Document - Concerns in Europe: May 1992 - October 1992


AMNISTÍA INTERNACIONAL

PREOCUPACIONES SOBRE EUROPA

MAYO DE 1992 - OCTUBRE DE 1992


Este boletín contiene información sobre las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Europa durante el periodo comprendido entre mayo y octubre de 1992. No incluye informes sobre todos los países europeos; sólo trata sobre aquellos en los que se produjeron hechos significativos en el periodo cubierto por el boletín. Por desgracia, esta vez no hemos podido incluir la lista completa de documentos externos de Amnistía Internacional sobre Europa durante este periodo, como hicimos en ediciones anteriores.


Seguimos considerando las cinco repúblicas de Asia central, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, como parte de la región de Europa y las incluimos en este boletín porque son miembros de la CEI y de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE). Las repúblicas que forman la antigua Yugoslavia aparecerán en el futuro por separado, aunque la categoría de cada república en el ámbito internacional sea diferente.

ALBANIA


La pena de muerte


Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, hasta el momento se han impuesto 12 sentencias de muerte en 1992, en todos los casos por asesinato o por otros delitos que han tenido como consecuencia una o más muertes. Se conmutaron tres sentencias de muerte por otras de prisión mediante un decreto presidencial, entre ellas la impuesta a Arjan Boja, de 19 años (véase Índice AI: EUR 01/03/92/s). Fueron ejecutados seis hombres, entre ellos Ditbardh y Josif Çuko. Habían sido condenados a muerte por actos de pillaje que llevaron a la muerte de cinco miembros de una familia, entre ellas un bebé de siete meses. Fueron ejecutados el día 25 de junio a primera hora de la mañana en una plaza de la localidad de Fier, y después sus cadáveres permanecieron expuestos a la vista del público durante el resto del día. Amnistía Internacional teme que el número de sentencias de muerte impuestas hasta el momento en 1992 supere las 12, puesto que, al parecer, no se ha informado regularmente de ellas a la prensa. En mayo, Amnistía Internacional pidió al presidente Berisha que conmutara todas las sentencias de muerte y le instó a que suspendiera inmediatamente la aprobación y ejecución de sentencias de muerte, como paso previo a la abolición total de la pena de muerte.


Hallazgo de fosas comunes


En octubre, una comisión especial creada para identificar y elaborar una lista de personas de la zona de Shkodër a las que, al parecer, habían dado muerte las fuerzas de seguridad por motivos políticos durante el régimen comunista, de 1944 a 1991, informó que hasta el momento había descubierto seis fosas comunes en Shkodër y que había logrado identificar a 40 víctimas, aunque creía que el número total era de unas 2.000.


Tribunal constitucional


En mayo prestaron juramento los miembros del primer tribunal constitucional. El presidente Berisha declaró que se trataba de un acontecimiento histórico porque la defensa de la Constitución era el principal deber de todo Estado. Hasta el momento, Amnistía Internacional no ha sabido nada más de las actividades de este tribunal.

ALEMANIA


Denuncias de malos tratos a detenidos


Durante el periodo que nos ocupa, Amnistía Internacional recibió varias denuncias relativas al maltrato de solicitantes de asilo y otros extranjeros.


Denuncias de torturas y malos tratos a solicitantes de asilo por la policía de Bremen


En mayo, Amnistía Internacional escribió a las autoridades de Bremen en relación con las denuncias según las cuales varios detenidos, la mayoría solicitantes de asilo africanos y de raza negra residentes en Bremen, habían sido maltratados y en algunos casos torturados por agentes de policía en la comisaría de Hoyaer Straße de Peterswerder, Bremen. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los agentes de policía habían golpeado a algunos detenidos con porras y los habían propinado puñetazos y patadas. En tres casos, los detenidos afirmaron que los agentes les habían aplicado descargas eléctricas mediante una especie de "pistola" en diversas partes del cuerpo, incluida la cara, la espalda, el estómago y los genitales. En su carta a las autoridades, Amnistía Internacional recibió con satisfacción la rápida reacción de las autoridades judiciales de Bremen, que ordenaron el registro inmediato de la comisaría en cuestión y después designaron a un investigador especial para que examinara las denuncias que habían recibido. La organización pidió que le informaran de los resultados de esta investigación.


En una respuesta enviada en septiembre, el ministro del Interior de Bremen confirmó que el fiscal de Bremen estaba realizando una investigación y que Amnistía Internacional recibiría información sobre sus conclusiones.


En otro incidente, Mehmet S., kurdo de 14 años de edad, fue, al parecer, maltratado por agentes de policía de Bremen. A este adolescente le salieron al paso unos agentes de policía en la estación de ferrocarril principal de Bremen el 1 de marzo. Le consideraban sospechoso de contravenir la ley sobre narcóticos. Intentó huir, pero los agentes de policía le atraparon y le arrojaron al suelo violentamente. Le doblaron los brazos hacia atrás y le golpearon cuando gritó de dolor. Posteriormente tuvieron que intervenirle quirúrgicamente porque tenía el hombro fracturado.


En mayo, Amnistía Internacional escribió a las autoridades de Bremen pidiendo información sobre los resultados de cualquier investigación sobre las denuncias de malos tratos presentadas por Mehmet S. En octubre, el ministro de Justicia de Bremen comunicó a la organización que una investigación iniciada por el fiscal aún no había concluido.


Denuncias de malos tratos contra seis sij de Punjab en el aeropuerto de Frankfurt am Main


En mayo, Amnistía Internacional escribió a las autoridades alemanas en relación con las denuncias según las cuales seis sij punjabíes habían sido maltratados por agentes de la Policía Federal de Fronteras (Bundesgrenzschutz) en el aeropuerto de Frankfurt am Main el 13 de abril por la noche.


Según la información recibida por Amnistía Internacional, estas seis personas habían llegado de Delhi formando parte de un grupo de más de 50 sij. Los integrantes del grupo se habían dirigido a la sala de tránsito e inmigración, se habían sentado en el suelo y habían empezado a cantar oraciones porque ese día, el 13 de abril, era para ellos un día sagrado. Varios agentes de la Policía Federal de Fronteras llegaron rápidamente e intentaron quitar de allí a uno de los miembros del grupo. Otros miembros del grupo, temiendo que su amigo pudiera ser introducido inmediatamente en un avión y devuelto a la India, lo agarraron para intentar evitar que no se lo llevaran los policías. Seis miembros del grupo afirmaron que la policía los había golpeado con porras. También se denunció que incluso cuando la situación se hubo calmado, los agentes que custodiaban al grupo golpeaban a algunos de sus miembros si éstos hablaban, se quedaban dormidos o alzaban la cabeza.


En julio, las autoridades alemanas informaron a Amnistía Internacional de los resultados de una investigación llevada a cabo por el fiscal de Frankfurt sobre las denuncias. Según las conclusiones de la investigación, los sij habían salido del avión en el aeropuerto de Frankfurt am Main haciendo uso de la fuerza. Su intento de celebrar un oficio religioso fue interpretado por los agentes presentes como una sentada y sus cánticos religiosos como la preparación para intentar escapar de la zona de tránsito. La investigación concluyó que sólo tres agentes usaron las porras, todos en defensa propia cuando fueron atacados por los sij que habían intentado evitar que se llevaran de allí a un miembro del grupo.


Presunta pasividad de la policía durante ataques contra extranjeros


En agosto, y de nuevo en octubre, Amnistía Internacional escribió a las autoridades alemanas para que le informaran del resultado de una investigación iniciada, según informes, sobre las denuncias según las cuales la policía no había intervenido para evitar que una banda de jóvenes agredieran a un ciudadano angoleño en Eberswalde, localidad a 45 kilómetros al noreste de Berlín. El hecho se había denunciado por primera vez durante el juicio celebrado contra cinco hombres, de edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, acusados de causar daños físicos graves a Amadeu Antonio Kiowa, que tuvieron como consecuencia su muerte. El día 25 de noviembre de 1990, por la noche, un grupo de jóvenes extremistas de derechas propinaron patadas y golpes a Amadeu Antonio Kiowa, trabajador inmigrante de 28 años, hasta dejarle inconsciente. Murió 11 días después a consecuencia de las lesiones que le habían causado. El 14 de septiembre, cinco hombres fueron condenados a penas que oscilaban entre los dos y los cuatro años de prisión. Según informes, un sexto hombre, al parecer el principal implicado, iba a ser juzgado en una fecha posterior. Durante el juicio se denunció que los agentes de policía habían seguido a la banda, pero que no habían acudido a rescatar a Amadeu Antonio Kiowa cuando le golpearon hasta matarle. A finales de octubre no se había recibido respuesta a ninguna de las cartas de Amnistía Internacional.


También en agosto, Amnistía Internacional escribió a las autoridades del estado federal de Mecklenburg-Pomerania Occidental (Mecklenburg-Vorpommern)en relación con los ataques perpetrados ese mismo mes contra un albergue de solicitantes de asilo en Rostock-Lichtenhagen. La organización había recibido informes según los cuales las fuerzas policiales que habían estado custodiando el albergue se habían retirado a primera hora de la mañana del martes 25 de agosto, tercera noche de los disturbios. Durante su ausencia, que duró aproximadamente 90 minutos, los alborotadores habían prendido fuego al albergue y a edificios colindantes, uno de los cuales albergaba a más de 100 trabajadores vietnamitas. Aunque unos 200 solicitantes de asilo habían sido desalojados del albergue, los trabajadores vietnamitas se encontraban aún en una casa próxima al albergue en el momento en que fue provocado el incendio y corrieron grave peligro. Según algunos informes sobre el incidente, los agentes de policía que aún se encontraban en las inmediaciones del albergue se dieron cuenta de la situación y no actuaron con rapidez. Amnistía Internacional preguntó si se había emprendido una investigación sobre las denuncias efectuadas acerca de la actuación de la policía en el transcurso de aquella noche. La organización instó a que se hicieran públicos los resultados de cualquier investigación sobre el asunto. A finales de octubre, la organización no había recibido respuesta alguna.


Denuncias de malos tratos a presos (Véase Índice AI: EUR 01/03/92/s)


En agosto, Amnistía Internacional recibió respuesta a una carta que había enviado en noviembre de 1991 al ministro de Justicia de Bavaria tras la visita efectuada por una delegación de la organización a la prisión de Straubing. En la carta, la organización había recomendado que las dependencias psiquiátricas de la prisión volvieran a ser una clínica separada que sirviera, y hubiera claras pruebas de ello, a las necesidades mentales de las personas enviadas allí. En su respuesta, el ministerio bávaro de Justicia rechazó cualquier sugerencia de que la unidad psiquiátrica antepusiera los objetivos de la prisión a las necesidades de los pacientes. El ministerio afirmó que esto lo había confirmado una comisión asesora compuesta por tres expertos designados por el propio ministerio. La respuesta del ministerio añadía que la unidad psiquiátrica había sido concebida originalmente como parte integrante la prisión y que su integración proporcionó considerables ventajas. El ministerio afirmó que el doctor encargado de la unidad psiquiátrica estaba obligado legalmente a cooperar con los funcionarios de la prisión en interés de los presos, y que esta obligación podía tener como consecuencia un intercambio de información entre él y el director de la prisión. No obstante, el ministerio negó que esto entrara en conflicto con la obligación profesional del doctor de mantener la confidencialidad.


ANTILLAS HOLANDESAS Y ARUBA


Denuncias de torturas y malos tratos por la policía (actualización de la información contenida en Índice AI: EUR 01/03/92/s)


Antillas Holandesas


El 16 de octubre, Amnistía Internacional escribió al fiscal general de las Antillas Holandesas, doctor R.F. Pietersz, informándole sobre sus comentarios y conclusiones en relación con tres casos de presuntas torturas y malos tratos en las Antillas Holandesas, y a consecuencia de los cuales murieron dos personas detenidas por la policía.


En noviembre de 1991, la organización escribió al ministro del Reino para Justicia y Asuntos de las Antillas Holandesas y de Aruba en relación con estos tres casos. El 21 de junio de 1990, Henry K. Every ingresó cadáver en la policlínica St. Elisabeth, en Curaçao, al parecer, como consecuencia de las patadas y golpes que le propinaron agentes de policía en la calle, en el transcurso de su detención. Leroy Neil, de nacionalidad jamaicana, falleció el 12 de febrero de 1990 en la cárcel de Curaçao a causa de peritonitis durante un interrogatorio con detectives del Departamento de Narcóticos. Amnistía Internacional recibió informes de que antes de su interrogatorio, Leroy Neil afirmó que le habían forzado introduciéndole una porra por el ano; otros reclusos informaron que le habían oído gritar. Moreno Fabias dijo que unos agentes le habían propinado patadas, puñetazos y golpes con una porra cuando le detuvieron el 22 de mayo en compañía de un amigo en Curaçao.


La oficina del fiscal de Curaçao replicó el 12 de junio de 1992 con descripciones de los hechos acaecidos en cada caso y detalles de las decisiones tomadas por la policía y la fiscalía. Estos datos se completaron con más pruebas periciales de los dos casos de muerte bajo custodia.


Por petición de Amnistía Internacional, esto material fue examinado por el profesor Derrick J. Pounder, jefe del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Dundee, cuyos comentarios, conclusiones y recomendaciones de que prosiguiera la investigación se facilitaron al fiscal de general de las Antillas Holandesas en la carta de Amnistía Internacional del 16 de octubre.


Amnistía Internacional ha instado reiteradamente al gobierno de las Antillas Holandesas a que investigue con rapidez, exhaustividad e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos. La organización consideró que los comentarios y conclusiones del profesor Pounder suscitaban serias dudas sobre la conducta y conclusiones de la investigación judicial de las muertes de Henry K. Every y Leroy Neil, así como sobre la decisión del fiscal de no investigar exhaustivamente las circunstancias de la detención de Moreno Fabias.


En el caso de Henry K. Every, el informe del gobierno manifestaba que era "un demente", que se había lesionado a sí mismo al arrojarse varias veces a la carretera y que se había llamado a la policía para que lo redujese. La causa de la muerte fueron graves lesiones en el corazón, pero el informe facilitado por el fiscal general sostenía que "no se podía considerar que la causa directa fuera provocada por la actuación de la policía". Para el profesor Pounder esta conclusión era "muy discutible" y manifestó que, en su opinión, Henry K. Every murió como consecuencia de una lesión en el pecho como la provocada por el peso de una persona al caer sobre otra tumbada en el suelo. Sin embargo, en el informe del gobierno no se menciona un incidente de este tipo. Dado que Henry K. Every estuvo detenido por la policía el periodo anterior a su muerte, esa lesión pudo haber sido causada por los agentes que le detuvieron o bajo cuya custodia permaneció. Amnistía Internacional considera que la responsabilidad de la lesión y de la muerte recae en los agentes que estaban presentes, y por tanto, no puede estar de acuerdo con la conclusión del gobierno de que "por los resultados de la investigación efectuada, no ha habido forma de presentar pruebas penales contra ninguno de los agentes de policía".


Leroy Neil murió de peritonitis durante el interrogatorio. El gobierno declaró que había sido tratado de dolores estomacales el día antes de su muerte, el 9 de febrero de 1991, y que le habían recetado antiinflamatorios, analgésicos y medicamentos para bajar la fiebre. Sin embargo, al día siguiente se podían oír sus quejidos cuando le sacaron de la prisión para interrogarlo. Vomitó en una celda de espera. Según la versión del gobierno, tras vomitar manifestó a los interrogadores que se encontraba lo suficientemente bien como para ser interrogado. Transcurrida media hora pidió permiso para ir al servicio y cuando volvió estaba temblando visiblemente. Dos o tres minutos después manifestó que se sentía mareado, se desplomó sobre la mesa del cuarto de interrogatorios, se quedó en el suelo y murió.


El profesor Pounder cuestionó el tipo de cuidados recibidos por Leroy Neil y la causa de la peritonitis. En relación con el primer punto comentó que "es importante tener en cuenta que una persona que padece peritonitis se siente muy enferma, padece dolores, no puede andar erguido en una postura normal, vomita y se encuentra en un estado físico que deja patente a cualquier persona que se encuentra gravemente enferma. Interrogar a un individuo en ese estado muestra como mínimo falta de compasión humana.".


El informe del gobierno confirmó algunos de estos síntomas en el caso de Leroy Neil, aunque insistió en que "no hubo ningún tipo de abuso físico por parte de la policía. Por el contrario, probablemente estuvo muy contenido como consecuencia de los dolores que padecía"[sic].


Para Amnistía Internacional la actuación de la policía y del personal médico y penitenciario puede considerarse como un trato extremadamente cruel e inhumano, que vulnera las normas nacionales e internacionales existentes sobre el trato a los detenidos; en especial, en lo que respecta a cuidados médicos.


En su informe, el patólogo excluyó la presencia de síntomas naturales en el estómago, intestino grueso y delgado y apéndice que pudieran haber causado la peritonitis. Con respecto a la causa, el profesor Pounder, teniendo en cuenta las denuncias de Leroy Neil de que le habían introducido una porra en el ano, dijo que "es bien sabido que la introducción de [ese tipo] de objetos extraños en el ano y en el recto puede provocar peritonitis". Finalizaba diciendo que "la denuncia de agresión es muy concreta, a saber la introducción de una porra en el ano. Las conclusiones patológicas son también características y se ha excluido una enfermedad natural. Una peritonitis de este tipo es una complicación reconocida de la introducción de un objeto extraño en el ano y en este caso puede considerarse como una prueba de la denuncia".


En mayo de 1991, Moreno Fabias fue detenido por tres agentes de policía. El informe de las autoridades sobre la detención señalaba que tenía lesiones en el hombro derecho, brazo izquierdo, espalda, trasero y dedo gordo del pie derecho. Moreno Fabias denunció que, mientras lo registraban, le propinaron patadas en las piernas para que las separara y le golpearon con una porra por todo el cuerpo. Esta declaración fue respaldada por un amigo que posteriormente se retractó. Al examinar el tipo de lesiones, el profesor Pounder llegó a la conclusión de que los golpes habían sido propinados por detrás. Sin embargo, el informe de la policía a este respecto no era claro. Pero lo más importante fue su conclusión de que el número de heridas sufridas no corroboraban la afirmación del informe policial enviado al fiscal general de que a Moreno Fabias sólo lo golpearon dos veces con la porra.


En su carta del 12 de junio, el fiscal general declaró que, tras recibir el informe de la policía, el fiscal público desestimó la demanda por falta de pruebas. Se admitió que la violencia había tenido lugar y que "había dudas justificadas sobre la legitimidad de las actuaciones" pero, teniendo en cuenta las declaraciones contrapuestas de los dos hombres detenidos y de que Moreno Fabias había recibido asistencia médica para sus lesiones, esto hacía que "no fuera necesario emprender medidas judiciales contra el agente de policía en cuestión por la presunta violencia".


En su carta del 16 de octubre, Amnistía Internacional manifestaba que no consideraba que fueran motivos adecuados para que el fiscal público renunciara al caso de violencia contra un preso.


Los comentarios y conclusiones del profesor Pounder arrojaban dudas sobre los tres casos y sugerían posibles líneas de investigación para las autoridades. Por tanto, Amnistía Internacional recomendó que siguieran las investigaciones en los tres casos y que, más específicamente, se trataran los temas planteados por el profesor en la investigación.


Aruba


El 18 de junio, el ministro de Justicia de Aruba escribió a Amnistía Internacional facilitando, entre otros, los resultados de una investigación efectuada por un agente de policía de Aruba sobre siete denuncias de tortura y malos tratos que la organización había recibido.


En noviembre de 1991, la organización escribió al ministro para Asuntos de las Antillas Holandesas y Aruba y al ministro de Justicia para Aruba en relación con cinco denuncias de torturas y malos tratos. Los detalles de torturas y malos tratos en otros dos casos aparecieron en el documento, Amnistía Internacional, preocupaciones en Europa occidental: noviembre de 1991 - abril de 1992 (Índice AI: EUR 01/03/92/s). Las denuncias estaban relacionadas con las detenciones llevabas a cabo entre julio de 1990 y agosto de 1991.



El ministro de Justicia facilitó el texto del informe policial sobre estas denuncias y adjuntó la conclusión del fiscal general sobre que "las denuncias carecían de fundamento".


El informe no establecía claramente el alcance de la investigación policial ni la metodología utilizada. En la mayoría de los casos en los que las denuncias describían lesiones a los presos que habían necesitado tratamiento hospitalario y atención médica, las pruebas médicas aportadas no eran suficientes para permitir una conclusión definitiva sobre las denuncias de tortura y malos tratos. No se han facilitado los informes del médico, los cuales se mencionan en el informe del agente de policía.



Amnistía Internacional señaló en su carta de noviembre de 1991 que el gobierno de los Países Bajos, en su informe inicial al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en marzo de 1990, había expuesto un mecanismo jurídico para tratar las denuncias de tortura contra la policía y en el que figuraba la constitución de una Comisión de Denuncias. Sin embargo, el informe inicial también revelaba que "hasta la fecha, la Comisión de Denuncias no ha funcionado". El informe enviado a Amnistía Internacional en junio no establecía claramente el procedimiento de investigación para formular denuncias contra la policía ni lo que ocurre exactamente cuando el detenido denuncia los malos tratos.


El ministro de Justicia también adjuntó con su carta un proyecto de ley (landsbesluit) del gobierno que establecía un Comité ante el que presentar las denuncias de malos tratos a los presos por parte de la policía.


El 22 de julio, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia de Aruba contestando a los puntos que había planteado en relación con las autoridades competentes, tanto en los Países Bajos como en Aruba, para tratar las denuncias relativas a los presos de Aruba. También se pidió al ministro que facilitara una descripción completa del mandato, competencia y procedimientos del Comité de Denuncias, tanto en el caso de que el proyecto de legislación haya sido aprobado como de que, tal y como se manifestó al Comité contra la Tortura en marzo de 1990, "hasta la fecha no se haya formulado ninguna denuncia de tortura en Aruba".


A fines de octubre, no se había recibido ninguna respuesta del gobierno de Aruba.


ARMENIA


La pena de muerte


En mayo, Amnistía Internacional recibió informes según los cuales había tres personas a la espera de ser ejecutadas. Sevak Yedigaryan, Vagarsh Ovanyan y Sevak Yedigaryan fueron sentenciados a muerte por asesinato con premeditación y agravantes por el Tribunal Supremo de Armenia en juicios individuales en 1990, y actualmente se encuentran recluidos en la prisión de Yerevan, la capital, a la espera del resultado de las peticiones de clemencia que han presentado. Amnistía Internacional ha instado a que se conmuten sus sentencias de muerte.


La comisión de derechos humanos del Parlamento informó que se había abolido la pena de muerte para todos los delitos cometidos en tiempo de paz, excepto para los de asesinato con agravantes y violación.


Toma de rehenes


Amnistía Internacional continuó sintiendo preocupación ante los informes según los cuales se estaba tomando a civiles como rehenes en los dos bandos del conflicto del la región de Nagorno Karavaj, zona situada en la vecina república de Azerbaiyán, pero poblada, en su mayoría, por miembros de la etnia armenia (véase el capítulo sobre la república de Azerbaiyán). En septiembre, Amnistía Internacional escribió al presidente, Levon Ter- Petrosyan, instándole a que ejerciera toda la influencia posible para garantizar que no se detiene a personas en esta zona debido únicamente a su origen étnico.


AUSTRIA


Denuncias de malos tratos bajo custodia policial


El caso de Werner Nosko


En junio, Amnistía Internacional escribió a las autoridades austríacas en relación con los malos tratos infligidos por agentes de policía a Werner Nosko en febrero de 1991. Werner Nosko, fotógrafo de prensa, había sido detenido mientras hacía fotos en una manifestación celebrada cerca de Innsbruck. Él afirmó que era un fotógrafo y no un manifestante, pero un agente de policía, ignorando sus protestas, le esposó con las manos a la espalda de forma que le causó hematomas e hinchazón en la muñeca izquierda.


En febrero, el Tribunal Administrativo Independiente del Tirol llegó a la conclusión de que la colocación de esposas a Werner Nosko por un agente no identificado había sido innecesaria, y que los daños físicos que había sufrido como consecuencia habían constituido trato inhumano y degradante. El tribunal estableció que puesto que las lesiones recibidas por el autor de la denuncia eran visibles, la información del registro policial según la cual el detenido no había sufrido heridas era falsa.


En su carta al gobierno austríaco, Amnistía Internacional preguntó qué medidas habían tomado las autoridades policiales, en virtud de la decisión del tribunal, para identificar al agente que había maltratado a Werner Nosko. La organización preguntó también si se habían tomado medidas disciplinarias contra el agente que, según los informes, había introducido información falsa en el registro policial. Finalmente, Amnistía Internacional preguntó si Werner Nosko recibiría compensación por los malos tratos sufridos. A finales de octubre no se había recibido respuesta a la carta de Amnistía Internacional.


AZERBAIYÁN


En octubre visitaron Azerbaiyán dos delegados de Amnistía Internacional para recabar información sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con el mandato de la organización. También discutieron las preocupaciones de la organización con varios funcionarios.


La pena de muerte


Chingiz Bashirov, vicepresidente del Tribunal Supremo de Azerbaiyán, proporcionó a los delegados estadísticas recientes sobre el uso de la pena de muerte. Según estas estadísticas, el número de sentencias dictadas había descendido de 17 en 1986 a tres en 1989 y tres en 1990, pero había aumentado a 18 en 1991. En la primera mitad de 1992 se habían aprobado 18 sentencias de muerte. El vicepresidente explicó que este fuerte incremento estaba relacionado con un aumento del número de condenas por asesinato como consecuencia del conflicto existente en la región de Nagorno-Karabaj. De las 76 sentencias impuestas desde 1986, todas, excepto dos, habían sido dictadas por asesinato premeditado y con agravantes. Las excepciones eran una sentencia dictada en 1986 por "quitar la vida a un agente de policía" (Articulo 191-1) y otra dictada en 1992 por "sabotaje" (Artículo 61). Entre 1986 y 1990 fueron ejecutadas 34 personas, todas declaradas culpables de asesinato con premeditación, pero desde entonces no se había ejecutado ninguna sentencia de muerte.


Según fuentes no oficiales, en octubre había 45 personas condenadas a muerte: siete personas de etnia armenia, siete de la etnia rusa y 33 azerbaiyanos. Un condenado a muerte de la etnia armenia, Yury Dzhangiryan, murió en prisión en junio. Oficialmente, había muerto a consecuencia de una peritonitis.


Toma de rehenes


Amnistía Internacional continuó condenando la práctica generalizada de tomar como rehenes a civiles no combatientes en la región en conflicto de Nagorno-Karabaj, zona de Azerbaiyán poblada en su mayoría por miembros de la etnia armenia. La organización escribió a Georgy Petrosyan, portavoz parlamentario en funciones de la autoproclamada república, expresando su preocupación ante los informes según los cuales centenares de civiles de la etnia azerí habían sido tomados como rehenes en cierto momento por las fuerzas armenias bajo su control. Algunos de los detenidos afirmaron que habían sido maltratados. Como ejemplo, Amnistía Internacional expuso el caso de seis miembros de una extensa familia azerbaiyana detenida por fuerzas de la etnia armenia del 25 al 26 de febrero mientras intentaban huir de Khodzhali: Saltanat Zulal gyzy Mamedova, nacida en 1931; su hija Lyatifa Ibad gyzy Mamedova, nacida en 1958; dos hijos de ésta, Sabukhi Dzhakhangir ogly Aliyev, nacido en 1981, y Salim Dzhakhangir ogly Aliyeb, nacido en 1987; otra hija de la primera, Shovet Ibad gyzy Dzhafarova, nacida en 1958, y su hijo Samir Tadzhir ogly Dhafarov, nacido en 1988. Según informes, estas personas fueron vistas seis semanas después en la localidad de Venk (Vankulu), en el distrito de Agdarisky (Mardakertsky), donde habían sido tomadas como rehenes. A finales de octubre su situación no se había esclarecido.


Amnistía Internacional también escribió al fiscal general de Azerbaiyán sobre los informes del secuestro de varios miembros de la etnia armenia que, al parecer, habían sido tomados como rehenes a cambio de la entrega de ciudadanos azerbayanos detenidos en Nagorno-Karabaj. La organización sentía preocupación por los informes según los cuales algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se habían negado a realizar investigaciones para averiguar el paradero de los supuestos rehenes o habíann sido cómplices de la detención sin cargos de algunas personas, debida únicamente a su origen étnico. Por ejemplo, parece ser que dos ciudadanos miembros de la etnia armenia de la República de Georgia, Vilik Ilich Oganesov y Artavaz Aramovich Mirzoyan, fueron detenidos el 28 de abril de 1992 en el aeropuerto de Baku mientras se dirigían de Samara, en la república rusa, a la capital georgiana de Tbilisi. Según su abogado, en octubre aún no habían sido acusados de ningún delito tipificado en el código penal y se encontraban detenidos sólo para ser usados en un hipotético intercambio de rehenes.


Amnistía Internacional pidió a todas las partes implicadas en el conflicto de Nagorno-Karabaj que tomaran todas las medidas necesarias para garantizar que ningún no combatiente era tomado como rehén ni detenido sólo debido a su origen étnico.


BIELORRUSIA


La pena de muerte


A principios del periodo que estamos revisando, el ministro de Justicia proporcionó a Amnistía Internacional estadísticas sobre la pena de muerte. Dijo que desde 1988 habían sido condenadas a muerte 58 personas: 12 ese año, cinco en 1989, 20 en 1990 y 21 en 1991. Todas las sentencias se impusieron por asesinato premeditado y con agravantes. En el mismo periodo se habían conmutado cuatro sentencias -tres en 1988 y una en 1990- y se habían llevado a cabo 32 ejecuciones. No se recibieron cifras sobre 1992. El ministro dijo también que el proyecto de código penal preveía reducir a ocho el número de delitos cometidos en tiempos de paz punibles con la pena de muerte. No obstante, cuando en julio habló ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, dijo que el número de delitos cometidos en tiempos de paz punibles con la pena capital quedaría reducido a cuatro: asesinato premeditado y con agravantes; violación con agravantes; secuestro de un niño; y actos de terrorismo en circunstancias agravantes.


Amnistía Internacional siguió instando a las autoridades a que tomaran medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte, y a que suspendieran todas las sentencias de muerte y ejecuciones hasta que entrara en vigor el nuevo código penal.


BOSNIA-HERZEGOVINA


El conflicto de Bosnia-Herzegovina


En junio y agosto Amnistía Internacional visitó Serbia, Croacia y Hungría para entrevistar a testigos, muchos de los cuales habían estado recluidos en campos de detención, en relación con las atrocidades que han tenido lugar en el contexto del conflicto de Bosnia-Herzegovina. En octubre, Amnistía Internacional publicó el informe Bosnia-Herzegovina: Graves abusos contra los derechos humanos fundamentales (Índice AI: EUR 63/01/92/s). El informe narraba una serie de incidentes en los que las fuerzas serbias habían matado de forma arbitraria y deliberada a civiles desarmados, entre ellos la matanza de al menos 83 musulmanes -hombres, mujeres y niños- el 16 de mayo en la localidad de Zaklopaca. También daba detalles sobre torturas y malos tratos contra detenidos en campos de las fuerzas serbias y en campos de las fuerzas musulmanas. Amnistía Internacional condenaba también la intimidación que sufrían las poblaciones locales para que abandonaran sus hogares. El informe afirmaba que en algunos casos, especialmente en las zonas controladas por los serbios, los musulmanes habían sido expulsados a la fuerza o detenidos y maltratados, al parecer para que aceptaran abandonar la zona en la que vivían a cambio de ser puestos en libertad. La organización concluía que, aunque la gran mayoría de los abusos habían sido cometidos por las fuerzas serbias, las fuerzas del gobierno de Bosnia también había cometido abusos, y estaba investigando los informes sobre los abusos cometidos por las fuerzas serbias de Bosnia-Herzegovina.


