manifestó su inquietud por el hecho de que la apelación contra una condena impuesta por el Tribunal Supremo sea resuelta por otros órganos del propio Tribunal Supremo, lo que no respeta plenamente el derecho a que la causa sea revisada por un tribunal superior.


Por último, pese a la existencia de una moratoria de hecho sobre las ejecuciones, los tribunales han seguido imponiendo la pena de muerte y se cree que actualmente hay 18 condenados pendientes de ejecución. Esta cifra aumenta de forma constante, en parte debido a la moratoria, y en parte porque, dada la ausencia de información sobre indultos, parece que el presidente Ter-Petrossian no está conmutando las penas de muerte. Esto significa que algunos de los condenados podrían permanecer años sin saber si se resolverán sus peticiones de clemencia y en una situación de incertidumbre permanente respecto a su suerte en última instancia.


Para más información o conocer las recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno armenio, véase Armenia: ha llegado la hora de abolir la pena de muerte (Índice AI: EUR 54/03/97/s), abril de 1997).


Denuncias de malos tratos y de juicios injustos de presos políticos


Durante el periodo que se examina, se celebraron cinco procesos judiciales en los que se juzgó a 11 personas en relación con los hechos acaecidos a finales de septiembre de 1996, cuando las protestas de la oposición por las polémicas elecciones presidenciales se tiñeron de violencia al irrumpir parte de la multitud en el edificio de la Asamblea Nacional, y golpear, entre otras personas, al presidente y al vicepresidente de la Asamblea (véase Índice AI: EUR 54/03/96). Los procesados fueron acusados de «desórdenes masivos», en aplicación del artículo 74 del Código Penal; algunos también lo fueron de otros delitos.


Muchos de los encausados en estos juicios denunciaron que los habían golpeado inmediatamente después de su detención (al igual que muchos otros detenidos que posteriormente quedaron en libertad sin cargos; véase Índice AI: EUR 54/03/96), y en el juicio se retractaron de su declaración inicial, alegando que la habían realizado bajo coacción. Por ejemplo, en el primer juicio, que comenzó el 6 de febrero ante el Tribunal Supremo armenio, Abet Petrosian declaró que varios agentes lo habían golpeado tras su detención el 29 de septiembre de 1996, y que habían amenazado a su madre y a su esposa para obligarlo a confesar. Los otros cuatro procesados en la misma causa hicieron manifestaciones similares, aunque al parecer el tribunal no las investigó por falta de pruebas (Abet Petrosian afirmó que no estaba dispuesto a dar el nombre de los que le infligieron malos tratos por miedo a que su familia sufriera represalias, una reacción habitual en las denuncias que ha recibido Amnistía Internacional). Todos fueron declarados culpables, pero, al igual que otros condenados durante el periodo en revisión, se beneficiaron de la suspensión del cumplimiento de la pena o fueron excarcelados en virtud de una amnistía.


Por otra parte, en el juicio que se celebra contra Vahan Hovanessian, destacado miembro del grupo de oposición Federación Revolucionaria Armenia (FRA), y otras 30 personas, acusados todos de participar en una tentativa de golpe de Estado armado en 1995, siguieron formulándose denuncias similares de coacciones físicas y de otro tipo. Varios procesados ya habían denunciado haber sufrido estos actos (véase Índice AI: EUR 54/03/97/s), y en el periodo en revisión, varios testigos declararon a su vez que los habían golpeado o que habían amenazado a sus familias para coaccionarlos para que declarasen contra los acusados. El 19 de febrero, por ejemplo, Zaven Karapetian, padre de los procesados Gagik y Martin Karapetian, declaró que él, su hijo y su nuera, que estaba embarazada, habían sufrido presiones físicas y psicológicas en la Comisaría de Policía del distrito de Mashtots, Yerevan (véase también Mujeres en Europa, página 102).


Estos informes son especialmente preocupantes cuando, como en el caso citado, algunos de los encausados, de ser declarados culpables, pueden ser condenados a la pena capital. En el llamado caso Dro, juicio que finalizó el 10 de diciembre del pasado año con la condena a muerte de tres de los procesados (véase Índice AI: EUR 54/03/97/s), se formularon denuncias similares. El Tribunal Supremo comenzó a tramitar las apelaciones de este proceso en junio.


Según informes, el 30 de mayo, el nuevo fiscal general de Armenia, Genrik Khachatrian, preguntado en su primera conferencia de prensa por las denuncias de malos tratos y de irregularidades procesales en los juicios citados, respondió que la fiscalía podría investigar tales afirmaciones cuando concluyeran los procesos. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades pertinentes que garanticen la investigación exhaustiva e imparcial de todas las denuncias de malos tratos, y que los resultados se hagan públicos, así como que todas las personas identificadas como responsables comparezcan ante la justicia. Además, todos los juicios políticos en los que los procesados hayan sido condenados basándose en declaraciones presuntamente obtenidas bajo coacción han de ser sometidos a revisión judicial.


AUSTRIA


Presuntos malos tratos a detenidos


En febrero, Amnistía Internacional pidió que la investigación iniciada por las autoridades sobre las denuncias de que Ewald Stattmann había sufrido graves lesiones mientras estaba bajo custodia policial fuera rápida e imparcial. Según los informes, Ewald Stattmann fue detenido en la ciudad de Villach en la madrugada del 29 de diciembre de 1996 y conducido a una comisaría policial, donde un médico lo declaró apto para ser detenido. Seis horas después, lo encontraron inconsciente; trasladado de urgencia a un hospital, fue sometido a una intervención quirúrgica, tras la cual hubo de permanecer 10 días en cuidados intensivos. Entre sus lesiones figuraban múltiples hematomas, fractura de cráneo, traumatismo craneoencefálico y una hemorragia cerebral. Los informes sobre las circunstancias que rodearon su arresto y detención son contradictorios. Al parecer, los agentes de policía que lo habían detenido afirmaron que Ewald Stattmann se había golpeado la cabeza con el suelo al intentar autolesionarse, mientras que el jefe de la policía de Villach declaró en un informe que el detenido se había golpeado deliberadamente la cabeza contra la pared de la celda en la comisaría. Otros testigos vieron presuntamente a dos agentes golpear a Stattmann con porras de goma cuando lo detenían, y propinarle puntapiés mientras estaba en el suelo. Debido a las lesiones, Ewald Stattmann casi no recuerda lo sucedido. En su carta a las autoridades, Amnistía Internacional pidió que los investigadores prestasen especial atención a los principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos al uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y al cuidado y supervisión médicas de los detenidos. Estos incluyen el principio 5 de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU), que establece que: «Cuando el empleo de las armas (...) sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (...) ejercerán moderación (...), reducirán al mínimo los daños y lesiones», y el artículo 6 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que establece que los funcionarios «asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise». A finales de junio, Amnistía Internacional no había recibido respuesta alguna a su carta.


Durante el periodo en revisión, Amnistía Internacional recibió información de las autoridades austriacas sobre varios casos que había planteado la organización con anterioridad.


En abril se informó a Amnistía Internacional de la suspensión de la investigación sobre las denuncias de malos tratos infligidos a Salim Y. por agentes de la policía en junio de 1993 (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). Según informes, agentes de la policía austriaca del aeropuerto de Schwechat, de Viena, propinaron puntapiés y golpes a Salim Y. cuando procedían a expulsarlo del país. Amnistía Internacional expuso por primera vez su caso en julio de 1993 y, en febrero de 1994, las autoridades austriacas informaron a la organización de que el detenido había «tratado de impedir su expulsión golpeándose la cabeza contra un radiador, autolesionándose» y que luego «saltó de la silla y corrió de espaldas hacia una puerta de cristal de seguridad (...). Durante todo el procedimiento no se le propinaron ni patadas ni golpes». En marzo de 1994, Amnistía Internacional preguntó a las autoridades si la denuncia de malos tratos a manos de la policía formulada por Salim Y. había sido investigada por un juez, si se había interrogado personalmente al detenido sobre los presuntos malos tratos, y si se había pedido a los testigos que presuntamente presenciaron los malos tratos que aportaran más datos sobre el incidente. No se recibió respuesta a esta carta, por lo que la organización volvió a escribir en agosto de 1995. En su respuesta a Amnistía Internacional de abril, las autoridades afirmaron que la fiscalía había suspendido la investigación en septiembre de 1996, añadiendo que, «dado que Salim Y. estaba en paradero desconocido tras ser puesto en libertad en el procedimiento de expulsión (...) no se le ha podido oír judicialmente. De cualquier modo, la infracción de lesiones, en su caso (...), ya habría prescrito legalmente». En opinión de Amnistía Internacional, esta información confirma que las autoridades austriacas no han realizado una investigación «rápida e imparcial» sobre los presuntos malos tratos infligidos a Salim Y., como exige el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), de la que es parte Austria.


En abril, las autoridades austriacas informaron también a Amnistía Internacional de que la investigación judicial sobre las denuncias de malos tratos infligidos por la policía al ciudadano ugandés Fred Machulu Onduri «no había revelado ninguna prueba fehaciente que corroborase los hechos alegados» (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Fred Machulu Onduri denunció haber sido detenido en una estación de metro en el centro de Viena en julio de 1996, que lo obligaron a desnudarse, que lo sometieron a un registro corporal íntimo, que le propinaron puñetazos en el estómago y que profirieron insultos racistas contra él. Según un informe de la Dirección General de la Policía Federal de Viena, la policía pidió a Fred Machulu Onduri que se identificara, «dado su aspecto llamativo», y lo detuvo al negarse éste a hacerlo. En su carta a Amnistía Internacional, las autoridades informaron a la organización de que un examen médico realizado a Fred Machulu Onduri cinco días después de los presuntos malos tratos no reveló ninguna lesión física. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el tribunal que tramitó la denuncia de malos tratos no interrogó al denunciante, a pesar de que se le había informado de que éste había regresado a Austria desde Uganda en abril para asistir al juicio que sobre su denuncia iba a celebrarse ante el Tribunal Administrativo Independiente de Viena (cuya continuación estaba prevista en julio).


Amnistía Internacional recibió también información de las autoridades sobre los casos de Sabine Geisberger y Violetta Jevremović, incluidos en el apartado Mujeres en Europa, página 102.


Objeción de conciencia al servicio militar


En marzo, el Tribunal de Distrito de Schwechat absolvió a Peter Zwiauer del delito de incumplimiento de una orden de llamamiento a filas, que lleva aparejadas penas de hasta un año de prisión. Peter Zwiauer se había negado a presentarse para cumplir el servicio militar en mayo de 1996, después de que se rechazara su petición de realizar el servicio alternativo por no haberlo presentado en el plazo de un mes desde la promulgación de la modificación de 1994 a la Ley sobre el Servicio Alternativo. El Tribunal de Distrito de Schwechat afirmó en su resolución absolutoria que «no cabe reprochar al acusado que desconociera el plazo concreto para presentar la solicitud de realización del servicio alterantivo, introducido por la Ley sobre el Servicio Alternativo de 1994, especialmente teniendo en cuenta que las autoridades no hicieron ningún esfuerzo concreto para informar al público de la [nueva] normativa».


En mayo, tras un examen médico, Andreas Gruber fue declarado «temporalmente no apto» para realizar el servicio militar y dado de baja en el ejército. Aunque podría ser llamado a filas de nuevo más adelante, ahora tiene derecho a presentar una solicitud para realizar el servicio alternativo. Andreas Gruber se había negado a realizar el servicio militar en diciembre de 1996 y se había escondido. Previamente había manifestado ante las autoridades que su conciencia no le permitía hacer el servicio militar, pero que estaba dispuesto a realizar el servicio alternativo. Sin embargo, se le denegó su petición al respecto. Andreas Gruber sigue pendiente de juicio por haber desatendido la orden de llamamiento a filas.


Amnistía Internacional había informado previamente a las autoridades austriacas que si Peter Zwiauer o Andreas Gruber eran encarcelados a consecuencia de su negativa, por motivos de conciencia, a realizar el servicio militar, la organización los adoptaría como presos de conciencia y pediría su libertad inmediata e incondicional.


Los casos de Peter Zwiauer y Andreas Gruber se expusieron en el documento de Amnistía Internacional titulado Austria: Conscientious objection to military service - a summary of currents concerns (Índice AI: EUR 13/01/97), publicado por Amnistía Internacional en febrero de 1997.



AZERBAIYÁN


Presunta detención arbitraria de personas de origen armenio


En abril y mayo, fueron excarcelados varios reclusos en Azerbaiyán, Armenia y la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, para conmemorar el tercer aniversario del alto el fuego en la disputada región de Karabaj. Entre los excarcelados en Azerbaiyán había siete personas de origen armenio, incluidas dos mujeres y un niño de 15 años, cuyos casos había expuesto Amnistía Internacional tras tener conocimiento de que se los retenía como rehenes, debido a su origen étnico, y no a consecuencia de ninguna acusación penal (véanse Índice AI: EUR 01/01/97/s y Mujeres en Europa, página 102).


Amnistía Internacional reconoce que, dada la situación derivada del conflicto por la región de Karabaj, las autoridades de Azerbaiyán pueden verse obligadas a detener a personas sospechosas, por ejemplo, de complicidad con actos terroristas. Las autoridades habían explicado a Amnistía Internacional el establecimiento en Gobustán de un centro de detención especial para personas de origen armenio, donde permanecían los detenidos hasta que se confirmaba su identidad y se determinaba que eran viajeros de buena fe. Sin embargo, se ha denunciado que, en ciertos casos, algunas personas han permanecido detenidas pese a que no se había hallado ningún indicio de actividad delictiva, y sin que se formulasen cargos en su contra. De ser cierto, Amnistía Internacional consideraría arbitraria la detención y, a los afectados, presos de conciencia.


Aunque parece que la mayoría de los armenios detenidos en el campo de Gobustán han sido puestos en libertad en los intercambios expresados, en el periodo bajo revisión se denunció que había al menos 12 varones civiles armenios recluidos en otro campo, en Shubany. Aunque se dispone de muy poca información sobre ellos, al parecer uno de ellos se llama Artur Papayan, nacido en 1979, y fue capturado presuntamente por los azerbaiyanos cuando caminaba por la carretera Movses-Aigepar, en el distrito fronterizo armenio de Taushsky, el 14 de enero.


Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Azerbaiyán más información sobre la situación actual de estas personas: si siguen detenidas y, en caso afirmativo, si su detención es para esclarecer su identidad o consecuencia de la formulación de una acusación penal en su contra.


La pena de muerte


Durante el periodo bajo revisión se informó de la imposición de al menos cuatro penas de muerte. Los afectados, juzgados en diferentes procesos, son Natik Zeynalov, Nazim Javadov, Akif Sabir oglu Hajbalayev y Karen Gevorkian. Los cuatro fueron declarados culpables de asesinato con premeditación, entre otros cargos. Posteriormente, el presidente Heidar Aliyev indultó a Karen Gevorkian, de origen armenio, que fue excarcelado el 2 de mayo en el contexto de los intercambios de prisioneros ya citados. Se le acusaba de haber cruzado la frontera como miembro de una unidad de sabotaje armenia y de haber cometido un asesinato, por iniciativa propia, como acto de venganza personal.


Sin embargo, según la información disponible, no se ha llevado a cabo ninguna ejecución en Azerbaiyán desde 1993. Aunque Amnistía Internacional expresa satisfacción por esta moratoria, y por otras iniciativas adoptadas desde la proclamación de la independencia para reducir el ámbito y la aplicación de la pena capital, la organización sigue teniendo varios motivos de preocupación en relación con la pena de muerte en Azerbaiyán. Uno de los principales es la posibilidad del error judicial, ligado a las denuncias sobre la celebración de juicios sin garantías y a varios informes según los cuales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han empleado la fuerza física y otros medios de coacción para obtener confesiones en casos en que el delito lleva aparejada la pena capital. A finales de diciembre de 1996, por ejemplo, 19 de los 21 encausados en un juicio de gran significación política conocido como «el caso de los generales», se dirigieron a Amnistía Internacional y a otras organizaciones, retractándose de las declaraciones prestadas mientras estaban en prisión provisional y denunciando que se habían hecho bajo extremas coacciones físicas y psicológicas. Uno de los firmantes era el general Vahid Musayev, para quien el fiscal había pedido la pena de muerte el 15 de enero (posteriormente fue condenado a 15 años de prisión).


Durante el periodo bajo revisión, el Tribunal Supremo impuso, en su calidad de tribunal de primera instancia, al menos otras dos penas de muerte, por lo que Amnistía Internacional siente una preocupación añadida, dada la imposibilidad de apelar las sentencias ante otro tribunal inequívocamente superior. Aunque las sentencias del Tribunal Supremo pueden recurrirse, estos recursos los tramita y resuelve la Junta de Gobierno o el Pleno del propio Tribunal Supremo, es decir, el mismo órgano del que proceden los jueces del primer juicio. Las normas internacionales establecen claramente que toda persona declarada culpable de un delito punible con la pena capital tiene derecho a que un tribunal superior revise su declaración de culpabilidad y su condena. En abril, el Comité de Derechos Humanos, al revisar el informe inicial de Georgia en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comentó unas disposiciones similares vigentes en aquel país y manifestó su inquietud por el hecho de que la apelación contra una condena impuesta por el Tribunal Supremo sea resuelta por otros órganos del propio Tribunal Supremo, lo que no respeta plenamente el derecho a que la causa sea revisada por un tribunal superior.


Por último, aunque existe una moratoria de hecho sobre las ejecuciones, los tribunales han seguido imponiendo condenas a muerte y, al parecer, en la actualidad hay alrededor de 100 hombres condenados en espera de ejecución, encarcelados en condiciones presuntamente muy difíciles, debido, entre otras causas, al hacinamiento. Según informes, cinco o seis hombres comparten celdas destinadas a dos como máximo, sin posibilidad de hacer ejercicio físico; al parecer, la precariedad de las condiciones ha contribuido al fallecimiento en Bakú, en 1996, de 16 condenados a muerte en espera de ejecución.


Para más información o conocer las recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno de Azerbaiyán, véase Azerbaiyán: ha llegado la hora de abolir la pena de muerte (Índice AI: EUR 55/02/97/s, marzo de 1997).


Denuncias de malos tratos en detención


Se han producido pocas novedades en el caso del periodista Taptig Farhadoglu, que denunció que uno de los hombres que lo había golpeado en la calle en Bakú el 17 de noviembre de 1996 era un mando de la policía (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). El 28 de noviembre se inició un procedimiento penal en relación con la agresión, pero al parecer el fiscal de la ciudad de Bakú lo cerró el 28 de enero por falta de pruebas sobre los responsables. Según informes, tras diversas protestas, se volvió a abrir el 16 de abril, pero no se ha informado aún de ningún resultado. Amnistía Internacional se ha puesto en contacto con las autoridades para solicitar más información sobre la situación actual de la investigación.


Amnistía Internacional también expresó preocupación por las nuevas denuncias de malos tratos recibidas durante el periodo de revisión. Por ejemplo, según informes, Eldar Afrail oglu Shirinov sufrió golpes y malos tratos tras ser detenido como sospechoso de asesinato el 8 de noviembre de 1996. El caso no se conoció hasta el mes de mayo, cuando la prensa informó de que el detenido había escrito una carta de queja a un parlamentario.


Al parecer, Eldar Shrinov afirmaba en su carta que, aunque lo detuvieron el 8 de noviembre de 1996, estuvo recluido sin cargos durante nueve días en la Comisaría de Policía Núm. 28, en el distrito de Yasamalsky, Bakú, y no lo interrogaron oficialmente por primera vez hasta el 17 de noviembre. Aunque en principio lo interrogaron como testigo, ese mismo día lo acusaron formalmente de asesinato. Eldar Shirinov manifestó también que durante la investigación lo privaron de sueño y alimentos, y lo torturaron sistemáticamente. Al parecer, sufrió descargas eléctricas, lo colgaron cabeza abajo y lo golpearon en los pies, lo obligaron a sentarse sobre una botella mientras le presionaban en los hombros, haciendo que el cuello de la botella penetrara en el recto, y lo empaparon con agua fría.


Eldar Shirinov denunció como responsables de las torturas al jefe del departamento de investigación criminal de la Dirección General de la Policía de Yasamalsky (que, según alega, lo golpeó tan fuerte en la oreja que le provocó una perforación del tímpano) y a varios agentes de policía de la Comisaría Núm. 28.


Shirinov alegó también que el 5 de febrero lo llevaron desde la comisaría hasta una prisión de investigación, y que durante un examen médico realizado en ese centro, se le observaron varias lesiones, entre ellas hematomas, cicatrices, fracturas óseas, quemaduras tras las orejas consecuencia de las descargas eléctrias y daños en la articulación de la rodilla. Shirinov denunciaba asimismo que cuando comenzó a retractarse de su declaración, alegando que la había hecho bajo coacción, lo llevaron de regreso a la misma comisaría de policía, donde volvieron a torturarlo, tras lo cual trató de suicidarse cortándose las venas de las muñecas.


Apelando a los compromisos adquiridos por Azerbaiyán en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que realicen una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre esta y todas las denuncias de malos tratos y que las personas identificadas como responsables comparezcan ante los tribunales de justicia.



BÉLGICA


Presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en Somalia


En marzo y abril, la prensa publicó las denuncias de un ex paracaidista belga según las cuales miembros de las fuerzas armadas belgas pertenecientes a la fuerza especial multinacional que actuaba en Somalia en 1993 habían cometido violaciones de derechos humanos contra ciudadanos somalíes.


Las denuncias iban acompañadas de fotografías, una de las cuales mostraba a dos soldados uniformados balanceando a un niño somalí sobre una hoguera. Al parecer, el ex paracaidista afirmó que esta era una práctica habitual en el campamento de paracaidistas donde estuvo, cerca de Mogadiscio, y que, concretamente, al niño de la fotografía lo habían amenazado con quemarlo vivo.


El ex paracaidista también denunció, con el respaldo de algunas fotografías, que habían obligado a un niño somalí musulmán a beber agua con sal y, posiblemente, a comer carne de cerdo (prohibida para los musulmanes) hasta que vomitó, y que luego lo obligaron a comerse sus vómitos. Las fotografías mostraban también a un soldado orinando sobre el cuerpo exangüe de un hombre somalí tendido en el suelo, con un pie sobre el cuerpo del somalí, y a unos soldados sujetando a un hombre somalí por el pelo.


Asimismo, declaró que hacia el 23 de octubre de 1993, habían sorprendido a un niño robando comida y lo habían encerrado en un contenedor, con un calor sofocante, sin agua ni comida, durante dos días y dos noches; que no hicieron caso de sus gritos de angustia y que cuando abrieron el contenedor, el niño había muerto.


Al parecer, el ex paracaidista afirmó también que sufrió amenazas e intimidaciones cuando trató de protestar por estos actos.


Las autoridades militares abrieron inmediatamente investigaciones judiciales sobre estas denuncias, que desembocaron en el procesamiento, en junio, de dos ex paracaidistas por un tribunal militar, en relación con el trato infligido al niño somalí al que sostuvieron sobre una hoguera. El 30 de junio, el tribunal absolvió a ambos hombres de las acusaciones de golpes y agresión voluntarios con amenazas. Según informes, el fiscal militar, que había pedido una pena de un mes de prisión y una multa de 10.000 francos belgas para cada uno de los procesados, recurrió la sentencia.


El 8 de septiembre de 1997 está prevista la celebración ante un tribunal militar del juicio contra un sargento, en relación con la presunta alimentación por la fuerza de un niño somalí. Al parecer, ese mismo mes será juzgado también un brigada, aparentemente como sospechoso de haber matado al somalí sobre cuyo cadáver fue fotografiado orinando.


En una carta dirigida al ministro de Defensa el 1 de julio, Amnistía Internacional expresó su inquietud ante las denuncias y su satisfacción por la rápida apertura de las investigaciones judiciales. Pidió al ministro que cooperase con la organización, proporcionándole detalles precisos de la sentencia dictada el 30 de junio, y solicitó asimismo que se la informara del resultado final de las demás actuaciones judiciales indicadas anteriormente.


Tras la publicación de las denuncias y de las fotografías, el ministro de Defensa ordenó una amplia investigación administrativa, a cargo del general que dirige el Mando Operativo del Ejército de Tierra belga. En su carta, Amnistía Internacional pidió detalles sobre el alcance de la investigación y que se la informara de sus resultados. La organización también preguntó si se había previsto la posibilidad de abrir una investigación exhaustiva, al margen de la militar, sobre los presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por las tropas belgas en Somalia, a fin de garantizar un examen fehacientemente imparcial de los hechos, como exige la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), firmada por Bélgica, y los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (ONU).


El 8 de julio, el ministro de Defensa expuso ante el Parlamento algunas conclusiones de la investigación administrativa. Al parecer, el informe, que aún es confidencial cuando se redactan estas líneas, recomendaba mejorar la selección de los candidatos al ejército (el servicio militar obligatorio está abolido) y la formación de los soldados, lo que incluye facilitar más información sobre derecho humanitario. También indicaba la necesidad de abordar los retrasos excesivos en las actuaciones disciplinarias y el problema del abuso del alcohol en el ejército. El ministro de Defensa añadió que deseaba abrir una investigación independiente sobre el racismo en el ejército. En su carta de julio de 1997, Amnistía Internacional pidió también más información sobre varios juicios que al parecer se celebraron en 1994 y 1995 contra soldados procesados en relación con presuntas violaciones de derechos humanos en Somalia. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de una investigación sobre la conducta de las fuerzas belgas en Somalia, realizada en 1993 por una Comisión de Investigación integrada por tres oficiales del ejército y un asistente civil del ministro de Defensa. Los informes que ha recibido Amnistía Internacional incluían los siguientes datos:


∙ La absolución, en diciembre de 1994, de dos soldados acusados del homicidio involuntario de dos hombres somalíes, y de un tercer soldado acusado de provocar lesiones menores a una mujer somalí. Al parecer, las condenas han sido recurridas.


∙ Las sentencias dictadas en enero de 1995 en un juicio seguido contra tres soldados en relación con la muerte por disparos de dos hombres somalíes y con el presunto tráfico ilegal de armas y de marfil. Al parecer, uno de los soldados fue condenado a cinco años de prisón por la muerte de uno de los somalíes, y los tres fueron condenados al pago de sendas multas en relación con las acusaciones de tráfico de armas.


∙ La condena, en enero de 1995, de un soldado a una pena de tres meses de prisión y a otra de dos meses, ambas con suspensión de su cumplimiento, por propinar patadas y puñetazos a un prisionero somalí esposado y someterlo a descargas eléctricas, mientras estaba borracho, en su base, cerca de Kismayo, el 5 de mayo de 1993.


∙ El juicio, en octubre de 1995, a un grupo de 16 soldados acusados, en diferentes grados, de amenazar y maltratar a ciudadanos somalíes, sobre todo niños, en la primavera de 1993. Al parecer, los somalíes solían entrar en su campamento y robaban efectos personales y equipo militar.


Según informaciones publicadas en la prensa, se ha denunciado que los soldados, entre otros extremos:


∙ obligaron a dos niños a cavar lo que se les hizo creer eran sus propias tumbas y efectuaron disparos al aire;


∙ ataron a un niño a un camión y lo rociaron con agua fría cuando pidió agua;


∙ golpearon en el estómago a los prisioneros con las culatas de sus fusiles;


∙ se hicieron fotografías junto a un niño atado a un árbol a pleno sol;


∙ obligaron a los niños a caminar atados a una correa;


∙ profirieron insultos racistas contra los somalíes;


∙ mantuvieron a los niños esposados toda la noche, sin agua;


∙ suspendieron a los niños sobre un río lleno de cocodrilos;


∙ dispararon una bengala contra una prostituta.


Según informes, el 31 de octubre de 1995, un tribunal militar absolvió a nueve oficiales, suspendió el pronunciamiento respecto de otros seis y condenó a otro a ocho días de prisión, con suspensión del cumplimiento de la pena, por someter a dos niños a un simulacro de ejecución.


En su carta de julio, Amnistía Internacional pidió al ministro su cooperación para que la organización pueda determinar todo lo ocurrido en relación con estos casos, confirmando o corrigiendo las informaciones arriba reseñadas y proporcionando detalles precisos de las acusaciones y condenas impuestas por los tribunales de primera instancia. Amnistía Internacional solicitó también detalles de las condenas que se hubieran impuesto en grado de apelación, tanto en estos casos concretos como en cualquier otro caso sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas belgas en Somalia.



BIELORRUSIA


Nuevas denuncias de malos tratos policiales a manifestantes pacíficos


Durante el periodo de revisión, Amnistía Internacional siguió expresando ante el gobierno de Bielorrusia su preocupación por el uso sistemático de los malos tratos y del encarcelamiento de opositores del gobierno en huelgas y manifestaciones pacíficas. La organización siguió instando a las autoridades a que compensaran e indemnizaran legalmente a las víctimas de abusos policiales y a que informasen a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la prohibición de la tortura y los malos tratos en cualquier circunstancia, en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que Bielorrusia es parte como Estado sucesor de la URSS. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ni el gobierno ni el presidente de Bielorrusia han tomado medida alguna para poner fin a los malos tratos de manifestantes a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


En marzo, Amnistía Internacional expresó honda preocupación por los informes sobre la detención de cerca de un centenar de manifestantes en Bielorrusia, algunos de los cuales al parecer habían sufrido malos tratos a manos de la policía, tras una protesta pacífica, celebrada el 10 de marzo, contra las medidas del presidente Lukashenka para fortalecer los lazos con la Federación Rusa. Según los líderes de la oposición del Frente Popular Bielorruso (FPB), cien personas, numerosos adolescentes entre ellas, fueron detenidas después de la manifestación, en la que miles de personas marcharon por el centro de la capital, Minsk. Al parecer, la manifestación se convocó pese a que las autoridades locales habían prohibido todas las manifestaciones de más de 40 personas.


Según informes, varios manifestantes resultaron heridos cuando la policía impidió que la gente se dirigiera hacia la residencia del presidente. Uno de los dirigentes del FPB, Lyavon Barshchevski, informó en una conferencia de prensa que unos policías vestidos de civil lo habían golpeado y detenido después de la manifestación. Vyacheslav Sivchyk, secretario del FPB y ex preso de conciencia, declaró que uno de los manifestantes había estado 10 días en prisión, y que otros 100 podían ser condenados al pago de multas o a penas de hasta dos semanas de cárcel. Vladimir Statkevich, activista de la oposición que había participado en la manifestación, informó que unos policías vestidos de civil lo habían esposado y golpeado en la cabeza y el pecho.


Según los informes, tras una concentración contra el presidente Lukashenka, celebrada el 23 de marzo, la policía detuvo a entre 70 y 150 manifestantes. Entre ellos figuraban Gennady Karpenko, vicepresidente del Soviet Supremo de Bielorrusia, y el ex ministro del Interior Yuri Zakharenko, a quienes se acusó también de participar en una manifestación no autorizada.


También fue detenido Aleksandr Bondarev, tras participar en la manifestación del 23 de marzo, y acusado de «violencia contra el Estado»; al parecer, hay una fotografía en la que aparece Aleksandr Bondarev amenazando a un agente de policía con un palo. Las organizaciones bielorrusas de derechos humanos sostienen que Bondarev se estaba defendiendo de una agresión de la policía. En junio, Amnistía Internacional supo que Aleksandr Bondarev había sido excarcelado pendiente de juicio.


Las organizaciones bielorrusas de derechos humanos informaron también de que las manifestaciones que se celebraron en todo el país el 23 de marzo desembocaron en numerosas detenciones, encarcelamientos y multas. Al parecer, la policía detuvo a 30 personas tras una protesta organizada contra los planes de enviar a ciertos estudiantes para que realizaran el servicio comunitario en zonas de Bielorrusia afectadas por el accidente nuclear de Chernobil. Según informes, entre los detenidos había ancianos, así como niños y niñas. Las fuentes indican también que la policía detuvo a un niño de 10 años por llevar una cinta roja y blanca en la cabeza que recordaba la antigua bandera nacional, hoy prohibida.


En la ciudad de Kobrin, ocho niños en edad escolar fueron detenidos y acusados de organizar una reunión no autorizada el 23 de marzo. La policía irrumpió en una manifestación pacífica en la que un centenar de escolares protestaban por un plan de reducción de las vacaciones de primavera.


Posibles presos de conciencia


El 1 de mayo fue detenido Nikolay Statkevich, líder del Partido Democrático Social Bielorruso, de la oposición, tras participar en una concentración de protesta contra la política del presidente Lukashenka. Acusado de infringir un decreto del presidente Lukashenka que prohíbe las concentraciones no autorizadas de más de 40 personas, Nikolay Statkevich cumplió 10 días de cárcel, tras ser declarado culpable de asistir a reuniones no autorizadas por acudir a la manifestación del 23 de marzo.


El artista Gregory Kishko fue detenido el 23 de marzo tras una manifestación, y según informes, golpeado por la policía. Aunque fue puesto en libertad, lo volvieron a detener el 1 de abril, y permaneció en prisión hasta que a principios de julio fue excarcelado pendiente de juicio. Según informes, le han prohibido salir del país.


Según nuevos datos, el ciudadano ucraniano Andrey Sheptytskich está encarcelado en Bielorrusia desde el 26 de abril, tras participar en una manifestación en recuerdo de la catástrofe nuclear de Chernobil. Al parecer, se le acusa, en aplicación del artículo 86.3 del Código Penal bielorruso, de «organización o participación activa en acciones de grupo que violan el orden público». La pena máxima prevista es de cinco años de prisión.


La pena de muerte


Según informes, en mayo, el jefe del departamento del Ministerio de Justicia bielorruso que se ocupa de la aplicación de la pena de muerte y las ejecuciones, Vladimir Samusev, declaró que en 1996 se había condenado a muerte en Bielorrusia a 38 personas. Afirmó que se habían presentado peticiones de clemencia en 32 casos, y que el presidente Lukashenka las había denegado todas por la naturaleza de los delitos. Añadió que siete de las personas condenadas el pasado año tenían entre 21 y 25 años de edad. Amnistía Internacional teme que todas estas personas puedan haber sido ejecutadas, aunque no dispone de ninguna información oficial sobre el número de ejecuciones realizadas en Bielorrusia durante el periodo que se revisa.



BOSNIA Y HERZEGOVINA


Ninguna mejora real de los derechos humanos


En los primeros seis meses de 1997, no se ha producido ninguna mejora sustancial en la situación de los derechos humanos en el país. Siguieron recibiéndose informes diarios sobre violaciones de derechos humanos de miembros de minorías, como malos tratos y detenciones arbitrarias. Entre las víctimas había personas que habían permanecido en sus regiones de origen, así como otras que trataban de visitarlas o de regresar a ellas.


Amnistía Internacional pidió a todas las partes que cumplieran plenamente los aspectos civiles del acuerdo de paz de 1995. La organización ha pedido asimismo a la comunidad internacional que aumente la presión que ejerce sobre las partes para garantizar que las cuestiones relativas a la justicia y la verdad se aborden de forma adecuada.


Desplazados y refugiados: pocos regresos


En marzo, Amnistía Internacional publicó el informe titulado: Bosnia-Herzegovina: ¿«Quien vive en mi casa?» Obstáculos al regreso sin riesgos de refugiados y de personas desplazadas (Índice AI: EUR 63/01/97/s). El informe expone hasta qué punto las dificultades clave a las que se enfrentan las personas que desean regresar a sus casas se derivan de la escasa voluntad de las autoridades para permitir el regreso a las zonas que controlan de poblaciones minoritarias (algunas de las cuales eran mayoritarias antes de la guerra). La carencia de viviendas, la inexistencia de indemnizaciones por las casas deliberadamente destruidas y la competencia entre desplazados y retornados por las escasas viviendas disponibles constituyen asimismo problemas importantes. La impunidad de la que gozan muchos individuos sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos, y el hecho de que siga habiendo más de 20.000 personas «desaparecidas» son también factores que disuaden del regreso a refugiados y desplazados.


Las autoridades de la entidad serbo-bosnia de la República Srpska y de las zonas controladas por los bosnio-croatas de la entidad bosnia musulmana y bosnio-croata de la Federación de Bosnia y Herzegovina utilizaron la máxima energía para impedir los retornos. El informe de Amnistía Internacional exponía también las insuficiencias de la protección temporal que proporcionan a los refugiados procedentes de Bosnia y Herzegovina muchos países de Europa occidental, y recomendaba la no utilización de planes de protección temporales para negar a los solicitantes de asilo el acceso a una determinación sobre el fondo de su petición individual de protección.


La policía mata a tiros y golpea a bosnios que visitaban Mostar occidental


El 10 de febrero de 1997, varios cientos de bosnios encabezados por líderes políticos y religiosos locales se dirigieron desde Mostar oriental a la zona occidental de la ciudad (Bosnia y Herzegovina) para visitar las tumbas musulmanas con motivo del final de la fiesta religiosa del Bajram (la ciudad de Mostar está dividida de hecho en una zona occidental controlada por los bosnio-croatas, y otra oriental controlada por los bosnios musulmanes). La policía bosnio-croata trató al principio de detener la marcha alegando que los participantes podían entrar en conflicto con un grupo de bosnio-croatas congregados para una fiesta religiosa católica, a pesar de que la ruta de la manifestación no pasaba cerca de la reunión católica. Después, cuando los manifestantes se aproximaban al cementerio musulmán, la policía comenzó a golpearlos y siguió haciéndolo cuando se retiraban. Algunos agentes policiales sacaron sus pistolas y dispararon al aire. Al menos dos de ellos dispararon contra la multitud. Un manifestante bosnio, Šefik Sulejmanović, murió, y otros 20 resultaron heridos. La policía bosnio-croata declaró después que algunos de los manifestantes bosnios habían comenzado a tirarles piedras, pero un informe de la Fuerza Especial de Policía Internacional de la ONU (IPTF), basado en las declaraciones de sus propios observadores y de otras fuentes imparciales, como los miembros de la Fuerza de Estabilización de la OTAN (SFOR), no corroboró la existencia de heridos entre los policías y sostuvo, en cambio, la responsabilidad de las autoridades bosnio-croatas respecto de la muerte y de las heridas producidas a los manifestantes.


