Document - Europe: State of denial: Europe’s role in rendition and secret detention



Público

Amnistía Internacional



Negar la evidencia

La participación de Europa

en las entregas extraordinarias

y detenciones secretas














Índice AI: EUR 01/003/2008


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Índice


Negar la evidencia

La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas

Introducción


La policía de Bosnia y Herzegovina detuvo a Mustafa Aït Idir y a otros cinco hombres. En Milán, un agente italiano ayudó a secuestrar a Usama Mostafa Hassan Nasr, más conocido como Abu Omar. Funcionarios macedonios aprehendieron a Khaled el-Masri. La policía sueca detuvo a Ahmed Agiza y Mohammed el Zari. Probablemente fuera una información suministrada por las fuerzas de seguridad alemanas lo que condujo a la detención de Muhammad Zammar en Marruecos, y unos telegramas enviados por las fuerzas de seguridad del Reino Unido dieron lugar a la detención de Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna en Gambia.


Todos estos hombres tienen en común lo que les ocurrió posteriormente: quedaron bajo custodia de otro Estado, en secreto y sin que mediase ningún proceso judicial, y fueron trasladados a otro país. En algunos casos, Estados Unidos cedió su custodia a países en los que corrían un peligro real de sufrir tortura u otros malos tratos; en otros, fueron trasladados a centros de detención en Afganistán o Guantánamo.1 Todos esos hombres se encontraron encerrados en lugares en donde parecía no existir el Estado de derecho, en donde nadie les decía qué les iba a pasar . Algunos fueron víctimas de desaparición forzada, incluso bajo custodia de Estados Unidos. Todos afirman haber sido torturados o sometidos a otros malos tratos. En pocas palabras, todos fueron víctimas del programa de entregas extraordinarias dirigido por Estados Unidos.2


Hace tiempo que se tiene constancia de la participación de Estados europeos en estos casos, pese a los desmentidos de gobiernos individuales y a la confusión que han sembrado en torno a este tema. Sin embargo, el alcance de su intervención se ha hecho cada vez más evidente y alarmante, al ir aumentando la información procedente de las investigaciones sobre la participación de Europa en la “guerra contra el terror” encabezada por Estados Unidos.


El papel desempeñado por algunos Estados europeos en las entregas y las detenciones secretas ha oscilado entre la participación activa y la connivencia tácita. Agentes europeos han detenido o recluido a sospechosos y los han dejado bajo custodia de Estados Unidos sin que haya existido un proceso judicial. Han participado directamente en aprehensiones ilegales, en un caso ayudando a agentes estadounidenses a secuestrar a un sospechoso en plena calle en Italia antes de su entrega extraordinaria a Egipto. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense ha utilizado libremente aeropuertos europeos para operar aviones que han transportado a víctimas de entregas extraordinarias, encapuchadas y encadenadas, con el fin de someterlas a interrogatorio y malos tratos mientras permanecían recluidas en secreto y en régimen de incomunicación en lugares de todo el mundo, incluida Europa. Agentes de Estados europeos han aprovechado la detención ilegal de algunas de las personas recluidas para interrogarlas, sin hacer nada para alertar a sus familiares sobre su paradero ni intentar solucionar la detención ilegal, que en sí misma ya constituye una violación de derechos humanos. Las investigaciones realizadas han determinado que, entre 2003 y 2005, en Europa hubo prisiones secretas gestionadas por la CIA, en donde detenidos que eran víctimas de desaparición forzada permanecían recluidos en condiciones que constituían tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.


Amnistía Internacional reconoce la obligación de los gobiernos de proteger a la población frente a los ataques, incluidos los actos de terrorismo, y admite que la cooperación internacional puede ayudar a lograr este objetivo. Al mismo tiempo, todos los gobiernos deben cumplir los principios reconocidos internacionalmente y la obligación jurídica de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho incluso al responder a actos o amenazas de terrorismo. El Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, ha destacado que los Estados están obligados a “cerciorarse de que las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional […], en particular las normas relativas a los derechos humanos y a los refugiados y el derecho humanitario”.3


Puede que los Estados europeos implicados no hayan sido los impulsores de los programas de entregas extraordinarias encubiertas y detenciones secretas, y es posible que no sean directamente responsables de muchas de las violaciones de derechos humanos sufridas por los detenidos, pero, de todos modos, son culpables.4 En muchos casos aún no está claro qué Estados han participado en estos hechos ni cuál ha sido el alcance real de su intervención.


La participación europea en las entregas se vio facilitada por disposiciones militares que hizo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en los días posteriores a los atentados que se produjeron en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Estos planes concedían a aviones militares estadounidenses el derecho a sobrevolar libremente el territorio de la OTAN y a acceder a las instalaciones aeroportuarias. Una investigación realizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha determinado que estas disposiciones otorgaron de hecho a los agentes de la CIA plena libertad en suelo europeo, todo ello bajo un manto de misterio y con amplia colaboración entre los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses.


Los Estados europeos implicados ocultaron su participación en las entregas extraordinarias y detenciones secretas hasta 2004. En la actualidad, tras meticulosas investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional, otras ONG, periodistas, abogados, fiscales de algunos Estados europeos y dos organismos del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, se conocen algunos de los hechos, al igual que se conoce el sufrimiento de las víctimas de entrega extraordinaria y desaparición forzada y de sus familias. Pero mucha información continúa oculta, debido en gran parte a que los Estados no han llevado a cabo por su propia cuenta investigaciones imparciales e independientes ni han cooperado con las ya existentes.


Las autoridades de Estados Unidos han acabado finalmente por confirmar datos aislados sobre los programas de entregas extraordinarias y detenciones secretas de la CIA, poniendo a veces en situación muy embarazosa a sus aliados.


El 6 de septiembre de 2006, el presidente de Estados Unidos, George. W. Bush, anunció el traslado de 14 “detenidos de alto valor” a Guantánamo desde “lugares negros” de la CIA. Fue la primera vez que las autoridades estadounidenses reconocieron públicamente que la CIA estaba llevando a cabo una operación de detenciones clandestinas. En abril de 2007, otro “detenido de alto valor” que estaba bajo custodia secreta de la CIA fue trasladado a Guantánamo, para quedar allí bajo custodia militar, y lo mismo ocurrió con una persona más en marzo de 2008. La CIA también ha admitido que al menos tres personas que estaban bajo su custodia fueron objeto de waterboarding, forma de tortura consistente en hacer sentir a la víctima que se está ahogando. Otras técnicas de interrogatorio aprobadas para su uso por parte de la CIA también equivalen a tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional. El propio programa de reclusión secreta de “detenidos de alto valor” sirve en realidad de contexto para la desaparición forzada, que, al igual que la tortura, es un delito de derecho internacional.


El 21 de febrero de 2008, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband, anunció que Washington acababa de revelar información que confirmaba que el territorio británico de Diego García, en el océano Índico, se había utilizado para realizar entregas extraordinarias. En una declaración ante el Parlamento, el ministro afirmó que “en contra de las garantías expresas ofrecidas anteriormente de que no se utilizaba Diego García en vuelos para realizar entregas extraordinarias, recientes investigaciones estadounidenses han revelado ahora que en realidad esto sí ocurrió en dos ocasiones, ambas en 2002”.5 El director de la CIA, general Mike Hayden, admitió que la información que se había proporcionado previamente al gobierno británico “ofrecida de buena fe, resultó ser errónea”. El general Hayden afirmó que ninguno de los dos detenidos trasladados formaba parte del programa de detenciones secretas de la CIA, y que uno “fue finalmente trasladado a Guantánamo y el otro fue devuelto a su país de origen”.6


Varios ministros del Reino Unido habían afirmado ante el Parlamento en al menos 12 ocasiones que en territorio británico nunca habían aterrizado vuelos utilizados para entregas extraordinarias. En 2006, por ejemplo, el ex ministro de Asuntos Exteriores Jack Straw afirmó: “Tenemos claro que Estados Unidos no realizaría la entrega de una persona pasando por territorio o espacio aéreo del Reino Unido, incluidos los territorios de ultramar, sin nuestra autorización […]”. Pero si las autoridades estadounidenses no solicitaron autorización ni siquiera a uno de sus aliados más estrechos, continúa planteándose el interrogante de cuántos vuelos más de ese tipo han pasado por territorio europeo sin que se haya dado a conocer. En todo caso, teniendo en cuenta lo que se sabe en la actualidad sobre el alcance de las violaciones de derechos humanos inherentes al programa de entregas extraordinarias de Estados Unidos, ningún Estado debe conceder jamás autorización para un vuelo de este tipo.


La Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo hace hincapié en que “el respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley” es “la base fundamental de la lucha contra el terrorismo”, y en que “las medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, sino que se complementan y refuerzan mutuamente”. Pese a ello, en julio de 2007 el presidente Bush dictó una orden ejecutiva que autorizaba la continuación del programa de detenciones secretas por parte de la CIA.7 Desde entonces, el director de la CIA ha defendido la utilización del programa como algo creado “por necesidad” y que los abogados del Estado han considerado “legal”.8


Este informe analiza determinadas prácticas seguidas por la CIA y otras agencias estadounidenses en Europa y en su trato con ciudadanos europeos, a veces en colaboración con agencias nacionales europeas de inteligencia y de otros tipos, en el contexto de la “guerra contra el terror”. Centrado en el inquietante panorama que se ha creado en los dos años transcurridos desde la publicación del informe de Amnistía Internacional titulado Cómplices. El papel de Europa en las "entregas extraordinarias" de Estados Unidos,9 el presente documento pone de relieve siete aspectos del papel desempeñado por Europa en el programa estadounidense de entregas extraordinarias y detenciones secretas, a saber:


  1. Agentes de Estados europeos participaron en detenciones arbitrarias que dieron lugar a entregas, o las facilitaron de algún modo.

  2. Las autoridades de Estados Unidos mantuvieron centros secretos de detención (“lugares negros”) en suelo europeo.

  3. Aviones de la CIA, que se identificaron como aviones privados, utilizaron aeropuertos europeos para el transporte ilegal de detenidos y para repostar combustible y utilizar otros servicios mientras se dirigían a realizar operaciones de entrega extraordinaria o regresaban de ellas.

  4. Agentes europeos interrogaron a víctimas de entrega extraordinaria, o enviaron preguntas para que se utilizaran en los interrogatorios, en lugares en donde los detenidos corrían un peligro real de sufrir tortura u otros malos tratos, y ocultaron el paradero de estas personas a sus familias.

  5. Algunos Estados europeos no prestaron asistencia a víctimas de entrega extraordinaria recluidas en el extranjero en condiciones ilegales, a pesar de ser ciudadanos suyos o residir en su territorio.

  6. Algunos Estados europeos se negaron a investigar de forma efectiva e independiente denuncias relacionadas con las entregas extraordinarias y las detenciones secretas, obstaculizaron las investigaciones e hicieron caso omiso de las recomendaciones realizadas por organismos intergubernamentales europeos.

  7. Víctimas de entregas extraordinarias y detenciones secretas en las que había participado Europa no recibieron una reparación plena por las violaciones de derechos humanos que sufrieron, y los Estados europeos no tomaron las medidas necesarias para prevenir la repetición de estos hechos.


No todos los Estados europeos participaron en estas negligencias o abusos exactamente del mismo modo. Algunos simplemente fueron culpables de mirar hacia otro lado mientras se organizaba la estructura de actividades de la CIA en Europa, o no hicieron nada para impedir la utilización de su territorio10 para facilitar las entregas extraordinarias. La compleja y secreta naturaleza de los programas estadounidenses de entregas extraordinarias y detenciones secretas hace que resulte de por sí difícil probar qué gobiernos europeos tenían conocimiento de estos hechos, de cuánta información disponían y cuándo la tuvieron en su poder. Sin embargo, la información que se ha hecho pública es más que suficiente para activar la obligación jurídica de realizar investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes y dar a conocer públicamente sus resultados y conclusiones.


Aún así, a pesar de que cada vez existen más datos en torno a este tema, los Estados europeos implicados continúan negando su participación en las entregas y detenciones secretas, o, en vez de iniciar investigaciones efectivas sobre las denuncias, se niegan a revelar toda la información sobre su intervención alegando que se trata de “secreto de Estado” o de una cuestión de “seguridad nacional”.


En este informe se destacan seis casos –relativos a 13 personas– que demuestran tanto la existencia de una constante de aprehensiones y traslados ilegales, cuyas víctimas acaban siendo objeto de reclusión ilegal y tortura, como los continuos desmentidos, el secretismo y la confusión sembrada por Estados europeos en vista de la creciente información sobre su participación en el programa estadounidense de entregas extraordinarias. Está claro que continúa existiendo la necesidad urgente de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, efectivas, independientes e imparciales; dar a conocer públicamente sus resultados y conclusiones; procesar a los responsables; proporcionar a las víctimas reparación y recursos efectivos, y adoptar medidas preventivas efectivas.


El sufrimiento causado por las entregas extraordinarias y detenciones secretas alcanza a las familias de las víctimas. Sus esposas, padres, madres, hijos e hijas han pasado años de temor y angustia debido a la incertidumbre en torno a su paradero y su bienestar y de no saber si volverán a verlas de nuevo ni cuándo. El sufrimiento ha continuado incluso cuando el detenido ha quedado en libertad. Las consecuencias traumáticas de la entrega extraordinaria y el estigma de ser calificado como una persona relacionada con el terrorismo se extienden mucho más allá de los límites del avión en que se hizo la entrega y de la celda utilizada para la detención secreta.


Poco después de la excarcelación de Abu Omar de una prisión egipcia, su esposa, Nabila Ghali, explicó a Amnistía Internacional:


Cuando volvió a casa se convirtió en una persona distinta. Francamente, se volvió nervioso, impaciente y severo. Ha cambiado por completo. Comprendo su sufrimiento y le disculpo, pero ¿quién es responsable de esto?


La respuesta, en parte, está en Europa.


Al amparo de la OTAN


Desde el mismo comienzo de la “guerra contra el terror” propugnada por Estados Unidos, los gobiernos europeos no podían ignorar su verdadera naturaleza; todos los miembros y socios de la OTAN se sumaron a las mismas condiciones “permisivas” —por no decir ilegales— que permitieron la presencia de las operaciones de la CIA por todo el continente europeo y más allá de él; todos sabían que las prácticas de la CIA para la detención, el traslado y el trato de sospechosos de terrorismo se prestaban a que existieran muchas posibilidades de cometer abusos y tomar medidas ilegales; sin embargo, todos permanecieron en silencio y mantuvieron en secreto las operaciones, las prácticas, sus acuerdos y su participación.

Dick Marty, relator del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa11


El 12 de septiembre de 2001, la OTAN se acogió al principio de defensa colectiva en aplicación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Según un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, las medidas adoptadas posteriormente en este marco facilitaron las operaciones secretas de la CIA e hicieron que le resultase más fácil evitar el escrutinio y la rendición de cuentas.


El 4 de octubre de 2001, el secretario general de la OTAN anunció que “a petición de Estados Unidos” se habían acordado medidas “para ampliar las opciones disponibles en la campaña de lucha contra el terrorismo”, como:


  • mejora de la cooperación y el intercambio de información entre los servicios de inteligencia;

  • autorización de sobrevuelo sin restricciones para los aviones militares utilizados por Estados Unidos y otros aliados en operaciones contra el terrorismo;

  • acceso a puertos y aeropuertos del territorio de la OTAN para prestar apoyo a operaciones de lucha contra el terrorismo, incluido el repostaje;

  • asistencia a los Estados “objeto de crecientes amenazas terroristas a consecuencia de su apoyo a la campaña de lucha contra el terrorismo”;

  • aumento de la seguridad en las instalaciones estadounidenses en territorio de la OTAN;

  • aumento del apoyo prestado por la OTAN a operaciones de lucha contra el terrorismo.12


Sin embargo, nunca se ha dado a conocer el texto real del acuerdo; de hecho, la OTAN no quiso facilitárselo al Consejo de Europa, ni siquiera de forma confidencial. Es más, parece que “han permanecido en secreto” algunos “elementos adicionales” no mencionados en el anuncio oficial.


Un informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa determinó que, más que un acuerdo real de legítima defensa colectiva, las medidas tomadas por los miembros de la OTAN comprendían “las mismas autorizaciones y protecciones que Estados Unidos había solicitado para sí al embarcarse en sus operaciones militares, paramilitares y de inteligencia contra el terrorismo”. De este modo, las medidas adoptadas por la OTAN ofrecían nuevas posibilidades para que la CIA actuase secretamente en Europa, sin someterse al escrutinio adecuado. Las autorizaciones que otorgaban total libertad de sobrevuelo a los vuelos militares estadounidenses, el acceso a los aeropuertos y el aumento de la seguridad en las instalaciones de Estados Unidos en territorio de la OTAN facilitaron que la CIA llevase a cabo las entregas extraordinarias en secreto y con total impunidad.


Con el tiempo, el alcance de estos abusos no hizo más que aumentar, al llegarse a nuevos acuerdos bilaterales, incluso con Estados no pertenecientes a la OTAN, elaborados en términos similares que también continúan siendo secretos.


Informes del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo


El laborioso proceso de conseguir información sobre la participación europea en los programas de entregas extraordinarias y detenciones secretas comenzó hace cuatro años y dista mucho de haber concluido. Ha revelado que Estados de toda Europa no han garantizado el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos en las medidas tomadas en colaboración con Estados Unidos. Este hecho se ha visto agravado por la ausencia de investigaciones efectivas por parte de Estados europeos concretos y por la reticencia mostrada por los máximos organismos de toma de decisiones de la Unión Europea y del Consejo de Europa a la hora de condenar los programas estadounidenses de entregas extraordinarias y detenciones secretas y de tomar medidas concretas para prevenir la futura participación de Estados europeos en estas violaciones de derechos humanos.


Desde junio de 2006, fecha en que Amnistía Internacional publicó Cómplices. El papel de Europa en las “entregas extraordinarias” de Estados Unidos, diversas instituciones europeas han dado a conocer nuevos informes:


  • el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, hizo público un informe de junio de 200613 y recomendaciones;14

  • el senador Dick Marty, relator designado por el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en nombre de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hizo públicos un informe de junio de 2006 y un informe de junio de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que llevaron a la aprobación de una resolución y unas recomendaciones de 2007 de la Asamblea Parlamentaria;15

  • Giovanni Claudio Fava, relator de la Comisión Temporal sobre la Presunta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos, hizo públicos un informe de enero de 2006 y un informe de junio de 2007 de la Comisión Temporal, que llevaron a la aprobación de una resolución de 2007 del Parlamento Europeo.16


A comienzos de 2006, Terry Davis ya había llegado a la conclusión de que Europa era “un buen lugar para los servicios de seguridad extranjeros” e instó a los Estados europeos a mejorar la supervisión de los agentes de inteligencia nacionales y extranjeros y la vigilancia de los aeropuertos y el espacio aéreo para impedir futuras entregas extraordinarias.17 Casi dos años después, en enero de 2008, afirmó que los Estados aún no habían reforzado los controles sobre los agentes de seguridad extranjeros y manifestó: “Creo que podemos dar por sentado sin temor a equivocarnos que los Estados Unidos de América están presionando intensamente a sus aliados en Europa para impedir todo debate sobre este tema”.18


El informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa estableció “con un alto grado de probabilidad” que la CIA había mantenido centros secretos de detención —“lugares negros”— en Polonia y Rumania, y quizás en otros Estados europeos. Ofreció nueva información —obtenida en entrevistas confidenciales con más de 30 miembros y ex miembros de servicios de inteligencia de Europa y Estados Unidos— sobre el funcionamiento del programa de “detenidos de alto valor”, con datos sobre los registros de aviación de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea que mostraban que aviones operados por la CIA e identificados como vuelos privados habían atravesado espacio aéreo europeo y habían aterrizado en remotas pistas de aterrizaje de Polonia y Rumania. Entre estos aeropuertos figuraban el aeródromo de Mihail Kogălniceanu, en Constanza (Rumanía), en la costa del Mar Negro, y el aeropuerto de Szymany, cerca de Szczytno, en Polonia. Un análisis de datos aeronáuticos básicos reveló que los puntos de salida y de destino en Polonia de algunos vuelos utilizados para entregas extraordinarias se ocultaron deliberadamente utilizando “planes de vuelo falsos”, mientras que los intentos de obtener información de funcionarios rumanos sobre los vuelos resultaron en gran parte infructuosos.


El informe de 2007 de la Comisión Temporal, aprobado por una amplia mayoría de parlamentarios, lamentó la “flagrante falta de cooperación del gobierno polaco” y no pudo hallar pruebas concluyentes de que se hubiera utilizado un “lugar negro” estadounidense en Polonia. Sin embargo, el informe observó que en 2003 había aterrizado un avión Boeing 737 alquilado por la CIA, del que se sabía que se había utilizado en entregas extraordinarias, y que los pasajeros que subieron al avión no habían pasado el control aduanero. La Comisión Temporal también oyó las declaraciones de empleados del aeropuerto de Szymany, incluido el ex administrador, que afirmaron que una aeronave Gulfstream de la CIA había aterrizado en el aeropuerto en seis ocasiones en 2002 y 2003. En todas ellas el avión se había quedado al final de una pista, con los motores encendidos, mientras se dirigían hacia él vehículos del centro de los servicios secretos en Stare Kiejkuty, en donde presuntamente existía un “lugar negro”. Al personal polaco del aeropuerto no se le permitía acercarse al avión, y el pago por los servicios aeroportuarios siempre se realizaba en efectivo.19


El 16 de enero de 2008, el Comité de Ministros del Consejo de Europa respondió a las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria.20 Reafirmó la obligación de los gobiernos de investigar y procesar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, haciendo notar que, en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), se puede exigir a los gobiernos que rindan cuentas por la actuación de sus funcionarios. Sin embargo, no condenó claramente las entregas extraordinarias y detenciones secretas, no manifestó preocupación por la responsabilidad europea en estas prácticas ilegales y las violaciones de derechos humanos asociadas a ellas y no respondió a los llamamientos realizados para que se tomasen medidas concretas destinadas a impedir que se volviesen a producir hechos similares.


La responsabilidad de Europa


Los Estados europeos jurídicamente responsables por haber contribuido a facilitar las entregas extraordinarias y las detenciones secretas no pueden escudarse en el derecho internacional. Las entregas extraordinarias violan el derecho internacional, porque eluden el debido proceso judicial y administrativo. Tal y como ilustra este informe, por lo general las entregas realizadas en nombre de la “guerra contra el terror” han conllevado múltiples violaciones de derechos humanos, como detenciones ilegales y arbitrarias, tortura u otros malos tratos y desapariciones forzadas. La tortura y las desapariciones forzadas no sólo constituyen graves violaciones de las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por los Estados; son también delitos de derecho internacional por los que se pueden exigir responsabilidades penales a personas particulares. Las personas detenidas en función del programa de “detenidos de alto valor” de la CIA, junto con muchas otras víctimas de entrega extraordinaria, permanecieron recluidas en régimen de incomunicación en lugares secretos y durante largos periodos, lo que supone una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos,21 y quedaron al margen de la protección que ofrece la ley, lo que equivale a desaparición forzada.


Un Estado es responsable de una violación del derecho internacional si presta ayuda o asistencia a otro Estado para cometer una violación de derechos humanos conociendo las circunstancias de la violación y su ayuda o asistencia influyen de forma considerable a la violación o en la forma en que ésta se produce.22 La participación consciente de agentes europeos en los programas de entregas y detenciones secretas de la CIA constituye una flagrante violación de las obligaciones jurídicas contraídas por el Estado para el que trabajan. Esto es así tanto si su contribución es activa como pasiva y al margen de si otras personas en el gobierno conocían o autorizaron sus actividades.