Amnistía Internacional pidió a los dirigentes de todas las fuerzas implicadas en el conflicto que fortalecieran su cadena de mando para garantizar que sus fuerzas respetan las normas internacionales que prohíben la tortura y los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles o de combatientes incapacitados en tiempos de conflicto. Amnistía Internacional pidió también la liberación de todos los presos detenidos únicamente por su origen nacional o tomados como rehenes para negociar intercambios de presos. Por otra parte, la organización instó a todas las partes implicadas en el conflicto a que iniciaran investigaciones completas e imparciales sobre los abusos y a que garantizaran que los que han ordenado o llevado a cabo los abusos son llevados ante los tribunales.


Si desean una exposición más completa de las preocupaciones de Amnistía Internacional e información sobre incidentes específicos, consulten el informe mencionado más arriba.


BULGARIA


Presuntas torturas y malos tratos contra romaníes en Pazardjik


Pazardjik es una localidad de unos 82.000 habitantes situada a 120 kilómetros al este de Sofía. La comunidad romaní de Pazardjik está integrada por unas 24.000 personas, musulmanas en su mayoría. Según una fuente extraoficial, alrededor de un 80 por ciento de la población romaní en edad activa se encuentra en la actualidad desempleada.


El 28 de junio, sobre las 9 de la noche, se produjeron enfrentamientos entre agentes de policía y 200 manifestantes romaníes en Pazardjik. Según la información recibida por Amnistía Internacional, resultaron heridos tres agentes de policía por piedras que arrojaron los manifestantes y dos hombres romaníes resultaron heridos de bala. Fue detenido un hombre que llevaba un machete.


A la mañana siguiente, alrededor de las seis de la mañana, el barrio de la comunidad romaní fue, según informes, rodeado por agentes de policía armados con ametralladoras y que llevaban perros con el fin de registrar todas las casas buscando armas y comprobar los documentos de identidad. Los agentes derribaron puertas y ventanas tanto de las casas ocupadas como de las no ocupadas. Destruyeron muebles, electrodomésticos y otros objetos. Al parecer, en muchos casos la policía robó dinero y otros objetos de valor.


Según informes, los agentes de policía golpearon indiscriminadamente con porras y bates a hombres, mujeres y niños. Según los informes, en un caso, sacaron a la calle a los habitantes de una casa, los hicieron ponerse contra la pared y los dijeron que les iban a matar a tiros. A Nasko Iliev Angelov le rompieron una pierna en presencia de su mujer y de sus hijos. A Georgi Assenov Yurtov le ataron y le golpearon en la calle. Le llevaron al hospital en estado de shock. Según los informes, a varias personas con heridas más leves no les permitieron entrar en este hospital los policías que custodiaban la entrada.


Amnistía Internacional instó al gobierno de Bulgaria a que iniciara una investigación independiente e imparcial sobre las presuntas torturas y malos tratos de que fueron víctima los habitantes de Pazardjik, a que hiciera públicos los resultados y a que los responsables fueran llevados ante los tribunales.


CHIPRE


Objeción de conciencia al servicio militar


La situación de los objetores de conciencia chipriotas no ha mejorado. Al parecer, no se han tomado medidas respecto a la nueva legislación aprobada en enero, que estipula el "servicio militar sin armas" dentro y fuera de campamentos militares, a pesar de haber asegurado el presidente George Vassiliou a Amnistía Internacional en marzo que se introduciría un servicio totalmente civil para objetores de conciencia (véase Índice AI: EUR 01/03/92/s). Los objetores de conciencia informaron de que las autoridades militares no les habían ofrecido ninguna posibilidad de realizar un servicio civil alternativo. En el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la nueva legislación, hubo una reducción del número de objetores de conciencia encarcelados, pero a finales de octubre la cifra de condenas y encarcelamientos había igualado la de 1991. El tribunal militar parecía, incluso, haber adoptado una actitud más dura respecto a los objetores de conciencia. Cristakis Ioanathan Christoforou fue condenado el 9 de noviembre a un año de prisión por negarse a realizar el servicio militar, y Haralambos Alexandrou Christoforou y Giorgios Irodotou fueron condenados a nueve meses de prisión el 7 de septiembre y el 12 de octubre, respectivamente, por el mismo motivo. Estas sentencias, especialmente teniendo en cuenta que los dos hombres habían cumplido sentencias de prisión de varios meses en 1990, eran más duras de lo usual. Unos 10 testigos de Jehová más fueron condenados y encarcelados durante el mismo periodo.


Amnistía Internacional instó reiteradamente a las autoridades chipriotas a que pusieran en libertad a todos los objetores de conciencia encarcelados y a que introdujeran un servicio civil alternativo de duración no punitiva, en consonancia con las normas internacionales, y solicitó información sobre la situación de la nueva legislación. No recibió ninguna respuesta significativa.


Denuncias de torturas y de malos tratos


Varias personas denunciaron que habían sido objeto de torturas y malos tratos bajo custodia policial.


Dimos Dimosthenous afirmó que había sido torturado por miembros de la policía de Limassol alrededor del 30 de julio después de ser detenido erróneamente en relación con el atraco a un banco. Afirmó que cinco o seis policías le vendaron los ojos; le golpearon en el pecho, la espalda y los genitales; le aplicaron descargas eléctricas; le pusieron un cubo de metal en la cabeza y se la golpearon repetidamente, y le colgaron boca abajo con el fin de extraerle confesiones. Tras una investigación, se imputaron cargos a dos agentes de policía en octubre.


El sospechoso Pavlos Michail afirmó que había sido maltratado por la policía de Larnaca alrededor del 24 de junio de 1992. La Fiscalía General ordenó una investigación sobre las denuncias de Pavlos Michail. A finales de Octubre no se conocía el resultado de estas investigaciones.


Los días 27 y 28 de abril, Mehmet Canbulut, turco chipriota, fue, al parecer, maltratado por unos agentes de policía cuando fue a informar de su entrada en la República de Chipre por una zona de la isla controlada por las fuerzas armadas turcas y la administración turco chipriota. Según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional, miembros de la Brigada Especial le gritaron y le insultaron; le abofetearon; le golpearon y le propinaron patadas por todo el cuerpo; le golpearon las plantas de los pies con una regla de metal; le quemaron con cigarrillos detrás de la oreja y se burlaron de él. Mientras le torturaban, los agentes de policía le presionaban para que firmara una declaración afirmando que deseaba regresar al norte. Le dijeron a gritos: "No queremos turcos en este lado". También le amenazaron con crearle más problemas si contaba el incidente a alguien.


Después de presentar una denuncia al Jefe de Policía y al Fiscal General, este último afirmó, basándose en un informe elaborado por la policía, que la denuncia no tenía fundamento.


En octubre, Amnistía Internacional expresó su preocupación sobre estas denuncias a las autoridades chipriotas. Instó a que todas las investigaciones sobre las denuncias de torturas o malos tratos se llevaran a cabo de forma inmediata e imparcial, a que se hicieran públicas todas las conclusiones y a que los responsables fueran llevados ante los tribunales. También pidió información sobre la fecha en que tendría lugar el juicio contra los agentes de policía acusados en relación con las presuntas torturas de que fue objeto Andreas Zinonos en mayo de 1991 (véase Índice AI: EUR 01/03/92/s) y sobre las medidas tomadas para llevar ante los tribunales a los agentes de policía responsables de las presuntas torturas sufridas por Michalis Loukas en Limassol en 1990 (véase Índice AI: 01/02/92/s)


DINAMARCA


Denuncias de malos tratos bajo custodia policial


En marzo, el gobierno publicó un informe sobre la investigación judicial acerca del trato otorgado a los refugiados en las prisiones de Copenhague. El informe incluía las conclusiones de la investigación sobre las denuncias de malos tratos presentadas por dos visitantes extranjeros, Babading Fatty y Himid Hassan Juma (véase Índice AI: EUR 01/03/92/s). El informe fue especialmente crítico con el hecho de que, tanto Babading Fatty como Himid Hassan Juma no fueran debidamente informados de sus derechos cuando fueron detenidos y posteriormente se les diera poca o ninguna información sobre los motivos de la detención o los procedimientos que iban a seguirse una vez que se encontraran bajo custodia policial. No obstante, el informe no aceptaba que la fuerza usada contra los detenidos constituyera trato cruel, inhumano o degradante. El informe decía que los errores cometidos por los funcionarios responsables de los dos casos eran en gran parte resultado de su relativa juventud, inexperiencia y falta de entrenamiento adecuado.


Amnistía Internacional escribió al gobierno danés en agosto expresando su preocupación porque el informe no aceptaba que la fuerza usada contra los detenidos hubiera constituido trato cruel, inhumano o degradante. El maltrato de un detenido puede considerarse trato cruel, inhumano o degradante independientemente de que ese trato fuera deliberado o pretendiera atemorizarle o forzarle a realizar una confesión. La organización señaló que los errores cometidos por los funcionarios responsables de los dos casos se consideraron en gran parte fruto de su relativa juventud, inexperiencia y falta de formación adecuada. Amnistía Internacional sentía preocupación porque, aunque reconocía que los dos agentes de policía responsables de los casos habían cometido graves errores de procedimiento, el juez llegó a la conclusión de que no había motivo para imponer cargos a ninguno de ellos.


Amnistía Internacional esperaba que la investigación sobre los errores de procedimiento cometidos por la policía se llevara a cabo de forma rápida y completa, y que los resultados se hicieran públicos.


ESPAÑA


Presuntos malos tratos policiales contra un grupo de visitantes extranjeros en Benidorm


El 1 de agosto, Amnistía Internacional escribió al Fiscal General del Estado en relación con los informes sobre la grave y, al parecer, no provocada, agresión de la policía municipal de Benidorm contra ocho miembros de un equipo de rugby con sede en Gran Bretaña, los Expatriates, que se encontraban en Benidorm para tomar parte en el torneo European Sevens de Villajoyosa. En el equipo había varios conocidos jugadores internacionales. Algunos de ellos sufrieron graves heridas y sus denuncias están respaldadas por pruebas fotográficas y médicas.


A primera hora de la mañana del día 23 de mayo, los jugadores entraron en la plaza principal de Benidorm, junto al paseo marítimo, para recoger dos coches que habían alquilado. Declararon que fueron atacados por un grupo de agentes de la policía municipal que ya estaba esperando en la plaza. Los policías afirmaron que los jugadores estaban borrachos y que habían estado destrozando coches aparcados, y que cuando se acercaron a ellos, los jugadores los agredieron. Los jugadores señalaron que no existían pruebas de que hubieran llevado a cabo actos vandálicos, ni siquiera de que tales actos se hubieran producido. Se realizó un reconocimiento médico de los puños de los jugadores y no se encontró ninguna señal que demostrara que hubieran participado recientemente en actos violentos. Por su parte, los jugadores señalaron que, como deportistas internacionales, no ingerían grandes cantidades de alcohol cuando tenían que competir horas más tarde el mismo día en un torneo internacional. Los jugadores afirmaron que su capitán les ordenó que no repelieran la agresión de la policía. La mayoría de los miembros del grupo recibieron puñetazos, patadas y golpes efectuados con porras. Dos de ellos, Mark Thomas y Lee Thomas, fueron golpeados con especial brutalidad. A otros dos jugadores los amenazaron con pistolas y otro sufrió rotura de tímpano al ser golpeado en la cabeza por un agente. A André Dent le tuvieron que dar cinco puntos de sutura en la cara tras ser golpeado con porras. Según informes de prensa, uno de los policías había dicho, como justificación: "Sólo les dimos algunos varazos".


Finalmente, los agentes esposaron a los jugadores y los introdujeron en una furgoneta para llevarlos a la comisaría. Según los jugadores, durante el trayecto, la furgoneta paró y a los dos jugadores que se hallaban más cerca de la puerta, Mark Thomas y Lee Thomas, los sacaron de la furgoneta con las manos atadas por detrás de la espalda y los llevaron a empujones a un sótano, donde varios policías los derribaron a golpes y los golpearon con porras. Después, la furgoneta reanudó su camino hacia la comisaría de la Policía Nacional. Los jugadores afirmaron posteriormente que sus denuncias de malos tratos se referían solamente a la policía municipal y no a la Policía Nacional.


Todos los jugadores comparecieron ante un tribunal el 23 de mayo y fueron puestos en libertad sin cargos. Se abrió una investigación judicial sobre un "posible atentado a la autoridad" -Diligencias previas 528/92- en el juzgado de instrucción número 6 de Benidorm. A finales de octubre aún no había concluido la investigación. Amnistía Internacional siente preocupación por el retraso en llegar a una conclusión sobre las denuncias de malos tratos.


A finales de octubre, Amnistía Internacional aún no había recibido respuesta a la carta enviada al Fiscal General del Estado.


Presuntos malos tratos de la Guardia Civil a un dirigente sindical en Mallorca


Antonio Copete González, dirigente sindical de 34 años, afirmó que había sido agredido por miembros de la Guardia Civil en el transcurso de una manifestación pacífica celebrada el 28 de mayo en Palma Nova (Mallorca) y que después le habían llevado detenido al cuartel de la Guardia Civil, donde un agente vestido de civil le había abofeteado y golpeado con los puños, a consecuencia de lo cual había sufrido una rotura de tímpano. Fue puesto en libertad sin cargos dos horas después.


El 28 de mayo, Antonio Copete, miembro de la Federación Estatal de Hostelería de la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato mayoritario del país, formaba parte de un piquete, integrado por unas 20 o 30 personas, que se hallaba en la puerta del hipermercado Mercadona de Megaluf, en Palma Nova. El piquete era parte de la huelga general que se celebraba en la isla. A las 6.30, Antonio Copete ordenó con un megáfono a los miembros del piquete que se dispersaran. Tenían intención de unirse a la manifestación principal, que se celebraba en Palma de Mallorca, la capital de la isla.


Según informes de prensa, el piquete se dispersó pacíficamente y sus integrantes se dirigieron al aparcamiento del hipermercado, pero no consiguieron salir con sus coches porque la Guardia Civil les bloqueaba la salida. Antonio Copete pidió a los guardias civiles que se movieran y, al parecer, en este momento cargaron con porras contra los miembros del piquete y Antonio Copete fue golpeado por los agentes. En el curso de la carga, Antonio Copete sufrió graves contusiones en la espalda y en un hombro a consecuencia de los golpes que le propinaron con las porras. Afirmó que no había ofrecido resistencia, pero que le habían detenido, esposado y llevado al cuartel de la Guardia Civil. Antonio Copete identificó a un agente vestido de civil que se encontraba entre los que le habían golpeado cuando fue detenido en el aparcamiento de Mercadona. Este agente le abofeteó cuando aún estaba esposado. Esto ocurrió ante testigos, entre ellos un miembro del ayuntamiento y un teniente uniformado de la Guardia Civil. El teniente uniformado no intervino para evitar la agresión a un preso esposado.


Finalmente, Antonio Copete fue puesto en libertad sin cargos y posteriormente esa misma tarde recibió tratamiento médico en el servicio de urgencias de la Residencia Sanitaria de Son Dureta. Antonio Copete sufría rotura de tímpano, y tenía contusiones y señales en un hombro, en la espalda, las muñecas y el pecho.


El 29 de mayo, Antonio Copete presentó personalmente una denuncia en el juzgado de instrucción núm. 2 de Palma de Mallorca. Describió la actuación del piquete, cómo sus miembros intentaron dispersarse pacíficamente, la violenta carga de la Guardia Civil y la posterior agresión de que fue objeto en el cuartel de la Guardia Civil. Acusó al agente vestido de civil de un "presunto delito de lesiones graves".


Amnistía Internacional ha pedido información a las autoridades judiciales acerca de la marcha de las investigaciones sobre la denuncia.


Apertura de una investigación judicial sobre presuntos malos tratos contra Mohamed Mahmoud Amer Hegazy y Emad Raed Shibli (actualización de la información del documento Índice AI: EUR 01/02/91/s)


Mohamed Hegazy y Raed Shibli fueron detenidos el 7 de septiembre de 1991 por la Guardia Civil durante sus vacaciones en San Antonio Abad, en Ibiza. Son de origen egipcio y palestino, respectivamente, y residen en Dinamarca. Declararon que fueron agredidos por un guardia civil en la calle después de haber hablado con él y que posteriormente otros guardias civiles los esposaron, los propinaron puñetazos y patadas y los golpearon con porras de goma. Los golpes más brutales los recibieron en el cuartel de la Guardia Civil, donde también fueron amenazados con un cuchillo en la garganta y fueron destruidos algunos de sus objetos personales.


El 9 de septiembre de 1991, fueron acusados en el juzgado de resistencia y desobediencia a la autoridad y puestos en libertad provisional. Según el resultado de los reconocimientos médicos a los que les sometieron mientras estuvieron detenidos, tenían múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo. Las fotos de Mohamed Hegazy, tomadas tres días después de su detención, mostraban fuertes contusiones en las nalgas, la espalda, los brazos y las piernas. Antes de regresar a Dinamarca, Mohamed Hegazy y Raed Shibli denunciaron formalmente ante los tribunales de Ibiza el trato recibido.


Amnistía Internacional había pedido más información a las autoridades sobre los progresos de la denuncia. El gobierno informó a la organización en abril de 1992 que se había emprendido una investigación, la 1641/91, pero ninguno de los denunciantes había sido informado de que se hubiera tomado medida judicial alguna. El Fiscal General del Estado respondió a Amnistía Internacional diciendo que su oficina haría averiguaciones sobre la marcha de la investigación. A finales de octubre no se había recibido ninguna información más.


Presuntos malos tratos contra Kepa Urra Guridi y el comando Vizcaya (actualización de la información del Índice AI: EUR 01/03/92/s)


32 personas se encuentran detenidas actualmente en relación con la investigación judicial sobre el comando Vizcaya del grupo armado vasco ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Formaban parte de un grupo de unas 50 personas que fueron detenidas en una importante operación llevada a cabo por la policía y la Guardia Civil desde enero de 1992 hasta mediados de mayo en la provincia vasca de Vizcaya. Los detenidos eran supuestos colaboradores o miembros del comando Vizcaya, sospechoso de llevar a cabo numerosos asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad, atentados con explosivos y robos.


Se encontraban detenidos en virtud de los procedimientos especiales de la legislación antiterrorista, que permite la prolongación de la detención en régimen de incomunicación durante un máximo de cinco días en dependencias policiales o de la Guardia Civil, mediante una orden judicial, y especifica que, durante este periodo, el abogado del detenido debe ser un abogado de oficio. Todas las personas detenidas actualmente fueron puestas en detención preventiva por la Audiencia Nacional de Madrid. Según informes, todas presentaron al tribunal denuncias formales según las cuales habían sido torturadas o maltratadas mientras se encontraban recluidas en régimen de incomunicación en dependencias de la Guardia Civil. Los detenidos denunciaron, en casi todos los casos, que los habían encapuchado, vendado los ojos y obligado a realizar ejercicios físicos. Algunos detenidos denunciaron que habían recibido golpes, puntapiés y patadas. En dos casos los detenidos afirmaron que habían recibido descargas eléctricas. La principal denuncia efectuada por muchas de las mujeres detenidas era que las obligaron a desnudarse y las sometieron persistentemente a insultos y humillaciones sexuales.


Los tribunales habían emprendido algunas investigaciones judiciales a finales de octubre sobre las numerosas denuncias presentadas, pero sólo las investigaciones judiciales sobre el caso de Kepa Urra, iniciadas por el juzgado de instrucción núm. 8 de Bilbao, habían avanzado considerablemente.


Kepa Urra Guridi fue detenido el 29 de enero de 1992 por la mañana. Denunció que los guardias civiles le llevaron al campo y allí le desnudaron casi totalmente de cintura para abajo, le quitaron los zapatos y le golpearon. Después le llevaron al cuartel de la Guardia Civil de La Salve.


Unas ocho horas después fue trasladado bajo vigilancia al hospital civil de Basurto debido, según los informes que inicialmente emitió el gobierno de Vizcaya, a que padecía una fuerte alteración del ritmo cardiaco. Según informes, el médico que ordenó su traslado del cuartel al hospital afirmó, como parte del testimonio aportado a la investigación, que le habían llamado para que acudiera al cuartel para atender a un preso que se quejaba de dolores en la columna cervical y en los hombros. Parece ser que se trataba de Ramón Rojo, que había sido detenido junto con Kepa Urra. Cuando Juan Ramón Rojo compareció después ante el tribunal, llevaba un collarín cervical. No obstante, antes de que el médico atendiera a Ramón Rojo, le pidieron que acudiera a la celda en la que estaba detenido Kepa Urra. El médico ha declarado que vio a un hombre que yacía inconsciente en el suelo respirando aceleradamente, con marcas en la cara, los ojos, las muñecas y que había sangrado recientemente por la faringe, la nariz y la boca. Percibió que sufría taquicardia, con 150 pulsaciones por minuto, y diagnosticó una fuerte alteración del ritmo cardiaco. Recomendó que le trasladaran urgentemente al hospital.


En la investigación también se tomaron declaraciones acerca de los informes según los cuales la noche del 30 de enero de 1992, cuando Kepa Urra estaba en el hospital bajo vigilancia, se oyeron gritos de socorro desde su habitación. Los dos guardias civiles que estaban en la puerta confirmaron esto y también afirmaron que un rato antes habían permitido a otros dos agentes de la Guardia Civil sin uniforme entrar en la habitación. Cuando la enfermera entró en la habitación, estos dos agentes vestidos de civil se marcharon. Al parecer, encontró a Kepa Urra con sangre en la boca. Kepa Urra afirmó que le habían golpeado y le habían amenazado mientras estuvieron en la habitación. Un segundo examen forense llevado a cabo mientras estaba en el hospital reveló que tenía nuevas heridas en los ojos, el cuello y el abdomen, las cuales no habían sido percibidas en el primer reconocimiento.


El juez de instrucción núm. 8 de Bilbao, encargado de la investigación, ha tomado declaración aproximadamente a 40 guardias civiles. A finales de octubre, nueve agentes habían sido inculpados en la investigación en relación con los malos tratos infligidos a Kepa Urra. La investigación aún no había concluido y no se habían formulado aún cargos formales.


El 5 de junio, Amnistía Internacional escribió al Fiscal General del Estado llamando la atención de las autoridades sobre la obligación contraída, en virtud de la legislación internacional y nacional, de llevar a cabo una investigación completa, rápida e imparcial en todos los casos en los que haya motivos razonables para creer que se ha cometido una acto de tortura o de malos tratos. La organización mencionaba las observaciones específicas efectuadas por el Defensor del Pueblo en su informe anual de 1991, según las cuales las denuncias de malos tratos no siempre se investigan con la suficiente diligencia y las autoridades judiciales responsables no actúan con rapidez en los casos de malos tratos, por lo cual se producen retrasos y, finalmente, se archivan las denuncias.


En su carta, Amnistía Internacional mencionaba las denuncias efectuadas en los casos de 16 personas detenidas como sospechosas de colaboración con el comando Vizcaya, que eran ilustrativas de las denuncias general y preguntaba qué tribunal y qué jueces estaban realizando las investigaciones sobre las numerosas denuncias presentadas, según informes, en relación con esta operación.


A finales de octubre, el Fiscal General del Estado no había respondido a la carta.


Cinco guardias civiles condenados en un juicio por torturas en San Sebastián


En octubre, cinco guardias civiles fueron juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, acusados de torturar a un preso en julio y agosto de 1983. Joaquín Olano Balda, mecánico de 25 años de edad, de Lasarte, fue detenido por la Guardia Civil en la madrugada del 29 de julio y estuvo en régimen de incomunicación prolongada, en virtud de la legislación antiterrorista, en la comisaría de El Antiguo, en San Sebastián. El médico forense ordenó su traslado al hospital después de dos días de interrogatorio. El 11 de agosto fue trasladado a la prisión de Martutene (véase Informe 1984)


Joaquín Olano había sido detenido bajo sospecha de tener conexiones con ETA, pero fue juzgado y absuelto.


Los cinco guardias civiles fueron declarados culpables de tres cargos de tortura. Las torturas fueron infligidas a Joaquín Olano al día siguiente de su detención en la comisaría de El Antiguo, durante un registro efectuado para encontrar un supuesto depósito de armas, y durante su traslado del hospital a la prisión el 11 de agosto. El tribunal llegó a la conclusión de que las torturas habían continuado incluso después de que un funcionario judicial y el médico forense le hubieran reconocido el 30 de julio. Habían sido enviados a la comisaría por el juez de guardia tras recibir un informe de una persona que vivía cerca de El Antiguo, que había oído gritos horribles, súplicas y sonido de música a gran volumen en un intento de ahogar el ruido. El tribunal concluyó que, durante las diferentes sesiones de tortura, a Joaquín Olano le propinaron puñetazos, patadas y golpes con una guía de teléfonos; que le encapucharon, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarle, le sumergieron en agua y le aplicaron descargas eléctricas.


Los cinco guardias civiles fueron condenados en octubre a penas de prisión que oscilaban entre los dos y los siete meses y a periodos de inhabilitación por un máximo de siete años. Esta sentencia ha sido recurrida.


En un juicio celebrado en 1986, dos de los agentes ya habían sido acusados de torturar a un preso. José Domínguez Tuda fue condenado a cinco meses de prisión y a seis años de inhabilitación, y Manuel Macías Ramos a dos meses de prisión y a un año de inhabilitación. No obstante, no cumplieron ninguna condena de prisión, continuaron trabajando en la Guardia Civil y fueron indultados el 8 de febrero de 1991. Los otros tres agentes condenados por torturas ya habían sido declarados culpables de un delito de robo.


Otros agentes declarados culpables de torturas y de malos tratos habían reincidido. Un agente, que aún estaba siendo investigado en 1992 en relación con las torturas sufridas por ocho jóvenes en Zornotza (véase Informe 1992), había sido declarado culpable en dos ocasiones anteriores de torturas a presos. En la mayor parte de los casos, las penas de prisión no se cumplen porque las condenas inferiores a un año y un día normalmente no conllevan la reclusión del condenado y la sentencia completa, incluidas las otras penas, se anula frecuentemente mediante un indulto. Hay varios ejemplos recientes de mandos que, a pesar de haber sido condenados por malos tratos o torturas, han continuado desempeñando importantes cargos en las fuerzas de seguridad.


Rafael Masa González, comandante de la Guardia Civil, fue sentenciado en 1991 a seis años y un mes de inhabilitación por un delito de falsificación de documentos en relación con las torturas sufridas por Tomás Linaza (véase Informe 1991). Desde entonces ha sido ascendido a teniente coronel, ha servido como consejero en la embajada de España en Bolivia y actualmente trabaja en la Secretaría de Estado para la Seguridad, del Ministerio del Interior. Rafael Masa justificó su permanencia en el cargo argumentando que, puesto que se ha apelado contra su sentencia ante el Tribunal Supremo, cualquier medida encaminada a que se cumpla la sentencia antes de su confirmación constituiría un abuso de su derecho legal a la presunción de inocencia.


Recientemente se recibieron informes según los cuales un compañero del teniente coronel Masa, José Pérez Navarrete, que presta sus servicios en la misma oficina, fue condenado en julio de 1987 por la audiencia provincial de Guipúzcoa a cuatro meses de prisión y a cuatro años de inhabilitación por su participación en las torturas de que fue objeto Juana Goicoetxea en 1982. Otro acusado en el mismo juicio, José Antonio Hernández del Barco, recibió la misma sentencia; fue designado recientemente ayudante del jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC). El Tribunal Supremo confirmó las dos sentencias en marzo de 1992, pero, hasta la fecha, ninguno de los dos oficiales ha cumplido ninguna parte de su sentencia ni ha sufrido ninguna sanción. En septiembre, la prensa informó de que el gobierno había pedido su opinión a las autoridades judiciales de Guipúzcoa sobre la posibilidad de indultar a estos dos oficiales. La fiscalía no se oponía al indulto, pero el tribunal sí. El presidente de la audiencia provincial afirmó: "Hay una sentencia firme de inhabilitación de cualquier cargo público por cuatro años y lo que hay que hacer es cumplirla". Según informes, fuentes de la Guardia Civil han justificado el hecho de que los oficiales sigan en activo diciendo que debe interpretarse que la sentencia "les inhabilita para ejercer como agentes de la autoridad, pero no para labores internas burocráticas".


El Tribunal Europeo decide que a un ex senador le fue negada la libertad de expresión.


En una sentencia emitida el 23 de abril de 1992, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió por unanimidad que la declaración de culpabilidad emitida en octubre de 1983 contra el ex senador Miguel Castells Arteche por insultar al gobierno, constituía una violación del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta sentencia ponía fin a 13 años de litigio.


En julio de 1979, Miguel Castells, en aquel momento senador por la coalición vasca Herri Batasuna, publicó un artículo en el semanario vasco Punto y Hora de Euskalherria. Expresó su creencia de que tras ciertos atentados y asesinatos perpetrados por grupos armados contra ciudadanos vascos opuestos al gobierno se hallaba "el Gobierno, el partido del gobierno y sus efectivos". El artículo afirmaba que a los grupos armados responsables de los atentados se les permitía operar con total impunidad.


El Fiscal General del Estado presentó una demanda en su contra y en julio de 1981, después de retirarle el Senado la inmunidad parlamentaria, fue acusado de insultar al gobierno, en virtud del artículo 161 del código penal. En mayo de 1982, el Tribunal Supremo se negó a permitir que Miguel Castells presentara pruebas en su propia defensa para mostrar que el contenido de su artículo era verdadero y conocido por todo el mundo. El Tribunal decidió que no podía presentar esta defensa contra los cargos que se le imputaban.


En octubre de 1983, Miguel Castells fue condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión y a la suspensión por un año de su derecho a ejercer cualquier profesión u ocupar un cargo público. Amnistía Internacional envió a un observador a su juicio (véase Informe 1984). El Tribunal Constitucional confirmó esta sentencia, contra la que se había recurrido, y en 1985 se presentó una solicitud de revisión a la Comisión Europea de Derechos Humanos. Después de no lograr alcanzar un acuerdo amistoso, la Comisión expresó por mayoría su opinión de que se había violado el derecho a la libertad de expresión de Miguel Castells, en virtud del artículo 10 de la Convención. El caso fue remitido al Tribunal.


El Tribunal recordó, en su sentencia, que la libertad de expresión era una de las bases esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones básicas de su libertad. Según el tribunal, esto se aplicaba también a la información o ideas que ofenden, escandalizan o molestan. En este caso llamó la atención sobre la especial importancia de la libertad de expresión para Miguel Castells debido a su condición de representante electo. Señaló que la libertad de debate político no era absoluta, pero enfatizó que los límites de la crítica permisible eran más amplios respecto a un gobierno que a un ciudadano privado o a un político. El tribunal también observó que en este caso Miguel Castells no había podido alegar la defensa de la verdad y de la buena fe debido a la decisión del Tribunal Supremo de considerar esto inadmisible. Le concedieron tres millones de pesetas por los gastos en que había incurrido.


La acusación de injurias al Estado, a sus organismos y agentes ha surgido frecuentemente en España. Muchos grupos e individuos que han mostrado su oposición al Estado han sido acusados como consecuencia de declaraciones o acciones efectuadas sobre todo en reuniones y manifestaciones públicas. Actualmente se está discutiendo una reforma del código penal, con disposiciones relativas a la libertad de expresión.