Tras la presión diplomática de las misiones internacionales y diplomáticas en Bosnia y Herzegovina, la policía bosnio-croata acusó a tres agentes de policía de delitos menores. Sin embargo, no se ha acusado a nadie de la muerte de Šefik Sulejmanović, ni de disparar y golpear a otros bosnios.


Amnistía Internacional considera que los sucesos del 10 de febrero formaban parte de una política deliberada de las autoridades bosnio-croatas para impedir el regreso de bosnios a Mostar occidental y a otras zonas bajo su control.


Nombramiento de un nuevo Alto Representante


En junio, Carlos Westerndorp sucedió a Carl Bildt como Alto Representante en Bosnia y Herzegovina. Con tal motivo, Amnistía Internacional hizo público el documento titulado Bosnia y Herzegovina: De las promesas a la realidad: programa para la comunidad internacional y el nuevo Alto Representante (Índice AI: EUR 63/10/97/s). El documento exponía las preocupaciones de la organización ante la inacción a la hora de abordar las cuestiones relativas a la impunidad y a los «desaparecidos», así como la necesidad de una supervisión efectiva de la situación de los derechos humanos por organizaciones internacionales. Amnistía Internacional pidió al nuevo Alto Representante que afirmara su liderazgo y desarrollase un plan a largo plazo para la mejora sostenida de la situación de los derechos humanos, haciendo hincapié en dotar de facultades a las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales.


«Desaparecidos»: la Cámara de Derechos Humanos celebra su primera vista


La Cámara de Derechos Humanos, una de las instituciones nacionales de derechos humanos creadas en virtud del acuerdo de paz, celebró su primera vista en febrero, estudiando el caso del sacerdote católico Tomislav Matanović y sus padres (véanse los Índices AI: EUR 01/01/96/s, EUR 01/02/96 y EUR 63/02/97/s), detenidos por la policía serbo-bosnia en septiembre de 1995 y de quienes no se ha vuelto a saber nada desde entonces. Sin embargo, cuando se redactan estas líneas, la Cámara no ha dictado aún una resolución sobre el caso, y no hay noticias de que las autoridades de la República Srpska hayan facilitado antes de la vista ninguna información consistente sobre la suerte de los Matanović.


En Bosnia y Herzegovina hay aproximadamente 20.000 personas en paradero desconocido, muchas de las cuales «desaparecieron», como los Matanović, a manos de las fuerzas de seguridad o de fuerzas extragubernamentales. Los limitados intercambios de información producidos entre las partes y las exhumaciones realizadas en 1996 y 1997 sólo han resuelto el paradero de unas 1.200 personas. Las exhumaciones de fosas comunes y la recogida de restos en la superficie en la zona de Srebenica culminaron en la recuperación de los restos de unas 800 personas, muchas de las cuales fueron probablemente víctimas de matanzas.


El Tribunal Penal Internacional declara culpable y condena a Dušan Tadić


En mayo, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia declaró a Dušan Tadić culpable de 11 de los 31 cargos por delitos de guerra y crímenes contra la humanidad de los que estaba acusado. El tribunal resolvió que no había pruebas suficientes para declararlo culpable de otros delitos, como la muerte de presos bosnios en el campo de Omarska en 1992, y absolvió al procesado de otros cargos por infracciones graves de los Convenios de Ginebra, aplicables a los conflictos armados internacionales, por estimar que el conflicto no era todavía internacional cuando se cometieron. En julio, el acusado fue condenado a 20 años de prisión. Tanto la defensa como la acusación han recurrido contra la sentencia.


En abril se inició el juicio seguido contra tres bosnios y un bosnio-croata, acusados de la muerte, malos tratos y violación de varias detenidas serbo-bosnias en 1992. En junio se inició el juicio contra Tihomir Blaškić, comandante del ejército bosnio-croata (HVO), acusado de ordenar la matanza de bosnios en Bosnia central.


Amnistía Internacional siguió expresando su preocupación ante la falta de voluntad política para detener a otras personas encausadas por el Tribunal.


Condena de «los siete de Zvornik» en un juicio sin garantías


El 24 de abril, tras un juicio celebrado sin las mínimas garantías, un tribunal de la República Srpska condenó a tres bosnios a sendas penas de 20 años de prisión y a otros cuatro a un año de prisión cada uno, por el asesinato de cuatro serbo-bosnios. Los encausados habían sido detenidos en mayo de 1996 y golpeados durante el interrogatorio; dos de ellos carecían de abogado defensor, al no permitir las autoridades de la República Srpska que los defendieran abogados procedentes de la Federación de Bosnia y Herzegovina. En el juicio, los abogados de la República Srpska nombrados por el tribunal sólo hablaron brevemente en defensa de los procesados.


Éstos se habían rendido a los soldados de las fuerzas para el mantenimiento de la paz de la IFOR/SFOR, de la ONU. Como estaban armados, los soldados de la IFOR los entregaron inmediatamente a las autoridades de la República Srpska, tal como establece el Acuerdo de Paz. Sin embargo, no obtuvieron garantías de que recibirían un trato adecuado y de que serían juzgados como establecen las normas internacionales sobre imparcialidad.



BULGARIA


Preso de conciencia


En abril se puso en libertad a Dian Yankov Dimitrov, objetor de conciencia al servicio militar encarcelado por evadir dicho servicio en septiembre de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Según informes, las autoridades militares locales le habían advertido de que sería condenado a una pena de cárcel aún más larga si volvía a hacer caso omiso de la orden de reclutamiento. A Dian Yankov Dimitrov, testigo de Jehová cuyas creencias religiosas le prohíben llevar armas y cumplir el servicio militar, se le ha ordenado que acuda en septiembre a la orden de llamamiento a filas. En Bulgaria aún no existe una ley sobre el servicio alternativo, aunque el derecho a este servicio está reconocido por la constitución búlgara.


Trato cruel, inhumano y degradante en una residencia para niños con deficiencias mentales


Entre el 31 de enero y el 27 de febrero, seis niños y un joven de 18 años internados en una Residencia para Niños con Deficiencias Mentales en Dzhurkovo murieron de desnutrición e hipotermia. Más de 80 niños de esta institución estatal ubicada en una remota zona montañosa habían sido abandonados sin alimento ni calefacción adecuados. La residencia no disponía entre su personal de un médico cualificado, ni tampoco había ninguno en la vecindad. Amnistía Internacional considera que el descuido extremo sufrido por quienes están al cuidado de funcionarios que actúan en el ejercicio de sus deberes constituye un trato cruel, inhumano o degradante. La organización expresó su preocupación al gobierno búlgaro porque éste había incumplido las obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y no había impedido tales tratos crueles, inhumanos y degradantes; además, Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la muerte de los siete internos de la residencia de Dzhurkovo. En el momento de publicarse este informe, no se había recibido ninguna respuesta del gobierno búlgaro.


Uso ilegítimo de armas de fuego y malos tratos por parte de la policía


En febrero, Amnistía Internacional escribió a Petar Stoyanov, presidente de Bulgaria, para expresarle su preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos cometidas en ese país. La organización llamó la atención del presidente sobre seis incidentes de disparos ilegítimos efectuados por la policía en los que al menos tres personas resultaron muertas, y sobre cinco casos de presuntas torturas y malos tratos cometidos por agentes de policía contra ocho personas, dos de las cuales murieron en circunstancias poco claras. Amnistía Internacional instó al presidente búlgaro a garantizar que las investigaciones sobre estos sucesos se llevaban a cabo de forma inmediata e imparcial, tal como exige el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; también le instó a garantizar que las conclusiones se harían públicas y que los responsables de violaciones de derechos humanos comparecerían ante la justicia.


Según un artículo publicado el 30 de diciembre de 1996 en Standart, un diario búlgaro, en una fecha no especificada a una patrulla policial de Plovdiv se le encargó que investigara un suceso ocurrido en una tienda cuya alarma de seguridad se había desactivado. Según informes, en las proximidades de la tienda los agentes observaron a dos hombres que cargaban bolsas y quisieron examinarlas, pero los sospechosos echaron a correr. Los agentes abrieron fuego contra ellos e hirieron a uno, que aún así consiguió escapar. Más tarde, ese hombre fue encontrado muerto en un patio donde, al parecer, trató de esconderse, pero falleció desangrado.


El 6 de enero de 1997, en Voditsa, hacia las 6:20 de la tarde, Stefan Stanev, de 50 años, fue detenido como presunto autor del robo de una caja fuerte y una máquina de café de un bar de un pueblo. Fue llevado a la comisaría de policía de Popovo. Según una declaración de la Policía Nacional, poco después de su detención Stefan Stanev fue examinado por un médico quien, según informes, no detectó «ningún problema grave de salud»; a continuación Stefan Stanev fue llevado a una celda oscura. A la 1:30 de la madrugada, el agente de servicio lo encontró muerto. Según informes, dos días más tarde el director de la Policía de Trgovishte declaró que la autopsia practicada había determinado como causa de la muerte una hemorragia interna provocada por la fractura de tres costillas que habían perforado los pulmones. También declaró que una investigación había dictaminado que Stefan Stanev no había recibido malos tratos por parte de la policía de Popovo y que había sufrido la fractura de las costillas en el momento de la detención, cuando uno de los agentes recurrió al uso de la fuerza para inmovilizarlo. Otro agente de policía y el alcalde del pueblo estaban presentes en el momento de la detención.


El 11 de enero de 1997, hacia las 2:30 de la madrugada, frente a la Asamblea Nacional en Sofía, varios centenares de agentes de policía arremetieron contra una multitud de manifestantes y golpearon indiscriminadamente con porras a todos los sospechosos de participar en las manifestaciones; muchos de los manifestantes tomaban parte en la protesta de manera pacífica. Más de 200 personas fueron atendidas en hospitales por las heridas causadas por los golpes, y al menos 11 personas fueron hospitalizadas y recibieron tratamiento durante varios días.


En el momento de publicarse este informe, Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta de las autoridades búlgaras sobre los resultados de las investigaciones acerca de este suceso.


Amnistía Internacional continuó recibiendo informes similares sobres violaciones de derechos humanos tras las elecciones parlamentarias de abril y el nombramiento de un nuevo gobierno búlgaro en mayo.


En Sofía, el 27 de junio de 1997, hacia las 11:40 de la noche, varios agentes de policía enmascarados pertenecientes a la unidad de fuerzas especiales de la 4ª comisaría de policía irrumpieron en la discoteca Neron-2, en la que había unas 3.000 personas. Según informes, poco antes de la acción policial hubo un corte de electricidad. Los agentes, armados con rifles automáticos y pistolas, ordenaron a todos que se tumbaran en el suelo y, a continuación, empezaron a comprobar los documentos de identidad. Uno de los camareros recordó haber oído disparos mientras permanecía tumbado. Otros testigos declararon que algunos agentes habían golpeado a uno de los porteros mientras le preguntaban dónde estaba el interruptor principal de electricidad. Los policías golpearon y dieron patadas a otros empleados del local, tres de los cuales fueron más tarde llevados a un hospital para ser atendidos. Los clientes que no pudieron enseñar sus documentos con la suficiente rapidez también recibieron golpes y patadas. Según Georgi Mladenov, popular jugador de baloncesto búlgaro que se encontraba en la discoteca durante la redada, los policías «patearon brutalmente a la gente mientras trataba de sacar los pasaportes del bolsillo».

La Fiscalía del Distrito de Sofía informó el 9 de julio de que había recibido 51 denuncias en relación con los malos tratos de la policía en la discoteca Neron-2.


El 30 de junio de 1997, cuatro agentes de policía que se encontraban fuera de servicio fueron a Biblioteka, otro conocido club de Sofía. Según una declaración oficial hecha pública posteriormente por el Ministerio del Interior, los cuatro se emborracharon en el club y empezaron una pelea con otros clientes. Al final, uno de los agentes sacó su pistola, momento en el que varios guardias de seguridad intervinieron y se hicieron con el arma. La noche siguiente, un grupo compuesto por entre 15 y 20 agentes de la unidad de fuerzas especiales irrumpió en el club, sacó fuera a los guardias de seguridad y los golpeó. Algunos de los agentes efectuaron disparos al aire mientras gritaban: «A ver a quién pegáis». Después de la paliza, tres de los guardias fueron llevados al hospital.


Véase también Mujeres en Europa, página 102.


Malos tratos contra romaníes


Los informes de malos tratos contra la comunidad romaní por parte de agentes de policía en la región de Montana ilustran una pauta de malos tratos vigente en todo el país que, con frecuencia, parece estar motivada por los orígenes étnicos de la víctima. A Amnistía Internacional le preocupa que la impunidad de la policía, que impera gracias a que, de forma sistemática, las autoridades búlgaras eluden el investigar de manera inmediata e imparcial tales sucesos, ponga a la comunidad étnica más vulnerable de Bulgaria en un peligro todavía mayor de sufrir agresiones de carácter racista.


El 12 de febrero, en el pueblo de Cherni Vrh, Dimitar Borisov Iliev fue llamado a la oficina del alcalde. Era sospechoso de haber robado cierta cantidad de cereal, pero una investigación preliminar abierta contra él se suspendió por falta de pruebas. Estuvo retenido entre las 3:30 y las 9 de la tarde y durante ese tiempo el agente G. le dio golpes por todo el cuerpo. Un certificado médico describía las contusiones que Dimitar Iliev había sufrido a consecuencia de los malos tratos. El 3 de mayo, el agente M. llevó a Plamen Dimitrov Borisov, de 16 años e hijo de Iliev a la oficina del alcalde, donde se le ordenó que permaneciera de pie contra la pared con las manos levantadas. Según informes, el agente agarró al muchacho por la garganta y le dió patadas en las pantorrillas. Viktoria Ilieva llevó a su hijo a Vulchedrom para que fuera examinado por un médico, el cual, según los informes, se negó a expedir un certificado sobre sus heridas. El 8 de mayo, en presencia del alcalde del pueblo, el agente G. amenazó a Viktoria Ilieva: «Escucha, tienes un mes para vender la casa y marcharte del pueblo. Si no, te enviaré a unos “luchadores” para que se ocupen de ti». Hay unas 20 familias romaníes en Cherni Vrh y, de acuerdo con los informes, muchos otros miembros de esta etnia han sido golpeados por los mismos agentes, pero no se han atrevido a denunciar los hechos.


El 14 de abril, en Vulchedrom, otro pueblo de la misma región, hacia las 9 de la mañana, Darina Naidenova Pacheva fue a la comisaría de policía, donde la interrogaron acerca del robo de unas gallinas. Según los informes, la golpearon en las manos con una porra y la obligaron a arrodillarse sobre un taburete para golpearla en las plantas de los pies. Según los informes, mientras la agarraba del pelo, el agente M. le dijo: «Acabaré con todos vosotros, gitanos». Después la golpeó en el hombro izquierdo y dos veces en la cabeza. Por la tarde le permitieron abandonar la comisaría cuando un agente más joven se aseguró de que estaba lo bastante bien para irse a casa por sus propios medios. Más tarde, ella se dirigió a casa de su hija, en Kozloduy, donde obtuvo un certificado médico en el que se describían las heridas que había sufrido en el hombro, las manos y las plantas de los pies.


Para examinar éste y otros informes de malos tratos por parte de la policía en la región, Proyecto de Derechos Humanos, una organización no gubernamental local, organizó una reunión pública con las autoridades de Montana el 4 de junio. Un representante de Amnistía Internacional que participó en los debates instó a la Dirección de la Policía Regional a apartar del servicio a los dos agentes que, según los informes, estaban con más frecuencia implicados en incidentes de malos tratos, en tanto se llevaba a cabo una investigación completa e imparcial.


Más tarde, Amnistía Internacional recibió un informe según el cual, al día siguiente, en Vulchedrom, Danail Nedkov Mladenov, romaní de 23 años, había sido llevado por los agentes M. e Y. a la comisaría de policía local, donde según se informó, fue golpeado por cuatro agentes que lo interrogaron sobre el robo de una cabra y un cerdo. Los agentes le ordenaron que se arrodillara sobre una banqueta y, de acuerdo con los informes, le golpearon en las plantas de los pies con una porra de goma. También le obligaron a extender las manos y le golpearon con la porra en las palmas. Hacia las 6 de la tarde, Danail Nedkov firmó una declaración en la que «confesaba» ser el autor del robo. Cuando le dijo al agente M. M. que presentaría una denuncia, según parece, el agente respondió: «¿Qué consiguió Darina con su denuncia?» El 6 de junio se expidió un certificado médico en el que se describían contusiones en los glúteos y en las plantas de los pies de Danail, lo cual coincidía con sus denuncias de malos tratos.


En julio, Amnistía Internacional pidió a las autoridades búlgaras que llevaran a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los recientes incidentes de malos tratos a romaníes en la región de Montana, que hicieran públicos los resultados y que pusieran en manos de la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.



CHIPRE


Captación de apoyos para la despenalización de la homosexualidad


En mayo, Amnistía Internacional pidió a todos los diputados de la Cámara de Representantes de Chipre que apoyaran la abolición de la ley que prohíbe las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre varones adultos en privado.


En 1993, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había declarado que esa ley constituía una violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Chipre es Estado Parte. Dicho artículo dispone que todas las personas tienen derecho a que se respete su vida privada y familiar. Aunque recientemente no se ha producido ningún procesamiento con arreglo a esta ley, el Tribunal Europeo opinaba que no existían garantías de que un futuro fiscal general no emprendiera acciones para aplicarla.


El debate en la Cámara de Representantes sobre la derogación o reforma de la ley al objeto de cumplir el fallo del Tribunal Europeo estaba previsto para mayo, pero el asunto se remitió a un comité de la Cámara y, en el momento de redactarse este informe, no se habían producido avances al respecto.



CROACIA


Ataques contra serbocroatas cerca de Kostajnica


El 13 de mayo, un grupo de 10 personas desplazadas, la mayoría de ellas serbocroatas, regresó a sus domicilios cerca de Hrvatska Kostajnica, en el Sector Norte (también conocido como Krajina) de la antigua zona protegida de las Naciones Unidas. Casi toda la población local serbocroata había huido cuando el ejército croata se hizo con el control de la zona en agosto de 1995. Desde entonces, un alto número de refugiados bosniocroatas había ocupado las casas de los serbocroatas en la zona, pero muy pocos de éstos últimos habían regresado. Los desplazados que regresaron habían vivido en Eslavonia Oriental, la última zona que aún permanecía bajo el control de los rebeldes serbios.


Pocas horas después de que llegaran los desplazados, una multitud de unos 150 refugiados bosniocroatas que vivían en la zona empezaron a atacar a miembros de la población serbocroata (así como a croatas que habían permanecido en la zona durante su ocupación por fuerzas serbias y a personas que formaban parte de matrimonios mixtos). Los atacantes estaban armados con palos y bastones; algunos llevaban armas de fuego.


Desde el 13 de mayo y durante los días siguientes, las casas de los serbocroatas fueron sistemáticamente identificadas, saqueadas y sus ocupantes agredidos. Decenas de personas recibieron palizas, algunas de ellas muy graves. Una de las víctimas, el croata Mirko Knežević, de 60 años, que había permanecido allí durante el período de control serbio, murió en el hospital, al parecer a consecuencia de la paliza que le propinaron cuatro hombres el 20 de mayo.


Entre el resto de las presuntas víctimas se encontraban Jovanka Relić, de 61 años, que está confinada en una silla de ruedas, y su esposo, Milan, que intentó protegerla cuando fueron golpeados en el pueblo de Knezovljani el 14 de mayo. Algunas de las víctimas también sufrieron humillaciones y fueron tratadas con brutalidad. A una mujer de unos 50 años le pusieron una cuerda en torno al cuello, la arrastraron alrededor de su casa y la golpearon por todo el cuerpo. Al parecer, a unos niños les animaron a arrojarle huevos.


La policía local (así como la policía militar y algunos soldados que, según los informes, estaban presentes) no facilitó a las víctimas la protección adecuada. Una organización nacional de derechos humanos, el Comité Croata de Helsinki para los Derechos Humanos (HHO), informó de que en muchos casos la policía se mantuvo al margen mientras se producían los ataques. Según informes, la policía manifestó que carecía de recursos suficientes para controlar a las multitudes.


Además, cuatro hombres que, al parecer, habían sido víctimas de los ataques y no sus autores, fueron detenidos por la policía y, según parece, tres de ellos fueron maltratados bajo custodia.


Las autoridades nacionales y locales trataron de justificar, abiertamente o en parte, las acciones de los atacantes. Las autoridades locales dieron la impresión de que aprobaban las agresiones cuando manifestaron que los serbios habían provocado verbalmente a los atacantes y que su regreso a la zona era inaceptable.


En junio, las autoridades informaron a Amnistía Internacional de que se habían iniciado acciones legales contra 10 personas en relación con los sucesos ocurridos en las proximidades de Kostajnica. En los informes de prensa se dijo que estas personas habían sido acusadas de «participar en una reunión que llevó a cabo un acto delictivo». Sin embargo, los informes sobre lo ocurrido indicaban que los testigos podían identificar a los responsables de ataques concretos. Por ejemplo, según los informes, al menos uno de los que agredió a Mirko Knežević había sido identificado por la policía.


Además de los incidentes de Kostajnica, hubo muchos otros casos de agresiones físicas contra serbocroatas en la Krajina. Por ejemplo, en abril una bomba trampa hizo explosión y mató a un hombre de 58 años cuando éste removió una pila de heno en su granja, cerca de Udbina. Este hombre, el más joven de los que quedaban en el pueblo, había regresado en septiembre de 1996 de la República Federativa de Yugoslavia. En la misma zona y en ese mismo mes, un hombre de 67 años resultó herido al mover una botella que contenía una bomba trampa en un campo cercano a su casa, y una mujer resultó herida de gravedad al estallar unos explosivos colocados bajo una tabla en su jardín.


Personas desplazadas y refugiados: pocos regresos


El número de desplazados o refugiados que pudieron regresar a sus hogares fue bastante bajo, a pesar de la inminente transferencia de la autoridad de la región de Eslavonia Oriental por parte de la Autoridad Provisional de la ONUen Eslavonia Oriental, prevista para el 15 de julio. (En julio, la autoridad ejecutiva de este órgano se prorrogó hasta el 15 de octubre.)


Las autoridades croatas se mostraron poco dispuestas a favorecer el regreso de los desplazados y refugiados serbocroatas a sus casas, situadas principalmente en los Sectores Norte, Sur y Oeste de las antiguas zonas protegidas de las Naciones Unidas. La seguridad en estas zonas siguió siendo escasa, con constantes casos de hostigamiento contra la población serbocroata que aún quedaba, compuesta predominantemente por personas mayores (véanse los Índices de AI: EUR 01/01/97/s, EUR 01/02/96/s, EUR 01/01/96/s). Según parece, los incidentes de Kostajnica y de otros lugares formaron parte de una política llevada a cabo por las autoridades para oponerse al regreso de los serbocroatas.


Igualmente, más de 90.000 desplazados y refugiados croatas se sintieron hondamente frustrados por no poder regresar a Eslavonia Oriental debido al temor por su seguridad y por la de los serbocroatas de la región.


En abril, presionadas por la Autoridad Provisional de la ONU en Eslavonia Oriental de la ONU y por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las autoridades croatas llegaron a un acuerdo sobre un procedimiento formal para registrar y administrar el regreso de las personas desplazadas. Al crear grupos de trabajo conjuntos, el acuerdo permitía a las personas que pudieran estar interesadas en regresar hacer constar su intención de hacerlo, para que se determinara el estado de sus casas. A pesar de las quejas de las autoridades que afirmaban que los incidentes como el de Kostajnica se debían al incumplimiento de los procedimientos, Amnistía Internacional no recibió de las autoridades ningún compromiso de que existieran planes específicos para garantizar la integridad física de quienes regresaran a la Krajina. Tampoco en el propio acuerdo las autoridades ofrecían garantías respecto a la seguridad.


Además de las preocupaciones por su integridad física, los que regresaron y los que podrían hacerlo denunciaron otros obstáculos que, directa o indirectamente, las autoridades habían puesto en su camino. Un motivo importante de preocupación era la posibilidad de que los que regresaran no pudieran ocupar sus propiedades a causa de las leyes aprobadas en relación con la administración de propiedades «abandonadas». Estas leyes permitieron a muchos croatas, principalmente refugiados bosniocroatas, obtener el derecho a vivir en las casas de los serbocroatas. En algunos casos, parecía que las viviendas se habían asignado deliberadamente a familias de refugiados al saberse que el regreso de los propietarios era inminente.


Los serbios también denunciaron la discriminación existente en las leyes sobre los requisitos para poder recibir compensaciones y créditos para la reconstrucción de las casas.


Problemas planteados a periodistas y defensores de los derechos humanos


Amnistía Internacional siguió sintiendo preocupación por la situación de los activistas de derechos humanos y los periodistas independientes.


En abril, Vjekoslav Magaš, representante de HHO en Eslavonia Oriental, fue atacado por un agente de policía en Osijek. Aunque el agente estaba fuera de servicio en el momento del ataque, se identificó como agente de policía. Empezó a comportarse de forma amenazadora hacia Vjekoslav Magaš cuando vio su documento de identidad, que había sido expedido por la Autoridad Provisional de la ONU en Eslavonia Oriental. Según los informes, aunque Vjekoslav Magaš intentó evitar el enfrentamiento, el agente le golpeó en la espalda, le dio un puñetazo en la mandíbula y le lanzó piedras cuando trataba de alejarse. El Ministerio de Interior informó a HHO de que el agente era sospechoso de cometer una falta contra el orden público y de que se iban a iniciar procedimientos disciplinarios en su contra. Sin embargo, no parecía haber proporción entre la falta imputada y las circunstancias de la agresión contra Vjekoslav Magaš.


A Amnistía Internacional le seguía preocupando el hecho de que las autoridades no hubieran tomardo medidas suficientes para garantizar que los autores de otras agresiones contra defensores de derechos humanos fueran puestos a disposición de la justicia.


En mayo, un tribunal de Zagreb, la capital, falló en favor de una apelación interpuesta por el fiscal del Estado que revocaba la anterior absolución de Viktor Ivančić y Marinko Čulić, dos periodistas que habían sido exculpados del cargo de «calumniar» o «insultar» al presidente Franjo Tudjman en 1996 (véanse los Índices de AI: EUR 01/02/96/s y EUR 01/01/97/s). Se fijó un nuevo juicio, pero los acusados declararon que no participarían en él.


Exhumaciones de fosas comunes: identificación de Siniša Glavašević y otras personas


Durante la primera mitad de 1997 se identificaron aproximadamente 60 de los cadáveres que habían sido exhumados a finales de 1996 por un equipo que trabajaba para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la fosa común de Ovčara, cerca de Vukovar. Entre las víctimas identificadas se encontraban el periodista radiofónico Siniša Glavašević y el técnico Branko Polovina, cuyos casos habían sido destacados en anteriores acciones de Amnistía Internacional. Ellos y las demás víctimas se encontraban en el hospital de Vukovar cuando el Ejército Nacional Yugoslavo se hizo con su control en noviembre de 1991. Se creía que habían sido llevados a Ovčara y ejecutados extrajudicialmente.


Detención de un sospechoso inculpado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia


El 27 de junio, varios miembros de la Autoridad Provisional de la ONU en Eslavonia Oriental detuvieron al serbocroata Slavko Dokmanović y lo entregaron al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En 1996 había sido inculpado por este tribunal, pero el procedimiento había sido secreto y su nombre no se había hecho público. Los cargos contra él se relacionaban con la muerte de unos 260 hombres a quienes habían sacado del hospital de Vukovar en noviembre de 1991. Otros tres hombres, miembros del ejército yugoslavo y de quienes se cree que se encuentran en libertad en la República Federativa de Yugoslavia, han sido inculpados públicamente por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por el mismo incidente.



DINAMARCA


Denuncias de malos tratos (actualización de la información publicada en Índice AI: EUR 01/01/97/s)


En enero, el ministro de Justicia informó a Amnistía Internacional de que la investigación del fiscal regional del Estado sobre las denuncias de malos tratos por parte de agentes de policía en el momento de la detención de Veronica Ngozi Ugwuoha estaba todavía pendiente. El ministro informó también a Amnistía Internacional de que el Ministerio de Justicia no había «encontrado razones para emprender acciones contra los agentes de policía implicados» en el caso de Dung Chi Nguyen.


Informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa


En abril, el gobierno danés solicitó la publicación del informe realizado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura durante su visita a Dinamarca en 1996. Entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1996, este Comité visitó varios establecimientos policiales y cárceles del país y se reunió con autoridades locales y nacionales y con organizaciones no gubernamentales.

El informe del Comité expresaba su preocupación por cuestiones que Amnistía Internacional había planteado en los últimos años (véase Denmark: Police Ill-treatment, Índice AI: EUR 18/01/94; Denmark: Summary of Concerns, Índice AI: EUR 18/01/95; e Índice AI: EUR 01/01/97/s). El Comité recomendaba, entre otras cosas: (1) que se recuerde a la policía que al practicar una detención no debe emplearse más fuerza de la que razonablemente sea necesaria y que, una vez que las personas detenidas han sido puestas bajo control, no puede justificarse el hecho de que sean golpeadas por los agentes de policía; (2) que las autoridades vigilen la aplicación de grilletes a los detenidos para garantizar que en ningún momento son utilizados por la policía de una manera que suponga excederse en sus funciones (el uso de grilletes de barra fija se abolió tras la publicación del informe sobre Dinamarca elaborado por Amnistía Internacional en 1994); (3) que se den a la policía instrucciones en las que se exprese claramente que no es aceptable arrastrar a una persona esposada por las muñecas sin agarrarla adecuadamente por los brazos y los hombros; (4) que se reformen los reglamentos y la práctica para garantizar el pleno respeto a los derechos de los detenidos a acceder a un abogado desde el primer momento de la detención, a recibir asistencia médica y a notificar a sus familias el hecho y el lugar de la detención; (5) que se redacte una carta en la que se expongan los derechos de los detenidos, que dicha carta sea entregada a los detenidos en el mismo momento de la privación de libertad y que se establezca un código que regule la práctica de los interrogatorios policiales; (6) que se pongan en práctica medidas para garantizar que los detenidos recluidos en establecimientos policiales tienen acceso adecuado a instalaciones higiénicas y reciben alimento.


El Comité para la Prevención de la Tortura examinó los materiales relativos a las denuncias del uso inapropiado de perros policiales y solicitó una copia de una propuesta de revisión de las directrices sobre el uso de perros por parte de la policía. El Comité hizo también varias recomendaciones para que se limite de manera estricta el uso de la reclusión en régimen de aislamiento y para que se garantice la existencia de normas escritas sobre la reclusión en régimen de aislamiento ordenada por un juez. El Comité pidió que un juez examine periódica y exhaustivamente si un preso debe continuar en prisión preventiva, si debe continuar recluido en régimen de aislamiento o si deben imponérsele restricciones en relación con las visitas y la correspondencia. También recomendó que las autoridades permitan a las personas recluidas en régimen de aislamiento por orden judicial el acceso a actividades provechosas y a un contacto humano apropiado.


Examen por el Comité contra la Tortura de la ONU del tercer informe periódico de Dinamarca


En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU examinó el tercer informe periódico de Dinamarca en relación con su cumplimiento de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la Convención contra la Tortura). El Comité recomendó que el gobierno danés: (1) considere incorporar a su legislación nacional la Convención contra la Tortura, como había hecho con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; (2) garantice que la tortura, tal como se define en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, se convierte, en la legislación danesa, en un delito diferenciado; (3) erradique el uso de la reclusión en régimen de aislamiento, especialmente durante la detención preventiva, salvo en circunstancias excepcionales en las que estén en peligro la seguridad de personas o bienes, o al menos que introduzca leyes que regulen de forma estricta y específica el uso de este tipo de reclusión, incluida su duración, e introduzca normas que dispongan la supervisión judicial de la reclusión en régimen de aislamiento; (4) reconsidere los métodos utilizados por la policía en su trato a los detenidos o durante el control de multitudes; (5) garantice que las denuncias de malos tratos presentadas por los detenidos son examinadas por órganos independientes.


Muchas de estas cuestiones, incluidas la de la utilización de la reclusión en régimen de aislamiento y el uso de perros por la policía en el control de multitudes, habían sido planteadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s).



ESPAÑA


Presuntas torturas y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


De acuerdo con las declaraciones formuladas por el joven de 17 años Iván González Polanco y por su hermano Daniel, Iván González iba en su motocicleta Vespino por el centro de Badajoz el 15 de enero por la tarde cuando un agente de la Policía Local le hizo señales de que parara. Iván comenzó a frenar y apagó el motor, dirigiéndose lentamente hacia donde se encontraba el policía. Entonces éste, reprendiéndole por no haber detenido el vehículo totalmente, le dio un empujón y le tiró al suelo. Tras una discusión, el agente le obligó violentamente a entrar en un coche de policía donde, al parecer, le golpearon y le partieron la nariz. Iván fue escoltado hasta el Hospital Provincial y, más tarde, al Hospital Regional, donde él y sus familiares fueron informados de que las heridas eran graves y requerían una intervención quirúrgica urgente. El hospital emitió un informe médico que confirmaba que tenía fracturada la nariz y el tabique nasal desviado hacia el lado izquierdo de la cara. A continuación, le trasladaron a una comisaría de policía donde permaneció recluido toda la noche.


Según la versión de la policía, Iván González conducía demasiado deprisa y resultó herido al chocar contra el brazo del agente, extendido en señal de "Stop", y que en la colisión también resultó lesionado este último. Sin embargo, dos testigos presenciales independientes declararon, según los informes, que los hechos no se desarrollaron de esta manera y que Iván González no sufría herida alguna antes de subir al coche de policía.


La familia de Iván González afirmó que, mientras Iván González permaneció detenido en la comisaría, intentaron presentar una denuncia formal contra el agente de policía, pero que no se lo permitieron. Pidieron que el agente de policía y su colega fueran sometidos a la prueba de la alcoholemia, petición que fue también denegada. La familia se vio obligada a presentar la denuncia en un juzgado el 17 de enero. Para entonces, el agente de policía ya había presentado, al parecer, su propia denuncia contra Iván González por las lesiones que, según su versión de los hechos, sufrió como consecuencia de la supuesta colisión.


Amnistía Internacional instó a que se iniciara con prontitud una investigación exhaustiva de las denuncias formuladas por Iván González y su familia, así como por el agente de policía.


Asimismo, la organización solicitó información a las autoridades sobre las presuntas torturas sufridas por Fernando Elejalde Tapia en el trascurso de un interrogatorio. El 11 de marzo, dos miembros del grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA; Patria Vasca y Libertad), dio muerte a Javier Gómez Elósegui, psicólogo de la prisión vasca de Martutene, en San Sebastián (véase más abajo el apartado Abusos contra los derechos humanos cometidos por el grupo armado vasco ETA ). Tras una corta persecución, tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía arrestaron a Fernando Elejalde Tapia, autor del disparo que causó la muerte a Javier Gómez Elósegui. El detenido fue trasladado a una comisaría para ser sometido a interrogatorio, donde quedó recluido en aplicación de la ley antiterrorista, que permite prolongar la detención en régimen de incomunicación hasta un máximo de cinco días.


El 13 de marzo, dos días después de su detención, la policía trasladó a Fernando Elejalde al hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Tenía un tímpano perforado, cuatro vértebras rotas, hematomas por todo el cuerpo, los ojos amoratados, una disfunción renal y se encontraba en estado de seminconsciencia.


Amnistía Internacional expresó su preocupación porque las lesiones de Fernando Elejalde pudieran ser el resultado de torturas sufridas durante el interrogatorio policial, y pidió que se abriera una investigación judicial completa y que sus resultados se hicieran públicos lo antes posible.


Una investigación ordenada por el Ministerio del Interior concluyó que, contrariamente a las declaraciones de Fernando Elejalde, no se produjeron ni torturas ni malos tratos mientras permaneció bajo custodia policial, y que las lesiones que sufría fueron el resultado de una colisión contra un coche durante la persecución, así como de las circunstancias en las que se produjo su arresto, ya que se resistió violentamente cuando la policía procedió a detenerlo. No obstante, el ministro del Interior aceptó la dimisión del gobernador civil y destituyó al comisario jefe de policía de San Sebastián por no informar al gobierno de que Fernando Elejalde había resultado gravemente herido en el transcurso de su detención, y por no asegurarse de que Fernando Elejalde era trasladado al hospital en menos tiempo. En San Sebastián se abrió una investigación judicial en relación con las denuncias de posibles torturas, investigación que seguía en curso en el mes de junio.


En el mes de marzo, un Tribunal de Madrid sentenció a cuatro agentes de la Policía Nacional a una pena de tres meses de arresto mayor y a un año de suspensión del servicio por torturar a Enrique Erreguerena en septiembre de 1982. Enrique Erreguerena deberá recibir una compensación de un millón de pesetas. Los agentes quedaron absueltos de los cargos de detener ilegalmente a la víctima y de negarle sus derechos.


Enrique Erreguerena fue detenido en relación con unas investigaciones sobre actividades de ETA y permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 10 días en Pamplona y Madrid, en aplicación de la ley antiterrorista vigente en el año 1982. Cuando compareció ante la Audiencia Nacional en octubre de 1982, el juez ordenó que le trasladaran inmediatamente al hospital. Más tarde, Enrique se quejó de que le habían golpeado, le habían sumergido en una bañera hasta casi ahogarlo y le habían aplicado descargas eléctricas en el pene. En 1993, unos 11 años después de estos hechos, seis agentes de policía fueron acusados de torturar a Enrique Erreguerena. Sin embargo, el juicio fue aplazado en numerosas ocasiones por motivos muy diversos, como por ejemplo la ausencia de uno de los acusados por un permiso de vacaciones (véase Índice AI: EUR 41/07/96/s).