Los Estados europeos también pueden ser responsables en relación con violaciones de derechos humanos cometidas por agentes extranjeros cuando la naturaleza de las violaciones es tal que el simple consentimiento o la tolerancia por parte del Estado con respecto a las acciones cometidas en su territorio hacen que deba rendir cuentas. Entre estas violaciones se incluyen la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas o la detención de una persona contraviniendo el CEDH.23


Otras formas de participación que pueden acarrear la responsabilidad de un Estado aunque los abusos hayan sido cometidos por Estados no europeos incluyen la entrega voluntaria de una persona a otro Estado cuando existen razones fundadas para creer que la persona correrá peligro de sufrir tortura u otros malos tratos (incluido cualquier “tercer” Estado al que la persona sea trasladada posteriormente) y la intención de utilizar en procesos en Europa información obtenida en el extranjero mediante tortura.


Además, todos los Estados europeos tienen la obligación positiva de tomar medidas para garantizar que en su territorio se respetan los derechos y las libertades establecidos en el CEDH, tanto en términos de creación de un marco jurídico general de protección como en cuanto a la adopción de medidas específicas para proteger a personas concretas de abusos a manos de terceros. Aún cuando la autoridad del Estado esté limitada en parte de su territorio, como ocurre cuando esa parte está ocupada por otro Estado con su consentimiento o sin él, debe tomar las medidas necesarias que estén a su alcance.24 Un Estado puede incumplir su obligación de no exponer a nadie al riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos, detención arbitraria o desaparición forzada simplemente permitiendo deliberadamente que otro Estado utilice su territorio para cometer esa violación de derechos humanos o no tomando medidas efectivas para impedirla.25


Esto significa que si alguien sufre violaciones de derechos humanos en bases militares estadounidenses instaladas en territorio europeo o en aviones de Estados Unidos que operen en territorio europeo, el Estado europeo en cuestión continúa siendo responsable de las violaciones a menos que pueda determinar que tomó todas las medidas necesarias posibles para impedir el abuso. Si el Estado ha accedido de hecho a no ejercer su jurisdicción con respecto a las violaciones graves de derechos humanos cometidas en su territorio y ha renunciado voluntariamente a su autoridad efectiva para investigar y reparar estos abusos, a través de convenios sobre el Estatuto de las Fuerzas o de otros acuerdos internacionales, esta renuncia en sí misma puede constituir un incumplimiento general de la obligación de establecer un marco jurídico de protección adecuado, según exigen el CEDH y otros tratados de derechos humanos.


Además de la responsabilidad del Estado en virtud del derecho internacional, podrían ser objeto de un proceso penal agentes o funcionarios europeos particulares por haber prestado asistencia deliberada a agentes extranjeros u otras personas para cometer delitos relacionados con las entregas extraordinarias y las detenciones secretas. La persona no tiene necesariamente que conocer qué delito concreto se va a cometer a consecuencia de la asistencia que preste; es suficiente con que sea consciente de que es posible que se cometan uno o más delitos y uno de esos delitos se lleve a cabo posteriormente.26 Una persona puede incurrir en responsabilidad penal aunque no estuviese presente cuando se cometió el delito o aunque el delito se cometiera algún tiempo después de haber prestado su asistencia.27


Con estas leyes y normas como telón de fondo, este informe pone de relieve siete áreas de posible responsabilidad jurídica estatal y/o individual, tal y como hemos detallado anteriormente. En todos los casos, las denuncias de esta responsabilidad son lo suficientemente creíbles como para que el Estado tenga la obligación de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, efectivas, independientes e imparciales, dando a conocer públicamente sus resultados y conclusiones. En algunos casos, las pruebas ya establecidas obligan claramente al procesamiento de los responsables conocidos y a que las víctimas tengan pleno derecho a interponer recursos y recibir una reparación.


Ya sea de forma inocente o por conveniencia, algunos Estados europeos han pretendido basarse en las afirmaciones de otros gobiernos para disculpar o negar su participación en las entregas extraordinarias o para justificar el no haber iniciado investigaciones independientes y exhaustivas. El Reino Unido citó reiteradamente las garantías ofrecidas por Estados Unidos de que no se había utilizado el territorio de Diego García ni su espacio aéreo y aguas territoriales para recluir o trasladar a personas sospechosas de terrorismo; sin embargo, posteriormente se supo que esto sí había ocurrido. Las autoridades suecas aceptaron las garantías diplomáticas ofrecidas por Egipto en relación con el trato dispensado a dos hombres trasladados por las autoridades estadounidenses desde Suecia a Egipto sin el debido proceso. Sin embargo, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han afirmado que el traslado de los hombres basándose únicamente en estas garantías constituyó una violación de las obligaciones contraídas por Suecia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Las promesas o garantías de otros Estados no eximen a los Estados europeos de sus responsabilidades con respecto a los programas estadounidenses de entregas extraordinarias y detenciones secretas.


A pesar del éxito de diversas iniciativas tomadas con objeto de dar a conocer los programas secretos de Estados Unidos, hasta la fecha ningún gobierno ha estado a la altura de las responsabilidades que impone el derecho internacional, y ninguna de las personas implicadas ha rendido cuentas. Prácticamente no se han tomado medidas concretas en el ámbito nacional ni intergubernamental para garantizar que no se repite la constante de actividades ilegales y abusos contra los derechos humanos. Al contrario, las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones realizadas han sido recibidas con un silencio casi absoluto y negación de la responsabilidad.

1. Echar una mano: participación activa en las entregas extraordinarias

Algunos Estados europeos han participado en la detención de personas que posteriormente quedaron bajo custodia de agentes de la CIA u otros agentes estadounidenses sin que mediase el debido proceso, o han provocado tal detención.

En diciembre de 2001, por ejemplo, personal de la Policía de Seguridad sueca detuvo a Ahmed Agiza y Mohammed El Zari inmediatamente después de ser rechazadas sus solicitudes de asilo, los trasladó al aeropuerto de Bromma y los entregó a agentes estadounidenses. Miembros de la Policía de Seguridad sueca estuvieron presentes mientras agentes de la CIA encapuchados desgarraron la ropa a los dos hombres, les pusieron calzoncillos desechables y monos, les colocaron esposas y grilletes y finalmente los encapucharon. Sin que mediase el debido proceso, los detenidos fueron trasladados en avión a Egipto. Un agente de policía sueco y un intérprete civil viajaron en el vuelo a El Cairo; durante todo el viaje, Ahmed Agiza y Mohammed El Zari permanecieron esposados, con los grilletes puestos y sujetos con correas a unos colchones en posturas dolorosas. Los dos hombres denunciaron que en Egipto habían permanecido recluidos en régimen de incomunicación y habían sufrido tortura u otros malos tratos.

En enero de 2004, agentes macedonios detuvieron a Khaled el-Masri a su llegada a Macedonia, lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación durante 23 días y lo interrogaron con frecuencia. Posteriormente fue entregado ilegalmente a las autoridades estadounidenses, que lo trasladaron a un centro de detención en Afganistán, en donde permaneció recluido en secreto y, al parecer, fue sometido a tortura u otros malos tratos.

En enero de 2006, las autoridades estatales de Bosnia y Herzegovina detuvieron a seis hombres —Mustafa Aït Idir, Belkacem Bensayah, Lakhdar Boumediene, Boudella el Hadj, Nechla Mohamed y Saber Lahmar Mahfoud— y los dejaron bajo custodia de Estados Unidos y la OTAN, a pesar de que existía una resolución judicial que prohibía expresamente el traspaso de la custodia de cuatro de ellos a otro país. Los seis hombres fueron trasladados a Guantánamo, en donde continúan recluidos ilegalmente y en donde afirman que han sufrido tortura u otros malos tratos.

En febrero de 2003, al menos un carabinero italiano participó directamente en el secuestro de Abu Omar, llevado a cabo por agentes de la CIA en una calle de Milán con el posible conocimiento y la aprobación de los servicios de inteligencia militar italianos. Agentes de la CIA trasladaron a Abu Omar a Egipto, en donde permaneció detenido arbitrariamente y, según afirma, sufrió torturas durante largos periodos.

Según informes, en junio de 2002 agentes de la policía civil del Estado detuvieron a Ahmed Muhammad Haza al-Darbi en un aeropuerto de Azerbaiyán, país en el que permaneció recluido durante varios meses antes de ser entregado a agentes estadounidenses y trasladado en avión a Afganistán. Aquí, lo llevaron a la base aérea de Bagram, en donde afirma que fue objeto de trato brutal y humillante. Según informes, permaneció recluido en Bagram hasta su traslado a Guantánamo, en marzo de 2003. Se han presentado cargos contra él por los que será juzgado ante una comisión militar en Guantánamo.

En otros casos de entrega extraordinaria, agencias nacionales de inteligencia europeas han compartido información sobre personas con sus homólogas en Estados Unidos o con otras agencias de inteligencia. El probable que esta información haya facilitado la detención, el traslado ilegal y la posterior tortura u otros malos tratos sufridos por algunas personas.

Por ejemplo, según informes, agencias de inteligencia alemanas proporcionaron a sus homólogas estadounidenses información sobre el itinerario de Muhammad Zammar. Esta información pudo ser decisiva para su detención en Marruecos, en diciembre de 2001, y su posterior entrega a Siria; al parecer fue sometido a tortura u otros malos tratos en ambos países. No se ha dado a conocer públicamente si los funcionarios alemanes sabían cómo se iba a utilizar la información, y este aspecto debe formar parte de una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente cuyos resultados y conclusiones deben hacerse públicos.

Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna fueron detenidos en noviembre de 2002 por los servicios de seguridad británicos en el aeropuerto de Gatwick. El Reino Unido notificó las detenciones a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y añadió que en el equipaje de Bisher al Rawi se había encontrado un dispositivo electrónico “sospechoso”. El dispositivo resultó ser un cargador de baterías modificado; los dos hombres quedaron en libertad tras dos días de interrogatorio y, unos días después, continuaron su viaje a Gambia. El Reino Unido proporcionó a Estados Unidos nueva información sobre ellos y sobre sus planes de viaje, pero no corrigió la información errónea sobre el cargador de baterías, por lo que fueron detenidos a su llegada a Gambia. Tras permanecer recluidos en régimen de incomunicación en diversos lugares, quedaron bajo custodia de Estados Unidos y fueron trasladados a Afganistán primero y a Guantánamo después, en donde ambos afirman haber sido torturados. Las autoridades británicas aseguran que actuaron correctamente al pasar la información a las estadounidenses y que no podían prever que los hombres serían objeto de entrega extraordinaria a causa de esa información. Una vez más, esta afirmación debe valorarse en el contexto de una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente, cuyos resultados y conclusiones deben hacerse públicos.

Binyam Mohammed afirma que la información proporcionada por los servicios de seguridad británicos tras su detención en Pakistán fue determinante para su posterior entrega extraordinaria a Marruecos, en donde dice haber sido torturado. De Marruecos fue trasladado a Guantánamo, en donde continúa. El Servicio de Seguridad británico, que lo entrevistó en Karachi tras su detención en abril de 2002, sabía que en Afganistán quedaría bajo custodia de Estados Unidos, pero afirmó que no tenía razones para creer que este traspaso daría lugar a malos tratos, aunque “a posteriori” el director general del Servicio de Seguridad cree que deberían haber pedido a Estados Unidos garantías sobre el trato que iba a recibir.28 El 3 de junio de 2008, un tribunal británico concedió a Binyam Mohammed autorización para que impugnase, mediante una revisión judicial, la negativa del gobierno a proporcionarle las pruebas que pudieran tener las autoridades del Reino Unido en relación con su entrega extraordinaria a Marruecos y su presunta tortura allí. Binyam Mohammed teme que las declaraciones que supuestamente le extrajeron bajo tortura se utilicen como pruebas en un proceso ante una comisión militar estadounidense. El gobierno del Reino Unido ha afirmado que no tiene obligación legal de ayudar a cortes de justicia y tribunales extranjeros a garantizar que no se admiten pruebas de tortura. Martin Mubanga afirma que la colaboración entre Estados Unidos y el Reino Unido tras su detención en Zambia en marzo de 2002 llevó a su traslado a Guantánamo. El director general del Servicio de Seguridad británico ha confirmado que un agente entrevistó a Martin Mubanga en Zambia en dos ocasiones y ha añadido que no había “indicios de que hubiera sufrido abusos, ni quejas del trato recibido. [El Servicio] no fue responsable de su detención y posterior traslado a Guantánamo”.29 Estos casos también deben formar parte de una investigación exhaustiva, efectiva e independiente, con el fin de demostrar públicamente si la colaboración del Reino Unido contribuyó a la entrega extraordinaria y detención arbitraria de los dos hombres.

Las entregas extraordinarias comienzan con una detención arbitraria o desembocan en ella —y, por lo tanto, están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos—30 y generalmente conllevan otras graves violaciones de derechos humanos. Prestar asistencia voluntaria a otro Estado para llevar a cabo entregas extraordinarias constituye una violación del derecho internacional y, en algunos casos, puede conllevar responsabilidad penal individual de las personas que participan en ello.




ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE AHORA

Los Estados europeos deben:

  • iniciar de modo inmediato investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes sobre el papel desempeñado por funcionarios europeos, tanto en sus países como en el extranjero, y sobre la utilización de territorio estatal por parte de agentes extranjeros en relación con entregas extraordinarias, detenciones secretas, tortura y desapariciones forzadas, y dar a conocer públicamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones;

  • poner fin al traspaso de detenidos a agentes de otro Estado, o dejar de facilitarlo, salvo que se lleve a cabo bajo supervisión judicial y conforme a las normas internacionales;

  • garantizar que ninguna persona que se encuentre bajo su jurisdicción (incluido su control efectivo) o en su territorio será objeto de traslado forzado al territorio de otro Estado o puesta bajo su custodia, si hay motivos fundados para creer que a consecuencia de ello correrá verdadero peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura u otros malos tratos;

  • poner en práctica medidas efectivas para garantizar que las agencias de inteligencia europeas no facilitan la comisión de violaciones de derechos humanos ni participan en ellas; por ejemplo, prohibiendo que se proporcione a agencias extranjeras información sobre personas cuando se puede prever dentro de lo razonable que conllevará a la detención arbitraria, la tortura u otros malos tratos o la desaparición forzada de esas personas.

2. Ocultos: las prisiones secretas de Europa

En [algunos] casos ha sido necesario trasladar a esas personas a un entorno en el que puedan estar recluidas en secreto, ser interrogadas por expertos y —cuando corresponda— ser procesadas por actos terroristas.

Presidente George W. Bush, dando a conocer las líneas generales del programa de detenciones secretas de la CIA, el 6 de septiembre de 2006



Un aspecto especialmente grave del escándalo descubierto es que se permitió a la CIA mantener centros secretos de detención en Europa.

El informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa concluyó que había “en la actualidad indicios suficientes para afirmar que en Europa existieron centros secretos de detención gestionados por la CIA desde 2003 a 2005, especialmente en Polonia y Rumania”. El informe halló indicios incriminatorios de que funcionarios de estos dos Estados sabían que había centros secretos de detención gestionados por la CIA en su territorio, y de que podrían haber sido autorizados por las más altas instancias del gobierno.31

Las entrevistas que Amnistía Internacional realizó a cuatro hombres yemeníes —Muhammad Bashmilah, Salah ‘Ali Qaru, Muhammad al-Assad y Khaled al-Maqtari— tras salir en libertad de centros secretos de detención en 2005 y 2006, junto con otras investigaciones y averiguaciones realizadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, indican que los cuatro podrían haber estado recluidos en un “lugar negro” de la CIA situado en algún lugar del este de Europa.32

En los “lugares negros”, los detenidos estaban recluidos en completo aislamiento, y casi todas las horas que permanecían despiertos las pasaban mirando las paredes desnudas de sus celdas. Las propias celdas contaban únicamente con un inodoro y un lavabo de acero inoxidable, y un colchón, y aunque la entrada de cada una de ellas estaba protegida por puertas dobles de acero, los detenidos permanecían a menudo encadenados a la pared, a veces durante meses. No había ventanas ni se filtraba ningún tipo de luz natural. Había un constante zumbido de “ruido blanco”, a veces sustituido por estridente música “occidental”, de modo que los detenidos no podían oírse unos a otros ni sonidos del exterior. Había calefacción y aire acondicionado, aunque a menudo se utilizaban más como premio y castigo que para ofrecer comodidad. Todas las celdas tenían dos cámaras de vídeo en paredes opuestas, con luces rojas que parpadeaban cada vez que los hombres se movían. Los guardas, enmascarados y a los que algunos de los detenidos llamaban “los ninja”, nunca les hablaban, sino que se comunicaban con ademanes.



El informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa deja claro que la “agencia de inteligencia asociada escogida” por la CIA en Polonia fue el Servicio de Información Militar, precisamente debido a que el programa de “detenidos de alto valor” tenía que “permanecer totalmente al margen de los mecanismos de supervisión civil”.33 El informe afirmaba que desde 2002 a 2005, periodo en el que “acuerdos de actuación” secretos entre Estados Unidos y Polonia al parecer permitieron la participación de este último país en el programa de “detenidos de alto valor”, la jerarquía que controlaba el Servicio de Información Militar mostraba una “carencia crónica de supervisión oficial y vigilancia independiente”, y que el programa funcionó directamente bajo las órdenes del presidente Aleksander Kwaśniewski .34

Poco a poco se va conociendo información sobre el papel desempeñado por Rumania en la red estadounidense de centros secretos de detención, ante la inacción y los desmentidos de las autoridades. El informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirmaba que, según fuentes rumanas, las autoridades estadounidenses decidieron trabajar con los servicios de inteligencia militar porque la “tapadera” de las fuerzas armadas ofrecía garantías de secreto en el marco de la OTAN.35

En febrero de 2008, un funcionario rumano de alto rango entrevistado por Associated Press afirmó que en tres ocasiones en 2004 y en dos en 2005 había visto cómo un autobús negro llegaba a un lugar apartado del fuertemente custodiado aeropuerto Mihail Kogalniceanu, cerca de Constanza, y se acercaba a un avión. Según el funcionario, paquetes que parecían presos atados como fardos eran introducidos a continuación en el avión, que despegaba entonces hacia el norte de África con su cargamento y dos miembros de la CIA a bordo.36 El funcionario manifestó que era habitual que pilotos estadounidenses presentasen planes de vuelo falsos, e incluso que no los presentasen, y volasen a destinos no declarados.

Khaled al-Maqtari contó a Amnistía Internacional que a mediados de 2006, mientras se encontraba en un “lugar negro” de la CIA, le entregaron una manta en la que estaba escrito un mensaje minúsculo: “A Cuba, a Marruecos, a Rumania y a este lugar. Abu Ubeidah al Hadrami”.37 Abu Ubeidah al-Hadrami es el alias de Ramzi bin al-Shibh, uno de los 14 “detenidos de alto valor” trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006 y una de las personas contra las que las autoridades estadounidenses presentaron cargos en febrero de 2008 para ser juzgadas por delitos penados con la muerte ante una comisión militar. De ser correcto, este recuento indica que Ramzi bin al-Shibh estuvo recluido en un “lugar negro” de la CIA en Rumania antes de ser trasladado al centro en el que se encontraba Khaled al-Maqtari.

A dondequiera que las llevasen, estas víctimas de desaparición forzada permanecían recluidas en régimen de aislamiento en lugares secretos durante años, en condiciones que constituían una violación de la prohibición de la tortura u otros malos tratos incluso sin contar los abusos adicionales que podrían haber sufrido durante los interrogatorios.


Las autoridades de Estados Unidos han reconocido que la CIA utiliza una serie de métodos “mejorados” de interrogatorio con los detenidos recluidos en secreto.38 Algunos de estos métodos han salido a la luz y se ha demostrado que incluyen el uso de la tortura u otros malos tratos.39 En febrero de 2008, el director de la CIA confirmó que, en 2002 y 2003, tres detenidos habían sido objeto del método de tortura conocido como waterboarding en centros secretos de detención de la CIA. Incluso sin estas técnicas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado reiteradamente que la detención en régimen de incomunicación durante periodos prolongados en un lugar desconocido puede constituir en sí misma tortura u otro trato cruel e inhumano.

Diego García, territorio británico de ultramar en el Océano Índico, en el que Estados Unidos y el Reino Unido tienen instalaciones militares conjuntas, ha sido objeto de reiteradas denuncias que lo vinculan al programa de detenciones secretas de la CIA. Autoridades británicas y estadounidenses han negado que se haya utilizado Diego García en las detenciones. La última vez que lo han hecho ha sido en febrero de 2008, cuando el director de la CIA observó que las especulaciones en torno a un centro de detención de la CIA en Diego García eran “falsas”.40 Sin embargo, Manfred Novak, relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, afirmo que había recibido denuncias creíbles de que entre 2002 y 2003 había habido detenidos recluidos en secreto en Diego García, así como en barcos navegando fuera de la zona de las tres millas en torno a la isla correspondiente a las aguas territoriales del Reino Unido.


El Comité de la ONU contra la Tortura ha manifestado expresamente que la reclusión de una persona en secreto es en sí misma una violación de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura).41 Órganos de expertos han llegado a conclusiones similares con respecto a otros instrumentos de derechos humanos, como el CEDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).42 Los “lugares negros” también facilitan el fenómeno más amplio de las desapariciones forzadas como parte del programa de la CIA. Desaparición forzada significa:

[E]l arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 43

Todos los actos que dan lugar a una desaparición forzada están reconocidos como violaciones de diversos derechos humanos, como el derecho a la libertad y la seguridad personales, el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante y el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con respeto por la dignidad inherente al ser humano.44 La desaparición forzada es un delito de derecho internacional.


ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE AHORA

Los Estados europeos deben:

  • iniciar de modo inmediato investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes sobre el papel desempeñado por funcionarios europeos y sobre la utilización de territorio estatal en relación con detenciones secretas y desapariciones forzadas, y dar a conocer públicamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones;

  • garantizar que no se utiliza para mantener o facilitar detenciones ilegales o secretas ninguna parte de su territorio o zona bajo su control, incluidos su espacio aéreo, aguas y todos los aeropuertos y bases militares, al margen de si están o no siendo utilizadas o arrendadas por otros Estados u organizaciones interestatales;

  • exigir a las autoridades estadounidenses que den a conocer toda la información disponible sobre los centros secretos de detención gestionados por la CIA en Europa;

  • garantizar que todas las personas detenidas en relación con el terrorismo comparecen sin dilación ante una autoridad judicial y pueden impugnar ante un tribunal de modo efectivo la legalidad de su detención;

  • garantizar que en todos los casos se proporciona sin demora información precisa sobre la situación y el paradero de la persona privada de libertad a sus familiares u otras personas de su confianza y a su abogado;

  • crear, en caso de que aún no exista, un órgano nacional de expertos independiente e imparcial, con el mandato de realizar visitas sin previo aviso a cualquier lugar en donde haya o pueda haber personas privadas de libertad;

  • ratificar e implementar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

  • revisar y modificar los acuerdos militares bilaterales o multilaterales u otros tipos de acuerdos que pudieran mermar la capacidad del Estado de cumplir en la práctica con sus obligaciones en materia de derechos humanos.