Objeción de conciencia al servicio militar


En virtud de la ley 48/1984, que regula la objeción de conciencia al servicio militar y el servicio civil alternativo, el derecho a la objeción de conciencia sólo puede ejercerse "hasta el momento en que se produzca la incorporación al servicio militar en filas". No obstante, Amnistía Internacional cree que los objetores de conciencia al servicio militar ejercen su derecho fundamental a la libertad de conciencia y deben, por tanto, tener derecho a solicitar la condición de objetor de conciencia cuando lo deseen, tanto hasta el momento de su incorporación a filas como después. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a los objetores de conciencia a los que se les niega este derecho y que son encarcelados como consecuencia de ello.


Los casos de Manuel Blázquez Solís y José Antonio Escalada (actualización de la información de Índice AI: 01/01/91/s y 01/02/91/s)


Amnistía Internacional adoptó por primera vez a Manuel Blázquez Solís y a José Antonio Escalada, reclutas de 19 años de la zona de Barcelona, como presos de conciencia tras su detención en abril de 1991, acusados de deserción de las fuerzas armadas. Habían comenzado el servicio militar en la marina española en septiembre de 1990 y en enero de 1991, cuando estalló el conflicto del Golfo, estaban prestando servicio en buques en el puerto de Cartagena. Abandonaron su puesto al saber que sus buques habían sido destinados a la zona del Golfo. Posteriormente se emitieron órdenes de detención en su contra por considerárseles sospechosos de deserción. Tras abandonar sus puestos, Manuel Blázquez y José Antonio Escalada solicitaron la condición de objetor de conciencia afirmando que su participación en el conflicto del Golfo era incompatible con sus creencias morales y filosóficas profundas.


Fueron detenidos tras presentarse voluntariamente a las autoridades militares en abril de 1991. Tres meses después, en julio de 1991, fueron puestos en libertad provisional hasta que fueran juzgados por deserción. Horas antes de su liberación, confirmaron a las autoridades militares que se negaban a continuar el servicio militar. En el plazo de una semana se presentaron nuevas órdenes de detención contra ellos. Según informes, la policía visitó sus domicilios en varias ocasiones con nuevas órdenes de detención, pero no pudieron detenerlos porque los dos reclutas habían decidido vivir en la clandestinidad mientras continuaban las apelaciones judiciales contra las nuevas órdenes de detención. No obstante, el 18 de junio de 1992, José Antonio Escalada fue detenido durante una inspección rutinaria y fue trasladado inmediatamente a la prisión civil de Lérida; Manuel Blázquez siguió viviendo en la clandestinidad.


El 2 de julio, el Tribunal Constitucional ordenó que se suspendieran los procedimientos criminales contra Manuel Blázquez hasta tomar una decisión sobre su apelación contra la segunda orden de arresto. José Antonio Escalada fue puesto en libertad provisional, hasta la celebración del juicio, que tuvo lugar el 23 de julio. La decisión de ponerle en libertad fue tomada, al parecer, a la luz de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso de Manuel Blázquez. Según informes, mientras se hallaban a la espera del juicio, ambos reclutas debían presentarse a las autoridades militares de Barcelona cada 15 días.


ESTONIA


El 91 por ciento de los participantes en el referéndum nacional de junio votaron a favor de una nueva constitución. La nueva constitución de la República de Estonia entró en vigor el día 5 de julio.


En septiembre se celebraron en Estonia las primeras elecciones parlamentarias y presidenciales desde que este país recobró la independencia. El partido de la Patria (Isamaa) resultó ser la mayor formación política del nuevo parlamento (Riigikogu), ya que obtuvo 29 de los 101 escaños de la cámara. En las elecciones presidenciales Arnold Rüütel, presidente del Consejo Supremo desde la independencia, derrotó a Lennart Meri, candidato del partido de la Patria, de carácter conservador, con un porcentaje del 42 por ciento contra el 29 por ciento. Dado que ninguno de los candidatos obtuvo una mayoría de votos, el parlamento eligió al presidente a principios de octubre, resultando vencedor Lennart Meri por 59 votos contra 31. El nuevo presidente designó inmediatamente a Mart Laar como nuevo primer ministro de Estonia.


En octubre dos delegados de Amnistía Internacional visitaron Estonia, Letonia y Lituania para recopilar información sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con el mandato de la organización. Esta ha sido la primera visita de investigación que ha realizado Amnistía Internacional a los estados bálticos desde su reciente independencia.


La pena de muerte


El 1 de junio entró en vigor el nuevo Código Penal de la República de Estonia. Amnistía Internacional mantuvo una amplia correspondencia con las autoridades estonias en relación con la cuestión de la pena de muerte. Según la información remitida en junio por el presidente del Tribunal Supremo, el nuevo Código mantiene la pena capital para tres delitos: asesinato con agravantes, actos de terrorismo y el asesinato de motivación política. El presidente del Tribunal Supremo también comunicó a Amnistía Internacional que la pena de muerte no se puede imponer a los menores de 18 años o mayores de 65 ni a las mujeres. El estado mental de una persona juzgada por un delito punible con la pena de muerte se toma en cuenta antes de dictar sentencia y antes de que ésta se lleve a cabo.


En julio el primer ministro comunicó a Amnistía Internacional: "Dada la complejidad de las circunstancias criminales actuales [...] el Consejo Supremo no cree que sea posible abolir la pena de muerte durante la primera fase de la reforma del Código Penal. Esperamos que durante la segunda fase, momento en que se adoptará el nuevo Código Penal de la República de Estonia, se podrá proceder a la abolición de la pena capital". Según las estimaciones realizadas, la adopción de un nuevo Código Penal puede tardar aún varios años.


Ese mismo mes, Amnistía Internacional instó mediante una carta a las autoridades de Estonia a que conmutaran la sentencia de muerte impuesta a Mihail Talyschanov. Según los informes que había recibido la organización, Mihail Talyschanov fue condenado a muerte el 7 de junio de 1991 por el asesinato de un cadete del ejército y de un taxista el día 5 de agosto de 1990. Su solicitud de clemencia, que ya había sido rechazada en una ocasión, volvió a presentarse para que el presidente de Estonia la sometiera nuevamente a consideración. En su carta, Amnistía Internacional también hacía llamamientos para que se impusiera una moratoria a todas las sentencias a la pena capital y a las ejecuciones pendientes hasta que se adoptara el nuevo Código Penal, y expresó su esperanza en que la abolición de la pena de muerte quedase reflejada en el nuevo Código.


También en el mes de julio, el viceministro de Asuntos Exteriores remitió a Amnistía Internacional una carta en relación con la ejecución de Rein Oruste (véase EUR 01/02/91/s). Según el viceministro, el 14 de junio de 1990 el Tribunal Supremo declaró culpable de 18 delitos a Rein Oruste, entre ellos un cargo de asesinato intencional con agravantes. Su solicitud de clemencia contra la sentencia de muerte que le impuso el Tribunal Supremo fue rechazada por el Presidium del Consejo Supremo, y su ejecución se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1991. Amnistía Internacional había manifestado su preocupación porque, según la información que había recibido, a Rein Oruste lo habían matado a tiros el 11 de septiembre los guardias de la prisión en represalia por un altercado previo que había tenido con ellos. En respuesta a estos informes, el viceministro de Asuntos Exteriores replicó que la ejecución de Rein Oruste se llevó a cabo de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal en vigor en aquel momento y no violó las leyes del país. Sin embargo, durante su visita de octubre a Estonia, diversas fuentes fidedignas informaron a Amnistía Internacional que a Rein Oruste lo mataron a tiros los guardias de la prisión cuando estaba en el lavabo. La organización planteó sus preocupaciones en relación con la ejecución de Rein Oruste ante el recientemente designado ministro del Interior, Lagle Parek, durante esa misma visita de octubre.


También durante la visita de octubre, los delegados de Amnistía Internacional pudieron, por primera vez, obtener información sobre los procedimientos de ejecución en Estonia. Según el director de la Prisión de Tallinn, una persona condenada a muerte sólo tiene conocimiento de si su solicitud de clemencia ha sido rechazada cuando sale de su celda para ser ejecutada. No se divulgó más información, por motivos de confidencialidad, sobre la forma de ejecución y las personas presentes en ella.


El 2 de septiembre el Tribunal Supremo sentenció a muerte a Oleg Pyatnicky. En 1985 había sido condenado a una pena de 15 años de prisión por asesinato con agravantes, violación y robo. En noviembre de 1991, junto con otras dos personas, mató a un compañero de prisión en el Campo de prisioneros número 2 de Rummu. Oleg Pyatnicky no recurrió la sentencia de muerte y ni el presidente del Tribunal Supremo ni el Fiscal general ordenaron una revisión judicial del caso. En octubre, Oleg Pyatnicky presentó una solicitud de clemencia. Desde el 5 de octubre, esas peticiones las estudia el presidente de la República de Estonia y no el Presidium del Consejo Supremo. La Comisión de Clemencia, compuesta por cuatro miembros del parlamento de Estonia, el presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el ministro de Justicia recomiendan al presidente si la condena debe conmutarse. Amnistía Internacional instó a las autoridades de Estonia a que conmutaran la condena a la pena capital impuesta a Oleg Pyatnicky.


Homosexualidad


En mayo Amnistía Internacional remitió una carta al ministro de Justicia en la que le pedía confirmación de que el Artículo 118 del Código Penal había sido abolido. De acuerdo con ese artículo, los actos homosexuales entre varones adultos de mutuo acuerdo eran delitos punibles con penas de cárcel. Por otra parte, la organización también preguntó si se había encarcelado a alguien en aplicación del Artículo 118 hasta el momento de su abolición y, de ser así, si habían sido excarcelados posteriormente. En octubre todavía no se había recibido respuesta. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a las personas encarceladas únicamente por la práctica de actos homosexuales de común acuerdo entre adultos y en privado.


Objeción de conciencia al servicio militar


Amnistía Internacional escribió en agosto al ministro de Defensa en relación con la reciente adopción de una nueva ley de reclutamiento y del anuncio de una reducción de la duración del servicio militar, de 18 a 12 meses, en la República de Estonia. La organización preguntó si se había aprobado también un cambio similar en la duración en el servicio alternativo al militar. En relación con todo este asunto, Amnistía Internacional señaló que tanto la Comisión de Derechos de la ONU como el Comité de Ministros del Consejo de Europa han solicitado a los gobiernos que establezcan servicios alternativos al civil de carácter no punitivo. En conversaciones mantenidas en el mes de octubre con un alto funcionario del Ministerio de Defensa, Amnistía Internacional fue informada de que el servicio militar era más breve que su servicio alternativo porque las condiciones en que se realiza son considerablemente más duras.


FEDERACIÓN RUSA


Dmitry Sookolov y Oleg Lepin, presos de conciencia


Durante el periodo que abarca este documento, se recibieron informes sobre dos testigos de Jehová sentenciados a trabajos forzados por "evitar la llamada regular a filas para el servicio militar activo", en virtud del artículo 80 del Código de Enjuiciamiento Criminal.


Dmitry Sokolov, de 21 años de edad, fue condenado a dos años de trabajos forzados el 5 de mayo de 1991 y está cumpliendo su condena en la ciudad de Tver. La condena a trabajos forzados implica trabajar en un lugar designado por las autoridades, donde los presos están vigilados y tienen restringidos sus movimientos. Dmitri Sokolov había cumplido previamente una condena entre 1988 y 1990 por los mismos cargos. En ambas ocasiones, su negativa a realizar el servicio militar se ha debido a sus creencias religiosas, que le prohíben llevar armas en nombre de un poder laico o prestar juramento de lealtad militar.


Oleg Lepin también se negó a ser reclutado por las mismas razones, y fue condenado a dos años de trabajos forzados en 1991, en fecha y lugar desconocido. Se cree que ha sido puesto en libertad a consecuencia de una amnistía decretada en junio (véase más abajo). Puesto que la legislación rusa no ofrece alternativa al servicio militar, Amnistía Internacional consideró presos de conciencia a los dos hombres, y pidió su liberación inmediata e incondicional.


Amnistía


El 18 de junio, el Parlamento amnistió y puso en libertad a ciertas categorías de presos, incluidas todas las mujeres, los hombres mayores de 60 años y a los condenados hasta tres años de prisión que hubieran cumplido un tercio de su condena. Parece ser que el preso de conciencia Oleg Lepin fue puesto en libertad en virtud de esta amnistía. No obstante, como la amnistía excluía a los que habían sido condenados en más de una ocasión, el preso de conciencia Dimitri Sokolov, que cumplía su segunda condena por negarse a realizar el servicio militar, no se benefició de ella.


La pena de muerte


En mayo, el presidente de la Comisión de Clemencia, Anatoly Pristavkin, proporcionó a Amnistía Internacional nueva información sobre la aplicación de la pena de muerte en Rusia. Explicó que la comisión está integrada por 13 miembros, a cuyo servicio trabajan 53 empleados, que examinan las peticiones de clemencia en favor de personas condenadas. Todas las sentencias de muerte se revisan automáticamente y en un plazo de siete días se informa a la Comisión y al departamento de personal de la decisión final del Tribunal Supremo de aprobar la sentencia. La Comisión de Clemencia revisa todo el material sobre el caso, y aconseja al presidente de la Federación Rusa, que tiene la última palabra. Si el presidente no concede clemencia, su decisión se trasmite al Tribunal Supremo y al Fiscal General de Rusia. Después de la ejecución, el Tribunal Supremo y el Fiscal General informan a la Comisión de que se ha cumplido la sentencia.


El jefe de la Comisión de Clemencia es el encargado de conservar las estadísticas sobre pena de muerte. Sólo se conserva el material sobre los tres últimos años. Según estas cifras, en 1989 fueron condenadas a muerte 97 personas. El Tribunal Supremo había conmutado las sentencias a 26 de ellas. A cuatro se les concedió clemencia y las 67 restantes fueron ejecutadas. En 1990 fueron condenadas a muerte 206 personas: a 28 de ellas les conmutó posteriormente la sentencia el Tribunal Supremo, a dos se les concedió clemencia y 176 fueron ejecutadas. En 1991 fueron condenadas a muerte 144 personas. El Tribunal Supremo conmutó 37 de estas sentencias, a 37 presos se les concedió clemencia y 70 fueron ejecutados. En mayo de 1992, 308 casos de personas condenadas a muerte en la Federación Rusa estaban pendientes de la decisión de la Comisión de Clemencia.


El proyecto de nuevo código penal en virtud del cual quedaría reducido el ámbito de aplicación de la pena de muerte (véase Índice AI: EUR 01/02/92/s) aún no había sido aprobado por el Parlamento al final del periodo sobre el que trata este informe.


En septiembre, el ministro de Justicia anunció que en los seis primeros meses de 1992 se habían aprobado 95 sentencias de muerte. No se aportaron cifras sobre el número de ejecuciones. Amnistía Internacional continuó presionando a las autoridades para que conmutaran todas las sentencias de muerte existentes; para que redujeran el ámbito de aplicación de la pena de muerte como paso previo a la abolición total; y para que aplazaran todas las sentencias de muerte y ejecuciones hasta que se llevara a cabo una revisión de este castigo.


Solicitantes de asilo


Amnistía Internacional se dirigió al gobierno en relación con la solicitud de asilo presentada el 6 de mayo por Kim Myong-se, ciudadano de la República Democrática Popular de Corea, que, según informes, se había negado a regresar a su país cuando su gobierno se lo ordenó en octubre de 1991, y se encontraba oculto para no ser localizado por los funcionarios de su embajada. Parece ser que había pedido asilo en Rusia porque creía que en su país le era negado el derecho a la libertad de religión. El ministro del Interior respondió que le había sido concedido el asilo.


En julio y octubre, Amnistía Internacional escribió a las autoridades en relación con los tres ciudadanos iraquíes detenidos en el aeropuerto de Moscú: Nabil Ali Hussain, Hasan Mohsin al Khudri y Samiya Abdul Sahib al Khudri. Nabil Ali Hussain llegó a Moscú el 3 de abril de 1992, después de salir ilegalmente de Irak, y fue detenido el 10 de julio cuando intentaba embarcar en un avión con destino al Reino Unido, donde su padre, conocido miembro de la oposición, goza de la plena condición de refugiado. Hasan al Khudri y su esposa Samiya al Khudri llegaron a Moscú por primera vez el 21 de septiembre, desde Jordania, pero les negaron la entrada. Regresaron a Jordania, donde también les negaron la entrada, y fueron devueltos a Moscú el 2 de octubre. Samiya al Khudri pertenece a una destacada familia musulmana chiita, que lleva muchos años en la oposición al gobierno iraquí. Amnistía Internacional creía que los tres corrían el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos si regresaban a Irak, e instó a que no los repatriaran forzosamente. Al final del periodo que abarca este informe aún no se había recibido respuesta sobre el asunto.


Campos de trabajo para los ciudadanos norcoreanos


En septiembre, Amnistía Internacional se dirigió a las autoridades en relación con las denuncias de había presos políticos norcoreanos recluidos en campos forestales administrados por las autoridades norcoreanas, y que algunos de estos presos habían sido maltratados.


Según fuentes extraoficiales, hay unos 10 campos de trabajo administrados por las autoridades norcoreanas en el territorio de Khabarovsk, y otros seis en la región de Amur. En total, albergan a unas 22.000 personas. Estas fuentes afirman que entre los que trabajan en estos campos hay presos políticos, y que éstos han sido sometidos a palizas y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Algunos informes no fechados afirmaban incluso que en estos campos había habido ejecuciones. Se disponía de escasa información sobre las cifras específicas de presuntos presos políticos y de pocos informes individuales de malos tratos, debido a la dificultad de acceder a estos campos, y al clima de temor que, según informes, reinaba entre los reclusos.


FINLANDIA


Objeción de conciencia al servicio militar


El 30 de diciembre de 1991, el parlamento de Finlandia aprobó una nueva ley sobre el servicio alternativo al servicio militar. Según esta ley, todo recluta que se niegue a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia quedará exento de él en tiempo de paz y se le permitirá realizar un servicio alternativo. La duración del servicio alternativo se ha reducido de 16 a 13 meses. Todo recluta puede solicitar realizar el servicio alternativo antes, durante o después (es decir, en lugar del servicio de reservistas) de haber cumplido el servicio militar. El servicio alternativo consiste en prestar servicios comunitarios y lo organiza y supervisa el Ministerio de Trabajo.


Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la noticia de la aprobación de esta nueva ley en la medida en que se ofrece un servicio alternativo de duración similar al servicio militar, que oscila entre los 8 y los 11 meses. Sin embargo, la organización ha manifestado su preocupación porque los objetores de conciencia sólo pueden optar por el servicio alternativo en tiempo de paz. Amnistía Internacional considera que es de particular importancia que toda persona pueda ejercer su derecho a la libertad de conciencia en momentos de conflicto militar real. Por ello, la organización ha instado al gobierno de Finlandia a que permita que los objetores de conciencia puedan realizar su servicio alternativo tanto durante los conflictos militares como en tiempo de paz.


Amnistía Internacional manifestó su inquietud por el caso de Marko Ulvila, objetor de conciencia de 25 años de edad, quien el 24 de septiembre comenzó a cumplir una pena de 75 días de prisión. Marko Ulvila fue sentenciado en aplicación de la anterior, y temporal, legislación sobre el servicio alternativo, legislación que estuvo en vigor entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1991. Amnistía Internacional considera que la duración del servicio alternativo que estipulaba esa ley (el doble del servicio militar ordinario) era una forma de castigo para la expresión no violenta de las convicciones de los objetores de conciencia. La organización estima que ese servicio no proporcionaba una alternativa aceptable al servicio militar y, por este motivo, considera presos de conciencia a los objetores de conciencia que fueron detenidos en Finlandia por negarse a realizar el servicio alternativo de 16 meses. Amnistía Internacional ha solicitado la liberación inmediata de Marko Ulvila.


Tres objetores de conciencia, Janne Mäkinen, Timo Tapani Karjalainen y Kari Hämäläinen, han recobrado la libertad tras cumplir las sentencias que les impusieron (véase EUR 01/02/91/s).


FRANCIA


Objeción de conciencia a las leyes del servicio nacional


Centenares de objetores de conciencia a las leyes del servicio nacional continuaban cumpliendo penas de hasta 18 meses de prisión. La gran mayoría son testigos de Jehová que basan su objeción, tanto al servicio militar como al alternativo, en motivos religiosos; según estimaciones no oficiales, a lo largo del año resultaron encarcelados entre 750 y 1.000 testigos de Jehová a consecuencia de su negativa a cumplir el servicio militar.


A los reclutas que se declaran opuestos al "uso personal de las armas" por "motivos de conciencia" se les permite realizar un servicio civil alternativo en una administración del estado o en organizaciones locales de carácter social o humanitario "de interés general".


Amnistía Internacional no adopta posición alguna en relación con el reclutamiento forzoso como tal y no se opone al derecho de un Estado a solicitar a un ciudadano que realice un servicio civil alternativo. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que uno de los componentes fundamentales del derecho a la objeción de conciencia al servicio armado es que el servicio alternativo no se imponga como castigo a esa objeción. Dado que la duración del servicio civil en Francia, 20 meses, es en la actualidad doble que la del servicio militar ordinario, Amnistía Internacional considera que esa opción no ofrece una alternativa aceptable al servicio militar y que los que son encarcelados por rechazar ambos servicios son presos de conciencia.


Entre los testigos de Jehová considerados presos de conciencia que han sido encarcelados durante el periodo de revisión se encuentra Jérémy Bernardi, que ya había cumplido más de siete meses en prisión en 1991 bajo investigación judicial por insubordinación (refus d'obéissance). Esta situación había tenido su origen en la negativa de Jérémy Bernardi a vestir el uniforme militar tras presentarse en el cuartel de un regimiento de artillería en Draguignan, tal y como se le había ordenado, para dar comienzo a su servicio militar. En enero de 1992 quedó en libertad, a la espera de juicio, pero dado que aún era susceptible de ser llamado a filas decidió presentarse nuevamente y de forma inmediata en el cuartel donde, de nuevo, volvió a negarse a vestir el uniforme militar. Fue detenido en el cuartel y allí permaneció bajo investigación por un segundo cargo de insubordinación, hasta que un tribunal de Marsella (Tribunal correctionnel des affaires militaires) lo sentenció a una pena de 15 meses de prisión el 21 de febrero. Tras el juicio, Jérémy Bernardi fue trasladado a una prisión civil en Luynes y el 6 de junio fue sentenciado a una pena de 18 meses por el primer cargo de insubordinación, pena que tras la presentación de un recurso quedó reducida a 15 meses, a cumplir a continuación de la anteriormente impuesta en febrero. El 22 de julio recobró definitivamente la libertad.


Erik Lechardoy, Jean-François Lefort y Nikolas Padrones fueron adoptados como presos de conciencia después de ser arrestados entre fines de abril y principios de mayo. Tenían que haberse presentado en sus respectivos cuarteles para comenzar su servicio militar en diciembre de 1991, pero devolvieron sus órdenes de reclutamiento a las autoridades. Los tres fundamentan su objeción tanto al servicio militar como al civil en sus convicciones políticas y pacifistas. Rechazan la institución del ejército como tal y consideran, además, que las autoridades políticas francesas y el ejército francés son fuerzas de ocupación en la región vascofrancesa; están a favor de la eventual creación de un estado vasco autónomo que estaría compuesto por las provincias vascas de Francia y España. Se declararon en huelga de hambre el 13 de mayo, situación en la que permanecieron hasta el 13 de junio, en protesta contra su encarcelamiento.


Erik Lechardoy fue arrestado el 30 de abril de 1992 al salir de su lugar de trabajo en St-Jean-Pied-de-Port. Fue escoltado hasta un cuartel del ejército, donde se negó a vestir el uniforme militar y a realizar ningún tipo de servicio militar. Posteriormente fue trasladado a una prisión civil y, el 20 de mayo, un tribunal de Burdeos (Tribunal correctionel de Bordeaux) lo sentenció a una pena de 10 meses de prisión por insubordinación (refus d'obéissance), cargo que se le imputó a consecuencia de negarse a obedecer la orden de vestir el uniforme militar. Tras la apelación, la sentencia fue confirmada el 25 de junio. El 16 de octubre compareció ante un tribunal de Burdeos para responder del cargo adicional de negarse a obedecer las órdenes de reclutamiento (insoumission). El tribunal lo condenó a una pena de dos meses de cárcel, que habría de cumplirse de forma consecutiva a la anterior pena de 10 meses, que ya se encontraba cumpliendo por insubordinación. El 29 de octubre quedó en libertad pero, dado que su obligación de cumplir el servicio militar seguía vigente, puede ser arrestado de nuevo y volver a ser encarcelado en cualquier momento.


Jean-François Lefort fue arrestado el 4 de mayo, en el curso de una marcha antimilitarista que se celebró en la región vasca de Francia. Tras ser escoltado a un cuartel del ejército se negó a vestir el uniforme militar y a realizar cualquier tipo de servicio militar. Posteriormente lo trasladaron a una prisión civil, donde lo recluyeron en régimen de aislamiento durante más de un mes. El 27 de mayo, un tribunal de Poitiers (Tribunal correctionel de Poitiers) lo sentenció a una pena de 13 meses de cárcel por insubordinación. La condena fue confirmada, tras apelación, el 16 de julio. Jean-François Lefort presentó una apelación adicional ante el Tribunal de Casación.


Nikolas Padrones fue arrestado el 7 de mayo, durante la marcha antimilitarista citada anteriormente y, al igual que Erik Lechardoy y Jean-François Lefort, se negó a vestir el uniforme militar y a realizar ningún tipo de servicio militar cuando se lo llevaron a un cuartel del ejército. Fue posteriormente trasladado a una prisión civil y el 20 de mayo un tribunal de Burdeos (Tribunal correctionel de Bordeaux) lo sentenció a una pena de 10 meses de cárcel por insubordinación. El 25 de junio, un tribunal de apelación de Burdeos desestimó la sentencia por defecto de forma y ordenó su liberación. Sin embargo, su obligación de cumplir el servicio militar sigue vigente y por ello puede ser arrestado o encarcelado nuevamente en cualquier momento. A fines de octubre de 1992 aún seguía en libertad.


Denuncias de malos tratos bajo custodia policial


El caso de Jacques Cherigui


Amnistía Internacional solicitó información de las autoridades sobre las medidas que se habían adoptado para investigar los presuntos malos tratos y abusos raciales que agentes de la Policía Nacional infligieron a la persona de Jacques Cherigui, de 48 años de edad, mecánico de origen francoargelino.


Jacques Cherigui fue arrestado el 11 de junio de 1992 por cinco agentes de la policía que entraron en su apartamento, en la localidad de Argenteuil, al norte de París, al parecer en el curso de una operación de investigación criminal. Según ha manifestado Jacques Cherigui, uno de los agentes, nada más entrar, lo arrojó boca abajo contra el suelo y luego otro agente se arrodilló sobre su cuello, mientras un tercero lo esposaba con las manos en la espalda. Después lo hicieron salir del apartamento y le obligaron a bajar a empujones los cuatro tramos de escalera hasta la calle, donde lo arrojaron al interior de un furgón policial que lo trasladó hasta la comisaría local de policía. Jacques Cherigui ha descrito también cómo lo obligaron a sentarse esposado, con la cabeza entre las rodillas, mientras un agente de la policía se sentaba en su nuca, con lo que le comprimía el diafragma, impidiéndole la respiración. Luego, cuando el agente se levantó, le propinó puñetazos en el estómago. Jacques Cherigui ha afirmado que, en concreto ese agente, le sometió a abusos de carácter racial tanto en el furgón policial como en las propias dependencias policiales.


Al llegar a la comisaría de policía, un inspector ordenó que le quitaran las esposas. Se las habían puesto con tanta firmeza que le arrancaron algunos trozos de piel y le ocasionaron diversos daños en los nervios de las manos que, al parecer, le han causado una lesión permanente en la mano derecha.


Antes de ponerlo en libertad, 19 horas después, lo acusaron de haber insultado a la policía y de haber ofrecido resistencia al arresto. Jacques Cherigui ha afirmado que espetó nombres ofensivos a los agentes sólo cuando fue objeto de las agresiones, como una forma de "instinto de supervivencia", y negó que hubiera ofrecido resistencia al arresto. En el certificado médico expedido a las pocas horas de ser puesto en libertad, y en las fotografías que se tomaron posteriormente, se constatan múltiples cortes y contusiones por todo su cuerpo.


En junio, Jacques Cherigui presentó dos querellas criminales de malos tratos contra la policía, pero el fiscal público le informó verbalmente que habían sido desestimadas, aunque no le informaron de los motivos de esa decisión. El 5 de octubre, el tribunal penal que debía ocuparse de los cargos que se presentaron en su contra (chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance) decidió esperar el informe de una investigación interna de la policía sobre las denuncias de malos tratos y aplazó el juicio hasta el mes de marzo de 1993. Jacques Cherigui ha manifestado su intención de presentar una nueva denuncia, civil esta vez, contra la policía.


El caso de Michel Garnier


Amnistía Internacional ha solicitado información a las autoridades sobre las medidas oficiales que se han adoptado para investigar las denuncias presentadas por Michel Garnier, operario desempleado, en las que alega que fue objeto de malos tratos a manos de agentes de la gendarmerie nationale en enero de 1992.


Michel Garnier fue arrestado la noche del 28 de enero y puesto bajo la custodia de la Brigade Territoriale de la gendarmerie nationale en Macon, hasta la noche del 29 de enero, salvo un breve periodo en las dependencias de la Brigade Regionale en Charney les Macon. Se le imputaron cargos de exhibición indecorosa y en junio se le impuso una sentencia condicionada por este delito; Michel Garnier ha apelado contra esta sentencia. Michel Garnier tiene un historial previo de delitos de este tipo. Michel Garnier ha denunciado que el arresto de enero y los posteriores malos tratos de que fue objeto formaban parte de una campaña de hostigamiento realizada en su contra por una unidad de la gendarmerie nationale de Macon. Desde 1989 ha presentado diversas denuncias judiciales por el hostigamiento de esta unidad.


Michel Garnier ha asegurado que en las dependencias de la Brigade Territoriale le abofetearon, le propinaron puñetazos, patadas y golpes; que lo desnudaron hasta dejarlo sólo con la ropa interior y le regaron con una manguera de agua fría; y que lo amenazaron con una pistola para obligarle a firmar una declaración en la que se confesaba culpable del delito de exhibición indecorosa. Michel Garnier se negó a firmar la declaración, declarándose inocente. Asimismo, ha afirmado que, cuando lo pusieron en libertad la noche del 29 de enero, un gendarme le advirtió que no presentara ninguna denuncia a las autoridades por el trato que había recibido.


Al día siguiente un médico lo examinó y cursó un certificado en el que manifiesta que Michel Garnier sufría un estado de conmoción y presentaba diversas lesiones en el ojo izquierdo, frente, pómulos, cuello, mandíbula, brazo izquierdo, muslo izquierdo, las cuatro costillas inferiores y el abdomen.


El 30 de enero presentó una denuncia contra la gendarmerie general ante el Fiscal Público de Macon. Según los informes, fue entrevistado por el fiscal el 7 de febrero y, nuevamente, el 14 de mayo después de que Michel Garnier se hubiera quejado de retrasos en la investigación de sus denuncias. Tras la segunda entrevista, el fiscal parece que informó a Michel Garnier que había decidido archivar la denuncia porque los gendarmes habían negado sus denuncias originales y porque había incoherencias en "puntos de detalle" entre sus dos declaraciones del 7 de febrero y del 14 de mayo. Así, la denuncia se declaró sin fundamento. Una semana después, Michel Garnier fue acusado de realizar una declaración difamatoria contra la Brigade Territoriale de Macon y contra un agente en concreto. Resultó absuelto de este cargo en junio, aunque en diciembre de 1992 se esperaba la resolución de una apelación presentada contra esta decisión por el ministerio público.


Fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de Félice Tomasi (actualización de la información proporcionada en EUR 01/01/91/s)


El 27 de agosto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pronunció su fallo sobre una solicitud que Félice Tomasi había presentado ante la Comisión Europea de Derechos humanos en marzo de 1987. En su solicitud, Félice Tomasi argumentaba que Francia había violado el Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos humanos, que prohíbe el uso de la tortura y el trato degradante, y el Artículo 5.3, que garantiza el derecho de los detenidos a un juicio en un plazo razonable. Asimismo, Félice Tomasi argumentaba que el Artículo 6.1 del Convenio había sido violado a causa de la falta de diligencia por parte de las autoridades judiciales encargadas de tramitar su denuncia de malos tratos bajo custodia policial y porque la denuncia no había sido atendida en un tiempo razonable. El informe de la Comisión Europea sobre su solicitud afirmaba que Francia, efectivamente, había violado los tres Artículos del Convenio, por lo que remitió el caso al Tribunal Europeo. El Tribunal concluyó de forma unánime que los tres artículos habían sido conculcados y que la República Francesa debía pagar un millón de francos de compensación a Félice Tomasi.


Félice Tomasi, nacionalista corso, fue juzgado y absuelto en octubre de 1988 de los cargos de asesinato e intento de asesinato de dos miembros de la Legión Extranjera en 1983. Amnistía Internacional envió observadores al juicio (véase Informe Anual 1989) y manifestó su preocupación por el tiempo que Félice Tomasi había pasado en detención preventiva (cinco años y siete meses) y por sus denuncias de malos tratos mientras estuvo bajo custodia de la policía durante las 48 horas posteriores a su arresto en marzo de 1983. Cuando compareció ante el juez instructor dos días después de su arresto, Félice Tomasi manifestó que la policía le había golpeado repetidas veces, que le habían privado de sueño y alimento, y que lo habían desnudado frente a una ventana abierta, donde lo tuvieron durante varias horas. A lo largo de los dos días posteriores le examinaron cuatro médicos que expidieron sendos certificados en los que registraban lesiones que se correspondían con las denuncias de malos tratos formuladas. Félice Tomasi presentó una denuncia contra la policía en marzo de 1983 pero, tras una investigación judicial, un tribunal de Burdeos declaró que no había caso al que responder (non-lieu). En febrero de 1989 el Tribunal de Casación declaró inadmisible su apelación contra esta decisión, más de cinco años y 10 meses después de haber presentado su denuncia inicial.


En el fallo del Tribunal Europeo, al expresarse la conclusión de que el trato que recibió Félice Tomasi bajo custodia de la policía había sido inhumano y degradante, se comenta que "las innegables dificultades inherentes en la lucha contra la delincuencia, especialmente las relacionadas con actos de terrorismo, no pueden suponer que se impongan límites a la protección que debe proporcionarse a la integridad física de los individuos".


GEORGIA


Aunque Georgia abolió la pena de muerte para todos los delitos en febrero de 1992 (véase el documento EUR 46/01/03/92), según fuentes no oficiales, el Consejo de Estado reinstauró este castigo para cierto delitos en mayo. Amnistía Internacional expresó una gran decepción por la reinstauración de la pena capital y solicitó información concreta sobre la fecha exacta en que esto ocurrió y, de ser ciertas las informaciones, que se especificaran los delitos que ahora son punibles con la pena capital y si se había impuesto o ejecutado alguna sentencia a muerte desde el mes de mayo. La organización, además, solicitó confirmación de que las nueve sentencias a la pena capital que había pendientes en febrero habían sido conmutadas antes de que se reinstaurara la pena de muerte.


Presunta detención y malos tratos de manifestantes


Aunque todas las congregaciones públicas fueron prohibidas cuando se produjeron diversas muertes en las manifestaciones de enero de 1992, los simpatizantes del depuesto presidente Zviad Gamsajurdia continuaron intentando manifestarse en público. En el periodo de revisión, multitud de personas han manifestado que fueron puestas bajo arresto administrativo por plazos de hasta 30 días por haber participado en manifestaciones que, según ellos, habían concluido de forma pacífica. Decenas de personas aseguran haber sido golpeadas mientras estuvieron bajo la custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Valeriya Novodvorskaya, por ejemplo, afirma que la golpearon hasta que perdió el conocimiento después de ser detenida el 7 de octubre en una manifestación en la que se pedía un boicot a las elecciones parlamentarias que iban a celebrarse a fines de ese mismo mes.


Amnistía Internacional ha preguntado al gobierno qué medidas se han adoptado para garantizar que los ciudadanos pueden ejercer de forma pacífica sus derechos a la libertad de asociación y expresión, y ha instado a que todas las denuncias de palizas bajo custodia sean investigadas de forma exhaustiva e imparcial.


GRECIA


Objeción de conciencia al servicio militar


El encarcelamiento de centenares de presos de conciencia y la ausencia de un servicio civil alternativo continuó siendo una importante fuente de preocupación para Amnistía Internacional. La organización considera presos de conciencia a todos los objetores de conciencia encarcelados en Grecia. Amnistía Internacional pidió repetidamente al gobierno griego que adecuara su legislación a la de la Comunidad Europea, el Consejo de Europa y las recomendaciones de las Naciones Unidas, y que introdujera un servicio civil alternativo. En septiembre, el gobierno griego informó a Amnistía Internacional de que había intentado introducir un servicio civil alternativo, pero que los asesores gubernamentales en materia jurídica habían afirmado que la introducción de un servicio civil alternativo para los objetores de conciencia contravenía algunas disposiciones de la Constitución. Amnistía Internacional considera que la posibilidad de objetar al servicio militar es un derecho fundamental que toda persona, sin excepción, debe disfrutar. Si desean más información sobre los objetores de conciencia griegos, consulten el documento: 5.000 years of prison: concientious objectors in Greece (Índice AI: EUR 25/14/92/s).


Discriminación religiosa


Amnistía Internacional continuó sintiendo preocupación por el hecho de que las autoridades militares discriminen a los ministros de los testigos de Jehová que solicitan la exención del servicio militar que la legislación griega concede a los ministros de otras confesiones. Las autoridades militares afirman que los ministros de los testigos de Jehová no son ministros de una religión reconocida, a pesar de la existencia de numerosas decisiones judiciales, algunas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que establecen lo contrario. Cuando sus solicitudes de exención son rechazadas, los ministros de los testigos de Jehová se niegan a realizar el servicio militar por motivos de conciencia y entonces son encarcelados.


Tasos Georgiades, el cuarto testigo de Jehová encarcelado después que las autoridades militares se negaron a reconocer su condición de ministro religioso, según la información de que dispone Amnistía Internacional, y, encarcelado por primera vez en enero, obtuvo finalmente la exención del servicio militar en julio, después que el Consejo de Estado, tribunal administrativo de mayor categoría de Grecia, decidió que era un ministro religioso de una religión reconocida y como tal tenía derecho, en virtud de la legislación griega, a la exención del servicio militar. Para entonces, había sido encarcelado y juzgado en tres ocasiones diferentes y había gastado unos dos millones de dragmas, entre los honorarios de los abogados y los costes gastos judiciales (aproximadamente el equivalente a un año de salario en Grecia).


Amnistía Internacional consideraba que Tasos Georgiades fue encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y debido al trato discriminatorio que daban las autoridades militares a los ministros de los testigos de Jehová, y pidió su liberación inmediata e incondicional como preso de conciencia (para más información, véase Índice AI: EUR 25/03/92, EUR 25/05/92, EUR 25/07/92, EUR 25/11/92 y EUR 25/14/92).


Violaciones del derecho a la libertad de expresión


Amnistía Internacional sentía preocupación por varios procesos y condenas impuestas a ciudadanos por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Dos miembros de la minoría eslava o macedonia, Christos Sideropoulos y Anastasios Boulis, recibirán posiblemente sentencias de hasta varios años de prisión y duras multas por unas declaraciones efectuadas a la revista griega Ena, en las que pedían al gobierno griego que reconociera la existencia de una minoría macedonia en Grecia y concediera a sus miembros el derecho a fundar asociaciones, escuelas e iglesias, y a practicar sus tradiciones. Han sido acusados de difundir información falsa diciendo que Macedonia no es griega y sobre la existencia de una minoría macedonia en territorio griego, lo cual no está reconocido oficialmente, y con provocar conflictos entre los ciudadanos de Grecia al diferenciar ente los hablantes de un idioma eslavo y los griegos.


En otro juicio que tendrá lugar el 26 de enero de 1993, Panos Garganas, Costas Pittas, Angelos Kalodoukas, Tasia Kyrkou y Litsa Yidakou, miembros de la Organización para la Revolución Socialista, pueden recibir sentencias de hasta varios de prisión y duras multas por su participación en la elaboración y distribución de un folleto titulado: La cuestión macedonia: la crisis de los Balcanes y la clase trabajadora. El folleto contiene artículos de miembros de la Organización para la Revolución Socialista y de simpatizantes, y también de Leon Trotsky y Pantelis Pouliopoulos (dirigente del Partido Comunista Griego en los años veinte) y expresa sus puntos de vista sobre la política exterior de Grecia, la cuestión macedonia y las minorías étnicas, puntos de vista contrarios a los que mantiene el gobierno griego. Los cuatro han sido acusados de exponer las relaciones amistosas que Grecia mantiene con otros países; de difundir información falsa y rumores que pudieran causar ansiedad y temor a los ciudadanos y perjudicar las relaciones internacionales de Grecia; y, finalmente, de incitar a los ciudadanos a la rivalidad y a la división, y poner así en peligro la paz.


No existían indicios de que ninguno de esos presos hubiera abogado por la violencia y, si son encarcelados, Amnistía Internacional los considerará presos de conciencia. Amnistía Internacional pidió a las autoridades que retiraran los cargos en los dos casos. A finales de octubre no se había recibido respuesta alguna. Si desean más información sobre estas y otras violaciones del derecho a la libertad de expresión en Grecia pueden consultar Greece: Violations of the right to freedom of expresion (Índice AI: EUR 25/14/92/s).


Denuncias de torturas y malos tratos


En junio, Amnistía Internacional publicó un informe titulado: Grecia: Torturas y malos tratos (Índice AI: EUR 25/06/92/s), que exponía las principales preocupaciones de Amnistía Internacional acerca de las numerosas denuncias de malos tratos y torturas que ha recibido a lo largo de los últimos años. En el informe, que incluía unos 35 casos de presuntos malos tratos y torturas de detenidos en dependencias policiales y de presos, se hacía un llamamiento al gobierno griego para que tomara medidas prácticas para garantizar que los detenidos en dependencias policiales y los presos tienen pleno conocimiento de sus derechos y acceso a un procedimiento de denuncias imparcial y rápido. También solicitó que a todos los detenidos en dependencias policiales les otorguen protección ante cualquier posible abuso, garantizándoles el acceso inmediato a un abogado y el derecho a ponerse en contacto con los miembros de su familia o, en el caso de los extranjeros, con un representante consular o con una organización internacional, y que a los ciudadanos extranjeros se les proporcionen intérpretes profesionales y competentes. Amnistía Internacional sentía también preocupación porque, al parecer, las autoridades no investigaban las denuncias de torturas con prontitud e imparcialidad, e instó a que se estableciera una autoridad del tipo del Defensor del Pueblo o una comisión independiente de derechos humanos con facultad para investigar o entablar acciones judiciales sobre cualquier denuncia de torturas o malos tratos en el futuro.


En agosto, el ministro de Orden Público, Theodoros Anagnostopoulos, informó a Amnistía Internacional que de las denuncias efectuadas por detenidos en dependencias policiales mencionadas en el informe de la organización, sólo dos tenían relación con incidentes serios. Afirmó que la mayoría de las denuncias presentadas contra la policía no estaban basadas en hechos y que habían sido efectuadas para desacreditar a la policía o por conveniencia. La mayor parte de la respuesta del ministro contenía muy poca o ninguna información sobre los métodos usados en las investigaciones que culminaron en las conclusiones de las que daba cuenta su respuesta, y Amnistía Internacional pidió información detallada sobre los métodos y resultados de la investigación de cada caso.


A finales de octubre, el gobierno griego no había hecho ningún comentario sustancial sobre las denuncias que había recibido Amnistía Internacional en relación con personas encarceladas y tampoco habían respondido a las propuestas de Amnistía Internacional sobre la protección ante los abusos de las personas detenidas y presas en dependencias policiales. Tampoco había respondido a la petición de información de Amnistía Internacional acerca de los métodos y conclusiones de las investigaciones sobre las denuncias mencionadas en el informe.


Nuevas denuncias de malos tratos infligidos por la policía


Durante el periodo que abarca este informe, Amnistía Internacional recibió nuevas denuncias según las cuales la policía había maltratado a detenidos. Algunas de las denuncias tenían relación con incidentes ocurridos en 1992; otras con incidentes que han tenido lugar en los últimos años. En noviembre, Amnistía Internacional escribió a las autoridades griegas expresando su preocupación sobre estas denuncias.


Uno de los casos denunciados fue el Manolis Tsapelis, marino retirado, que murió sobre el 20 de septiembre. Manolis Tsapelis fue a la comisaría de policía de Hydra la madrugada del 11 al 12 de agosto, para presentar una denuncia sobre una disputa que había habido acerca del ruido procedente de un bar cercano a su domicilio. Según una declaración efectuada por su hermano, Kyriacos Tsapelis, Manolis Tsapelis se enfadó y habló a gritos a los agentes de policía. Fue esposado y un agente le dio un golpe en el pecho y le propinó un puñetazo en el estómago. Manolis Tsapelis perdió el conocimiento y cuando volvió en sí abandonó la comisaría. Aunque tuvo dolores durante varios días, no visitó a un médico. Finalmente, ingresó en un hospital, donde fue sometido a múltiples operaciones, pero murió. Según un informe del forense, murió de una embolia después de una operación de bazo, que había quedado lesionado a consecuencia de una paliza o una caída. El agente de policía implicado dijo, según informes, que había empujado a Manolis Tsapelis cuando este atacó a algunos agentes de policía. El hermano de Manolis Tsapelis, Kyriacos Tsapelis, presentó una denuncia en la fiscalía, que ha iniciado una investigación por acusaciones de daños físicos.


Amnistía Internacional sentía también preocupación por las denuncias según las cuales un preso italiano, Marino Vamvato, enfermo de sida, había sido golpeado por el agente de policía Theocharis Iannou en el Centro de Traslados de Atenas en agosto. Tras el incidente, Marino Vamvato presentó una denuncia. A finales de octubre Amnistía Internacional no había recibido información sobre los progresos de la denuncia.


Otra denuncia estaba relacionada con Youssef Akroumi, solicitante de asilo del Sahara Occidental, detenido el 12 de febrero en Patras por la policía, que le descubrió usando una tarjeta de crédito robada y le llevó a la Comisaría Central de Patras. Allí, al parecer, agentes de policía uniformados le abofetearon y le golpearon hasta que perdió el conocimiento y el oído derecho. En marzo le diagnosticaron rotura de tímpano en el hospital de Patras. La policía le tuvo detenido hasta el 24 de febrero, durmiendo en el suelo sin mantas. Los agentes que, al parecer, le golpearon eran de la sección antinarcóticos, de la sección de seguridad y de la sección regular de la policía. Fue acusado de usar pasaporte falso, tarjeta de crédito falsa y 700 dólares estadounidenses en moneda falsa. Según informes, no le permitieron vera un abogado hasta que llevaba una semana detenido. Cuando le llevaron ante el juez de instrucción, el 16 de febrero de 1992, le informó de su estado físico, pero, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se tomó medida alguna.


Denuncias de malos tratos efectuadas por presos de la prisión de Patras


En noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación al gobierno griego por las denuncias presentadas por varios presos de la prisión de Patras, según las cuales los presos Ibrahim Lumwe, Giannis Tasoulas, Kostas Aninos, Giannis Vasiliou y Kostas Tsoukanaras fueron golpeados por personal de la prisión el 24 de julio. Un preso dijo que había visto a estos hombres señales de golpes por todo el cuerpo. Ibrahim Lumwe fue, al parecer, golpeado por guardianes que llevaban porras.


El 28 de julio, el director de la prisión y el jefe de los guardianes llamaron al preso Georgios Avgoustidis para informarle de que iba a ser castigado por un delito relacionado con un encendedor. Al parecer, cuando Georgios Avgoustidis pidió que le comunicaran por escrito el motivo del castigo, el jefe de los guardianes y el director le golpearon con los puños y le propinaron patadas. Georgios Avgoustidis pidió que le reconociera un médico, pero, al parecer, su petición fue rechazada.


Malos tratos a objetores de conciencia por soldados y por la policía militar


Amnistía Internacional recibió informes según los cuales algunos objetores de conciencia pertenecientes a los testigos de Jehová fueron sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por personal militar mientras se encontraban detenidos en puestos de la policía militar o en celdas de castigo en campos de entrenamiento militar en el periodo que abarca desde que el objetor rehusa realizar el servicio militar con o sin armas y su traslado a una prisión militar.


Según estos informes, miembros de la policía militar golpearon y amenazaron a Nikos Tzirkas y también le hicieron gritar órdenes militares y hacer gestos militares en el campamento de Oretikos, en Castoria, en marzo. Al parecer, miembros de la policía militar golpearon, empujaron y propinaron puntapiés a Petros Akrivos y Dimitris Tsironis, en la comandancia 969 de la policía militar de Konzani, también en marzo. Otros objetores de conciencia denunciaron que no les habían proporcionado medios para lavarse, que no les habían dado alimentos durante varios días, que les habían prohibido escribir cartas o telefonear a su casa, que les habían tenido recluidos en celdas húmedas sin calefacción y sin ropa de cama adecuada en pleno invierno, que les despertaban y les obligaban a limpiar los lavabos todos los días a las 2 de la madrugada y que les obligaban a permanecer de pie durante horas. Los militares también se burlaban de ellos y de sus creencias religiosas.


Suscitaron también preocupación en Amnistía Internacional los numerosos informes de objetores de conciencia (y de otros presos) sobre las condiciones existentes en el Centro de Traslados de Atenas, lugar al que se lleva a los presos durante su traslado de un centro a otro. Según estos informes, hay excrementos, sangre y vómitos en el suelo de la celda en la que se recluye a los presos y todos los colchones y mantas están infestados de pulgas.


En Septiembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación sobre estas denunicas al ministro de Defensa Nacional e instó a que se investigaran de forma rápida e imparcial. También instó a que se llevara a cabo una investigación sobre las condiciones de reclusión en los puestos de la policía militar, en los campamentos militares y en los centros de traslado, con vistas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de estos centros cumplen la normativa internacional. A finales de octubre no se había recibido respuesta alguna.


HUNGRÍA


Informes sobre pasividad policial ante ataques de motivación racial sufridos por romaníes de Ketegyhaza


La localidad de Ketegyhaza, en el sureste de Hungría, tiene unos 4.500 habitantes. Esta comunidad multiétnica está integrada por húngaros, rumanos, alemanes y unos 400 romaníes. Algunos de los romaníes viven en la parte principal de la localidad, mientras que los otros viven en una barriada aparte.


El 8 de septiembre por la tarde, una docena de hombres estrellaron deliberadamente un vehículo contra el domicilio de Peter Csurar, romaní, e hirieron a una persona y destruyeron su casa y los muebles que había en ella. Alrededor de las 6 de la tarde, una unidad policial llegó a la localidad, pero, según informes recibidos por Amnistía Internacional, no identificó ni detuvo a las personas responsables del ataque, aunque las víctimas las conocían. La unidad policial sólo dejó en la localidad a cuatro de sus miembros, a pesar de, según informes, las tensiones antiromaníes aumentaban. Alrededor de la medianoche continuaron los ataques contra las viviendas de los romaníes y dos de ellas fueron incendiadas con cócteles Molotov. Al parecer, la policía era consciente de la situación y no actuó de forma rápida y apropiada.


Después de estos ataques, la unidad policial regresó y detuvo a los perpetradores de estos actos violentos de aparente motivación racial. Fueron puestos en libertad dos días después, tras celebrarse manifestaciones de protesta. Amnistía Internacional supo también que algunos de los habitantes de la localidad advirtieron a la familia Csurar que no regresara a Ketegyhaza.


ITALIA


Tortura y malos tratos bajo custodia policial y en las prisiones (actualización de la información incluida en Índice AI: EUR 01/03/92/s, EUR 30/03/92/s y EUR 30/04/92)


A finales de octubre no se había recibido más información del ministro de Justicia en relación con los casos de presuntas torturas y malos tratos expuestos en el memorándum que Amnistía Internacional había presentado al gobierno italiano en octubre de 1991. En marzo de 1992, después de recibir en febrero la respuesta parcial del ministro a unos cuantos casos, Amnistía Internacional había escrito expresando su esperanza en que la organización recibiría información más completa sobre todos los casos descritos en su memorándum lo antes posible. En la carta también pedía al ministro que comentara las denuncias de malos tratos recibidas, la parecer, de la prisión de Sollicciano, Florencia, durante 1991, los presuntos malos tratos y la muerte de Alejandro Ruver tras su encarcelamiento en la prisión de Regina Coeli, Roma, en febrero de 1992, y los presuntos malos tratos infligidos a Daud Addawe Ali mientras se encontraba bajo custodia policial en Roma en marzo de 1992. No se recibió respuesta a la carta.


Entre mayo y octubre, Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias según las cuales personas recluidas bajo la custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de guardianes de prisión habían sido torturadas o maltratadas. Algunos de estos casos se describen más abajo. Todos fueron expuestos al ministro de Justicia y a otras autoridades italianas. A finales de octubre, Amnistía Internacional no había recibido respuesta a ninguna de sus preguntas.


Presuntos malos tratos infligidos a Ciro Esposito por los carabinieri en Nápoles


Un diario de Nápoles publicó los días 27 y 28 de junio una entrevista a Ciro Esposito a las 48 horas de su detención por agentes de los carabinieri.


Ciro Esposito, descrito como ex drogadicto de 29 años con al menos una condena por robo, afirmó que el día 25 de junio a él y a un amigo los dieron el alto los carabinieri cuando viajaban en una moto scooter por el centro de Nápoles, y los acusaron de haber robado el vehículo. Ciro Esposito lo negó, y afirmó que el vehículo era nuevo. Dio a los agentes el nombre y dirección de la tienda en la que lo habían comprado. No obstante, el vehículo fue confiscado inmediatamente y Ciro Esposito y su compañero fueron, según informes, introducidos a la fuerza en la parte posterior de una furgoneta de los carabinieri y llevados a las oficinas de los carabinieri de Marianella, en Nápoles. Ciro Esposito declaró que a su llegada fueron encerrados en una habitación donde, entre las 4.30 de la tarde y su liberación a las 9.30 de la noche, seis carabinieri les golpearon con barras, incluida una con un pomo de hierro.


Cuando los pusieron en libertad los informaron de que habían sido acusados formalmente de recibir mercancías robadas. Durante la entrevista que se publicó en el periódico, Ciro Esposito mostró una factura de compra, al parecer de la moto scooter en cuestión, junto con un documento en el que figuraban los plazos de la compra firmado por su tío, así como un certificado del impuesto de circulación del vehículo.


El 26 de junio por la mañana, solicitó en el hospital de Cardarelli, en Nápoles, que le trataran las heridas recibidas. Al parecer, el certificado médico emitido por el hospital registraba la existencia de una herida en la muñeca izquierda y varias abrasiones que requerían unos 10 días para curarse. El informe publicado en el periódico decía que Ciro Esposito tenía el brazo izquierdo escayolado, un ojo hinchado, y afirmaba que tenía las piernas "laceradas" con cortes y abrasiones. el informe afirmaba también que durante la entrevista se encontraba conmocionado y que se vino abajo y lloró "como un niño" cuando mostró a los periodistas las heridas que tenía en el cuerpo.


El abogado de Ciro Esposito presentó en la fiscalía una denuncia formal de malos tratos en nombre de su cliente poco después de su liberación. Ciro Esposito afirmó que el 26 de junio por la tarde el capitán de la comisaría de los carabinieri de Marianella, junto con un comandante que, según Ciro Espósito, había participado en los presuntos malos tratos, le visitaron en su domicilio y le pidieron que no llevara adelante la denuncia formal sobre los malos tratos recibidos porque había habido un "malentendido".


El 28 de junio, la prensa informó que los carabinieri habían presentado una denuncia formal contra Ciro Esposito, acusándole de insultar a los carabinieri, de resistirse a la detención y de recibir mercancías robadas.


Amnistía Internacional escribió a las autoridades italianas pidiendo confirmación de que se había abierto una investigación judicial sobre los presuntos malos tratos y pidiendo información sobre los progresos y conclusiones de dicha investigación.


Presuntos malos tratos contra Mauro Pallassini por la policía del puerto de Civitavecchia


Mauro Pallassini afirmó que había sido maltratado el 8 de febrero de 1992 cuando varios miembros de la policía judicial vinculada a la policía del puerto (Polmar) entraron en su piso de Civitavecchia y le encontraron en posesión de varias sustancias ilegales. No presentó sus denuncias de malos tratos a las autoridades hasta julio, poco después de ser condenado a ocho años de prisión y a una multa de 140 millones de liras por tenencia y tráfico de drogas.


Unas horas después de su detención el 8 de febrero, Mauro Pallassini fue trasladado de la comisaría local de Prato del Turco al hospital de Civitavecchia, donde fue sometido a una operación de emergencia para extirparle el bazo, que tenía gravemente dañado. El hospital también hizo constar que tenía múltiples hematomas en el cuerpo e informó de su estado a la fiscalía local. Aunque la fiscalía inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon la detención, ésta se cerró cuando Mauro Pallassini afirmó, unos días después de su operación, que se había producido las heridas accidentalmente al sufrir una fuerte caída contra el borde de la chimenea de su apartamento.


Cuando Mauro Pallassini escribió a las autoridades judiciales en julio, afirmó que cuando los policías entraron en su apartamento el 8 de febrero, le golpearon fuertemente en el estómago y por todo el cuerpo. Después de su traslado a la comisaría de policía, empezó a vomitar sangre y los agentes que lo habían detenido llamaron al funcionario médico de servicio, el cual ordenó su inmediata hospitalización.


En apoyo de sus denuncias, Mauro Pallassini citó, además de los informes médicos del hospital, el informe escrito del fiscal de un careo que tuvo lugar entre él y otra persona detenida con él el 7 de marzo, como parte de la investigación criminal sobre los delitos de tráfico de drogas. En el curso del careo, el otro detenido, que se encontraba en el apartamento de Mauro Pallassini en el momento de su detención, mencionó dos veces que Mauro Pallassini había sido duramente golpeado por la policía en el apartamento, y afirmó que él también había sido golpeado por la policía.


En sus cartas a las autoridades judiciales, Mauro Pallassini explicó por qué había esperado cinco meses desde el incidente para efectuar su denuncia. Afirmó que los agentes de policía que le habían atacado habían actuado también como sus guardianes a lo largo de su estancia de 25 días en el hospital, y que durante este periodo le habían presionado para que dijera que se había producido las heridas accidentalmente. Afirmó que los agentes le prometieron que, si cooperaba, intercederían ante el fiscal para que recibiera una sentencia leve y fuera recluido en su domicilio y no en una prisión. Cuando se celebró su juicio a finales de junio, Mauro Pallassini se encontraba aún en prisión y su sentencia no era especialmente leve; el fiscal también denegó su solicitud de arresto domiciliario.


En julio se recibieron informes según los cuales la fiscalía había emprendido la investigación sobre las circunstancias que rodearon la detención y las lesiones sufridas por Mauro Pallassini. Amnistía Internacional escribió a las autoridades pidiendo información sobre sus conclusiones y sobre cualquier procedimiento judicial o disciplinario que resultara de ellas.


Presuntos malos tratos contra Umberto Colombo por la policía de ferrocarriles de Milán


Umberto Colomo, con antecedentes penales por delitos menores, fue detenido en el puesto de la policía de ferrocarriles (Polfer - polizia ferroviaria) en la Estación Central de Milán el día 22 de agosto, y de nuevo el 26, y declaró que en ambas ocasiones había sido maltratado.


Afirmó que el primer episodio de malos tratos había ocurrido aproximadamente a las 6.30 de la mañana del día 22 de agosto, cuando le salieron al paso unos agentes de la Polfer en la Estación Central de Milán. Uno de ellos le agarró fuertemente de una oreja y le llevaron al puesto de la Polfer de la estación, donde fue golpeado por varios agentes. Cuando fue liberado poco después, se dirigió al hospital de Fatebenefratelli para que le curaran las heridas. Según informes, el hospital elaboró un certificado médico que decía que las heridas tardarían siete días en sanar. Tras abandonar el hospital fue a la comisaría de policía local, donde presentó una denuncia formal contra la Polfer.


Según informes, el segundo episodio tuvo lugar cuando miembros de la Polfer le salieron al paso en la estación, aproximadamente a las 7.45 de la mañana del 26 de agosto, y le llevaron al puesto de la policía, donde le golpearon con porras. Umberto Colomo afirmó que le habían llevado al cuartel de la policía local y le habían obligado a retirar su anterior denuncia.


Tras abandonar la estación, se dirigió de nuevo al hospital Fatebenefratelli, que emitió un certificado médico que afirmaba que las heridas tardarían siete días en sanar. Entonces se dirigió a una comisaría de carabinieri, donde, al parecer, efectuó un detallado relato del trato recibido de los miembros de la Polfer y presentó una segunda denuncia formal contra ellos.


Un artículo de prensa publicado el 27 de agosto informaba de que recientemente se había recuperado de una tuberculosis y describía su apariencia el 26 de agosto: caminaba con dolores y encorvado y cuando se quitó la ropa que le cubría de cintura para arriba, tenía en la espalda marcas claramente visibles de una serie de golpes.


El 28 de agosto, la prensa informó de que tres agentes de la Polfer, a los cuales había acusado Umberto Colombo de maltratarle, habían decidido presentar contra él una denuncia formal por calumnias. Los cargos de calumnias pueden castigarse con una sentencia de ocho años de prisión y, según la experiencia de Amnistía Internacional, las reconvenciones por calumnia son usuales en los casos de malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de prisiones.

Amnistía Internacional escribió a las autoridades pidiendo confirmación de que se había emprendido una investigación judicial sobre la denuncia formal por malos tratos presentada por Umberto Colomo y de que se había presentado una reconvención contra él. La organización pidió que le informaran sobre los progresos y las conclusiones de las investigaciones judiciales.


Presuntos malos tratos contra Carmelo La Rosa y otros reclusos de la prisión de Gazzi, Messina


Amnistía Internacional pidió nueva información a las autoridades acerca de las investigaciones judiciales sobre los presuntos malos tratos infligidos por guardianes de la prisión a Carmelo la Rosa, y sobre las circunstancias que rodearon su muerte en la prisión de Gazzi.


El 24 de junio, Carmelo La Rosa, de 29 años, adicto a la heroína, compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Messina, Sicilia, para la vista de su apelación contra la sentencia de ocho años de prisión, que estaba cumpliendo en la prisión de Gazzi.


Informó al tribunal de que, como adicto a la heroína, sufría fuertes crisis de abstinencia y, después de cada crisis, tras administrarle el personal médico de la prisión drogas sedantes, los guardianes de la prisión le golpeaban con porras. Afirmó que el jefe de los guardianes de la prisión había justificado ese trato acusándole de fingir las crisis de abstinencia. Se despojó de la ropa cuando estaba ante el tribunal y afirmó que las heridas que tenía en el cuerpo habían sido causadas por golpes que le habían infligido con porras los guardianes de la prisión en los días anteriores.


El tribunal reconoció que tenía en el pecho y en los hombros claras señales de golpes violentos causados por un instrumento cortante y ordenó que su declaración fuera remitida inmediatamente al fiscal (Procuratore della Repubblica) vinculado al Tribunal de Messina (tribunal inferior), para que, como autoridad judicial responsable, publicara una orden urgente para que Carmelo La Rosa fuera reconocido por el director de la clínica de la prisión de Gazzi cuando volviera a la prisión. El tribunal redujo también la sentencia inicial impuesta a Carmelo La Rosa a seis años de prisión.