Abusos contra los derechos humanos cometidos por el grupo armado vasco ETA


ETA siguió cometiendo abusos contra los derechos humanos, tales como atentados contra las fuerzas de seguridad y contra civiles. A principios del mes de julio, se le atribuyó la autoría de 10 muertes durante 1997, lo cual supone un aumento considerable con respecto a 1996, en el que ETA dio muerte a cinco personas. En declaraciones públicas, Amnistía Internacional reiteró su condena sin reservas de los homicidios deliberados y arbitrarios, así como de los secuestros llevados a cabo por ETA, actos que conculcan las normas humanitarias internacionales. La organización siguió instando a la liberación inmediata y sin condiciones de José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux, secuestrados por el grupo armado. (Véase Índice AI: EUR 01/01/97/s)


José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, fue secuestrado en la ciudad de Burgos en enero de 1996. Al reivindicar la autoría del secuestro, ETA declaró que este acto era una respuesta a la política de dispersión de los aproximadamente 500 presos vascos en centros penitenciarios repartidos por toda España. En su comunicado, ETA pedía a las autoridades españolas que abandonaran lo que la organización definía como estrategia de represión de los presos vascos, y afirmaba que, en caso contrario, se prepararían para hacer un «gesto equivalente». El comunicado señalaba más adelante que los funcionarios de prisiones dejarían de ser objetivo de sus actos.


El 1 de julio de 1997, un grupo de guardias civiles descubrieron a José Antonio Ortega Lara en una celda escondida bajo tierra dentro de una nave abandonada. José Antonio Ortega Lara ha sido el rehén que ETA ha mantenido en cautiverio durante más tiempo: permaneció 532 días en una celda ubicada en una zona industrial cerca de Mondragon. Las condiciones de su detención fueron crueles e inhumanas. Permaneció recluido en una celda húmeda, mal ventilada, de tres metros de largo por 80 cms. de ancho y 1,8 m. de alto. En el momento de su liberación, Jose Antonio Ortega Lara había perdido 23 kilos de peso y sufría desnutrición, atrofia muscular y un deterioro de la visión.


Horas antes de que el funcionario de prisiones fuera rescatado, Cosme Delclaux, abogado e hijo de un importante industrial del País Vasco, fue encontrado atado a un árbol cerca de Elorrio tras una llamada anónima recibida por un periódico regional vasco. Se encontraba bajo los efectos de los sedantes que le habían administrado antes de su liberación. Según los informes, su familia pagó un importante rescate con el fin de conseguir su liberación, que se produjo al cabo de 232 días de secuestro.


Cosme Delclaux fue secuestrado en noviembre de 1996 cuando se dirigía a su casa después del trabajo. Su secuestro coincidió con una nueva campaña de ETA para recaudar fondos a través del denominado «impuesto revolucionario».


El 10 de julio de 1997, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del actual partido gobernante, el Partido Popular, en la localidad de Ermua. ETA emitió un comunicado en el que amenazaba con ejecutar al jóven de 29 años si el gobierno español no satisfacía sus demandas de trasladar a los 500 presos vascos a cárceles más próximas a sus casas.


El 11 de julio de 1997, en un llamamiento público que fue ampliamente difundido por todos los medios de comunicación nacionales, Amnistía Internacional instó a ETA a que liberara a su rehén inmediatamente y sin condiciones. La organización pidió a todas las personas con posibilidad de influir en los acontecimientos que hicieran todo lo que estuviera en su poder para salvar la vida de Miguel Ángel Blanco Garrido, e hizo un llamamiento a toda la sociedad para que se movilizara con el mismo fin. Amnistía Internacional afirmó que el asesinato de Miguel Ángel constituiría un ataque contra los principios básicos del derecho humanitario internacional.


El 12 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco fue hallado a las afueras de Lasarte por dos personas que se encontraban por los alrededores y habían oído disparos. Se le encontró en un estado crítico, con dos heridas de bala en la cabeza. Fue conducido inmediatamente al hospital de San Sebastián donde ingresó cadáver. Su muerte provocó una condena nacional e internacional sin precedentes. Por toda España se celebraron manifestaciones multitudinarias. En Madrid, tuvo lugar una manifestación de cerca de un millón y medio de personas, y en otras ciudades y localidades de todo el país se celebraron concentraciones similares.



ESTONIA


En marzo, Mart Siimann sustituyó a Tiit Vähi en el cargo de primer ministro. Ese mismo mes, su gobierno minoritario obtuvo la aprobación del presidente Lennart Meri.


La pena de muerte


En enero se informó de que un total de 14 presos estaban en espera de ejecución.


En marzo, el Tribunal del Estado de Estonia dictó la primera sentencia de cadena perpetua con arreglo a la nueva ley aprobada por el parlamento estonio (Riigikogu), compuesto por 101 escaños, en diciembre de 1996. Andrey Antonov había sido condenado a muerte en noviembre por el asesinato de cuatro personas, pero el Tribunal del Estado conmutó la sentencia. La nueva ley, que reformaba el código penal haciendo posible por primera vez la imposición de la cadena perpetua, había sido aprobada por el presidente Meri en enero.


Solicitantes de asilo


En febrero, el Parlamento estonio aprobó una ley sobre los refugiados.



FEDERACIÓN RUSA


Tortura y malos tratos (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/01/97/s)


El pasado mes de abril, Amnistía Internacional publicó el documento Torture in Russia: «This man-made Hell» (Índice AI: EUR 46/04/97), en el que se trataban casos de tortura y malos tratos sistemáticos y generalizados a presuntos delincuentes bajo custodia policial en toda la Federación Rusa. Estos casos incluían el aparente acoso a los miembros de minorías étnicas y los malos tratos y torturas relacionados con el conflicto de la República de Chechenia. El informe presentaba una serie de propuestas y recomendaciones dirigidas al gobierno ruso y a las autoridades chechenas para que impidieran la tortura, e incluía una recomendación específica al presidente Boris Yeltsin para que derogara los decretos que autorizan a los agentes encargados de hacer cumplir la ley a mantener a presuntos delincuentes en régimen de incomunicación hasta 30 días sin que se hayan formulado cargos contra ellos.


El 10 de abril, varios miembros de los principales grupos rusos de defensa de los derechos humanos organizaron una rueda de prensa en Moscú para manifestar su opinión respecto al informe de Amnistía Internacional. Además, aprovecharon la ocasión para hacer públicas sus preocupaciones acerca del continuo acoso al que están sometidos los defensores de los derechos humanos en las regiones de Rusia. Como ejemplo, citaron el arresto de Rafail Usmanov, del Grupo de Magadan de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, que había denunciado varios casos de tortura de detenidos por parte de la policía en la región de Magadan. Rafail Usmanov quedó posteriormente en libertad y los cargos contra él fueron retirados. Poco después de la publicación del informe, Amnistía Internacional supo que seis agentes de las fuerzas del orden de Magadan habían sido detenidos y acusados de presuntas torturas.


En el mes de junio, el presidente Yeltsin derogó el decreto núm. 1226, de 1994, relativo a la lucha contra el crimen organizado, y una parte del decreto presidencial núm. 1025, de 1996, que autorizaba la detención en régimen de incomunicación. Al comienzo del mes de julio, el Tribunal Constitucional ruso decidió que un decreto presidencial semejante para combatir el crimen organizado en la República de Mordovia violaba los derechos constitucionales de los ciudadanos.


Véase también Mujeres en Europa, página 102.


Objeción de conciencia al servicio militar


A mediados de abril, en Moscú, Amnistía Internacional lanzó una campaña europea en favor del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. En el lanzamiento de esta campaña participaron objetores de conciencia de varios países de Europa y representantes de grupos de derechos humanos de unas 30 regiones de la Federación Rusa. La organización publicó un informe detallado sobre la situación de los objetores de conciencia en Rusia (véase Federación Rusa: El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, Índice AI: EUR 46/05/97/s), tema que ya había sido tratado en el informe El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en Europa: un asunto prioritario, Índice AI: EUR 01/02/97/s.


En uno de los actos sobre este tema, se organizó una mesa redonda en la que se discutieron varias cuestiones de derechos humanos relacionadas con el cumplimiento del servicio militar en Rusia. El debate fue organizado conjuntamente por Amnistía Internacional y por varios de los principales grupos de derechos humanos de Rusia, como, por ejemplo, el Comité de Madres de Soldados de Rusia, la Organización de Madres de Soldados de San Petersburgo, el Grupo Moscú Helsinki, el Centro «Memorial» de Derechos Humanos, el Movimiento contra la Violencia, la Asociación Radical Anti-militar y el Centro-Museo «Andrei Sajarov». A la sesión asistieron miembros del Parlamento, autoridades del gobierno y jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales regionales. El debate se centró en la ausencia de un servicio alternativo para los objetores de conciencia en Rusia, en la persecución, encarcelamiento y reclutamiento forzoso de los objetores y en las prácticas generalizadas de tortura y malos tratos dentro del ejército. Los participantes en el debate redactaron una declaración conjunta en la que solicitaban a las autoridades civiles y militares de Rusia que adoptaran urgentemente medidas legislativas, judiciales y prácticas para mejorar la situación.


Poco después de este acto celebrado en abril, Amnistía Internacional tuvo noticia de que la responsabilidad del proyecto de ley sobre el servicio alternativo había sido transferida del Comité de Defensa del Parlamento, donde, al parecer, la mayoría de los miembros se oponían a la introducción de un servicio civil alternativo de naturaleza no punitiva, al comité que se encarga de las asociaciones públicas y las organizaciones religiosas, del que se considera que varios de sus miembros estarían a favor de una legislación más liberal en lo que respecta al servicio alternativo.


Falta de protección a los refugiados y a los solicitantes de asilo


Como parte de la campaña mundial de refugiados de Amnistía Internacional, la organización publicó en el mes de abril el informe Federación Rusa: Desprotección de los solicitantes de asilo - «No queremos refugiados aquí; vuelve a tu país» (Índice AI: EUR 46/03/97/s).


Tanto en este informe como en una rueda de prensa celebrada en Moscú a la que asistieron miembros del Parlamento, autoridades del gobierno y miembros de los principales grupos de derechos humanos de Rusia que trabajan sobre las cuestiones de los refugiados, Amnistía Internacional reiteró su preocupación por el hecho de que la Federación Rusa no estuviera cumpliendo con su deber de proteger a los solicitantes de asilo que huyen de las violaciones de derechos humanos. A los solicitantes de asilo que buscan protección en la Federación Rusa se les niega sistemáticamente el acceso a los trámites de asilo. Abandonados en una especie de limbo legal, a menudo durante años, les resulta imposible obtener de las autoridades rusas documentos de identidad que les protejan y son con frecuencia hostigados y maltratados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los solicitantes de asilo que acuden a la Federación Rusa corren el riesgo constante de ser detenidos. El informe mencionado también se centraba en algunos casos concretos de devolución (refoulement) repatriación forzosa ocurridos principalmente en la zona de tránsito del aeropuerto de Sheremetevo-II, en Moscú; sin que se hubiera hecho siquiera un examen superficial de sus solicitudes de asilo, los solicitantes fueron devueltos a la fuerza desde el aeropuerto a sus países de origen, donde podían sufrir persecuciones, torturas o amenazas contra sus vidas. Las recomendaciones de este informe incluían un llamamiento a los países europeos para que no devolvieran a Rusia a los solicitantes de asilo de terceros países que hubieran hecho tránsito en Rusia.


Tras la publicación de este informe, Amnistía Internacional tuvo noticia de nuevas detenciones de solicitantes de asilo que podrían ser devueltos a países en los que corrían el peligro de sufrir violaciones de derechos humanos. Entre los detenidos se encontraban dos hombres de etnia somalí, Mohammed Hassan Abdi y Abdirahman Abdiyou Dmar, que fueron arrestados en enero de 1997 y, a finales de junio, se encontraban recluidos en un centro de detención de Moscú. Según los informes, ambos fueron amenazados con ser deportados de la Federación Rusa por haber estado viviendo en Moscú durante tres años sin estar registrados en la oficina de pasaportes. Al parecer, no se tuvo en cuenta el hecho de que ambos estuvieran registrados en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y en el Servicio Federal de Migración como solicitantes de asilo.


Presos de conciencia


Una serie de casos individuales han hecho temer que las autoridades locales pudieran estar intentando impedir que algunos defensores independientes de los derechos humanos hagan públicas ciertas violaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales o por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A los casos de Yury Shadrin, de Omsk, (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s) y de Rafail Usmanov, de Magadan (véase el apartado anterior sobre «Tortura y malos tratos»), Amnistía Internacional ha añadido el caso del preso de conciencia Oleg Pazyura, un oficial de marina retirado, respetado defensor de los derechos humanos, que fue arrestado a finales de mayo en Murmansk y que, en el momento de redactar este informe, se enfrentaba a hasta tres años de cárcel.


Oleg Pazyura había estado trabajando para el Centro de Derechos Humanos de Murmansk. Poco antes de su detención había asistido a una reunión entre el nuevo gobernador de la región de Murmansk y varios grupos locales de derechos humanos, donde, según los informes, habló en público acerca de las violaciones de los procedimientos judiciales por parte de los tribunales y acerca de la corrupción de la fiscalía. Poco después, las autoridades intentaron detenerle en su casa, pero su intento se vio frustrado cuando se avisó a la policía y se descubrió que no tenían orden de detención. No obstante, una semana más tarde Oleg Pazyura fue arrestado por cinco agentes armados de las fuerzas del orden que, según su esposa y su hija, irrumpieron en su casa y, sin identificarse ni mostrar una orden de detención, lo esposaron y se lo llevaron. Su familia tuvo que esperar cinco días para saber que Oleg Pazyura se encontraba en el centro de detención preventiva de Murmansk y que había sido acusado de «difamación a una persona o a una autoridad pública mediante acusaciones de comisión de delitos graves o especialmente crueles» y de «amenazas o acciones violentas contra un fiscal, un investigador, un interrogador u otros funcionarios en el curso de sus actividades judiciales o durante las investigaciones preliminares». Según los informes, carecía de un abogado defensor de su elección, ya que el abogado que había solicitado se había negado a representarle, al parecer por temor a las represalias de las autoridades. Amnistía Internacional consideró que los cargos contra Oleg Pazyura eran infundados y que había sido detenido para impedirle continuar su trabajo en favor de los derechos humanos y para evitar que ejerciera su derecho a la libertad de expresión. La organización hizo un llamamiento en favor de su liberación inmediata e incondicional.


La pena de muerte


A finales de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución en la que condenaba enérgicamente las ejecuciones que se seguían llevando a cabo en la Federación Rusa y en la que amenazaba al gobierno ruso con no aceptar las credenciales de su delegación en la próxima sesión del Consejo si no cesaban las ejecuciones.


En febrero, el presidente de la Comisión Presidencial de Indultos, Anatoly Pristavkin, afirmó que no se habían producido ejecuciones en Rusia desde agosto de 1996 e instó a la Duma estatal a aprobar una legislación que ratificara la existencia de una moratoria. Durante los primeros seis meses de 1996, se confirmó la ejecución de cincuenta y tres personas, aunque, en otras declaraciones, Anatoly Pristavkin elevó la cifra de ejecuciones de 1996 hasta 140 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s).


En el mes de abril, la Federación Rusa firmó el Sexto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte.


Noticias sobre ejecuciones llevadas a cabo en aplicación de la ley islámica en la República de Chechenia


En abril, un hombre checheno identificado sólo como Ibrahim fue ejecutado públicamente en la República de Chechenia. Esta ejecución ─que consistió en un degollamiento llevado a cabo por un grupo de hombres encapuchados─ fue retransmitida, según los informes, por la televisión pública a toda la República de Chechenia. Ibrahim había sido declarado culpable del asesinato de tres personas, cometido, según los informes, mientras se encontraba bajo el efecto de las drogas y el alcohol. Sharip Yusupov, el representante oficial de la República de Chechenia en Moscú, declaró, según dicen los informes, que la ejecución había sido televisada para mostrar la «inevitabilidad del castigo» y añadió que, entre los verdugos, había parientes de las víctimas. Amnistía Internacional no sabe ni cuándo ni dónde se celebró el juicio, al igual que tampoco sabe si Ibrahim tuvo acceso a un abogado defensor de su elección ni si pudo apelar contra la sentencia ante un tribunal superior.


Según informaciones aparecidas en los periódicos, ésta era la primera ejecución pública llevada a cabo en la República de Chechenia como resultado de un juicio celebrado ante un tribunal de la Sharía (ley islámica). La introducción de los tribunales de la Sharía había sido anunciada por el presidente de la República de Chechenia, Aslan Maskhadov, en junio de 1996 (para más información véase Torture in Russia: «This man-made Hell», Índice AI: EUR 46/04/97). Posteriormente, Amnistía Internacional tuvo noticia de otra ejecución pública llevada a cabo en el mes de junio en aplicación de la Sharía; esta vez se trataba de un hombre sin identificar condenado por el asesinato de un sacerdote.



FRANCIA


El Comité de Derechos Humanos de la ONU examina el tercer informe periódico de Francia

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, durante su período de sesiones nº 60, celebrado en julio en Ginebra, examinó el tercer informe periódico presentado por el gobierno francés en relación con su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En sus observaciones finales5 el Comité expresó su preocupación por numerosas cuestiones, entre ellas muchas de las que Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto en los últimos años (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s y, en particular, Francia: Disparos, homicidios y presuntos malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Índice AI: EUR 21/02/94/s; France - Conscientious objection to the national service laws: a summary of Amnesty International’s concerns, Índice AI: EUR 21/03/97 y el Informe 1997 de Amnistía Internacional).


El Comité lamentó que el tercer informe de Francia, previsto para 1992, se hubiera presentado, tras un retraso considerable, en marzo de 1996 y que, por lo tanto, el Comité no hubiera tenido la oportunidad de restablecer su diálogo con Francia durante casi 10 años. El Comité también puso de manifiesto que las reservas y declaraciones hechas por Francia en el momento de la ratificación del PIDCP, y la consiguiente falta de información sobre muchas cuestiones relacionadas con ellas, hacía difícil valorar de manera exhaustiva y en su conjunto la situación de los derechos humanos en Francia.


El Comité se mostró seriamente preocupado por el número y la gravedad de las denuncias que había recibido de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a detenidos y otras personas, denuncias que incluían el uso innecesario de armas de fuego que había dado lugar a cierto número de muertes. Subrayó que el peligro de sufrir malos tratos era mucho mayor en el caso de extranjeros e inmigrantes y expresó su preocupación por el hecho de que en la mayoría de los casos la administración interna de la policía y la Gendarmería Nacional apenas investigaba las denuncias de malos tratos, lo que tenía como efecto una impunidad de hecho. El Comité también manifestó su preocupación por la incapacidad o la inercia de los fiscales al aplicar la ley para investigar violaciones de derechos humanos en las que están implicados funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y por los retrasos y los procedimientos irrazonablemente prolongados que se llevan a cabo para investigar y procesar las presuntas violaciones de derechos humanos en las que están implicados dichos funcionarios.


Entre otras recomendaciones, el Comité instó a Francia a establecer un mecanismo independiente para recibir y tramitar las denuncias individuales de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a introducir en la formación de estos funcionarios y a todos los niveles un curso exhaustivo sobre derechos humanos, de acuerdo con el Manual de Formación de Agentes Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU. También recomendó que Francia adopte las medidas necesarias para garantizar plenamente que todas las investigaciones y procesamientos se llevan a cabo de plena conformidad con las disposiciones del PIDCP.


El Comité expresó su preocupación por el hecho de que la autoridad de la Gendarmería Nacional, en esencia un órgano militar, sea más amplia que la de la policía cuando actúa en una situación relacionada con el orden público de carácter civil, e instó a que se tomaran medidas para modificar o derogar el Decreto Nº 1.969 del 22 de julio de 1943 que ampliaba en gran medida las facultades de la gendarmería para utilizar armas de fuego. Como resultado de esta legislación, siguen produciéndose heridas de armas de fuego, y a veces muertes, amparadas por la ley en circunstancias que deberían llevar al enjuiciamiento de los agentes de policía. Durante las conversaciones mantenidas con una delegación de Amnistía Internacional en París en abril de 1996, los representantes de las autoridades francesas calificaron el decreto de 1943 de «caduco» (véase Informe 1997 de Amnistía Internacional).


El Comité observó que las Leyes de Amnistía de noviembre de 1988 y enero de 1990 para el Territorio Extranjero de Nueva Caledonia eran incompatibles con la obligación de Francia de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos. La Ley 88-1028 del 9 de noviembre de 1988 concedía una amnistía a todas las personas detenidas por delitos cometidos antes del 20 de agosto de 1988, salvo en los casos de delitos de asesinato premeditado, los cuales resultaron posteriormente amnistiados por la Ley 90-33 de enero de 1990. En consecuencia, se interrumpieron varios procedimientos judiciales relativos a presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de los servicios de seguridad franceses y por separatistas kanak. (Véanse los Informes de Amnistía Internacional de 1987 a 1990).


La continua aplicación de las leyes antiterroristas del 2 de septiembre de 1986 y del 16 de diciembre de 1992 era otro motivo de preocupación para el Comité, que declaró que estas leyes establecían un tribunal especial centralizado que confería a los fiscales poderes especiales para realizar detenciones, practicar registros y dictar órdenes de reclusión prolongada bajo custodia policial de hasta cuatro días —el doble de la duración normal—, y ante el cual el acusado no tiene los mismos derechos en relación con la determinación de culpabilidad que en los tribunales ordinarios. También se mostró preocupado por el hecho de que el acusado no tiene derecho a acceder a un abogado durante las primeras 72 horas de detención, y porque no existe ninguna disposición que permita recurrir las decisiones del tribunal especial. El Comité declaró que había sido informado de que muchos centenares de personas están siendo detenidas, investigadas y juzgadas como presuntos autores de actos terroristas o de delitos relacionados con el terrorismo, y recomendó que las leyes antiterroristas se reformen para cumplir en su totalidad los requisitos del Pacto.


El Comité manifestó además su inquietud porque, con arreglo a la legislación actual sobre la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, el derecho a la objeción de conciencia, que forma parte de la libertad de conciencia en virtud del artículo 18 del PIDCP, no puede ejercerse durante el servicio militar activo. También expresó su opinión de que la duración del servicio civil alternativo que se ofrece a los objetores de conciencia reconocidos, que es el doble de la del servicio militar ordinario, podría plantear problemas de incompatibilidad con el artículo 18.


Si bien recibió con satisfacción un anuncio hecho por representantes del gobierno durante el examen del informe que indicaba que la práctica de la deportación de grupos de inmigrantes ilegales en vuelos especialmente fletados a sus países de origen, que presenta las características de una expulsión colectiva, había sido interrumpida el 1 de junio de 1997, el Comité seguía preocupado porque el trato dispensado por Francia a los solicitantes de asilo no parecía cumplir las disposiciones del Pacto. El Comité declaró que prácticas como la de no permitir a los solicitantes de asilo desembarcar en puertos franceses o no darles la oportunidad de presentar sus solicitudes individuales de asilo también planteaban problemas de incompatibilidad con el Pacto. El Comité expresó especial preocupación por la definición restrictiva que las autoridades francesas hacían del concepto de «persecución» de los refugiados, la cual parecía no tener en cuenta las posibles persecuciones llevadas a cabo por agentes no estatales, y recomendaba la adopción de una interpretación más amplia de ese término.


El Comité tomó nota con satisfacción del establecimiento y puesta en marcha de la Comisión Consultiva sobre Derechos Humanos, en la que participan organizaciones no gubernamentales y que actúa como órgano asesor independiente del gobierno. Sin embargo, el Comité recomendó encarecidamente que el gobierno establezca un mecanismo institucional para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas todas las formas de discriminación, que esté facultado para llevar a cabo actos de conciliación, así como para tomar decisiones respecto a las denuncias que se le presenten y conceder indemnizaciones.



GEORGIA


El apartado de Georgia en el anterior Boletín sobre Preocupaciones en Europa: de julio a diciembre de 1996 (Índice AI: EUR 01/01/97/s) contenía, por error, la repetición de las preocupaciones de la organización entre enero y junio de 1996. Por ello, esta edición abarca el periodo entre julio de 1996 y junio de 1997.


De julio a diciembre de 1996


La pena de muerte


El 10 de diciembre de 1996, el presidente Eduard Shevardnadze declaró una moratoria oficial sobre las ejecuciones y, al día siguiente, el Parlamento aprobó una reforma del código penal georgiano por la que, a partir del 1 de febrero de 1997, se abolía la pena de muerte como posible castigo para seis delitos. Estos delitos, ahora castigados con una pena de hasta 20 años de cárcel o incluso con cadena perpetua, son: traición (artículo 65 del código penal), espionaje (artículo 66), participación de mercenarios en conflictos armados o en acciones de combate (artículo 66-1), bandidaje (artículo 78), actividades que provoquen la interrupción del trabajo en instituciones de trabajos forzados (artículo 78-1) y violación (artículo 117). La reforma permite que siete delitos puedan ser castigados con la muerte: genocidio (artículo 65-1), actos terroristas (artículo 67), actos terroristas contra un representante de un Estado extranjero (artículo 68), sabotaje (artículo 69), asesinato premeditado (artículo 104), atentado contra la vida de un agente de policía (artículo 209-1) y el delito militar de ofrecer resistencia a un superior u obligarle a infringir sus deberes oficiales (artículo 258).


Durante una visita a Tiflis, la capital, en noviembre, las autoridades georgianas informaron a los delegados de Amnistía Internacional que entre 1994, cuando se levantó una moratoria previa, y febrero de 1995, en que se impuso otra vez una moratoria de hecho, se habían llevado a cabo 14 ejecuciones. Sin embargo, desde entonces habían continuado imponiéndose sentencias de muerte: en noviembre se informó de que en los dos años anteriores se habían dictado 30 sentencias de muerte. De hecho, poco más de una semana después del 10 de diciembre, fecha en la que el presidente Shevardnadze anunció una moratoria oficial, la prensa informó de una nueva sentencia, impuesta a un hombre llamado Gela Gogichaishvili por asesinato. Entre las otras sentencias de muerte impuestas en el período que se examina se encontraban la dictada el 19 de noviembre contra Vakhtang «Loti» Kobalia, destacado partidario del ex presidente Zviad Gamsajurdia, a quien se declaró culpable de traición, bandidaje y asesinato premeditado; la pronunciada contra Davit Otiashvili, miembro de la organización paramilitar ahora disuelta Mkhedrioni (Jinetes), condenado por bandidaje el 26 de noviembre; y las impuestas a los hermanos David y Tamaz Asanidze, condenados a muerte el 20 de septiembre por el Tribunal Supremo de Ajaria en Batumi por diversos actos terroristas, entre ellos el intento de asesinato del jefe del parlamento de Ajaria.


Al final del período que se examina, fuentes no oficiales informaron de que 52 hombres se encontraban en espera de ejecución en la prisión de Ortachala, en Tiflis, en condiciones que se describieron como muy difíciles debido, entre otras cosas, al hacinamiento.


Amnistía Internacional recibió con satisfacción la noticia de una moratoria oficial sobre las ejecuciones y de la reducción del ámbito de la pena de muerte, pero expresó su preocupación por diversos informes recientes según los cuales algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían utilizado coacciones físicas y de otro tipo para tratar de obtener confesiones en casos en los que el detenido se enfrentaba a delitos punibles con la pena capital, y porque seguían imponiéndose sentencias de muerte. Amnistía Internacional pidió a las autoridades georgianas, entre otras cosas, que conmuten todas las penas de muerte existentes, así como las que puedan imponerse en el futuro; que preparen a la opinión pública para la abolición de la pena de muerte; y que preparen y promulguen una legislación para erradicar por completo la pena de muerte como posible castigo del código penal y de la Constitución georgianos.


Denuncias de malos tratos, incluida una muerte bajo custodia


El 22 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU examinó el informe inicial de Georgia en relación con su cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura). En este informe, Georgia admitió estar hondamente preocupada por los continuos casos de tortura bajo custodia; por los fallos a la hora de garantizar que se lleven a cabo investigaciones eficaces e imparciales sobre las denuncias de tortura; y por el hecho de que a menudo los responsables de las torturas quedaban sin castigo. Tras revisar el informe de Georgia, el Comité incluyó en su lista de preocupaciones el gran número de denuncias de tortura, especialmente las relacionadas con la obtención de confesiones; la falta de investigaciones adecuadas sobre las denuncias de tortura y el hecho de que no se enjuicie a los presuntos autores; y la falta de respeto por parte de muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, durante el ejercicio de sus funciones, hacia los derechos de las personas sometidas a investigación. El Comité recomendó, entre otras cosas, que el gobierno suministrara información sobre todos los casos individuales debatidos durante la sesión, así como los planteados por organizaciones no gubernamentales; que la tortura, tal como se define en la Convención contra la Tortura, se incorpore al código penal georgiano; y que se refuercen los poderes del órgano pertinente para garantizar el inmediato examen de las denuncias de tortura y el procesamiento de los responsables.


Amnistía Internacional había presentado su propio informe a los miembros del Comité (véase Georgia: Comentarios sobre el Informe Inicial presentado ante el Comité de la ONU contra la Tortura, Índice AI: EUR 56/05/96/s), en el que hacía un repaso de sus preocupaciones sobre las denuncias de torturas y malos tratos continuos y generalizados, y que contenía recomendaciones detalladas dirigidas a las autoridades georgianas. Entre éstas estaban la de que se garantice que a los detenidos sometidos a interrogatorio se les permite el acceso inmediato y regular a un abogado de su elección, así como a sus familiares y a un médico; que se lleven a cabo investigaciones de forma inmediata e imparcial sobre todas las denuncias de tortura; que se garantice que los responsables de torturas y malos tratos a los detenidos son puestos a disposición de los tribunales de justicia; que se garantice que todas las víctimas de tortura tienen acceso a los medios necesarios para obtener una indemnización y para que se respete su derecho a una compensación justa y adecuada; y que se establezca un sistema eficaz para la inspección independiente de todos los lugares de detención. Amnistía Internacional espera que el gobierno cumpla estas recomendaciones, así como las del Comité contra la Tortura.


Entre las denuncias de malos tratos presentadas por Amnistía Internacional ante las autoridades georgianas desde la publicación del informe mencionado estaba la muerte, a parecer a causa de los golpes recibidos, de un hombre llamado David Amashukeli. El 15 de diciembre, este hombre fue interceptado por la policía cuando conducía por Tiflis junto con un compañero. Los agentes les pidieron que se sometieran a un examen para determinar si habían consumido drogas. Según los informes, David Amashukeli y Viktor Morozov fueron golpeados por los policías cuando salieron de su vehículo, y otra vez después de haber sido llevados al centro de examen de drogas, donde posteriormente Viktor Morozov fue puesto en libertad. Al parecer, los médicos del centro señalaron que David Amashukeli había sufrido una paliza tan fuerte, aparentemente propinada por los policías con sus porras, que era imposible practicarle un examen médico para verificar si había consumido drogas. Lo llevaron al Hospital Nº 2 de Tiflis pero, según declaró el jefe del departamento de cirugía de dicho centro, llegó cadáver. Según los informes, tres agentes de policía fueron detenidos en relación con este incidente. Amnistía Internacional instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la muerte de David Amashukeli, a hacer públicos sus resultados y a poner a los responsables a disposición de la justicia.


El puesto de Defensor del Pueblo


El puesto de Defensor del Pueblo, introducido en virtud de la nueva constitución de 1995, no había sido ocupado todavía al terminar el período que se examina. Se presentaron varios candidatos, pero ninguno de ellos obtuvo el apoyo parlamentario necesario. Conforme a una ley sobre el Defensor del Pueblo aprobada en mayo de 1996, esta autoridad está encargada de supervisar el respeto por los derechos humanos en Georgia, de dar a conocer las violaciones de estos derechos y de promover el restablecimiento de los derechos que se han violado (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s y EUR 56/05/96/s). Amnistía Internacional confía en que las autoridades actuarán rápidamente para que este puesto vacante sea ocupado, con el fin de que la norma constitucional prevista para supervisar la protección de los derechos humanos se cumpla sin más demora.


Preocupaciones en torno a la región de Abjasia, que se encuentra en conflicto


Presuntos homicidios deliberados y arbitrarios de civiles


La situación en algunas zonas de Abjasia siguió siendo tensa, y la seguridad escasa, mientras continuaban las denuncias según las cuales las fuerzas de la milicia seguían atacando deliberadamente a civiles de etnia georgiana (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). Por ejemplo, en un incidente ocurrido entre las 5 y las 6 de la tarde del 10 de diciembre, tres miembros de la familia Arakhamia fueron presuntamente atacados y muertos por agentes abjasianos encargados de hacer cumplir la ley en el pueblo de Repi, en el distrito de Gali. Al parecer, el padre y sus dos hijas (cuyos nombres Amnistía Internacional desconoce) resultaron muertos durante el ataque y un hijo sufrió heridas graves. Según los informes, el hijo fue llevado al hospital de Zugdidi por miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes. Parece ser que algunos miembros de dicha fuerza habían advertido previamente a los habitantes de etnia georgiana de este pueblo de un posible ataque, en represalia por la muerte de tres representantes del Ministerio de Defensa abajsiano ocurrida en Repi el 8 de diciembre. La familia Arakhamia era una de las que no habían abandonado el pueblo.


Amnistía Internacional recabó más información sobre todos estos casos, incluidos los detalles sobre el avance de las investigaciones emprendidas y sobre las medidas tomadas para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.


Presuntas detenciones arbitrarias


Durante el período que se examina, Amnistía Internacional continuó recabando información sobre la situación de varias personas de etnia georgiana detenidas, según parece, de forma arbitraria por fuerzas de la policía abjasiana. En algunos casos parece ser que algunos funcionarios abjasianos encargados de hacer cumplir la ley habían pedido grandes sumas de dinero por la liberación de los detenidos. Según parece, el 29 de septiembre, por ejemplo, la policía abjasiana comunicó a los familiares de cuatro georgianos detenidos en el pueblo de Dikhazurgia, en el distrito de Gali, que si pagaban 10.000 dólares estadounidenses garantizarían su liberación. Si desean más información, consulten Georgia: A summary of Amnesty International’s concerns, Índice AI: EUR 56/04/96.


De enero a junio de 1997


Primer informe de Georgia revisado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU


En abril de 1997, el Comité de Derechos Humanos recibió el informe inicial de Georgia sobre su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Amnistía Internacional había presentado a los miembros del Comité sus propios informes, en los que detallaba sus preocupaciones (véase Georgia: Further brief summary of Amnesty International’s Concerns, Índice AI: EUR 56/03/97).


El Comité expresó su honda preocupación por los casos de torturas infligidas a los detenidos, en ocasiones con objeto de obtener confesiones, y deploró el hecho de que tales actos queden generalmente impunes, lo que provoca una falta de confianza en las autoridades que disuade a las víctimas de presentar denuncias. El Comité expresó también gran preocupación por las condiciones de las cárceles, que describió como «desastrosas», y destacó que Georgia no estaba cumpliendo con la disposición del PIDCP según la cual todas las personas detenidas deben ser tratadas con dignidad y respeto. El Comité observó además con inquietud que en Georgia los procedimientos judiciales no se ajustan a la normativa sobre garantías procesales establecida en el PIDCP, en particular en lo que se refiere al acceso a asistencia letrada y al derecho de los condenados a muerte a que un tribunal de instancia superior revise su caso.


Entre las recomendaciones del Comité se encontraban la de que se cubra el puesto de Defensor del Pueblo lo antes posible; que continúe la moratoria sobre las ejecuciones, así como otros esfuerzos encaminados a la abolición de la pena de muerte; que se emprendan investigaciones sistemáticas e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y malos tratos, y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia y las víctimas sean compensadas; que se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones de las cárceles; que se excluyan de forma sistemática de los procedimientos judiciales las confesiones obtenidas mediante coacción y, teniendo en cuenta que Georgia ha admitido en su informe ante el Comité que en el pasado la tortura se practicaba de manera generalizada, que se revisen todas las sentencias basadas en confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura.


Amnistía Internacional respalda estas recomendaciones y ha escrito a las autoridades georgianas para preguntarles qué medidas se han tomado y cuáles deben tomarse todavía para que se pongan en práctica en su integridad.


La pena de muerte


Tras el anuncio hecho en diciembre de 1996 por el presidente Eduard Sheverdnadze de una moratoria oficial sobre las ejecuciones, y la posterior abolición de la pena de muerte como posible castigo para seis delitos, el Ministerio de Justicia anunció en mayo que había preparado un nuevo proyecto de código penal en el que se abolía totalmente la pena de muerte y se sustituía por la cadena perpetua. Durante el período que se examina se conmutaron en la apelación al menos tres sentencias de muerte. Una de ellas, impuesta al preso político Badri Zarandia por traición en junio de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s), fue conmutada, en febrero, por 15 años de cárcel tras la entrada en vigor de una ley que abolía la pena de muerte para este delito. En abril el Tribunal Supremo conmutó, en la apelación, las sentencias de muerte impuestas por asesinato a Zaza Tatuashvili y Hvicha Iremadze por penas de 15 años de prisión.


Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por estos cambios, pero sigue preocupada por una serie de cuestiones relacionadas con la pena de muerte en Georgia. De ellas, una de las más destacadas es la posibilidad de que se produzcan errores judiciales, combinada con las denuncias de juicios que no reúnen las debidas garantías procesales y con los informes según los cuales algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han utilizado medios de coacción físicos y de otro tipo con el fin de obtener confesiones en casos de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte. Tales denuncias se presentaron, por ejemplo, en el juicio de Badri Zarandia y en un juicio político anterior que terminó el 6 de marzo de 1995 (véase Índice AI: EUR 56/01/97/s). Dos de los acusados en ese juicio, Irakli Dokvade y Petre Gelbakhiani, fueron condenados a muerte y aún estaban en espera de ejecución en el momento de redactarse este informe.