3. Mirar hacia otro lado: utilización de aeropuertos y espacio aéreo europeos

Algunos Estados europeos hicieron la vista gorda ante la utilización de sus aeropuertos y espacio aéreo durante las entregas extraordinarias estadounidenses o la facilitaron. Aviones utilizados por o para la CIA, de los que se sabe que han participado en entregas extraordinarias, hicieron escala en aeropuertos europeos durante el traslado de detenidos o de camino para recogerlos o entregarlos. Abu Omar, por ejemplo, fue trasladado en avión desde una base aérea de la OTAN en Aviano, Italia, a otra base aérea de la misma organización en Ramstein, Alemania, y de allí fue trasladado al avión de la CIA que le llevó a Egipto. El Boeing 737 que trasladó a Khaled el-Masri desde Macedonia a Afganistán hizo escala en Irlanda, Chipre y España antes de producirse la entrega extraordinaria, y posteriormente regresó a Estados Unidos pasando por Rumania y España.

En Polonia y Rumania, al parecer funcionarios del aeropuerto permitieron que la CIA crease una “zona” secreta no controlada que utilizó presuntamente para trasladar a presos como parte de su programa de “detenidos de alto valor”.

La utilización de aviones tratados como aeronaves privadas, sin las restricciones impuestas a los vuelos militares u oficiales, ha sido un elemento clave del programa de entregas extraordinarias. Para que el sistema funcionase era fundamental la utilización de una pequeña flota de aviones privados, utilizados por o para la CIA, que pudieran aterrizar discretamente en aeropuertos comerciales y bases militares estadounidenses de todo el mundo.

En 2006, Amnistía Internacional dio a conocer una investigación en la que demostraba que al menos 1.000 vuelos vinculados a la CIA habían utilizado aeropuertos europeos entre 2001 y 2005, mientras que posteriores investigaciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa indican que la cifra es aún mayor, Los registros de vuelos, sin embargo, sólo ofrecen parte de la información; por lo general no incluyen todas las escalas realizadas fuera del espacio aéreo vigilado por Estados Unidos o Europa y no pueden decir si cada avión concreto ha realizado una entrega extraordinaria o no. Los datos básicos sobre los propios vuelos sólo se pueden utilizar de forma limitada al no disponer de los pormenores sobre cada caso, información que resulta difícil de conseguir debido precisamente a que la naturaleza secreta de estas prácticas pretende evitar el escrutinio. Lo que está claro es que todos estos aviones se utilizaron en una o más entregas extraordinarias y que a todos ellos se les permitió aterrizar en países de Europa y sobrevolar el espacio aéreo europeo con frecuencia, sin restricciones y bajo la apariencia de aeronaves privadas. En algunos casos, las entregas se llevaron a cabo de hecho en territorio europeo, mientras que un número desconocido de víctimas de desaparición forzada fueron trasladadas a “lugares negros” dentro y fuera de Europa. La mayoría de los aviones que hicieron recorridos para realizar entregas extraordinarias habrían sido objeto de operaciones de mantenimiento en Europa cuando se dirigían a hacer una entrega o regresaban tras llevarla a cabo.

El 21 de octubre de 2007, el diario danés Politiken informó de que el 25 de octubre de 2003 se había concedido autorización para sobrevolar espacio aéreo danés a un avión de la CIA del que se sabía que se había utilizado en entregas extraordinarias. Este avión, un Gulfstream V con número de matrícula N379P, venía de Washington y aterrizó en la república Checa y en Rumania antes de dirigirse a Jordania, en donde recogió al ciudadano yemení Muhammad Bashmilah, que estaba bajo custodia jordana, y lo trasladó ilegalmente a un centro de detención de Afganistán, en donde quedó bajo custodia de Estados Unidos en secreto. El avión repostó en Portugal cuando regresaba después de hacer este recorrido. Tres meses después, el mismo avión, pero con matrícula N8068V, aterrizó en Irlanda y Chipre antes de trasladar a Khaled al-Maqtari de Irak a Afganistán, en donde quedó bajo custodia de la CIA, y regresar a Estados Unidos pasando por la República Checa.

La utilización de aviones privados para ocultar vuelos empleados con fines oficiales no otorga a la CIA ni a ninguna otra agencia de inteligencia el derecho a hacer lo que quieran sin injerencias. En la medida en que estos vuelos se identifican como aviones civiles, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como Convenio de Chicago, deja claro que todos los Estados tienen derecho a exigir que un avión que sobrevuele su territorio aterrice en el aeropuerto indicado para proceder a su inspección si existen “motivos razonables para llegar a la conclusión de que se utiliza para propósitos incompatibles con los fines del presente Convenio”.45 La utilización de un avión para fines oficiales pero simulando que se trata de un vuelo civil no sería conforme a los objetivos del Convenio, al igual que tampoco lo sería la utilización del vuelo para cometer violaciones de derechos humanos u otras violaciones del derecho internacional, incluidas entregas extraordinarias o desapariciones forzadas.

La amplia información difundida por medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y organismos parlamentarios sobre números de vuelo concretos y empresas fletadoras que al parecer han participado en entregas extraordinarias constituye “motivos razonables” para sospechar, y por lo tanto otorga a los países el derecho —y la obligación— de detener a todo avión sospechoso de participar en entregas extraordinarias y de tomar sus propias medidas para identificar abusos similares en el futuro. El Convenio también otorga a los Estados el derecho a efectuar registros en los aviones civiles a su llegada o salida. Cuando se han producido violaciones de derechos humanos en ese avión y el Estado no puede demostrar que pone o ha puesto en práctica estas posibles medidas, el hecho de que no se tomen esas medidas para impedir violaciones de derechos humanos hace que pueda incurrir en responsabilidad.

Si estos vuelos se identificasen adecuadamente como aviones oficiales, estarían obligados a obtener autorización para utilizar el espacio aéreo o las instalaciones de un Estado. Esto quiere decir que, en principio, los Estados europeos siempre tienen derecho a condicionar esa autorización a que se solicite el consentimiento previo para realizar el aterrizaje, se lleven a cabo inspecciones y se establezca la jurisdicción sobre las violaciones de derechos humanos que se cometan en ese avión.

Al permitir el aterrizaje de estos aviones en territorio europeo sin utilizar los medios conocidos para prevenir su utilización en entregas extraordinarias y detenciones secretas se ha facilitado la comisión de violaciones de derechos humanos. El hecho de continuar permitiendo que estos vuelos se realicen como si fueran civiles, de no crear sistemas de inspección para dar respuesta a las violaciones de derechos humanos y las infracciones de la legislación aeronáutica pasadas o presentes y de negarse a imponer prohibiciones o restricciones a las agencias, las empresas o los países implicados podría constituir un nuevo incumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos.




ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE AHORA

Los Estados europeos deben:

  • iniciar de modo inmediato investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes sobre el papel desempeñado por funcionarios europeos y la utilización de territorio del Estado en relación con entregas extraordinarias, detenciones secretas y desapariciones forzadas, y sobre la participación de agentes estatales en graves abusos contra los derechos humanos cometidos en el extranjero, y dar a conocer públicamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones;

  • garantizar que no se utiliza para llevar a cabo o facilitar entregas extraordinarias y otras violaciones de derechos humanos ninguna parte de su territorio o zona bajo su control, incluidos su espacio aéreo, aguas y todos los aeropuertos y bases militares, al margen de si están o no siendo utilizadas o arrendadas por otros Estados u organizaciones interestatales, con iniciativas como la adopción de medidas de denuncia, verificación y control como las siguientes:

    • hacer cumplir el requisito de que los operadores aéreos que realicen actividades para agencias de inteligencia declaren que el avión se está utilizando con fines oficiales, aunque ese avión lo haya fletado una empresa privada;

    • exigir que los operadores aéreos que pretendan sobrevolar su territorio o aterrizar en él indiquen si transportan a personas detenidas y, en caso afirmativo, señalen cuál es su condición, su destino y la base jurídica para su traslado;

    • contar con un sistema efectivo de comprobación de la legalidad de las detenciones y denegar el tránsito, exigir el aterrizaje y/o realizar inspecciones cuando existan razones para creer que un avión se está utilizando en relación con entregas extraordinarias u otras violaciones de derechos humanos;

    • identificar de antemano los vuelos y operadores que puedan intentar utilizar territorio o instalaciones del Estado para prestar asistencia en rendiciones extraordinarias u otras violaciones de derechos humanos, en vez de depender únicamente de las investigaciones realizadas por ONG, periodistas y organismos intergubernamentales.


4. El lugar de los hechos: la participación de Europa en los interrogatorios

Se han pasado miles de informes de inteligencia en bruto de detenidos de la CIA a los socios y países miembros de la UE. Además, mi agencia ha dado cientos de respuestas a las preguntas específicas planteadas por sus servicios a los detenidos bajo nuestra custodia.

Extracto de un discurso publicado por el periódico danés Politiken46 y pronunciado en privado, según informes, por el general Michael Hayden, director de la CIA, en marzo de 2007 ante embajadores de Estados miembros de la Unión Europea reunidos en Washington.



Miembros de servicios de inteligencia y organismos encargados de hacer cumplir la ley europeos han interrogado, directamente o por poderes, a víctimas de entregas extraordinarias de Estados Unidos en situaciones en las que los detenidos podían ser sometidos a tortura o malos tratos, como hallarse recluidos en régimen de incomunicación y en lugares secretos durante periodos prolongados. Si dichos agentes conocían o debían haber conocido tales situaciones, sus actos convertirían a los Estados europeos en cuestión en responsables de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, y a las personas implicadas, en cómplices de delitos.

Agentes alemanes de inteligencia facilitaron a las autoridades sirias datos sobre Muhammad Zammar, y les pidieron que le formularan preguntas concretas, cuando éste fue trasladado ilegalmente de Marruecos a Siria. Además, en noviembre de 2002, miembros de servicios de inteligencia y organismos encargados de hacer cumplir la ley alemanes lo interrogaron, en presencia de un funcionario sirio, en Far’ Falastin, prisión dirigida por los servicios sirios de inteligencia militar cerca de Damasco, que es notoria por la tortura que se inflige en ella a los detenidos de seguridad. De hecho, en el curso de una investigación parlamentaria abierta posteriormente en Alemania, altos cargos de los servicios de inteligencia y del gobierno alemanes reconocieron haber sido parcial o plenamente conscientes de que en Siria se practicaba la tortura.

Murat Kurnaz, residente y nacido en Alemania, afirma que sufrió abusos a manos de soldados de fuerzas especiales alemanas (Kommando Spezialkräfte, KSK) en Kandahar (Afganistán) tras su traslado desde Pakistán para ser puesto bajo custodia de Estados Unidos en diciembre de 2001. “Vi que eran alemanes y pensé que me ayudarían”, explicó a Amnistía Internacional, “pero no fue así. No me preguntaron nada. Uno de ellos se limitó a informarme de que eran del KSK y, a continuación, me arrojó al suelo y me propinó patadas”. Además, Murat Kurnaz asegura que las fuerzas estadounidenses lo torturaron en el campo de Kandahar, y que los soldados del KSK conocían las condiciones de ese lugar. Más tarde, lo trasladaron a Guantánamo, donde agentes alemanes lo interrogaron en 2002 y, de nuevo, en 2004.47 En diciembre de 2006, se abrió una investigación contra los soldados por los presuntos abusos, pero se cerró en mayo de 2007, al considerar la fiscalía que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra los dos identificados por Murat Kurnaz. En agosto de 2007, volvió a abrirse, tras haberse localizado a testigos, pero se cerró por segunda vez en marzo de 2008.


Khaled el-Masri sostiene que un hablante nativo de alemán, que se hacía llamar “Sam”, lo interrogó cuatro veces cuando se encontraba recluido en secreto en Afganistán bajo custodia estadounidense, pero que cuando le preguntó si actuaba en representación del gobierno alemán, se negó a contestar.

En ninguno de estos casos notificaron los agentes alemanes la suerte o el paradero de los detenidos a sus familiares en Europa.

La participación de agentes de Estados europeos en interrogatorios practicados en el extranjero, en las circunstancias descritas, contraviene las obligaciones de sus respectivos gobiernos en materia de derechos humanos. El principio 21.1 del Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece lo siguiente:

Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona.

Un interrogador europeo que someta a preguntas a un detenido, a sabiendas de que éste vive una situación de dolor y sufrimiento prolongados, puede incurrir en participación o complicidad en tortura tanto por la responsabilidad jurídica internacional de Estado como por su responsabilidad penal individual.48 Contribuir conscientemente a la comisión de este delito o participar en él puede entrañar responsabilidad, aunque el agente en cuestión no esté presente cuando el delito se cometa.49

En algunos casos, Estados europeos que habían interrogado de hecho al detenido, ocultaron la suerte y el paradero de éste a sus familiares en Europa, que ni siquiera sabían si se encontraba recluido. La negativa de un Estado a reconocer la detención de una persona que ha desaparecido, o a dar información sobre su suerte y su paradero, puede constituir también una violación de los derechos de los familiares próximos, a quienes, en consecuencia, cabe reconocer como víctimas de trato inhumano o degradante.


ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE AHORA



Los Estados europeos deben:

  • iniciar de modo inmediato investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes sobre el papel desempeñado por funcionarios europeos y sobre la utilización de territorio estatal en relación con entregas extraordinarias, detenciones secretas y desapariciones forzadas, así como sobre la participación de agentes estatales en abusos graves contra los derechos humanos perpetrados en el extranjero, y dar a conocer públicamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones;

  • oponerse a toda forma de detención secreta y negarse a participar de ningún modo en interrogatorios de sospechosos detenidos de forma ilegal;

  • informar a los familiares de las personas detenidas sobre su estado y su paradero y facilitarles la comunicación con ellas;

  • abstenerse de facilitar información sobre un detenido a las autoridades de un Estado en el que corra peligro real de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.

  • garantizar que sus agentes no participen, ni directamente ni por poderes, en interrogatorios de personas que se encuentren en situaciones donde puedan ser sometidas a tortura o malos tratos, como estar recluidas durante periodos prolongados en régimen de incomunicación en lugares secretos.


5. Abandonados: la desprotección de los caídos en la red

He comprendido que [las autoridades bosnias] quieren que estas personas caigan en el olvido.

Nadja Dizdarević, esposa de Boudella El Hadj, que lleva años dedicada a trabajar por la liberación de su marido y de otros cinco hombres trasladados ilegalmente de Bosnia a Guantánamo, donde continúan recluidos, julio de 2007.



Resulta difícil creer a las autoridades alemanas cuando afirman haberse enterado de la detención de Khaled el-Masri, ciudadano alemán, sólo cuando éste fue liberado, el 31 de mayo de 2004, tras cinco meses de reclusión en Macedonia y Afganistán. El Servicio Federal de Inteligencia alemán ha admitido que un funcionario alemán en Macedonia le había comunicado informalmente la detención de Khaled el-Masri y la cesión de su custodia a Estados Unidos en enero de 2004, pero que no informó de ello. Khaled el-Masri asegura que en Afganistán lo interrogó, entre otros, un funcionario alemán. Sin embargo, las autoridades alemanas no facilitaron ninguna información a su familia en Alemania sobre su situación o su paradero durante su desaparición forzada. A consecuencia de ello, cuando volvió a su domicilio en Alemania, en mayo de 2004, lo encontró vacío. Su esposa, que no sabía dónde se encontraba ni si regresaría alguna vez, se había trasladado, con sus hijos, a la casa de su familia en Líbano.



La Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina, en decisiones dictadas en 2002 y 2003, concluyó que las autoridades bosnias habían expulsado ilegalmente a Mustafa Aït Idir, Belkacem Bensayah, Lakhdar Boumediene, Boudella El Hadj, Nechla Mohamed y Saber Lahmar Mahfoud, y los habían entregado, también de forma ilegal, a las autoridades estadounidenses en Bosnia y Herzegovina para su detención. Posteriormente, las autoridades de Estados Unidos los trasladaron en avión a Guantánamo en enero de 2002. La Cámara de Derechos Humanos ordenó a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que hicieran gestiones diplomáticas para proteger los derechos de estos hombres, que tomaran todas las medidas posibles para ponerse en contacto con ellos, que les facilitaran ayuda consular y que se aseguraran de que no se les imponía la pena de muerte. Pese a ello, sólo ha habido una visita de funcionarios bosnios a Guantánamo. Fue en junio de 2004, y el acceso a los detenidos fue limitado. Asimismo, hubo que esperar hasta 2007 para que las autoridades de Bosnia y Herzegovina solicitaran la devolución de estos hombres.

A mediados de 2002, agentes alemanes de inteligencia habían mantenido contactos con las autoridades sirias con respecto a la detención de Muhammad Zammar, y llegaron incluso a interrogarlo cuando se encontraba bajo custodia siria, en noviembre de 2002 (véase supra). No obstante, las autoridades alemanas no informaron a su familia en Alemania sobre su suerte o su paradero hasta finales de diciembre de 2002, y fue sólo en junio de 2005 cuando Muhammad Zammar pudo comunicarse por primera vez con su familia, a través de una carta enviada por mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja. No lo visitó ninguna autoridad diplomática alemana hasta noviembre de 2006. A pesar de su prolongada reclusión en régimen de incomunicación y de su condena en un juicio injusto, parece que las autoridades diplomáticas alemanas no han elevado ninguna protesta para solicitar un nuevo juicio o su devolución a Alemania.

Los diplomáticos suecos que se desplazaron a Egipto para efectuar una visita consular a Ahmed Agiza y Mohammed El Zari, ciudadanos egipcios encarcelados en Egipto tras haber sido expulsados de Suecia y conducidos allí en un vuelo operado por la CIA, en diciembre de 2001, no estudiaron con la debida atención las denuncias de ambos hombres, que afirmaban ser víctimas de tortura. Ahmed Agiza fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2004 en un segundo juicio injusto, ante un tribunal militar en Egipto. Posteriormente, su pena se redujo a 15 años. No se ha concedido a ninguno de estos hombres el permiso de residencia que les permitiría volver a Suecia.

Jamil El-Banna, ciudadano jordano residente en Reino Unido desde 1994, con permiso de residencia indefinido en calidad de refugiado, y Bisher Al-Rawi, ciudadano iraquí residente en Reino Unido desde 1983, fueron trasladados ilegalmente desde Gambia a Afganistán, para quedar allí bajo custodia de Estados Unidos, dos días después de que Reino Unido confirmara por telegrama a las autoridades estadounidenses que no tenía intenciones de elevar protestas al respecto. De hecho, el gobierno británico no elevó protestas en su favor hasta 2006 y 2007, respectivamente, a pesar de que la información facilitada por Reino Unido a las autoridades estadounidenses había sido fundamental para llevar a cabo su detención arbitraria en Gambia.

Cuando un Estado es responsable de una violación de derechos humanos, tiene la obligación de ofrecer a la víctima un recurso efectivo. Por tanto, si una persona es objeto de violaciones como tortura y malos tratos, detención arbitraria o juicio injusto a manos de otro Estado, y un Estado europeo es jurídicamente responsable de esos hechos,50 dicho Estado europeo debe hacer todo lo que esté en su mano para restituir a esa persona a su situación inicial. Además, puede derivarse también responsabilidad jurídica para todos los Estados si la víctima de entrega extraordinaria es torturada, ya que todos los Estados tienen la obligación de cooperar para poner fin a la violación por medios legales, aunque no sean en absoluto responsables de ella.51

Diversos órganos internacionales de derechos humanos han reconocido que pedir y facilitar el retorno de una persona y elevar protestas diplomáticas en su favor son medidas correctivas a las que un Estado debería recurrir, incluso en el caso de que la persona en cuestión haya dejado de estar bajo su jurisdicción o su control efectivo.52 Asimismo, en aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y de otros instrumentos similares, el Estado tiene claramente derecho a comunicarse con el detenido, a visitarlo y a organizar su defensa en los tribunales. Es posible exigir cualquiera de estas medidas, o todas ellas, a un Estado europeo para que cumpla su obligación de remediar una violación concreta de derechos humanos o de ponerle fin.



ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE AHORA

Los Estados europeos deben:

  • iniciar de modo inmediato investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes sobre el papel desempeñado por funcionarios europeos y sobre la utilización de territorio estatal en relación con entregas extraordinarias, detenciones secretas y desapariciones forzadas, así como sobre la participación de agentes estatales en abusos graves contra los derechos humanos perpetrados en el extranjero, y dar a conocer públicamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones;

  • garantizar acceso consultar a todas las víctimas de entrega extraordinaria que tengan derecho y deseen acogerse a él, y encargarse de la representación letrada de sus ciudadanos o residentes que se enfrenten a juicios injustos o que sufran otras violaciones graves de derechos humanos;

  • pedir y facilitar el retorno de todos sus ciudadanos y residentes víctimas de entrega extraordinaria o detención secreta y elevar protestas diplomáticas en su favor, incluidos los casos en los que el Estado europeo haya contribuido a la violación.


6. Eludir la responsabilidad: investigaciones deficientes y bloqueadas

Algunos gobiernos europeos han invocado el concepto de “secretos de Estado” para obstruir la búsqueda de la verdad y continúan haciéndolo.”

Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa53



Los Estados europeos han invocado la confidencialidad por motivos de seguridad nacional o para proteger secretos de Estado con el fin de bloquear investigaciones, incluidas investigaciones criminales, sobre presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con entregas extraordinarias.54


No obstante, el procedimiento seguido en la investigación canadiense (véase el capítulo 7) sobre la entrega extraordinaria de Maher Arar demuestra que es posible instaurar un proceso público e independiente, facultado para convocar a funcionarios de inteligencia y exigirles pruebas y declaraciones, con el fin de examinar casos de entrega extraordinaria y detención secreta en los que los servicios nacionales de inteligencia puedan haber participado en torturas en el extranjero, y cuyo material probatorio roce delicadas cuestiones de seguridad nacional, sin que por ello dejen de hacerse públicas sus conclusiones y resultados fundamentales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha aceptado estas invocaciones generales a la confidencialidad por motivos de seguridad nacional, en especial habida cuenta de que en otros lugares existen procedimientos que también protegen la confidencialidad de las cuestiones de seguridad nacional a la vez que ofrecen un mayor grado de justicia procesal y sustantiva a las personas demandantes. Además, tanto la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como el Parlamento Europeo han declarado que no se deben esgrimir en ningún momento la seguridad nacional, los secretos de Estado ni la necesidad de proteger a otros gobiernos de situaciones embarazosas, cuando existen pruebas de que se han cometido violaciones graves de derechos humanos.55 Al bloquear las investigaciones y la resolución de denuncias de derechos humanos en casos de entrega extraordinaria y detención secreta, invocando secretos de Estado o motivos de seguridad nacional de forma generalizada e imprecisa, los Estados europeos violan los derechos de las víctimas reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de emprender investigaciones inmediatas, completas, efectivas, independientes e imparciales sobre todas las acusaciones creíbles de violación de derechos humanos, incluso cuando los autores de ésta sean agentes extranjeros, y al margen de que el Estado tuviera o no noticia de la violación inicialmente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que deben cumplirse, entre otros, los siguientes requisitos:56

  • La investigación debe poder “conducir a la identificación y el castigo de las personas responsables”.

  • “Las autoridades deben hacer siempre un esfuerzo serio por intentar esclarecer los hechos y no deben basarse en conclusiones precipitadas o infundadas para cerrar la investigación o para tomar decisiones.[...] Deben recurrir a todas las medidas razonables que tengan a su disposición para obtener pruebas relativas al incidente en cuestión”.

  • Es necesario que “las personas responsables de la investigación y quienes la lleven a cabo sean independientes de las personas implicadas en los hechos. [...] Esto no sólo conlleva ausencia de conexiones jerárquicas o institucionales, sino también independencia práctica.