Carmelo La Rosa ingresó de nuevo en la prisión de Gazzi horas más tarde ese mismo día y fue recluido en una celda en la que había otro preso. No obstante, el Procuratore della Repubblica se negó, al parecer, a ordenar que le efectuaran un reconocimiento médico. Durante la madrugada del 24 al 25 de junio, Carmelo La Rosa fue hallado muerto, colgado por el cuello de un cinturón atado a los barrotes de la ventana de su celda.


Al conocer la noticia el 25 de junio, su abogado presentó una declaración formal, firmada, al Procuratore della Repubblica, exponiendo las denuncias que su cliente le había hecho antes de comparecer ante el Tribunal de Apelaciones de Messina. Carmelo La Rosa había afirmado que él y otros 17 detenidos, todos drogadictos, habían estado recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de Gazzi y habían sido golpeados por los guardianes de la prisión. También había afirmado que, tras la última paliza que recibió, los guardianes le habían amenazado con las siguientes palabras: "Si nos denuncias, te ahorcaremos". El abogado declaró que le había instado a que denunciara los malos tratos ante el tribunal, pero le aconsejó que no hiciera referencia a la presunta amenaza porque, como no disponía de pruebas en que apoyarse, podía exponerse a una reconvención por calumnias.


La oficina del Procuratore della Repubblica emprendió una investigación. Se recibieron informes según los cuales poco después los guardianes de la prisión justificaron el uso de la violencia física contra Carmelo La Rosa y otros detenidos afirmando que fue necesaria para reprimir una revuelta que se produjo en la prisión.


El 16 de julio, la madre de Carmelo La Rosa presentó una denuncia al Procuratore Generale (fiscal vinculado al Tribunal de Apelaciones) constituyéndose en parte civil. La denuncia resumía las declaraciones que su hijo había efectuado a su abogado y al Tribunal de Apelaciones de Messina. También recordaba las señales de heridas que Carmelo La Rosa había mostrado al tribunal de apelaciones, que este había tomado en cuenta, y la petición al Procuratore della Repubblica para que ordenara de inmediato un reconocimiento médico, y señaló que la fiscalía no parecía haber hecho nada al respecto. La denuncia pedía que la investigación que ya estaba llevando a cabo el Procuratore della Repubblica fuera acompañada de otra efectuada por el Procuratore Generale con el fin de que los responsables de los actos criminales, incluidos los actos de omisión o negligencia, pudieran ser identificados.


Presuntos malos tratos en la prisión de Poggioreale, Nápoles


A partir de julio de 1992, se produjeron numerosos traslados de presos acusados o condenados por delitos relacionados con la Mafia, como parte de una serie de medidas antimafia puestas en marcha por el gobierno. Al parecer, los malos tratos ocurridos en la prisión de Poggioreale se produjeron a mediados de julio, poco antes del traslado a otras prisiones italianas de entre 200 y 250 reclusos que estaban siendo investigados o que ya habían sido condenados por delitos relacionados con la Mafia. Según informes, este es el grupo de presos que, al parecer, sufrió los malos tratos.


Las denuncias no se hicieron públicas hasta finales de agosto, cuando un grupo de diputados informaron de que habían recibido quejas de familiares de unos 200 presos que habían sido trasladados de la prisión de Poggioreale a la de Spoleto a mediados de julio, y dirigieron una pregunta parlamentaria formal sobre el asunto al ministro de Justicia.


Al parecer, los familiares afirmaron que los guardianes de la prisión habían llamado a 200 o 250 presos uno por uno a las celdas de aislamiento de la prisión de Poggioreale durante un periodo de ejercicios y que muchos de ellos fueron después duramente golpeados por los guardianes. Parece ser que los presos estuvieron recluidos en las celdas durante cuatro días antes de ser trasladados. La gran mayoría de los presos implicados en el incidente fueron trasladados a la prisión de Spoleto.


En su carta a las autoridades, Amnistía Internacional preguntó si se había iniciado alguna investigación judicial o administrativa sobre las denuncias y pidió información sobre sus conclusiones.


Presuntos malos tratos en la prisión de la isla de Pianosa.


En los meses de agosto y septiembre, Amnistía Internacional recibió varias denuncias según las cuales los presos recluidos en la sección de máxima seguridad de "Agrippa" de la prisión de Pianosa habían sido sometidos a torturas y a malos tratos por los guardianes de la prisión. Las denuncias estaban relacionadas con unos 55 presos trasladados a Pianosa desde la prisión de Ucciardone, Palermo, el 20 de julio, y doce o más presos trasladados a Pianosa en los meses de julio y agosto. Según informes, todos los presos afectados se hallaban bajo investigación o habían sido declarados culpables en relación con actividades vinculadas con la Mafia, y sus traslados formaban parte de una serie de medidas antimafia introducidas por el gobierno durante el verano de 1992.


Se informó de que todos los presos de la sección de máxima seguridad de "Agrippa" estaban recluidos en virtud del artículo 41-bis de la ley núm. 354 del 26 de julio de 1975, enmendado mediante el decreto ley núm. 306 del 8 de junio de 1992, convertido en la ley núm. 356 del 7 de agosto de 1992. El párrafo 2 del artículo 41-bis permite al ministro de Justicia autorizar -por motivos de orden público y seguridad- la suspensión de todas o parte de las normas de la prisión que usualmente se aplican al trato de presos en el caso de los presos recluidos en relación con el crimen organizado y el terrorismo.


Según la información recibida por Amnistía Internacional, entre la fecha de su traslado y el 12 de agosto, no se permitió a los presos recibir ninguna visita de sus abogados defensores ni de sus familiares.


Los diversos informes recibidos por Amnistía Internacional después del 12 de agosto incluían denuncias según las cuales a los presos los habían infligido palizas arbitrarias con porras, puñetazos y patadas, y les habían insultado y amenazado reiteradamente; les habían obligado, diariamente, a correr y a realizar flexiones, y que los habían golpeado con porras mientras corrían o si se negaban a hacer lo que les decían o se paraban. Se denunció que dos presos minusválidos habían sido vistos arrastrándose por el suelo para dirigirse a la sala donde recibían la visita de sus familiares porque les habían quitado las muletas y los guardianes de la prisión no les habían ofrecido ayuda. Se denunció también que los reconocimientos del recto, que, según dijeron los funcionarios de la prisión a los presos, eran necesarios por motivos de seguridad, eran realizados con "sádica brutalidad".


Tras sus primeras visitas mensuales, los familiares de los presos informaron de una serie de denuncias sobre las condiciones generales de detención. Afirmaron, entre otras cosas, que los presos se habían quejado de recibir alimentos insuficientes e inadecuados, y que parecían desnutridos, que tenían un aspecto sucio y que a muchos no les habían permitido cambiarse de ropa desde su traslado el 20 de julio.


Amnistía Internacional señaló que, al hacer estas denuncias, la mayoría de los familiares de los presos no se identificaban, porque, según decían, temían que se tomaran represalias contra sus familiares encarcelados si lo hacían. No obstante, en los casos de dos presos, Antonio Vaccarino y Rosario Indelicato, sus esposas y sus abogados presentaron denuncias a las autoridades judiciales tras las visitas que hicieron a la prisión en agosto.

En septiembre, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia pidiendo que comentara los informes recibidos y solicitando información sobre las medidas oficiales tomadas para investigar las denuncias, preguntando en particular si los presos habían sido sometidos a reconocimientos médicos tras las denuncias y, si había sido así, con qué resultado.


Amnistía Internacional habló al ministro de su preocupación sobre si las normas de la prisión se suspendían por motivos de orden público y de seguridad, cualquier nuevo régimen penitenciario continuaría proporcionando garantías completas y adecuadas en áreas tales como la atención médica y la posibilidad de plantear quejas. La organización considera que tales disposiciones son especialmente importantes en los casos en los que existe un régimen especial, con el fin de garantizar el bienestar físico de los presos y protegerlos de posibles malos tratos.


La organización pidió al ministro que proporcionara detalles sobre el régimen penitenciario vigente en la sección de "Agrippa", especialmente sobre las disposiciones relativas al control de la salud de los presos. También preguntó al ministro en qué medida el régimen penitenciario se ajustaba a los principios de las Normas Penitenciarias Europeas, adjuntas a la Recomendación R(87)3, adoptada por el Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa el 12 de febrero de 1987, refiriéndose especialmente a las secciones relacionadas con los servicios médicos, la disciplina y los castigos, a la información recibida por los presos y a las quejas de éstos.


Un informe enviado al ministro de Justicia el 5 de septiembre de 1992 por el juez de vigilancia penitenciaria responsable de la prisión de Pianosa salió a la luz pública en octubre de 1992. Había sido enviado tras una visita que el magistrado había hecho a la prisión en agosto y sus resultados y observaciones parecían dar credibilidad a varias denuncias de malos tratos recibidas por Amnistía Internacional.


La organización hizo notar con preocupación las declaraciones del juez, que afirmó haber encontrado un ambiente de "malestar extremo: temor y sentimiento de inseguridad..." en la sección "Agrippa" y había observado que los presos eran tratados de una forma "en absoluto marcada por el respeto a la persona y a los principios de humanidad".


También suscitaban preocupación en Amnistía Internacional las conclusiones del juez, según las cuales la sección "Agrippa" presentaba "un panorama general de abusos y falta de control administrativo" y posiblemente se habían producido actos criminales allí. En vista de la conclusión del juez, según la cual era "absolutamente necesario recuperar de nuevo el control de la sección "Agrippa" para que se garanticen, sin excepción, la legalidad y el respeto a las reglas mínimas de humanidad en la ejecución de sentencias y la protección de la integridad física y psicológica de la persona", Amnistía Internacional envió una nueva carta al ministro, pidiendo información sobre las medidas oficiales tomadas como consecuencia de las conclusiones del magistrado.


Amnistía Internacional sentía también preocupación por el relato efectuado por el juez de varios incidentes "gratuitos y brutales", según sus propias palabras, contra detenidos comunes recluidos en las secciones ordinarias de la prisión. El magistrado afirmó, por ejemplo, que, en julio, unos cuantos días después de la llegada del nuevo contingente de presos a la sección de "Agrippa", tres funcionarios a esa sección sacaron uno por uno a cuatro presos de la sección ordinaria y los golpearon con porras y sin ellas. Uno de los presos sufrió, al parecer, heridas tan graves que lo tuvieron que sacar inmediatamente de la isla. Todos los detenidos que reingresaron en la sección ordinaria de la prisión durante la tarde del día en que ocurrieron los hechos tuvieron que presentarse ante los guardianes y al menos a uno de ellos le hicieron desnudarse para registrarle y le hicieron someterse varias veces a un reconocimiento rectal; el juez señaló que tal reconocimiento no tenía justificación. Al detenido le ordenaron vestirse y después uno de los guardianes le propinó un golpe. Al regresar a la celda, pidió que le reconociera un médico de la prisión y el reconocimiento se llevó a cabo. Esa noche, los tres guardianes en cuestión regresaron a la sección y propinaron una fuerte paliza al detenido. El juez comentó que con ello pretendieron, sin duda, intimidar al preso y disuadirle de que revelara el trato que había recibido.


El juez indicó que tenía intención de enviar más información, incluido el nombre de los guardianes que habían participado en los incidentes anteriores, a la fiscalía de Livorno. Por tanto, Amnistía Internacional pidió que le informaran de si la fiscalía había emprendido una investigación sobre los incidentes y si era así, que le informaran de cualquier procedimiento criminal o disciplinar que se iniciara.


Nuevos retrasos en la introducción de la legislación sobre objeción de conciencia al servicio militar (actualización de la información de Índice AI: 01/03/92/s)


El proyecto de legislación que reemplazará a la ley 772 (la ley que regula la objeción de conciencia al servicio militar), cuya aprobación inició el Parlamento en 1988, no había aún aprobada definitivamente a finales de octubre.


Había pasado todas las etapas parlamentarias de aprobación a mediados de 1992, pero había sido rechazada por el presidente de la república, el cual, el 1 de febrero, la devolvió al Parlamento para que volviera a someterla a consideración. En marzo, después de varios intentos frustrados de aprobar un texto enmendado antes de las elecciones generales de abril, el Parlamento acordó que la legislación fuera un asunto de discusión urgente, mediante un procedimiento acelerado, en la próxima legislatura. El proyecto de ley se debatió en la Cámara de los Diputados en septiembre y octubre, pero se retrasó por la presentación de numerosas enmiendas por el gobierno y los partidos de la oposición.


KAZAJSTÁN


Preso de conciencia: Karishal Asanov


Amnistía Internacional formuló llamamientos en favor de la liberación inmediata e incondicional de Karishal Asanov, de 59 años de edad, profesor auxiliar en la Universidad Estatal de Kazajstán, a quien arrestaron el 19 de agosto en la capital, Alma-Ata, y encarcelaron en prisión preventiva en aplicación del Artículo 170-3 del Código Penal Kazajio por el cargo de "infracciones contra el honor y la dignidad del Presidente".


El cargo imputado a Karishal Asanov está relacionado con la publicación a mediados de 1992 en Khak, periódico de la oposición, de un artículo titulado "No crean en la sonrisa del presidente". El artículo se componía de extractos de un libro que Karishal Asanov había publicado con el título de "Pensamientos sobre el destino de un pueblo, o, Unas palabras sobre el fantasma de la soberanía". El periódico Khak lo publica en Moscú el partido político nacionalista kazajio Alash, al que las autoridades de Kazajstán no han concedido estatuto oficial de reconocimiento.


En un principio, el 14 de julio la policía registró en tres ocasiones el domicilio de Karishal Asanov y confiscó una gran cantidad de documentos, entre ellos el manuscrito de su libro y diversas cartas personales. Luego, a principios de agosto Karishal Asanov parece que estuvo detenido durante cuatro días en un hospital psiquiátrico de Alma-Ata donde fue sometido a un examen psiquiátrico obligatorio. El resultado del examen fue positivo, consideraron que estaba en su juicio y lo pusieron en libertad. Finalmente, el 19 de agosto volvieron a arrestarlo por orden del Fiscal General Adjunto de Kazajstán.


Karishal Asanov padece hipertensión arterial y, según parece, no recibe la atención médica que precisa en su situación de detención. Asimismo, se han recibido informes según los cuales durante al menos tres semanas tras su arresto no le permitieron tener acceso a un abogado defensor de su elección.


Amnistía Internacional manifiesta su preocupación porque el Artículo 170-3 establece unas restricciones injustificadas al derecho a la libertad de expresión, y porque se puede invocar ese artículo para castigar a las personas por su oposición política a las autoridades (véase EUR 01/03/92/s). Amnistía Internacional estima que la detención de Karishal Asanov viola su derecho a la libertad de expresión y lo considera por ello preso de conciencia.


La pena de muerte


En el periodo de revisión se aprobaron al menos dos condenas a muerte y se recibieron informes sobre seis ejecuciones. Todas ellas fueron por asesinato premeditado con agravantes. Amnistía Internacional formuló llamamientos a las autoridades para que conmutaran estas dos condenas a muerte y otras ocho que estaban pendientes de ejecución y de las que Amnistía Internacional había tenido conocimiento. Asimismo, la organización continuó con sus llamamientos en favor de la total abolición de la pena máxima.


KIRGUISTÁN


La pena de muerte


En octubre Amnistía Internacional recibió una notificación del presidente del Comité de Estado para la Seguridad Nacional, Anarbek Bakayev, según la cual el Soviet Supremo de Kirguistán había abolido la pena capital en 12 artículos del Código Penal. No obstante, en la nota no se especificaban ni los artículos de que se trataba ni la fecha en que el Soviet Supremo había adoptado esa decisión.


Así pues, el Código Penal de Kirguistán parece que ahora sólo estipula la pena de muerte para seis delitos en tiempos de paz. Los delitos punibles con esa pena anteriormente eran 18. (La cifra de 32 delitos punibles con la pena máxima que facilitó a Amnistía Internacional en el mes de abril el ministro de Justicia --véase EUR 01/03/92/s-- parece que se refería tanto a los delitos cometidos en tiempos de paz como en tiempos de guerra).


LETONIA


En octubre dos delegados de Amnistía Internacional visitaron Estonia, Letonia y Lituania con el fin de recopilar toda la información pertinente a los derechos humanos relacionada con el mandato de nuestra organización. Esta era la primera visita de investigación que realizaba Amnistía Internacional a los estados bálticos, de reciente independencia.


La pena de muerte


En junio, el Fiscal General de la República de Letonia informó a Amnistía Internacional que la sentencia a muerte impuesta a Aleksey Volkov había sido ejecutada. Aleksey Volkov había sido sentenciado a morir el 11 de septiembre de 1991 por el asesinato de un hombre y la posterior violación de la esposa de la víctima. El Fiscal General manifestó en su carta que la sentencia había sido examinada, pero que no se habían hallado circunstancias atenuantes que pudieran haber supuesto un cambio en la condena. Asimismo, se informó a Amnistía Internacional que, en relación con sus llamamientos en favor de una abolición total de la pena de muerte, manifestada en reiteradas cartas a las autoridades letonas, la cuestión sería tomada en cuenta en la revisión en curso del Código Penal que "limita firmemente la aplicación de la pena de muerte".


En julio el presidente del Comité de Estado de Estadística informó a Amnistía Internacional que en los años 1989 a 1991 se habían llevado a cabo 16 ejecuciones (ocho en 1989 y cuatro en 1990 y 1991). Esta cifra es superior a la proporcionada en informaciones anteriores.


En agosto Amnistía Internacional remitió una carta al Fiscal General en la que le expresaba su pesar por la ejecución de Aleksey Volkov. Asimismo, en la misiva Amnistía Internacional preguntaba la cifra de personas que en la actualidad estaban condenadas a muerte, en qué fase se hallaban sus peticiones de clemencia, cuántas ejecuciones se habían llevado a cabo en este año y si había alguna ejecución prevista. A fines de octubre aún no se había recibido respuesta a esa carta.


En otra carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo, Amnistía Internacional solicitó más información sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. En agosto la organización recibió una respuesta en la que se le informaba que en la actualidad hay siete delitos punibles con la pena capital: Asesinato premeditado con agravantes; bandidaje; actos que alteren la labor de las instituciones correccionales de trabajo; falsificación con agravantes; intento de asesinato de un agente de la policía o de la guardia interna, con agravantes; violación con agravantes especiales; y secuestro de un aeroplano con agravantes especiales.


En el transcurso de su visita de Octubre, Amnistía Internacional recopiló información sobre la aplicación de la pena de muerte en Letonia. La organización pudo saber que cinco personas habían sido condenadas a muerte en 1992. A dos de ellas se les había conmutado la sentencia, y las otras tres habían formulado una solicitud de clemencia. Imants Punenovs y Andris Alksars fueron sentenciados a la pena máxima el 15 de enero de 1992 por un cargo de asesinato con agravantes. Sus apelaciones fueron rechazadas el 3 de julio y no se ordenó una revisión judicial adicional de sus sentencias. Andres Sergunts fue condenado a morir el 6 de julio de 1992 por dos cargos de asesinato premeditado con agravantes. Su apelación fue rechazada el 20 de octubre y no se ordenó una revisión judicial de la sentencia que le impusieron. En Letonia, la presentación de una solicitud de clemencia es la fase final del proceso judicial en los casos de pena de muerte. Las solicitudes de clemencia se presentan al Presidium del Consejo Supremo, solicitudes que examina una Comisión de Derechos Humanos de ese Consejo, que a su vez formula una recomendación al Presidium. El Presidium del Consejo Supremo también consulta al Fiscal General y al Presidente del Tribunal Supremo. Amnistía Internacional realizó un llamamiento en favor de la conmutación de las sentencias a muerte impuestas a Imants Punenovs, Andris Alksars y Andres Sergunts.


Durante su visita, Amnistía Internacional también obtuvo información según la cual en 1992 se habían llevado a cabo dos ejecuciones, y no una como con anterioridad se creía: una en enero y otra en mayo (la de Aleksey Volkov). Los procedimientos para las ejecuciones los establecen de forma conjunta en unas instrucciones el ministro del Interior y el Fiscal General. Estas instrucciones no se hacen públicas. En cualquier caso, el primer viceministro del Ministerio del Interior informó a Amnistía Internacional que las ejecuciones se llevan a cabo en la unidad de investigaciones en régimen de aislamiento de la Prisión Central de Riga, habitualmente 24 horas después de que la petición de clemencia haya sido rechazada. Al reo se le saca de la celda por la noche y es ejecutado de un disparo por un único tirador (y no por un pelotón de ejecución como se pensaba antes).


Homosexualidad


En mayo Amnistía Internacional remitió una carta al ministro de Justicia solicitando confirmación de que el Artículo 124 del Código Penal de Letonia había sido abolido. Según este artículo, los actos homosexuales entre varones adultos de común acuerdo eran delitos penales castigados con la cárcel. Por otra parte, Amnistía Internacional preguntaba en su carta si en el momento de la abolición del artículo había alguien encarcelado por estos motivos y, de ser así, si había sido puesto en libertad.


En julio, el ministro de Justicia contestó que, el 5 de febrero, el Consejo Supremo de la República de Letonia había aprobado la legislación pertinente para enmendar el Artículo 124. Según la enmienda, los actos homosexuales son delitos penales sólo si implican violencia o amenaza de violencia, si se realizan con menores o si se abusa de la situación de inferioridad o la indefensión de una víctima. El ministro informó a Amnistía Internacional que las personas encarceladas por homosexualidad habían sido excarceladas inmediatamente después de la adopción de la enmienda legislativa. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a las personas encarceladas exclusivamente por la práctica de actos homosexuales consensuados con otros adultos en privado.


LITUANIA


El 25 de octubre se celebraron las primeras elecciones parlamentarias desde la restauración de la independencia del país. El Partido Laborista Democrático, liderado por Algirdas Brazauskas, ex jefe del Partido Comunista de Lituania, resultó ser el partido con mayor representación en el parlamento (Seimas) puesto que consiguió 44 de los 141 escaños en disputa. La formación Sajudis, el partido del presidente Vytautas Landsbergis, consiguió 23 escaños. Setenta escaños estaban designados para su asignación mediante representación proporcional según las listas de los partidos, y los restantes 71 escaños se adjudicaron a los distintos distritos electorales. El 15 de noviembre se celebrará una segunda ronda de votaciones en 61 de los distritos en que ningún candidato obtuvo una clara mayoría de votos. Por otra parte, en octubre dos delegados de Amnistía Internacional visitaron Estonia, Letonia y Lituania con el fin de recopilar toda la información pertinente a los derechos humanos relacionada con el mandato de nuestra organización. Esta era la primera visita de investigación que realizaba Amnistía Internacional a los estados bálticos, de reciente independencia.


La pena de muerte


En mayo Amnistía Internacional recibió información de las autoridades lituanas en relación con la aplicación de la pena de muerte. Según el primer viceministro de Justicia, la pena capital no se puede imponer a personas que, en el momento de cometer el delito o en el momento de pronunciarse la sentencia, padecían desequilibrios psíquicos o algún tipo de retraso mental.


En agosto Amnistía Internacional formuló un llamamiento a las autoridades de Lituania para que conmutaran la sentencia de muerte pronunciada contra A. Novadkis, declarado culpable del asesinato de una joven. Ese mismo mes, el presidente del Comité para los Derechos Civiles y los Asuntos relacionados con las Nacionalidades informó a la organización que A. Novadkis había sido ejecutado el 8 de agosto, tras haber sido rechazada su petición de clemencia por el Presidium del Consejo Supremo el 2 de mayo. La ejecución de A. Novadkis fue la primera que se ha llevado a cabo desde la reciente restauración de la independencia de Lituania.


Objeción de conciencia al servicio militar


Amnistía Internacional remitió en agosto una carta al ministro de Defensa Nacional en la que volvía a plantear su preocupación por la duración del servicio (de trabajos) alternativo al servicio militar, que en la actualidad es de 24 meses. (La duración del servicio militar es de 12 meses). La organización señalaba en su misiva que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Ministros del Consejo de Europa han pedido a los gobiernos que los servicios alternativos al servicio militar que aprueben no sean de carácter punitivo. A fines de octubre la organización aún no había recibido respuesta a esta carta.


Homosexualidad


En julio Amnistía Internacional escribió al Ministerio de Justicia solicitando información sobre el número de personas que en esos momentos se encontraban detenidas en aplicación de Artículo 122 (parte 1) del Código Penal de Lituania, según el cual los actos homosexuales entre varones son punibles con penas de hasta tres años de cárcel. La realización de actos similares con menores o en los que se utilice la violencia, la amenaza de violencia o se explote la situación de inferioridad o dependencia de una víctima, se castiga, en aplicación del Artículo 122 (parte 2), con penas que oscilan entre los tres y los ocho años de prisión. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a las personas encarceladas exclusivamente por la práctica de actos homosexuales consensuados con otros adultos en privado.


En septiembre el Ministerio de Justicia contestó que desde la restauración de la independencia, en el mes de marzo de 1990, tres personas habían sido declaradas culpables de cargos estipulados en el Artículo 122. Una de ellas había sido condenada a una pena de tres años y medio de prisión por agresión sexual y coerción física; otra a una pena de cinco años de cárcel por realizar actos sexuales con un menor y agredirle. En el tercer caso el sentenciado era un menor, a quien se impuso una pena de tres años y medio que, tras apelación, quedó reducida a dos años y medio de prisión por realizar actos sexuales consensuados con otro menor. Al convicto lo pusieron en libertad vigilada antes de que hubiera concluido su condena. El Ministerio de Justicia concluía su nota informativa afirmando que en esos momentos se estaba elaborando el proyecto de un nuevo código penal, texto que no estipula el procesamiento de las personas por mantener relaciones homosexuales de común acuerdo.


Durante su visita, a Amnistía Internacional le hicieron entrega de una copia de una carta del Ministerio del Interior dirigida al Centro Lituano de Prevención del SIDA. Además de los tres casos descritos anteriormente por el Ministerio de Justicia, la carta del Ministerio del Interior citaba a otras 14 personas también convictas en aplicación del Artículo 122 (parte 2) desde principios de 1990. Al menos una de las 14 declaraciones de culpabilidad databan de 1991. No está claro si los 13 casos restantes que el Ministerio de Justicia no mencionaba en su carta databan todos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 11 de marzo de 1990 (fecha de la restauración de la independencia de Lituania).


LUXEMBURGO


Confinamiento prolongado de presos en régimen de aislamiento


En agosto, el ministro de Justicia contestó a una carta que Amnistía Internacional le había remitido en marzo (véase EUR 01/03/92/s) en la que la organización le había expresado su preocupación por las denuncias que había recibido según las cuales algunos presos de la Prisión de Schrassig llevaban en régimen de aislamiento desde hacía mucho tiempo. Amnistía Internacional ha expresado en otras ocasiones su preocupación porque la detención en régimen de aislamiento prolongado puede tener graves efectos sobre la salud física y mental de los presos y puede constituir trato cruel, inhumano y degradante.


En su respuesta, el ministro de Justicia rechazó el término "régimen de aislamiento prolongado" y, en su lugar, hacía referencia al uso de un régimen celular estricto (régime cellulaire strict), sancionado por la Norma del Gran Ducado de 24 de marzo de 1989, sobre la administración y régimen interno de los establecimientos penitenciarios. Según el ministro, la sanción consiste en que el detenido no se puede comunicar con el resto de la población reclusa durante unos meses (la sanction consiste en ce que [le détenu] n'est coupé de la communauté des détenus pendant quelques mois ...). En ministro confirmó que en esos momentos había dos presos confinados en esas circunstancias en la Prisión de Schrassig, ambos por haber intentado evadirse.


En septiembre Amnistía Internacional volvió a remitir una carta al ministro de Justicia en la que le pedía que confirmase cuánto tiempo en total habían pasado en régimen de aislamiento los dos presos a los que hacía referencia en su respuesta. Asimismo, la organización preguntó también si todavía era posible que un preso calificado de peligroso pudiera ser puesto en régimen de aislamiento durante varios años seguidos, tal y como había ocurrido en diversos casos hasta 1990. Finalmente, Amnistía Internacional solicitó al ministro si podía confirmar los informes que había recibido, según los cuales en esos momentos había varios presos en régimen de aislamiento por delitos relacionados con los narcóticos y a otro se le había aplicado ese régimen por haber agredido a un guardia de la prisión.


En octubre el ministro de Justicia informó a Amnistía Internacional que los dos presos a los que se había referido en su correspondencia anterior habían pasado un total de tres y cuatro meses, respectivamente, en régimen de aislamiento. Asimismo, el ministro confirmó que en esos momentos había otros presos a los que se les había aplicado ese régimen por periodos de entre uno y cinco meses, todos ellos por motivos disciplinarios. Otro preso al que se había confinado el 10 de julio en régimen de aislamiento por haber agredido a una guardia de la prisión tenía que volver al régimen penitenciario ordinario a fines de noviembre, siempre que no repitiera su anterior conducta. Finalmente, el ministro confirmó que no era política habitual de los responsables de la aplicación de castigos a los presos la imposición de periodos de confinamiento en régimen de aislamiento durante años. Sin embargo, Amnistía Internacional aún continúa preocupada porque en la Prisión de Schrassig siga existiendo la posibilidad de que se imponga esa sanción, y porque pueda aplicarse nuevamente en el futuro. Por otra parte, Amnistía Internacional publicó en el mes de octubre un documento de 4 páginas titulado Luxemburgo: Aislamiento prolongado de detenidos en la prisión de Schrassig, índice AI EUR 32/01/92/s, en el que informa detalladamente sobre los motivos de preocupación anteriormente expuestos.


MOLDAVIA


El conflicto sobre la autoproclamada República Moldava del Dniester


En el periodo de revisión se recibieron diversos informes en los que se denunciaban violaciones de derechos humanos como consecuencia del conflicto sobre la autoproclamada República Moldava del Dniester, región situada al noreste del país que se opone a la reunificación con Rumania. Según parece, los enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales moldavas y las de la República Moldava del Dniester, integradas fundamentalmente por efectivos de origen ruso y ucraniano, se han saldado con la pérdida de centenares de vidas sólo en la primera mitad del año.


Denuncias de tortura y de homicidios deliberados y arbitrarios


Estas denuncias se han formulado contra las dos partes implicadas en el conflicto. Según los informes, algunos miembros de la policía y de la denominada Guardia Republicana de la República Moldava del Dniester han participado en el secuestro, tortura y asesinato de civiles. Por ejemplo, según los informes, la policía local de Dubasari detuvo en marzo a Gheorghe Bejenari, conductor de autobús de origen étnico moldavo y destacada figura de oposición a la proclamación de la República Moldava del Dniester. Según parece, los policías dijeron a su esposa que le iban a cortar las manos. En abril fue hallado el cadáver mutilado de Gheorghe Bejenari. Asimismo, también según los informes, las formaciones militares de la República Moldava del Dniester también han ejecutado a varios delincuentes sin haber remitido antes sus casos a las autoridades pertinentes para que investigaran el delito y sometieran a juicio a los criminales. Por ejemplo, parece que las fuerzas cosacas mataron a tiros a cuatro miembros de sus propias unidades por actos penales entre los meses de junio y julio.