En estos dos casos, el Tribunal Supremo de Georgia actuó como tribunal de primera instancia, lo cual supone un motivo de preocupación para Amnistía Internacional, ya que resulta imposible apelar ante un tribunal de instancia claramente superior. Aunque es posible apelar contra las decisiones del Tribunal Supremo, tales apelaciones se interponen ante el Presidium o el Pleno del Tribunal Supremo, es decir, un órgano compuesto por las personas entre las que se designa a los jueces del primer juicio. La normativa internacional establece claramente que todo condenado por un delito punible con la pena de muerte debe tener derecho a que su declaración de culpabilidad y su sentencia sean revisadas por un tribunal superior. Tras recibir el informe de Georgia en abril, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el hecho de que un órgano integrado dentro del Tribunal Supremo se encargue de revisar la apelación de una sentencia impuesta por dicho Tribunal, ya que esta práctica no respeta plenamente el derecho a que el caso sea revisado por un tribunal de instancia superior.


Finalmente, aunque se ha dictado una moratoria sobre las ejecuciones, los tribunales han seguido imponiendo sentencias de muerte y, al parecer, actualmente 52 hombres se encuentran en espera de ejecución. El 24 de junio, por ejemplo, Georgi Iobashvili fue condenado a muerte por el asesinato de cinco personas a finales de 1994. El número de personas en espera de ejecución se ha incrementado de forma constante, en parte debido a la moratoria y también porque actualmente la comisión de clemencia presidencial no está considerando las peticiones de indulto en los casos de pena de muerte. Al parecer, las condiciones de los presos recluidos en el pabellón de los condenados a muerte en la prisión de Ortachala, en Tiflis, son muy duras debido, entre otras cosas, al hacinamiento y al estado de las celdas, que son extremadamente frías en invierno e insoportablemente calurosas en verano.


Si desean más información o consultar las recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno georgiano, véase Georgia: Ha llegado la hora de abolir la pena de muerte (Índice AI: EUR 56/01/97/s, de enero de 1997).


Denuncias de malos tratos a los detenidos


Los informes del gobierno georgiano al Comité contra la Tortura (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s) y al Comité de Derechos Humanos habían reconocido la existencia de motivos de preocupación respecto a casos de tortura de personas bajo custodia. Durante el período que se examina, apenas se tomaron medidas concretas, por lo que parece, para poner en práctica las recomendaciones de ambos Comités en relación con la tortura, aunque en mayo se informó de que un ex agente de policía de alta graduación había sido condenado a cuatro años de cárcel por torturar a sospechosos con el fin de obligarles a hacer confesiones (véase Índice AI: EUR 56/01/97/s). En un juicio que comenzó en agosto de 1996, Gela Kavtelishvili había sido acusado, entre otras cosas, de aplicar descargas eléctricas a presuntos delincuentes mientras investigaba un asesinato.


Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio


Durante algún tiempo Amnistía Internacional ha estado preocupada por los informes según los cuales algunos jóvenes, especialmente los testigos de Jehová, eran encarcelados por su negativa, por motivos de conciencia, a cumplir el servicio militar, que es obligatorio para los varones de entre 18 y 27 años. Aunque en 1991 se aprobó una ley sobre el servicio civil alternativo, actualmente no hay en vigor ninguna norma concreta aplicable a quienes deseen solicitar y cumplir un servicio alternativo.


Un caso del que tuvo conocimiento Amnistía Internacional es el de Kakhaber Galashvili, testigo de Jehová, quien, al parecer, informó a la comisión de reclutamiento en dos ocasiones —el 27 de octubre de 1995 y el 23 de abril de 1996— de que no podía realizar el servicio militar a causa de sus convicciones religiosas. Fue detenido el 29 de mayo de 1996 y condenado a 18 meses de cárcel el 5 de julio de ese mismo año por el tribunal de la ciudad de Rustavi por negarse a acudir a la llamada a filas (artículo 81, parte 1 del Código Penal).


Amnistía Internacional pidió a las autoridades georgianas más información sobre este caso y las instó a garantizar que a todos los obligados a cumplir el servicio militar se les ofrece la oportunidad de realizar un servicio alternativo que respete su conciencia y sus convicciones más profundas. En su respuesta de mayo, Rusudan Beridze, recientemente nombrado vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional sobre Derechos Humanos, declaró que Kakhaber Galashvili había sido liberado el 29 de octubre de 1996 y que se había remitido al parlamento un proyecto de ley relativo a una alternativa al servicio militar.


Preocupaciones en torno a la región de Abjasia, que se encuentra en conflicto


Presuntos homicidios deliberados y arbitrarios de civiles


La seguridad siguió siendo escasa en algunas zonas de Abjasia, especialmente en el distrito de Gali, mientras continuaban las denuncias según las cuales funcionarios abjasianos encargados de hacer cumplir la ley seguían atacando deliberadamente a civiles de etnia georgiana (véase Índice AI: EUR 56/03/97). Por ejemplo, el 1 de febrero, según parece, un hombre de 60 años llamado Vazha Dzandzava murió en el pueblo de Chuburkhinji tras ser golpeado por la policía abjasiana que le acusaba de tenencia ilícita de un arma. Hacia mediados de ese mes, Davit Gabunia, descrito como director de una escuela de Chigvari, fue quemado vivo, según parece, en su domicilio en el pueblo de Gudava a consecuencia de las acciones emprendidas por la policía abjasiana. También parece que, a finales de marzo o comienzos de abril, unos soldados abjasianos asesinaron al esposo (cuyo nombre se desconoce) de Iskra Malania en el pueblo de Tsarche durante las negociaciones acerca de una cuestión no especificada. Al parecer, dos casas que pertenecían a otro habitante de ese mismo pueblo fueron arrasadas por el fuego. En otro enfrentamiento, según parece, varios soldados abjasianos causaron heridas graves a Kako Nachkebia mientras le robaban a él y a su familia en el pueblo de Gumurishi.


Amnistía Internacional pidió más información sobre todos estos casos a las autoridades abjasianas; entre otras cosas les pidió detalles sobre el progreso de cualquier investigación emprendida y sobre las medidas tomadas para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.


Amnistía Internacional es consciente de que estos casos se han producido en el ambiente de violencia que se vive en Abjasia en el que, según parece, algunas personas de etnia abjasiana han sufrido ataques, y a veces han perdido la vida, a manos de personas de etnia georgiana. La organización es también consciente de las denuncias según las cuales los georgianos a quienes se atribuye la autoría de estos actos (a menudo reivindicados por una organización denominada «La Legión Blanca») han actuado con el conocimiento o la complicidad de las autoridades georgianas, que no han tomado las medidas enérgicas necesarias para que sean llevados ante la justicia o para poner fin a sus actividades. Amnistía Internacional entabló contactos con las autoridades georgianas para tratar sobre estas denuncias, y las instó a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las personas de su jurisdicción responsables de tales violaciones son apresadas y puestas en manos de la justicia. En su respuesta, en febrero, el ministro del Interior manifestó que la situación de inseguridad imperante en Gali y en otros distritos había obligado a la población georgiana local a formar sus propios grupos no oficiales. Por entonces, las autoridades georgianas carecían de jurisdicción sobre esas zonas de Abjasia, pero habían ordenado a los agentes de policía pertinentes que tomaran las medidas necesarias en el territorio que controlaban para impedir la comisión de actos ilegales por parte de grupos armados no oficiales.



GRECIA


Objeción de conciencia al servicio militar


El 5 de junio de 1997 el Parlamento griego aprobó una ley (ley 2510/97) sobre reclutamiento que incluye una disposición sobre servicio civil sustitutorio. La ley establece que la condición de objetor de conciencia y el servicio civil alternativo o servicio militar sin armas están disponibles para los llamados a filas que se declaren opuestos al uso personal de armas por razones de conciencia fundamentales basadas en convicciones religiosas, filosóficas, ideológicas o morales (artículo 18, párrafos 1, 2 y 3). De todos modos, según el artículo 24, párrafo 2, de la ley, en caso de guerra las disposiciones establecidas para un servicio alternativo pueden ser suspendidas por decisión del Ministerio de Defensa. Así pues, los objetores de conciencia que realizan servicio civil sustitutorio pueden ser incorporados al servicio militar sin armas obligatorio. Amnistía Internacional considera que el derecho a realizar un servicio civil sustitutorio no puede ser derogado nunca, ni siquiera en tiempo de guerra, y hace un llamamiento a las autoridades para que modifiquen la ley como corresponde.


Amnistía Internacional se muestra preocupada por la duración punitiva del servicio civil sustitutorio (artículo 19, párrafo 1), que es 18 meses más largo que el servicio militar (42 meses en oposición a los 24 meses del servicio militar). Amnistía Internacional insta a las autoridades griegas a revisar la duración del servicio civil sustitutorio con el fin de adecuarlo a las normas y recomendaciones internacionales. Además, pese a la promulgación de la ley, no hubo amnistía para ninguno de los 250 objetores de conciencia que actualmente cumplen condenas de cuatro años de prisión como máximo. Amnistía Internacional insta a las autoridades griegas a excarcelar de forma inmediata e incondicional a todos los objetores de conciencia que siguen detenidos.


Según el artículo 21, párrafo 2, de la ley, los objetores de conciencia que solicitan servicio civil alternativo tienen que informar de que van a optar por el servicio [sustitutorio] dentro del periodo de tiempo que se determine [como comienzo] desde la fecha en que reciban la convocatoria para el servicio alternativo que les envían las autoridades militares pertinentes del Ministerio de Defensa Nacional, pues en caso contrario pueden ser acusados de insubordinación. De todos modos, el periodo de tiempo concedido a los objetores de conciencia para comunicar su solicitud de servicio alternativo no está especificado por la ley, por lo que queda abierto a todo tipo de interpretaciones. Según el párrafo 5 (d) del mismo artículo, a los objetores de conciencia que realicen actividades sindicales o participen en huelgas durante el periodo del servicio sustitutorio les será revocado el derecho al servicio civil sustitutorio o al servicio militar sin armas, y por ello, según el párrafo 6 del artículo, deberán cumplir el resto de sus obligaciones militares en el ejército.


Aun cuando esta ley reconoce el derecho de los objetores de conciencia a pasar en todo momento del servicio civil sustitutorio al servicio militar ─ cuya duración mínima es de seis meses (artículo 21 párrafos 7 y 8), no contiene medidas específicas para la objeción de conciencia que surja durante el servicio militar. El Artículo 18, párrafo 4 (a) afirma que: «aquéllos que han portado armas durante cualquier espacio de tiempo en las fuerzas armadas griegas o del extranjero o en las fuerzas de seguridad» no pueden ser considerados objetores de conciencia. Amnistía Internacional piensa que los objetores de conciencia deben tener derecho a exigir la condición de objetor de conciencia en todo momento, tanto antes de ingresar en las fuerzas armadas como después de hacerlo y hace un llamamiento a las autoridades para que se revise este artículo de la ley.


Amnistía Internacional muestra también su preocupación por el hecho de que el ministro de Defensa decida sobre las solicitudes iniciales de la condición de objetor de conciencia tras recibir asesoramiento de un comité compuesto por civiles y militares (artículo 20 párrafo 1).


Finalmente, la organización muestra su preocupación por el hecho de que la ley 2510/97 relativa al servicio civil sustitutorio no entrará en vigor antes del 1 de enero de 1998 y por el hecho de que los objetores de conciencia que se nieguen a realizar el servicio militar pueden ser condenados todavía a sentencias de hasta cuatro años.


Juicios injustos


Los juicios de subgrupos ─creados al dividir un grupo inicial de 260 acusados en el caso de 470 personas detenidas en la Universidad Politécnica de Atenas en noviembre de 1995 tras enfrentamientos durante unas manifestaciones (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s y EUR 01/01/97/s)─ ha continuado y han dado por resultado varias condenas. Por ejemplo, el 21 de marzo de 1997, en el mismo juicio (a todos los acusados se les habían imputado los mismos delitos) 20 acusados fueron absueltos, mientras que otros 15 fueron condenados a un año de prisión condicional (suspendida por tres años) por alteración del orden público.


Mientras, la vista de apelación de un primer subgrupo de 126 acusados, juzgados en primera instancia en diciembre de 1995, tuvo lugar el 7 de marzo de 1997. Todos fueron acusados del mismo delito y fueron condenados a penas de prisión que oscilaban entre los cuatro y los 40 meses. En la vista de apelación 33 de los acusados fueron declarados culpables de alteración del orden público ─por lo cual sus condenas se redujeron a un año de prisión condicional (con una suspensión de cuatro años)─ y otros 26 fueron absueltos. El 11 de marzo se pospuso hasta el 17 de septiembre de 1997 la vista de apelación de un segundo subgrupo de 126 acusados.


Libertad de expresión


Después de una vista de ocho horas en Salónica, el 14 de marzo, se confirmó la sentencia de Hara Kalomiri en apelación, pero fue reducida ligeramente a una pena de dos meses de cárcel condicional durante tres años. El 27 de marzo de 1996 Hara Kalomiri había sido condenada a tres meses de cárcel por un tribunal de primera instancia de Salónica, «por haber fundado y puesto en marcha un lugar para el culto privado de una comunidad budista en Calcídica sin autorización del gobierno», lo cual viola el artículo 1 de la ley 1363/1938, que prohíbe cultos distintos del ortodoxo y el establecimiento de lugares para el culto sin la autorización previa de la Iglesia Ortodoxa, así como la práctica de una religión considerada herética por la Iglesia Ortodoxa (Véase Índice AI: EUR 01/02/96/s).



HUNGRÍA


Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía


Un informe del Centro Europeo de los Derechos de los Romaníes describía un incidente ocurrido el 15 de febrero de 1997 en el centro de Szombathely. Cinco policías vestidos de civil detuvieron a Z.Z., y a otros seis adultos y a dos menores, la mayoría de los cuales eran romaníes y sospechosos de dedicarse a robar carteras. Según informes, un agente agredió a Z.Z., haciéndolo caer con la cara hacia el suelo, y le apoyó la pistola en la cabeza. Luego le colocó las esposas e hizo que se arrodillara contra una pared. A los demás adultos detenidos se los esposó también y se los hizo arrodillar contra la pared hasta que llegaron cuatro vehículos de la policía para conducirles hasta la comisaría. Al parecer, durante la detención los agentes llamaron a los detenidos «gitanos apestosos». Según los informes, Z.Z. fue golpeado por los agentes de policía mientras era conducido a la comisaría. Lo llevaron a un despacho donde, según afirma, tres agentes lo interrogaron y lo golpearon en el abdomen, en el pecho y en la parte posterior de la cabeza. Los agentes le exigieron que confesara haber robado una cartera a una mujer austriaca, y haber sobornado a los guardias de seguridad del centro de Szombathely donde presuntamente operaban los carteristas. Los golpes continuaron hasta que el detenido vomitó sangre y perdió la conciencia durante un breve periodo de tiempo. Cuando los agentes que lo golpeaban abandonaron la estancia temporalmente, parece ser que otro agente dijo a Z.Z. que iban a golpearlo hasta morir si se negaba a firmar una declaración preparada por la policía. Con posterioridad le quitaron las esposas antes de que llegase un médico de la policía para revisar su estado de salud. El doctor, que al parecer no examinó a Z.Z., le dijo que firmase una declaración en la que se decía que no había sido maltratado por la policía.


Según parece, a los demás detenidos los amenazaron con golpearlos si no firmaban declaraciones incriminando a Z.Z. Cuando se negaron, un agente, al parecer, retorció un brazo a Z.F. por detrás de la espalda y luego le retorció los dedos. Después de que le golpearon y le dieron patadas varias veces firmó una declaración policial. Según parece, un agente tiró del cabello a É.K, y la golpeó en el abdomen. Según parece, la policía no informó a los padres de los dos menores de que habían sido detenidos. Todos los detenidos adultos y los dos menores fueron liberados más tarde. Esa misma tarde, Z.Z. recibió tratamiento médico en el hospital Markusovszky por heridas que había sufrido a causa de los malos tratos.


En mayo Amnistía Internacional instó al fiscal general de Hungría a que garantizase que la investigación sobre este caso de presuntos malos tratos se va a llevar a cabo con rapidez e imparcialidad, como exige el Artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


Con anterioridad, en febrero, Amnistía Internacional recibió de la oficina del fiscal general información sobre la investigación de los incidentes de los malos tratos policiales sobre los que se informó a la organización en 1996 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Referente al caso de Hamodi Ahmed, se desestimó una investigación contra el agente C.B. debido a la falta de pruebas. Otra investigación sobre el mismo caso contra agentes de la policía desconocidos también se desestimó «ya que no pudo establecerse la identidad del infractor». La respuesta oficial no proporcionó suficiente base para tales decisiones y Amnistía Internacional pidió que se le enviasen informes completos de las investigaciones sobre la denuncia de malos tratos de Hamodi Ahmed. En el caso de István Nagy, la investigación inicial fue desestimada en diciembre de 1996. De todos modos, en enero, la oficina del fiscal general ordenó una investigación ulterior tras la apelación de István Nagy. En cuanto al caso de Károly S. se completó una investigación contra siete agentes de policía que fue remitida a los fiscales de distrito de Budapest con propuestas de que los agentes fuesen acusados de malos tratos según el artículo 226 del Código Penal.



ITALIA


Presuntas violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas en Somalia


El 9 de junio Amnistía Internacional escribió a los ministros de Defensa y de Justicia para expresar su preocupación sobre las denuncias de ex paracaidistas italianos, publicadas en la prensa en los días inmediatamente anteriores, según las cuales prisioneros somalíes fueron sometidos a torturas y malos tratos, a veces con resultado mortal, por parte de miembros del contingente italiano de la fuerza de intervención internacional que operó en Somalia en 1993.


Michele Patruno, que sirvió en Somalia como recluta, afirmó que durante 1993 soldados italianos habían tenido atados a pleno sol a prisioneros para interrogarlos, sin alimento y sin agua, o dándoles solamente comida picante para aumentar su sed. Si se negaban a hablar, los golpeaban, les quemaban con cigarrillos encendidos las plantas de los pies, les aplicaban descargas eléctricas sobre el cuerpo, incluidos los testículos, o los lanzaban contra cercas de alambre de espino cortante. Las acusaciones se apoyaban en fotografías en las que aparecían soldados que se preparaban evidentemente para aplicar electrodos sobre el cuerpo de un joven somalí que yacía medio desnudo en el suelo.


En sus cartas Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la rápida apertura de una investigación judicial sobre las acusaciones por parte de un fiscal militar y de una investigación administrativa interna llevada a cabo por un general del ejército. Con todo, la organización instó a que se efectuase una investigación general por parte de un cuerpo judicial independiente del ejército y que sus conclusiones se hicieran públicas, con el fin de garantizar un examen imparcial demostrable, como requiere la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y los principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.


Amnistía Internacional pidió asimismo ser informada sobre todo mecanismo establecido por el gobierno para proporcionar un recurso de queja a los somalíes que denunciaban violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. La organización expresaba la esperanza de que, de no existir un mecanismo de este tipo, debería establecerse un procedimiento eficaz a utilizar por los somalíes lo antes posible.


Amnistía Internacional expresó asimismo su preocupación por las afirmaciones de Michele Patruno respecto a que los reclutas italianos no recibían adiestramiento específico sobre el trato de prisioneros antes de llegar a Somalia. El no haber proporcionado un adiestramiento de este tipo constituye una violación de las obligaciones de Italia según los Convenios de Ginebra y el Código de Conducta sobre Aspectos Político-Militares de la Seguridad de la CSCE (Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa), al exigir ambos la difusión del derecho humanitario a todo el personal militar.


A las quejas iniciales se unieron rápidamente nuevas denuncias por parte de ex soldados y de somalíes de tortura, abusos sexuales y homicidios ilegales.


El 11 de junio se recibieron informes según los cuales, tras las investigaciones preliminares por parte del fiscal militar, ciertos casos específicos de presuntas torturas habían sido llevados ante un fiscal civil para que realizara una nueva investigación y formulara posibles acusaciones. En ese momento el gobierno anunció la creación, a través de un decreto del Ministerio de Defensa del 16 de junio, de una comisión investigadora conjunta civil y militar, encabezada por un ex presidente del Tribunal Constitucional.


El 7 de julio Amnistía Internacional escribió de nuevo a las autoridades del gobierno. Pedía aclaración sobre las áreas concretas de competencia de los fiscales militar y civil y aclaraciones respecto a las competencias y poderes concretos de la comisión investigadora.

A fines de junio somalíes que afirmaban haber sido testigos de presuntos abusos de los soldados italianos, y observadores somalíes de los derechos humanos que habían recibido y examinado tales acusaciones y pruebas relacionadas con ellas en Mogadiscio, expresaron públicamente su preocupación respecto a las amenazas contra su integridad física y sobre la seguridad de las pruebas recogidas. Amnistía Internacional llamó la atención de los ministros sobre estas afirmaciones y sobre las grandes dificultades logísticas a las que se enfrentaban los somalíes que trataban de hacer llegar información a las autoridades investigadoras italianas, dadas las condiciones imperantes en Somalia. La organización instó al gobierno a hacer todo lo que estuviera en su mano para proteger a los testigos que deseasen aportar pruebas sobre violaciones de derechos humanos, y a los observadores de derechos humanos que investigaban los abusos, y a proporcionar la forma y los medios para que aportasen pruebas directamente a las autoridades investigadoras italianas. Amnistía Internacional recomendó que los miembros de la judicatura que investigan las presuntas violaciones de derechos humanos y los representantes de la Comisión Investigadora viajasen a Somalia para recoger testimonios y llevar a cabo investigaciones sobre el terreno lo antes posible.


A mediados de julio el presidente de la comisión investigadora declaró públicamente que se había demostrado que se habían producido ciertos episodios de tortura, pero indicó que el informe de la comisión no estaría completo hasta que hubiesen sido entrevistados ciertos testigos somalíes.


Presuntas torturas y malos tratos por parte de agentes de la ley y funcionarios de prisiones.


En marzo Amnistía Internacional escribió al primer ministro para llamar su atención y pidiendo su opinión sobre la principal preocupación de la organización en los años noventa, en particular sobre el llamativo aumento del número de denuncias según las cuales detenidos y presos han sido sometidos a malos tratos, a veces constitutivos de tortura y frecuentemente acompañados de insultos racistas por parte de agentes de la ley y de funcionarios de prisiones. La carta llamaba la atención asimismo sobre los sucesivos informes publicados por Amnistía Internacional en los que detalla su preocupación por tales acusaciones y sobre las conclusiones de la organización respecto a que, aun cuando Italia ha adoptado ciertas medidas legislativas y administrativas destinadas a combatir el uso de malos tratos contra detenidos y presos, en la práctica no suelen respetarse totalmente. Amnistía Internacional señaló que sus conclusiones eran del todo coincidentes con las conclusiones de organizaciones intergubernamentales que son autoridad, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura de la ONU y el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CEPT).


Amnistía Internacional pidió garantías de que la política del gobierno incluiría la autorización de publicar los informes elaborados por el CEPT, tras sus visitas a lugares de detención en Italia. Específicamente, quiso saber la probable fecha de publicación del informe del CEPT sobre su segunda visita periódica a Italia en 1995, para hacer un seguimiento sobre las medidas tomadas en relación con las críticas y las recomendaciones efectuadas después de la primera visita de 1992 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s), y de las conclusiones del CEPT en la visita ad hoc de noviembre de 1996 a la prisión de San Vittore, en Milán (que el CEPT había descrito como «escandalosamente» superpoblada tras su visita de 1992).


Amnistía Internacional señaló también que, de acuerdo con sus consideraciones sobre el segundo informe periódico sobre Italia en abril de 1995 (váse Índice AI: EUR 01/02/95/s), el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación sobre la persistencia de casos de malos tratos por parte de agentes de la ley y de funcionarios de prisiones, sobre los informes de torturas y muertes bajo custodia policial, y sobre la persistencia de elevados niveles de superpoblación carcelaria. Destacó asimismo que la mayoría de las víctimas de los malos tratos eran individuos pertenecientes a ciertos «países extranjeros» o pertenecían a «minorías», y mostró su gran preocupación por «una peligrosa tendencia hacia cierto racismo». El Comité declaró asimismo que el castigo impuesto a los agentes de la ley en casos de presuntas torturas y muertes bajo custodia «no era proporcionado respecto a la gravedad» de los actos cometidos.


Las recomendaciones del Comité incluían: crear un delito específico, el de tortura; vigilar la conformidad con las salvaguardias existentes contra los malos tratos durante el periodo de custodia inicial, y en especial el acceso a asistencia médica y jurídica; garantizar la rapidez y la eficacia en la investigación de las denuncias de tortura y de malos tratos; el castigo adecuado y efectivo de los responsables; el establecimiento de ulteriores programas de formación pertinentes para agentes de la ley y personal médico y mejora de los derechos de las víctimas de torturas a una compensación estatal. Amnistía Internacional pidió información al primer ministro referente a cualquier medida que se hubiera tomado para la aplicación de tales recomendaciones y respecto a toda futura reforma proyectada por el gobierno en las áreas indicadas por el Comité de la ONU contra la Tortura.


A finales de junio no se había recibido ninguna respuesta.


Actualización de casos anteriormente documentados de presuntas torturas y malos tratos.


En enero el Tribunal de Apelación de Turín examinó la apelación de Marcello Alessi en contra de la sentencia de mayo de 1994 que lo declaraba culpable de insultar y de emplear la violencia contra un funcionario de prisiones en diciembre de 1992. (Véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). El tribunal lo absolvió de los insultos al agente, pero confirmó el resto de la sentencia de mayo de 1994.


El juicio en primera instancia del funcionario de prisiones acusado de causar a Marcello Alessi daños físicos y de abusar de su poder como funcionario público, a partir de una denuncia presentada por Marcello Alessi en diciembre de 1992, está fijado para diciembre de 1997. En esta fecha, también será juzgado el propio Marcello Alessi, acusado de nuevo de insultar al funcionario de prisiones en diciembre de 1992.


En febrero, un tribunal de Catanzaro iba a juzgar a Grace Patrick Akpan acusada de negarse a identificarse ante un agente público en febrero de 1996, de insultar y resistirse a un agente de la policía y de ocasionar daños físicos a un agente. También iban a ser juzgados dos agentes de policía acusados de causarle graves lesiones físicas, abusando de su posición como agentes de policía y (en uno de los casos) amenazándola. El tribunal aplazó la vista hasta octubre de 1998. (Véase Índice AI: EUR 01/01/97/s).


En marzo de 1993 Grace Patrick Akpan había presentado una denuncia formal por malos tratos apoyada en pruebas médicas y testimoniales, contra otro agente de policía de Catanzaro fuera de servicio. En abril, casi cuatro años más tarde, estaba previsto que un tribunal de Catanzaro juzgase a un agente acusado de insultar a Grace Patrick Akpan, de dirigirle insultos racistas, amenazarle con la deportación a África y causarle daños físicos al abofetearla y tirarle del cabello, causándole heridas cuyo tiempo de curación fue estimado en 10 días. También ella fue juzgada bajo la acusación de haber insultado al agente y de haberle ocasionado daños físicos, al golpearlo y arañarlo, causándole heridas que requerían, según estimación, un plazo de tres días para su curación. Con todo, el tribunal aplazó inmediatamente la vista hasta julio.


Se informó sobre nuevos hechos en el caso de Salvatore Marino, que murió en una comisaría de policía de Palermo en 1985, cuando era interrogado sobre el asesinato de un agente de policía. Un informe forense estableció que había sido obligado a tragar grandes cantidades de agua salada por medio de un tubo de plástico y había sufrido numerosas lesiones: el informe llegaba a la conclusión de que había muerto a causa de «constricción respiratoria que había conducido a un paro cardíaco» (véanse los Informes de Amnistía Internacional de 1986 a 1991 e Índice AI: EUR 03/02/90).


Once agentes de policía y cuatro agentes de los carabinieri fueron llevados a juicio en relación con su muerte. En mayo de 1990 un tribunal de primera instancia condenó a 10 agentes que participaron en los interrogatorios a penas condicionales de dos años de cárcel y dos años de prohibición de desempeñar empleos estatales por haber causado la muerte no intencional al someterlo a coerción física. Otros dos agentes fueron declarados culpables de un delito menor de «haber causado daños físicos involuntarios», lo que los cualificaba para obtener una amnistía. Tres acusados fueron absueltos totalmente.


En mayo de 1994 un tribunal de apelación condenó a ocho de los agentes a tres años de prisión por haber infligido deliberadamente heridas que causaron la muerte a Salvatore Marino, absolvió a otros tres y estableció que no había base para proceder contra cuatro agentes que no habían infligido directamente la tortura. Aun así, el Tribunal de Casación anuló posteriormente la decisión tomada en estos cuatro casos y los envió para un nuevo juicio ante el tribunal de apelación, estableciendo que los agentes en cuestión presenciaron las torturas, o eran oficiales superiores responsables de la conducta de sus subordinados y, por tanto, habían participado todos ellos en el delito.


En mayo de 1996 el tribunal de apelación condenó a uno de los oficiales, el jefe de la Escuadra Móvil de Palermo, a tres años de prisión condicional y a los otros tres a condenas condicionales de dos años y 11 meses de prisión. En febrero de 1997 el Tribunal de Casación anuló las condenas condicionales y ordenó un nuevo juicio contra los oficiales.



KAZAJSTÁN


En defensa de los defensores de los derechos humanos


Amnistía Internacional escribió en febrero al presidente Nursultán Nazarbáyev para expresarle su preocupación por una declaración reciente efectuada en la televisión nacional por Zhurmabék Busurmánov, primer vicepresidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, en la que acusaba a tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con base en Kazajstán de tratar de influir negativamente en la opinión internacional sobre Kazajstán, y por mantener vínculos con organizaciones internacionales cuya meta es la «desestabilización» del país y el «sabotaje ideológico». Puso en cuestión, asimismo, los motivos de las organizaciones que han defendido los derechos humanos de los ex detenidos Nikolái Gúnkin y Nina Sidórova (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s y EUR 01/01/97/s), a los que Zhurmabék Busurmánov describió como «odiosos».


En una crítica detallada de la declaración de Zhurmabék Busurmánov, Amnistía Internacional expresó su preocupación respecto a que los comentarios del primer vicepresidente planteaban serias dudas de que en el seno de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos se reconociese de forma general el principio fundamental de que todas las personas gozan de iguales e inalienables derechos, incluido el derecho a no ser torturado ni maltratado, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, y el derecho a tener un juicio justo. Amnistía Internacional consideró también el cuestionamiento injusto de los motivos de las tres organizaciones de derechos humanos locales que el primer vicepresidente nombró ─la Oficina Kazajio-Americana de Derechos Humanos y el Imperio de la Ley (luego se llamó Oficina Internacional para los Derechos Humanos y Respecto a la Ley de Kazajstán), el Comité Almá-Atá Helsinki, y el Desarrollo Jurídico de Kazajstán─ constituía una intimidación de estas organizaciones por parte de las autoridades.


La organización hizo un llamamiento al Presidente para que condenase las críticas injustificadas contra los defensores de los derechos humanos por parte de autoridades del Estado, y que garantizase que la Comisión de Derechos Humanos se esforzaría en establecer una relación de trabajo con las organizaciones de derechos humanos basada en un diálogo abierto y constructivo, y respeto por el papel crucial que desempeñan los defensores de los derechos humanos.


La carta de Amnistía Internacional fue enviada a las organizaciones de derechos humanos mencionadas en la declaración del primer vicepresidente, y por consiguiente se informó de ella en los medios de comunicación en Kazajstán. Posteriormente se informó a Amnistía Internacional de que Zhurmabék Busurmánov había sido designado para otras funciones.


Presiones para la despenalización de la homosexualidad


En un comunicado dirigido en febrero a Igor Rógov, consejero del presidente de Kazajstán sobre Asuntos Jurídicos, Amnistía Internacional trató de nuevo de obtener aclaraciones sobre la situación del artículo 104, parte 1, del Código Penal, que castigaba los actos homosexuales realizados entre hombres adultos de mutuo acuerdo. En 1993 Amnistía Internacional había recibido información de fuentes no oficiales de que esta ley había sido abrogada, pero el Ministerio de Justicia, respondiendo a una petición de Amnistía Internacional para una confirmación de esto último, había informado a la organización de que la ley seguía en vigor. En su comunicado a Igor Rógov, Amnistía Internacional pidió también información sobre si estaba previsto despenalizar la homosexualidad en el nuevo Código Penal que en ese momento estaba en preparación. La organización subrayaba que los individuos encarcelados por actos homosexuales realizados en privado entre adultos con consentimiento mutuo eran considerados por Amnistía Internacional presos de conciencia, y que la despenalización de la homosexualidad sería una indicación positiva del reforzamiento del respeto de los derechos humanos en Kazajstán.


A comienzos de julio no se había recibido ninguna respuesta oficial sobre este asunto.


Presuntas torturas y malos tratos durante el periodo de prisión preventiva y en las cárceles (actualización de la información dada en Índice AI: EUR 57/10/96/s)


En marzo Amnistía Internacional escribió al Procurador General para volver a exponer su preocupación respecto a las denuncias de malos tratos a presos en el periodo de prisión preventiva y en la cárcel. En particular, la organización planteó de nuevo el caso de Valery Zippa, a la luz de la información recibida recientemente por Amnistía Internacional de que se habían abandonado los procedimientos penales contra agentes acusados de infligirle lesiones, entre ellas una rotura del bazo, en 1994. La organización planteó también otros dos nuevos casos. El primero se refería a Yevgeny Tarásov, que afirmaba que había sido torturado por agentes de la policía en Pávlodar para que confesase un asesinato, por el cual posteriormente había sido declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. Las presuntas torturas a Yevgeny Tarásov habían tomado la forma de golpes con porras mientras estaba atado a un radiador de calefacción central, con una máscara antigás tapándole el rostro que tenía la válvula del aire cerrada, hasta que perdió el conocimiento. El segundo caso se refería a Víktor Kuznétsov, que sufría una condena de seis años de prisión y denunció malos tratos por parte de agentes en varias prisiones, incluidas amenazas por parte de los guardianes en una penitenciaria de la Región Norte de Kazajstán.


En una respuesta recibida en mayo, el fiscal general adjunto S.O. Ogarbáyev no dio ninguna respuesta directa a la petición de Amnistía Internacional de obtener información acerca de los resultados de la investigación sobre las presuntas palizas a Valery Zippa. El fiscal general adjunto respondió sólo a la petición adicional de Amnistía Internacional sobre garantías de que Valery Zippa gozaba de cuidados médicos adecuados, confirmando que estaba siendo tratado en su lugar habitual de reclusión a consecuencia de haber sufrido una rotura del bazo. En cuanto a Víktor Kuznétsov, el fiscal general adjunto afirmó que no se habían hallado pruebas de sus denuncias de malos tratos, y que se sabía que Víktor Kuznétsov violaba continuamente las normas de la prisión. La carta no daba ninguna respuesta respecto a Yevgeny Tarásov.


Condiciones en una cárcel de menores LA-155/6 (actualización de la información dada en EUR 57/10/96/s)


En su carta de marzo Amnistía Internacional recordaba al fiscal general su preocupación respecto de las condiciones existentes en la cárcel de menores LA-155/6 de Almá Atá. Además de ser objeto de la acción de Amnistía Internacional, incluida una petición para que se abriera una investigación sobre presuntos malos tratos deliberados y muertes bajo custodia, esta cárcel fue protagonista de un telefilm, «Experimento de la Cruz», que presentó en varios países desde mediados de 1996 y suscitó un significativo interés público. En su carta enviada en mayo el fiscal general adjunto afirmaba que «dentro de los límites de la presente falta de medios materiales, financieros y médicos los presos de la colonia LA-155/6 son tratados de acuerdo con las leyes de reforma por el trabajo de la república». Afirmó que a los presos se les proporcionaba cama, ropa y comida adecuados, que tenían oportunidades para educarse, y disponían de otras instalaciones. Y continuaba: «No hay pruebas de actos de trato cruel, tortura [o] malos tratos en estas instituciones».


Amnistía Internacional continuó insistiendo para obtener una respuesta concreta de las autoridades respecto de las presuntas muertes bajo custodia policial ocurridas en LA-155/6. Los miembros de Amnistía Internacional continuaron también presionando a sus propios gobiernos para que se interesasen por el problema de las malas condiciones carcelarias en Kazajstán, que constituían malos tratos, con la intención de garantizar un apoyo internacional material y técnico para que se produjesen mejoras.



La pena de muerte (incluye la actualización de la información proporcionada en Índice AI: EUR 01/01/97/s)


Durante el periodo que estamos tratando Amnistía Internacional continuó recibiendo de fuentes no oficiales alentadoras indicaciones de un cambio positivo en la actitud oficial respecto a la aplicación de la pena de muerte. En particular, los tribunales que juzgan casos relativos a la pena capital al parecer estaban ejerciendo más frecuentemente que antes la opción de imponer penas de prisión de larga duración en vez de una sentencia de muerte. Además, un nuevo Código Penal, que, en el momento de redactar este informe ya había sido aprobado por el Parlamento, pero que estaba a la espera de la firma del presidente para convertirse en ley, contenía, al parecer, menos delitos punibles con la pena capital que el código en vigor.


Con todo, continuaron pronunciándose sentencias de muerte y llevándose a cabo ejecuciones. Amnistía Internacional se sintió particularmente ultrajada por la ejecución, en abril, de Oleg Gorozashvili. Las autoridades prosiguieron con la ejecución pese a las peticiones en Kazajstán y en el extranjero de un aplazamiento de la ejecución que permitiera un examen de las denuncias sobre graves errores de investigación y judiciales en este caso. Asimismo la actuación de las autoridades, violaba sin duda el compromiso contraído en enero por un representante del Comité de Investigación del Estado de no llevar a cabo la ejecución hasta que fuesen investigadas a fondo las denuncias.