  • La investigación debe someterse a escrutinio público.

La ausencia de una investigación adecuada puede constituir, de por sí, una vulneración de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos, incluso en el caso de que no se demuestre la existencia de la violación de derechos humanos. Si existen motivos suficientes para sospechar que se ha cometido un delito, debe emprenderse una investigación criminal. Si la violación de las obligaciones de un Estado en materia de derechos humanos no constituye un delito, por el que se puedan pedir responsabilidades a personas concretas, deben emprenderse, de cualquier forma, investigaciones no criminales completas, efectivas, independientes e imparciales.

Resulta preocupante que los gobiernos de Estados europeos implicados en entregas extraordinarias o detenciones secretas no hayan llevado a cabo investigaciones completas, efectivas, independientes e imparciales. De hecho, la mayoría de las investigaciones efectuadas a nivel nacional han sido poco satisfactorias. Algunas de ellas se realizaron en secreto y sus conclusiones nunca se publicaron. Otras fueron parcialmente secretas y se dieron a conocer sólo algunas de los datos recogidos. En algunos casos, no se permitió presentar alegaciones a las víctimas, a sus familiares y representantes legales, a las ONG ni a ningún otro agente. Pocas tuvieron facultades para exigir la comparecencia de testigos y su declaración bajo juramento y para citar toda la documentación pertinente. Hasta la fecha, en las investigaciones y procedimientos entablados, en general no se han podido o no se han querido iniciar acciones correctivas eficaces, y aún menos garantizarlas en la práctica. Incluso en casos de Italia y Alemania en los que las fiscalías efectuaron investigaciones sobre la base de las cuales se trató de pedir responsabilidades a operativos de la CIA por secuestros y otros delitos cometidos en sus territorios o contra ciudadanos suyos, los propios gobiernos frustraron las iniciativas.

Además, algunos Estados europeos no han cooperado plenamente en las investigaciones del secretario general y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. A tal efecto, el informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa manifestaba lo siguiente: “muchos gobiernos han hecho todo lo posible para ocultar la verdadera naturaleza e importancia de sus actividades y persisten en su actitud de falta de cooperación”.57 Por otro lado, muchos Estados, así como la OTAN, declinaron responder a los cuestionarios distribuidos por los investigadores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El informe fue especialmente crítico con Alemania, Italia, Macedonia, Rumania y Polonia (y con Estados Unidos).

El informe de 2007 de la Comisión Temporal condenó la falta de cooperación de los gobiernos de Austria, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido; censuró en particular a los responsables de los servicios secretos italianos durante los gobiernos de Berlusconi y Prodi, y expresó profunda preocupación por los aparentes esfuerzos del SISMI (agencia italiana de inteligencia militar) por obstruir sistemáticamente la tarea de la fiscalía de Milán y por hacerlo al margen de los debidos controles internos y gubernamentales.58 El informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa iba aún más allá y llegaba a afirmar que Nicolò Pollari, ex director del SISMI, había “mentido descaradamente” al Parlamento Europeo.59

Ni siquiera colaboró plenamente en las investigaciones el gobierno de Bosnia y Herzegovina, que, según los informes de la Comisión Temporal y la Asamblea General del Consejo de Europa, fue el único gobierno europeo que reconoció plenamente su participación en una operación de entrega extraordinaria de Estados Unidos. Por ejemplo, el informe del secretario general del Consejo de Europa resaltó que las autoridades bosnias sólo ofrecieron respuestas incompletas a algunas de sus preguntas, como si hubo funcionarios públicos implicados en la privación de libertad, o si habían realizado o iniciado investigaciones.60

La reacción de los Estados europeos a las recomendaciones de estos informes no ha sido mucho mejor. Polonia y Rumania criticaron enérgicamente el informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, argumentando que se basaba en datos no corroborados, y ningún Estado ha cumplido la recomendación común de los informes: desvelar totalmente la participación europea en las entregas extraordinarias y detenciones secretas y tomar medidas específicas para ponerle fin.

Casos individuales de entrega extraordinaria


Aunque el gobierno y los servicios de seguridad de Italia negaron haber participado en el secuestro en febrero de 2003 de Abu Omar y su posterior entrega extraordinaria a Egipto, y aseguraron no haber tenido conocimiento de estos hechos, el fiscal de Milán, Armando Spataro y su equipo de investigación continuaron examinando los datos existentes, y finalmente consiguieron identificar 17 teléfonos móviles que se habían utilizado en las cercanías del lugar del secuestro cuando se llevó a cabo éste. La pista de los teléfonos móviles y otros indicios pusieron al descubierto la implicación de un agente del cuerpo de carabineros, de altos cargos del SISMI y de 25 agentes de la CIA. En consecuencia, en febrero de 2006, el fiscal cursó solicitudes de extradición contra 22 ciudadanos estadounidenses en relación con el secuestro de Abu Omar; sin embargo, en abril, el ministro de Justicia italiano se negó a remitirlas al gobierno estadounidense. En julio de 2006, el fiscal cursó de nuevo solicitudes de extradición, esta vez contra 26 personas que se creía que eran estadounidenses, entre ellas 25 presuntos agentes de la CIA. De nuevo, el Ministerio de Justicia bloqueó su presentación ante el gobierno de Estados Unidos.


En febrero de 2007, una juez de Milán decidió procesar a 33 personas, entre las que había agentes de la CIA e italianos, por el secuestro de Abu Omar. Durante el periodo previo al juicio, el gobierno italiano presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que varias de las pruebas empleadas en el caso de Abu Omar estaban protegidas por el secreto de Estado y que, por tanto, no debían utilizarse en las actuaciones judiciales. El juicio se reanudó en marzo de 2008, aunque aún no se había resuelto el recurso del Tribunal Constitucional.

Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades italianas a cooperar plenamente con la fiscalía, procediendo a solicitar a las autoridades estadounidenses la extradición de las personas contra las que se han dictado órdenes de detención y a facilitar a la judicatura toda la información pertinente que tengan en su poder sobre los actos de agentes italianos y de la CIA antes y después del secuestro de Abu Omar, y en el curso de él.61 Italia no debe escudarse en la amenaza de las autoridades estadounidenses de desatender las solicitudes de extradición para negarse a remitirlas.

Una investigación del jefe de la institución del Defensor del Pueblo del Parlamento de Suecia concluyó que Ahmed Agiza y Mohammed El Zari habían sido objeto de malos tratos a manos de agentes estadounidenses en territorio sueco, con la aquiescencia de agentes de seguridad suecos. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU estimaron que Suecia era responsable de numerosas violaciones de derechos humanos y que, en el caso de Mohammed El Zari, estaba obligada a proporcionarle un recurso efectivo. En concreto, el Comité de Derechos Humanos opinó que el hecho de que Suecia hubiera esperado más de dos años, hasta que se interpuso una querella privada, para solicitar una investigación criminal sobre los malos tratos infligidos a Mohammed El Zari, violaba su obligación de llevar a cabo una investigación rápida, independiente e imparcial.62 Asimismo, censuró en concreto que “ni los funcionarios suecos ni los agentes extranjeros [hubieran sido] objeto de una investigación penal completa” y estimó que Suecia había incumplido su “obligación de velar por que sus mecanismos de investigación estén organizados de manera que preserven la capacidad de investigar, en la medida de lo posible, la responsabilidad penal de todos los funcionarios pertinentes, nacionales o extranjeros, por toda conducta que infrinja el artículo 7 [prohibición de la tortura y otros malos tratos] cometida en su jurisdicción, y de formular los cargos correspondientes en consecuencia”.

En Alemania, se creó una comisión parlamentaria de investigación (Untersuchungsausschuss) para investigar la colaboración secreta del país con Estados Unidos y otros Estados en la lucha internacional contra el terrorismo y en la guerra de Irak. La comisión inició su labor en mayo de 2006, pero no está previsto que publique su informe y sus recomendaciones hasta 2009. La comisión está examinando varios casos, entre ellos los de Murat Kurnaz, Muhammad Zammar y Khaled el-Masri, y tratará de determinar cuándo tuvieron por primera vez noticia las autoridades alemanas de estas detenciones ilegales a manos de agentes estadounidenses de la lucha contra el terrorismo.

El 29 de mayo de 2008, la comisión inició las sesiones a puerta cerrada sobre el informe del fiscal especial Joachim Jacob, a quien se había encomendado investigar en general la participación alemana en los vuelos de la CIA para entregas extraordinarias. A fecha de 1 de junio de 2008, aún no se había publicado el informe. Según el semanario Stern, que había tenido acceso a una copia filtrada del informe, el fiscal especial ha condenado duramente al gobierno alemán por permitir reiteradamente que los vuelos de la CIA atraviesen el espacio aéreo alemán sin permiso y sin ser declarados como vuelos oficiales.

Los integrantes de la comisión de investigación han tenido acceso limitado a documentos clasificados: en algunos casos, se les facilita una versión muy censurada, y en otros ni siquiera tienen la posibilidad de verlos. La comisión ha acudido al Tribunal Constitucional para tratar de acceder a los expedientes que el gobierno mantiene en secreto por supuestos motivos de seguridad, y se espera que el fallo se haga público a finales de 2008. Según lo que se ha podido observar en las sesiones públicas, parece que los testigos han ocultado a los miembros de la comisión información sobre cuestiones “confidenciales”, y las agencias gubernamentales no han proporcionado a la comisión expedientes que habrían servido para interrogar a los testigos sobre determinadas cuestiones.

La información pública sobre el contenido y la naturaleza de las pruebas que recibe la comisión parlamentaria está sometida a severas restricciones, y el informe del fiscal especial se ha clasificado como secreto, aunque puede que se publique una versión censurada. Por tanto, seguirá habiendo interrogantes sobre la exhaustividad, independencia e imparcialidad de la investigación efectuada por la comisión.

Asimismo, fiscales alemanes investigaron el secuestro y la entrega extraordinaria de Khaled el-Masri. El 31 de enero de 2007, la fiscalía de Munich dictó órdenes de detención contra 13 ciudadanos estadounidenses, de los cuales se cree que 10 son agentes de la CIA responsables de la entrega extraordinaria de Khaled el-Masri. En junio de 2007, la fiscalía pidió formalmente al Ministerio de Justicia alemán que remitiera las solicitudes de extradición a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el Ministerio, tras haber mantenido conversaciones informales con funcionarios estadounidenses, se negó a hacerlo. De continuar esta situación, parece que los tribunales alemanes no podrán pedir responsabilidades plenas a todas las personas contra las que hay indicios de participación en el secuestro, desaparición forzada, detención ilegal y presunta tortura y maltrato de Khaled el-Masri. Alemania no debe escudarse en la amenaza de las autoridades estadounidenses de desatender las solicitudes de extradición para negarse a remitirlas.

En 2005, tras haber recibido expedientes de investigadores italianos, según los cuales la CIA había transportado a Abu Omar desde la base aérea de Aviano, en Italia, hasta la de Ramstein, en Alemania, de camino a Egipto, la fiscalía alemana inició una investigación formal. En enero de 2006, el fiscal comunicó a Amnistía Internacional que no había encontrado pruebas de la implicación de funcionarios alemanes en el secuestro de Abu Omar.


En Reino Unido, el Comité de Inteligencia y Seguridad investigó el papel de los servicios de seguridad británicos en el programa estadounidense de entregas extraordinarias. En un informe de junio de 2007, señaló que éstos habían sido “lentos en detectar” la transformación de la política de entregas extraordinarias de Estados Unidos durante 2002, y sugirió que se examinaran desde este prisma las circunstancias de la entrega de Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna, ya que el caso suponía un “cambio radical” con respecto a la práctica anterior.63 Según el Comité de Inteligencia y Seguridad, ésta fue la primera “entrega extraordinaria para detención” de personas “sin ninguna conexión con el conflicto de Afganistán”, y en su informe estima que, por ello, no cabía esperar que los servicios de seguridad británicos comprendieran que la transmisión de información pudiera conducir a la entrega extraordinaria y detención arbitraria de estos dos hombres. No obstante, Reino Unido sí consideró necesario acompañar la información de una advertencia por escrito por la que se prohibía su uso para “actuaciones manifiestas, encubiertas ni ejecutivas”.

Además, parece que la información del Comité de Inteligencia y Seguridad sobre el alcance del programa estadounidense de entregas extraordinarias anterior a noviembre de 2002 era deficiente, y ello a pesar de que dicha información era de dominio público. Los apartados del informe del Comité que se han hecho públicos no hacen referencia al caso de seis hombres entregados por Bosnia para su detención en Guantánamo en enero de 2002,64 que fue un notorio ejemplo de “entrega extraordinaria para detención” de personas sin ninguna relación aparente con el conflicto de Afganistán. Estos sucesos tuvieron lugar nueve meses antes de que Reino Unido decidiera facilitar a Estados Unidos la información que propició la detención de Jamil El-Banna y Bisher Al-Rawi.

Por otro lado, el Comité de Inteligencia y Seguridad no es el órgano adecuado para llevar a cabo la clase de investigación completa y efectiva que exigen las normas internacionales anteriormente mencionadas.65 Sus miembros son designados por el primer ministro, a quien el Comité está subordinado. Es el primer ministro quien decide si presentar un informe del Comité ante el Parlamento,66 y hasta qué punto se debe modificar su contenido previamente por razones de seguridad. El Comité no está dotado de la suficiente independencia institucional y funcional con respecto a las personas que podrían ser responsables de las infracciones investigadas, ni tiene suficientes facultades ni transparencia para presentar conclusiones y resultados plenamente efectivos, imparciales y suficientemente públicos, como dispone el derecho internacional de los derechos humanos.

En Macedonia, las autoridades continúan negando que la detención allí de Khaled el-Masri fuera ilegal. En 2006, se negaron a cooperar plenamente en las investigaciones que llevaron a cabo el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.

El 18 de mayo de 2007, en una sesión a puerta cerrada, una comisión parlamentaria macedonia analizó una declaraciones presentadas por escrito por el Ministerio del Interior. La comisión concluyó que los servicios de seguridad no se habían excedido en sus competencias al recluir a Khaled el-Masri en un hotel de Skopje antes de entregarlo ilegalmente a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto de la ciudad. La presidencia de la comisión indicó que, a menos que llegaran a su poder “pruebas contundentes” que demostraran lo contrario, la comisión seguiría creyendo al Ministerio.

En abril de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Macedonia a emprender una “una nueva y amplia investigación de las acusaciones formuladas por el Sr. Khaled al-Masri. La investigación debería tener en cuenta todas las pruebas disponibles, y se debería solicitar la cooperación del propio Sr. al-Masri. Si la investigación llega a la conclusión de que el Estado Parte violó derechos del Sr. al-Masri protegidos por el Pacto, éste deberá ofrecerle una indemnización apropiada. El Estado Parte deberá también examinar sus prácticas y procedimientos de manera que nunca se perpetren actos como los que denuncia el Sr. al-Masri”.67


Detención secreta


Las reacciones de los Estados acusados de permitir a la CIA detener a personas en secreto en sus respectivos territorios se han caracterizado por la renuencia a investigar, la hostilidad hacia quienes presentaron o investigaron las acusaciones y la emisión de furiosos desmentidos.

El informe de 2007 de la Comisión Temporal señaló la reticencia de las autoridades de Rumania “a investigar en profundidad la existencia de centros secretos de detención en su territorio” y manifestó preocupación por el secretismo con que se trataba el informe de una investigación de la Comisión de Investigación del Senado, del que sólo se habían dado a conocer sus conclusiones, que negaban toda implicación en entregas extraordinarias o detenciones secretas.68 Según la Comisión Temporal, estas conclusiones parecían prematuras y superficiales. En abril de 2008, el Senado rumano votó a favor de la aprobación de dicho informe, que en gran parte sigue clasificado, en el que se negaba que Rumania hubiera permitido el establecimiento de prisiones secretas de la CIA en el país. En sus conclusiones, este texto afirmaba que ninguna institución rumana había tomado parte, ni por negligencia ni por omisión, en el transporte ilegal de presos por su territorio.


En relación con Polonia, en su informe de 2007 la Comisión Temporal condenó la flagrante falta de cooperación del gobierno polaco con ella y observó que no se había establecido en el país ninguna comisión especial de investigación, que el Parlamento no había emprendido ninguna investigación, aunque debía hacerlo, y que se habían formulado declaraciones confusas y contradictorias con respecto a los diarios de vuelo de la CIA.69

El gobierno polaco ha negado reiteradamente toda implicación en los programas de entregas extraordinarias y detenciones secretas de Estados Unidos y ha explicado que se efectuaron investigaciones internas en noviembre y diciembre de 2005, que permiten al gobierno afirmar “inequívocamente” que en su territorio no ha existido ninguna prisión secreta gestionada por Estados Unidos. El Parlamento polaco repitió en 2006 estos mismos argumentos en una carta al Consejo de Europa. En ningún momento se ha revelado información sobre las mencionadas investigaciones, ni se ha informado sobre su metodología y sus conclusiones. En julio de 2007, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a Polonia a facilitar datos sobre el alcance, la metodología y las conclusiones de las investigaciones.70

En febrero de 2008, la Comisión Europea declaró que Polonia y Rumania habían eludido las solicitudes del comisario de Justicia y Asuntos de Interior para que aclararan su posible papel en la cuestión de las prisiones clandestinas de la CIA. El comisario había instado a ambos países a emprender investigaciones judiciales sobre la existencia de centros secretos de detención de la CIA en ellos, pero ninguno de los dos respondió “de forma adecuada”.71

En abril de 2008, miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhortaron a Polonia a hacer públicas las conclusiones de sus investigaciones sobre la existencia de centros secretos de detención gestionados por la CIA en Polonia y a responder a las dos comunicaciones enviadas por la Comisión Europea en las que se solicitaba una aclaración sobre estas acusaciones.

Tanto periodistas como investigadores de derechos humanos han sugerido que se podría haber utilizado el territorio de Diego García y sus aguas circundantes para entregas extraordinarias y detenciones secretas de Estados Unidos.72 Amnistía Internacional se dirigió en febrero de 2007 a las autoridades del Reino Unido para preguntarles por los persistentes informes sobre entregas extraordinarias estadounidenses a través de Diego García. Varios ministros han negado estas acusaciones. No obstante, en febrero de 2008 se admitió que dos vuelos, cada uno de los cuales transportaba a un preso, habían aterrizado en Diego García en 2002, lo que evidencia la necesidad urgente de efectuar investigaciones completas, efectivas, independientes e imparciales sobre el traslado de detenidos a través de Diego García y sobre las denuncias de detenciones secretas en el territorio o en sus alrededores.

Aterrizajes

Los acontecimientos que han tenido lugar en España ponen en evidencia la lentitud con que los Estados europeos revelan información sobre los vuelos para entregas extraordinarias.

En marzo de 2005, profesionales del derecho y asociaciones de la sociedad civil de Palma de Mallorca (España) interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, alegando que la CIA estaba utilizando el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) en traslados ilegales de detenidos.

En abril de 2006, Amnistía Internacional reveló que, desde 2001, habían aterrizado en Palma de Mallorca, Tenerife, Málaga y Barcelona al menos 24 vuelos de aviones alquilados o operados por la CIA.73 Tras conocerse ésta y otras noticias, un juez de Palma de Mallorca remitió el caso a la Audiencia Nacional.

En junio de 2006, la Audiencia Nacional abrió diligencias previas sobre las escalas de aviones de la CIA.74 En octubre de ese mismo año, Khaled el-Masri compareció ante el juez, ya que el avión utilizado en su traslado de Skopje a Kabul había hecho escala, por lo menos en ocho ocasiones, en el aeropuerto de Son Sant Joan, entre ellas cuando fue trasladado a Skopje para su entrega extraordinaria el 22 de enero de 2004.

En febrero de 2007, el gobierno español anunció que cumpliría la orden de desclasificar varios documentos del Centro Nacional de Inteligencia, incluidos los relativos a las investigaciones sobre el supuesto uso de aeropuertos españoles por la CIA. Los resultados de estas investigaciones sólo confirmaban el aterrizaje de los aviones en Palma de Mallorca y Tenerife, que ya se había hecho público, y concluían que no era posible determinar la finalidad de los vuelos. La Audiencia Nacional amplió la investigación a las escalas, en bases militares españolas, de aviones militares con destino a Guantánamo o procedentes de ese centro entre 2002 y 2007. En mayo de 2008, el juez ordenó al gobierno español que facilitara información detallada sobre esos vuelos.



En relación con Portugal, el informe de 2007 de la Comisión Temporal concluyó que, entre enero de 2002 y junio de 2006, al menos 91 vuelos de aviones operados por la CIA o relacionados con ella habían hecho escala en territorio portugués. Durante ese mismo periodo, otros 17 vuelos de “diversos países”, con destino a Guantánamo o procedentes de allí, hicieron escala, aparentemente, en Portugal. El informe concluyó que el gobierno debía haber sido consciente de la naturaleza de estos vuelos, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Luis Amado, desmintió esas acusaciones.

El 25 de enero de 2007, el ministro de Asuntos Exteriores declaró que se habían cerrado las investigaciones del gobierno sobre las presuntas escalas en Portugal de vuelos de la CIA para entregas extraordinarias, ya que no había pruebas que impulsaran a seguir investigando. No obstante, el 5 de febrero de 2007 la Fiscalía General, basándose en información recibida de una eurodiputada y de un periodista portugueses, anunció que se disponía a abrir una investigación criminal sobre posibles torturas y otros malos tratos relacionados con presuntos vuelos de la CIA para entregas extraordinarias. Actualmente, se están examinando las escalas de vuelos militares estadounidenses y de la CIA en Portugal a la luz de nueva información publicada en abril de 2008 sobre nos 56 vuelos militares, la mayoría con destino a Guantánamo, que utilizaron el espacio aéreo portugués entre julio de 2005 y diciembre de 2007, incluidos cinco que hicieron escalas en las Azores.


La Comisión Irlandesa de Derechos Humanos concluyó que aviones de la CIA que iban o venían de operaciones de entrega extraordinaria habían aterrizado y repostado en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda. Desde 2005, la Comisión viene pidiendo la implantación de un sistema de inspección de aviones extranjeros para garantizar que Irlanda no vuelva a convertirse, ni siquiera involuntariamente, en un instrumento de ayuda a entregas extraordinarias o torturas. Sin embargo, el gobierno ha respondido que no considera necesario dicho sistema de inspecciones, y que da por buenas las “garantías” del gobierno estadounidense de que no se atravesará el territorio irlandés para transportar presos ilegalmente.

En su resolución de 2007, el Parlamento Europeo condenó las escalas de aviones de la CIA en Irlanda, y recomendó que se prohibieran los aterrizajes de aviones de la CIA allí a menos que se instaurara un sistema de inspecciones. En concreto, instó al gobierno a iniciar “una investigación parlamentaria sobre el uso del territorio irlandés como parte del circuito de entregas de la CIA”.75

Desde 2005, se han intensificado cada vez más las acusaciones vertidas contra el gobierno de Reino Unido, del que se afirma que ha permitido a las autoridades estadounidenses utilizar el territorio británico para entregas. En enero de 2006, Amnistía Internacional escribió al primer ministro británico para manifestar su preocupación con respecto al uso del espacio aéreo y los aeropuertos del país para facilitar vuelos fletados por la CIA cuya participación previa en entregas era conocida. De especial interés fue un avión de reacción Gulfstream V, registrado hasta enero de 2004 con la matrícula N379P, y durante el resto de ese año con la matrícula N8068V, que entre 2001 y 2005 realizó por lo menos 78 escalas en aeropuertos británicos. Los diarios de vuelo obtenidos por Amnistía Internacional demuestran que dichos vuelos cumplían operaciones de entrega conocidas o volvían de ellas.