Parece ser que las fuerzas voluntarias que luchan en el bando del gobierno moldavo han sido las responsables del homicidio de un hombre, Velichko, y de la violación de su esposa en el distrito de Dubasari, en los meses de junio o julio. Las fuerzas gubernamentales también parece que han sometido a los detenidos partidarios de la República Moldava del Dniester a golpes con puños, porras y las culatas de sus rifles. Por ejemplo, el miliciano de la República Moldava del Dniester Vladimir Serdyukov ha afirmado que unos integrantes de las fuerzas voluntarias lo detuvieron en la localidad de Bendery el 24 de junio y luego le propinaron una fuerte paliza, ayudados por agentes de la policía moldava, quienes le grabaron en la piel tres estrellas y la letra "V". Estas marcas las pudo constatar posteriormente un miembro del grupo de derechos humanos "Memorial", radicado en Moscú, quien visitó a Vladimir Serdyukov en un hospital.


Amnistía Internacional ha formulado llamamientos a las partes en conflicto para que inicien sin demora investigaciones exhaustivas sobre las denuncias de torturas y asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad u otras fuerzas bajo su control, para que hagan públicos los resultados de esas investigaciones y para que pongan a los responsables de esos actos a disposición de la justicia.


Preocupación por un juicio justo


De acuerdo con la información disponible, al menos a un preso político, Stefan Uritu, de origen moldavo, se le negó el acceso a un abogado de su elección después de ser arrestado en junio en la República Moldava del Dniester por presuntos delitos de terrorismo que podrían ser castigados con la pena de muerte. Según parece, el abogado que designó su esposa fue reclutado en el ejército de la República Moldava del Dniester un día después de manifestar su acuerdo de representar a Stefan Uritu quien, en agosto, quedó en libertad a la espera de juicio. Stefan Uritu y otro hombre, a quien al parecer también arrestaron por los mismos cargos, fueron objeto de fuertes palizas mientras estuvieron bajo custodia, y a un tercero parece que lo sometieron a simulacros de ejecución.


Antes de la liberación de Stefan Uritu, Amnistía Internacional ya había instado a los funcionarios pertinentes de la República Moldava del Dniester que garantizaran al entonces detenido un acceso adecuado a un abogado defensor de su elección de acuerdo con las normas internacionales para la celebración de juicios con las garantías debidas. El fiscal de la República Moldava del Dniester contestó a la organización que el propio Stefan Uritu había rechazado en un principio a un abogado defensor, dado que no reconocía la legitimidad de los organismos de investigación de la República Moldava del Dniester.


NORUEGA


Objeción de conciencia al servicio militar


Dos objetores de conciencia fueron encarcelados por negarse a cumplir el servicio militar. Fueron considerados presos de conciencia.


A Jan Otto Nilsen le reconocieron la condición jurídica de objetor de conciencia en 1982 a causa de su pacifismo, pero durante el servicio alternativo informó a las autoridades de que ya no se consideraba totalmente pacifista. Sin embargo, manifestó que no podía realizar el servicio militar mientras Noruega estuviera integrada en la OTAN, que basa toda su estrategia en las armas nucleares. En 1982, un tribunal declaró que su nuevas convicciones no se atenían a los requisitos del servicio alternativo; posteriormente, el Ministerio de Justicia le retiró la condición de objetor de conciencia. Estuvo encarcelado de octubre a diciembre de 1990 por negarse a atender la llamada a filas. Mantuvo esta actitud y el 26 de junio le encarcelaron. Permaneció recluido 90 días.


Kjetil Ramberg empezó a cumplir su condena de 90 días de cárcel el uno de septiembre como consecuencia de la decisión de un tribunal de condado respecto a que no tenía "una actitud pacifista lo suficientemente firme e inequívoca" como para obtener la exención del servicio militar. Kjetil había declarado que se oponía a la estrategia nuclear de la OTAN.


Amnistía Internacional instó a la puesta en libertad inmediata de los presos de conciencia Jan Otto Nilsen y Kjetil Ramberg. El gobierno contestó que ninguno de los dos cumplía las condiciones de exención porque sus convicciones carecían de "firmeza y solidez". Amnistía Internacional considera que todas las personas obligadas a hacer el servicio militar deben poder rechazarlo atendiendo a motivos de conciencia o profundas convicciones derivadas de causas religiosas, éticas, morales, humanitarias, filosóficas, políticas o similares.


POLONIA


Objeción de conciencia al servicio militar - el caso de Roman Galuszca


Roman Galuszca, católico, objetor de conciencia al servicio militar, empezó a cumplir una sentencia de 18 meses de prisión en julio. Solicitó por primera vez el servicio alternativo basándose en sus creencias religiosas en noviembre de 1990. Su solicitud fue rechazada sobre la base de que la iglesia católica no apoyaba la objeción de conciencia al servicio militar. En septiembre, la Sala Militar del Tribunal Supremo rechazó una apelación extraordinaria presentada por el ministro de Justicia en favor de Roman Galuszka.


El caso de Roman Galuszca atrajo una considerable atención de los medios de comunicación polacos. Gazeta Wyborczca, importante diario polaco, publicó una entrevista con el Defensor del Pueblo, que expresó sus dudas sobre el argumento, implícito en la sentencia dictada contra Roman Galuszca, según la cual los católicos no podían, al parecer, objetar al servicio militar.


Según un informe, un número cada vez mayor de reclutas han solicitado recientemente realizar el servicio militar. En 1991, en el distrito de Varsovia, se presentaron 162 solicitudes, de las cuales fueron concedidas 147. En 1992, en julio, se habían presentado 319 solicitudes, de las cuales habían sido concedidas 276.


Amnistía Internacional consideró preso de conciencia a Roman Galuszca, y pidió su liberación inmediata.


PORTUGAL


Presuntas torturas y malos tratos contra Orlando Correia por agentes de la Policía Judicial


Orlando Correia, ciudadano francés de origen portugués, de 28 años, estuvo en detención preventiva en la prisión de Guarda por cargos relacionados con el tráfico de drogas.


El semanario portugués Expreso informó que el nueve de septiembre, aproximadamente una semana después de su detención, y mientras estaba en prisión a la espera de juicio, Orlando Correia fue agredido y su vida amenazada por funcionarios de la policía judicial (Polícia Judiciária - PJ) de Guarda.


Una unidad de la Policía Judicial había acudido a la prisión para llevar a Orlando Correia a las oficinas de la Policía Judicial porque querían que efectuara una nueva declaración. Orlando Correia, ejerciendo los derechos que le otorga el Código de Enjuiciamiento Criminal, se negó a efectuar una nueva declaración sin la asistencia de su abogado y de un intérprete, debido a sus dificultades para entender el idioma portugués. Al parecer, los agentes de la policía judicial reaccionaron violentamente y le agredieron en la prisión de Guarda, delante de otros presos y de los guardianes de la prisión.


Los agentes de la policía judicial insistieron en que fuera con ellos, a pesar de su negativa a efectuar una declaración sin la presencia de su abogado y de un intérprete. Lo llevaron a un sótano de las oficinas de la Policía Judicial con el pretexto de hacerle una fotografía y tomarle las huellas digitales. Dijo que ya le habían fotografiado y tomado las huellas digitales cuando le detuvieron. Según el semanario Expreso, fue insultado y golpeado en el sótano por agentes de la Policía Judicial. Le llevaron al patio de la comisaría de policía, y allí le introdujeron una pistola en la boca y le amenazaron con matarle. Cuando regresaron al interior de la comisaría, le agredieron de nuevo y le dejaron una hora de pie, mientras los agentes de policía fueron a comer, con los brazos y la piernas abiertos y atados a los barrotes de la celda. Cuando regresaron, le agredieron de nuevo. Posteriormente ingresó inconsciente en el servicio de urgencias del hospital de Guarda.


Según el certificado médico emitido por el hospital de Guarda, Orlando Correia tenía hematomas y arañazos en el pecho y la espalda. El semanario Expreso afirmó que había recibido una declaración jurada de un testigo presencial que le había visto heridas por todo el cuerpo, los ojos y los labios hinchados y amoratados y un gran hematoma en el ojo izquierdo.


El 14 de septiembre, Orlando Correia presentó una denuncia formal (queixa-crime) contra los agentes de la comisaría de la Policía Judicial en el tribunal de Guarda, acusándolos de golpearle, insultarle y poner en peligro su vida. Los agentes de la Policía Judicial afirmaron que Orlando Correia se había autolesionado. Su abogado solicitó que su cliente fuera reconocido en el Instituto de Medicina Legal de Coimbra. El examen forense se llevó a dos semanas después, el 1 de octubre; según informes, se realizó después de presentar el abogado al tribunal cuatro solicitudes. El fiscal (Delegado do Ministério Público) de Guarda afirmó que el 17 de septiembre se había aprobado la solicitud de examen forense, pero que no se realizó hasta el 1 de octubre, porque el funcionario encargado de supervisar el reconocimiento estaba ausente por baja médica.


La oficina de la Dirección General de la Policía Judicial (Directoria-Geral da Polícia Judiciária) inició una investigación disciplinaria a fines de septiembre para examinar las denuncias de malos tratos efectuadas por Orlando Correia.


Amnistía Internacional ha solicitado información de las autoridades sobre las medidas tomadas por el tribunal para investigar la denuncia de Orlando Correia.


Presuntos malos tratos infligidos a Alexandre Luis Marques Pires Gravanita por agentes de la Policía de Seguridad Pública


Alexandre Luis Marques Pires Gravanita, estudiante de 19 años, nacido en Angola y estudiante de la universidad de Setúbal, declaró que el 6 de diciembre de 1991 fue duramente golpeado y sometido a insultos raciales por un agente de la Policía de Seguridad Pública (Polícia de Segurança Pública -PSP) en una comisaría de policía de Setúbal.


Luis Gravanita declaró al fiscal, en una denuncia de malos tratos, que el 6 de diciembre de 1991 a las 7 de la tarde, intentó cruzar un paso de peatones en la esquina de la Avenida 22 de Dezembro con la Avenida dos Combatentes, en Setúbal. Volvía a su domicilio después de una sesión de entrenamiento en un gimnasio local y llevaba una bolsa de deportes. Un agente de la Policía de Seguridad Pública, al que identificó más tarde, le gritó que se detuviera. Después le pidió que le mostrara su carnet de identidad y, tras examinarlo, ordenó a Luis Gravanita que lo acompañara a la comisaría de policía núm. 1 (Esquadra nº 1). Luis Gravanita dijo que no le parecía oportuno y preguntó por qué tenía que ir, pero le dijeron que le informarían de ello más tarde. A su llegada a la comisaría, le llevaron a una sala interior y le dijeron que pusiera su bolsa, que contenía su ropa deportiva, sobre la mesa. Inmediatamente después, el agente emprendió a patadas y a puñetazos con él. Al mismo tiempo gritaba: "¡No vales nada, angoleño de mierda!", "¡No vales nada!", "!Eres un negro!" ("Tu não vales nada, Angolano de merda!", "Tu não és nada!", "Tu és un preto!"). Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales Luis Gravanita es portugués y no es negro. Nació en Angola y salió del país cuando era niño.


Durante la agresión, Luis Gravanita suplicó, sin éxito, al agente que no le golpeara en la boca porque unos meses antes había sufrido una seria fractura de mandíbula tras ser golpeado con una barra de hierro.


Hubo un momento en que el agente le empujó violentamente contra la pared y abrió la bolsa, que estaba en la mesa. Luis Gravanita explicó que la bolsa sólo contenía su ropa de deporte y que acababa de salir de un gimnasio. En respuesta, el agente le llamó "cerdo de mierda" ("Seu poco de merda"), arrojó la ropa al aire y continuó agrediéndole.


Finalmente, Luis Gravanita fue llevado ante el agente de servicio, que tomó nota de los detalles de su carnet de identidad, de su dirección y de su profesión. En ningún momento se informó a Luis Gravanita de los motivos por los que le habían llevado a la comisaría. Luis Gravanita no fue acusado de ningún delito.


Según su declaración, inmediatamente después de la agresión, y mientras se encontraban aún en la comisaría, el agente de la Policía de Seguridad Pública amenazó a Luis Gravanita, diciéndole: "¡Ay de ti si te vuelvo a ver en la calle, si tienes la mala suerte de pasar a mi lado! ¡Si me ves en la calle, crúzate de acera!" ("Ai de ti que en te veja na rua, se tens o azar de passar por mim estas lixado conmigo! Se me vires na rua passa para o outro passeio!")


Luis Gravanita fue visto por testigos antes de regresar a su casa. Sus padres le llevaron a los Servicios de Emergencia del Hospital del distrito de São Bernardo, en Setúbal. El hospital diagnosticó cortes generales y hematomas, especialmente en el rostro y en el ojo derecho, producto de puñetazos.


El 10 de diciembre de 1991, Luis Gravanita presentó una denuncia formal contra el agente de la Policía de Seguridad, en la que afirmaba que le había causado deliberadamente heridas y le había amenazado (crimes de ofensas corporais voluntária injuria e ameaças).


Amnistía Internacional ha preguntado a las autoridades si se ha llevado a cabo alguna investigación sobre su denuncia. A finales de octubre no se había recibido ninguna respuesta.


Miembros de la Guardia Nacional Republicana de Almada acusados de malos tratos en relación con delitos de tráfico


El 13 de agosto de 1991, José Paulo Ferreira Portugal fue detenido por agentes de la Guardia Nacional Republicana (Guarda Nacional Republicana - GNR) en una calle de Charneca da Caparica, cerca de Almada. Es carnicero y regresaba a su tienda -Talhos Portugal- después de comer.


Había dejado su furgoneta aparcada fuera de la tienda, como hacía normalmente, y fue a comprar pan y a tomar un refresco al café que hay enfrente. Según informes de prensa, cuando salió del café con intención de dejar el pan en la furgoneta, un agente de la GNR, que también había estado en el café, pidió que le mostraran los documentos del vehículo. Paulo Portugal se negó a mostrárselos, señalando que, puesto que no se hallaba dentro del vehículo en ese momento, no tenía obligación de hacerlo. Al agente de la GNR se unieron otros agentes que le pidieron los documentos de identidad, y él se los mostró. Tras anotar el número de matrícula de la furgoneta, el agente de la GNR dijo que le iban a multar por aparcamiento indebido. Paulo Portugal cuestionó la legalidad de la multa y se dio la vuelta para entrar en su tienda. Los agentes le advirtieron que se le llevarían en el jeep si seguía comportándose así.


Según testigos presenciales, los agentes atacaron entonces a Paulo Portugal por la espalda, le arrastraron por la acera, y le empujaron y le golpearon la cabeza contra el lateral de la furgoneta. Paulo Portugal afirmó después que eran aproximadamente nueve los agentes que le golpearon en la calle y después en el puesto de la GNR al que fue llevado posteriormente. Finalmente, le llevaron esposado al hospital de Almada para que le curaran. Según informes, tenía heridas en la cabeza, en la mandíbula, los ojos y la espalda. Luego le trasladaron de nuevo al puesto de la GNR, donde estuvo recluido toda la noche. Al día siguiente compareció ante un tribunal, que le acusó de agresión y de desobedecer las órdenes de la GNR, porque se había negado a mostrarles los documentos del vehículo. Denunció ante el tribunal los malos tratos recibidos y también inició procedimientos judiciales (processo-crime) contra la Guardia Nacional Republicana acusándola de malos tratos físicos. Mencionó a los dos agentes de la GNR que estaban en el grupo de agentes que le habían maltratado. Conocía sus nombres debido a las tarjetas de identificación que llevaban en el uniforme.


Amnistía Internacional está intentando saber si el tribunal ha emprendido alguna investigación sobre la denuncia formal de malos tratos presentada por Paulo Portugal.


Amnistía Internacional recibió también información sobre otro caso similar ocurrido en Almada. En agosto de 1991, Markus Durr y Ana Paula, matrimonio, aparcaron indebidamente durante un breve espacio de tiempo en el centro de Almada, mientras Ana Paula entraba en una tienda cercana. El coche estaba estacionado con Markus Durr al volante. Unos agentes de la GNR se acercaron a él y le pusieron una multa de 4.000 escudos por aparcamiento indebido. Markus Durr, ciudadano alemán que, según informes, sabe poco portugués, no entendía, al parecer, a los agentes. Cuando su esposa, ciudadana portuguesa, regresó, protestó por la multa. Los agentes, a los que se habían unido otros tres, la insultaron varias veces. Cuando se quejó por que no tenían dinero suficiente para pagar la multa en el momento y dijo que la pagarían más tarde, un agente afirmó que si no pagaba se la "llevaría". Entonces empezó a tirar de ella y en ese momento su esposo intervino. Los otros tres agentes empezaron a propinarle puñetazos y patadas y finalmente, le arrojaron al suelo sangrando.


Ana Paula fue llevada en un jeep a la comisaría de la Guardia Nacional Republicana. Su esposo la seguía en el coche. Denunció que continuaron insultándola, diciéndola que en Portugal era prostituta y que se había marchado a Alemania para "escaparse". A las 6 de la tarde, Ana Paula y Marcus Durr fueron llevados al juzgado, pero los pusieron en libertad condicional porque no había intérprete. Decidieron no denunciar en el juzgado el comportamiento de la Guardia Nacional Republicana porque regresaban a Alemania al día siguiente. Después de abandonar el juzgado, Markus Durr fue al hospital de Almada y después al de Santa María para recibir asistencia. Pasó a allí toda la noche.


Dos agentes de policía condenados por causar daños físicos a Paulo Jorge Gomes Almeida (actualización de la información del documento Índice AI: EUR 01/03/92/s)


El 27 de abril de 1992 empezó el juicio contra dos agentes de la Policía de Seguridad Pública (Polícia de Segurança Pública - PSP) en la Sección Primera del Segundo Tribunal Criminal de Oporto. Un agente, José Vieira, fue acusado de causar daños físicos y otro, Adelino António Teixeira Santos, de causar daños físicos graves. El fiscal dedujo de la denuncia de Paulo Jorge que había sido arrojado violentamente contra una puerta de cristal, en una comisaría de policía, que se hizo añicos, causándole múltiples heridas en el brazo derecho, por lo que recibió 59 puntos de sutura, y desfiguración permanente y grave.


En su sentencia, emitida en julio, el tribunal declaró a Adelino António Teixeira Santos culpable de ingligir daños físicos (ofensas corporais) en virtud del artículo 142 del código penal. José Vieira, también acusado de causar daños físicos, fue absuelto en virtud del mismo artículo del código penal.


En julio, la Asamblea de la República aprobó la ley 23/91, en virtud de la cual se otorgaba una amnistía por numerosos delitos, incluidos los cubiertos por el artículo 142. Adelino António Teixeira Santos fue, por tanto, amnistiado.


Presuntas torturas contra Domingos do Couto (actualización de la información del documento Índice AI: EUR 01/01/91/s)


Domingos do Couto murió el 9 de agosto de 1992 en el Hospital Provincial de Chaves a la edad de 42 años. Era emigrante en Canadá y había estado implicado en un altercado con un agente de la Guardia Nacional Republicana, António Fernandes Gil, durante un festival en Montalegre. El 6 de agosto, presentó una denuncia ante el fiscal de Montalegre. Afirmaba que le habían propinado patadas y puñetazos y que le habían golpeado con una porra. Murió tres días después. Según el informe de la autopsia, tenía cuatro costillas fracturadas, marcas en la zona del corazón y hematomas en el pecho, causados, al parecer, por golpes asestados con una porra.


Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades portuguesas a que investiguen de forma imparcial y rápida las denuncias judiciales de torturas y malos tratos. La organización ha sabido que la denuncia de Domingos do Couto fue registrada como denuncia preliminar, con el número 278/84, por el fiscal de Montalegre y que después fue enviada, el 12 de noviembre de 1984, al cuartel (Comando-Geral) de la Guardia Nacional Republicana, con el número de registro 647/84. La Guardia Nacional Republicana es una fuerza paramilitar de gendarmerie cuyo máximo responsable, el Comandante-Geral, es responsable ante el ministro de Administración Interna. El fiscal debía trasmitir la denuncia de Domingos do Couto al Comando-Geral, que a su vez era responsable de trasmitirla a los tribunales militares que tienen la competencia judicial en esos casos.


A fines de octubre, según la información de que disponía Amnistía Internacional, los tribunales militares no habían emprendido ninguna investigación sobre la denuncia de Domingos do Couto. La organización solicitó información al ministro de Administración Interna y al Comando-Geral sobre qué medidas se habían tomado en los últimos ocho años para investigar esta denuncia.


REINO UNIDO


Homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte


El homicidio de Kevin McGovern


Kevin McGovern, estudiante de 19 años de edad, falleció abatido por los disparos de unos agentes de policía el 30 de septiembre de 1991. Su muerte se produjo cuando él y dos amigos se vieron casualmente involucrados en una operación de seguridad de la policía organizada para atrapar a una unidad del IRA. La policía reconoció que Kevin McGovern no había estado implicado en ningún tipo de actividad armada ilegal. Una autopsia independiente realizada para la familia confirmó que a Kevin McGovern lo mataron por la espalda. La Real Policía del Ulster se negó a que un oficial de alta graduación de otra fuerza policial dirigiese una investigación sobre esta muerte. La investigación que la propia Real Policía del Ulster realizó sobre este homicidio fue supervisada por la Comisión Independiente para las Demandas contra la Policía.


El 17 de junio, un agente de la Real Policía del Ulster, Timothy Hanley, fue acusado del asesinato de Kevin McGovern. En la vista de fianza el abogado de la acusación explicó al tribunal que la policía había organizado una operación después de recibir informes sobre la posibilidad de que se produjese un ataque contra las fuerzas de seguridad, y que Kevin McGovern y los otros dos jóvenes habían penetrado andando casualmente en el área vigilada. Cuando se les dio el alto, Kevin McGovern salió corriendo. El abogado de la acusación explicó después que el agente Hanley echó a correr en persecución de Kevin McGovern, que el agente efectuó primero diversos disparos de advertencia y que luego lo hizo contra Kevin McGovern, quien recibió varios impactos de bala en la espalda. El abogado dijo que, en el transcurso de los interrogatorios, el agente Hanley había afirmado que Kevin McGovern se había vuelto hacia él con los brazos extendidos, que creyó que tenía una pistola y que, en consecuencia, disparó en defensa propia. El abogado de la acusación concluyó diciendo que las pruebas no concordaban con la afirmación del agente de policía según la cual había actuado en legítima defensa.


El homicidio de Peter McBride


El 4 de septiembre, los soldados de una patrulla de la Guardia Escocesa abatieron a tiros en Belfast a Peter McBride, joven católico de 18 años de edad que en el momento de morir iba desarmado. Los disparos que acabaron con la vida del joven se efectuaron después de que se le hubiera dado el alto, le registraran y requirieran su identidad. Testigos presenciales han asegurado que, consecuentemente, los militares tenían que haber sabido que el joven iba desarmado. Asimismo, los testigos que presenciaron los hechos han informado que, tras responder durante unos minutos a las preguntas que le hicieron, el joven saltó por encima de un muro y huyó. Después lo persiguieron y dispararon contra él; se ha informado que los soldados apuntaron sus armas de forma deliberada contra Peter McBride, y que concretamente uno de ellos lo hizo desde posición de fuego. Peter McBride era padre de dos hijos, el más pequeño de ocho meses de edad. No tenía antecedentes de implicación en actividades armadas.


Al día siguiente, 5 de septiembre, dos soldados, Mark Wright y James Fisher, fueron acusados del asesinato de Peter McBride.


En el funeral del joven, el sacerdote local acusó al ejército de hostigamiento e intimidación habituales, e hizo un llamamiento para que se realizara una "revisión independiente de la política, adiestramiento e instrucciones que reciben los hombres a quienes se envía, arma y prepara para la acción". Mark Wright y James Fisher, tenían 19 y 24 años de edad, respectivamente.


La investigación sobre las muertes de Gervaise McKerr, Eugene Toman y Sean Burns


Gervaise McKerr, Eugene Toman y Sean Burns murieron en noviembre de 1982 abatidos por los disparos de un escuadrón antiterrorista de la Real Policía del Ulster que actuaba de incógnito. Posteriormente, tres agentes de la policía fueron absueltos del cargo de asesinato. Las circunstancias en que se produjeron las muertes fueron muy polémicas y su investigación corrió a cargo de John Stalker, agente de policía de alta graduación, entre 1985 y 1986. Los resultados de la investigación de John Stalker no se han hecho públicos. Sin embargo, en un libro titulado Stalker, el investigador afirma que dispuso de pruebas adicionales no reveladas que sugerían que a estas tres personas las mataron de forma ilegítima.


Tras numerosas demoras, la investigación sobre la muerte de Gervaise McKerr, Eugene Toman y Sean Burns volvió a iniciarse el 5 de mayo de 1992. Amnistía Internacional envió un delegado a parte de la investigación, que fue aplazada a mediados de junio a causa de los recursos legales presentados por el abogado de los fallecidos: A fines de octubre aún no se había determinado una fecha para su reanudación.


Este es un breve resumen de los principales hechos relacionados con el caso hasta la fecha:


- Los agentes de policía implicados en los homicidios se negaron a testificar (su negativa se ampara en el Reglamento del Pesquisidor, que no es de aplicación en Inglaterra ni en Gales).


- El gobierno expidió Certificados de Inmunidad en Interés Público, que excluyen a la vista la utilización de documentos relacionados con cuestiones de carácter operativo y de planificación previa del incidente. Estos certificados han obstaculizado las labores de determinación de los hechos, dado que, gracias a ellos, quedan ocultos factores que son de fundamental importancia para determinar todas las circunstancias en que se produjeron los homicidios.


- El abogado de la familia no recibió varios documentos de gran importancia, documentos de los que pudieron disponer las demás partes que participaron en la investigación, es decir, la policía. Se solicitó una revisión judicial, que fue rechazada con el argumento de que se habían adoptado diversas decisiones que no permiten que ciertos documentos de la policía sean inspeccionados; esta decisión fue recurrida ante tribunales de instancia superior. Los documentos que por fin se dieron a conocer se entregaron con muy breve plazo de examen, con lo que se impidió que el abogado pudiera hacerse una idea completa del contenido de toda la documentación al principio de la investigación, lo que afectó a su posterior examen de los testigos.


- La lista de los jurados no le fue entregada al abogado de la familia (cuestión objeto de recurso legal).


- Apareció nueva información, de la que no se tuvo conocimiento en el juicio original. Estos nuevos datos ponen de manifiesto las insuficiencias de la investigación policial original del incidente: Aunque los agentes manifestaron en un principio que se trataba de una operación de arresto, ninguno de los que participaron en ella recordaba haber llevado esposas; en el incidente original había tres coches de la Real Policía del Ulster, y no dos, como se había dicho en un principio; también se adimitió que al director de la Fiscalía se le ocultó cierta información para evitar que se hiciera pública la implicación de los Servicios Especiales; las pruebas forenses no respaldaban las declaraciones escritas de los agentes de policía en relación con cómo habían sido abatidos por los disparos los tres jóvenes; el contraste entre diversas pruebas discrepantes determinó que el cadáver de Eugene Toman había sido trasladado en el lugar de los hechos una vez muerto (la posición del cadáver había sido un factor esencial en el juicio original).


- El equipo de agentes de policía que había trabajado en la investigación Stalker no asistió a ella totalmente preparado para testificar en la investigación. De acuerdo con las instrucciones que la Real Policía dio a los integrantes del equipo, sólo los iban a interrogar sobre cuestiones específicas. El pesquisidor dijo que era en interés público que el informe de la investigación se diera a conocer en su totalidad, y solicitó a los agentes que regresaran después de pasar unas semanas volviendo a familiarizarse con toda la documentación. (Sin embargo, entretanto, la investigación ha sido aplazada).


Amnistía Internacional seguirá supervisando todo lo relacionado con este caso y su investigación, y concretamente los aspectos que afectan a la eficacia de la indagación para sacar a la luz todas las circunstancias que rodearon los homicidios.


Connivencia en Irlanda del Norte


A lo largo de los tres últimos años Amnistía Internacional ha estado investigando graves denuncias sobre la presunta connivencia en Irlanda del Norte entre algunos miembros de las fuerzas de seguridad y los grupos armados leales al gobierno británico. Como parte de sus investigaciones, la organización ha enviado delegados al juicio de Brian Nelson y a la vista del Tribunal Superior en el caso de Channel Four (véase seguidamente). Amnistía Internacional remitió una carta al Gobierno del Reino Unido el 30 de octubre en la que la organización manifestaba no estar convencida de que el gobierno hubiera adoptado todas las medidas necesarias para poner fin a las prácticas de connivencia, para investigar exhaustivamente y hacer pública toda la verdad sobre los homicidios políticos de presuntos opositores gubernamentales, para llevar a los autores ante los tribunales o para, de lo contrario, disuadirles contra la comisión de esos homicidios.


Las denuncias de connivencia han sido variadas, y van desde la implicación directa del personal de las fuerzas de seguridad en los escuadrones de la muerte de los grupos armados leales al gobierno británico y la complicidad de las autoridades en esos homicidios, hasta la asistencia e incitación a la comisión de esas acciones mediante la entrega de información confidencial de los servicios secretos a esos grupos. Asimismo, también se han formulado denuncias según las cuales ha sido muy distinto el tratamiento que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad han dado a los grupos armados republicanos y a los leales al gobierno británico.


La ausencia de iniciativas gubernamentales ha puesto de manifiesto que las instancias oficiales son reacias a abordar hasta el final estas graves denuncias y no están dispuestas a llegar hasta el fondo del asunto. El gobierno no constituyó un sistema de investigaciones generalizadas sobre las denuncias que se realizaron en 1989, cuando las fuerzas leales al gobierno británico hicieron públicos centenares de documentos oficiales de carácter confidencial, como tampoco lo hizo sobre las revelaciones realizadas por Brian Nelson durante su juicio (y posteriormente en una de las emisiones del programa Panorama, de la BBC) sobre la connivencia entre los servicios secretos del ejército y la Asociación para la Defensa del Ulster (ADU) en su selección de personas presuntamente republicanas para darles muerte. (Brian Nelson era agente de los servicios secretos de la ADU y agente de los servicios secretos del ejército). Amnistía Internacional considera que es necesario que se emprenda una investigación lo más amplia posible sobre las consecuencias que sobre los derechos humanos tienen las operaciones secretas de los servicios de inteligencia, así como sobre las denuncias de que las autoridades estatales han sido cómplices de los homicidios perpetrados por los grupos armados leales al gobierno británico.


La falta de voluntad patente, entre otras cosas en el juicio de Brian Nelson, para investigar y revelar las pruebas de connivencia y el alcance total del conocimiento que éste tenía sobre sus compañeros de conspiración en la Asociación para la Defensa del Ulster, contrasta con la intensa determinación con que la Real Policía del Ulster se ha interesado por el equipo de Channel Four / Box Productions en relación con la emisión, en noviembre de 1991, de un capítulo de la serie Dispatches, sobre presuntos casos de connivencia. Una vez más, el gobierno no emprendió investigación alguna sobre las denuncias formuladas en el programa, como tampoco la Real Policía del Ulster ha realizado una investigación independiente sobre esas mismas denuncias. Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que emprenda una investigación independiente sobre este asunto.


Por el contrario, sí se han adoptado toda una serie de medidas de distinto signo: Se ha hecho uso de la Ley de Prevención del Terrorismo, algo sin precedentes, para exigir a Channel Four que revele la identidad de las fuentes utilizadas en el programa; se han presentado cargos de desacato contra Channel Four (cadena de televisión a la que se multó con 75.000 libras esterlinas) por negarse a facilitar sus fuentes; se han presentado cargos de perjurio contra el investigador del programa, Ben Hamilton; se ha facilitado una información privilegiada a diversos periódicos seleccionados, al parecer lo hizo la Real Policía del Ulster, proporcionada por los realizadores del programa tras haberlo emitido; y, además, se han hecho públicos los nombres de los entrevistados en el programa, revelación, al parecer, también obra de la Real Policía del Ulster.