KIRGUISTÁN


Presos de conciencia


El activista político Topchubék Turgunalíyev


Topchubék Turgunalíyev, importante activista político de la oposición, fue condenado en enero a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de tres delitos. En apelación, en los meses siguientes se retiraron los cargos de «robo de propiedad estatal» y «hechos delictivos», dejando únicamente el de «abuso de autoridad», por el que el Tribunal Supremo sustituyó la condena a 10 años de prisión por otra de cuatro años de prisión en una cárcel de baja seguridad. Como había dispuesto el Tribunal Supremo, en la práctica la condena iba a ser de régimen abierto y se había permitido que Topchubék Turgunalíyev viviese en su casa en Bishkék, la capital. La decisión del tribunal de apelación fue considerada en general una solución para salvar la cara en un caso que había sido controvertido. Había habido protestas generalizadas contra el procesamiento de Topchubék Turgunalíyev, sobre la base de que la presentación de cargos penales, que estaban relacionados con su autorización, en 1994, de efectuar unos pagos para el desarrollo de empresas comerciales cuando era rector de la Universidad de Humanidades de Bishkék, parecía estar motivada políticamente, y tener una dudosa validez legal.


Pese a esto, a comienzos de marzo unos agentes de la ley lo sacaron de su casa y lo trasladaron a una penitenciaría de baja seguridad en la localidad de Arká, región de Osh, a varios cientos de kilómetros de Bishkék. La razón de este cambio en los términos de su sentencia fue, al parecer, que desde la vista de apelación Topchubék Turgunalíyev había tomado parte en reuniones de la oposición política en Bishkék. Según parece, las condiciones de vida de los presos en la penitenciaría de Arká eran duras, y en junio se recibieron informes según los cuales la salud de Topchubék Turgunalíyev era muy mala.


Amnistía Internacional estimó que a Topchubék Turgunalíyev, al haber sido objeto de un procesamiento penal políticamente motivado y aparentemente basado en cargos falsos, le habían sustituido la condena en régimen abierto por una condena de prisión en condiciones duras porque había ejercido su derecho humano fundamental a la libertad de expresión. Era preso de conciencia. (Para una narración detallada de este caso, véase Kyrgyzstan - Prisoners of conscience back on trial: The cases of Topchubek Turgunaliyev and Yrysbek Omurzakov, Índice AI: EUR 58/08/97.)


En la vista de febrero del juicio de Topchubék Turgunalíyev la policía detuvo a Tursunbék Akúnov, conocido defensor de los derechos humanos, y a Chynybék Aitkúlov, activista político de oposición, por haber participado en un piquete de huelga ante el Tribunal Supremo. Chynybék Aitkúlov fue liberado inmediatamente debido a su mala salud, pero Tursunbék Akúnov fue condenado a 24 horas de detención administrativa por «organizar una reunión no autorizada». Con posterioridad presentó una apelación contra esta sentencia, y en marzo el Tribunal Supremo falló en su favor y desestimó la sentencia transferida por el tribunal de distrito.


Procesamiento de periodistas por libelo criminal


El periodista Yrysbék Omurzákov fue llevado a juicio en un tribunal de distrito de Bishkék, en mayo, acusado de libelo criminal contra un directivo de una factoría en un artículo del diario Res Públika. Crítico con la política de privatizaciones del gobierno, el artículo hablaba sobre una residencia de trabajadores adjunta a una factoría en Bishkék, en la que los residentes se resistían a los planes de los directivos encaminados presuntamente a privatizar la residencia en su propio beneficio. Yrysbék Omurzákov había estado en detención cautelar desde marzo.


En el juicio de Yrysbék Amurzákov estaban con él dos mujeres que vivían en la residencia, Damira Akmátova y Gulya Ibráimova, acusadas de «proporcionar información falsa deliberadamente» al periodista. Éstas no se hallaban en detención cautelar.


Después de sólo tres días el juez suspendió los procedimientos judiciales y devolvió el caso para que fuese investigado de nuevo. Se ordenó que Yrysbék Omurzákov volviese bajo custodia. Con todo, una vista celebrada en el Tribunal de la Ciudad de Bishkék a comienzos de junio dio por resultado la puesta en libertad bajo fianza de Yrysbék Omurzákov, aun cuando los cargos presentados contra él y contra Damira Akmátova y Gulya Ibráimova siguieron pendientes. (Para una relación detallada de los antecedentes de este caso, véase Índice AI: EUR 58/08/97.)


En un caso diferente, otras cuatro personas relacionadas con el diario Res Públika fueron juzgadas por un tribunal de distrito de Bishkék en la misma semana de mayo en que lo fue Yrysbék Omurzákov. Fueron acusados de libelo criminal, en artículos publicados entre 1993 y 1996, contra el presidente de la compañía aurífera estatal Kyrgyzaltýn. Los cuatro acusados fueron declarados culpables. Zamyra Sydýkova, directora de Res Públika, y el periodista Aleksándr Alyánchikov fueron condenados a 18 meses de prisión cada uno, y Bektásh Shamshíyev y Marina Sivásheva (respectivamente traductor y corrector de estilo) fueron multados y suspendidos como periodistas durante 18 meses. Tras la presentación de una apelación ante el Tribunal de la Ciudad de Bishkék en junio, la condena de prisión de Aleksándr Alyánchikov fue suspendida y se ordenó que fuese puesto en libertad, aunque siguió suspendido de la profesión periodística durante 18 meses. La condena contra Bektásh Shamshíyev y Marina Sivásheva fueron anuladas completamente. En cuanto a Zamira Sydýkova el tribunal dictaminó que su sentencia no sería modificada, y modificó la sentencia ordenando que fuese llevada a un centro de detención con un régimen menos severo.


Amnistía Internacional no tomó postura respecto a la legitimidad o ilegitimidad de las querellas por libelo en estos dos casos, y reconoció que todo aquél que creyera haber sido víctima de difamación tenía derecho a tratar de buscar reparación en los tribunales. Con todo, Amnistía Internacional consideraba que el empleo de procedimientos penales en casos de libelo como éstos era inadecuado, pues implicaba que el acusado era responsable de un daño a toda la sociedad. La organización ponía en duda que el presunto libelo constituyera en estos casos un daño de este tipo para la sociedad. Amnistía Internacional creía que las querellas por libelo como las de este caso deben llevarse por procedimientos civiles en los que el querellante pueda buscar reparación por el daño personal a su reputación.


Amnistía Internacional consideró que Yrysbék Omurzákov, Zamira Sydýkova y Aleksándr Alyánchikov eran presos de conciencia y pidió su puesta en libertad inmediata e incondicional. Y pedía la suspensión de los cargos contra Damira Akmátova y Gulya Ibráimova que, si eran declaradas culpables y encarceladas, serían consideradas presas de conciencia.


Véase también Mujeres en Europa página 102.


Presuntas torturas y malos tratos


En respuesta a los informes respecto a que el gobierno iba a revisar las propuestas de un nuevo programa estatal sobre ley y orden públicos, Amnistía Internacional escribió en abril al primer ministro Apás Dzhumagúlov para expresarle la esperanza de que los principios de observancia de los derechos humanos, tal como están establecidos en las normas internacionales, serían incorporados plenamente en este programa.


En particular, Amnistía Internacional mostraba su preocupación respecto a que cada paso razonable que se dé para garantizar que los crecientes esfuerzos para resolver los delitos y enfrentarse al problema de la delincuencia juvenil (según informes, dos de las metas del programa sobre ley y orden públicos en proyecto) debe llevarse a cabo sin recurrir a prácticas que violen las normas internacionales que regulan la conducta de los agentes de la ley y protegen los derechos de los detenidos. La organización manifestó su preocupación en vista de los continuos informes sobre infracciones de la disciplina por parte de agentes de la ley, incluidas presuntas torturas y malos tratos a detenidos sospechosos de algún delito. Además de los casos mencionados en el informe de mayo de 1996 de Amnistía Internacional, Kyrgyzstan: A tarnished human rights record (Índice AI: EUR 58/01/96), la organización planteó los casos de dos hombres identificados como Namir N. y Víktor S., y de dos mujeres, identificadas como Yelena S. y Olga, quienes, según un informe difundido por los medios de comunicación kirguisistanos, habían presentado querellas en julio de 1996 contra agentes del distrito Octubre del departamento de policía de Bishkék. Los querellantes afirmaban que habían sido golpeados brutalmente mientras estaban bajo detención nocturna bajo la custodia de agentes de la policía. Según informes, el examen médico mostró que Olga había sufrido conmoción cerebral, cortes y contusiones, que Yelena S. y Víktor S. habían sufrido lesiones leves, y que Namir N. había sufrido fractura de clavícula.


A comienzos de julio de 1997 Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta de la oficina del primer ministro ni de ningún otro organismo oficial respecto a la situación de la investigación de la querella presentada por estas cuatro personas. (Este caso se encuentra también en Mujeres en Europa p. 102)


Tursunbék Akúnov afirmó haber sido golpeado por un agente de policía en el curso de su detención cuando formaba un piquete ante el edificio del Tribunal Supremo en febrero (véase más arriba). Su denuncia estaba respaldada por el testimonio de un testigo. No se sabe si los malos tratos fueron objeto o no de investigación oficial.


La pena de muerte


En abril Amnistía Internacional escribió al presidente de las dos cámaras del Parlamento de KIRGUISTÁN y al presidente del Tribunal Supremo con relación a un informe según el cual el Tribunal Supremo estaba redactando una enmienda al Código Penal que, si era aprobada por el Parlamento, extendería la pena capital al delito de posesión de droga a gran escala. Amnistía Internacional opinaba que esta extensión no resolvería el problema de los delitos relacionados con la droga en KIRGUISTÁN, y pidió que el proyecto de enmendar el Código Penal fuese abandonado. A comienzos de julio, la organización no poseía información sobre la situación de la elaboración de la enmienda.


En el periodo que estamos tratando Amnistía Internacional tuvo conocimiento de otros 10 casos de condenas a muerte en KIRGUISTÁN, todas ellas aprobadas en 1996.



LETONIA


Solicitantes de asilo


Según informes, en junio el Parlamento letón (Saeima) aprobó una ley «Sobre los Solicitantes de Asilo y los Refugiados en Letonia».



MOLDAVIA


Encarcelamiento de Ilie Ilaşcu y el caso de los «Seis de Tiraspol» (actualización de la información del Informe 1997 de Amnistía Internacional)


En el periodo que estamos tratando hubo cambios en el caso de los llamados «Seis de Tiraspol», que habían sido declarados culpables en diciembre de 1993 por un tribunal de la autoproclamada República Moldava del Dniéster (RMD) (véase Índice AI: EUR 01/02/94/s).


Los dirigentes de Moldavia y de la RMD firmaron un acuerdo el 8 de mayo que iba dirigido a poner fin a los siete años de disputa separatista. El acuerdo no especificaba cuál sería el status constitucional que se otorgaría a la región, étnicamente rusa, de la RMD, pero garantizaba que seguiría siendo parte de Moldavia. Según los informes, la puesta en libertad después de su detención de Ilie Ilaşcu y los otros tres coacusados se discutió también durante las negociaciones. Al parecer, no se ha alcanzado ningún acuerdo final y éstos permanecían en prisión a finales de junio.


Ilie Ilaşcu, Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc y Tudor Petrov-Popa están en prisión desde el momento en que fueron declarados culpables en 1993 del homicidio de dos agentes de la RMD. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos plantearon preguntas respecto a la imparcialidad del juicio. Organizaciones locales continuaron sosteniendo que esos hombres habían sido procesados por razones políticas, solamente debido a su pertenencia al Frente Popular Cristiano Demócrata, partido moldavo partidario de la reunificación de Moldavia con Rumanía.


Dos de los seis presos fueron puestos en libertad en 1994. Petru Godiac fue puesto en libertad en junio de 1994, tras cumplir totalmente su condena. Al mes siguiente Vladimir Garbuz, que había recibido una condena menor que la mínima debido a su cooperación con la investigación, fue indultado y puesto en libertad tras haber cumplido una pequeña parte de su condena de seis años de prisión. El único acusado que se declaró culpable y cuyo testimonio implicó a los demás, Vladimir Garbuz, alegó públicamente con posterioridad, en octubre de 1994, que su confesión había sido obtenida bajo coacción, sin excluir golpes.


Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc e Ilie Ilaşcu sufren graves enfermedades y, según informes, no se les ha proporcionado cuidados médicos adecuados. Las autoridades de la RMD se negaron repetidamente a permitir que se realizaran reconocimientos médicos independientes a los presos por expertos del exterior, incluidos representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.


Amnistía Internacional continuó exigiendo una revisión del caso, y respecto a los otros cuatro presos, cuidados médicos apropiados.



NORUEGA


Detención de presos enfermos mentales


En enero el ministerio noruego de Justicia contestó a una carta escrita por Amnistía Internacional al Ministro de Justicia en octubre de 1996 en la que expresaba su preocupación respecto a la práctica de mantener en aislamiento en las prisiones a personas con enfermedades mentales (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). El Ministro de Justicia expresó la insatisfacción del gobierno respecto de la situación presente y reconoció el compromiso de las autoridades para mejorarla. De todos modos, el Ministro declaró que estaba seguro de que «las condiciones de los presos enfermos mentales son conformes a las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos [las Reglas Mínimas]».


En mayo Amnistía Internacional escribió al Ministro de Justicia expresando su satisfacción por el compromiso de las autoridades para la mejora de la situación de los presos enfermos mentales, pero mostró su preocupación entre la evidente diferencia de interpretación de las exigencias de las Reglas Mínimas. En particular, Amnistía Internacional afirmaba que no lograba comprender cómo la práctica de aislar a los presos enfermos mentales podía ser considerada conforme a las Reglas Mínimas, dado que la Regla 22 (2) afirma de manera incontrovertible: «Se dispondrá el traslado de enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales a establecimientos penitenciarios especializados...». Además la Regla 82(1) y (2) afirma que «los alienados no deberán ser recluidos en prisiones y se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales» y que los «reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos». La organización pidió aclaración al ministro de Justicia sobre este punto. Amnistía Internacional pidió asimismo que le informasen sobre las medidas que las autoridades estaban planeando tomar para erradicar la práctica de imponer el aislamiento a los detenidos enfermos mentales, sobre qué pasos se estaban dando para garantizar que los presos enfermos mentales eran trasladados rápidamente a instituciones especiales. La organización pidió también que le enviasen estadísticas actualizadas sobre la detención de presos enfermos mentales en la Prisión de Ila.


Detención prolongada en celdas policiales


En su respuesta de enero el Ministerio de Justicia afirmaba que «el asunto de la detención prolongada en celdas policiales no suele ser un problema» y que «el Ministerio ha aprobado procedimientos con el fin de garantizar que un detenido no queda recluido en una celda policial durante más de cinco días consecutivos».


En su carta de mayo Amnistía Internacional expresaba su satisfacción por la declaración del Ministerio y pedía ser informada sobre los procedimientos introducidos por el Ministerio. La organización pedía asimismo que le informaran de cómo se calculaban «los cinco días consecutivos».



PORTUGAL


Acción Urgente sobre nuevas propuestas en relación con la pena de muerte


El pasado mes de mayo, Amnistía Internacional recibió confirmación de que el Parlamento portugués iba a considerar de forma inminente una enmienda a la Constitución que podía poner a algunas personas en peligro de ser condenadas a muerte. Con ello, las autoridades intentaban enmendar la cláusula que prohíbe la extradición de cualquier persona que haya cometido delitos castigados con la pena de muerte de acuerdo con la ley del Estado que solicite la extradición. Según la enmienda propuesta al apartado 3 del artículo 33 de la Constitución, sólo en casos excepcionales se concedería la extradición a los Estados que la soliciten, siempre que el gobierno portugués quedara convencido de haber recibido «garantías suficientes» de que la pena de muerte sería conmutada y sustituida por otra pena de duración limitada. Ante la preocupación de que las autoridades portuguesas no hubieran definido la naturaleza o la aplicabilidad de dichas garantías, ni tampoco el modo en el que se valoraría su fiabilidad, Amnistía Internacional envió llamamientos urgentes expresando su preocupación a Jorge Sampaio, presidente de la República, y a António Almeida Santos, presidente de la Asamblea de la República. En sus llamamientos, Amnistía Internacional manifestó su oposición a esta enmienda, ya que podía dar lugar a que un preso extraditado fuera sentenciado a muerte por un tribunal del Estado solicitante, e hizo hincapié en su incondicional oposición a la pena de muerte. La organización calificó también que la enmienda sería considerada en otros países como una medida retrógada, dada la larga tradición de Portugal en lo que respecta a la abolición de la pena de muerte y la destacada función cumplida por este país en la lucha porque esta abolición se lleve a cabo en todo el mundo.


Casos de presuntos malos tratos


Amnistía Internacional expresó preocupación por unas denuncias de malos tratos infligidos por la policía, formuladas por Vítor Manuel Santos, carpintero de 23 años, horas antes de ser encontrado muerto de un tiro en la cabeza el 9 de febrero de 1997 cerca de Vila Franca de Xira. El informe de una autopsia realizada concluyó que la causa de su muerte fue el suicidio, si bien, según informes, señalaba asimismo que se habían encontrado una serie de marcas que indicaban que la víctima podía haber sido golpeada poco antes de su muerte. La Policía de Seguridad Pública (PSP) negó las denuncias formuladas por Vítor Santos y por algunos de su familiares según las cuales Vítor había recibido golpes y patadas en el camino hacia la comisaría de policía de Vila Franca de Xira, y una vez allí también, tras ser arrestado en un bar por embriaguez y desorden público en la noche de carnaval. Nada más salir de la comisaría, Vítor Santos se dirigió al hospital local. Según informes, llegó con abrasiones en el ojo izquierdo y un estado de gran agitación. Su familia presentó una denuncia judicial contra la policía. Los informes según los cuales el Ministerio Público desestimó la investigación judicial por falta de pruebas aún no han sido confirmados. La familia afirma que no han tenido acceso al informe de la autopsia, y están tratando de obtener información sobre ciertos incidentes ocurridos antes de su muerte.


Amnistía Internacional busca más detalles sobre ciertas denuncias según las cuales el 8 de junio por la noche, cinco guardias golpearon duramente a Belmiro Santana, preso en Caxias. Su estado de salud sigue siendo precario. Se cree que la paliza que recibió fue el resultado de un incidente ocurrido durante una de las visitas de su madre, cuando el guardia se negó a dar permiso a Belmiro Santana para ir a buscar un documento oficial a su celda. Belmiro Santana declaró que le dieron patadas y le golpearon con porras en los brazos y en la ingle, que le rompieron dos dientes y le arrancaron «a sangre fría» los anillos que llevaba en los pezones y en el ombligo, causándole profundos desgarros. También afirmó que le dejaron durante el resto de la noche en régimen de aislamiento, sin proporcionarle asistencia médica hasta el siguiente día. Entonces le trasladaron al Hospital S. Francisco Xavier donde le hicieron pruebas y recibió atención médica. Posteriormente le condujeron al hospital penitenciario de Caxias. Según los informes, la Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP) manifestó que tan sólo un guardia se vio implicado en el incidente y que tanto éste como el preso recibieron asistencia médica. La DGSP inició una investigación en relación con este incidente.


Información actualizada sobre muertes ocurridas bajo custodia policial


El Tribunal de Instrucción Penal de Évora siguió adelante con la investigación judicial sobre la muerte de Carlos Manuel Gonçalves Araújo (Índice AI: EUR 01/01/97/s), muerto por impacto de bala en el transcurso de su detención, poco después de ser arrestado por robar una tienda en Évora el 15 de diciembre de 1996. El agente de policía a quien pertenecía la pistola semiautomática Browning con la que se disparó el tiro que causó la muerte de Carlos Araújo, permaneció recluido en prisión preventiva y posteriormente fue puesto en libertad por orden del tribunal de apelaciones (Tribunal da Relação de Évora). Se le ha permitido seguir en el cuerpo de policía, si bien ha quedado desautorizado para llevar armas. No obstante, sigue abierto un proceso disciplinario en su contra. La investigación realizada por la Inspección General de Administración Interna (IGAI) en relación con los disparos llegó a la conclusión de que, tal y como se había señalado en informes anteriores, que no se produjo ningún retraso injustificado en el traslado de Carlos Araújo al hospital.


Asimismo, la IGAI comunicó a Amnistía Internacional en el mes de mayo que había incoado un proceso disciplinario contra un agente de policía por agredir injustificadamente cuando se encontraban recluidos en la comisaría de Évora a Carlos Araújo y a los otros dos hombres arrestados con él. Estos dos hombres se llamaban Sérgio Filipe Reis Nogueira y Luís António Gomes Alfama Correia. La investigación disciplinaría todavía estaba en curso.


Las autoridades portuguesas garantizaron a Amnistía Internacional que se habían iniciado investigaciones judiciales y disciplinarias en relación con la muerte de Olívio Almada (Índice AI: EUR 01/01/97/s), cuyo cadáver fue hallado en el río Tajo después de que fuera detenido por agentes de policía en octubre del año pasado.


El juicio contra un grupo de oficiales de la Guardia Nacional Republicana (GNR) en relación con el homicidio de Carlos Rosa (Índice AI: EUR 01/01/97/s) ha quedado fijado para el 22 de septiembre de 1997 en el Tribunal da Boa Hora, en Lisboa. Según los informes, los abogados defensores que representan al agente de policía acusado de matar al detenido y de seccionarle la cabeza, intentan reducir los cargos formulados en su contra, pasando de homicidio con circunstancias agravantes a homicidio sin premeditación. Otros cuatro agentes de policía están acusados de cargos relacionados con este asesinato.


Plan del Inspector General para controlar los abusos


A finales del mes de mayo, la IGAI publicó un informe sobre sus planes para el año 1997. En una alusión concreta a las críticas formuladas tanto por Amnistía Internacional como por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (Índice AI: EUR 01/01/97/s), el inspector general anunció que, en primer lugar, se iba a centrar en las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Los planes incluían visitas sistemáticas y no anunciadas a las comisarías de la Policía de Seguridad Pública (PSP), así como a los puestos de la Guardia Nacional Republicana (GNR), a un ritmo de una comisaría o un puesto por día antes de finales de año. Asimismo, la IGAI está elaborando nuevas propuestas para regular el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de policía, y tiene abierta una investigación sobre la actual práctica de suspender los procesos disciplinarios internos contra agentes mientras se lleva a cabo una investigación judicial. Se está realizando estudio sobre la conducta de la policía con respecto a los grupo minoritarios, tales como los africanos y los romaníes.


Amnistía Internacional pide una reforma del Código Penal en lo que respecta a la tortura


En el mes de abril, Amnistía Internacional pidió al gobierno que revisara la reforma propuesta para los artículos del Código Penal que tratan sobre los encargados de hacer cumplir la ley sospechosos de haber cometido algún delito de tortura o malos tratos.


La versión revisada de 1995 del Código Penal incorporó ciertos delitos relacionados con la tortura y los malos tratos, y estableció asimismo un castigo para los oficiales superiores que no informaran de tales delitos en un plazo de tres días. El carácter restrictivo de algunos de los artículos pone en tela de juicio la efectividad de estas nuevas leyes. En concreto, la definición de lo que constituye dicho delito aparece definida en el artículo 243 de una forma tan restrictiva, y la carga de la prueba sobre la víctima es tan onerosa, que muchos actos de tortura y de malos tratos podrían quedar exentos de ser considerados como tales.


Las consecuencias de esta situación son muy graves debido a otro artículo del Código que discrimina a las víctimas de malos tratos. La mayoría de los casos de malos tratos infligidos por los encargados de hacer cumplir la ley se considerarían delitos de simple agresión en virtud del artículo 143. Actualmente, la cláusula 2 de dicho artículo estipula que cualquier investigación penal exige una denuncia judicial por parte de la víctima. Amnistía Internacional considera que existen numerosas razones válidas por las que la víctima de una agresión a manos de un encargado de cumplir la ley puede legítimamente no desear interponer una denuncia en un juzgado. Si no se presenta dicha denuncia no se emprenderán acciones judiciales y, en consecuencia, se denegará a la víctima una compensación.


En diciembre de 1996, el Ministro de Justicia aseguró a Amnistía Internacional que este artículo del Código sería clasificado de nuevo como delito público que conlleve automáticamente una acción judicial. La reforma propuesta es un proceso estructurado en dos partes. Esto significa que el Código reconocerá únicamente la agresión como delito público cuando el agente sea sospechoso de haber cometido un delito que implique un grave abuso de la autoridad. Esto implica, con toda probabilidad, que numerosos delitos de agresión serán excluidos por no responder a la definición de lo que el tribunal considera un delito grave. De este modo, la posibilidad que el código ofrece de someter a enmienda el delito de agresión entraña en sí misma un carácter condicional.


Amnistía Internacional considera que, para que la reforma sea efectiva, cualquier legislación nueva debe establecer de forma clara que, siempre que un agente sea sospechoso de un delito de malos tratos, deberá iniciarse automáticamente una acción judicial.



REINO UNIDO


En junio, Amnistía Internacional publicó un documento titulado Reino Unido: Programa para la protección de los derechos humanos (Índice AI: EUR 45/12/97/s) en el que instaba al nuevo gobierno, elegido en mayo, a tomar medidas significativas para la protección de los derechos humanos en todo el Reino Unido. La organización reseñó diversos problemas fundamentales de derechos humanos que, en su opinión, el nuevo gobierno debe intentar resolver con carácter prioritario, por ejemplo garantizando que tanto la legislación como la práctica en el Reino Unido se ajustan al cuerpo completo de leyes y normas internacionales y regionales de derechos humanos. Amnistía Internacional acogió con satisfacción la promesa del nuevo gobierno de incorporar uno de estos instrumentos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, a la legislación nacional como un primer paso hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. El gobierno deberá constituir una Comisión de Derechos Humanos con plenas competencias para reforzar la protección de los derechos humanos. Por otra parte, la organización se refirió a sus preocupaciones en relación con el significativo número de muertes bajo custodia presuntamente causadas por actos violentos en Inglaterra, el sistema de investigación judicial, el empleo de balas de plástico en Irlanda del Norte, las denuncias de malos tratos, los defectos del procedimiento de presentación de denuncias contra la policía, la violación de garantías procesales, el procedimiento de asilo, la legislación de excepción y la actuación policial en Irlanda del Norte. Además, Amnistía Internacional instó al gobierno a publicar los informes de las investigaciones policiales sobre denuncias de colusión y ejecuciones extrajudiciales en Irlanda del Norte, y asimismo a anular las conclusiones del Tribunal de Widgery y emprender inmediatamente una investigación en profundidad sobre los acontecimientos del «domingo sangriento» de 1972. Amnistía Internacional pretende entablar un diálogo con el gobierno en torno a estos asuntos.


En junio, la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional prestó declaración oral y por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Irlanda del Norte, ante la Subcomisión de Relaciones Internacionales sobre Operaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.


Investigaciones judiciales


La investigación realizada en enero sobre la muerte de Kenneth Severin, ocurrida en la prisión de Belmarsh en noviembre de 1995, dio como resultado un veredicto de «causa de muerte desconocida». La autopsia estableció que la causa más probable de la muerte era la asfixia, dada la postura en que lo habían inmovilizado. Al jurado se le explicó que había muerto poco después de un forcejeo con al menos cuatro funcionarios de prisiones durante su traslado a una celda destinada a registros corporales. Los funcionarios negaron haberlo inmovilizado por el cuello, así como haberle hincado las rodillas en la espalda o dado patadas y puñetazos; tampoco supieron ofrecer una explicación de las contusiones que la víctima presentaba en la parte superior de la espalda y el cuello.


Malos tratos y trato cruel, inhumano y degradante


En marzo, Amnistía Internacional publicó un documento titulado Reino Unido: Unidades Especiales de Seguridad: Trato cruel, inhumano o degradante (Índice AI: EUR 45/06/97/s), en el que instaba al gobierno a acometer una revisión de las medidas «de seguridad» aplicadas en el régimen penitenciario británico, a fin de garantizar que no constituyen trato cruel, inhumano y degradante de los reclusos. Informes médicos independientes señalaban que las medidas aplicadas en la Categoría A causaban un grave deterioro de la salud física y mental de los presos. Un recluso preventivo o condenado por graves delitos es susceptible de ser clasificado en la Categoría A si se considera que su fuga constituye un grave peligro. Amnistía Internacional considera que las unidades especiales de seguridad en las que hay presos de Categoría A (con un «alto riesgo de fuga») constituyen trato cruel, inhumano o degradante y privan a los presos preventivos de su derecho a un juicio con las debidas garantías, lo cual contraviene las obligaciones adquiridas por el Reino Unido en virtud de los tratados internacionales.


Róisín McAliskey, arrestada en noviembre de 1996, permaneció ─estando embarazada─ seis días en régimen de aislamiento absoluto en una prisión para hombres, antes de su traslado a la cárcel de mujeres de Holloway. En esta última permaneció como reclusa de Categoría A, cuando dicho establecimiento carece de las instalaciones indicadas para este tipo de presos. Amnistía Internacional considera que las condiciones de su detención fueron constitutivas de trato cruel, inhumano y degradante. Véanse los datos pormenorizados del caso en Mujeres en Europa.


Preocupaciones relativas a las garantías procesales


Amnistía Internacional envió representantes a tres vistas de apelación: una en Inglaterra y dos en Irlanda del Norte. En abril comenzó la vista de apelación de cuatro individuos ─conocidos como los Cuatro de Bridgewater, aunque uno de ellos murió en prisión en 1981─ condenados por el asesinato de un vendedor de periódicos llamado Carl Bridgewater en 1978. En febrero habían quedado en libertad bajo fianza tras haber permanecido diecisiete años encarcelados. El recurso de apelación se basaba en que la policía había falsificado la confesión de uno de los detenidos y después había ejercido presión indebida ─que incluyó malos tratos─ sobre otro detenido para obligarle a confesar.


Christopher Sheals recurrió en abril contra su sentencia de asesinato en 1994 en relación con el homicidio de Margaret Wright. Apeló en Irlanda del Norte contra el argumento de «propósito común» en que se basó la condena, cuestión que está siendo estudiada actualmente por la Cámara de los Lores en otra causa.


El secretario de Estado para Irlanda del Norte remitió en mayo al Tribunal de Apelación la causa de Patrick Kane, condenado en marzo de 1990 en relación con el asesinato de dos cabos del ejército. La sentencia fue anulada en junio por el Tribunal de Apelación; se consideró incierta e insatisfactoria al surgir nuevas pruebas de que sus confesiones podrían haber sido inadmisibles y poco fiables. Quedó en libertad el 20 de junio. Amnistía Internacional ha seguido instando a las autoridades a revisar urgentemente las sentencias impuestas a dos coacusados en su juicio, Sean Kelly y Michael Timmons.


Por último, Amnistía Internacional vio con preocupación el caso de Daniel McNamee, declarado culpable en 1987 de un atentado con bomba en Londres y condenado a 25 años de cárcel. La condena se basó exclusivamente en pruebas periciales que posteriormente han quedado desacreditadas, según los informes recibidos.


«Domingo sangriento»


A lo largo de 1997 fueron surgiendo numerosos indicios relacionados con la Investigación Judicial de Widgery sobre la matanza de 13 personas indefensas y heridas causadas a otras 15 por soldados del Ejército Británico el 31 de enero de 1972, fecha conocida como «domingo sangriento». Tales indicios apuntan a que las primeras conclusiones de la investigación adolecieron de graves defectos. Amnistía Internacional considera que el gobierno debe anular las conclusiones del Tribunal de Widgery y abrir inmediatamente una investigación completa sobre los acontecimientos de aquel «domingo sangriento» de 1972, a fin de esclarecer todas las circunstancias de esta matanza (véase Índice AI: EUR 45/02/97/s).


Operaciones clandestinas en Irlanda del Norte


Amnistía Internacional ve con inquietud las circunstancias de disparos efectuados en Coalisland el 28 de marzo. En él Gareth Doris, de diecinueve años, resultó herido por disparos de soldados que iban vestidos de civil al poco de producirse una leve explosión en una comisaría policial de Coalisland. Al parecer, había numerosos soldados camuflados en espera de un ataque del ira. Un testigo presencial ofreció el siguiente relato a Amnistía Internacional:

Esa tarde yo estaba en la exposición de arte que había en el Heritage Hall, también conocido como «El Molino». Serían aproximadamente las 9.40 de la noche cuando oí una fuerte explosión seguida inmediatamente de entre ocho y diez disparos. Se hizo el silencio en la sala, nadie sabía qué era lo que estábamos oyendo. Salimos a la calle. Allí vimos a un hombre tendido en el suelo y a otro arrodillado junto a él, atándole las manos. También había otra persona de pie apuntándole con un arma a la cabeza. Varios vehículos llegaron de distintas direcciones. Uno aparcó en la acera justo delante de mí. Los individuos que salieron de él iban armados, vestidos de civil, y llevaban gorras de béisbol con una banda fluorescente. La multitud se arremolinó alrededor. Los soldados estaban nerviosos, gritaban que no se acercara nadie. Dispararon al suelo, hubo explosiones, del suelo saltaban destellos y chispas. [...] Eran como petardos muy potentes, nunca los habían usado antes. Fue una situación realmente traumática. El verdadero incidente en la comisaría, una sorda explosión y el tiroteo que le sucedió, duró entre uno y dos minutos. Pero fue lo de después lo que realmente asustó a la gente. Se deberían investigar los hechos en profundidad y dar explicaciones públicamente. La gente tiene derecho a saber la razón de que se utilizaran aquellos petardos, y por qué se estaba llevando a cabo una operación secreta en un lugar público durante un acto de intercambio cultural.


Hombres enmascarados, más tarde identificados como fuerzas secretas de seguridad, atacaron en marzo a empleados y clientes de la taberna Derryhirk en Aghagallon, cerca de Lurgan. Al parecer, personas del establecimiento habían detectado a individuos ocultos en los arbustos que, al ser descubiertos, corrieron hacia el local efectuando disparos ─doce al menos─ e irrumpieron en el interior tirando a personas al suelo y amenazando con dispararles. Según informes, 30 personas se han quejado de la conducta de las fuerzas de seguridad; creyeron que estaban siendo atacadas por un grupo paramilitar.


Amnistía Internacional vio con preocupación las denuncias según las cuales cinco de los siete individuos arrestados en Crossmaglen y alrededores el 10 de abril de 1997 fueron maltratados por soldados que iban de civil, posiblemente pertenecientes a los Servicios Aéreos Especiales. Bernard McGinn aseguró que le habían golpeado repetidamente y después la habían emprendido a patadas con él, tanto estando de pie como arrodillado. Le ingresaron en el hospital de Craigavon con numerosas lesiones en ambas sienes, nariz, boca, ojos, oreja derecha (donde precisó puntos de sutura), nuca (donde precisó grapas), hombro y brazo derecho, zona lumbar, rodillas y piernas. Miceál Caraher declaró que a él le habían propinado patadas e insultado reiteradamente, y además le habían puesto un arma en la boca. También ingresó en el hospital de Craigavon para ser atendido por lesiones en las costillas y en una mano.


Actuación policial en Irlanda del Norte


Amnistía Internacional considera que el gobierno debería estudiar urgentemente la revisión independiente del procedimiento de presentación de denuncias en Irlanda del Norte realizada por el doctor Maurice Hayes y publicada en enero de 1977. El doctor Hayes recomendaba el nombramiento de un Defensor del Policía con el cometido de investigar denuncias contra la policía valiéndose de un equipo propio de investigadores independientes.


Amnistía Internacional ve con preocupación que las fuerzas de seguridad disparen balas de plástico indiscriminadamente, método de control de masas que únicamente se aplica en Irlanda del Norte. Aunque en 1973 se introdujo este tipo de balas como medio de control no letal, ya han causado la muerte de 14 personas y herido a centenares. La normativa que regula el empleo de esta munición potencialmente letal no se cumple: las balas de plástico sólo pueden dirigirse contra la mitad inferior del cuerpo y, a menos que haya vidas en peligro, está prohibido dispararlas desde distancias inferiores a 20 metros. Amnistía Internacional considera que se debería hacer una revisión del empleo de este tipo de balas. El 10 de junio, el gobierno anunció que un alto porcentaje de las balas de plástico distribuidas desde principios de 1994 salían propulsadas a velocidades superiores al máximo recomendado. Estas partidas defectuosas habían sido retiradas en abril y sustituidas por balas que no excedían los límites señalados. Este defecto de fabricación implica que las balas alcanzarían su objetivo a una velocidad excesiva. El gobierno no indicó en su declaración cuántas balas defectuosas se habían puesto en circulación, ni cuántas se habían llegado a utilizar. Un total de 7.437 balas de plástico fueron disparadas por la Real Policía del Ulster (ruc) y 1.424 por el Ejército Británico desde que empezó la distribución de balas defectuosas en mayo de 1994. El gobierno declaró que se habían registrado 94 presuntas lesiones por balas de plástico desde comienzos de 1994.


Robert Hamill, de 25 años, católico y padre de dos hijos, murió el 8 de mayo de 1997 tras sufrir una fuerte paliza a manos de un numeroso grupo de protestantes en Portadown el 27 de abril. Los familiares que le acompañaban aseguraron que los agentes de la ruc presentes en el lugar de los hechos ─sentados en un vehículo policial aparcado─ no intervinieron para proteger a Robert Hamill y a los otros, pese a los ruegos de sus familiares. Al menos seis hombres han sido acusados en relación con esta muerte.


En junio se publicó el informe de una investigación encargada por el Grupo pro Justicia Castlederg-Aghyaran sobre el homicidio de Patrick Shanaghan, perpetrado por paramilitares unionistas en 1991. Realizado en junio de 1996, el informe revelaba defectos de procedimiento en la investigación de denuncias según las cuales hubo connivencia entre las fuerzas de seguridad y la Asociación para la Defensa del Ulster para matar a Patrick Shanaghan.