Habida cuenta de estas pruebas, Amnistía Internacional instó repetidas veces al gobierno británico a emprender una investigación exhaustiva e independiente. Asimismo, instó a las autoridades a poner en marcha todas las medidas necesarias para impedir cualquier acción u omisión que, consciente o inconscientemente, pudiera tener como resultado el uso del territorio británico en operaciones de entrega.

Desde 2005, el gobierno de Reino Unido ha sido acusado cada vez más de permitir a las autoridades estadounidenses utilizar el territorio británico para hacer entregas extraordinarias. En enero de 2006, Amnistía Internacional escribió al primer ministro británico para expresar su preocupación por el uso del espacio aéreo y los aeropuertos británicos para facilitar vuelos de aviones fletados por la CIA que se sabe que han participado en entregas extraordinarias. De especial interés ha sido un turborreactor Gulfstream V, con N379P hasta enero de 2004 y N8068V durante el resto de ese año, que entre 2001 y 2005 hizo al menos 78 escalas en aeropuertos británicos. Según registros de vuelos a los que Amnistía Internacional ha tenido acceso, algunos de estos vuelos iban o venían de hacer operaciones de entrega extraordinaria de las que se ha tenido noticia.

Ante tales indicios, Amnistía Internacional ha instado reiteradamente al gobierno británico a que inicie una investigación exhaustiva e independiente, así como a tomar todas las medidas necesarias para impedir todo acto u omisión que haga posible, de forma voluntaria o involuntaria, el uso de territorio británico en entregas extraordinarias.

Asimismo, Amnistía Internacional se reunió en agosto de 2007 con el ministro de Justicia de Escocia para tratar la cuestión de los vuelos para entregas extraordinarias, y pidió una investigación independiente. El ministro de Justicia entregó la información proporcionada por Amnistía Internacional al fiscal general de Escocia, que a su vez, la hizo llegar a la fuerza policial pertinente. No se tiene constancia de ninguna investigación policial sobre esa información.

El gobierno de Dinamarca ha informado de más de 100 vuelos a través del espacio aéreo danés y de 45 escalas en aeropuertos daneses de aviones empleados presuntamente por la CIA, incluidos algunos que se sabe que han sido utilizados en entregas extraordinarias en otras ocasiones. Según informes, en mayo de 2007, representantes del gobierno danés comunicaron al Comité de la ONU contra la Tortura que no había sido posible confirmar si se habían llevado a cabo actividades ilegales de la CIA en el espacio aéreo o el suelo daneses, ni si algún funcionario danés había participado en ellas.76 Hasta la fecha, el gobierno danés no ha promovido una investigación independiente y exhaustiva sobre las denuncias de participación de Dinamarca en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas.

ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE AHORA

Los Estados europeos deben:

  • iniciar de modo inmediato investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes sobre el papel desempeñado por funcionarios europeos y sobre la utilización de territorio estatal en relación con entregas extraordinarias, detenciones secretas y desapariciones forzadas, así como sobre la participación de agentes estatales en abusos graves contra los derechos humanos perpetrados en el propio país o el extranjero, y dar a conocer públicamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones;

  • garantizar que cuando se examinen actos considerados delitos en virtud del derecho internacional o de la legislación nacional, las diligencias incluyan investigaciones criminales;

  • garantizar que las personas responsables de la investigación y quienes la lleven a cabo sean independientes (desde los puntos de vista jerárquico, institucional y práctico) de las personas, organismos e instituciones que se estén investigando, y que sean incluso completamente independientes del ejecutivo cuando se estime necesario;

  • dotar a las personas que lleven a cabo la investigación de facultades para investigar de forma efectiva los actos de agentes estatales, ya sean nacionales o extranjeros, en relación con casos de entrega extraordinaria, incluida la capacidad de ordenar proteger y presentar documentos, testimonios y otras pruebas pertinentes;

  • garantizar que la investigación pueda determinar si se han cometido violaciones de derechos humanos o de la legislación nacional e identificar a las personas responsables de dichas violaciones, y revisar las políticas y prácticas pertinentes;

  • garantizar que los procedimientos de investigación y la naturaleza de las pruebas recogidas sean transparentes; en particular, las víctimas y sus familias deben tener la oportunidad de participar en el proceso y estar informadas de su marcha;

  • garantizar que las vistas sean públicas excepto en los casos en los que no se puedan analizar pruebas o documentos concretos en público; siempre que se afirme que es necesario mantener la confidencialidad, aunque sea por motivos de seguridad nacional o secreto de Estado, será una autoridad independiente del ejecutivo la que lo determine,;

  • hacer públicos el alcance, los métodos y las conclusiones de toda investigación;

  • tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se alega la necesidad de mantener la confidencialidad por motivos de seguridad nacional, secreto de Estado, relaciones diplomáticas o protección de testigos para retener información o pruebas de violaciones graves de derechos humanos en una investigación, proceso penal, vista de una denuncia de violación de derechos humanos o causa civil o administrativa;

  • garantizar que el órgano investigador remita a las autoridades pertinentes la información necesaria sobre la conducta delictiva y las violaciones de derechos humanos;

  • Aplicar de inmediato las recomendaciones formuladas por los organismos europeos para poner fin a la práctica ilegal de las entregas extraordinarias y detenciones secretas.



7. Continúa el sufrimiento: Europa no rectifica



El 5 de febrero de 2004 el gobierno canadiense estableció una comisión de investigación sobre las acciones de funcionarios canadienses en relación con Maher Arar, a fin de examinar el papel de Canadá en el traslado ilegal de este ciudadano canadiense desde el aeropuerto JFK de Nueva York hasta Siria, pasando por Italia y Jordania. Maher Arar fue entregado a Siria, detenido de forma arbitraria durante 10 meses y torturado en repetidas ocasiones antes de quedar en libertad sin cargos y ser enviado en un avión de regreso a Canadá. A consecuencia de las conclusiones de esta comisión independiente, el gobierno canadiense pidió públicamente disculpas a Maher Arar y le ofreció una indemnización económica por haber participado en su traslado ilegal y en su tortura.

A pesar de la clara responsabilidad de algunos gobiernos europeos en casos similares, no se han facilitado un recurso efectivo a las víctimas, muchas de las cuales continúan detenidas ilegalmente en Guantánamo o en los países a los que fueron trasladadas al margen de la ley, incluidos Siria y Egipto, en los que la tortura es de uso común.

Los persistentes efectos de su secuestro y traslado ilegal a situaciones de tortura y otros abusos han sido demoledores para todas las víctimas y para sus familias.

Por ejemplo, Mustafa Aït Idir, Saber Lahmar Mahfoud y Lakhdar Boumediene sufren problemas físicos y psicológicos que, según creen, se deben al trato que recibieron en Guantánamo o se han visto agravados a consecuencia de él. Si bien la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia ordenó el pago de una indemnización, el derecho internacional de los derechos humanos exige un recurso y una reparación plenos, que van más allá de la compensación económica.

A pesar de la existencia de claros indicios de implicación de funcionarios macedonios en la detención ilegal de Khaled el-Masri en Macedonia y en su posterior entrega extraordinaria, las autoridades macedonias siguen sin admitir que cometieran algo ilícito y no han ofrecido reparaciones ni colaborado plenamente en las investigaciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo.

En cuanto a Suecia, aunque este país ha admitido su responsabilidad por el traslado ilegal de Ahmed Agiza y Mohammed El Zari a Egipto y se ha disculpado por el trato que ambos recibieron en el aeropuerto de Bromma, sigue sin comunicarse ninguna decisión con respecto a las demandas de indemnización presentadas en nombre de los dos ante las autoridades suecas, y hasta la fecha se les sigue negando el permiso de residencia. Ahmed Agiza continúa en prisión en Egipto, y Hannan Atia, su esposa, ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el deterioro de su salud y por sus condiciones de reclusión.

Los Estados europeos tienen la obligación de facilitar a las víctimas recursos por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes, al margen de que otras personas participaran en ellas y de que las iniciaran ellos o agentes de otro Estado. Asimismo, tienen la obligación de ofrecer recursos por todo incumplimiento de su obligación positiva de impedir que agentes extranjeros u otras personas perpetren violaciones de derechos humanos en su territorio, y por no emprender investigaciones inmediatas, efectivas e independientes.

Dichos recursos deben ser efectivos en la práctica y legalmente. Las víctimas tienen derecho al acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la justicia, a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y al acceso a información pertinente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas y a mecanismos de reparación. Una reparación plena y efectiva incluye restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.77

La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de derechos humanos sufrida, y puede incluir: “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.

La satisfacción comprende, entre otras, las siguientes medidas:

  • Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones.

  • La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad.78

  • El esclarecimiento de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.

  • Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima.

  • Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

  • La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Las garantías de no repetición conllevan, por ejemplo, el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad, y la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones de derechos humanos o las permitan.

Un Estado también puede exigir a otro, mediante protestas diplomáticas y, si llegara el caso, por medio de una demanda internacional, que ofrezca reparaciones por los perjuicios causados a sus ciudadanos a consecuencia de una violación del derecho internacional que haya cometido.79

Además, si un Estado se niega a reconocer la detención de una persona que ha desaparecido, o a revelar su suerte y su paradero, esta negación puede constituir, por sí sola, una violación de los derechos de los familiares de la persona, que pueden ser reconocidos por ello como víctimas de trato inhumano o degradante.


ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE AHORA

Los Estados europeos deben:

  • iniciar de modo inmediato investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes sobre el papel desempeñado por funcionarios europeos y sobre la utilización de territorio estatal en relación con entregas extraordinarias, detenciones secretas y desapariciones forzadas, así como sobre la participación de agentes estatales en abusos graves contra los derechos humanos perpetrados en el extranjero, y dar a conocer públicamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones;

  • garantizar que todas las víctimas (incluidos sus familiares, si procede) de violaciones de derechos humanos, incluidas tortura y desaparición forzada, cometidas en el contexto del programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas de Estados Unidos, obtengan sin demora una reparación efectiva del Estado o Estados responsables, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición;

  • Exigir, mediante protestas diplomáticas y, si llegara el caso, por medio de una demanda internacional, que Estados Unidos y los demás Estados responsables ofrezcan reparaciones por los perjuicios causados a ciudadanos suyos a consecuencia de violaciones del derecho internacional.

8. SEIS PASOS PARA QUE EUROPA DETENGA LAS ENTREGAS EXTRAORDINARIAS Y LAS DETENCIONES SECRETAS

Al margen de su determinación definitiva de asumir sus responsabilidades por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en relación con los programas de entregas extraordinarias y detenciones secretas, todos los Estados europeos tienen el deber positivo de aplicar medidas efectivas para evitar dichas violaciones en el futuro. Algunos Estados han tomado medidas. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, el ayuntamiento de Derry se mostró, en general, de acuerdo, con diversas propuestas que le hizo Amnistía Internacional. El ayuntamiento se comprometió a impedir el uso del aeropuerto de la ciudad para prácticas ilegales, para lo que tomará las siguientes medidas:

  • Mantener y actualizar un registro de operadores aéreos cuyos aviones se hayan visto implicados en vuelos para entregas extraordinarias.

  • Solicitar información detallada a dichos operadores antes de permitirles aterrizar o sobrevolar el espacio aéreo. Esta información incluirá el plan de vuelo detallado de la aeronave, los nombres completos, nacionalidades y números de pasaporte de todos los pasajeros, la confirmación de la presencia o no de detenidos entre los pasajeros y el propósito del viaje.

  • Solicitar, en relación con los pasajeros que figuren como presos o detenidos, información detallada sobre su condición y la condición del vuelo, incluido el lugar de destino y el fundamento legal del traslado.

  • Avisar a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir la ley cuando existan motivos para creer que una aeronave podría estar implicada en una entrega extraordinaria o en operaciones conexas, y llevar un registro público de dichos avisos.


En Islandia, a finales de 2007, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó un informe sobre presuntos vuelos para entregas extraordinarias que habían atravesado el país, confirmando así que varios aviones identificados por Amnistía Internacional como implicados en el programa de entregas extraordinarias habían aterrizado en los aeropuertos de Keflavík y Reikiavik. Posteriormente, la ministra de Asuntos Exteriores comunicó al Parlamento que se inspeccionarían todos los aviones con matrículas identificadas en entregas extraordinarias.


Basándose en iniciativas como ésta, Amnistía Internacional ha elaborado una serie de recomendaciones, que se pueden consultar en la página web de la organización (amnesty.org), y que se resumen en lo siguiente:


  • CONDENAR: Los Estados europeos deben condenar públicamente las entregas y la detención secreta, pues son ilícitas, y deben pedir a las autoridades estadounidenses que pongan fin a tales prácticas y hagan pública la verdad sobre ellas.


  • INVESTIGAR: Los Estados europeos deben emprender investigaciones eficaces, independientes e imparciales de las denuncias de participación de sus agentes o de uso de su territorio en entregas, detenciones secretas y desapariciones forzadas. Los órganos de investigación deben:

    • tener potestad jurídica para recabar todas las pruebas pertinentes;

    • operar con arreglo a procedimientos transparentes y que permitan el escrutinio público de la naturaleza de las pruebas recibidas, los resultados y las conclusiones;

    • llevar a cabo investigaciones penales cuando exista delito en virtud de la legislación nacional o del derecho internacional.


  • PROCESAR: Los Estados europeos deben llevar ante la justicia a toda persona sobre la que pesen sospechas razonables de responsabilidad en violaciones de derechos humanos relacionadas con entregas, detenciones secretas o desapariciones forzadas. Los Estados deberán solicitar a las autoridades pertinentes las extradiciones o la asistencia jurídica mutua necesarias para los procesos penales que se entablen.


  • GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN: Los Estados europeos deben garantizar la rendición de cuentas de los servicios de información nacionales y extranjeros. Entre otras medidas, deberán:

    • elaborar y aplicar un marco regulador y prácticas que proporcionen salvaguardias efectivas contra las violaciones de derechos humanos;

    • proteger de represalias a denunciantes de irregularidades y testigos de violaciones de derechos humanos relacionadas con entregas, detenciones secretas y desapariciones forzadas.


  • PREVENIR LA DETENCIÓN SECRETA Y LAS ENTREGAS: Los Estados europeos deberán adoptar medidas que prevean el traslado de personas a la custodia de otro Estado, o que faciliten dicho traslado, únicamente si éste se realiza bajo supervisión judicial, y asegurar que no se devuelve a ninguna persona a un lugar en el que corra el riesgo de sufrir violaciones graves de sus derechos humanos. Asimismo, los Estados deben:


Prevenir las detenciones secretas:

  • prohibiendo la reclusión de personas en lugares distintos de los centros de detención oficialmente reconocidos;

  • garantizando que toda persona detenida en relación con el terrorismo comparece sin demora ante una autoridad judicial y puede impugnar de manera efectiva la legalidad de su detención ante un tribunal;

  • reconociendo la suerte y el paradero de las personas detenidas;

  • garantizando el acceso o la comunicación frecuente entre las personas detenidas y sus familias y asistencia letrada;

  • revisando y modificando pactos militares u otros acuerdos bilaterales o multilaterales que pudieran comprometer la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos.


Prevenir las entregas extraordinarias:

  • garantizando que los operadores de cualquier aeronave empleada por los servicios de información a declaran que está siendo utilizada para fines de Estado;

  • modificando toda autorización genérica de sobrevuelo o aterrizaje, de modo que se estipule la previa aceptación de los requisitos de registro y otras medidas de inspección;

  • solicitando que toda aeronave que solicite autorización para transitar o hacer escala en el territorio de un país europeo indique si alguno de sus pasajeros está privado de libertad y, en ese caso, cuál es su condición, destino y el fundamento jurídico de su traslado;

  • garantizando que las aeronaves y los vehículos que se sabe o sospecha que transportan a alguna persona privada ilícitamente de libertad son inspeccionados por funcionarios independientes;

  • asegurándose de que las autoridades del Estado identifiquen de forma sistemática y proactiva a las empresas y las aeronaves sobre las que existen sospechas razonables de que falsean su condición o de que están de algún otro modo implicadas en violaciones de derechos humanos, sin depender exclusivamente de la información que pueda proporcionar la sociedad civil.


  • PROPORCIONAR REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS: Los Estados europeos deben garantizar que todas las víctimas de entregas, detención secreta o desaparición forzada reciben sin demora una reparación adecuada del Estado o Estados responsables.


HOJAS INFORMATIVAS SOBRE CASOS


Amnistía Internacional destaca los casos expuestos a continuación para que su membresía emprenda acciones sobre ellos

  1. Mustafa Aït Idir y cinco personas más: papel y responsabilidad de Bosnia y Herzegovina


Mustafa Aït Idir, Belkacem Bensayah, Lakhdar Boumediene, Boudella El Hadj, Nechla Mohamed y Saber Lahmar Mahfoud se trasladaron de Argelia a Bosnia y Herzegovina entre principios y mediados de la década de 1990. Todo están casados y tienen hijos. Cuando se los detuvo, cuatro habían obtenido la nacionalidad bosnia, uno tenía la condición de residente y otro había sido privado de su nacionalidad.


La policía de la Federación de Bosnia y Herzegovina los detuvo el 17 de enero de 2002 y, a primeras horas del día siguiente, con la ayuda de la policía cantonal de Sarajevo, los entregó a las fuerzas estadounidenses estacionadas entonces en Bosnia y Herzegovina como parte de la Fuerza de Estabilización (SFOR), contingente militar de pacificación bajo el mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).


Las fuerzas estadounidenses los llevaron primero a la base de la OTAN y la SFOR en la localidad bosnia de Tuzla. Luego los trasladaron a la base de Incirlik, en Turquía, donde las fuerzas aéreas de Estados Unidos cuentan con una base operativa avanzada, y más tarde a la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba). A diferencia de lo ocurrido en otras entregas extraordinarias de Estados Unidos, el traslado de Tuzla a Incirlik no se llevó a cabo en un reactor alquilado a una empresa privada, sino en un avión C-130 de las fuerzas armadas estadounidenses.


En los desplazamientos por vía área, los seis hombres viajaron sujetos con argollas, con los ojos tapados con unas gafas de cristales opacos y con las manos enfundadas en unos manguitos, métodos todos ellos utilizados habitualmente en los traslados a Guantánamo.


Los seis llevan más de seis años recluidos en Guantánamo sin que se hayan formulado cargos contra ellos. Sus abogados afirman que todos han sido objeto de torturas y malos tratos, como periodos prolongados en régimen de aislamiento, exposición a temperaturas extremas, privación del sueño y escasez de momentos de recreo. Dicen también que padecen dolencias causadas o agravadas por las condiciones de reclusión.


Mustafa Aït Idir afirma que, durante un registro celular efectuado en 2004, unos guardias lo mantuvieron inmovilizado en el suelo, mientras otros le pisoteaban la espalda y un lado de la cabeza. En una demanda presentada en su nombre en abril de 2005 se dice que “se le paralizó la mitad de la cara. Tenía dolores. No podía comer con normalidad: era incapaz de retener líquidos y alimentos sólidos en la boca, pues ésta había perdido su función. Los guardias se burlaban de él debido a su estado”. A Mustafa Aït Idir se le ha diagnosticado después parálisis de Bell, dolencia causada, según él, por la agresión sufrida en 2004.


En abril de 2008, Saber Lahmar Mahfoud llevaba más de 22 meses recluido en Guantánamo en régimen de aislamiento. Sus abogados dicen que sus condiciones de reclusión, como espacio limitado y la imposibilidad de realizar ejercicio físico suficiente, han agravado las dolencias nerviosas y musculares que sufría en ambas piernas. Cuando sus abogados lo visitaron en abril de 2008, al parecer se encontraba física y psicológicamente debilitado y deprimido y sufría fuertes dolores en las piernas. Según las informaciones recibidas, no se le permite cartearse con su familia, y rara vez se le facilita pluma y papel.


Lakhdar Boumediene lleva en huelga de hambre desde diciembre de 2006. Según su abogado, permanece recluido en régimen de aislamiento. Dos veces al día, lo atan con correas a una silla (por los pies, los muslos, la cintura, la cabeza, las muñecas y los brazos), le tapan la boca con una mascarilla y lo alimentan por la fuerza a través de un tubo insertado en un orificio nasal que desemboca en el estómago. Según los informes, es un método de alimentación terriblemente doloroso.


No se dispone de información sobre el estado actual de los otros tres hombres.


[Mi única esperanza es que alguien escuche mis gritos de socorro y se ponga en contacto con las autoridades de Bosnia para pedirles que hagan todo lo posible para garantizar que mi esposo salga libre de Guantánamo.

Declaración efectuada por Sabiha Delić Aït Idir, esposa de Mustafa Aït Idir, a Amnistía Internacional en abril de 2008]


[Me he dado cuenta de que [las autoridades bosnias] quieren que se olvide a estas personas.

Stephen Oleskey, abogado estadounidense de los seis hombres]


El papel de Bosnia y Herzegovina


En octubre de 2001, la policía de la Federación de Bosnia y Herzegovina detuvo a Mustafa Aït Idir, Belkacem Bensayah, Lakhdar Boumediene, Boudella El Hadj, Nechla Mohamed y Saber Lahmar Mahfoud por su presunta participación en una trama para atentar contra las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido en Sarajevo. La embajada estadounidense indicó que había pruebas de la vinculación de estos hombres con Al Qaeda y de planes para atentar contra dichas embajadas, pero las pruebas no se hicieron públicas. El 17 de enero de 2002, el Tribunal Supremo de la Federación de Bosnia y Herzegovina, al no encontrar ningún motivo para que los hombres permanecieran detenidos, ordenó su excarcelación, y poco después las autoridades penitenciarias de Sarajevo los pusieron en libertad.


Ese mismo día, la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina dictó una orden provisional para que se adoptaran medidas transitorias con el fin de impedir la deportación, expulsión o extradición de cuatro de los hombres, después de que éstos hubieran formulado una petición al tribunal en dicho sentido.


A pesar de la orden, la policía de la Federación de Bosnia y Herzegovina detuvo a los seis hombres el misma día de su puesta en libertad, entregándolos después a las autoridades estadounidenses.


[Funcionarios estadounidenses indicaron al gobierno bosnio que si no se detenía a estas seis personas, Estados Unidos retiraría su apoyo a Bosnia. Stephen Oleskey]


La Cámara de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que tanto Bosnia y Herzegovina como la Federación de Bosnia y Herzegovina habían expulsado a los seis hombres de forma arbitraria e incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos al ponerlos ilegalmente bajo custodia de Estados Unidos en Bosnia y Herzegovina. Ordenó al gobierno del país que utilizara las vías diplomáticas para proteger sus derechos.


Como consecuencia de esta resolución, las autoridades de Bosnia y Herzegovina y de la Federación les pagaron una indemnización por la violación de su derecho a la libertad, por su expulsión y por el hecho de que las autoridades no hubieran obtenido garantías diplomáticas de que no serían condenados a muerte.


Sin embargo, las autoridades de Bosnia y Herzegovina no han hecho al parecer ningún intento serio de negociar con las autoridades estadounidenses la repatriación de sus ciudadanos recluidos en Guantánamo.


En marzo de 2006, la Comisión Estatal de Bosnia y Herzegovina para el Examen de Decisiones sobre Naturalización de Ciudadanos Extranjeros empezó a revisar la condición de ciudadanos de las personas que habían adquirido la nacionalidad bosnia entre 1992 y 2006. Según los informes, la Comisión iba a recomendar que se retirara la nacionalidad a Lakhdar Boumediene y Saber Lahmar Mahfoud.