Por otra parte, los fundamentos del procesamiento contra Ben Hamilton no están nada claros. Amnistía Internacional supervisará muy de cerca su juicio. Si la organización llegase a la conclusión de que el motivo del procesamiento de Ben Hamilton ha sido su labor de información crítica sobre la función de las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional lo consideraría preso de conciencia si resultara encarcelado.


Juicios sin las debidas garantías


La vista de apelación de "los cuatro del Regimiento para la Defensa del Ulster - RDU"


Amnistía Internacional envió un delegado a la vista de apelación del caso de "los cuatro del Regimiento para la Defensa del Ulster", que comenzó en Belfast el 11 de mayo. Los cuatro soldados del Regimiento para la Defensa del Ulster habían sido declarados culpables en 1986 del asesinato en 1983 de Adrian Carroll, católico, por lo que fueron sentenciados a cadena perpetua.


En julio las declaraciones de culpabilidad de Winston Allen, Noel Bell y James Hegan fueron desetimadas al cosiderarse que eran poco seguras e insatisfactorias. Las declaraciones de culpabilidad que les impusieron se basaron, exclusivamente, en sus confesiones, que ellos aseguraron les habían forzado a hacer mediante malos tratos y coerciones mientras estuvieron detenidos en régimen de incomunicación. El Tribunal de Apelación llegó a la conclusión de que los agentes de policía que realizaron la investigación habían prestado testimonios falsos en el juicio original, que algunas de las notas tomadas en las entrevistas habían sido redactadas por segunda vez, y que otros agentes de graduación superior habían certificado falsamente su autenticidad. Según parece, las solicitudes de los detenidos de consultar con un abogado fueron borradas de las notas en dos ocasiones.


El Tribunal de Apelación confirmó la declaración de culpabilidad de Neil Latimer porque, según dictaminó, había pruebas suficientes que respaldaban ese fallo. Asimismo, el Tribunal de Apelación reconoció que las notas de las entrevistas en este caso también habían sido redactadas por segunda vez. Sin embargo, el tribunal manifestó que, a diferencia de los otros tres acusados, Neil Latimer había confirmado en el juicio que esas eran sus confesiones; además, se tuvo en cuenta el testimonio del "Testigo A", que identificó a Neil Latimer como el hombre que había en las proximidades del lugar de los hechos vistiendo unas ropas cuya descripción coincidía con la del presunto pistolero. Dadas las claras pruebas de conducta fraudulenta de los cuatro policías durante los interrogatorios, y dadas las versiones contradictorias proporcionadas por los testigos presenciales, Amnistía Internacional considera que su caso debería ser objeto de una revisión adicional.


En la vista de apelación se subrayó la ausencia de salvaguardias fundamentales para que se respetasen los derechos de los detenidos en la fase de procedimientos criminales previa al juicio. Amnistía Internacional considera que el gobierno debe cumplir las normas internacionales para la celebración de juicios con las garantías debidas, entre las que se incluyen los derechos del detenido a recibir la visita de sus familiares, a tener acceso a sus abogados y a ser llevado ante un juez poco después de haberse practicado el arresto, dado que las salvaguardias existentes no son adecuadas para evitar los malos tratos a los detenidos y la extracción de confesiones forzadas.


La organización manifestó su agrado por el anuncio realizado en 1991 sobre la propuesta aprobación de unos códigos de actuación con carácter de ley para la regulación del trato policial a los detenidos en Irlanda del Norte. En noviembre de 1991 la organización formuló un llamamiento para que ese código se aprobara con carácter de urgencia. Por otra parte, el gobierno anunció hace ya más de un año que estaba estudiando la posibilidad de constituir un comisionado independiente que se encargaría de realizar visitas a los centros policiales de interrogatorio para comprobar las condiciones de detención. A fines de octubre Amnistía Internacional todavía se encontraba a la espera de poder estudiar los detalles de todas estas propuestas. La organización considera que un comisionado de esas características tendría que tener atribuciones suficientes y un poder de libre acceso necesarios para que fuera realmente eficaz.


Actualizaciones sobre los casos de Judith Ward, los "seis de Birmingham", los "cuatro de Guildford", los "siete Maguire" y la Investigación May


En junio de 1992 el Tribunal de Apelación emitió su dictamen sobre por qué había recusado la declaración de culpabilidad de Judith Ward, a quien se había condenado a cadena perpetua por un atentado con explosivos perpetrado por el IRA en 1974. En el dictamen se criticaba a los miembros de la policía, a los miembros de la fiscalía y a las instituciones psiquiátricas y médicas por no haber revelado pruebas clave de las que se disponía en el momento del juicio. Asimismo, se manifestaba que los responsables de un procesamiento y de la provisión de pruebas deben cumplir con su deber de garantizar que los juicios son justos, deber que, en este caso concreto, no se había cumplido.


El 29 de mayo se dictó auto de procesamiento contra tres de los cuatro agentes de policía implicados en las acusaciones contra los "seis de Birmingham". George Reade, Colin Morris y Terence Woodwiss fueron acusados de conspiración para alterar el curso de la justicia y de haber cometido perjurio. El cuarto agente, el ex detective Rex Langford, quedó en libertad por falta de pruebas.


Hasta abril de 1993 no se espera que sean juzgados los tres ex agentes de la policía de Surrey acusados de conspiración para alterar el curso de la justicia en el caso de los "cuatro del Guildford". Los "cuatro de Guildford" recobraron la libertad en octubre de 1989. Los procedimientos criminales se entablaron en un principio en el mes de noviembre de 1990, sin embargo, los acusados consiguieron que se retiraran los cargos alegando abuso de procesamiento. Los cargos volvieron a formularse tras presentarse recurso ante el Tribunal Superior, y se dictó auto de procesamiento contra los tres en marzo de 1992. Al parecer, la prolongada demora hasta la celebración del juicio se debe principalmente a una solicitud de los acusados: Thomas Style, John Donaldson y Vernon Atwell.


La tardanza en llevar a los agentes a juicio ha supuesto la cancelación de las vistas públicas de la Investigación May sobre las circunstancias en que se formularon las declaraciones de culpabilidad contra los "cuatro de Guildford". Por su parte, Sir John May decidió que, con el fin de cumplir el plazo que la Comisión Real sobre el Sistema de Justicia Penal había establecido, elaboraría un informe provisional basado en las pruebas documentales ya disponibles, así como en otras pruebas orales que iba a solicitar.


Una investigación parlamentaria sobre ciencia forense dio comienzo a sus trabajos tras la recusación de varias declaraciones de culpabilidad basadas en todo o en parte en pruebas forenses. Lord Dainton preside un comité especial de la Cámara de los Lores, que trabaja junto con la Comisión Real sobre el Sistema de Justicia Penal.


En mayo, el director de la Fiscalía decidió que no se dictarían autos de procesamiento contra los agentes del disuelto Escuadrón para Delitos Graves de la Región de las West Midlands. Este Escuadrón fue disuelto en 1989 tras formularse diversas denuncias de que la policía había preparado pruebas o cometido perjurio con el fin de obtener declaraciones de culpabilidad. En los últimos tres años unas 12 personas se han beneficiado de la recusación de sus sentencias. La policía de la región de West Yorkshire llevó a cabo una investigación, que supervisó la Oficina de Demandas contra la Policía. El informe de esa investigación concluía que al menos 16 agentes debían ser procesados. Sin embargo, el director de la Fiscalía manifestó que no había pruebas suficientes para dictar autos de procesamiento. Un funcionario de la Oficina de Demandas contra la Policía manifestó en relación con esta decisión: "Me ha extrañado hasta cierto punto, aunque no me ha sorprendido del todo". Varios políticos manifestaron que esta decisión socavaría la confianza pública en la aplicación igualitaria de la ley.


Amenaza de repatriación forzosa


Desde el mes de abril de 1991 Amnistía Internacional ha venido manifestando su preocupación por la posible repatriación forzosa de Karamjit Singh Chahal a la India, donde existe un riesgo fundado de que sea objeto de torturas o malos tratos. Asimismo, la organización ha manifestado su inquietud en relación con la continuada situación de detención en que este hombre se encuentra, sin cargos ni juicio, desde el mes de agosto de 1990. En julio Amnistía Internacional remitió una carta al Gobierno del Reino Unido en relación con este caso, pero a fines de octubre todavía no había recibido una respuesta.


Karamjit Singh Chahal es activista de la comunidad sij del Reino Unido desde 1984, país en el que lleva viviendo desde hace 20 años. En 1974 se le concedió permiso de residencia indefinida en Gran Bretaña. Karamjit Singh Chahal ha apoyado las reivindicaciones de varias facciones de la comunidad sij en favor de la creación de un estado sij independiente (denominado "Jalistán"). Karamjit Singh ha descrito cómo las fuerzas de seguridad lo detuvieron y torturaron en el transcurso de una visita que realizó a la India en 1984, todo ello, al parecer, como consecuencia de los contactos que mantuvo con el dirigente sij fundamentalista Sant Jarnail Singh Bhindranwale. Su relación de los hechos concuerda con las formuladas a Amnistía Internacional por otras personas que estuvieron detenidas. Asimismo, Karamjit Singh ha asegurado que en 1989 varios familiares cercanos fueron torturados mientras estuvieron detenidos, y que la policía había matado a tiros a otros dos de sus familiares. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, Karamjit Singh Chahal teme que, si lo repatrian a la India contra su voluntad, volverán a arrestarlo y será objeto de detención arbitraria y torturas. Tampoco puede excluirse la posibilidad de que sea ejecutado extrajudicialmente.


Karamjit Singh Chahal fue detenido el 16 de agosto de 1990 y se le notificó la decisión del Ministro de Interior de que se iba a cursar una orden de deportación a su nombre en aplicación de la Ley de Inmigración de 1971 "por motivos de seguridad nacional y otros motivos de carácter político, principalmente la lucha internacional contra el terrorismo". Posteriormente, Karamjit Singh pidió asilo en el Reino Unido, pero el 27 de marzo de 1991 el Ministro de Interior rechazó la solicitud.


El 10 de junio de 1991 Karamjit Singh Chahal compareció ante la denominada "Junta de los tres expertos" ("The three wise men panel") para recurrir su orden de deportación. De acuerdo con su proceder habitual, la recomendación formulada por esta junta no se ha dado a conocer. Esta recomendación no es vinculante para el Ministro de Interior. Una vez la junta hubo realizado su recomendación al Ministro de Interior, el 25 de junio éste firmó la orden de deportación a nombre de Karamjit Singh Chahal.


En Septiembre el Tribunal Superior dio su permiso para que la orden de deportación cursada por el Ministro de Interior fuera revisada judicialmente. Como consecuencia de la revisión, el 2 de diciembre el Tribunal Superior ordenó al Ministro de Interior que volviera a revisar el caso de Karamjit Singh Chahal. La decisión del Tribunal Superior subrayaba los riesgos de tortura y persecución contra Karamjit Singh si era repatriado a la India. El juez manifestó que sentía "una inquietud extrema" por este caso y expresó su preocupación porque el Ministro de Interior hubiera rechazado la solicitud de asilo en el Reino Unido formulada por Karamjit Singh sin dejar constancia de si había tenido plenamente en cuenta el informe de Amnistía Internacional sobre la persecución de que son objeto los sij en la India. El 3 de junio de 1992 el Ministro de Interior volvió a cursar la orden de deportación manifestando que no consideraba que el afectado pudiera correr un riesgo real de torturas a manos de las autoridades gubernamentales.


El 16 de julio se concedió permiso a Karamjit Singh Chahal para solicitar una nueva revisión judicial de su detención. El 27 de julio, el Tribunal de Apelación desestimó las declaraciones de culpabilidad penales que se le habían impuesto a raíz de una pelea en la que estuvo involucrado en 1987 en el Templo Sij de Londres. Estas declaraciones de culpabilidad habían sido las únicas pruebas que se dieron en público como amenaza de expulsión contra Karamjit Singh Chahal por considerársele una amenaza para la seguridad nacional. Ahora, el Ministerio de Interior tiene que volver a estudiar el caso de Karamjit Singh Chahal teniendo en cuenta las conclusiones del juez.


Amnistía Internacional manifiesta su preocupación porque Karamjit Singh Chahal se encuentra detenido sin cargos ni juicio, y sin supervisión judicial o de otra autoridad, lo cual contraviene las normas internacionales a las que está obligado el Reino Unido. Estas normas exigen que a toda persona que se encuentre bajo alguna forma de detención se le informe de los motivos específicos de su situación de privación de libertad y que se le respete su derecho a recurrir la legalidad de la misma ante un tribunal, contando con representación legal. A Karamjit Singh Chahal sólo se le ha permitido formular su alegato ante una junta consultiva compuesta por tres personas y designada por el Ministerio de Interior y, además, al abogado de Karamjit Singh Chahal no se le permitió estar presente durante la vista de esa junta ni se la autorizó a participar en la vista abierta al público. Asimismo, a Karamjit Singh Chahal no le han comunicado en ningún momento las alegaciones concretas que se formulan en su contra.


En el mes de julio Amnistía Internacional mantuvo una prolongada entrevista con Karamjit Singh Chahal en la prisión de Bedford, y en ella la organización le formuló preguntas detalladas sobre la naturaleza y contenido de su comparecencia ante la junta informal. Según Karamjit Singh Chahal, aunque tenía conocimiento de que la junta había recibido diversas declaraciones juradas en las que se formulaban alegaciones en su contra, en ningún momento se le informó de la identidad de la fuente de esas denuncias ni del contenido preciso de las declaraciones. Sin embargo, Karamjit Singh Chahal está firmemente convencido de que estas denuncias las han formulado sus oponentes políticos en la comunidad sij, cuyas motivaciones tienen su fundamento tanto en el desacuerdo con sus opiniones sobre "Jalistán" como en el resentimiento contra su posturas y situación en la comunidad sij. En varias ocasiones negó haber participado en la captación de fondos para "Jalistán" en el Reino Unido o en la transferencia de fondos a la India.


La indisponibilidad previa de los motivos pormenorizados de la detención y deportación impide que el detenido pueda preparar una defensa adecuada. La ausencia de representación legal impide que un detenido pueda elaborar una defensa apropiada. Además, en este caso el detenido tampoco ha podido contrastar las pruebas esgrimidas en su contra, lo que significa que no ha podido recurrir eficazmente las posibles falsedades, inexactitudes o distorsiones de la información confidencial. La junta consultiva, por ello, no se ajusta a los requisitos necesarios que debe cumplir una vista judicial. La posibilidad de que unas denuncias no corroboradas de naturaleza política hayan sido intercambiadas o pudieran haberse intercambiado de forma privada con el Gobierno de la India, pero de las que no se ha informado a Karamjit Singh Chahal y que no se le ha permitido recusar, suponen un motivo adicional para temer por su seguridad.


Durante la entrevista, Karamjit Singh Chahal reiteró su llamamiento al Gobierno del Reino Unido para que lleve su caso ante los tribunales. Karamjit Singh Chahal dijo: "En los 20 años que llevo viviendo en el Reino Unido, cuando alguien comete una infracción comparece ante un tribunal. ¿Por qué yo no? Que presenten cargos en mi contra o que me pongan en libertad." En la actualidad está pendiente una nueva revisión judicial del rechazo de la solicitud de asilo presentada por Karamjit Singh Chahal.


Amnistía Internacional considera que el caso de Karamjit Singh Chahal merece la vista plena e imparcial de un tribunal, tal y como establecen las normas internacionales pertinentes.



REPÚBLICA FEDERAL CHECA Y ESLOVACA


Presuntos malos tratos contra romaníes en Lomnička


Lomnička es una localidad de Eslovaquia Oriental, y tiene 1.030 habitantes. Casi todos son romaníes. Parece ser que el día 4 de mayo por tarde y por la noche unos agentes de policía maltrataron a varios romaníes allí.


Según testimonios recibidos por Amnistía Internacional, alrededor de las 5 de la tarde, tras una disputa en un bar, un agente de policía y otras dos personas golpearon a František Oračko, romaní de Lomnička, en la vecina localidad de Polodinec. El agente de policía y los civiles que lo acompañaban persiguieron después a František Oračko y a varios de sus familiares cuando corrían hacia su domicilio en Lomnička. Según informes, cuando los alcanzaron, el agente de policía apuntó con una pistola cargada a Ľudovit Oračko y le amenazó con matarle. František Oračko desarmó de un golpe al agente de policía y en los momentos de confusión que siguieron la pistola quedó, según informes, en el suelo.


El agente de policía, acompañado por otros compañeros que viajaban a bordo de varios vehículos policiales, regresó a Lomnička a las 11.15 de la noche y pidió a František Oračko que le devolviera la pistola. En la casa donde vive František Oračko había en ese momento 20 personas, sus padres y otros miembros de la familia. Zita Mirgova devolvió la pistola a uno de los agentes de policía, el cual prometió que no se haría daño a nadie. Entonces, la policía entró en la casa y golpeó a todos los presentes con porras. Al parecer, mientras los golpeaban, los agentes gritaban: "Vais a morir todos. ¡Heil Hitler! Vais a morir todos los gitanos". Según informes, a Ľudovita Oračka, de 10 años de edad, un policía la agarró por el cuello y la estrelló contra la pared. A algunos de los otros niños, que estaban debajo de la cama, los sacaron a rastras y los tiraron contra el suelo. A la esposa de Gustav Oračko, que estaba enferma, la sacaron de la cama y la tumbaron en el suelo. A Ľudovit Oračko le propinaron patadas en la cabeza y le golpearon. A František Oračko, Ľudovit Oračko Sr, Ľudovit Oračko Jr y Martin Mirga los detuvieron. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, les golpearon en el vehículo policial mientras se dirigían a la comisaría de policía.


Amnistía Internacional instó al gobierno de Eslovaquia a que iniciara una investigación independiente e imparcial sobre los presuntos malos tratos recibidos por la familia Oračko, que hiciera públicos los resultados y que los responsables fueran llevados ante los tribunales.


Malos tratos a espectadores en un partido de fútbol


Decenas de personas fueron maltratadas por agentes de policía durante el partido de fútbol entre el Slovan y el Ferencvaros celebrado en Bratislava el 16 de septiembre.


Según informes recibidos por Amnistía Internacional, la conducta desenfrenada de algunos seguidores requirió medidas policiales apropiadas para mantener el orden y proteger la seguridad de otros espectadores. No obstante, parece ser que la intervención de una unidad especial de la policía eslovaca, cuyos miembros llevaban máscaras e iban armados con porras de goma, tuvo como consecuencia el maltrato de algunos espectadores, entre ellos algunos que no habían participado en los disturbios. Según testigos presenciales, durante este incidente la policía golpeó indiscriminadamente a hombres y mujeres. Al parecer, a algunas de las personas que cayeron al suelo las propinaron patadas cuando se movieron. Según los informes, a algunos les rociaron la cara con gases lacrimógenos. La policía golpeó también a Jana Košnarova, fotógrafa de la agencia ČSTK (Agencia de Noticias Checoslovaca), y destruyó la película que llevaba en la cámara. Al menos 16 heridos fueron trasladados al hospital.


Amnistía Internacional preguntó a las autoridades eslovacas si se había llevado a cabo una investigación completa e imparcial sobre el uso de la fuerza por la policía durante el incidente y si, como consecuencia de esa investigación, se había realizado una revisión de los procedimientos de control de las multitudes con el fin de garantizar que no volvería a producirse ese maltrato, al parecer indiscriminado, de los espectadores.


Modificación por el Tribunal Constitucional de la ley que restringe la libertad de expresión


Amnistía Internacional sentía preocupación por las disposiciones contenidas en el artículo 52 de una nueva ley que modifica y complementa los artículos 260 y 261 del código penal (véase Índice AI: EUR 01/03/92/s). Este artículo prohíbe el apoyo o promoción de movimientos encaminados a suprimir los derechos y libertades civiles o a incitar al odio racial, de clase o religioso. La preocupación de la organización era que las palabras "como por ejemplo fascismo o comunismo", incluidas entre paréntesis en el nuevo artículo, podían haber tenido como consecuencia el procesamiento de personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libre expresión de sus ideas políticas.


En septiembre, el Tribunal Constitucional de la República Checa y Eslovaca suprimió de la nueva ley las palabras "fascismo y comunismo".


REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA


Preocupaciones sobre la provincia de Kosovo-Metohija


Torturas y malos tratos


En abril, Amnistía Internacional visitó la provincia de Kosovo, en el sur de Serbia, para obtener información de los activistas de derechos humanos locales y de víctimas de abusos policiales. En junio, la organización publicó un informe titulado: Ethnic Albanians - Victims of torture and ill-treatment by police in Kosovo province (Índice AI: EUR 48/18/92), en el que exponía 15 casos ilustrativos, con testimonios de víctimas apoyados por pruebas fotográficas y médicas. Amnistía Internacional ha instado repetidamente a las autoridades serbias a que emprendan investigaciones imparciales e independientes sobre las denuncias de abusos policiales y a que tomen las medidas apropiadas para garantizar que los agentes de policía son informados de ellas y obligados a respetar las normas internacionales para el cumplimiento de la ley. Ha expresado su preocupación porque, a pesar de la existencia de procedimientos para presentar denuncias contra la policía, en la práctica parecen disfrutar de inmunidad procesal.


En septiembre y octubre, más de 400 ciudadanos de etnia albanesa fueron, según informes, golpeados o maltratados por la policía. La mayor parte de ellos habían tomado parte en manifestaciones de protesta contra el cierre de escuelas y facultades universitarias en las que estudiaban ciudadanos de etnia albanesa, la mayoría de los cuales se niegan a reconocer la legitimidad del régimen serbio en la provincia y rechazan los programas de estudios instituidos por las autoridades serbias. Entre los heridos había dos mujeres. Según informes, a una de ellas la policía le arrancó una oreja y la otra la fracturó una pierna (véase Índice AI: EUR 70/01/92/s).


En octubre, Amnistía Internacional expresó su temor ante la posibilidad de que las tensiones entre los miembros de la etnia albanesa y los serbios se convirtieran en un grave conflicto como que el que está devastando Bosnia-Herzegovina (véase Servicio de Actualización Semanal NWS 11/41/92/s.


Juicios políticos - preocupación jurídica


En octubre, 26 ciudadanos de etnia albanesa fueron condenados en dos juicios políticos que tuvieron lugar en Peć y Priština. 19 acusados fueron declarados culpables de "asociación con el propósito de llevar a cabo actividades hostiles" y de "socavar la integridad territorial de Yugoslavia"; recibieron penas de prisión que oscilaban entre uno y siete años. Fueron acusados de fundar una organización ilegal con el propósito de conseguir, mediante las armas, la secesión de la provincia de Kosovo de Yugoslavia. El principal acusado, Mentor Kaçi, admitió que había comprado una pistola y un revólver y había intentado comprar armas en Albania. Cargos similares se presentaron contra un grupo de ocho de personas de etnia albanesa en Priština, algunos de los cuales habían recibido entrenamiento militar en Albania. Siete de ellos recibieron penas de prisión de entre dos y seis años, mientras otro fue declarado culpable y puesto en libertad.


En los dos juicios, los acusados afirmaron que habían comprado armas para usarlas en defensa propia en caso de que el conflicto se extendiera a Kosovo y declararon que los habían torturado o maltratado cuando los detuvieron, para obtener de ellos falsas declaraciones de culpabilidad. A ninguno de los acusados le acusaron de haber usado la violencia. Amnistía Internacional expresó su preocupación sobre las denuncias de torturas y malos tratos. También señaló que, durante al menos parte de los procedimientos anteriores al juicio, a los abogados les habían negado el acceso a sus clientes y les habían impedido estar presentes cuando sus clientes y testigos estaban siendo interrogados. La organización instó a que se revisaran las declaraciones de culpabilidad, de acuerdo con la normativa internacional, y a que se emprendiera una investigación sobre las denuncias de torturas y malos tratos.


RUMANIA


Presuntas torturas y malos tratos contra romaníes de Piaţa Rahova, en Bucarest


El 3 de julio, unos soldados de la unidad de la policía militar UM 02180 torturaron, al parecer, y también maltrataron a miembros de la comunidad romaní de Piata Rahova, en Bucarest.


Según la información recibida por Amnistía Internacional, el sargento mayor Gheorghe Nastase, perteneciente a la unidad UM 02180 de la policía militar, con base en Rahova, y George Brănescu, romaní, residente de la misma barriada de Bucarest, pasaron la tarde del 1 de julio bebiendo juntos. Tras una discusión, hubo una pelea entre ellos y alrededor de las 11.30 de la noche Gheorghe Nastase fue llevado al hospital. Según informes, este incidente fue investigado la misma tarde así como el 2 de julio por la mañana, por un equipo del ministerio del Interior y por un grupo de soldados de la unidad militar UM 02180.


Según informes, el 3 de julio, alrededor de las 3.30 de la tarde, entre 40 y 50 soldados de la misma unidad de la policía militar fueron al mercado de Piata Rahova. Llevaban uniformes de camuflaje y capuchas negras e iban armados con porras de goma, nunchakus (armas usadas en las artes marciales), patas de sillas y piquetas. Según los testimonios recibidos por Amnistía Internacional, los soldados se dividieron en tres grupos y atacaron indiscriminadamente a los romaníes que se encontraban en el mercado. Parece ser que a Gheorghe Mircea le golpearon con un palo en la cabeza, a consecuencia de lo cual quedó inconsciente. Los soldados continuaron golpeándole, a pesar de que sangraba por la cabeza. El Instituto de Medicina Legal de Bucarest afirmó tres horas más tarde que Gheorghe Mircea tenía una brecha de cuatro centímetros de longitud en la cabeza, por encima de la sien derecha y contusiones múltiples de gran tamaño en el hombro derecho, el pecho, el muslo y la pantorrilla. Ion Constantin recibió golpes con una porra de goma por encima del ojo derecho y en la nuca. A Maria Mircea la golpearon en la espalda y en el brazo derecho. Anisoara Duman estaba vendiendo cigarrillos y otros artículos cuando ella y su hijo fueron agredidos y golpeados. Al parecer, cuando algunos de los soldados alcanzaron a Stefan Marcu, que tenía un puesto en el mercado, le golpearon, arrojaron al suelo todos los objetos que estaban en venta y lanzaron al aire el dinero, unos 40.000 lei. Otro grupo de soldados entraron en el restaurante "Minodora", rompieron algunos muebles y amenazaron a las personas que estaban dentro, diciendo que la próxima vez destruirían sus casas.


Un periodista independiente que llegó al lugar de los hechos poco después de que empezaran, informaron de que 13 personas fueron heridas en este ataque, al parecer no provocado. Otro informe recibido por Amnistía Internacional afirmaba que dos agentes de la policía de tráfico y una unidad del ministerio del Interior, de servicio en aquel momento en Piata Rahova, no intervinieron para proteger a las víctimas del incidente.


Amnistía Internacional pidió al gobierno rumano que iniciara una investigación independiente sobre las presuntas torturas y malos tratos de que fueron objeto los romaníes en Piata Rahova, que hiciera públicos los resultados y que llevara a los responsables ante los tribunales.


Malos tratos a Béla Tankó y a Filip Póra


Béla Tankó, de etnia húngara, residente en la localidad de Lunca de Jos, en el municipio de Harghita, y Filip Póra, fueron, según informes, maltratados por dos agentes de policía y por un civil, que irrumpieron en el domicilio de Béla Tankó.


El día 1 de mayo, alrededor de la medianoche, dos agentes de policía y un civil irrumpieron en el domicilio de Béla Tankó sin presentar ningún documento oficial. Al parecer, los agentes de policía golpearon a Béla Tankó hasta que quedó inconsciente en el suelo. En aquel momento se hallaba en la casa Filip Póra, amigo de Tankó, al que, según informes, atacó la policía después de golpear a Béla Tankó. Además, la policía quitó, al parecer, 101.000 lei (una gran suma de dinero para un romaní) a Filip Póra, dinero con el que iba a pagar parte de un terreno que había comprado.


Las heridas que sufrió Béla Tankó eran especialmente graves, entre ellas fuertes hematomas en gran parte del rostro y del cuerpo, todas las cuales aparecían reflejadas en un informe médico.


A pesar de que varios vecinos de Lunca de Jos presenciaron la paliza recibida por Béla Tankó y Filip Póra, parece ser que la policía apenas hizo nada para investigar el caso. De hecho, varios testigos han afirmado que uno de los agentes implicados negó posteriormente que se hubiera producido la paliza y dijo que los agentes de policía estaban protegidos por la ley.


Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a que emprendieran una investigación completa e imparcial sobre este caso de malos tratos, que hicieran públicos los resultados y que llevaran a la justicia a todos los responsables.


Torturas y malos tratos contra Alexandru Tatulea


Alrededor de la medianoche del 18 al 19 de junio, Alexandru Tatulea, estudiante de 36 años de la Facultad de Bellas Artes de Bucarest, salía de su bloque de apartamentos para tomar un poco el aire. Mientras caminaba por la calle, se le acercaron un agente de policía y un soldado, los cuales le pidieron que les mostrara el documento de identidad. Respondió que no lo llevaba encima porque vivía muy cerca. El agente de policía y el soldado insistieron y, al parecer, Alexandru Tatulea respondió: "Miren, si están borrachos, ¿por qué han venido a por mí?"


Parece ser que uno de los agentes agarró a Alexander Tatulea y empezó a golpearle. Al parecer, los residentes de un bloque de apartamentos cercano pidieron a gritos al agente que dejara de golpearle. El soldado y el agente se lo llevaron a rastras hasta otra zona y allí volvieron a golpearle.


Finalmente, Alexandru Tatulea cayó al suelo, y uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sacó su pistola y le apuntó en la sien. Le preguntaron qué estaba haciendo en la calle y qué intentaba robar. "Si no me lo dices, te mato", dijo, al parecer, uno de los hombres. Alexandru Tatulea movió la cabeza repentinamente, de forma que el cañón del arma le apuntó a la cara. El hombre que llevaba la pistola disparó a bocajarro. La bala le entró por debajo del ojo izquierdo y le salió por detrás del oído derecho.


Sobrevivió a los disparos y, según informes, consiguió arrastrarse unos 10 o 15 metros del bloque de apartamentos más cercano. Empezó a hacer señas a los vehículos que pasaban, intentando que alguien parara y le llevara al hospital. Parece ser que el policía indicaba a los vehículos que siguieran adelante, y decía: "Al diablo con él, no está muerto."


Alexandru Tatulea dijo que tenía el cuello tremendamente hinchado; no podía hablar, mover la cabeza ni cerrar el ojo derecho. Según los informes, de vez en cuando, el soldado venía a ver si aún estaba vivo y le ponía el encendedor debajo de la nariz y delante de los ojos, produciéndole quemaduras en la nariz y el bigote. Finalmente, dos transeuntes lo llevaron a su casa y llamaron a una ambulancia para que lo trasladara al hospital.


Varios días después de la paliza, Alexandru Tatulea aún tenía dos enormes hematomas, uno en el brazo y otro en el muslo. Según los informes del Instituto de Medicina Legal de Bucarest, Alexandru Tatulea podría perder la vista del ojo izquierdo y el oído izquierdo. También sufre parálisis en la parte izquierda de la cara y tiene muchas posibilidades de sufrir incapacidad permanente y graves complicaciones neurológicas.


Amnistía Internacional supo que el agente de policía presuntamente responsable de los malos tratos y las lesiones fue detenido en junio. No obstante, en octubre ya estaba en libertad y se presentó, junto con otros cuatro agentes de policía, en el domicilio de Alexandru Tatulea. Le entregaron una citación para que testificara ante el fiscal militar y le amenazaron para que retirara todos los cargos.


Amnistía Internacional pidió a las autoridades rumanas que emprendieran una investigación completa e imparcial sobre el caso, que hiciera públicos los resultados y que llevaran ante los tribunales a los responsables. Amnistía Internacional instó también a las autoridades a que protegieran a Alexandru Tatulea de nuevas intimidaciones y acosos de los agentes de policía.