Abusos contra los derechos humanos por parte de grupos paramilitares


Amnistía Internacional siguió expresando preocupación por los informes de abusos contra los derechos humanos perpetrados por grupos políticos armados en Irlanda del Norte. Hubo varios homicidios deliberados y arbitrarios. En marzo, John Slane, católico y padre de nueve hijos, murió en la cocina de su domicilio al ser disparado en la espalda y el tórax por un grupo de unionistas como parte de un presunto ataque sectario. A Sean Brown, de sesenta y un años, conocido presidente del Club GAA, le secuestraron los unionistas, le dispararon en la cabeza y abandonaron su cadáver junto a un vehículo en llamas en el mes de mayo. En junio, el agente de la ruc Gregory Taylor murió en Ballymoney (condado de Antrim) cuando se encontraba fuera de servicio, víctima de un linchamiento a manos de una multitud de unionistas; la agresión se produjo tras una discusión sobre la forma en que la ruc había tratado una manifestación unionista en un pueblo católico. En mayo, un grupo de católicos golpearon brutalmente a Ivan Heatherington, protestante de 21 años, en Londonderry.


Amnistía Internacional también vio con gran inquietud los homicidios, tiroteos y palizas denominados «de castigo» (actos llevados a cabo por grupos paramilitares contra miembros de su propia comunidad en Irlanda del Norte). Por ejemplo, en junio, un grupo de unionistas mató en Belfast a un ex preso unionista, Robert Bates, cuando este llegaba a su trabajo. También en junio, presuntos miembros del ira dispararon en una rodilla a Sean McNally, de 24 años, con una escopeta desde corta distancia; como consecuencia tuvo que serle amputada la pierna derecha a partir de la rodilla.


En febrero, un grupo de individuos enmascarados, presuntos unionistas, irrumpieron en el domicilio de un pastor presbiteriano, David Templeton, y le apalearon. Algunas de las lesiones que le produjeron fueron fractura de cráneo y rotura de ambas piernas; murió el 24 de marzo. El 27 de febrero, la adolescente de 16 años Judith Boylan fue atada a una farola, golpeada y amenazada con una barra de hierro. Sus agresores, presuntos miembros del ira, le derramaron pintura por encima y le cortaron el pelo.



REPÚBLICA CHECA


Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía


El 3 de mayo se organizó en Praga una manifestación pacífica para conmemorar el aniversario de una redada policial que tuvo lugar el 4 de mayo de 1996 en el club «Propast» (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). Unos 200 manifestantes llegaron al edificio del Ministerio del Interior y, según informes, cuando empezaron a dispersarse alguien lanzó una botella contra la entrada del Ministerio. Entonces, los agentes de policía formaron un cordón entre los manifestantes y la fachada del edificio y empezaron a hacer retroceder a la gente en dirección a una de las esquinas de la plaza. Según los informes, algunos de los agentes golpearon a los manifestantes con sus porras en el estómago y en la espalda. Los informes indican también que un hombre, P. K., fue pateado por un agente de policía y llevado a rastras a un furgón policial donde le golpearon la cabeza contra el costado del vehículo. Más tarde se descubrió que había sufrido una conmoción cerebral grave. A otro manifestante, A. N., un agente de policía lo arrojó al suelo y le golpeó repetidamente, tras lo cual fue llevado a rastras al edificio del Ministerio del Interior, donde le golpearon en la cabeza. Este manifestante aseguró también que un agente de policía permaneció sentado encima suyo durante más de 10 minutos, a consecuencia de lo cual sufrió la fractura de una costilla. Además, se le detectaron heridas en la cabeza. De acuerdo con los informes, otros manifestantes y transeúntes sufrieron también heridas en la cabeza y contusiones en otras partes del cuerpo.


Amnistía Internacional instó a las autoridades checas a iniciar una investigación inmediata e imparcial sobre estas denuncias de malos tratos por parte de agentes de policía, a hacer públicos los resultados y a poner a disposición de la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.


De acuerdo con la información recibida por Amnistía Internacional, una investigación sobre los informes de malos tratos policiales durante la redada en el club de rock «Propast», llevada a cabo por la Inspección del Ministerio del Interior checo, determinó que algunos de los agentes de policía implicados en la redada habían abusado de su autoridad y ocasionado daños físicos a algunos de los presentes en el club. Sin embargo, puesto que, de acuerdo con los informes, resultó imposible determinar la identidad de los agentes sospechosos de haber cometido tales delitos, se decidió suspender la investigación y examinar la responsabilidad global que se derivaba de la redada. Así, el jefe de esta acción policial tuvo que comparecer ante el Tribunal del Distrito Tercero de Praga que, finalmente, desestimó la causa por falta de pruebas. Según los informes, al mismo tiempo las autoridades policiales de Praga iniciaron una acción disciplinaria contra él.


En junio, Amnistía Internacional expresó su preocupación al ministro de Justicia ante la posibilidad de que esa investigación, que no había identificado a los agentes responsables de los malos tratos, no se hubiera llevado a cabo de forma exhaustiva e imparcial, como exige el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. La organización solicitó información adicional sobre los métodos y conclusiones de esta investigación.



REPÚBLICA ESLOVACA


Denuncias de malos tratos llevados a cabo por agentes de la policía


En el mes de abril, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe sobre la visita que había llevado a cabo en junio y julio de 1995 a varios centros de detención de Eslovaquia. En dicho informe, el Comité declaraba que «los presuntos delincuentes corren un importante riesgo de ser maltratados por la policía en el momento de su detención y durante las primeras horas pasadas bajo custodia policial, y, en ocasiones, estos presuntos delincuentes pueden ser objeto de malos tratos graves.» Durante su visita, la delegación recibió numerosas denuncias procedentes de víctimas de malos tratos policiales y fue informada por las autoridades penitenciarias de Eslovaquia de que «desde comienzos de 1995, se habían producido en toda Eslovaquia 40 casos de personas que, al ingresar en centros de detención preventiva, mostraban lesiones físicas presuntamente causadas por la policía en el momento de su arresto o durante el interrogatorio preliminar». Además, el informe del Comité expresaba preocupación por la aparente falta de acceso de los detenidos a médicos o abogados.


Presos de conciencia: Objetores de conciencia al servicio militar


En mayo de 1997, quedaron en libertad dos presos de conciencia, Erik Kratmüller y Martin Badin. En febrero de 1997, Martin Bednár fue encarcelado por negarse a cumplir el servicio militar y, posteriormente, fue adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia. La organización continuó recibiendo informes de nuevos casos de objetores de conciencia que se enfrentaban a procesos judiciales por negarse a hacer el servicio militar. En todos estos casos, los acusados no habían presentado la solicitud para el servicio alternativo en los 30 días siguientes a la decisión de la junta de reclutamiento de declararlos aptos para el servicio militar. En el mes de enero, Emanuel Munko fue condenado a 14 meses de cárcel. Tras la apelación, su pena fue conmutada por una pena condicional de 12 meses que se mantendría en suspenso durante dos años. También en enero, Timotej Novotný fue acusado por segunda vez por negarse a cumplir el servicio militar. En enero de 1995 ya había sido declarado culpable del mismo delito y había cumplido una condena de cárcel desde marzo hasta finales de septiembre de 1995. En abril, otro objetor de conciencia, Miroslav Albert, fue condenado a un año de cárcel por no incorporarse al servicio militar. Actualmente se encuentra en libertad en espera del resultado de la apelación.


Amnistía Internacional exhortó a las autoridades eslovacas a que pusieran inmediatamente en libertad a los tres presos de conciencia y a que detuvieran los procesos penales contra Emanuel Munko, Timotej Novotný y Miroslav Albert. En el mes de abril, Amnistía Internacional publicó un informe, República Eslovaca: Restricciones del derecho a la objeción de conciencia (Índice AI: EUR 72/11/97/s), como parte de una campaña europea por el derecho a la objeción de conciencia.



REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA


Continuaron las manifestaciones masivas de estudiantes y simpatizantes de la coalición serbia de oposición Zajedno («Juntos») para protestar por la anulación de las victorias de dicha coalición en las elecciones municipales de noviembre, celebradas en Belgrado y otras ciudades importantes; las protestas se sucedieron durante todo enero y principios de febrero, hasta que el Parlamento aprobó una ley especial que les restituía los triunfos electorales.


Denuncias de tortura y malos tratos


En enero y febrero, la policía golpeó e hirió en varias ocasiones a manifestantes en Belgrado, Kragujevac y otras localidades. Los agentes también golpearon a periodistas presentes en tales actos. El Fondo de Derecho Humanitario ─organización de derechos humanos con sede en Belgrado─ interpuso más tarde una denuncia contra agentes de policía en representación de 22 periodistas y otras 34 personas (manifestantes y transeúntes) a quienes golpearon en el curso de incidentes registrados en diciembre de 1996 y febrero de 1997.


Continuaron llegando informes frecuentes de la provincia de Kosovo sobre personas de etnia albanesa golpeadas por la policía en el curso de registros en busca de armas y durante su posterior arresto. Los malos tratos policiales, constitutivos de tortura, se pusieron especialmente de relieve durante una oleada de arrestos a finales de enero. Los que después quedaron en libertad sin cargos a menudo habían sido lesionados y presentaban señales de fuertes contusiones. Uno de ellos era el periodista Rrahim Sadiku, que estuvo cuatro días recluido y perdió el conocimiento tras ser golpeado una y otra vez en la planta de los pies. Los que permanecieron detenidos para investigación por el cargo de actividad terrorista aseguraron más tarde haber sufrido tortura; entre ellos estaban Alban Neziri, presuntamente torturado con descargas eléctricas; Nait Hasani, que ingresó en el hospital con graves lesiones y tres días después fue trasladado por la policía a un destino desconocido, donde permaneció un mes recluido en régimen de incomunicación; y Agron Tolaj, que presentaba lesiones internas además de graves magulladuras. Entre los arrestados y presuntamente maltratados estaba Besim Restelica, que murió bajo custodia en febrero. El informe de la autopsia establecía el suicidio como causa de la muerte, pero hubo personas de etnia albanesa que refutaron semejante conclusión.


Juicio de presos políticos sin las debidas garantías


En torno a 50 del centenar aproximado de personas de etnia albanesa que fueron arrestadas en enero en la provincia de Kosovo quedaron en libertad entre tres y cinco días después. Al menos otras 50 continuaron bajo custodia para investigación, por el cargo de pertenecer a organizaciones clandestinas que defienden mediante la violencia la unificación de la provincia de Kosovo con el país vecino de Albania y por el de planear o ejecutar ataques y asesinatos dirigidos principalmente contra miembros de las fuerzas policiales ─mayoritariamente serbias─ y personas de etnia albanesa que presuntamente habían «colaborado» con las autoridades serbias. En mayo, un primer grupo integrado por Avni Klinaku y otras 19 personas fueron condenados a cumplir entre dos y diez años de cárcel; en julio se impusieron penas de entre cuatro y veinte años de prisión a Besim Rama y otras 14 personas. Más de una veintena continuaron detenidas para investigación por cargos parecidos. Algunos probablemente eran presos de conciencia. En muchos casos, la reclusión bajo custodia policial se prolongó ilegalmente más de tres días, y el derecho de los acusados a la defensa fue coartado gravemente al imponerse restricciones de acceso a sus abogados, tanto a sus clientes como a los autos judiciales. Las condenas se basaron casi por entero en declaraciones efectuadas durante la investigación, de las cuales los acusados se retractaron después ante el juez alegando que habían sido obtenidas mediante malos tratos (véase más arriba). En la mayoría de los casos, apenas hubo pruebas adicionales que apoyaran los argumentos de la acusación. Los tribunales no investigaron las denuncias de malos tratos.


Encarcelamiento de un objetor de conciencia al servicio militar


En febrero, el Tribunal Supremo Militar condenó, según informes, a un testigo de Jehová a seis meses de cárcel por negarse a cumplir el servicio militar por razones de conciencia.


Posibles ejecuciones extrajudiciales


El 31 de enero, tres personas de etnia albanesa fueron abatidas a tiros por agentes policiales. La policía declaró que en aquel momento estaban intentando arrestar a un individuo de quien sospechaban que era el dirigente máximo de una organización terrorista, y que habían disparado en defensa propia al ser tiroteados desde un automóvil.


Refugiados


Varios centenares de personas de etnia albanesa fueron devueltas por la fuerza desde Alemania, donde habían buscado asilo. Según los informes recibidos, a su llegada fueron interrogados frecuentemente por la policía sobre sus actividades en Alemania o recibieron instrucciones de presentarse en comisarías locales. También hubo denuncias de que en algunos casos la policía les había confiscado dinero, y se decía que había maltratado física o psicológicamente a algunos de los que habían regresado.


En abril, un tribunal de Belgrado falló a favor de ocho refugiados serbios que habían reclamado judicialmente una indemnización a la República de Serbia: estaban entre los varios miles de refugiados varones arrestados en 1995 por la policía de Serbia y devueltos a Croacia y Bosnia-Herzegovina para reclutarlos a la fuerza en las fuerzas armadas serbias, en contravención de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.


Pena de muerte


Cuatro individuos fueron condenados a muerte en distintas causas por asesinato u otros delitos con resultado de muerte.



RUMANÍA


Uso ilegal de armas de fuego por parte de agentes de la policía


Amnistía Internacional siente preocupación por el creciente número de informes acerca de lo que parecen ser incidentes de disparos injustificados de agentes de las fuerzas del orden rumanas durante los dos últimos años. Amnistía Internacional cree que las armas de fuego se utilizaron en circunstancias prohibidas por los principios internacionalmente reconocidos acerca del uso de la fuerza y de armas de fuego. En marzo, la organización publicó un informe, Romania - Unlawful use of firearms by law enforcement officials (véase Índice AI: EUR 39/01/97), en el que se describían 11 incidentes en los que tres personas habían resultado muertas y 12 heridas, algunas de ellas de gravedad. En uno de estos incidentes, ocurrido la tarde del 11 de febrero en Bucarest, dos agentes de policía, según los informes, vieron a Laurenţiu Ciobanu, un joven romaní de 29 años, natural de Găneasa, sacando un radio-cassette de un automóvil aparcado. Cuando los agentes intentaron detener al sospechoso, éste, según indican los informes, trató de atacar a uno de ellos con un destornillador y luego echó a correr. Los policías, según los informes, le dieron el alto y dispararon dos veces al aire. Como Laurenţiu Ciobanu continuaba corriendo, uno de los policías le disparó tres veces, hasta que lo derribó. Fue trasladado al hospital, donde, según los informes, fue sometido a varias operaciones por heridas de bala en los pulmones y en los riñones.


Nuevos informes sobre malos tratos policiales


El 3 de febrero, alrededor de las 6 de la madrugada, dos agentes de policía se presentaron en casa de la familia Iordache, en Bucarest, y efectuaron un registro sin presentar ninguna orden y sin tener el consentimiento escrito de la familia. Al cabo de una hora, los policías se llevaron a Dănuţ Iordache a la Comisaría de Policía de la Sección 14 para interrogarle. Fue puesto en libertad dos días después, el 5 de febrero, aunque la policía sólo está autorizada a mantener detenido a un sospechoso durante 24 horas. Ese mismo día, Dănuţ Iordache fue atendido en el Servicio de Urgencias por una fractura en la mandíbula y contusiones en el pecho. Afirmó que había sido golpeado por numerosos agentes de policía en la comisaría y que la mandíbula se le rompió cuando le pegaron con una porra.


El 7 de febrero, en Ungureni, departamento de Bacău, Daniel Neculai Dediu, un joven de 26 años, fue arrestado y permaneció recluido en la comisaría de policía local durante 24 horas. Daniel Neculai Dediu declara que sufrió fuertes palizas a manos del jefe de policía local y de su adjunto para obligarle a confesar un robo en un bar del pueblo. Según los informes, los policías le golpearon y le dieron patadas en el abdomen y luego le pegaron con porras en la espalda. Al negarse a confesar el robo, uno de los agentes le golpeó con una silla de madera hasta romperla. Después, le pegó en la espalda con una silla de metal. Entonces, Daniel Neculai Dediu escribió una declaración, que le fue dictada, en la que se «confesaba» culpable del cargo, así como de amenazar con un hacha al agente de policía que acudió a detenerle. El informe médico de Daniel Neculai Dediu, expedido el 10 de febrero, describe cuatro contusiones de gran tamaño en ambos lados del pecho, magulladuras en el brazo derecho, grandes contusiones en la espalda y lesiones en la rodilla izquierda.


Amnistía Internacional, además, ha recibido informes de otro incidente en el que varios agentes de policía maltrataron a varios miembros del Movimiento por la Integración Espiritual en lo Absoluto, conocido generalmente como MISA, una organización de practicantes de yoga (véase Mujeres en Europa - Rumanía, Índice AI: EUR 01/02/96/s). El 10 de marzo, hacia las 6 de la madrugada, en Bucarest, una patrulla de la policía entró por la fuerza en una casa perteneciente a Catrina Nicolae, presidenta de MISA. Los policías recogieron los documentos de identidad de todos los que estaban en la casa y les dijeron que iban a ser trasladados a la Comisaría de Policía de la Sección 18. A otros miembros de MISA que se encontraban en una casa de la misma calle se les ordenó, asimismo, ir a la comisaría de policía. Simion Lupescu, estudiante de Derecho, se quejó repetidamente de que la acción de la policía era ilegal. Mientras unas 20 personas eran introducidas a empujones en un autobús por los policías, un agente, según los informes, golpeó varias veces a Simion Lupescu en el pecho y en la espalda, y luego lo esposó. Este mismo agente agarró luego a Mădălin Mocanu, que acababa de llegar a la casa y estaba intentando alejarse de la escena del incidente. El agente, según parece, dio varios puñetazos a Mădălin Mocanu en el pecho, en el abdomen y en la espalda antes de meterlo a empujones en el autobús. Los miembros de MISA que habían sido arrestados permanecieron retenidos en la comisaría de policía durante más de cuatro horas. Les dijeron que aquellos que no tuvieran en regla el permiso de residencia en Bucarest tendrían que firmar una declaración policial y serían multados. Cuando algunos de los detenidos protestaron, uno de los policías, según los informes, se acercó a Adelina Matei, estudiante de Medicina, dio una patada a la mesa sobre la que se encontraba sentada y la golpeó en el abdomen. El hostigamiento y la intimidación por parte de los agentes de policía continuó mientras los detenidos se negaban a firmar las declaraciones y pedían que se les dejara hablar con un abogado. Uno a uno los llevaron a tomarles las huellas dactilares y a hacerles fotografías. El agente que los escoltaba iba acompañado de un perro policía que no estaba atado ni llevaba bozal. Cuando Simion Lupescu se negó a que le tomaran las huellas, el mismo agente que le había maltratado anteriormente le agarró, según los informes, por el cuello de la camisa, le abofeteó y le dio un puñetazo; además, le amenazó con continuar maltratándole si no cooperaba. Según estos informes, también Victor Safta fue abofeteado y recibió patadas de los agentes de policía cuando se negó a firmar una declaración policial. Antes de quedar en libertad hacia las 11 de la mañana, 16 personas fueron multadas por no tener en regla el permiso de residencia; estas multas fueron posteriormente recurridas ante el tribunal municipal. Ese mismo día, Simion Lupescu fue examinado por un médico forense que redactó un informe médico en el que se describían magulladuras y lesiones en el pecho y en la espalda que coincidían con sus denuncias de malos tratos.


El 13 de mayo, hacia las 10 de la mañana, en un café de Brăila, un hombre que posteriormente fue identificado como agente de policía se ofreció, según los informes, a «vender» a Costică Nazăru, el propietario del café, de 63 años, la conmutación de unas multas. Costică Nazăru se negó porque consideraba que estaban tratando de incriminarle dolosamente, ya que se le había acusado injustamente de comprar mercancías para las que, como director de un pequeño café, no tenía licencia. Alrededor de las 12 del mediodía, llegaron cinco hombres vestidos de civil que se presentaron como agentes de policía pero que se negaron a enseñar sus placas. Según indican los informes, uno de estos agentes golpeó a Costică Nazăru haciéndole caer al suelo; luego le arrastraron hasta un vehículo policial. Le dijeron que era sospechoso de comprar bienes robados y de organizar juego ilegal y le condujeron a la comisaría de policía de la calle Galaţi. Durante el interrogatorio fue golpeado, según parece, en la nuca y en la cabeza. Los policías le exigieron que escribiera una declaración confesándose culpable de los cargos. Su petición de hablar con un abogado fue denegada. Permaneció detenido tres horas y luego fue puesto en libertad sin cargos. Dos días más tarde, le examinó un médico forense que hizo constar magulladuras en el cuello, en el hombro izquierdo, en el brazo izquierdo y en la parte izquierda del pecho; estas lesiones precisaron de tres a cinco días de tratamiento médico.


En mayo y julio, Amnistía Internacional instó al Fiscal General de Rumanía a poner en marcha investigaciones exhaustivas e imparciales acerca de estos incidentes de malos tratos, a hacer públicos los resultados y a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.


Véase también Mujeres en Europa, página 102.


Respuesta del Ministerio del Interior a los casos denunciados por Amnistía Internacional durante 1996


En el mes de marzo, Amnistía Internacional recibió del Ministerio del Interior una copia del «Documento acerca de la situación real en los casos denunciados y demás observaciones hechas por miembros de Amnistía Internacional en 1996». Amnistía Internacional puso este informe, de 29 páginas, a disposición de aquellos de sus miembros que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos en Rumanía, añadiendo algunos comentarios acerca de sus preocupaciones sobre los casos denunciados.


Los comentarios de Amnistía Internacional respecto a tres casos concretos mencionados en este informe ilustran el aparente incumplimiento de las autoridades rumanas a la hora de investigar las denuncias por malos tratos de un modo rápido e imparcial, como dispone el Artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y también el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


En el caso de Gheorghe Notar Jr, Ioan Őtvős y Rupi Stoica (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s), el documento señala que se está llevando a cabo una investigación sobre los presuntos malos tratos de los tres menores y que «las comprobaciones hechas hasta el momento confirman que los dos agentes que investigaban a los menores actuaron correctamente, respetando los procedimientos legales». Asimismo, se indica que «la investigación de la que los tres menores habían sido objeto respetó su derecho a la defensa (un abogado, Kiralyhalni Ştefan, presentó la documentación que lo designaba como representante de los tres menores, con número de referencia 1971, expedida por el Colegio de Abogados del Departamento de Mureş el 15 de julio de 1996)». No obstante, la fecha de expedición de este poder de representación indica claramente que el abogado fue designado tres días después de que Gheorghe Notar Jr, Ioan Őtvős y Rupi Stoica salieran en libertad del Centro de Protección de Menores en el que habían permanecido bajo custodia durante cinco días. Mientras estuvieron detenidos, los menores fueron trasladados varias veces a la comisaría de policía, donde los agentes los interrogaron sin la presencia de un abogado o de sus padres.


En el caso de Gabriel Carabulea (véase Ill-treatment and death in suspicious circumstances of Gabriel Carabulea, Índice AI: EUR 39/10/96), la respuesta oficial contiene información contradictoria. Dicha respuesta establece que, el 13 de abril de 1996, Gabriel Carabulea sufrió lesiones en el pecho, el abdomen y la cabeza en un accidente de tráfico ocurrido inmediatamente antes de su arresto. Según indican los informes, se certificó la existencia de estas lesiones tras su ingreso en el hospital el 16 de abril de 1996. Al mismo tiempo, para apoyar la afirmación de que Gabriel Carabulea no fue maltratado por los agentes que le interrogaron, se señala que otros dos detenidos que pasaron un reconocimiento médico en la comisaría a la vez que Gabriel Carabulea, tras el arresto de éste el 13 de abril de 1996, han testificado que no observaron que tuviera lesiones físicas ni tampoco le oyeron quejarse de dolor ni de haber sido maltratado por los policías. Amnistía Internacional solicitó una copia del informe escrito del reconocimiento médico que se efectuó en la comisaría, así como información detallada acerca del accidente de tráfico en el que, según los informes, resultó herido Gabriel Carabulea.


Por lo que respecta al caso de Camelia Rosu y Carmen Efta, quienes, al parecer, fueron maltratadas por la policía durante una redada llevada a cabo el 17 de junio de 1996 en Bucarest, en una clase de yoga organizada por MISA (véase el apartado anterior sobre nuevos casos de malos tratos), el informe del Ministerio del Interior ofrece amplia información sin hacer referencia, no obstante, a las denuncias de malos tratos. Amnistía Internacional instó una vez más al Ministerio del Interior a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de malos tratos policiales efectuadas por Camelia Rosu y Carmen Efta. Además, Amnistía Internacional expresó su preocupación acerca del aparente apoyo del Ministerio a ciertas actitudes públicas de intolerancia hacia MISA, que es objeto de frecuentes ataques por parte de algunos medios de comunicación rumanos. El informe del Ministerio del Interior contiene comentarios que pueden considerarse calumniosos, así como un burdo intento de difamar a la organización. Algunos informes anteriores de este Ministerio también contenían comentarios aparentemente destinados a desacreditar las quejas de algunas víctimas de violaciones de derechos humanos. A Amnistía Internacional le preocupa que esta conducta pueda estar violando el derecho internacionalmente reconocido a no sufrir discriminación.



SUECIA


La muerte de Osmo Vallo bajo custodia policial


Varias pruebas recientes han arrojado luz sobre las controvertidas circunstancias de la muerte de Osmo Vallo, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia policial y presuntamente debida a torturas y malos tratos infligidos en el momento de su detención.


El 30 de mayo de 1995, alrededor de las 11 de la noche, la policía recibió un aviso para investigar un disturbio. Los habitantes de unos bloques de apartamentos de Basungatan, en la zona de Kronoparken, en Karlstad, habían oído gritos de socorro. Osmo Vallo, un hombre de 41 años que, según los informes, estaba borracho y bajo el efecto de las drogas, fue abordado por dos agentes de policía. Entre la versión del incidente ofrecida por los testigos y la de la policía hay grandes discrepancias.


Según varios testigos oculares, los dos agentes que detuvieron a Osmo Vallo le dieron patadas y le echaron encima un perro policía sin justificación aparente. A continuación, le pusieron boca abajo en el suelo y le esposaron las manos a la espalda. Luego, según cuentan los informes, uno de los policías apoyó el pie contra la parte central de la espalda de Osmo Vallo, mientras éste se encontraba tumbado en el suelo, y apretó con fuerza. Como consecuencia, al menos tres de los testigos oculares oyeron un ruido, como si algo en el interior del cuerpo de Osmo Vallo se hubiera partido. Poco después, éste murió.


Según la versión ofrecida por los agentes de policía que practicaron la detención, cuando ellos llegaron Osmo Vallo estaba excitado y parecía violento. Se produjo entonces un tumulto, durante el cual Osmo Vallo intentó dar patadas a los dos policías y al perro que llevaban. Como consecuencia, el perro le mordió. Por lo que respecta a la detención, el informe de la policía declara que Osmo Vallo actuó de un modo «completamente salvaje, golpeando y dando patadas a su alrededor». Finalmente, los agentes consiguieron tumbarlo en el suelo y ponerle las esposas.


La primera autopsia, que se llevó a cabo en junio de 1995, no dio resultados definitivos, a pesar de que se reconocieron 39 señales diferentes de heridas y contusiones, entre ellas varias marcas de mordeduras de perro en la cara, los brazos y las piernas de Osmo Vallo. Más tarde se supo que el patólogo forense que había practicado la primera autopsia sólo había recibido un informe parcial de las controvertidas circunstancias que rodearon la muerte.


En septiembre de 1995, los dos agentes de policía que efectuaron la detención fueron acusados en relación con el control que ejercían sobre el perro. Se declaró que no había sido posible acusarlos de asesinato porque no se pudo establecer una relación entre la actuación de los policías y la muerte de Osmo Vallo, dado que la primera autopsia no había podido determinar la causa de la muerte. Sin embargo, se plantearon interrogantes acerca de las razones del fiscal para no formular cargos adicionales a partir de las otras denuncias de tortura y malos tratos en el momento de la detención. En abril de 1996, los dos agentes fueron declarados culpables de haber provocado lesiones corporales a Osmo Vallo, partiendo de las mordeduras de perro descubiertas en la primera autopsia. Tras la declaración de culpabilidad, se les impuso una multa, pero permanecieron en activo.


Después de la condena de los policías continuaron surgiendo dudas acerca del caso, por lo que éste volvió a abrirse. Se practicó una segunda autopsia al cuerpo de Osmo Vallo y, en enero de 1997, se realizó un examen radiológico. Los resultados se hicieron públicos en abril. En la segunda autopsia se descubrieron cinco costillas rotas que no habían sido detectadas durante el primer examen. Los dos informes, elaborados sobre la base de la información obtenida en la segunda autopsia y del examen adicional de rayos X, indicaban que las fracturas de las costillas podían haber sido producidas al ser presionado el pecho de Osmo Vallo contra una superficie dura, por medio de un pisotón o de otro tipo de presión ejercida sobre su espalda, o quizá al caer o ser arrojado contra algo duro. Es probable que Osmo Vallo sufriera un paro cardíaco y respiratorio poco después de ser esposado. No obstante, ni siquiera la segunda autopsia pudo determinar con seguridad la causa exacta de la muerte.


Las opiniones expuestas por cuatro patólogos forenses presentes en la segunda autopsia difieren. Según dos de ellos, los resultados indicaban con claridad que, en la causa de la muerte, había tenido una importancia decisiva el efecto conjunto del alcohol y de las anfetaminas sumado a un gran esfuerzo físico. Los otros dos expertos opinaron que la muerte pudo estar provocada por asfixia relacionada con la postura del cuerpo, teniendo en cuenta que se trataba de una persona que estaba bajo el efecto del alcohol, las anfetaminas o el cannabis.


En abril, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia de Suecia expresando su preocupación y solicitando la aclaración de una serie de cuestiones relacionadas con la muerte de Osmo Vallo bajo custodia policial. La organización expresó su preocupación acerca de la actuación de los dos agentes de policía que practicaron la detención. Esta actuación, presenciada por testigos oculares, violaba las obligaciones contraídas por Suecia en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. A finales de junio, Amnistía Internacional aún no había recibido respuesta del ministro de Justicia.


A la organización le sigue preocupando que las denuncias de tortura y malos tratos - que parecen estar respaldadas por las lesiones encontradas en el cuerpo de Osmo Vallo en dos autopsias diferentes - no hayan sido adecuadamente investigadas. A este respecto, la investigación llevada a cabo tras la muerte de Osmo Vallo no cumplió los requisitos establecidos por las normas internacionales en lo que se refiere a la exhaustividad, la rapidez y la imparcialidad de las investigaciones sobre muertes poco claras ocurridas bajo la custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Como consecuencia, los procedimientos penales iniciados tras la muerte de Osmo Vallo contra los agentes de policía que efectuaron la detención y la investigación adicional llevada a cabo por las autoridades tras los resultados de la segunda autopsia no han aclarado completamente las controvertidas circunstancias de esta muerte. Han pasado más de dos años desde la muerte de Osmo Vallo y muchas preguntas continúan sin respuesta. Su familia sigue sin conocer toda la verdad acerca de las circunstancias que rodearon su muerte.



SUIZA


Presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


Clement Nwankwo, destacado abogado y activista de derechos humanos nigeriano, denunció haber sufrido malos tratos a manos de la policía de Ginebra en abril, al día siguiente de llegar a la ciudad para prestar declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La policía lo detuvo en el centro de Ginebra, como presunto autor del hurto en un comercio, y Nwankwo permaneció detenido hasta el día siguiente, en que ingresó en prisión. Allí lo interrogó un juez de instrucción en relación con la acusación de hurto y resistencia a la autoridad en el momento de la detención. Al día siguiente, comparecieron ante el juez tanto Clement Nwankwo como las dos empleadas de comercio que lo habían acusado de llevarse dos trajes de mujer de su establecimiento. Nwankwo reconoció haber entrado en la tienda, pero negó categóricamente haberse llevado la ropa. No se le encontró en posesión de traje alguno de mujer y ninguna de las dos empleadas había visto cómo los hurtaban; creían haber notado la ausencia de tales prendas después de una breve visita de Nwankwo al comercio.


Nwankwo recobró la libertad unas 72 horas después de su detención, tras una nueva comparecencia ante el juez de instrucción, que lo declaró culpable de hurto y de resistencia a la autoridad, y lo condenó a una pena de 20 días de prisión y a otra de expulsión de Suiza durante tres años (el cumplimiento de las cuales quedó en suspenso), así como al pago de las costas judiciales, en cuantía de 230 francos suizos. Las condenas impuestas en este tipo de procedimientos sumarios se anulan automáticamente si el condenado, como en este caso, decide recurrirlas. En consecuencia, Clement Nwankwo fue citado para un juicio ordinario ante el Tribunal de Policía ‒que se ocupa de juzgar los delitos menos graves‒ en el cantón de Ginebra.


En una queja que presentó ante las autoridades administrativas de Ginebra unos días después de haber recobrado la libertad, Clement Nwankwo denunció que seis agentes de la policía, algunos uniformados y otros no, lo rodearon en la calle sin ninguna explicación. Pese a que, como le pidieron, mostró su pasaporte de inmediato, uno de los agentes lo empujó con brusquedad contra una pared y, cuando trataba de recuperar el equilibrio, otro le golpeó en la cara, rompiéndole las gafas. Nwankwo dijo que entonces pensó que se encontraba en grave peligro y comenzó a gritar su nombre y el de su hotel, ante lo cual los policías empezaron a propinarle patadas, puñetazos y golpes con las porras, mientras proferían insultos racistas. En su denuncia, Nwankwo afirma que uno de los agentes le puso una porra en la garganta y presionó con tanta fuerza que perdió el conocimiento; cuando lo recuperó, estaba tendido en el suelo de una comisaría de policía, donde un agente le daba patadas. El denunciante alega que después lo abofetearon y lo obligaron a desnudarse, y que estuvo alrededor de una hora en ropa interior, esposado a la pata de una mesa metálica en una sala de entrevistas. Le informaron que estaba detenido como presunto autor de un hurto y le pidieron que hiciera una declaración. Él negó haber robado los trajes, pero se negó a firmar una declaración redactada en francés, lengua que no entiende.


Según Clement Nwankwo, cuando pidió que lo examinara un médico, la policía le dijo que podían avisar a uno, aunque no de su elección, como había solicitado. También denunció que no le permitieron usar el teléfono hasta la segunda comparecencia ante el juez, que le permitió realizar una llamada telefónica, a la Comisión Internacional de Juristas, sólo con la condición de que después accediera a firmar el acta de las diligencias.


El certificado médico emitido al día siguiente de que lo pusieran en libertad recoge sus quejas de dolor en las muñecas y en el pecho, y deja constancia de lesiones en las muñecas y en el ojo izquierdo, manifestando que dichas lesiones, de origen traumático, se debieron «con toda probabilidad» a los malos tratos denunciados.


El consejero de Estado a cargo del Departamento de Justicia y Policía del cantón ordenó de inmediato una investigación administrativa. En una carta enviada a Clement Nwankwo en mayo, adujo que había sido la «fuerte resistencia» que éste había opuesto a la detención la que había obligado a la policía a emplear la fuerza. Sin embargo, reconoció que la investigación interna había demostrado que «las condiciones» en las que lo mantuvieron en la sala de entrevistas de la comisaría de policía «no son conformes a las normas deontológicas de la policía de Ginebra», y le ofreció disculpas en nombre de la policía por ese «trato inadecuado», al tiempo que lo informaba de que se sancionaría a los funcionarios implicados.


En junio, un delegado de Amnistía Internacional asistió como observador al juicio de Clement Nwankwo ante el Tribunal de Policía. Éste absolvió al procesado del delito de hurto, pero lo condenó a una pena de cuatro días de prisión (que ya había cumplido en abril) y al pago de las costas judiciales en cuantía de 600 francos suizos, como culpable de resistencia a la autoridad. La vista de su recurso contra esta sentencia se celebrará en septiembre u octubre.


En mayo, el fiscal general de Ginebra informó a Marc Guerrero de su intención de archivar la denuncia que éste presentó en marzo de 1996 contra la policía de Ginebra6 dado que el juez de instrucción a quien le correspondió el sumario había concluido que las investigaciones realizadas desmentían los hechos que Marc Guerrero había denunciado. Éste no recurrió: para entonces, ya había cumplido su pena de cárcel por hurto y lo habían expulsado a Francia.


Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, en noviembre de 1996, el fiscal general de Ticino archivó una investigación sobre la denuncia formulada por los refugiados turcos Ali Doymaz y Abuzer Tastan en junio de 1995, según la cual, dos meses antes, habían sufrido malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Chiasso7.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el fiscal cerró la investigación, no sólo sin haber interrogado a los dos denunciantes sino tampoco a los funcionarios acusados ni a sus compañeros, ni a ninguno de los tres posibles testigos de los presuntos malos tratos. Tampoco interrogó ni solicitó información adicional a ninguna de las personas que vieron a los denunciantes unas horas o días después de que regresaran a sus cantones de residencia, incluyendo a los dos médicos que emitieron los certificados médicos adjuntos a la denuncia. Amnistía Internacional observó asimismo que, al parecer, el fiscal sólo interrogó al intérprete que asistió al interrogatorio policial de los denunciantes y que, por tanto, no estuvo presente cuando ocurrieron los incidentes denunciados por Abuzer Tastan y Ali Doymaz, es decir, en el momento de su detención y a la llegada a la comisaría, antes de que la policía los interrogara.


En marzo de este año, un tribunal de Ticino desestimó el recurso que formularon Abuzer Tastan y Ali Doymaz contra la decisión del fiscal de que no había lugar a causa contra ningún funcionario de la policía por ausencia de motivos suficientes. En mayo, los recurrentes apelaron también esta sentencia, esta vez ante el Tribunal Federal.


Los casos de Abuzer Tastan y Ali Doymaz figuran entre varios casos de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de cumplir la ley que Amnistía Internacional expuso en una carta enviada a las autoridades de Ticino en junio. En la carta, la organización solicitaba aclaraciones respecto a la investigación oficial de tales denuncias y respecto a las garantías frente a los malos tratos que se ofrecían a las personas detenidas bajo la custodia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el cantón.