Si Bosnia y Herzegovina se negase a aceptar a los seis hombres en el caso de que fueran liberados y deseasen volver a dicho país, podrían ser enviados contra su voluntad a países en los que podrían correr un auténtico peligro de sufrir torturas y otras violaciones de derechos humanos. Tras visitas realizadas a Guantánamo por funcionarios de seguridad argelinos, se rumorea que algunos de ellos podrían ser devueltos a Argelia.


En enero de 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concedió prioridad a la tramitación de peticiones formuladas en favor de los seis hombres. En ellas se afirma que el hecho de que las autoridades de Bosnia y Herzegovina no aplicaran decisiones vinculantes emanadas de tribunales nacionales al permitir que fueran puestos ilegalmente bajo custodia de Estados Unidos y de que no protegieran los derechos de los detenidos durante su traslado y su posterior reclusión en Guantánamo viola varias disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.


Responsabilidad de Bosnia y Herzegovina


Bosnia y Herzegovina tiene la obligación de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y de todas las personas que se encuentren en su territorio. El hecho de que se detuviera a los seis hombres de forma arbitraria y que una vez puestos en libertad se los volviera a detener ilegalmente y se los entregara a Estados Unidos constituye una grave violación del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y de otros derechos. La circunstancia de que se actuara de este modo a pesar de la resolución del Tribunal Supremo de la Federación de Bosnia y Herzegovina según la cual no había motivos para su detención y de la orden provisional solicitando medidas transitorias para impedir la deportación, expulsión o extradición de cuatro de los hombres agudiza la gravedad de la violación y constituye una profunda falta de respeto por el Estado de derecho.


Bosnia y Herzegovina es responsable de haber facilitado el traslado ilegal de estos hombres y de cualquier otro delito cuya comisión como consecuencia de dicha acción fuera razonable prever.. Dada su contribución a la permanencia de los hombres en Guantánamo, Bosnia y Herzegovina tiene la obligación de llevar a cabo acciones diplomáticas en su favor y tratar de facilitar su regreso a Bosnia y Herzegovina si así lo desean. Debe insistir también en proporcionar servicios consulares a sus ciudadanos y solicitar poder hacer lo mismo respecto a los demás.


¡ACTÚA!


Las autoridades de Bosnia y Herzegovina deben:


- garantizar la plena aplicación de las decisiones de la Cámara de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos, así como de cualquier posible sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto a cuestiones relacionadas con este caso;


- poner a disposición judicial a las personas que hayan sido responsables de violaciones del derecho internacional o nacional en relación con la entrega extraordinaria de los seis hombres;

- revisar y modificar los procedimientos que permitieron su puesta bajo custodia estadounidense;

- adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las autoridades estadounidenses investiguen las denuncias de tortura y pongan en libertad a los seis hombres en el caso de no ser acusados de un delito común reconocible y no ser juzgados de inmediato con las debidas garantías;

- adoptar todas las medidas posibles para proteger los derechos de los seis hombres;

- garantizar que, en caso de ser puestos en libertad, se les permita volver a Bosnia y Herzegovina si así lo desean;

- darles una reparación plena –incluidas indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición– por las violaciones de derechos humanos que hayan sufrido como consecuencia de la actuación de Bosnia y Herzegovina;

- insistir –por vías diplomáticas y en caso necesario presentando una demanda ante un tribunal internacional– para que Estados Unidos facilite una reparación plena y efectiva, incluidas indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, por violaciones de los derechos de ciudadanos de Bosnia y Herzegovina.


Escribe a:


Primer Ministro

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH

Nikola Špirić

Trg Bosne i Herzegovine 1

71000 Sarajevo

Bosnia y Herzegovina


Fax: +387 33 211 464


Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro


Ministro de Asuntos Exteriores

Ministar vanjskih poslova BiH

Sven Alkalaj

Ul. Musala 2

71000 Sarajevo

Bosnia y Herzegovina


Correo-E: sven.alkalaj@mvp.gov.ba


Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro


  1. Muhammad Haydar Zammar: papel y responsabilidad de Alemania


El 27 de octubre de 2001, Muhammad Haydar Zammar, ciudadano alemán de 47 años nacido en Siria, abandonó Alemania para dirigirse primero a Mauritania y luego a Marruecos. A principios de diciembre de 2001, agentes de los servicios de información marroquíes lo detuvieron antes de que subiera al avión en el que iba a regresar a Alemania. Era sospechoso de pertenecer a la “célula de Hamburgo”, grupo al que pertenecían también los presuntos cabecillas de los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.


En Marruecos, Muhammad Zammar permaneció detenido sin cargos durante varias semanas y, según los informes, fue sometido a interrogatorios durante más de 15 días. Según él, fue objeto de malos tratos. Luego lo trasladaron a Siria –según los informes en un avión de la CIA– donde permaneció detenido en régimen de incomunicación y fue víctima de presuntas torturas o malos tratos.


Según las informaciones recibidas, Muhammad Zammar permaneció detenido sin cargos y en régimen de aislamiento e incomunicación durante un periodo prolongado en la Sección Palestina (Far' Falastin) de los servicios de Información Militar, cerca de la capital siria, Damasco.


Sus condiciones de reclusión –hasta donde se conocen– equivalían a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fue sometido a presuntas torturas u otros malos tratos, prácticas, según los informes, frecuentes en Far' Falastin. Su celda –subterránea– tenía al parecer una longitud de 1,85 m, una anchura inferior a 0,9 m y una altura menor de 2 m, dimensiones que no le permitirían estar de pie ni tumbado en el suelo con comodidad. Este tipo de celdas suelen denominarse “tumbas” o “sepulturas”. Los presos no disponen de colchón, sino sólo de un par de mantas sucias. Se les entrega una botella de plástico con agua y otra para la orina. El acceso a aire fresco y luz solar en el patio está restringido a un máximo de 10 minutos por mes, pero puede verse reducido a sólo 10 minutos cada seis u ocho meses.


[Personas que han estado detenidas en Far' Falastin afirman que la sección subterránea está infestada de ratas y piojos]


Amnistía Internacional recibió informes según los cuales se había trasladado a Muhammad Zammar de Far' Falastin, donde se encontraba detenido en régimen de aislamiento, a la prisión de Sednaya, donde las condiciones son malas aunque mejores que en Far' Falastin.


Muhammad Zammar se puso en contacto por primera vez con su familia de Alemania por medio de una breve carta fechada el 8 de junio de 2005 y enviada a través del Comité Internacional de la Cruz Roja en Damasco.


El 11 de febrero de 2007, más de seis años después de su detención en Marruecos, Muhammad Zammar fue condenado a 12 años de cárcel por cuatro delitos, entre los que figuraba el de pertenencia a una organización prohibida siria, la Hermandad Musulmana, que se castiga con la pena capital. Conforme a la práctica actualmente en vigor, esta pena se conmutó de inmediato por 12 años de cárcel. Según los informes, durante el juicio no se presentó ninguna prueba de su pertenencia a esta organización ilegal.


Desde que fue condenado se ha autorizado a sus familiares visitarlo con más frecuencia, y se le permiten las visitas consulares de diplomáticos alemanes a intervalos irregulares.


Papel de Alemania e investigaciones en este país


Antes de su detención, Muhammad Zammar había sido sometido a vigilancia de manera intermitente en Hamburgo durante varios años. Había sido interrogado por la policía alemana después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y compareció ante un tribunal de Hamburgo menos de una semana después. No había pruebas suficientes para mantenerlo detenido, pero el fiscal federal inició una investigación sobre las denuncias de que había “apoyado a una organización terrorista”. Muhammad Zammar se trasladó entonces de Alemania a Marruecos.


La información sobre los planes de viaje de Muhammad Zammar, facilitada por la Oficina Federal de Investigación de Alemania (Bundeskriminalamt) a funcionarios estadounidenses, pudo desempeñar un papel decisivo en su detención en Marruecos y en su posterior entrega extraordinaria a Siria.


Según lo dicho durante las sesiones de la comisión del Parlamento alemán (Untersuchungsausschuss) creada para investigar la cooperación secreta de Alemania con Estados Unidos y otros países en la lucha contra el terrorismo internacional y la guerra de Irak, la Agencia Federal de Investigación había facilitado una “biografía detallada” de Muhammad Zammar, una “lista de sus familiares en Siria y Marruecos” e información sobre su vuelo en respuesta a solicitudes de información formuladas por los servicios de información estadounidenses.


Las investigaciones de la comisión parlamentaria confirmaron que se había transmitido a los servicios de información sirios la información recopilada sobre Muhammad Zammar por la Agencia Federal de Investigación y otros dos organismos estatales alemanes. Se reveló también que los servicios de información alemanes habían proporcionado a los sirios una lista de preguntas que debían formularse durante los interrogatorios. A cambio, los sirios les facilitaron los resultados de éstos. Además, la comisión de investigación averiguó que cinco funcionarios de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de los servicios de información alemanes habían ido a Siria en noviembre de 2002 e interrogado a Muhammad Zammar durante tres días.


La comisión parlamentaria fue informada de que durante mucho tiempo el gobierno había optado por no intentar obtener acceso consular al detenido. Según los informes, Muhammad Zammar recibió la primera visita de un diplomático alemán el 7 de noviembre de 2006, un mes después de su primera comparecencia judicial y casi cinco años después de su detención.


Altos funcionarios de la Agencia Federal de Investigación y los otros dos organismos alemanes han reconocido que sabían vagamente o con bastante seguridad que en Siria se torturaba. Admitieron también que no disponían de información detallada sobre las condiciones de reclusión de Muhammad Zammar.


Todos los testigos y los altos funcionarios subrayaron que se había indicado a los cinco funcionarios enviados a Damasco que interrumpieran los interrogatorios si abrigaban alguna sospecha de que Muhammad Zammar había sido torturado o se encontraba bajo coacción, pero que éstos no habían señalado nada en este sentido.


Algunos funcionarios alemanes se enteraron enseguida de que los sirios habían detenido a Muhammad Zammar por su presunta pertenencia a la Hermandad Musulmana, delito castigado con la pena de muerte. Durante las sesiones de la comisión, al menos un alto funcionario de la Agencia Federal de Investigación señaló que en el verano de 2002 sus colegas sirios ya le habían informado de esta circunstancia.


A Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales los miembros de la comisión de investigación no tuvieron acceso a algunos documentos confidenciales porque eran secreto de Estado o recibieron versiones muy modificadas (censuradas) de los documentos. Algunos observadores tuvieron también la sensación de que determinados testigos ocultaron a los miembros de la comisión información sobre cuestiones “delicadas”, y, según los informes, algunos organismos oficiales no facilitaron a los miembros de la comisión los expedientes necesarios para poder interrogar a los testigos sobre ciertos documentos.


Responsabilidad de Alemania


Muhammad Zammar fue víctima de desaparición forzada. Además, la reclusión en régimen de incomunicación durante un periodo prolongado, especialmente en un lugar no revelado, es una violación de derechos humanos y puede constituir por sí misma tortura u otros tratos crueles e inhumanos.


No está claro si los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de información alemanes sabían el uso que se haría de la información que facilitaron a sus homólogos estadounidenses en 2001, pero si era razonablemente previsible que se utilizaría para la detención de Muhammad en Marruecos y su posterior entrega extraordinaria a Siria, Alemania sería responsable de las violaciones de derechos humanos cuya comisión como consecuencia de esta acción era razonable prever.


Alemania violó los derechos humanos de Muhammad Zammar cuando sus agentes lo interrogaron en 2002 sabiendo que se encontraba detenido desde hacía mucho tiempo en régimen de incomunicación en una prisión tristemente famosa por las torturas aplicadas a las personas detenidas por cuestiones relacionadas con la seguridad y que existía un peligro real de que fuese objeto de torturas u otros malos tratos.


¡ACTÚA!


Las autoridades alemanas deben:


  • actuar enérgicamente por vía diplomática para garantizar que los derechos de Muhammad Zammar se respeten en Siria y se investiguen las denuncias de torturas u otros malos tratos, intentar obtener acceso consular al detenido de forma periódica si así lo desea, pedir que lo vuelvan a juzgar con las debidas garantías o lo pongan en libertad, y tratar de facilitar que vuelva a Alemania;

  • garantizar una investigación plena, efectiva, independiente e imparcial de las denuncias de violación de derechos humanos relacionadas con la intervención de Alemania en el asunto, en la que, entre otras cosas, se corrijan las deficiencias que entorpecieron la labor de la comisión parlamentaria;

  • poner a disposición judicial a las personas consideradas responsables, de forma directa o indirecta, de las violaciones de derechos humanos sufridas por Muhammad Zammar;

  • garantizar una reparación plena a Muhammad Zammar y a sus familiares por las violaciones de derechos humanos sufridas como consecuencia de la actuación de Alemania, incluidas restitución, una indemnización justa y adecuada, rehabilitación y medidas para poner fin a los abusos que se sigan cometiendo e impedir su repetición;

  • insistir –por vías diplomáticas y en caso necesario presentando una demanda ante un tribunal internacional– para que los Estados responsables faciliten una reparación plena y efectiva, incluidas restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, por violaciones de los derechos de un ciudadano alemán.


Escribe a:


Canciller federal

Bundeskanzlerin

Angela Merkel

Bundeskanzleramt

Willy-Brandt Str. 1

10557 Berlin

Alemania


Fax: +49 30 4000 2357

Correo-E: internetpost@bundeskanzlerin.de


Tratamiento: Dear Chancellor / Señora Canciller Federal



Ministro del Interior

Bundesminister des Innern

Wolfgang Schäuble

Alt-Moabit 101 D

10559 Berlin

Alemania


Fax: +49 30 18 681-2926

Correo-E: postelle@bmi.bund.de


Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

  1. Abu Omar: papel y responsabilidad de Italia


Cuando Usama Mostafa Hassan Nasr, más conocido como Abu Omar, ciudadano egipcio residente en Italia dotado de la condición de refugiado, caminaba por una calle de Milán el 17 de febrero de 2003, se acercó a él un hombre que, hablándole en italiano, se identificó como policía y le pidió la documentación. Abu Omar no sabe lo que sucedió después, sólo recuerda que lo metieron a empujones en una furgoneta de color blanco.


[Durante el traslado en la furgoneta, sufrí un ataque [...] De mi boca empezó a brotar algo parecido a espuma, el cuerpo se me quedó rígido como si fuera a salírseme el alma y mis piernas chocaban entre sí como si estuviera a punto de morir.

Abu Omar]

Agentes estadounidenses condujeron a Abur Omar a la base aérea de la OTAN en Aviano, localidad del norte de Italia. Allí, según los informes, lo metieron en un avión Learjet LJ-35 (SPAR-92) y lo trasladaron a la base aérea de la OTAN en Ramstein (Alemania). Desde esta localidad, después de hacerle subir a un avión Gulfstream IV (N85VM) fletado por la CIA, lo trasladaron a El Cairo, en Egipto, donde permaneció detenido en un lugar secreto durante los siguientes 14 meses.


Abu Omar afirma que, inmediatamente después de su llegada a El Cairo, agentes de seguridad egipcios lo condujeron a un edificio que, según descubrió después, era la sede del servicio nacional de información. Dijo que habían llegado a torturarlo durante 12 horas al día a lo largo de siete meses. Señaló que lo “crucificaban” en una puerta de metal y en una estructura de madera denominada el-arousa (el puente), en donde le aplicaban descargas eléctricas y le propinaban patadas y puñetazos.


[Me colgaban como a una res recién sacrificada, con la cabeza bocabajo, los pies en alto, las manos atadas a la espalda y los pies también atados; entonces me aplicaban descargas eléctricas en todo el cuerpo, sobre todo en la zona de la cabeza, para debilitar el cerebro y paralizarlo, y también en las tetillas, los genitales y el pene [...]

Abu Omar, en una carta remitida desde una prisión de Egipto]


Abu Omar señala que estuvo detenido en una celda diminuta, mal ventilada e infestada de ratas y cucarachas. En ella hacía un calor agobiante en verano y mucho frío en invierno. Le entregaron una manta para dormir y su dieta se reducía a pan duro.


No le permitían tener ningún contacto con el mundo exterior. Durante 14 meses, sus familiares y amigos no conocieron su paradero.


El 20 de abril de 2004, día en el que salió de la cárcel, funcionarios egipcios le advirtieron de que no dijera a nadie lo que le había pasado.


Sin embargo, unas tres semanas más tarde, después de que hubiera telefoneado a su esposa y a sus amigos de Milán y les hubiera contado su terrible experiencia, lo volvieron a detener, según los informes, por orden del ministro del Interior. Primero lo condujeron a las oficinas del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado en Ciudad Naser y luego a la prisión de Istiqbal Tora. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de Damanhur, donde quedó sometido a detención administrativa, sin cargos.


En febrero de 2005 lo volvieron a trasladar a la prisión de Istiqbal Tora, donde permaneció detenido en régimen de aislamiento. Aunque los tribunales ordenaron su puesta en libertad al menos en 16 ocasiones, el ministro del Interior, acogiéndose a la legislación de excepción, renovó una y otra vez la orden de detención dictada contra él.


Abu Omar quedó por fin en libertad en febrero de 2007 y ahora vive en Alejandría. Desea volver a Italia a pesar de que allí podría tener que responder de diversos cargos. Lo están investigando por asociación con el terrorismo internacional y en 2005 se dictó una orden de detención contra él.


[Por la noche tengo continuas pesadillas y por el día recuerdo sin cesar las torturas y me estremezco [...]

Abu Omar]


Papel de Italia e investigaciones en este país


En un principio, el gobierno y los servicios de seguridad italianos negaron conocer el secuestro de Abu Omar y su posterior entrega extraordinaria a Egipto y haber participado en tales actos.


Aunque Nabila Ghali denunció la desaparición de su esposo poco después de su secuestro, las investigaciones quedaron paralizadas hasta la excarcelación temporal de Abu Omar en Egipto en abril de 2004, cuando telefoneó a su esposa y a un amigo de Milán y les contó los detalles de su secuestro y su posterior traslado a Egipto.


Basándose en estos datos, a mediados de 2004 investigadores italianos, a las órdenes del fiscal de Milán Armando Spataro, consiguieron identificar 17 teléfonos móviles que se habían utilizado alrededor de la fecha y la zona en que se había producido el secuestro. La pista de los teléfonos los condujo finalmente a Robert Seldon Lady, funcionario del consulado estadounidense y presunto jefe de la CIA en Milán, a quien se identificó como alguien que había mantenido frecuentes contactos con Luciano Pironi, agente del cuerpo de carabineros que reconoció después haber participado en el secuestro. Los investigadores encontraron en el domicilio de Robert Lady un ordenador con fotos de Abu Omar, un mapa en el que aparecía señalado el mejor camino para ir a la base aérea de Aviano, un billete de avión para El Cairo a nombre de Robert Seldon Lady e importantes mensajes de correo electrónico.


La pista de los teléfonos condujo también a otros agentes de la CIA. En 2005, la fiscalía de Milán trató de conseguir la extradición de 22 agentes de la CIA en relación con el secuestro de Abu Omar. En julio de 2006, volvió a solicitar su extradición y, tras dictar órdenes de detención contra otros cuatro ciudadanos estadounidenses, pidió también la extradición de éstos. Ninguno de los sucesivos ministros de Justicia ha cursado estas solicitudes a las autoridades estadounidenses.


El 5 de diciembre de 2006, la fiscalía de Milán solicitó que se juzgara a 26 ciudadanos estadounidenses, a ocho funcionarios de la policía y de los servicios de información italianos y a un periodista, implicados en el secuestro. En febrero de 2007, un juez de Milán resolvió que debía juzgarse a 33 personas, 7 ciudadanos italianos y 26 estadounidenses. Entre los ciudadanos italianos imputados figuraban Nicolò Pollari, director del Servicio de Información y Seguridad Militar (SISMI) en la fecha del secuestro, y Marco Mancini, director del departamento de lucha antiterrorista del SISMI. Las autoridades estadounidenses indicaron que, en caso de cursarse, no cumplirían las órdenes de detención.


En febrero y marzo de 2007, cuando se acercaba la fecha del juicio, el gobierno italiano presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional alegando que la magistratura italiana se había excedido en sus atribuciones al utilizar documentos confidenciales e intentar conseguir una autorización para intervenir los teléfonos de algunos agentes de los servicios de información. Romano Prodi, por entonces presidente del gobierno, declaró también que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los documentos relacionados con la seguridad, incluidos los relativos a las relaciones entre Italia y sus aliados, eran secreto de Estado.


El 18 de junio de 2007, el juez de Milán suspendió el juicio en espera de la resolución del Tribunal Constitucional. El magistrado confirmó su decisión el 31 de octubre de 2007 al aplazar el juicio hasta el 12 de marzo de 2008.


Mientras tanto, unas demandas presentadas por Nicolò Pollari y otras personas en relación con los cargos de “divulgación de información catalogada como secreto de Estado”, “obtención de información relativa a la seguridad del Estado” y otros delitos análogos desencadenó la apertura de una investigación penal en Brescia. El 4 de diciembre de 2007, un juez de esta localidad archivó las diligencias.


A principios de marzo de 2008, el fiscal de la causa seguida contra los imputados por el secuestro y la entrega extraordinaria de Abu Omar solicitó la continuación de las vistas, y el 19 de marzo el juez las reanudó, a pesar de que la causa ante el Tribunal Constitucional seguía todavía pendiente de resolución.


[Después de volver a casa se volvió una persona distinta [...] Comprendo su sufrimiento y le perdono, pero ¿quién es el responsable de esta transformación? ¿Quién es el responsable de la actual situación?

Nabila Ghali]


Responsabilidad de Italia


Abu Omar fue víctima de desaparición forzada. Su detención arbitraria y secreta en territorio italiano y su traslado ilegal de Italia a Egipto constituyó la primera etapa de dicha desaparición.


Italia es responsable de haber incumplido la obligación de proteger a las personas que se encuentran en su territorio contra violaciones de derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta que al menos un funcionario italiano participó en el secuestro y la entrega extraordinaria de Abu Omar. Italia es responsable también de cualquier otra violación sufrida por Abu Omar cuya comisión como consecuencia de las acciones de sus agentes era razonable prever. Italia tiene la obligación de investigar y llevar ante la justicia a los agentes suyos y de otros Estados o a los particulares que participaron en el secuestro y entrega extraordinaria de Abu Omar en Italia.


No se puede aducir que las pruebas de unas violaciones de derechos humanos tan graves son secreto de Estado para privar a las víctimas de las indemnizaciones que les corresponden ni para otorgar impunidad a los responsables.


Las violaciones de derechos humanos sufridas por Abu Omar durante su terrible experiencia vulneraron su derecho a la libertad personal, a no sufrir torturas, a no ser objeto de desaparición forzada y a no ser trasladado a un país en el que había razones de peso para pensar que correría un peligro real de sufrir torturas u otros malos tratos.


¡ACTÚA!