Actualización sobre la "desaparición" de Viorel Horia (véase Índice AI: EUR 01/01/91/s)


Durante 1991, Amnistía Internacional expresó su preocupación a las autoridades rumanas sobre la suerte que había corrido Viorel Horia, escolar, nacido el 23 de febrero de 1975, cuyo paradero seguía siendo desconocido después de ser detenido, según informes, el 13 de junio de 1990 en Bucarest. Se recibieron respuestas de algunas autoridades gubernamentales y del fiscal general, según las cuales se habían tomado todas las medidas legales y se habían llevado a cabo las comprobaciones adecuadas. Las autoridades expresaron sus dudas de que Viorel Horia hubiera participado en las manifestaciones celebradas en Bucarest del 13 al 15 de junio de 1990 y negaron que hubiera estado detenido en la base militar de Măgurele antes de su "desaparición".


Amnistía Internacional escribió al fiscal general en julio confirmando que Viorel Horia había participado en las manifestaciones (había sido identificado por testigos en una película producida por el Grupo para el Diálogo Social) y que había sido maltratado en la base militar de Măgurele, donde fue visto por última vez el 16 de junio.


Natalia Horia, madre de Viorel, sufrió, según informes, las presiones de la policía y de otras autoridades cuando intentaba obtener información sobre la "desaparición" de su hijo. Amnistía Internacional expresó su preocupación al fiscal general sobre los informes según los cuales Natalia Horia había sufrido acoso e intimidación, y pidió a las autoridades rumanas que garantizaran que tanto ella como otras personas que intentaban esclarecer el paradero de Viorel Horia eran protegidas de tales actos.


En septiembre, el fiscal general respondió que se había ordenado a las autoridades policiales competentes volver a examinar las listas de todas las personas detenidas en Măgurele y entrevistar a los empleados de las fuerzas del ejército y de la policía que estaban presentes en la base militar entre los días 13 y 17 de junio de 1990, así como esclarecer el asunto de los cadáveres no identificados enterrados en el cementerio de Străuleşti.


Investigación sobre los disparos recibidos por manifestantes en septiembre de 1991


Recientemente, Amnistía Internacional tuvo noticias de los disparos sufridos por Andrei Frumuşanu, estudiante de 21 años, y por Aurica Crăiniceanu, obrera cualificada de 28 años y madre de dos hijos, durante las manifestaciones antigubernamentales celebradas en la Piaţa Victoriei el 25 septiembre de 1991 por la tarde.


Un testigo de los disparos recibidos por Andrei Frumuşanu informó de que había visto a un militar en el balcón central del Palacio de Gobierno. Al parecer, el militar, que llevaba uniforme de camuflaje y máscara antigás, estaba apuntando con un arma a los manifestantes que había en la plaza. Los testigos describieron el arma diciendo que era un tipo especial de pistola de bengalas. El militar apuntó a un grupo de personas, entre las que se encontraba Andrei Frumuşanu, que recibió un disparo de bengala y murió a consecuencia de heridas internas.


Más o menos al mismo tiempo, a Aurica Crăiniceanu también le dispararon delante del Palacio de Gobierno. Fue llevada inmediatamente al hospital municipal por su esposo. Los informes médicos indican que un misil cilíndrico de cinco centímetros de largo y tres centímetros de diámetro le perforó el pulmón derecho. Murió a las a las 7.30 de la tarde a consecuencia de una conmoción traumática y una de hemorragia torácica.


Amnistía Internacional ha tenido noticias de que se ha iniciado una investigación sobre la muerte de Andrei Frumuşanu y Aurica Crăiniceanu. Según informes, a Stefan Frumuşanu, padre de Andrei, le dijo el capitán Surdescu, fiscal militar, que se había averiguado la identidad del militar que disparó contra Andrei. Parece ser que esta persona es un oficial de alta graduación. No obstante, aún no se ha acusado a nadie en relación con estas muertes. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades rumanas a que garanticen que se llevan a cabo investigaciones completas e imparciales sobre la muerte de Andrei Frumuşanu y Aurica Crăiniceanu, que se hacen públicos los resultados y que los responsables son llevados ante los tribunales.


SUIZA


Objeción de conciencia al servicio militar (actualización de la información contenida en EUR 01/03/92/s)


El 17 de mayo el 82,5 de los votantes suizos aprobaron mediante referéndum nacional una propuesta de enmienda a la Constitución federal por la que se introducía por primera vez una alternativa civil al servicio militar obligatorio. La votación enmendó el artículo 18.1 de la Constitución Federal, que establece que todos los ciudadanos suizos varones tienen la obligación de realizar el servicio militar ("Tout Suisse est tenu au service militaire"/"Jeder Scheiz ist wehrpflichtig"), al añadir una cláusula que manifestaba que "la ley establece un servicio civil alternativo" ("La loi organise un service civil"/"Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor").


Amnistía Internacional llevaba manifestando desde hacía tiempo su preocupación por el encarcelamiento de centenares de reclutas todos los años como consecuencia de su negativa a realizar el servicio militar por motivos de conciencia, y había solicitado que quedaran en libertad como presos de conciencia. La organización también ha presionado reiteradamente para que se introduzca el derecho a rechazar el servicio militar por motivos de conciencia y para que se constituya un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio.


Por tanto, Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la enmienda a la Constitución que introducía el principio de servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio, como un primer paso previo fundamental para la introducción, en la práctica, de un servicio civil alternativo auténtico, al margen del sistema militar y de naturaleza no punitiva, al que pudieran acogerse los reclutas que fuesen objetores al servicio militar por motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos, políticos o similares.


El Departamento Militar Federal y la Oficina Federal para Industria, Comercio y Trabajo (Bundesamt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit/Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail) están elaborando el texto de una ley que establece la naturaleza y duración del servicio civil alternativo para que sea examinado por el Parlamento. Por tanto, el servicio civil alternativo todavía no es una opción para los objetores de conciencia al servicio militar en Suiza, los cuales mientras tanto continúan estando sujetos al Código Penal Militar.


Aplicación del Código Penal Militar a los objetores de conciencia


Todos los objetores de conciencia al servicio militar continuaron siendo juzgados por tribunales militares en virtud de las disposiciones del Código Penal Militar enmendado que entró en vigor a mediados de julio de 1991 (véase Índice AI: EUR 01/02/91/s y 01/03/92/s). Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el hecho de que el Código Penal Militar sigue siendo punitivo para las personas que se niegan a realizar el servicio militar por motivos de objeción de conciencia y no ofrece un auténtico servicio civil alternativo.


En virtud de las disposiciones del Código Penal enmendado, la negativa a realizar el servicio militar sigue siendo un delito. Si un tribunal militar decide que un recluta no puede compatibilizar el servicio militar con su conciencia a causa de "valores éticos fundamentales", en ese caso, es condenado a un periodo de trabajo de interés público, sin que conste como antecedente penal. La ley establece penas de trabajo obligatorio que oscilan entre una vez y media la duración del servicio militar normal, hasta un máximo de dos años. Se puede exigir a los reclutas que cumplan la condena de una vez o en varias partes a lo largo de un periodo máximo de diez años. Las personas que rechazan el servicio militar por motivos de conciencia que los tribunales militares no admiten, como los motivos políticas, y aquellos que no logran convencer a los tribunales de que su negativa se basa en valores éticos fundamentales, incompatibles con el servicio militar, continúan estando sujetas a penas de prisión y a antecedentes penales.


Los reclutas no empezaron a cumplir las condenas a trabajo obligatorio hasta después del 15 de julio de 1992, fecha en que entró en vigor la nueva legislación pertinente. Un reducido número de objetores de conciencia a los que las autoridades militares consideraron merecedores de una sentencia a trabajo obligatorio anunciaron durante sus procesos que no cumplirían dicha condena; no consideraban que la sentencia impuesta por un tribunal militar en un juicio por un delito penal constituyera un auténtico servicio civil alternativo.


Por ejemplo, Nicolás Carron, agricultor de 32 años, ingresó en la cárcel de Crête-Longue el 10 de junio para iniciar una condena de dos meses de prisión que le impusieron después de que informó al tribunal militar que veía su caso de que se negaba a cumplir la condena a trabajo obligatorio.


Había realizado la formación de recluta y siete cursos de perfeccionamiento del servicio militar, conforme le habían ordenado, pero en noviembre de 1990 escribió a las autoridades militares informándoles de que se negaba a realizar el servicio militar por motivos de conciencia. Se instruyó contra él un sumario por no a presentarse a una inspección militar y a un curso militar de perfeccionamiento en 1990.


Explicó el desarrollo de su filosofía de la no violencia y su fe en la vida y enseñanzas de Cristo a un tribunal militar que vio su caso en Yverdon-les-Bains en febrero de 1992. El tribunal decidió que su sinceridad estaba fuera de duda, que había basado su actuación en "valores éticos fundamentales" que le resultaban incompatibles con la continuación del servicio militar y que, en virtud de las disposiciones del Código Penal Militar y de sus enmiendas de 1991, reunía los requisitos para la condena al periodo de trabajo obligatorio y no a la cárcel. Sin embargo, Nicolás Carron manifestó que se negaba a cumplir dicha condena porque para él la enmienda al Código Penal Militar era inaceptable. Manifestó su esperanza de que actos individuales de este tipo ayudarían a que mejorara la situación de los objetores de conciencia suizos más rápidamente. Dado su negativa a aceptar la condena al periodo de trabajo obligatorio, el tribunal le condenó a dos de meses de cárcel y a pagar las costas del juicio, más 700 francos suizos; quedó excluido del servicio militar.


Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, en algunos casos los tribunales realizaron una interpretación limitada de lo que constituían "valores éticos fundamentales" incompatibles con el servicio militar. Por ejemplo, los reclutas a los que se reconocía que ofrecían objeciones éticas al servicio militar no se les consideraba para el trabajo obligatorio si también parecían plantear objeciones políticas; los reclutas que ofrecían objeciones éticas u opiniones no violentas a veces no se consideraban aptos para las condenas a periodos de trabajo si no podían demostrar que estas opiniones estaban avaladas por un compromiso personal activo a través del trabajo voluntario en una organización benéfica.


Los objetores de conciencia que no convencían a los tribunales de que eran merecedores de una condena a periodo de trabajo y los que declaraban que no la cumplirían podían ser condenados a tres años de cárcel, pero en la práctica se solían imponer penas de diez meses. Muchas de las personas condenadas durante el periodo que abarca este documento formularon apelaciones contra sus sentencias y seguían en libertad, a la espera de la resolución de sus apelaciones, en octubre. Además, había una moratoria en vigor en varios cantones en relación con el cumplimiento de las penas de cárcel impuestas por negativas a cumplir el servicio militar.


TAYIKISTÁN


En mayo manifestaciones rivales de apoyo y de oposición al presidente Rakhmon Nabiyev acabaron en conflictos armados en la capital, Dushanbe. A consecuencia de estos conflictos, el presidente se vio obligado a incluir a políticos de la oposición en un gobierno de coalición. A partir de entonces, el centro de los conflictos políticos se trasladó al sur del país, donde los grupos armados se dividen según razones políticas y por clanes. Las luchas aumentaron cuando los opositores al presidente Nabiyev le obligaron a dimitir en septiembre y a fines de octubre fuerzas que decían apoyar al presidente destituido ocuparon brevemente el centro de Dushanbe, aunque fueron expulsadas por tropas gubernamentales.


Ejecuciones extrajudiciales


Centenares de personas perdieron sus vidas como consecuencia del conflicto armado en Dushanbe y en el sur de Tayikistán. Los informes indican que entre las víctimas habían civiles no combatientes, aunque la información sobre tales víctimas y las circunstancias de sus muertes era extremadamente difícil de obtener.


Amnistía Internacional escribió al gobierno en junio para expresar su preocupación por la muerte de varias personas en Dushanbe entre el 5 y el 10 de mayo como consecuencia de actuaciones de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares, y para expresar su satisfacción por la decisión del gobierno de crear una comisión de investigación sobre estas muertes. La organización señaló que algunas de estas muertes, concretamente la de nueve personas en el exterior del edificio del Comité de Seguridad Nacional el 10 de mayo, parecían haber sido el resultado de actuaciones que violaban las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Se ha informado que estas nueve personas participaban en una marcha pacífica a la sede del Comité de Seguridad Nacional de miembros de la oposición, los cuales consideraban que el presidente Nabiyev se encontraba en el interior. Al acercarse al edificio, parece ser que miembros de las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra ellos.


La organización también expresó su preocupación por la muerte del teniente coronel Georgy Dyadyk, comandante segundo de división en el cuartel de Dushanbe de las fuerzas armadas de la Comunidad de Estados Independiente (CEI), y de su conductor, soldado raso Timur Rustamov, el 6 de mayo. Se ha informado que miembros de la Guardia Nacional, fuerza de breve duración creada por el presidente Nabiyev, dispararon contra el vehículo en el que viajaban, sin mediar provocación, en las proximidades de un centro radiofónico en Dushanbe. Según parece, el teniente coronel Dyadyk murió al instante, mientras que el soldado Rustamov lo hizo posteriormente en el hospital como consecuencia de las heridas sufridas. Los informes indican que las fuerzas armadas de la CEI mantuvieron una postura declarada de neutralidad durante el conflicto de mayo en Dushanbe entre las fuerzas leales al presidente y las opositoras.


Objeción de conciencia al servicio militar


Amnistía Internacional escribió en octubre al presidente en funciones, Akbarsho Iskandarov, sobre los informes de que había promulgado un decreto sobre nuevo reclutamiento de ciudadanos para el ejército nacional, las fuerzas armadas conjuntas de la CEI y las tropas fronterizas e internas de Tayikistán. Según los informes, el decreto ley ordenaba a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que adoptaran "medidas firmes con respecto a los ciudadanos que evitaban el reclutamiento."


Aunque reconocía que en ciertas zonas de la república existía una situación de conflicto armado, Amnistía Internacional instaba al presidente en funciones que garantizara la posibilidad de un servicio civil alternativo, de duración no punitiva, para los jóvenes reclutas que se declararan objetores de conciencia al servicio militar obligatorio, así como que nadie fuera procesado ni encarcelado por negarse a incorporarse a filas por motivos de conciencia.


Presos políticos


Actualización del caso de Maksud Ikramov


Maksud Ikramov, ex alcalde de Dushanbe arrestado en marzo por corrupción y que, según parece, no dispuso de una asistencia letrada adecuada (véase Índice AI: EUR 01/03/92/s), fue puesto en libertad en la ciudad de Khodzhent a principios de octubre. Por las declaraciones realizadas por Maksud Ikramov en una entrevista radiofónica, parecer ser que se han abandonado los cargos contra él.


TURQUÍA


Continúan los homicidios políticos y las presuntas ejecuciones extrajudiciales; no se han hecho progresos en relación con las salvaguardias contra la tortura.


Al tiempo que la intensidad del conflicto en el sureste de Turquía entre las fuerzas de seguridad y los efectivos guerrilleros del Partido de los Trabajadores Kurdos (Partiya Karkeren Kurdistan - PKK) ha experimentado un incremento considerable, Amnistía Internacional ha continuado expresando su más profunda preocupación por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que le han llegado de esa región del país. También se han formulado denuncias de ejecución extrajudicial en relación con las operaciones policiales realizadas contra "casas francas"1de la organización de guerrilla urbana Devrimci Sol en Ankara, Estambul y Adana.


No se aprobó un conjunto de reformas legislativas que, según se aseguró, iban a suponer el fin del problema, que se arrastra desde hace años, de la tortura en las comisarías de policía y en las gendarmerías: A los detenidos continuaba privándoseles de libertad durante prolongados periodos (hasta 30 días en las 10 provincias del sureste del país en que está en vigor la legislación de emergencia, y hasta 15 días en el resto de Turquía) sin beneficiarse siquiera de las salvaguardias más fundamentales contra la tortura. Entre mayo y octubre, Amnistía Internacional recibió multitud de informes detallados sobre torturas y, durante ese periodo, al menos cinco personas detenidas por la policía murieron posteriormente, al parecer a consecuencia de las torturas a que fueron sometidas.


Amnistía Internacional también ha manifestado su inquietud por el uso de las armas de fuego contra manifestantes desarmados. Desde las protestas mundiales a raíz de los disparos efectuados contra civiles desarmados en los disturbios del Nevroz (festividad del año nuevo kurdo) no se ha emprendido investigación pública de ningún tipo sobre las muertes con que se saldaron aquellos incidentes, como tampoco, hasta donde ha podido saber Amnistía Internacional, se han emprendido acciones legales contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con esas muertes. En Şırnak, localidad en la que perdieron la vida 38 personas durante los disturbios del Nevroz, se registró un nuevo incidente en el mes de agosto: Las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente contra zonas residenciales de la ciudad, al parecer como un ejercicio punitivo en represalia por las acciones guerrilleras del PKK.


Por su parte, según los informes, el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) también perpetró abusos de los derechos humanos como, por ejemplo, la "ejecución" de prisioneros, así como disparar contra civiles desarmados no implicados en el conflicto. En octubre, la guerrilla del PKK parece que consiguió entrar en el pueblo de Cevizdali, provincia de Bitlis, y desarmar al cuerpo de guardia local (los cuerpos de guardia locales son fuerzas paramilitares que el gobierno constituye, arma y financia con el fin de impedir el acceso de la guerrilla del PKK al apoyo popular en los pueblos). Poco después, un pequeño grupo de guerrilleros que se encontraba en el extremo más alejado de la localidad mantuvo un intercambio de fuego con los refuerzos llegados de un puesto de seguridad situado en las cercanías. Al oír los disparos, el grupo principal de guerrilleros abrió fuego contra los habitantes del pueblo, que en esos momentos se hallaban congregados, dando muerte a 37 personas, entre ellas muchas mujeres y niños.


En noviembre Amnistía Internacional publicó un informe en el que describía detalladamente sus preocupaciones en relación con Turquía: Turkey: Walls of Glass (Índice AI: EUR 44/75/92); véanse también los documentos de índice AI: EUR 44/77/92 y EUR 44/94/92.

TURKMENISTÁN


En el mes de octubre Amnistía Internacional realizó su primera visita a Turkmenistán. Sin embargo, la policía detuvo a los delegados de la organización cuando llevaban menos de 24 horas en el país, siendo expulsados poco después con el pretexto de unas presuntas irregularidades en los visados. Posteriormente, Amnistía Internacional remitió una carta de protesta al gobierno turkmeno por la expulsión de su delegación.


Arresto domiciliario de dirigentes de la oposición


Los presos de conciencia Ak-Mukhammed Velsapar, Khudayberdi Khalli, Nurberdi Nurmamedov, Klych Yarmammedov, Yusup Kadyrov, Aman Gurshayev, Tuvak Takhatov y Akbabek Atayeva, todos ellos miembros del movimiento político de oposición pacífica Agzybirlik, fueron puestos bajo arresto domiciliario en sus domicilios de la capital, Ashgabat, los días 24 y 25 de octubre. Según los informes, la policía saqueó los domicilios de Ak-Mukhammed Velsapar y de Khudayberdi Khalli. El 1 de noviembre todos estaban en libertad.


Algunas fuentes han sugerido que los pusieron bajo arresto domiciliario porque tres de ellos habían mantenido contactos unas horas antes con los representantes de Amnistía Internacional, y porque las autoridades deseaban evitar cualquier posible alteración opositora de las celebraciones oficiales del 26 y 27 de octubre, primer aniversario de la declaración de independencia del Turkmenistán de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).


Amnistía Internacional protestó ante las autoridades turkmenas manifestando que el arresto de estas personas era una violación directa de sus derechos humanos fundamentales. Asimismo, la organización formuló un llamamiento a las autoridades para que, de forma inmediata e incondicional, levantaran el régimen de arresto domiciliario que se les había impuesto.


La pena de muerte


Amnistía Internacional tuvo conocimiento de una nueva sentencia a muerte, impuesta a Bayramgeldy Charyyev en noviembre de 1991 por asesinato con agravantes. La organización llevó a cabo una campaña en favor de la conmutación de esta condena a la pena máxima y continuó ejerciendo presiones en favor de la abolición de la pena capital en Tukmenistán. En octubre, la delegación de Amnistía Internacional que estaba de visita en el país pudo saber que Bayramgeldy Charyyev ya había sido ejecutado.


UCRANIA


La pena de muerte


Durante el periodo de revisión se recibieron informes de al menos dos ejecuciones. Amnistía Internacional pudo saber que Leonid Kupriyanov fue ejecutado el 4 de marzo de 1992, después de que el presidente Kravchuk rechazara su petición de clemencia, la última posibilidad que tenía de que su pena fuera suspendida. Leonid Kupriyanov había sido sentenciado a muerte por asesinato en noviembre de 1990. Por otra parte, el presidente Kravchuk rechazó en septiembre una petición de clemencia en favor de Viktor Gorokhov, que había sido sentenciado a muerte por asesinato en marzo. Se desconoce la fecha exacta de su ajusticiamiento.


Amnistía Internacional aún no había recibido respuesta alguna a sus solicitudes de información sobre las estadísticas oficiales en relación con la aplicación de la pena de muerte en Ucrania (véase EUR 01/03/92/s). En el periodo de revisión, fuentes no oficiales informaron sobre la imposición de dos condenas a muerte, aunque se cree que la cifra de sentencias impuestas podría ser muy superior. Amnistía Internacional continuó ejerciendo presiones sobre las autoridades para que conmutasen todas las sentencias a la pena máxima, para que redujesen el ámbito de aplicación de esta pena como medida previa a su total abolición, y para que impusieran una moratoria a todas las sentencias a muerte y a las ejecuciones hasta que se efectúe en el país una revisión de la aplicación de este castigo.


UZBEKISTÁN


Presos de conciencia


Babur Shakirov


Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata e incondicional de Babur Shakirov, detenido el 14 de agosto en la capital, Tashkent, y acusado de "llamar al derrocamiento del Estado y del orden social" (Artículo 60 del código de enjuiciamiento criminal de Uzbekistán). Al parecer, los cargos se referían a las actividades de Babur Shakirov en relación con la creación de una organización social llamada Milli Mejlis ("Consejo Nacional"), que, según informes, intentaba servir como una especie de foro al estilo parlamentario en el que serían invitados a participar todos los grupos democráticos y nacionalistas y personalidades del mundo empresarial. Amnistía Internacional sentía preocupación porque Babur Shakirov fue detenido por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de asociación, y le consideró preso de conciencia.


Babur Shakirov había sido preso de conciencia bajo el gobierno soviético, y había estado encarcelado entre 1970 y 1980, acusado de traición y de agitación y propaganda antisoviéticas. La acusación anterior estaba relacionada con un intento ilegal de abandonar la URSS, y la última con sus anteriores actividades nacionalistas. Había sido adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional cuando la organización recibió informes sobre su caso en 1975.


Pulat Akhunov


Amnistía Internacional pidió más información a las autoridades sobre los cargos presentados contra Pulat Akunov, probable preso de conciencia. Vicepresidente del movimiento legal de oposición Birlik y ex diputado del Soviet Supremo de la URSS, fue detenido el 29 de julio en Shakhrikhan, región de Andizhan, y fue juzgado el 14 de septiembre en la localidad de Andizhan, acusado de agresión.


Amnistía Internacional sentía preocupación por las denuncias según las cuales los cargos eran falsos, y habían sido inventados para castigar a Pulat Akhunov por sus actividades políticas no violentas de oposición al gobierno de Uzbekistán. Según fuentes extraoficiales, la presunta víctima de la agresión había estado bajo custodia policial por cargos de violación y robo hasta que poco antes de la presunta agresión, y por sugerencia de la policía había afirmado que Pulat Akhunov era la persona que le había agredido.


Inmediatamente antes de su detención, Pulat Akhunov había cumplido dos sentencias consecutivas de 10 días de detención administrativa (véase más abajo). La primera condena se debió a una "agresión contra un agente de policía" y estaba relacionado con una ocasión en la que la policía

le hizo detenerse cuando iba en su coche por un presunto delito de tráfico. Cuando cumplió la condena, inmediatamente le impusieron otra de 10 días por "pelearse con un compañero de la prisión". Según fuentes extraoficiales, estos delitos fueron inventados o provocados por las autoridades: afirmaron que el incidente en el que estaba basado el segundo cargo ocurrió cuando un preso violento fue encerrado deliberadamente en la misma celda que Pulat Akhunov y le agredió. Estas fuentes afirmaron que el verdadero motivo para detener a Pulat Akhunov era castigarle por un intento de organizar una reunión de dirigentes de Birlik, de los miembros más antiguos del partido legal de oposición Erk, y representantes de grupos islámicos.


Detención breve


Las "detención administrativa" breve, que puede ser impuesta por un sólo juez durante más de 15 días sin derecho de apelación, continuó usándose para detener a personas que intentaban ejercer su derecho a las libertades de expresión y asociación. A principios de julio, por ejemplo, Mikhail Ardzinov estuvo 10 días encarcelado, la parecer en relación con sus actividades pacíficas como vicepresidente de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán, de carácter ilegal.


Agresiones contra activistas de oposición y periodistas


En julio, Amnistía Internacional expresó su preocupación sobre al menos seis incidentes en los que miembros destacados de Birlik y periodistas independientes habían sido brutalmente atacados por agresores desconocidos. En junio, por ejemplo, el presidente de Birlik, Abdurakhim Pulatov, necesitó asistencia hospitalaria de urgencia por fracturas de cráneo después de ser atacado junto con Miralim Odilov, miembro del presidium de Birlik, por cuatro hombres con barras metálicas cuando salían de una entrevista en una comisaría de policía de Tashkent. Parece ser que el subjefe de policía de Tashkent y el fiscal adjunto de la ciudad presenciaron la agresión, pero no intervinieron. Miralim Odilov ya había sufrido dos agresiones similares en las cinco semanas anteriores.


Según informes, Amnistía Internacional sentía preocupación porque las autoridades apenas habían hecho esfuerzos para identificar a los agresores. La organización pidió a las autoridades que garantizaran que los incidentes se investigarían a fondo y que harían todos los esfuerzos posibles para identificar a los responsables y llevarlos ante los tribunales.


Tras plantear sus preocupaciones a las autoridades, Amnistía Internacional tuvo noticias de una nueva agresión, de nuevo contra Abdurakhim Pulatov.


Objeción de conciencia al servicio militar


En octubre, Amnistía Internacional escribió al ministro de Defensa, Rustam Akhmedov, repitiendo sus preocupaciones sobre los derechos de los objetores de conciencia al servicio militar. Según recientes informes de los medios de comunicación sobre el anuncio del comienzo de la primera llamada a filas a las propias fuerzas armadas de Uzbekistán, todos los varones entre 18 y 27 años debían realizar el servicio militar excepto en casos en los que el varón en cuestión fuera el único o el más joven de la familia, o fuera miembro del clero. También se informó de que los creyentes podían acceder al servicio alternativo.


Amnistía Internacional pidió al ministro más información acerca de las disposiciones sobre el servicio civil alternativo en Uzbekistán. La organización preguntó específicamente si el servicio alternativo sería de naturaleza completamente civil; si estaría abierto sólo a los creyentes religiosos o también a los jóvenes objetores de conciencia al servicio militar por motivos políticos, éticos u otros motivos de conciencia; y si la longitud del servicio alternativo sería la misma que la del servicio militar.


RATIFICACIONES


Los Estados que han ratificado o accedido a una convención son parte del tratado y están obligados a cumplir sus disposiciones. Los Estados que la han firmado pero no la han ratificado aún han expresado su intención de convertirse en Estados partes en una fecha futura; mientras tanto, están obligados a no cometer actos que violen el propósito del tratado.


REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN


El 13 de agosto, Azerbaiyán se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


BULGARIA


Bulgaria firmó el Convenio (Europeo) para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales el 7 de mayo y lo ratificó el 7 de septiembre.


CROACIA


El 12 de octubre, Croacia se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


REPÚBLICA FEDERAL CHECA Y ESLOVACA


El 18 de marzo, la República Federal Checa y Eslovaca ratificó el Convenio (Europeo) para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Civiles y su Sexto Protocolo, que estipula la abolición de la pena de muerte para delitos cometidos en tiempos de paz.


ALEMANIA


El 18 de agosto, la República Federal de Alemania ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles (destinado a abolir la pena de muerte).


HUNGRÍA


El 5 de noviembre, Hungría ratificó el Convenio (Europeo) para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y su Sexto Protocolo, que estipula la abolición de la pena de muerte para delitos cometidos en tiempos de paz.


IRLANDA


El 28 de septiembre Irlanda firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


LUXEMBURGO


El 12 de febrero, Luxemburgo ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (destinado a abolir la pena de muerte).


ESLOVENIA


El 6 de julio, Eslovenia se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


SUIZA


El 18 de junio, Suiza se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


UCRANIA


El 28 de julio, Ucrania hizo una declaración en virtud del artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconociendo el derecho del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a recibir y estudiar las reclamaciones de otros Estados partes cuando consideren que no está cumpliendo las obligaciones adquiridas en virtud del Pacto.


SOLICITANTES DE ASILO


La necesidad de un procedimiento justo


Amnistía Internacional siente preocupación por las propuestas más recientes que están discutiendo los estados miembros de la Comunidad Europea (CE) sobre el tratamiento de las solicitudes de asilo que son consideradas "manifiestamente infundadas" y por las presentadas por los solicitantes de asilo que, según argumenta la CE, pueden ser repatriados a un país de origen "seguro" o enviados a un tercer país "seguro". Con estas propuestas se pretende avanzar en el proceso de "armonización" de las leyes y la prácticas de los Estados miembros en relación con la política de asilo. Este proceso se inició en la preparación de los acuerdos para controlar las fronteras externas de los países miembros de la CE y para determinar qué Estado es responsable de gestionar una petición de asilo (las preocupaciones de la organización sobre estos argumentos se exponían en Índice AI: EUR 01/02/91/s).


En noviembre de 1992, las Secciones de Amnistía Internacional de los estados miembros de la CE publicaron un informe conjunto [Europe: Harmonization of asylum policy - accelerated procedures for "manifestly unfounded" asylum claims and the "safe country" concept (Europa: Armonización de la política de asilo procedimientos acelerados para las solicitudes de asilo "manifiestamente infundadas" y el concepto de "país seguro")], en el que planteaba las preocupaciones actuales de la organización. El informe describía las deficiencias de los procedimientos de asilo en varios países europeos y expresaba preocupación porque las últimas propuestas harían en muchos casos más difícil para los solicitantes de asilo el acceso a un procedimiento de asilo justo y satisfactorio en Europa. En ese informe, Amnistía Internacional argumentaba que un acuerdo internacional vinculante, que establece reglas mínimas para un procedimiento de asilo justo debía ser una cuestión prioritaria, especialmente para los países miembros de la CE, y proponía diversos principios esenciales que deben ser incluidos en un acuerdo de ese tipo. Estos principios esenciales incluyen el que todas las peticiones de asilo deben ser examinadas minuciosamente por una autoridad independiente y especializada; las personas que tomen las decisiones deben ser expertos en legislación internacional de derechos humanos y en legislación sobre refugiados, y deben tener en cuenta la información sobre derechos humanos obtenida de las fuentes independientes más diversas. Un solicitante de asilo debe poder comparecer ante una de las personas que toman las decisiones cuando su caso es examinado por primera vez, y en todas las etapas del proceso debe gozar del derecho a disponer de asesoramiento legal. Todos los solicitantes de asilo cuyas solicitudes se rechace deben tener derecho a que se revise su caso mediante un proceso judicial antes de ser expulsados del país, aunque en circunstancias excepcionales esta revisión debe acelerarse.




1Casas que sirven de refugio a los miembros de los grupos de oposición armada que operan en las ciudades.

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