Informe del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, del Consejo de Europa


En junio, el Consejo Federal Helvético8 autorizó la publicación del informe que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura redactó sobre su segunda visita periódica, efectuada en febrero de 1996, para dar seguimiento a las críticas y recomendaciones formuladas tras su visita de 19919 y examinar el trato que se daba a los detenidos y las condiciones de detención en diferentes centros de reclusión de los cantones de Berna, Ginebra, Ticino, Valais, Vaud y Zurich. El informe provisional del gobierno se publicó de forma simultánea.


El Comité manifestó en su informe que la gran mayoría de las personas entrevistadas durante su visita de dos semanas, que estaban o habían estado recientemente bajo custodia policial, indicaron que habían recibido un trato correcto, tanto en el momento de su detención como durante el interrogatorio policial. Sin embargo, añadió que había visto a «cierto número de personas, especialmente de nacionalidad extranjera y personas detenidas por infracciones relacionadas con el narcotráfico, que alegaron haber sido sometidas a malos tratos, principalmente insultos, bofetadas y golpes, por los funcionarios de la policía, en el momento de la detención10». El Comité señaló asimismo que en Zurich se había entrevistado con dos detenidos que manifestaron haber sufrido mordeduras graves de perros policiales en el momento de la detención, uno de los cuales mostraba aún heridas en un hombro y un muslo. Las autoridades policiales del cantón de Zurich declararon que en la intervención de la policía se había respetado el principio de la proporcionalidad, ya que el detenido, haciendo caso omiso de las órdenes de los agentes, había tratado de huir cuando éstos le dieron el alto durante un control antinarcóticos y se había resistido «enérgicamente» a la detención. Cuando el Comité solicitó información detallada acerca de las instrucciones en vigor sobre el uso de perros en las operaciones policiales de detención, las autoridades federales indicaron que no existían tales directrices.


El Comité también señaló en su informe que había recibido una lista, relativa a 1995, de 22 personas con lesiones por traumatismo y cuyos casos había remitido el Instituto Universitario de Medicina Forense de Ginebra al jefe de la policía del cantón. Veintiuna de ellas alegaron malos tratos de la policía, principalmente en el momento de la detención. Dos alegaron malos tratos durante el interrogatorio policial: una de ellas afirmó que había recibido bofetadas así como golpes en la parte inferior del cuerpo con un cable eléctrico. Un examen clínico realizado dos días después de los presuntos incidentes dejó constancia de lesiones concordantes con el uso de un cable eléctrico.


Las autoridades de Ginebra indicaron, en relación con estos 22 casos y con otros cuatro de presuntos malos tratos expuestos por el Comité, que la mayoría de los afectados no habían formulado denuncia penal, por lo que no se habían confirmado los hechos alegados en los informes médicos. En la mayor parte de los casos en los que sí se presentó denuncia, se concluyó que la conducta de los funcionarios policiales había sido conforme con la ley, por lo que el fiscal general había archivado las actuaciones. El Comité tomó nota de varias medidas destinadas a prevenir los malos tratos, introducidas por las autoridades de Ginebra después de su visita de 1991, indicando que sería sumamente recomendable la adopción de medidas similares en todos los cantones.


El Comité afirmó asimismo en su informe que había encontrado pocas denuncias de malos tratos físicos infligidos durante el interrogatorio policial, aunque señaló que recibió algunas denuncias aisladas en los cantones de Valais y Zurich. En un caso, en el informe médico emitido cuando el detenido ingresó en prisión, se hacía constar que sus lesiones ─que incluían un hematoma en la pared abdominal y contusiones en el abdomen y en la región del hígado y la vesícula─ concordaban con la denuncia de malos tratos formulada por la víctima.


El Comité solicitó que se recordara a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que el uso de la fuerza debía limitarse al estrictamente necesario, y que una vez subyugada la persona, nada justificaba la brutalidad de los funcionarios.


El Comité señaló asimismo que, tras su visita de 1991, había recomendado, entre otras medidas, la introducción de tres salvaguardias que consideraba fundamentales para evitar los malos tratos a los detenidos bajo custodia policial: el derecho garantizado del detenido a informar sin demora de su detención a un familiar o a otra persona; disponer de un abogado desde el momento de la detención; y tener acceso a un médico, incluido un facultativo de su propia elección. El Comité indicó que la situación respecto de tales recomendaciones parecía no haber «evolucionado apenas» desde su visita de 1991 y recomendó que las autoridades volvieran a examinar su postura al respecto. También reiteró la recomendación de que se informase a todos los detenidos de sus derechos y de que se elaborara un código de conducta para los interrogatorios policiales, y solicitó la introducción en todos los cantones, como medida disuasoria frente a posibles malos tratos, de un sistema de visitas regulares sin previo aviso a los centros de detención policial, a cargo de un organismo judicial o de otro tipo y de carácter independiente (similar al sistema vigente en el cantón de Ginebra). Las autoridades federales indicaron que transmitirían la recomendación a todos los cantones. El Comité también formuló varias recomendaciones relativas a las condiciones de detención, incluida la de que se tomasen medidas inmediatas para permitir que todos los detenidos sin excepción tuvieran la posibilidad de disfrutar como mínimo de una hora al día de ejercicio al aire libre.



TAYIKISTÁN


Acuerdo de paz


El pasado mes de junio terminaron formalmente en Tayikistán más de cinco años de guerra civil con la firma en Moscú de un Acuerdo General de Paz y Entendimiento Nacional entre el presidente Imamali Rakhmonov y el dirigente de la Oposición Unida Tayik, Sayed Abdullo Nuri. Con este acuerdo se intentaba preparar el terreno, entre otras cosas, para la creación de un gobierno de coalición y de una Comisión para la Reconciliación Nacional encargada de preparar las próximas elecciones parlamentarias de 1998, la legalización de los partidos políticos, la libertad de expresión de los medios de comunicación, la integración de las fuerzas armadas de la Oposición Unida Tayik en el ejército nacional, una amnistía general y el regreso de los refugiados.


Aparte de la amnistía general prevista para los presos encarcelados por crímenes de guerra civil, en julio las dos partes llevaron a cabo el primero de una serie de intercambios de prisioneros que habían acordado. En el momento de escribir este informe, todavía no estaba claro si alguna de las personas que se mencionan más adelante había quedado en libertad como consecuencia de estos acuerdos.


Presos políticos y posibles presos de conciencia


Represión en Khujand tras el intento de asesinato del presidente


En el momento de escribir este informe, Amnistía Internacional estaba intentando conseguir más información acerca de la ola de detenciones desatada en la región de Leninabad contra presuntos opositores al gobierno tras el intento de asesinato contra el presidente Rakhmonov, ocurrido en Khujand, la capital regional, a finales de abril. Una granada de mano fue arrojada contra el presidente y, aunque a éste la explosión sólo le produjo heridas leves en las piernas, dos personas murieron y más de 70 resultaron heridas como consecuencia del ataque.


Los comunicados oficiales sobre el intento de asesinato ofrecidos en el mismo día informaban de la identificación y la detención del hombre que había arrojado la granada, Firdavs Dustboyev. En los días posteriores, 11 personas más fueron detenidas, según los informes, en relación con el incidente y se comunicó que, al día siguiente (del intento de asesinato), se había producido un tiroteo en un pueblo cerca de Khujand entre la policía y un grupo de personas sospechosas de implicación en el complot de asesinato; a consecuencia de este tiroteo, cinco personas de este grupo resultaron muertas. A finales de mayo, fuentes no oficiales de la región de Leninabad comunicaron que los arrestos continuaban y que, entre los detenidos, había personas que no tenían ninguna relación con el intento de asesinato pero que habían sido identificadas como opositores al gobierno por haber participado en unas protestas antigubernamentales llevadas a cabo en Leninabad un año antes (se decía que Firdavs Dustboyev había sido uno de los organizadores de estas protestas). Amnistía Internacional temía que algunas de las personas atrapadas en esta ola de arrestos pudieran ser presos de conciencia, detenidos exclusivamente por su oposición pacífica al gobierno.


A finales de mayo, la policía de Khujand arrestó a Abdukhafiz Abdullayev, el hermano menor de Abdumalik Abdullojanov, antiguo primer ministro y jefe del partido de la oposición Unión para el Resurgimiento Nacional. Según los informes, fue detenido tras una redada llevada a cabo por la policía en casa de su madre en la que se descubrió una gran cantidad de narcóticos. En un primer momento, fue retenido bajo el cargo de posesión ilegal de narcóticos, pero posteriormente se comunicó que había sido acusado en relación con el intento de asesinato del presidente. Sus partidarios afirmaron que el cargo era una invención y que la finalidad de la detención era intimidar a la oposición de Khujand. Amnistía Internacional intentó conseguir más información acerca de las circunstancias del arresto y la detención de Abdukhafiz Abdullayev, ya que podría tratarse de un preso de conciencia.


La extradición de Akhmajon Saidov


En el mes de junio, las autoridades de la Federación Rusa siguieron adelante con la extradición a Tayikistán de Akhmajon Saidov, antiguo vicepresidente del Parlamento de Tayikistán que había estado viviendo en Rusia desde 1994. En agosto de 1996, se había dictado en Tayikistán una orden de detención contra él por los cargos de «abuso de autoridad» y «desfalco». Se sospechaba que la verdadera finalidad de estos cargos era castigar a Akhmajon Saidov por su presunta relación con el partido Unión para el Resurgimiento Nacional, cuya creación se había anunciado en una rueda de prensa celebrada en Moscú unos días antes de que se dictara la orden de detención. Cabe destacar que los cargos estaban relacionados, según los informes, con el período en el que Akhmajon Saidov había sido vicepresidente del Parlamento, en 1991-92, y aparentemente no se había producido ningún intento de formular cargos contra él en los casi cuatro años transcurridos desde que dimitiera de tal cargo. Tomando como base la mencionada orden de detención, Akhmajon Saidov fue arrestado en Moscú en febrero de 1997.


Considerando que eran plausibles las denuncias que atribuían a estos cargos penales motivos políticos, Amnistía Internacional temía que Akhmajon Saidov pudiera convertirse en preso de conciencia y pidió a las autoridades rusas que no le extraditaran. Asimismo, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de Tayikistán más información acerca del fundamento de los cargos contra Akhmajon Saidov.


«Desapariciones»


Los hermanos Ojiyev


El 28 de febrero, Rizoali Ojiyev fue detenido por la policía para ser interrogado en Khujand, donde dirigía un negocio. A primeras horas del día siguiente, varios testigos vieron que un vehículo de la policía le dejaba en su casa, pero, según los informes, tan sólo un momento después un grupo de hombres armados y encapuchados que habían estado esperando en un vehículo fuera de la casa lo agarraron y se lo llevaron. En el momento de escribir este informe, no se había vuelto a tener noticias de él.


El 28 de febrero, el hermano menor de Rizoali Ojiyev, Gadoali Ojiyev, también «desapareció» tras ser detenido en la ciudad de Kanibadam, cerca de Khujand. «Reapareció» cinco semanas después y declaró que había estado bajo la custodia de agentes de la ley en Uzbekistán. Contó que, al parecer, había sido arrestado por su presunta participación en un incidente criminal ocurrido a mediados de febrero, en el que un puesto aduanero uzbeco de la frontera entre Tayikistán y Uzbekistán había sido atacado por varios hombres armados que llegaron del lado de Tayikistán. Sin embargo, Gadoali Ojiyev afirmó que había sido interrogado una y otra vez, no respecto a este incidente, sino respecto a las actividades de su hermano Rizoali. Fue llevado de vuelta de Uzbekistán a Khujand en abril y, según los informes, quedó en libertad sin cargos. Después de aquello permaneció escondido.


Entre las teorías acerca de las razones de la «desaparición» de Rizoali Ojiyev se incluían afirmaciones de que se había creado enemigos en su región natal de Gorno-Badakhshani, al declarar que le habían designado como representante de la Oposición Unida Tayik en esta región. También se alegó su participación en negocios ilegales, entre ellos el tráfico de drogas, y se insinuó que podía haberse escondido voluntariamente o haber sido víctima de elementos criminales. Los seguidores de Rizoali Ojiyev negaron enérgicamente que estas teorías tuvieran algún fundamento. Consideraban que su «desaparición» era obra de agentes encargados de hacer cumplir la ley y que la causa era su presunta relación con la Oposición Unida Tayik. Lo cierto es que el hecho de que los secuestradores de Rizoali Ojiyev hubieran estado esperando, según parece, a que volviera a casa plantea la duda de si conocían con anterioridad cuáles serían sus movimientos aquel día, y de si podrían haber actuado apoyándose en información proporcionada por los agentes de la ley que le habían detenido para interrogarle. El hecho de que Gadoali Ojiyev fuera interrogado acerca de las actividades de su hermano mientras, según los informes, permanecía detenido en Uzbekistán también plantea dudas acerca de la posible implicación de las autoridades uzbecas en la «desaparición» de Rizoali Ojiyev.


Amnistía Internacional solicitó información sobre el paradero de Rizoali Ojiyev tanto a las autoridades de Tayikistán como a las de Uzbekistán. En el mes de junio, las autoridades uzbecas escribieron a Amnistía Internacional negando estar involucradas en esta «desaparición». En el momento de escribir este informe, aún no se había recibido respuesta de las autoridades de Tayikistán.


Ejecuciones extrajudiciales


Posibles ejecuciones extrajudiciales durante la represión de un motín en una prisión de Khujand


En el mes de abril estalló un motín en un centro penitenciario de Khujand, y se teme seriamente que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que asaltaron la prisión para sofocarlo hayan podido hacer un uso excesivo de la fuerza. Las cifras oficiales de víctimas entre los presos fueron de 21 muertos y más de 30 heridos, pero las cifras ofrecidas por fuentes extraoficiales eran considerablemente más altas. Amnistía Internacional intentó conseguir más información sobre la actuación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley durante el asalto al centro penitenciario.


La huída de un acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales en 1993 (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/01/96/s)


Amnistía Internacional recibió con consternación la noticia, difundida por los medios de comunicación de Tayikistán a principios de año, de la huída de Khoja Karimov, ex comandante de operaciones del grupo paramilitar Frente Popular. Khoja Karimov había sido arrestado en noviembre de 1995 y estaba en espera de juicio por la «desaparición» en julio de 1993, y posterior asesinato, del parlamentario Saidsho Shoyev y de su hermano Siyarsho Shoyev, así como por el asesinato de otro miembro del Parlamento, Tagkhoykhon Shukurov. Amnistía Internacional temió que este caso arrojara dudas sobre el alcance del compromiso del gobierno de Tayikistán y de los órganos encargados de hacer cumplir la ley para procurar que se hiciera justicia, o sobre la capacidad de uno y otros para ejercer el nivel de autoridad o el control de la cadena de mando necesarios para hacerlo posible.


La pena de muerte


Amnistía Internacional sintió preocupación cuando supo, en el mes de mayo, que el ámbito de aplicación de la pena de muerte se había extendido al delito de «gamberrismo» (Artículo 220 del Código Penal). Si esto se confirmara, la cifra de delitos punibles con la pena capital en tiempo de paz se elevaría a 28 (las enmiendas al Código Penal hechas en noviembre de 1995 ya habían añadido 12 nuevos delitos punibles con pena de muerte, entre los que se incluían tres relacionados con el tráfico de drogas y varios delitos contra la propiedad).


Amnistía Internacional ha continuado pidiendo la total abolición de la pena de muerte y luchando por la conmutación de cada condena de muerte individual de la que ha tenido conocimiento. La organización tuvo noticia de una sentencia de muerte dictada en el período del que se ocupa este informe, la de Aleksandr Gayurov, quien, en el mes de febrero, fue declarado culpable del asesinato de dos soldados rusos en Dushanbe, la capital, en 1995. Durante 1996, 12 personas fueron condenadas a muerte, según cifras oficiales proporcionadas por la Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos. Amnistía Internacional también tuvo conocimiento de dos sentencias de muerte pronunciadas en 1996, las de Abdunabi Boronov y Nurali Janjolov, presuntos ex-miembros del Frente Popular que habían sido declarados culpables del asesinato, en 1995, del parlamentario Zayniddin Mukhiddinov. Asimismo, la organización se enteró de las condenas de muerte dictadas en 1995 contra otros dos miembros de cuerpos paramilitares progubernamentales, Safarqul Samadov y Abdurauf Urunov, que habían sido declarados culpables de asesinato múltiple y de otros delitos cometidos a finales de 1992 y principios de 1993.


En el momento de escribir este informe, todavía no estaba claro si las disposiciones de la amnistía general acordada por la Comisión para la Reconciliación Nacional a principios de julio de 1997 se aplicarían a las personas acusadas de delitos castigados con la pena de muerte. Según los informes, este acuerdo estipulaba que las personas que hubieran sido declaradas culpables de crímenes violentos o de delitos contra la sociedad relacionados con la guerra civil no serían puestas en libertad automáticamente, pero sí podrían solicitar una revisión de su caso si consideraban que los cargos y la condena habían sido un pretexto para castigarlas por sus actividades políticas. Tampoco estaba claro si se iba a rescindir la moratoria, declarada por el gobierno en junio de 1995 (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s), sobre la ejecución de las condenas de muerte relacionadas con la guerra civil.



TURKMENISTÁN


Indicios oficiales de abusos graves en el seno de la policía, los tribunales y las prisiones


El reconocimiento presidencial de errores judiciales generalizados


A comienzos del mes de abril, el presidente Saparmurad Niyazov provocó el asombro al reconocer que, con frecuencia, los tribunales de Turkmenistán no condenan a los verdaderos criminales y, en su lugar, procesan a «gente inocente». Al mismo tiempo que anunciaba la destitución del Fiscal General, el Presidente, según los informes, se quejó de la incompetencia y la corrupción generalizadas entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el país.


A la luz de estas declaraciones, Amnistía Internacional reiteró su solicitud para que se llevara a cabo una revisión judicial de las condenas dictadas contra los posibles presos de conciencia Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev (véase Índice AI: EUR 61/03/96) y volvió a exponer sus preocupaciones respecto al procesamiento de ocho presos políticos (véase infra). La organización, asimismo, reanudó sus peticiones en favor de una moratoria sobre la pena de muerte, argumentando que, si se dictaban condenas de muerte contra algunas de las «personas inocentes» a las que se había referido el Presidente, las equivocaciones serían irreparables.


A principios de julio, el Presidente decretó nuevas destituciones de altos cargos de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. El fiscal de la región de Lebap fue destituido, según informes oficiales, por permitir «la total fusión de los órganos encargados de hacer cumplir la ley con el mundo del hampa». También el fiscal de la región de Mary y el jefe de policía de la región de Balkan fueron destituidos de sus cargos.


Decreto presidencial de amnistía


En el mes de junio, el presidente Niyazov promulgó un decreto de amnistía que, según los informes, iba a beneficiar a más de 2.000 presos. Fuentes no oficiales insinuaron que el decreto había surgido como reacción al problema del grave hacinamiento y demás condiciones penosas de los centros penitenciarios del país. Al menos dos veces desde 1995 las penosas condiciones de las prisiones habían provocado, según los informes, motines entre los presos. No estaba claro si se iba a producir una liberación masiva de presos según criterios tales como el tipo de delito y la duración de la condena o si las liberaciones se llevarían a cabo sólo tras la revisión de los casos individuales.


Presos políticos: ¿Qué fue de los «Ocho de Ashgabat»?


En julio, Amnistía Internacional publicó el informe Turkmenistan - The «Ashgabat Eight»: Two Years On, Time for the Truth (Índice AI: EUR 61/10/97), en conmemoración del segundo aniversario de una protesta antigubernamental sin precedentes organizada en Ashgabat, la capital. Este informe describía los casos de ocho hombres que aún cumplían penas de prisión como consecuencia de una serie de procesos penales derivados de la protesta. Amnistía Internacional consideraba a estos ocho hombres - Amanmyrat Amandurdyyev, Khudayberdi Amandurdyyev, Charymyrat Amandurdyyev, Gulgeldi Annanyyazov, Charymyrat Gurov, Begmyrat Khozhayev, Kakymyrat Nazarov y Batyr Sakhetliyev -como presos políticos y, entre sus preocupaciones respecto a ellos, se incluía la posibilidad de que fueran sometidos a juicios injustos y a malos tratos continuados.


La pena de muerte


En junio, el Majlis (el Parlamento) aprobó un nuevo Código Penal que preveía la pena de muerte para 17 delitos, entre ellos el asesinato, el genocidio, diversos crímenes contra el Estado y una serie de delitos relacionados con las drogas.


El decreto presidencial de amnistía promulgado en junio estipulaba, según los informes, la conmutación de 222 sentencias de muerte. Este era el primer indicio oficial que confirmaba que el número de personas condenadas a muerte en Turkmenistán era tan alto como habían sugerido a Amnistía Internacional fuentes no oficiales, las cuales habían afirmado recientemente que había unas 350 personas en espera de ser ejecutadas. Amnistía Internacional pidió a las autoridades turkmenas que revelaran los nombres de los presos que se habían beneficiado de la conmutación de la pena de muerte en virtud del decreto presidencial e instó a esas mismas autoridades a que conmutaran todas las demás condenas de muerte pendientes en Turkmenistán. En el momento de escribir este informe aún no se había recibido ninguna respuesta.


Por este motivo, no ha sido posible comprobar en qué situación se encuentran los ocho presos condenados a muerte de los que Amnistía Internacional había tenido noticia durante el período del que se ocupa este informe. Solamente se consiguió información, mediante fuentes no oficiales, acerca de dos presos a los que aparentemente se les había conmutado la condena de muerte en virtud del decreto. Se trataba de Dunyagozel Ovezdurdyyeva, una mujer, y de Ashirgeldy Sadyyev, que habían sido condenados por tráfico de drogas en diferentes juicios. En el caso de Ashirgeldy Sadyyev, que había sido juzgado en mayo por el Tribunal Municipal de Ashgabat, existían denuncias de que el cargo que se le imputaba había sido inventado para castigarle por sus contactos telefónicos con un familiar que era un destacado disidente en el extranjero.


En una decisión tomada antes del decreto presidencial, la Comisión de Clemencia, según los informes, conmutó por una pena de cadena perpetua la sentencia de muerte dictada contra Gulsere Dzhumayeva, una mujer condenada por tráfico de drogas.


Por medio de fuentes no oficiales, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de otras 16 sentencias de muerte dictadas contra individuos cuyos nombres no se desvelaron. Asimismo, Amnistía Internacional tuvo noticia de 10 ejecuciones, aunque se cree que la cifra real de ejecuciones llevadas a cabo durante el período objeto de este informe fue mucho mayor. Véase también Mujeres en Europa, página 102.


TURQUÍA


Nuevas leyes «inaceptables» sobre procedimientos de detención ─ Continuaron las denuncias por tortura y malos tratos


El 6 de marzo, el gobierno turco promulgó una serie de reformas, esperadas hacía tiempo pero insuficientes, de los procedimientos de detención. Los cambios, anunciados por el gobierno como medidas para combatir la tortura y los malos tratos, diferían poco, en realidad, de un proyecto de ley anterior calificado de «inaceptable» por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en una declaración pública hecha en diciembre de 1996.


La nueva legislación reducía los plazos máximos de detención policial de 30 a 10 días en provincias que se hallaran bajo el estado de excepción y de 14 a siete días en el resto del país. Las personas detenidas por delitos bajo la jurisdicción de los Tribunales de Seguridad del Estado, a las que anteriormente se negaba todo contacto con abogados, podrían ahora tener acceso a asistencia letrada una vez pasados los primeros cuatro días de detención.


Al presentar las nuevas leyes, la entonces viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores, Tansu Çiller, afirmó que «a partir de ahora, las normas turcas cumplen las normas europeas en lo que respecta a los plazos de detención». No obstante, las legislaciones sobre derechos humanos, tanto la europea como la internacional, no permiten la detención en régimen de incomunicación durante cuatro días.


Amnistía Internacional acogió con satisfacción las importantes reducciones introducidas en los plazos de detención, pero temió que las disposiciones de la nueva legislación resultaran insuficientes en el ámbito de las arraigadas prácticas de abusos y lamentó especialmente que la detención en régimen de incomunicación continuara a pesar de que el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura hubiera recomendado su abolición.


Los efectos prácticos de esta legislación no quedaron demasiado claros. Uno de los factores que influyeron en ello fue que, desde el mes de marzo, la Asociación de Derechos Humanos, una de las pocas organizaciones con capacidad para llevar a cabo una labor de vigilancia independiente, fue sometida a gran presión (véase más adelante el apartado «La Asociación de Derechos Humanos sometida a presión una vez más») y varias de sus principales secciones fueron cerradas por las autoridades. Por los pocos casos que llegaron a oídos de Amnistía Internacional parecía que el acceso de los detenidos a la asistencia letrada tras los cuatro días de detención en régimen de incomunicación dejaba mucho que desear, ya que casi nunca se permitía la entrada a los abogados y, si se hacía, era tan sólo brevemente y en presencia de los agentes de policía. En algunos casos, los policías no respetaban debidamente el límite de cuatro días, puesto que registraban a los detenidos con retraso o sobrepasaban el plazo cuando el quinto día caía en fin de semana, de modo que la detención en régimen de incomunicación se ampliaba a casi una semana.


No obstante, parece que los tiempos de detención estaban incluso por debajo de los nuevos plazos de 10 y de siete días, ya que, al parecer, la policía prefería poner en libertad a los detenidos o llevarlos a juicio antes que permitir la entrada a los abogados en las comisarías. Además, la nueva reducción del período de detención en régimen de incomunicación parecía haber reducido en cierta medida las prácticas de tortura. Desde marzo de 1997, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo denuncias de torturas y de muertes bajo custodia, pero la cifra ha sido considerablemente menor. Sólo una vigilancia realmente exhaustiva ─algo que ha sido virtualmente imposible en las actuales circunstancias─ puede revelar si este aparente resultado es real y permanente. Además, se debe recalcar que cuatro días son un tiempo suficientemente largo para torturar a alguien. Aziz Durmaz, el presidente de la sección de Şanlıurfa de la Asociación de Derechos Humanos, fue detenido el 24 de junio e interrogado durante cinco días. Después contó a sus abogados que había sido sometido a palizas, congelación, suspensión por los brazos, golpes en las plantas de los pies (falaka) y descargas eléctricas.


Tampoco estaba claro el modo en que se estaban aplicando los nuevos procedimientos de detención en las zonas rurales del sudeste, y la poca información que se recibía daba motivos de preocupación. El 1 de julio, se llevó a cabo una operación de seguridad en el pueblo de Hısaraltı, cerca de Derik, en la provincia de Mardin, después de que el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) dirigiera un ataque armado contra el puesto de la gendarmería local. Siete habitantes del pueblo fueron detenidos. Sus familias no supieron nada más de ellos, de modo que se pusieron en contacto con los miembros de la sección de Mardin de la Asociación de Derechos Humanos, que visitaron la aldea (con cierto riesgo para ellos) y hablaron luego con el fiscal de Derik, que no tenía ninguna constancia de estas detenciones.


El comandante de la gendarmería local, indignado por el hecho de que los habitantes del pueblo hubieran acudido a quejarse a la Asociación de Derechos Humanos, detuvo a todos los varones que quedaban en el pueblo. Veintiocho hombres fueron recluidos en régimen de incomunicación hasta el 14 de julio, fecha en la que 13 de ellos quedaron en libertad y los otros 15 fueron arrestados formalmente. Estos últimos, por tanto, cumplieron dos veces el período máximo de detención y más de tres veces el de detención en régimen de incomunicación (Mardin, ahora mismo, no es una de las provincias bajo el estado de excepción). Todavía resulta más preocupante el hecho de que los detenidos, durante este tiempo, hubieran efectivamente «desaparecido», ya que, según parece, no fueron registrados oficialmente. Según los informes, sufrieron graves torturas mientras permanecían detenidos.


Murat Yiĝit - presunta tortura de un menor


En noviembre de 1996, Amnistía Internacional publicó el documento Turquía: Niños expuestos a sufrir tortura, morir bajo custodia y «desaparecer» (Índice AI: EUR 44/144/96/s). Con este antecedente, la organización recibió con especial preocupación un nuevo informe sobre la tortura de un menor en enero de 1997. El 29 de enero la policía detuvo a Murat Yiĝit, de 16 años, en el distrito de Etlik de Ankara y lo llevó, en primer lugar, a la comisaría de policía de Etlik, después a la de Aktepe, en el distrito de Keçiören, y, finalmente, al Departamento de Robos de la Comisaría Central de Policía de Ankara. Murat Yiĝit no está seguro de cuánto tiempo estuvo detenido, pero cree que fueron cuatro o cinco días, después de los cuales quedó en libertad sin cargos. Declaró que le habían llevado dos veces a un despacho en el sótano de la comisaría de Aktepe, donde lo habían torturado durante unos 30 minutos tres agentes vestidos de civil para hacerle confesar una serie de robos en los que él negaba estar involucrado. Murat Yiĝit ha afirmado que le vendaron los ojos y le desnudaron, le empaparon con agua fría y le obligaron a meterse y permanecer dentro de neumáticos. También le golpearon en las plantas de los pies y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y en los pies.


A Murat Yiĝit se le negó el acceso a un abogado y se le obligó a firmar unos papeles escritos por los policías (la ley obliga a que los detenidos menores de 18 años sean interrogados sólo en presencia de un abogado). El 5 de febrero, fue sometido a un reconocimiento médico en el Instituto Forense de Ankara, en el que se redactó un informe que señalaba raspones en la cabeza.


«Desaparición» - El caso de Fikri Özgen


El 27 de febrero, alrededor de las 9'30 de la mañana, un familiar de Fikri Özgen y varios vecinos vieron cómo cuatro hombres armados, que parecían policías vestidos de civil, interceptaban a Fikri Özgen, de 73 años, en el exterior de su casa, en el distrito 5 de abril de Diyarbakır. Después, los presuntos agentes comprobaron su identidad y se lo llevaron en un vehículo cuya marca y número de matrícula fue anotado por los testigos. Su familia solicitó en vano alguna información sobre su paradero a todas las autoridades pertinentes, que negaron que Fikri Özgen hubiera sido detenido.


Según los informes, varios parientes de Fikri Özgen estaban relacionados con el Partido de los Trabajadores Kurdos, al igual que ocurría en la mayoría de los once casos de «desaparición» denunciados en Diyarbakır en noviembre de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s).


Visita de los expertos de la ONU a Turquía


Amnistía Internacional, que había animado repetidas veces al gobierno turco a invitar a los expertos de las Naciones Unidas para que investigaran los problemas de derechos humanos y ofrecieran su consejo, celebró la decisión del gobierno turco, hecha pública en junio, de invitar al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura a que visitaran el país en 1997 y 1998. Amnistía Internacional instó al gobierno a que cooperara plenamente con ellos, insistiendo en que, para que estas misiones sean efectivas, se debe permitir el acceso en solitario de las delegaciones a todas las zonas del país, a los centros de detención, a las autoridades pertinentes y a los registros significativos de operaciones militares y policiales. Asimismo, es esencial que las recomendaciones de estos organismos se cumplan hasta el final.


La Asociación de Derechos Humanos sometida a presión una vez más


El arresto y la tortura, en el mes de junio, de Aziz Durmaz (véase supra) y el cierre de la sección de Şanlıurfa fueron las últimas de una serie de acciones emprendidas contra la Asociación de Derechos Humanos.


El 24 de mayo, la sección que la Asociación tenía en Diyarbakır fue cerrada indefinidamente por orden del gobernador de la provincia de Diyarbakır, que se basó en que «sus actividades amenazaban la unidad del Estado», y su sede fue precintada por la policía. Varios miembros de esta sección que habían sido detenidos esa misma semana quedaron en libertad.


El 4 de junio, la sección de Malatya fue cerrada y su presidente fue destituido del cargo por orden del gobernador de la provincia de Malatya, con la justificación de que, en esta sección, se habían encontrado publicaciones prohibidas.


El 7 de junio, Yıldız Temurturkan, presidente de la sección de Ankara, fue detenido por participar en una manifestación en la que se pedía a la comunidad internacional que condenara la incursión de las fuerzas armadas turcas en el norte de Iraq (véase el Servicio de Noticias 92/97, Índice AI: EUR 44/38/97/s).


El 19 de junio, la sección de Izmir fue cerrada por el gobernador de la provincia de Izmir, basándose en que se habían encontrado «publicaciones ilegales» en su sede. Según los informes, el 18 de junio la policía había registrado el local sin una orden judicial y se había llevado un gran número de ejemplares de una publicación de la sección de Ankara titulada El panorama de los derechos humanos en Turquía, que es objeto de un juicio actualmente en curso. Tras una serie de enérgicas protestas formuladas por organizaciones no gubernamentales, el gobernador volvió a abrir la sección.


El 24 de junio, la sección de Konya fue cerrada por el gobernador de la provincia de Konya a causa de una declaración pública hecha por un grupo de estudiantes en el local de la sección en la que condenaban la incursión en el norte de Iraq.


Las renovadas presiones sobre la Asociación de Derechos Humanos parecían estar relacionadas con la incursión en el norte de Iraq, pero puede que hubieran sido planeadas con antelación: una circular confidencial del Ministerio del Interior, filtrada a principios de año y aparentemente auténtica, recomendaba tomar medidas para combatir las actividades de un grupo de organizaciones no gubernamentales entre las que se encontraba la Asociación de Derechos Humanos.


Presos de conciencia - procesados por ejercer la libertad de expresión


A pesar de que el gobierno había garantizado públicamente que los presos de conciencia serían puestos en libertad a finales de año, la presión sobre la libertad de expresión aumentó considerablemente durante la primera mitad de 1997. Además de las detenciones y el acoso a los defensores de los derechos humanos, los escritores y periodistas continuaron siendo objeto de procesamientos. En el mes de junio, el escritor y ex abogado Ahmet Zeki Okçuoĝlu fue encarcelado una vez más en virtud del Artículo 159 del Código Penal turco por «insultar a las instituciones del Estado», después de que el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de 10 meses de prisión dictada contra él por el Tribunal Penal núm. 2 de Estambul por un artículo publicado en el periódico Azadi en 1993. En 1995 había quedado en libertad tras cumplir una condena de 20 meses por «separatismo», en virtud del Artículo 8 de la Ley Antiterrorista. En el momento de escribir este informe, Ahmet Zeki Okçuoĝlu permanecía recluido en la Prisión de Saĝmalcılar de Estambul.


Las personas que expresaban ideas islamistas también fueron procesadas y encarceladas. El antiguo parlamentario independiente y ex miembro del Partido del Bienestar (Refah), Hasan Mezarcı, fue acusado, en virtud de la Ley 5816, de insultar la memoria de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, en un discurso pronunciado en 1992. Cuando Hasan Mezarcı perdió la inmunidad procesal que le proporcionaba su condición de parlamentario, fue declarado culpable y condenado, en enero de 1996, a un año y medio de cárcel. Tras la confirmación de la sentencia en la vista de apelación, fue arrestado en diciembre de 1996. En el momento de escribir este informe, continuaba recluido en la Prisión Central Cerrada de Ankara. Además, todavía hay pendientes contra él varias acusaciones por el mismo delito y por insultos a «las instituciones del Estado».


En abril de 1997, 116 miembros de la orden religiosa Aczmendi fueron condenados a penas de hasta cuatro años de cárcel, en virtud del Artículo 7/1 de la Ley Antiterrorista, por ser miembros de «una organización que pretende modificar por medio de la intimidación o la amenaza las cualidades de la República tal como se exponen en la Constitución, así como el orden político, legal, social, laico o económico...». La orden de Aczmendi ha criticado enérgica y públicamente la condición laica de la República de Turquía y sus miembros aparecen en público llevando turbantes y túnicas, lo cual va en contra de las leyes relativas al vestido instituidas por Atatürk. Sin embargo, no hacen apología de la violencia y Amnistía Internacional considera a las personas encarceladas por pertenecer a esta orden como presos de conciencia.



UCRANIA


Ucrania ante el Comité de la ONU contra la Tortura


Amnistía Internacional instó al gobierno ucraniano a cumplir las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que, el 29 de abril, había examinado el tercer informe periódico presentado por Ucrania. Amnistía Internacional, por su parte, había presentado su propio informe a los miembros del Comité detallando sus preocupaciones respecto a las denuncias de tortura y malos tratos en Ucrania (véase Ukraine: Comments on the Third Periodic Report submitted to the United Nations Committee against Torture, Índice AI: EUR 50/08/97). Además, la organización mantuvo una reunión con la delegación del gobierno ucraniano en Ginebra, en la que se discutieron las medidas previstas por las autoridades.


Las conclusiones del Comité contra la Tortura confirmaron las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a una serie de puntos, entre los que se incluyen: las continuas prácticas de tortura y malos tratos a los detenidos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, que, en algunos casos, acaban con la muerte del detenido; la carencia de un sistema efectivo de instituciones independientes capaces de revisar las quejas individuales de las víctimas; la falta de disposiciones en la legislación ucraniana que hagan posible la revisión judicial de la legalidad de arrestos y detenciones; y la ausencia del delito de tortura en las leyes nacionales.


El Comité expresó su preocupación respecto al hecho de que las autoridades ucranianas no hubieran dictado inmediatamente una moratoria sobre las ejecuciones ─lo cual supone una violación de los compromisos adquiridos por el país al adherirse al Consejo de Europa─ así como respecto al elevado índice de ejecuciones que Ucrania tiene en su haber. Con 169 presos ejecutados en 1996, Ucrania ocupa el segundo lugar, después de China, entre los países con mayor número de ejecuciones conocidas. Ucrania fue también criticada por los siguientes motivos: la tortura sistemática que sufren los nuevos reclutas al ingresar en el ejército; las condiciones de detención preventiva, que suponen un trato inhumano y degradante; la falta de cumplimiento de las autoridades a la hora de garantizar el acceso de los detenidos a un abogado de su elección; y la falta de un sistema eficaz para examinar con rapidez las quejas de los presos. El Comité consideró que el proceso de armonización de las leyes nacionales con las normas sobre derechos humanos estaba progresando con lentitud y que no se estaba instruyendo correctamente a la policía y a los funcionarios de prisiones. Además, el Comité planteó la cuestión de la carencia de un sistema efectivo para compensar a las víctimas de tortura.