Las autoridades italianas deben:


- hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los agentes de la CIA y del SISMI contra los que se dictó auto de procesamiento en Milán en relación con el secuestro y el traslado ilegal de Abu Omar;


- pedir a las autoridades estadounidenses que extraditen a las 26 personas contra las que se han dictado órdenes de detención;


- proporcionar a la magistratura italiana toda la información pertinente que tengan sobre las acciones llevadas a cabo por agentes de la CIA y del SISMI antes y después del secuestro de Abu Omar y durante su desarrollo, garantizando, entre otras cosas, que no se alegue que las pruebas de graves violaciones de derechos humanos son secreto de Estado, afectan a la seguridad nacional o son materia reservada para proteger las relaciones internacionales;

- facilitar una reparación apropiada a Abu Omar y a sus familiares por las violaciones de derechos humanos derivadas de la actuación de las autoridades italianas;

- presionar a las autoridades egipcias para que investiguen las presuntas torturas u otros malos tratos infligidos a Abu Omar, pongan a disposición judicial a los responsables y proporcionen reparaciones plenas;

- devolver a Abu Omar el derecho de residencia en Italia y, en caso de que se lo detenga a su regreso a Italia, garantizar que se lo acuse de un delito común reconocible y se lo juzgue con prontitud con arreglo a las normas internacionales sobre juicios justos o se lo ponga en libertad.


Escribe a:


Primer ministro

Silvio Berlusconi

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370

00187 Rome

Italia


Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro


Ministro del Interior

Roberto Maroni

Palazzo Viminale

Via Agostino Depretis 7

00184 Rome

Italia


Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

  1. Khaled el-Masri: papel y responsabilidad de Macedonia y Alemania


[El caso de El-Masri es la historia dramática de una persona evidentemente inocente –o al menos de una persona contra la que no se ha podido formular nunca la menor acusación– que ha sufrido una verdadera pesadilla en la “telaraña” de la CIA [...]

Dick Marty, relator del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa]


[El ministerio no ha hecho nada ilegal [...] El hombre sigue vivo y está de nuevo en casa con su familia. Alguien cometió una equivocación y ese alguien no es de Macedonia.

Hari Kostiv, entonces ministro del Interior y después primer ministro de Macedonia]


El 31 de diciembre de 2003, funcionarios macedonios apresaron a Khaled el-Masri, ciudadano alemán de 44 años de origen libanés, cuando viajaba a Macedonia. Tras interrogarlo en la frontera serbia, agentes de los servicios de seguridad macedonios lo trasladaron a la capital de Macedonia, Skopje. Durante 23 días, hombres armados lo mantuvieron recluido en la habitación de un hotel y lo interrogaron en inglés, idioma que, según dice, apenas entiende, sobre sus actividades y sobre organizaciones islamistas. Afirma que solicitó en repetidas ocasiones que le pusieran en contacto con la embajada alema, pero no atendieron su petición.


Khaled el-Masri cuenta que lo obligaron a grabar un vídeo diciendo que lo habían tratado bien y que después le indicaron que lo iban a trasladar a Alemania en un avión. Entonces le vendaron los ojos y lo llevaron a un aeropuerto. Según explica, allí le propinaron una terrible paliza y le arrancaron la ropa. Luego lo volvieron a golpear y le quitaron por la fuerza la ropa interior. Lo tiraron al suelo, y sintió cómo le introducían un objeto rígido por el ano. Después le pusieron un pañal absorbente y un chándal y le colocaron un cinturón provisto de unas cadenas, que le ataron a las muñecas y los tobillos. También le colocaron unas orejeras y unos parches en los ojos, le cubrieron éstos con una venda y le pusieron una capucha. Por último, lo tumbaron en el suelo de un avión y lo ataron con correas.


La CIA lo trasladó primero a Kabul (Afganistán) y después a una prisión administrada por Estados Unidos, próxima al aeropuerto. Khaled el-Masri afirma que estuvo recluido en una celda oscura y que en ella lo golpearon y lo interrogaron. Inició una huelga de hambre como señal de protesta, pero lo alimentaron por la fuerza. Dice que fue interrogado en repetidas ocasiones por agentes estadounidenses y, hacia el final de su estancia en la prisión, por una persona de habla alemana, que se identificó simplemente como “Sam”.


El 28 de mayo de 2004 lo metieron en un avión y lo trasladaron a Albania. A su llegada, con los ojos todavía vendados, lo “llevaron en un vehículo durante horas por unas montañas”. Cuando el vehículo se detuvo por fin, sus captores le destaparon los ojos, le quitaron las esposas, le devolvieron el pasaporte y le ordenaron que se alejara por la carretera desierta sin mirar atrás. Estaba oscuro –dice– y “mientras caminaba temía que me dispararan por la espalda y me dejaran allí hasta que muriera”.

De hecho, salieron a su encuentro unos agentes armados albaneses y lo llevaron a un aeropuerto. Le compraron un billete para Fráncfort, adonde llegó el 29 de mayo de 2004.


Cuando llegó a casa se encontró con que su familia se había ido. Su esposa, al no saber dónde se encontraba ni si volvería, se había ido con sus hijos a la casa de su familia en Líbano. Después todos regresaron a Alemania.


Según los informes, un funcionario estadounidense afirmó que habían detenido a Khaled el-Masri porque su nombre era similar al del dirigente de un grupo radical y porque los funcionarios macedonios creyeron que su pasaporte era falso.


Sin embargo, esta “confusa” explicación carece de credibilidad. Tanto en Macedonia como en Afganistán, Khaled el-Masri fue interrogado en repetidas ocasiones sobre las actividades del centro cultural anejo a una mezquita de Neu-Ulm, al que acudía con asiduidad. Si le hubieran confundido con el otro Khaled el-Masri, un individuo identificado en un informe oficial estadounidense como una persona que había estado en un campo de entrenamiento de Al Qaeda, quienes le interrogaron le habrían preguntado con toda seguridad sobre esta circunstancia. Sea como fuere, las violaciones que sufrió no son justificables en ningún caso.


El papel de Macedonia y las investigaciones en este país


Funcionarios macedonios aprehendieron a Khaled el-Masri y lo tuvieron detenido durante 23 días sin informar a su familia ni a un abogado. Según una investigación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Servicio de Seguridad y Contraespionaje de Macedonia (UBK) estuvo en contacto con la CIA durante su detención y ésta había pedido al UBK “ayuda en la captura y detención del Sr. El-Masri hasta que fuera entregado a la CIA para su traslado”. A principios de 2006, dos altos funcionarios macedonios dijeron a The New York Times que Estados Unidos les había pedido que mantuvieran detenido a Khaled el-Masri en Macedonia, y agregaron: “No podíamos negarnos”.


Sin embargo, las autoridades macedonias siguen negando que se detuviera ilegalmente a Khaled el-Masri en Macedonia.


En 2006, Macedonia se negó a cooperar plenamente en las investigaciones realizadas por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.


En mayo de 2007, una comisión del Parlamento macedonio llegó a la conclusión de que los servicios de seguridad no se habían excedido en sus atribuciones al mantener detenido a Khaled el-Masri en un hotel de Skopje antes de su entrega ilegal a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto de esta ciudad.


Responsabilidad de Macedonia


Khaled el-Masri fue víctima de desaparición forzada. Su detención arbitraria y secreta en Macedonia para dejarlo luego bajo control estadounidense y proceder a su entrega extraordinaria constituyó la primera etapa de dicha desaparición.


La actuación de los funcionarios macedonios lo dejó sin protección legal y fue el inicio de su desaparición forzada. El hecho de que agentes macedonios lo mantuvieran detenido de forma arbitraria y en régimen de incomunicación constituyó una vulneración de su derecho a la libertad y a la seguridad personales. El trato que recibió bajo custodia conculcó su derecho a no sufrir torturas ni otros malos tratos.


Macedonia es responsable de las violaciones de derechos humanos sufridas por Khaled el-Masri durante todas las etapas de su terrible experiencia en ese país –desde el inicio de su detención arbitraria hasta su traslado fuera del país– y puede considerársela responsable también de toda violación posterior de derechos humanos cuya comisión como consecuencia de sus acciones fuera razonable prever.


Papel de Alemania e investigaciones en este país


El abogado de Khaled el-Masri en Alemania, Manfred Gnjidic, cree que los interrogatorios y las presuntas torturas de que fue objeto su cliente pudieron tener lugar con el conocimiento de funcionarios alemanes. Hay indicios también de que las autoridades alemanas supieron que lo habían detenido en Macedonia antes de que lo liberaran; sin embargo, insisten en que no supieron nada de la terrible experiencia vivida por Khaled el-Masri hasta el 31 de mayo de 2004, es decir, poco después de su liberación.


En una rueda de sospechosos organizada en febrero de 2006, Khaled el-Masri señaló a un alto funcionario de la policía alemana y dijo que estaba seguro “al 90 por ciento” de que era “Sam”, el hombre que lo había interrogado en Kabul. No obstante, los encargados de la investigación penal indicaron que el funcionario podía demostrar dónde había estado en la época en que se produjeron los hechos.


El 31 de enero de 2007, un tribunal de Múnich dictó órdenes de detención contra 13 ciudadanos estadounidenses, de los que al menos 10 son presuntos agentes de la CIA, responsables al parecer de la entrega extraordinaria de Khaled el-Masri. En febrero, el gobierno alemán cursó las órdenes a la Interpol y, según los informes, esta medida suscitó enérgicas protestas de Estados Unidos. En junio de 2007, la fiscalía pidió formalmente al Ministerio de Justicia alemán que solicitara la extradición de esas personas. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense indicó que Estados Unidos rechazaría cualquier solicitud de este tipo. A la vista de este hecho, el Ministerio de Justicia alemán decidió no hacerlo. Como la legislación alemana no permite la celebración de juicios sin la presencia de los acusados, los tribunales alemanes no podrán juzgar a unas personas contra las que existen pruebas de que participaron en el secuestro, la detención ilegal y las presuntas torturas de que fue objeto Khaled el-Masri.


Responsabilidad de Alemania


Khaled el-Masri fue víctima de desaparición forzada. Si un agente alemán participó en sus interrogatorios en un lugar secreto en el que se encontraba recluido desde hacía tiempo en régimen de incomunicación o en el que fue objeto de torturas o malos tratos, Alemania es responsable de las violaciones de derechos humanos que sufrió. El hecho de que las autoridades alemanas no procuraran que se informara a sus familiares de su suerte y paradero, una vez que tuvieron conocimiento de esta información, podría constituir, además, una violación de los derechos de sus parientes más próximos.


¡ACTÚA!


Las autoridades macedonias deben:


  • emprender una investigación plena, efectiva, independiente e imparcial sobre las presuntas violaciones de los derechos de Khaled el-Masri desde el momento de su detención hasta su salida de Macedonia, examinando, entre otras cosas, si eran previsibles las que sufrió después; hacer públicos sus resultados, y poner a disposición judicial a los responsables;

  • garantizar una reparación plena a Khaled el-Masri por los abusos que sufrió como consecuencia de la actuación de agentes macedonios.


Las autoridades alemanas deben:


  • cursar las solicitudes de extradición a las autoridades estadounidenses;

  • insistir –por vía diplomática y en caso necesario presentando una demanda ante un tribunal internacional– en que Estados Unidos y Macedonia proporcionen una reparación plena y efectiva, incluidas restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, por las violaciones de los derechos de un ciudadano alemán;

  • en caso de que se demuestre que funcionarios alemanes facilitaron violaciones de los derechos de Khaled el-Masri o los de su familia o participaron en ellas, proporcionar una reparación plena por cualquier abuso sufrido como consecuencia de la actuación de agentes alemanes y adoptar medidas para impedir su repetición.

Escribe a:


Ministro de Asuntos Internos

Minister za vnatreshni raboti

Dimche Mirchev bb

1000 Skopje

Macedonia


Fax: +389 23 143 400

Correo-E: goran_pavlovski@moi.gov.mk


Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro


Canciller federal

Bundeskanzlerin

Angela Merkel

Bundeskanzleramt

Willy-Brandt Str. 1

10557 Berlin

Alemania


Fax: +49 30 4000 2357

Correo-E: internetpost@bundeskanzlerin.de


Tratamiento: Dear Chancellor / Señora Canciller Federal


  1. Ahmed Agiza y Mohammed El Zari: papel y responsabilidad de Suecia


El 18 de diciembre de 2001, las autoridades suecas rechazaron las solicitudes de asilo presentadas por los ciudadanos egipcios Ahmed Agiza y Mohammed El Zari. No informaron a sus abogados de la decisión ni les dieron la oportunidad de recurrirla. Unas horas después, la policía sueca recogió a los dos hombres y los trasladó al aeropuerto de Bromma, cerca de Estocolmo.


En el aeropuerto, un grupo de agentes estadounidenses con la cara tapada llevaron a ambos a un pequeño vestuario y les hicieron un registro corporal que equivalió a una grave agresión física. Les rasgaron la ropa con unas tijeras y les examinaron el pelo, la boca y los oídos. Según los informes, uno de los dos señaló que le habían introducido por la fuerza un objeto en el ano. Luego les pusieron unos monos, les vendaron los ojos, les colocaron unas capuchas y los fotografiaron.


Después, a pesar de que hacía mucho frío, los condujeron a un avión con los pies descalzos. Una vez en el aparato -un avión de negocios Gulfstream V, alquilado por la CIA con matrícula N379P– los obligaron a colocarse en una postura dolorosa y los ataron con correas a unos colchones. Durante todo el viaje a Egipto, permanecieron esposados y con los pies encadenados.


Tras su llegada a El Cairo, estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante cinco semanas. Egipto había dado a las autoridades suecas “garantías diplomáticas” de que no se los torturaría ni se les impondría la pena de muerte, y de que se los juzgaría con las debidas garantías. Las garantías resultaron ser papel mojado. Ya en enero de 2002, los dos hombres indicaron a unos diplomáticos suecos que los habían torturado.


Ahmed Agiza contó después a unos parientes que lo habían torturado con descargas eléctricas, recluido en régimen de aislamiento en unas condiciones muy duras y amenazado con agredir sexualmente en su presencia a su esposa y a su madre. Mohammed El Zari afirmó que lo habían torturado aplicándole descargas eléctricas en los genitales, las tetillas y los oídos.


El 27 de abril de 2004, un tribunal militar condenó a Ahmed Agiza a 25 años de cárcel en un juicio injusto. Después le redujeron la pena a 15 años, y en la actualidad sigue encarcelado en Egipto. Su esposa, Hanan Attia, afirma que está “muy preocupada” por su salud y está intentando que lo atiendan mejor.


El 27 de octubre de 2003, Mohammed El Zari quedó en libertad en El Cairo sin que lo acusaran nunca de ningún delito. Sigue libre en Egipto.


Papel de Suecia e investigaciones en este país


En Suecia se negó a Ahmed Agiza y Mohammed El Zari un procedimiento pleno y justo para la tramitación del asilo. Las autoridades de inmigración llegaron a la conclusión de que los hombres habían conseguido demostrar que su temor a sufrir persecución en Egipto, incluido el riesgo de sufrir torturas, era fundado, pero remitieron el caso al gobierno para que adoptara una decisión definitiva, porque la Policía de Seguridad (Säpo) había indicado que constituían una amenaza para la seguridad nacional. La decisión se tomó en función de información secreta –facilitada presuntamente al Säpo por servicios de información extranjeros– que se ocultó a los dos hombres y a sus abogados. La decisión de no proporcionarles la protección concedida a los refugiados, adoptada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, no se comunicó a sus abogados hasta que ya habían sido devueltos a Egipto. No se les dio la oportunidad de recurrir ante un organismo imparcial e independiente. Su expulsión sumaria a Egipto vulneró la prohibición de la devolución (refoulement). No obstante, es evidente que las autoridades suecas eran conscientes del peligro que corrían los dos hombres, ya que solicitaron a Egipto “garantías diplomáticas” de que no serían objeto de torturas ni otros malos tratos.


Con el fin de llevar a cabo la expulsión, la CIA ofreció al Säpo un avión, y éste organismo aceptó el ofrecimiento para –como indicó después– evitar retrasos excesivos. Agentes de policía suecos detuvieron a los dos hombres y los condujeron al aeropuerto de Bromma poco antes del aterrizaje del avión de la CIA. Un agente del Säpo y un intérprete civil que acompañaron a los dos hombres a El Cairo describieron después el trato que se les había dado en el avión. El agente informó de los hechos al director del Säpo, quien redactó un memorando sobre la expulsión, que envió al Ministerio de Justicia sueco.


[En el aeropuerto, de hecho, los agentes de la policía de seguridad dejaron el control de la operación en manos de funcionarios estadounidenses, dándoles entera libertad para ejercer la autoridad pública. No hay ninguna base legal para una conducta semejante.

Investigación del jefe de la institución del Defensor del Pueblo del Parlamento de Suecia]


El embajador de Suecia en Egipto visitó por primera vez la prisión donde se encontraban los dos hombres en enero de 2002, y éstos le indicaron que habían sufrido torturas y otros malos tratos, denuncia que reiteraron en visitas posteriores. Sin embargo, las autoridades suecas siguieron aceptando al parecer las someras explicaciones de las autoridades egipcias según las cuales no se les estaban infligiendo malos tratos.


La Comisión Constitucional del Parlamento sueco llegó después a la conclusión de que el gobierno no debería haber aceptado las garantías de las autoridades egipcias y , por tanto, no debería haber expulsado a los dos hombres.


En una investigación promovida por el Defensor del Pueblo sueco se llegó a la conclusión de que los agentes del Säpo habían consentido en el aeropuerto las acciones de los funcionarios estadounidenses, permitiéndoles ejercer la autoridad pública en territorio sueco, y que el trato dado a Ahmed Agiza y Mohammed El Zari, desde su llegada al aeropuerto hasta su desembarco en El Cairo, debía calificarse sin excepción de inhumano y degradante.


Tras la llegada de los dos hombres a Egipto, las autoridades suecas no tomaron medidas efectivas para intentar remediar las consecuencias de su injusta expulsión.


En 2007, tras un cambio de gobierno, las autoridades suecas revocaron las órdenes de expulsión dictadas contra ambos. El nuevo ministro de Migración y Política de Asilo reconoció por fin que Mohammed El Zari había sido objeto de un trato injusto. Los dos hombres volvieron a solicitar entonces permisos de residencia en Suecia.


En mayo de 2007, la Junta de Migración sueca rechazó la solicitud de Mohammed El Zari, pero éste ha recurrido la decisión. En octubre de 2007, la Junta denegó la solicitud de permiso de residencia y trabajo presentada por Ahmed Agiza, pero éste ha recurrido también.


Hasta el momento no se ha hecho pública ninguna decisión sobre las demandas de indemnización presentadas a las autoridades suecas en nombre de los dos hombres.


Responsabilidad de Suecia


En mayo de 2005, el Comité de la ONU contra la Tortura llegó a la conclusión de que Suecia había vulnerado la Convención contra la Tortura al haber devuelto a Ahmed Agiza a un país en el que había razones de peso para pensar que corría peligro de sufrir torturas. El Comité llegó también a la conclusión de que Ahmed Agiza había sufrido “al menos” tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de agentes extranjeros en territorio sueco, con el consentimiento de la policía sueca.


En noviembre de 2006, el Comité de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que las autoridades suecas eran responsables de múltiples violaciones de derechos humanos en relación con la expulsión sumaria de Mohammed El Zari de Suecia a Egipto, incluida la vulneración de la prohibición de la devolución (refoulement).


El Comité llegó a la conclusión también de que la fuerza empleada contra Mohammed El Zari en el aeropuerto de Bromma había sido excesiva y vulneraba el derecho internacional. Además, determinó que Suecia era responsable de estos actos, ya que se habían llevado a cabo con el consentimiento o la aquiescencia de funcionarios suecos. El Comité sostuvo también que el hecho de que Suecia no hubiera puesto en marcha una investigación sobre la responsabilidad penal de todos los funcionarios implicados, tanto suecos como extranjeros, constituía una vulneración más de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


En vista de esta decisión y de varias más, el Comité de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que Suecia tenía la obligación de proporcionar a Mohammed El Zari un recurso efectivo, incluida indemnización.

A pesar de las conclusiones del Defensor del Pueblo y de los órganos de la ONU, el gobierno sueco no ha puesto en marcha una investigación plena e independiente sobre todos los aspectos del papel desempeñado por las autoridades suecas en el traslado y los malos tratos de que fueron objeto los dos hombres en el aeropuerto de Bromma y tras quedarbajo custodia estadounidense, primero, y egipcia después.


¡ACTÚA!


Las autoridades suecas deben:


  • garantizar una investigación plena, efectiva, independiente e imparcial sobre la posible responsabilidad penal individual de los agentes suecos y extranjeros implicados en las violaciones de derechos humanos sufridas por Ahmed Agiza y Mohammed El Zari y poner a los autores de estas violaciones a disposición judicial;

  • presionar a las autoridades egipcias para que investiguen la presunta tortura de Ahmed Agiza y Mohammed El Zari, y para que pongan en libertad a Ahmed Agiza o lo vuelvan a juzgar de inmediato con las debidas garantías y le proporcionen acceso sin restricciones a sus abogados y familiares y asistencia médica adecuada;

  • facilitar una reparación adecuada a Ahmed Agiza y Mohammed El Zari por los abusos contra los derechos humanos sufridos como consecuencia de las acciones de Suecia, incluido su regreso a este país.


Escribe a:


Primer ministro

Frederik Reinfeldt

Prime Minister’s Office

Rosenbad 4

103 33 Stockholm

Suecia

Correo-E: fredrik.reinfeldt@primeminister.ministry.se

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

Ministra de Justicia

Beatrice Ask

Rosenbad 4

103 33 Stockholm

Suecia


Fax: +46 8 20 27 34

Correo-E: beatrice.ask@justice.ministry.se

Tratamiento: Dear Minister / Señora Ministra

  1. Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna: papel y responsabilidad del Reino Unido


El 8 de noviembre de 2002, Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna se trasladaron en avión del Reino Unido a Gambia, según los informes, para poner en marcha una empresa de tratamiento de cacahuetes. Bisher Al-Rawi, ciudadano iraquí, llevaba residiendo legalmente en el Reino Unido desde 1983, mientras que Jamil El-Banna, ciudadano jordano, había llegado al Reino Unido en 1994 y había obtenido un permiso indefinido para permanecer en este país como refugiado.


Seis días antes del viaje habían detenido a Bisher Al-Rawi, a Jamil El-Banna y al ciudadano británico Abdullah El-Janoudi en el aeropuerto londinense de Gatwick, cuando se disponían a tomar un avión con destino a Gambia, porque se había encontrado un “objeto sospechoso” en el equipaje del primero. Después de interrogarlos durante dos días sobre su presunta colaboración con el terrorismo internacional, las autoridades británicas los pusieron en libertad y les indicaron que podían viajar a Gambia.


A su llegada al aeropuerto de Banjul en Gambia, el Servicio Nacional de Información (NIA) de este país detuvo a los tres, así como al hermano de Bisher Al-Rawi, Wahab Al-Rawi, ciudadano británico, que había acudido al aeropuerto para recibirlos. Después de un primer interrogatorio en la sede del NIA en Banjul, agentes estadounidenses se encargaron al parecer de interrogarlos. Durante todo este tiempo, los cuatro hombres permanecieron detenidos en lugares no revelados de Banjul.


En noviembre de 2002, las autoridades estadounidenses comunicaron a los servicios de seguridad británicos su intención de trasladarlos al centro de detención de Estados Unidos en la base área de Bagram (Afganistán). Las autoridades británicas se dirigieron por vía consular al gobierno estadounidense para protestar por la detención de los dos ciudadanos británicos, Wahab Al-Rawi y Abdullah El-Janoudi, y ambos, tras quedar en libertad en diciembre de 2002, fueron devueltos al Reino Unido. Sin embargo, en un telegrama enviado el 6 de diciembre, el gobierno británico indicó a las autoridades estadounidenses que “no trataría de extender la protección consular a los que no eran ciudadanos británicos”.


Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna permanecieron recluidos en régimen de incomunicación durante más de un mes en Banjul, siendo interrogados por agentes estadounidenses sobre sus presuntos vínculos con Al Qaeda. Después, las autoridades estadounidenses los trasladaron en secreto a Bagram, donde permanecieron alrededor de un mes antes de ser transferidos a Guantánamo en febrero de 2003.


Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna han afirmado que sufrieron torturas y otros malos tratos durante su traslado a Afganistán y su reclusión en este país. Cuentan que que los esposaron, les colocaron unas capuchas, les desgarraron la ropa, les agredieron físicamente y los inmovilizaron con correas y grilletes en un avión para trasladarlos de Gambia a Afganistán. Afirman también que, en Afganistán, permanecieron esposados, privados de alimento y agua potable y encerrados en oscuras celdas a temperaturas muy bajas.


En abril de 2006, el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw, escribió a su colega estadounidense, Condolezza Rice, para pedirle que pusieran en libertad a Bisher Al-Rawi y lo devolvieran al Reino Unido. Fue devuelto a este país un año después, tras permanecer más de cuatro en Guantánamo. Tras su vuelta al Reino Unido, no fue acusado de ningún delito. La tardía intervención del Reino Unido en favor de Bisher Al-Rawi sólo se produjo cuando salieron a relucir en los tribunales sus posibles conexiones con los servicios de seguridad británicos.


[Estoy convencido de que sin la intervención inmediata de Amnistía durante esos primeros días extremadamente difíciles que siguieron a nuestra detención en Gambia, probablemente ahora estaríamos muertos.

Bisher Al-Rawi]


El 7 de agosto de 2007, el gobierno británico anunció que estaba haciendo gestiones en favor de cinco residentes en el Reino Unido detenidos en Guantánamo, entre ellos Jamil El Banna, sobre la base de que tenían “vínculos con el Reino Unido”.


Jamil El-Banna fue devuelto el 19 de diciembre de 2007 y detenido a su llegada al Reino Unido. Rápidamente quedó en libertad bajo fianza en espera del resultado de una solicitud de extradición presentada por España. El proceso de extradición ensombreció la vida de Jamil El-Banna hasta el 6 de marzo de 2008, fecha en que se retiró la solicitud.


Al quedar en libertad, Jamil El-Banna tuvo la oportunidad de conocer a su hija menor, que había nacido cuando se encontraba en Guantánamo.


[[M]is hijos y yo hemos sufrido también esta injusticia. No sólo han tratado a mi esposo injustamente [...] sino que a mis hijos y a mí nos han tratado incluso peor.

Declaración de Sabah El-Banna, esposa de Jamil El-Banna, en un acto de Amnistía Internacional y Retrieve celebrado en Londres en noviembre de 2005]


Papel del Reino Unido e investigaciones en este país


[Este caso –que afecta a dos personas con residencia permanente en el Reino Unido, detenidas en Gambia en noviembre de 2002 y trasladadas primero a Afganistán y luego a Guantánamo– [...] es un ejemplo de la cooperación (mal planteada) entre los servicios de un país europeo (el M15 británico) y la CIA en el secuestro de personas contra las que no hay pruebas que permitan mantenerlas recluidas de forma legal [...]

Dick Marty, relator del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa]


A partir de noviembre de 2002, Amnistía Internacional planteó en repetidas ocasiones a las autoridades británicas sus motivos de preocupación sobre el trato dado a Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna, en especial sobre el papel que el Reino Unido pudiera haber desempeñado en su puesta ilegal bajo control estadounidense, y sobre las medidas adoptadas por las autoridades para intervenir en su favor.

En 2006 se precisó la posible amplitud de la intervención británica como consecuencia de una serie de revelaciones efectuadas durante un proceso de revisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. Unos documentos desvelados por los servicios de seguridad británicos confirmaron que éstos habían mantenido bajo vigilancia a Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna antes de su viaje a Gambia. El Tribunal Superior supo también que los servicios de seguridad británicos habían facilitado información sobre los dos hombres a otro país además de Gambia, país que resultó ser Estados Unidos, según un informe emitido en julio de 2007 por el Comité de Inteligencia y Seguridad del Reino Unido.


El 1 de noviembre de 2002, los servicios de seguridad británicos enviaron un telegrama a sus homólogos estadounidenses para informarles sobre su evaluación de Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna. El 4 de noviembre les enviaron otro telegrama en el que se incluían detalles sobre los planes de ambos para viajar a Gambia. En el telegrama se solicitaba también a las autoridades estadounidenses que pidieran a los servicios de seguridad de Gambia que los “cubrieran” durante su estancia en este país. El 8 de noviembre, los servicios de seguridad británicos enviaron un tercer telegrama a las autoridades estadounidenses, con los detalles de su vuelo a Gambia .


Los primeros dos telegramas incluían la advertencia de que los servicios de seguridad estadounidenses no debían emprender “acciones manifiestas, encubiertas ni ejecutivas” sobre la base de la información contenida en ellos, mientras que el tercero, el de los detalles del vuelo, incluía la advertencia de que la información contenida en él no se debía comunicar a terceros países.


El primer telegrama incluía información según la cual el objeto sospechoso encontrado en el equipaje de uno de los hombres era tal vez “un dispositivo explosivo improvisado”. Los servicios de seguridad británicos no informaron después a Estados Unidos de que habían examinado el dispositivo y había resultado ser un cargador de baterías modificado.


Las autoridades británicas afirman que su tardía decisión de hacer gestiones en favor de Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna no suponía un reconocimiento de que el Reino Unido tenía la obligación de intervenir en su favor o de que compartía la responsabilidad de la detención de los dos hombres o de su posterior traslado a Guantanámo por las autoridades estadounidenses.


El Comité de Inteligencia y Seguridad llevó a cabo una investigación sobre el caso. Amnistía Internacional no sólo sigue teniendo graves motivos de preocupación sobre las deficiencias del informe del Comité, sino también sobre las características del propio Comité, que comportan que no fuera el órgano adecuado para realizar una investigación lo suficientemente independiente, imparcial y efectiva.


Responsabilidad del Reino Unido


Las diferentes investigaciones llevadas a cabo hasta ahora indican con claridad que las autoridades británicas desempeñaron un papel decisivo en la detención de Jamil El-Banna y Bisher Al-Rawi. Aunque formularon algunas advertencias sobre la información que estaban proporcionando, éstas no se respetaron en la práctica. Si el Reino Unido sabía o debía haber sabido que esa información se iba a utilizar para la detención y la entrega extraordinaria de los dos hombres, es responsable de haber contribuido a las violaciones de derechos humanos de que fueron objeto.


Ambos sufrieron numerosas violaciones de derechos humanos, como la vulneración del derecho a acudir a un tribunal para impugnar la legalidad de su detención, del derecho a la libertad y seguridad personales, del derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y del derecho a un recurso efectivo.


¡ACTÚA!


Las autoridades británicas deben:


- efectuar una investigación plena, efectiva, independiente e imparcial sobre la participación del Reino Unido en la detención y entrega extraordinaria de Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna y hacer públicos los resultados;


- facilitar una reparación plena por toda inacción deliberada a la hora de rectificar información incorrecta facilitada con anterioridad, que se demuestre que agravó o prolongó las violaciones de derechos humanos sufridas por los dos hombres, y, en caso de que en la investigación quede probada la responsabilidad del Reino Unido respecto a otras violaciones, proporcionar reparaciones y llevar a los responsables ante la justicia.


Escribe a:


Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

David Miliband

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Reino Unido


Fax: +44 (0)20 7008 2141

Correo-E: Sosfa-action@fco.gov.uk


Tratamiento: Dear Secretary of State / Señor Ministro


Primer ministro

Gordon Brown

10 Downing Street

London SW1A 2AA

Reino Unido


Fax: +44 (0)20 7925 0918

Correo-E: vía http://www.number10.gov.uk/output/Page821.asp


Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro



1 Este informe no se ocupa del uso de territorio europeo para trasladar a personas bajo custodia del Departamento de Defensa estadounidense de Afganistán a Guantánamo. Aunque Amnistía Internacional considera que estos son también traslados ilegales, que entrañan detención arbitraria, en estos casos no existe traspaso de la custodia de un Estado a otro, y hay un marco legal distinto para los vuelos militares que operan en suelo o espacio aéreo europeo. La utilización de territorio europeo en vuelos militares empleados para traslados que entrañaban detención arbitraria debe ser objeto de nuevas investigaciones, con vistas a comprobar si determinados Estados europeos son responsables, y en qué medida, de facilitar la comisión de una acción ilegítima o ayudar en ello, especialmente si se produce una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Estas investigaciones también deben encaminarse a determinar si funcionarios particulares de esos Estados han incurrido en responsabilidad penal.

2 Amnistía Internacional utiliza el término “entrega extraordinaria” para referirse al traslado internacional de personas cuya custodia pasa así de un Estado a otro sin el debido proceso judicial y administrativo. Las entregas extraordinarias violan el derecho internacional, porque no respetan el requisito del debido proceso, y a menudo conllevan múltiples violaciones de derechos humanos, como detención ilegal y arbitraria, tortura u otros malos tratos y desaparición forzada. La mayoría de las víctimas de entrega extraordinaria de las que se tiene noticia fueron aprehendidas en Pakistán o Afganistán; algunas fueron trasladadas por Estados Unidos a países de Oriente Medio y permanecieron allí o volvieron a quedar bajo custodia de Estados Unidos y fueron enviadas a Guantánamo o a centros secretos de detención en “lugares negros” gestionados por la CIA.

3 S/RES/1456, 20 de enero de 2003.

4 Este informe no se ocupa en detalle del papel desempeñado por las autoridades de Estados Unidos, Pakistán y algunos Estados de Oriente Medio que han sido responsables de la mayoría de las graves violaciones de derechos humanos asociadas al programa de entregas extraordinarias. Algunos de estos motivos de preocupación se tratan en otros informes de Amnistía Internacional.

5 La declaración oral del Ministro de Asuntos Exteriores puede consultarse en http://www.fco.gov.uk

6 Declaración del director de la CIA sobre la utilización de Diego García en el pasado, 21 de febrero de 2008, https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/past-use-of-diego-garcia.html.

7 Amnistía Internacional: Estados Unidos de América: Ley y desorden ejecutivo. El presidente da vía libre al programa de detención secreta (Índice AI: AMR 51/135/2007), agosto de 2007.

8 Declaración del director de la CIA obre interrogatorios legales, 13 de febrero de 2008, https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/directors-statement-on-lawful-interrogation.html.

9 Cómplices. El papel de Europa en las "entregas extraordinarias" de Estados Unidos (Índice AI: EUR 01/008/2006), junio de 2006.

10 En este caso, y en el resto del informe, el termino “territorio” incluye todo el territorio que hay dentro del Estado o bajo su control, incluido su espacio aéreo, las aguas y todos los aeropuertos y bases militares, sean o no utilizadas o arrendadas por otros Estados u organizaciones interestatales, así como las zonas que no formen parte de su territorio ordinario pero que estén temporalmente bajo su control efectivo.

11Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, doc. 11302 rev. , 11 de junio de 2007, memorando aclaratorio (informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa), párr. 39.

12 Declaración de la OTAN a la prensa, 4 de octubre de 2001, http://www.nato.int/docu/speech/2001/s011004b.htm.

13 Secretario general del Consejo de Europa, Secretary General’s supplementary report under Article 52 ECHR on the question of secret detention and transport of detainees suspected of terrorist acts, notably by or at the instigation of foreign agencies, SG/Inf(2006)13, 14 de junio de 2006.

14 Secretario general del Consejo de Europa, Follow-up to the Secretary General’s reports under Article 52 ECHR on the question of secret detention and transport of detainees suspected of terrorist acts, notably by or at the instigation of foreign agencies (SG/Inf(2006)5 and SG/Inf(2006)13): Proposals made by the Secretary General, SG(2006)01, 30 de junio de 2006.

15 Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe member states: Report, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, doc. 10957, 12 de junio de 2006 (informe de la Asamblea Parlamentaria del 7 de junio de 2006); informe de la Asamblea Parlamentaria del 11 de junio de 2007, op. cit.; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 1562(2007)1 y recomendación 1801(2007), adoptadas por la Asamblea el 27 de junio de 2007.

16 Informe provisional sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos, 15 de junio de 2006; Informe sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos, 30 de enero de 2007; resolución del Parlamento Europeo sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos (2006/2200(INI)), P6_TA(2007)0032, 14 febrero de 2007.

17 Speaking notes for the press conference on the report under Article 52 of the ECHR, 1 de marzo de 2006, http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/Speaking_notes%20_sg.asp.

18 Reuters, 17 de enero de 2008, http://uk.reuters.com/article/domesticNews/idUKL1784265920080117.

19 Informe de 2007 de la Comisión Temporal, párrs. 165-179, véase también Nick Hawton, “Hunt for CIA ‘black site’ in Poland”, BBC News, 28 de diciembre de 2006.

20 CM/AS(2008)Rec1801 final, 18 de enero de 2008, Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report – Parliamentary Assembly Recommendation 1801 (2007), Reply adopted by the Committee of Ministers on 16 January 2008 at the 1015th meeting of the Ministers’ Deputies.

21 Véanse Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Estados Unidos de América, doc. ONU. CAT/C/USA/CO/2, 18 de mayo de 2006, párr. 17; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Estados Unidos de América, doc. ONU CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 18 de diciembre de 2006, párr. 12, y Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Opinión núm. 29/2006 (Estados Unidos de América), 1 de septiembre de 2006, párr. 21.

22 Comisión de Derecho Internacional, Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, artículo 16 [Resolución A/RES/56/83 de la Asamblea General de la ONU, 12 de diciembre de 2001]. El artículo 16 refleja una norma de derecho consuetudinario internacional, vinculante para todos los Estados: Corte Internacional de Justicia, Bosnia and Herzegovina v. Serbia (Genocide Convention), 26 de febrero de 2007, párr. 420. Entre los ejemplos ya admitidos se incluye facilitar el secuestro de una persona en suelo extranjero, ofrecer voluntariamente un “elemento esencial” y poner “su propio territorio a disposición de otro Estado”: véanse los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional, doc. ONU A/56/10, 2001, pp. 153-156, párrs. 1 y 8; Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión Venecia), Opinion on the international legal obligations of Council of Europe member States in respect of secret detention facilities and inter-State transport of Prisoners, Opinión núm. 363 / 2005, CDL-AD(2006)009, 17 de marzo de 2006, párr. 45.

23 Véanse Comisión Venecia, párrs. 118 y 126, y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, sentencia, 8 de julio de 2004, párr. 318.

24 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, párrs. 331-333; Comisión Venecia, párr. 130.

25 Véanse Comisión Venecia, párr. 44, 127; Convención de la ONU contra la Tortura; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, A v UK, 23 de septiembre de 1998, párrs. 19-24; Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general núm. 31, párr. 8.

26 Véanse, por ejemplo, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sentencia de apelación en la causa Blaškić (29 de julio de 2004), párr. 50; Tribunal Especial para Sierra Leona, Brima and others, sentencia en primera instancia (20 de junio de 2007), párr. 776.

27 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sentencia de apelación en la causa Blaškić, párr. 48; Delalić (“Celebici”) (20 de febrero de 2001), párr. 352.

28 Comité de Inteligencia y Seguridad del Reino Unido, Report into Rendition, julio de 2007, párrs. 104-105.

29 Ibíd, párr. 95.

30Véase, por ejemplo, la Opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, núm. 47/2005 (YEMEN), “relativa al Sr. Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, Sr. Salah Nasser

Salim ’Ali y Sr. Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah”, en doc. ONU A/HRC/4/40/Add.1, 2 de febrero de 2007, pp. 41-44.

31 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párrs. 7, 174-179 y 211-218.

32 Véanse Amnistía Internacional: Estados Unidos de América. Fuera del radar: vuelos secretos a la tortura y la "desaparición"; Amnistía Internacional, Estados Unidos/Yemen. Reclusión secreta en los “lugares negros” de la CIA (Índice AI: AMR 51/177/2005), noviembre de 2005 y Amnistía Internacional, Estados Unidos de América. Causa pendiente. De Abu Ghraib a la custodia secreta de la CIA: el caso de Khaled al-Maqtari, Índice AI: AMR 51/013/2008, marzo de 2008.

33 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párr. 168.

34 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pársr. 175-6.

35 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párrs. 203 y 208.

36 William J Kole, “A Black Bus and Large Parcels Fuel Suspicion of Romania’s Role in CIA Secret Prison System”, AP News, 23 de febrero de 2008.

37 Varias personas que estuvieron detenidas en “lugares negros” han contado que dejaban mensajes en mantas, libros y prendas de vestir.

38 Véase Amnistía Internacional, Estados Unidos de América: AI pide una investigación penal tras admitir la CIA que usó simulacros de ahogamiento. http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/usa-amnesty-international-calls-criminal-investigation-following-cia-%E2%80%98wa.

39 Véase Amnistía Internacional, Estados Unidos de América. Terreno resbaladizo: la política de la tortura (índice AI: AMR 51/177/2007).

41 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Estados Unidos de América, párr. 17, 18 de mayo de 2006.

42 Véanse, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Estados Unidos de América, doc. ONU CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 18 de diciembre de 2006, párr. 12; Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Opinión núm. 29/2006 (Estados Unidos de América), 1 de septiembre de 2006, párr. 21; Comisión Venecia, párr. 125.

43 Véanse la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Resolución 47/133 de la Asamblea General, 18 de diciembre de 1992.

44 Véanse Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y Comité de Derechos Humanos, El Hassy v. Libya, doc. ONU CCPR/C/91/D/1422/2005, 13 de noviembre de 2007, párr. 6.6.

45 Con respecto a este párrafo y a los siguientes, véase Comisión Venecia, párrs. 93-96, 102-103, 144-146, 148-153 y 159(i), (k) y (l).

46 Politiken, 21 de octubre de 2007.

47 Informe de 2007 de la Comisión Temporal, párrs. 83-88.

48 Véase Comité de la ONU contra la Tortura, Observaciones finales sobre Canadá (2006), párr. 16. Con respecto a la responsabilidad derivada de interrogar a sabiendas a personas que se encuentran en situaciones de tortura y otros malos tratos, incluso en el caso de que sean otros quienes inflijan, de hecho, el dolor y el sufrimiento, véanse Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, sentencia en apelación en el caso Furundzija (21 de julio de 2000), párr. 120, y Comisión de Derecho Internacional, Artículos sobre la Responsabilidad del Estado, artículos 40 y 41 y comentarios conexos.

49 Véase Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, sentencia en apelación en el caso Blaškić , párr. 48, y sentencia en apelación en el caso Delalić (“Celebici”), 20 de febrero de 2001, párr. 352

50 Ya sea ayudando o contribuyendo conscientemente a la violación, o actuando de cualquier otra forma que contravenga sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando existan motivos razonables para creer que, con ello, se expondrá a la persona a un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

51 La prohibición de la tortura es una norma imperativa del derecho internacional; véase Comisión de Derecho Internacional, Artículos sobre la Responsabilidad del Estado, artículos 40 y 41.

52 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, julio de 2004, párr. 331; Comité de Derechos Humanos de la ONU, Jiménez Vaca v. Colombia, Doc. ONU CCPR/C/74/D/859/1999 (2002), y Observación general núm. 31, párr. 2; Comité de la ONU contra la Tortura, Dar v. Norway, Doc. ONU CAT/C/38/D/249/2004 (2007); Asamblea General de la ONU, Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, Resolución A/RES/60/147 (21 de marzo de 2006), párr. 12.d.

53 Informe de junio de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párr. 5.

54 Resolución 1562 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párrs. 8-11 y 14.

55 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párrs. 307-308; Resolución del Parlamento Europeo (2006/2200(INI)) párr. 194.

56 Véase, por ejemplo, Kurt v. Turkey, 25 de mayo de 1988, párr. 124; Assenov v Bulgaria, 28 de octubre de 1998, párr. 102; Boicenco v Moldova, 11 de julio de 2006, párrs. 121 y 123; Kucheruk v Ukraine, 6 de septiembre de 2007, párrs. 155 y 158.

57 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párr. 3.

58 Informe de 2007 de la Comisión Temporal, párrs. 56-57 y 59.

59 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párr. 321 .

60 Informe del secretario general del Consejo de Europa, 28 de febrero de 2006 (SG/Inf2006(5)), párrs. 83 y 86a.

61 Italia: el ministro de Justicia debe remitir las peticiones de extradición de presuntos agentes de la CIA a las autoridades estadounidenses (Índice AI: EUR 30/002/2007).

62 Comunicación Nº 1416/2005 : Sweden. 10/11/2006, CCPR/C/88/D/1416/2005. (10 de noviembre de 2006), párr. 11.7.

63 Para consultar la investigación del Comité de Inteligencia y Seguridad sobre el caso de Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna, véase ISC, Report into Rendition, 2007, párrs. 65-66 y 111-147.

64 Amnistía Internacional expresó públicamente su preocupación por el traslado ilegal de estos seis hombres, el 18 de enero de 2002. Véase Amnistía Internacional, Bosnia-Herzegovina: Letter to the US Ambassador regarding six Algerian men (Índice AI: EUR 63/003/2002).

65 Representantes de Amnistía Internacional facilitaron pruebas al Comité de Inteligencia y Seguridad durante la investigación, pero aunque se congratularon de esta iniciativa, aclararon que la organización no consideraba esa investigación suficiente para dar por cumplida la obligación del gobierno de efectuar investigaciones completas e independientes sobre las acusaciones.

66 Aparte del informe anual del Comité de Inteligencia y Seguridad, que el primer ministro debe presentar, por ley, ante el Parlamento; no obstante, incluso éste puede sufrir modificaciones previas.

67Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el informe de la ex República Yugoslava de Macedonia, 3 de abril de 2008, CCPR/C/MKD/CO/2, párr. 14

68 Informe de 2007 de la Comisión Temporal, párr. 159.

69 Informe de 2007 de la Comisión Temporal, párrs. 165, 167, 170, 176 y 195

70 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura sobre Polonia, 25 de julio de 2007, CAT/C/POL/CO/4

71 “EU Commission: Poland, Romania must clarify role in CIA extraordinary rendition program”, The Associated Press, 22 de febrero de 2008

72 Informe de 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párr. 70. Véanse también Human Rights First, Ending Secret Detentions, junio de 2004; Human Rights First, Behind the Wire: An Update to ‘Ending Secret Detentions’, marzo de 2005, y Reprieve, Enforced Disappearance, Illegal Interstate Transfer, and Other Human Rights Abuses Involving the UK Overseas Territories, informe dirigido a la Comisión Especial de Asuntos Exteriores del Reino Unido, 19 de octubre de 2007.

73 Fuera del radar, op cit.

74 Diligencias Previas nº 109/06.

75 Resolución de 2007 del Parlamento Europeo, párrs. 127-128.

76 Véase Dinamarca. Información para el Comité contra la Tortura (Índice AI: EUR 18/001/2007)

77 En relación con los elementos mencionados en este párrafo y en los siguientes, véase Asamblea General de la ONU, Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, Resolución A/RES/60/147 (21 de marzo de 2006).

78 Véase el capítulo 6, en el que se explica por qué las excusas relacionadas con secretos de Estado son obstáculos inaceptables al derecho de las víctimas a un recurso efectivo, que incluye la revelación de la verdad.

79 Véase Corte Permanente de Justicia Internacional, Mavrommatis Palestine Concessions (Grecia v Reino Unido) (1924), PCIJ Ser A, Nº 2, p. 12.



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