Amnistía Internacional apoya firmemente la recomendación del Comité de que Ucrania adopte un plan de acción general para poner fin a la tortura. Este plan debe incluir las siguientes medidas: la adopción de leyes de aplicación directa que cumplan la disposición constitucional de prohibición de la tortura y, particularmente, la aprobación de un nuevo Código Penal que contemple los actos de tortura como delitos penales merecedores de castigos apropiados; la adopción de un nuevo Código de Procedimiento Penal que garantice el derecho del acusado a la defensa a lo largo de todo el procedimiento penal; el establecimiento de un control eficaz e independiente por parte de los tribunales sobre el arresto, la custodia y la detención preventiva de los presuntos delincuentes, que garantice la prevención de la tortura en todas las etapas del procedimiento penal; garantías de control civil y judicial sobre los órganos encargados de hacer cumplir la ley; la creación de instituciones independientes que lleven a cabo una revisión rápida e imparcial de todas las quejas relativas al uso de tortura y malos tratos; la difusión de información relacionada con las normas de la Convención contra la Tortura, incluso a través de los medios de comunicación de masas; la instrucción y educación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y de los funcionarios de prisiones, y especialmente del personal médico, en lo que respecta a la prohibición de la tortura tal como está dispuesto en las normas de la Convención contra la Tortura; la inclusión en las leyes nacionales de la prohibición de interrogar a los detenidos sin la presencia de un abogado de su elección, incluso mientras permanecen en régimen de incomunicación; la reducción del período de detención preventiva, actualmente fijado en un máximo de 18 meses; la firma y ratificación del Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte; la reforma radical de todos los centros de detención, incluídas las colonias correctivas, de modo que garanticen el total cumplimiento de las normas de la Convención contra la Tortura; una moratoria permanente sobre las ejecuciones; y garantías legales para el completo desagravio y compensación de las víctimas de tortura, también por daños morales.


A pesar de la recomendaciones del Comité contra la Tortura, Amnistía Internacional continuó recibiendo informes acerca de torturas y malos tratos ocurridos durante las detenciones. En el mes de mayo, la organización temió por la seguridad de Sergey Valkovanyish, quien, según los informes, había sido torturado durante cinco días mientras permanecía bajo custodia policial, y cuyo paradero se desconocía. Según información proporcionada a Amnistía Internacional por fuentes no oficiales, Sergey Valkovanyish fue arrestado el 27 de marzo en su oficina por agentes de las secciones de Girnyitsky y Kirovsky de la policía municipal de Makeivka, en la región de Donetsk. Amnistía Internacional desconocía el motivo por el que Sergey Valkovanyish fue arrestado.


Durante los primeros cinco días de detención, a Sergey Valkovanyish, según parece, le rompieron varias costillas y también le pegaron en la cara, alrededor de los ojos, en el cuerpo, los brazos y los pies. Después, según los informes, le pusieron una máscara antigás y le colocaron encima una bolsa de plástico que, según parece, llenaron de gas venenoso. Mientras tanto, según las mismas fuentes, le golpeaban una y otra vez en la cabeza y le insultaban. Pasados cinco días, fue trasladado, según los informes, a otro lugar, pero su familia, según parece, no había sido informada de su paradero. Amnistía Internacional teme seriamente que haya podido sufrir nuevas torturas. La organización no ha vuelto a recibir información sobre este caso.


La pena de muerte


En el mes de febrero, Amnistía Internacional supo con consternación que Ucrania había ejecutado a 167 personas en 1996, entre las que se incluían presos condenados a muerte en años anteriores, lo cual lo convertía en el segundo país del mundo, después de China, con mayor número de ejecuciones conocidas. Esta cifra la hizo pública la directora del Departamento de Apoyo Organizativo a los Tribunales, del Ministerio de Justicia, el 29 de enero de 1997 y Amnistía Internacional tuvo conocimiento de ella el 7 de febrero. La directora de este Departamento declaró, asimismo, que en 1996 se había condenado a muerte a 167 personas y que sólo en dos casos se había conmutado la pena.


El mismo 29 de enero, una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenaba enérgicamente las continuas ejecuciones llevadas a cabo en Ucrania. La Asamblea Parlamentaria había discutido este asunto sin haber llegado a recibir la información relativa al número de ejecuciones en Ucrania. El punto 6 de la Resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria el 29 de enero advertía claramente al gobierno ucraniano de las consecuencias a las que debía atenerse si continuaba violando sus obligaciones para con el Consejo de Europa en lo que respecta a la pena de muerte. Entre estas consecuencias se incluía la posible expulsión de la delegación parlamentaria ucraniana de la Asamblea Parlamentaria. El 28 de enero, el Consejo de Ministros de Ucrania había presentado un proyecto de ley al Parlamento que disponía el establecimiento de una moratoria sobre las ejecuciones. Amnistía Internacional temía, no obstante, que pudieran producirse nuevas ejecuciones antes de que esta ley entrara en vigor.


En el mes de abril, mientras el Comité contra la Tortura revisaba en Ginebra el tercer informe periódico de Ucrania, la directora de la delegación gubernamental ucraniana y viceministra de Justicia, Lada Pavlikovska, declaró que en 1996 se habían producido 169 ejecuciones en Ucrania y que desde el comienzo de 1997 no había habido ninguna. Además, la delegación ucraniana presentó estadísticas oficiales recientes relativas a la aplicación de la pena de muerte en su país. Según información del Tribunal Supremo de Ucrania, en los últimos tres años han sido condenadas a muerte 529 personas (168 en 1994, 185 en 1995 y 176 en 1996). Según las estadísticas oficiales, durante el mismo período 73 personas fueron indultadas y sus condenas de muerte fueron conmutadas por penas de prisión (10 en 1994, 30 en 1995 y 33 en 1996). Las estadísticas, asimismo, establecían que, al 1 de febrero de 1997, había 190 presos condenados a muerte en Ucrania.


El 5 de mayo, Ucrania firmó el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, al hacerlo, avanzó un paso hacia el cumplimiento de los compromisos que, en relación con la pena de muerte, había adquirido al adherirse al Consejo de Europa. Amnistía Internacional supo, asimismo, que la condena de muerte de Sergey Vysochansky había sido conmutada en marzo de 1997 y, la de Andrey Yevtemy, en abril.


Amnistía Internacional acogió con satisfacción la firma del Sexto Protocolo por parte de Ucrania como un avance de acuerdo con la clara tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. La organización instó al presidente Leonid Kuchma y a las autoridades pertinentes a que, tras la firma del Sexto Protocolo, hicieran pública inmediatamente la existencia de una moratoria oficial sobre las ejecuciones y a que formalizaran esta decisión ordenando públicamente a los directores de todas las prisiones que no ejecutaran más sentencias de muerte. El Artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que, una vez que un Estado ha firmado un tratado, deberá «abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado...». Amnistía Internacional entiende que, si se produjeran nuevas ejecuciones, se estaría frustrando el objeto y el fin del Sexto Protocolo, a saber, la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz.



UZBEKISTÁN


Presos de conciencia


Detención del observador de derechos humanos Albert Musin en Moscú


Albert Musin, periodista y observador de la situación de los derechos humanos en Asia Central que vivía fuera de Uzbekistán exiliado por motivos políticos, fue detenido en febrero por la policía de Moscú en un mercado de las afueras para comprobar su documentación. Descubrieron que estaba residiendo en Moscú sin tener los documentos en regla y lo llevaron a una comisaría policial, donde al consultar los archivos supieron que pesaba sobre él una orden de búsqueda por parte de las autoridades de Uzbekistán; la causa era un proceso abierto contra él en 1992 en aplicación de un artículo del antiguo Código Penal que penalizaba el libelo contra altos cargos públicos.


Convencida de que la acusación tenía motivaciones políticas, Amnistía Internacional temió su repatriación inminente y forzosa a Uzbekistán, donde podría convertirse en preso de conciencia. La organización solicitó a las autoridades rusas que no lo extraditaran y reconocieran oficialmente su condición de refugiado en la Federación Rusa.


Albert Musin quedó libre de la custodia policial a principios de marzo, poco después de que representantes de la Embajada de Uzbekistán en Moscú aseguraran que no se pretendía su extradición a Uzbekistán. Con todo, su situación en Moscú seguía siendo incierta y, gracias a la mediación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), pudo emigrar a Finlandia.


Encarcelamiento de activistas islámicos


Amnistía Internacional solicitó la revisión judicial de las sentencias impuestas a Abdurauf Gafurov y Rakhmat Otakulov, activistas islámicos del valle de Fergana (este de Uzbekistán), por tratarse de posibles presos de conciencia. Ambos dirigentes de congregaciones islámicas no afiliadas a la Dirección Espiritual Musulmana, controlada por el Estado, fueron aparentemente víctimas de una campaña represiva oficial contra estas congregaciones, persecución que continúa hoy en día.


Abdurauf Gafurov, juez musulmán (kazi) del valle de Fergana, había sido arrestado en noviembre de 1993 y declarado culpable en mayo de 1994 de «malversación de bienes estatales y sociales abusando de un cargo oficial», lo que le supuso una pena de tres años de prisión. Según alegaciones, el cargo era infundado y la verdadera intención del arresto y la condena de Abdurauf Gafurov era castigarlo por sus contactos con activistas islámicos independientes, algunos residentes en el país vecino de Tayikistán, donde el gobierno se enfrentaba entonces a la insurgencia de un grupo armado de oposición con cierto componente de militancia islámica.


En agosto de 1994, Abdurauf Gafurov fue acusado de posesión de narcóticos en la cárcel, delito por el cual fue condenado al año siguiente a dos años de cárcel, que debería cumplir simultáneamente con la sentencia inicial. Hubo alegaciones de que también este cargo era infundado y tenía el propósito de impedir que Abdurauf Gafurov pudiera quedar libre en virtud de una amnistía. En noviembre de 1996, una semana antes de expirar el plazo de su sentencia, se abrió un nuevo proceso en su contra por «insubordinación a la administración penitenciaria», y el mes siguiente fue condenado a otros dos años de cárcel. Una vez más, existió preocupación por que el cargo pudiera ser falso.


Amnistía Internacional sostuvo que la reiterada presentación de cargos probablemente falsificados para impedir la excarcelación de Abdurauf Gafurov indicaba hostilidad oficial hacia él, lo que hizo bastante creíbles las alegaciones de que estaba considerado como un opositor político al régimen. Parecía que el motivo de su prolongada reclusión era impedirle desempeñar su destacado papel dentro de la comunidad islámica no reconocida.


Rakhmat Otakulov, profesor de religión, fue detenido por la policía en abril de 1997, teóricamente para ser interrogado acerca de un accidente de tráfico. Sin embargo, la policía dijo haber encontrado munición y narcóticos al registrar su vehículo y su domicilio, y lo acusó de posesión ilícita de armas y narcóticos. En junio fue juzgado por un tribunal local de la ciudad de Margilan y condenado a tres años y medio de prisión.


Amnistía Internacional consideró que las acusaciones contra Rakhmat Otakulov podían ser falsas y las pruebas «encontradas» en los registros haber sido colocadas allí u obtenidas fraudulentamente por la propia policía. Esto vendría a coincidir con una práctica policial que se puso particularmente de manifiesto entre 1993 y 1994, cuando Amnistía Internacional se ocupó de varios casos en que la policía aparentemente falsificaba cargos de posesión de drogas y armas contra opositores políticos del gobierno.


Las autoridades continuaron negando cualquier implicación oficial en la «desaparición» de otros tres activistas islámicos, Abdullo Utayev (en 1992), Abduvali Mirzoyev y Ramazan Matkarimov (en 1995) (véase información más reciente sobre estos casos en Índice AI: EUR 01/01/97/s).


Pena de muerte


Amnistía Internacional tuvo noticia de cuatro nuevas sentencias de muerte. Tuychi Akhtamov, Khusnitdin Kasymov y Saitniyaz Sharipov fueron juzgados conjuntamente por tráfico de drogas ante el Tribunal Regional de Samarkanda y condenados a muerte en 1996 (se ignora la fecha exacta; el recurso de apelación contra las sentencias fue desestimado en noviembre). En julio, Aleksandr Korneyev fue condenado a muerte por asesinato por el Tribunal de la Ciudad de Tashkent, y el Tribunal Supremo ratificó la sentencia en octubre. Amnistía Internacional no conoce la suerte que han corrido posteriormente estos individuos. Ninguna sentencia de muerte individual dictada en el período que abarca este informe llegó al conocimiento de Amnistía Internacional, pero se pensaba que sí se habían dictado y ejecutado algunas.


Amnistía Internacional también tuvo noticia del caso de Shokir Davronov, condenado a muerte en 1994; según los informes, a principios de 1997 estaba pendiente de una solicitud de indulto. Sin embargo, se temía que ya no estuviera vivo y que este fuera un caso más en que se mantenía a los familiares de un preso en la ignorancia sobre su destino mucho después de haberse ejecutado la sentencia.


Actitud oficial hacia los grupos de derechos humanos (incluye una corrección sobre la información aparecida en el Informe 1997 de Amnistía Internacional)


En enero, el Ministerio de Justicia denegó la condición de organización legalmente constituida a la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán. Esta sociedad venía actuando clandestinamente y en el exilio desde su fundación en 1992, pero en 1996 fue invitada oficialmente a presentar la solicitud de registro (En el Informe 1997 de Amnistía Internacional se informa erróneamente de la concesión de dicha solicitud en lugar de la invitación a presentarla). De hecho, en 1996 sólo quedó registrado oficialmente un grupo de derechos humanos, el Comité para la Defensa de los Derechos del Individuo.


En mayo de 1997, otro grupo de derechos humanos, la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán, pidió permiso al gobierno municipal de Tashkent ─la capital─ para celebrar un congreso fundacional; era uno de los requisitos establecidos para el registro. Conculcando la normativa, la administración local no contestó a esta petición antes de la fecha prevista para el congreso, en el mes de junio (lógicamente, el congreso no se celebró), lo que en definitiva supuso privar a la organización de la posibilidad de registrarse. Previamente, al solicitar información sobre la marcha de la solicitud, parece ser que el director de la Organización, Mikhail Ardzinov, fue informado por el funcionario de guardia de que «estaba esperando instrucciones de arriba».



RATIFICACIONES


ESTONIA


En febrero Estonia se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y al Protocolo de 1967.


LETONIA


En junio el Parlamento letón ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, optando no obstante por la «limitación geográfica», lo que significa que Letonia únicamente asumirá la responsabilidad internacional contraída en virtud de la Convención con refugiados procedentes de Europa.


En junio, el Parlamento letón ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y cinco de sus protocolos.


LITUANIA


En enero, Lituania ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967.


TURKMENISTÁN


Turkmenistán se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp) y a su primer protocolo facultativo el 1 de mayo de 1997.



MUJERES EN EUROPA


Selección de preocupaciones de Amnistía Internacional


En Europa se cometen violaciones de derechos humanos contra mujeres de forma habitual, pero sólo en casos excepcionales reciben la atención que merecen. A continuación se expone una selección de los casos investigados por Amnistía Internacional. No pretende ser un resumen exhaustivo de las preocupaciones de la organización, pero sí una reflexión sobre la variedad de violaciones que padecen las mujeres en Europa.


Denuncias de malos tratos


ARMENIA


En el período que nos ocupa, varios testigos del proceso contra el preso político Vahan Hovanessian y otras 30 personas (véase el epígrafe sobre Armenia) declararon que les habían sometido a coacción física o psicológica para que levantaran falso testimonio contra los acusados. Lilit Khachikian, por ejemplo, declaró ante el tribunal el 25 de febrero que varios funcionarios del Ministerio del Interior destinados en el distrito de Mashtots (Yerevan) la obligaron mediante golpes y presión psicológica a prestar declaración contra Vahan Hovanessian. Ese mismo día, Aghavni Karapetian, esposa del acusado Gnel Hovanessian, manifestó al tribunal que también a ella la habían golpeado brutalmente funcionarios del Ministerio en el citado distrito, y que como consecuencia de la agresión había abortado. Además, declaró que sus dos hermanas y su hermano minusválido también habían sido golpeados.


Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades competentes que garanticen la investigación completa e imparcial de todas las denuncias de malos tratos, que hagan públicas las conclusiones y que pongan a disposición judicial a los señalados como responsables.


AUSTRIA


En febrero, las autoridades austríacas comunicaron a Amnistía Internacional que se habían suspendido las diligencias judiciales sobre las denuncias de malos tratos infligidos a Sabine Geisberger por agentes de policía en noviembre de 1995 (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). En la querella que interpuso ante las autoridades fiscales de Viena, Sabine Geisberger alegaba que un policía de esta ciudad la había arrastrado por el pelo hasta el dormitorio de su apartamento y la había arrojado a un rincón del cuarto, donde le propinó varias patadas en los genitales. El reconocimiento que un médico del departamento ginecológico del Hospital de Klagenfurt le practicó al día siguiente reveló que Sabine Geisberger presentaba contusiones en el contorno de la pelvis, el muslo izquierdo y los órganos sexuales externos. En la carta que las autoridades remitieron a Amnistía Internacional se explicaba que los investigadores «no habían podido encontrar ninguna prueba objetiva de conducta criminal» en los agentes implicados.


También en febrero de 1997, las autoridades austríacas comunicaron a Amnistía Internacional que aún estaban pendientes de examen judicial las alegaciones de Violetta Jevremovic, según las cuales había sido maltratada por agentes de policía vieneses en abril de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Violetta Jevremović dijo haber sido golpeada por los policías que se presentaron en su domicilio de Viena para arrestar a su marido, Nicola. También aseguró que los agentes le dirigieron insultos racistas. En su carta a Amnistía Internacional, las autoridades afirmaban que, de acuerdo con el informe de los hechos elaborado por la Dirección Federal de Policía de Viena Vienna Federal Police Directorate , «Violetta Jevremovic agredió a un agente de policía con una copa de vino. Al defenderse del ataque, el agente resultó herido en la mano derecha. Como quiera que Violetta Jevremovic seguía mostrando una actitud violenta, le dijeron que estaba arrestada y le esposaron las muñecas a la espalda». Las autoridades añadieron: «Evidentemente Violetta Jevremovic no resultó herida como consecuencia de este procedimiento [...] Al principio ni ella ni su marido, Nicola Jevremović, alegaron haber sido golpeados e insultados». Esta información parece entrar en contradicción con los datos recibidos por Amnistía Internacional de otras fuentes: las denuncias de malos tratos a Violetta Jevremovic ya figuraban en una carta que la organización no gubernamental (ong) Romano Centro dirigió al Ministerio del Interior tan sólo cinco días después de los hechos. La organización adjuntaba copias de certificados médicos fechados el 25 y 27 de abril de 1996, donde constaba que Violetta Jevremović presentaba contusiones en ambos codos, muñeca izquierda, mano derecha, muslo derecho y tobillo izquierdo, así como hinchazón en la cabeza, mandíbula superior y labio superior. En enero, un tribunal de Viena declaró a Violetta Jevremović culpable de intentar resistirse a una autoridad pública y de causar graves daños físicos11 a un agente. Fue condenada a dos meses de cárcel con una suspensión de tres años. El tribunal consideró que Violetta Jevremović había intentado impedir que los agentes arrestaran a su marido y había herido al agente en la mano arrojándole una copa de vino. (Según las conclusiones del tribunal, el agente presentaba «hemorragia bajo la uña del dedo auricular y en el extremo del dedo cordial de la mano derecha».)


BULGARIA


El 5 de diciembre de 1996, el joven de dieciséis años Martin Zagorov y su hermano Nedyalko, de 14, fueron presuntamente maltratados en la comisaría policial de Shumen, adonde los habían llevado para interrogarlos sobre la venta de un televisor y un vídeo robados. Después los pusieron en libertad, pero a Martin le ordenaron regresar al día siguiente.


La madre de ambos, Valentina Zagorova, acompañó al día siguiente a su hijo Martin a la comisaría. Allí insistió en que la policía necesitaba una autorización por escrito del fiscal para interrogar a su hijo, y pidió que hubiera un abogado presente en el interrogatorio. Los agentes rechazaron su solicitud.


Mientras Valentina Zagorova discutía con los agentes, se presentó el jefe de la comisaría y le ordenó que se marchara. Valentina se negó y exigió saber por qué motivo habían encerrado a su hijo. Entonces parece ser que el comisario le gritó: «¿Quién se ha creído que es?» y empezó a golpearla. Así lo relataba ella:


Continuó pegándome. Hubo un momento en que me caí al suelo y él me levantó de mala manera y me empujó al otro lado de la habitación. Al caer me rompí la mano. Otros agentes me ayudaron a levantarme e intentaron refrenar al comisario, que me gritaba: «Salga de aquí o la echo a patadas por las escaleras». Ahora mi hijo está tan asustado que no se atreve ni a salir de casa, no come ni duerme en toda la noche.


Valentina Zagorova consultó con un ortopedista, quien le confirmó que tenía rotos los huesos de la mano izquierda. Un portavoz de la policía declaró más tarde a la prensa que los dos muchachos habían sufrido detención ilegal con motivo de un arresto para investigación, pero que la conducta del comisario había sido perfectamente legítima y no sería llamado al orden. Pavlina Zagorova presentó una denuncia por malos tratos ante el fiscal local.


El periódico búlgaro 24 chasa informaba en su edición del 10 de diciembre de 1996 de que, en una fecha no especificada, Pavlina Pehlivanova y su hermano Georgi fueron golpeados por seis agentes de policía delante de su domicilio de Sofía.


Pavlina y Georgi habían arrancado un árbol de un bosquecillo cercano con la intención de plantarlo en su calle como medida contra la contaminación. Unos policías los interceptaron en la entrada de su casa, según informes amenazándolos con un arma. Los informes indican asimismo que esposaron a Georgi y empezaron a darle patadas. Parece ser que a Pavlina también la golpearon en el pecho y la cara, y le causaron rotura de nariz. A continuación los trasladaron a la Quinta Comisaría de Policía.


Cuando los Pehlivanov quisieron presentar una denuncia por malos tratos, les dijeron que debían hacerlo en la Primera Comisaría de Policía, donde estaban adscritos los agentes implicados. Sin embargo al llegar allí, el funcionario de guardia se negó a registrar la denuncia.


En marzo de 1997, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades búlgaras que investigaran ambos informes en profundidad y con prontitud e imparcialidad, que hicieran públicas las conclusiones de las investigaciones y llevaran ante los tribunales a cualquier agente de policía que hubiera resultado responsable.


KIRGUISTÁN


Un caso que afectó a dos mujeres, que en los informes aparecen nombradas simplemente como Yelena S. y Olga, estaba entre los informes recibidos por Amnistía Internacional sobre maltrato de presuntos delincuentes por parte de la policía de Kirguistán. Las dos mujeres, con sendos acompañantes varones, interpusieron denuncia en julio de 1996 contra agentes del Departamento de Policía del distrito de Octubre en Bishkek, la capital, alegando que habían sufrido brutales palizas la noche que permanecieron bajo custodia policial. Según el reconocimiento médico que les practicaron, Olga presentaba conmoción, cortes y magulladuras, y Yelena S. heridas leves. Amnistía Internacional expuso el caso a las autoridades de Kirguistán en abril, y pidió conocer el resultado de la investigación sobre las denuncias de Yelena S., Olga y sus acompañantes masculinos. En el momento de redactarse este documento, la organización no había recibido contestación.

RUMANÍA


Ioana Enuţă, de 48 años y residente en Berceni, mantenía una antigua disputa con sus vecinos, dos de los cuales eran, según informes, agentes de policía. En mayo de 1996 fue multada por alteración del orden; la multa sería sustituida más tarde por una condena de 10 días de cárcel. Ioana Enuţă recurrió tanto contra la multa como contra la legitimidad de la decisión de sustituirla por una pena de prisión.


El 1 de mayo de 1997, antes de que se hubiera hecho efectiva la decisión judicial, dos policías se presentaron en el domicilio de Ioana y le ordenaron que los acompañara a comisaría. Ella se negó al comprobar que los agentes no llevaban orden judicial.


Según informes, poco después, cuando Ioana salió de casa, los agentes la abordaron y la tiraron al suelo, y mientras la arrastraban hacia el vehículo policial le dieron patadas. Varios vecinos presenciaron los hechos y pidieron a los agentes que no siguieran con la paliza. Ioana corrió hacia la vivienda de un familiar cercano perseguida por un agente. Los familiares convencieron a este último de que se marchara al no llevar una orden de registro.


Desde entonces no se han producido más intentos de aprehender a Ioana Enuţă con métodos presuntamente ilegales. El 17 de julio de 1997, Ioana interpuso una denuncia ante el fiscal militar de Bucarest por malos tratos policiales.


Amnistía Internacional ha instado a las autoridades rumanas a garantizar que el presunto maltrato sufrido por Ioana Enuţă se investiga en profundidad y de manera imparcial, que se hacen públicas las conclusiones y que los responsables son puestos a disposición judicial.


FEDERACIÓN RUSA


En abril de 1997, el informe de Amnistía Internacional titulado Torture in Russia: «This Man-made Hell» (Índice AI: EUR 46/04/97) hablaba del caso de las hermanas gemelas Yelena e Irina Smirnova, presuntas víctimas de una brutal paliza a manos de la policía de Moscú en 1994. Los informes indicaban que Yelena Smirnova estaba soportando, además, condiciones de reclusión constitutivas de maltrato en la Prisión de Butyrka (Moscú), donde cumplía prisión preventiva por el cargo de «apropiación indebida de bienes públicos» desde agosto de 1995.


Según la información recibida, el 21 de marzo de 1997, el Tribunal de Distrito de Tverskoy (Moscú) decidió remitir la causa de Yelena Smirnova para que continuaran las investigaciones y reabrir un proceso criminal entablado previamente contra Irina Smirnova, también por «apropiación indebida de bienes públicos». El tribunal ordenó el arresto de Irina y su ingreso en prisión en espera de juicio, decisión que impulsó a ésta a ocultarse. En el momento de redactarse este documento aún no se conocía su paradero.


Karinna Moskalenko, la abogada defensora de ambas hermanas, contó a Amnistía Internacional que, en su opinión, la orden de arresto contra Irina Smirnova carecía de fundamento y tenía motivaciones políticas. Según la abogada, Irina Smirnova se había volcado en la defensa de los derechos de su hermana tras el arresto de esta última, formulando peticiones a diversas instituciones públicas y judiciales y a organizaciones internacionales. En su condición de abogada con experiencia y periodista, Irina Smirnova también se había implicado en actividades del Centro de Protección Internacional, ong local de derechos humanos y defensa jurídica. Hubo la sospecha de que la orden judicial de arrestarla en marzo de 1997 fuera un acto de represalia de las autoridades por su labor de defensa de los derechos humanos y por haber dado gran publicidad a su caso y al de su hermana.


Amnistía Internacional continuó solicitando a las autoridades que abrieran una investigación sobre las denuncias de las hermanas Smirnova de haber sufrido malos tratos a manos de la policía en 1994. También instó a las autoridades a revisar los motivos y la legalidad del arresto y encarcelamiento de Yelena Smirnova con arreglo a la legislación vigente, y a procurarle la asistencia médica que pudiera necesitar. Además, Amnistía Internacional expresó la preocupación de que Irina Smirnova podía ser considerada presa de conciencia si era detenida.



Trato cruel, inhumano y degradante


REINO UNIDO


Róisín McAliskey, arrestada en noviembre de 1996 ─estando embarazada de cuatro meses─ en cumplimiento de una orden de extradición, estuvo seis días recluida en régimen de aislamiento total en una prisión exclusivamente para hombres antes de su traslado a la prisión de mujeres de Holloway. En esta última permaneció como presa de Categoría A (alto riesgo), cuando la citada prisión carece de instalaciones a tal efecto. Fue sometida a frecuentes registros corporales, «visitas cerradas» (aislada de los visitantes por un tabique de cristal) y severas restricciones durante todo el embarazo sobre su derecho a relacionarse con otras reclusas, a recibir prensa irlandesa y a hacer ejercicio. Amnistía Internacional considera que sus condiciones de reclusión constituyeron trato cruel, inhumano o degradante. Gracias a las protestas internacionales le fueron atenuadas algunas de las restricciones al final del embarazo, y dio a luz el 26 de mayo en un hospital civil. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en la maternidad de un hospital de Londres. Amnistía Internacional publicó en abril un documento titulado Reino Unido: Trato cruel, inhumano o degradante: La detención de Róisín McAliskey (Índice AI: EUR 45/08/97/s).



Mujeres presas de conciencia


KIRGUISTÁN


Zamira Sydykova, redactora jefa del periódico Res Publika, fue condenada en mayo a 18 meses de cárcel tras ser declarada culpable por un tribunal de distrito de Bishkek de libelo contra la persona del presidente de la empresa Kyrgyzaltyn, propiedad del Estado. Fue considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional (En el epígrafe sobre Kirguistán encontrarán la explicación de por qué la organización se opone a la aplicación de leyes penales contra el libelo). Era la segunda condena impuesta a Zamira Sydykova por ese delito: en 1995 se dictó contra ella una sentencia condicional de dieciocho meses, y durante ese tiempo tuvo prohibido trabajar como periodista por haber calumniado al presidente de Kirguistán.


En la vista de apelación ante el Tribunal de la Ciudad de Bishkek, celebrada en junio, la última condena impuesta a Zamira Sydykova se mantuvo íntegra, aunque se dispuso que la cumpliera en un centro de detención con un régimen más favorable. Amnistía Internacional siguió solicitando su excarcelación incondicional.


Entre los coacusados en el proceso contra Zamira Sydykova había una ex jefa de redacción de Res Publika, Marina Sivasheva, a la que también declararon culpable, multaron y prohibieron ejercer el periodismo durante dieciocho meses. En la vista de apelación la sentencia fue anulada por completo.


En otro proceso distinto, Damira Akmatova y Gulya Ibraimova fueron juzgadas en mayo por «proporcionar información falsa» al periodista Yrysbek Omurzakov, también procesado por un delito de libelo contra el gerente de una fábrica estatal ya inactiva. Ambas mujeres eran empleadas de la fábrica y residentes en un albergue para trabajadores adjunto a la fábrica que, según el artículo de Yrysbek Omurzakov, el gerente pretendía privatizar junto a otras personas para su propio beneficio. Sólo llevaban tres días de juicio cuando el juez suspendió la causa y la remitió para que continuara la investigación; las diligencias judiciales no habían concluido en el momento de redactarse este documento. Damira Akmatova y Gulya Ibraimova no ingresaron en prisión preventiva, pero Amnistía Internacional solicitó a las

autoridades de Kirguistán que suspendieran las acciones judiciales contra ellas y advirtió que, si eran declaradas culpables y condenadas a penas de cárcel, serían consideradas presas de conciencia.



Presunta detención arbitraria


AZERBAIYÁN


Una joven de diecisiete años y una mujer estaban entre las personas de etnia armenia excarceladas entre abril y mayo con motivo del tercer aniversario del armisticio en la disputada región de Karabaj (véase el epígrafe sobre Azerbaiyán). Irina Kachaturian, nacida en Baku en 1979 y residente en la región de Ijevan (Armenia), y Larissa Kirakossian, de la localidad de Maralik (Armenia), junto con otros civiles de su misma etnia fueron, al parecer, tomados como rehenes por su origen étnico y no porque se hubieran presentado cargos legítimos en su contra. Larissa Kirakossian afirmó tras su liberación que su arresto se había producido en Turquía, donde se encontraba en calidad de turista, y que después la habían entregado a Azerbaiyán.


Temor por la seguridad: secuestro de periodistas


FEDERACIÓN RUSA - REPÚBLICA DE CHECHENIA


El 10 de mayo de 1997, según informes, la periodista del canal ruso ntv Yelena Masyuk fue secuestrada en la República de Chechenia junto con el cámara Ilya Mordyukov y el técnico de sonido Dmitry Olchev. Según un funcionario del Ministerio del Interior chechén, seis pistoleros tendieron una emboscada al vehículo en que se desplazaba el equipo de la ntv en dirección a la vecina Ingushetia, les ordenaron que subieran a otro y se los llevaron. Al conductor del equipo le dejaron marchar. Según informes aparecidos en la prensa, los miembros del equipo habían grabado un mitin electoral en la capital chechén, Grozny, y se disponían a salir de la república con sus cintas de vídeo. El ministro del Interior chechén afirmó, según informes, que el equipo de la ntv había declinado los servicios de una unidad especial de policía formada para acompañar a los periodistas. En marzo, parece ser que el gobierno chechén había impuesto nuevas restricciones sobre la labor de los periodistas que fueron ignoradas desde entonces por los pocos profesionales que continuaron desplazándose a la región.


Yelena Masyuk, periodista con varios premios en su haber, había informado del conflicto en Chechenia entre 1994 y 1996 antes de recibir, según informes, amenazas contra su seguridad. En 1995, tras entrevistar a los dirigentes de los combatientes chechenes, fue presuntamente interrogada por agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, quienes le exigieron que revelara el paradero de los citados líderes. Posteriormente, parece ser que fue hostigada por miembros del mismo cuerpo en relación con otros artículos sobre Chechenia.


Amnistía Internacional temió que el secuestro de Yelena Masyuk y su equipo se hubiera programado para que coincidiera con la firma de un tratado de paz entre la Federación Rusa y Chechenia el 12 de mayo. La organización también temió que la hubieran elegido a ella únicamente por su labor informativa desde Chechenia durante y después del conflicto armado. Bien fuera por intereses comerciales o por intereses políticos, este secuestro ponía en entredicho la capacidad de las autoridades chechenes y rusas para garantizar la seguridad de los periodistas en Chechenia.


Amnistía Internacional solicitó de ambos gobiernos la condena del secuestro y garantías de una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre todos los secuestros ocurridos en la República de Chechenia, y asimismo les pidió que hicieran públicos los resultados y llevaran ante los tribunales a los responsables de violaciones de derechos humanos. Además, la organización instó a las autoridades rusas y chechenes a tomar todas las medidas necesarias para localizar a los periodistas secuestrados y ponerlos a salvo. A finales de junio seguía sin conocerse el paradero de Yelena Masyuk y su equipo.



Mujeres y pena de muerte


TURKMENISTÁN


Durante el período que abarca este documento, Amnistía Internacional recibió informes de fuentes extraoficiales sobre mujeres de Turkmenistán que habían sido acusadas de delitos relacionados con narcóticos y podían ser condenadas a muerte.

En la mayoría de los casos, las fuentes indicaban que los juicios de estas mujeres concluyeron con la imposición de largas penas de cárcel y no de la pena capital. No obstante, en al menos dos de los casos que han llegado al conocimiento de Amnistía Internacional, la mujer fue condenada a muerte: Gulsere Dzhumayeva fue, según informes, condenada a muerte por el Tribunal Regional de Lebap por tráfico de drogas; la vista de apelación ante el Tribunal Supremo no modificó la sentencia. Según informes, la solicitud de clemencia presentada a la Comisión de Clemencia Presidencial fue concedida, así como la conmutación de la sentencia de muerte por una pena prolongada de cárcel. En el otro caso, Dunyagozel Ovezdurdyyeva también fue condenada a muerte por tráfico de drogas (Amnistía Internacional no supo la fecha ni el lugar del juicio), aunque algunas fuentes indicaron que posteriormente se había beneficiado de una conmutación masiva de 222 penas de muerte, decretada por el presidente en el mes de junio.

INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: EUR 01/06/97/s

Distr: SC/PO/CO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

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SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

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PARA USO EXTERNO



PREOCUPACIONES EN EUROPA


Enero - Junio de 1997




ACCIONES RECOMENDADAS


Se distribuirá una circular de acción aparte para los coordinadores OIG de Secciones cuyos países pertenezcan a la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), a fin de captar apoyos en la Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, que se celebrará en Varsovia en noviembre de 1997.


Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento, y de que se archiva debidamente para futuras consultas. Además, rogamos emprendan cuantas acciones recomendadas de las que enumeramos a continuación les sea posible:


1. Las Secciones deben utilizar este documento para responder a preguntas sobre las preocupaciones de AI en Europa.


2. Debe hacerse llegar a la prensa y al público en general.


3. Debe distribuirse a cualquier individuo u organización con particular interés sobre Europa en su conjunto o sobre cualquiera de los países que abarca el boletín.


4. Rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Investigación si desean utilizar la información aparecida en este documento para elaborar otros nuevos, ya que puede ser necesaria una actualización.


DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a: todas las Secciones, coordinadores y Grupos WERAN, coordinadores y Grupos ANCOWE, Grupos de coordinación de Grecia, Chipre y Turquía, coordinadores EERAN, Grupos de coordinación de Europa del este, coordinadores SURAN y Grupos de coordinación de la CEI y Mongolia.

1 Max van der Stoel, The Heart of the Matter: The Human Dimension of the OSCE («La cuestión de fondo: la dimensión humana de la OSCE»), en Helsinki Monitor, Volumen 6, Número 3 (1995), p. 23 (La traducción de las citas de esta obra en este documento es de EDAI).

2 Ibid., p. 27.

3 Audrey Glover, The Human Dimension of the OSCE: From Standard-Setting to Implementation («La dimensión humana de la OSCE: del establecimiento de normas a su cumplimiento»), en Helsinki Monitor, Volumen 6, Número 3 (1995), p. 35.

4 Ibid., p. 35.

5Doc. ONU CCPR/C/60/FRA/4

6Véase Índice de AI: EUR 01/01/97/s.

7Véase Índice de AI: EUR 01/02/96/s.

8El gobierno federal.

9Véase Índice de AI: EUR 43/02/94/s.

10La cursiva es de Amnistía Internacional.

11 Según la Sección 84(2)-4 del Código Penal austríaco, la agresión contra «un funcionario, testigo o perito del Estado» en el ejercicio de su deber se clasifica automáticamente como graves daños físicos.

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