Document - Concerns in Europe: July-December 1997


Amnistía Internacional



PREOCUPACIONES EN EUROPA


Julio - Diciembre de 1997


Febrero de 1998 RESUMEN Índice AI: EUR 01/01/98/s


DISTR: SC/CO/GR (07/98)


Países y motivos de preocupación: Página


AMNISTÍA INTERNACIONAL ACOGE CON SATISFACCIÓN LA REFORMA DEL PROCESO DE

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA DIMENSIÓN HUMANA DE LA OSCE 1


ALEMANIA - Presuntos malos tratos a detenidos; 4


ARMENIA - Encarcelamiento de objetores de conciencia; Denuncias de juicios injustos contra

presos políticos; La muerte bajo custodia de Manvel Virabyan; Respuesta del

nuevo fiscal general; La pena de muerte; Perspectivas de anulación de la

legislación sobre homosexualidad 8


AUSTRIA - Presuntos malos tratos a detenidos 11


AZERBAIYÁN - Nuevas denuncias de malos tratos a detenidos, incluida una muerte bajo

custodia; La pena de muerte; Carencia de una alternativa civil al servicio

militar obligatorio; Perspectivas de anulación de la legislación

sobre homosexualidad 13


BÉLGICA - Presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en 1993 por soldados

que participaban en la operación multinacional de la ONU

para el mantenimiento de la paz en Somalia 13


BIELORRUSIA - Bielorrusia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU; Presos

de conciencia; Nuevas restricciones a la libertad de expresión; La pena

de muerte; Denuncias de tortura en causas de pena de muerte 15


BOSNIA Y HERZEGOVINA Nuevos acosos y expulsiones de retornados pertenecientes a

poblaciones minoritarias; Repatriación forzosa de Alemania; Detención

de sospechosos de crímenes de guerra; Decisiones de la Cámara de

Derechos Humanos 19


BULGARIA - Procesamientos de periodistas por difamar a autoridades públicas; Nuevos

casos de empleo de armas de fuego, muertes bajo custodia, tortura y

malos tratos 21


CROACIA - Restricciones a la libertad de expresión; Acosos continuos contra serbios

de Croacia; Liberación de serbios de Bosnia encarcelados; Detenciones

de sospechosos tras confesiones de crímenes de guerra 24


DINAMARCA - Denuncias de malos tratos; El Comité de Derechos Humanos de la ONU 26


ESLOVAQUIA - Observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Objetores de conciencia - presos de conciencia 27


ESPAÑA - El Comité de la ONU contra la Tortura examina el tercer informe periódico

de España; Nuevas denuncias de malos tratos infligidos por

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Disparos efectuados

por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Sentencia contra

los guardias civiles que torturaron a Kepa Urra; Abusos contra los

derechos humanos cometidos por el grupo armado vasco ETA 28


FEDERACIÓN RUSA - Falta de protección a los solicitantes de asilo; Torturas y malos tratos

bajo custodia; Condiciones de reclusión; Reclutamiento forzoso de objetores

de conciencia; La pena de muerte; Libertad de conciencia y credo;

Ejecuciones públicas en aplicación de la sharia en la República Chechena 32


FRANCIA - Detención administrativa; Casos de presuntos malos tratos por los

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Disparos con resultado

de muerte por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Desarrollo

y resultado de los juicios de casos de malos tratos y disparos con resultado

de muerte 35


GEORGIA - La pena de muerte; Nombramiento de un defensor de los derechos humanos;

La objeción de conciencia al servicio militar; Muerte bajo custodia de David

Amashukeli; Denuncia de malos tratos bajo custodia; Preocupaciones en

torno a la disputada región de Abjasia; La pena de muerte en Osetia del Sur 37


GRECIA - La objeción de conciencia al servicio militar; La libertad de

expresión; Denuncias de torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza

por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Juicios sin

las debidas garantías 39


HUNGRÍA - Nuevos informes sobre malos tratos policiales 41


ITALIA - Presuntas torturas y malos tratos infligidos por agentes encargados de

hacer cumplir la ley y por funcionarios de prisiones; Informe del Comité

para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa; Presuntas

violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las

fuerzas armadas en Somalia; Preocupaciones sobre juicios justos;


KAZAJSTÁN - Presuntas palizas y malos tratos a miembros de la oposición

política; Despenalización de la homosexualidad; La pena de muerte 46


KIRGUISTÁN - Presos de conciencia; La pena de muerte; Despenalización de la

homosexualidad 48


MACEDONIA, EX REPÚBLICA

YUGOSLAVA) - Gostivar y Tetovo: torturas y malos tratos a personas pertenecientes a las

etnias albanesa y turca que provocaron la muerte de un hombre; juicios

injustos de presos políticos; Restricciones a la libertad de expresión 50


MOLDAVIA - Varones romaníes sometidos a malos tratos policiales; El encarcelamiento

de Ilie Ilaşcu y el caso de «los seis de Tiraspol» 51


POLONIA - Presuntos malos tratos policiales 52


PORTUGAL - Recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura; Actualización

sobre los casos de muerte bajo custodia policial o después de ella;

Decisión judicial sobre un sargento de la Guardia Nacional Republicana

por el «crimen de Sacavém» 54


REINO UNIDO - Ley de Derechos Humanos; Muertes bajo custodia e investigaciones;

Malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante; Actuación policial en

Irlanda del Norte; Preocupaciones relativas a las garantías procesales;

Irlanda del Norte 55


REPÚBLICA FEDERATIVA

DE YUGOSLAVIA - Juicios injustos de presos políticos en la provincia de Kosovo, muertes

bajo custodia y detención en régimen de incomunicación; Palizas

a manifestantes que reclamaban el acceso a instalaciones universitarias 58


RUMANÍA - Presa de conciencia; Nuevos casos de presuntas torturas o malos tratos; El

caso de Viorel Baciu; 59


SUECIA - Muertes bajo custodia; Presuntos malos tratos 63


SUIZA - El Comité contra la Tortura de la onu estudia el tercer informe periódico

de Suiza; Actualización de casos documentados con anterioridad de

presuntos malos tratos infligidos por agentes de la ley 64


TAYIKISTÁN - Acuerdo de paz; Presos políticos; «Desaparición» 67


TURKMENISTÁN - Temor por la seguridad del periodista Yovshan Annakurbanov; Temor

de devolución; Muerte en circunstancias misteriosas. Encarcelamiento en

un hospital psiquiátrico presuntamente por motivos políticos 69


TURQUÍA - Los expertos de la ONU no visitan Turquía - continúan las «desapariciones»; El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la denuncia de

violación bajo custodia; Prosigue la destrucción de pueblos; Los niños

detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista siguen sin protección;

Continúa la presión sobre la Asociación de Derechos Humanos de

Turquía - detenciones en Mardin; Presos de conciencia 71


UCRANIA - La pena de muerte; Denuncias de torturas y malos tratos bajo custodia 74


UZBEKISTÁN - Actitud oficial hacia los grupos de derechos humanos; Posibles presos

de conciencia; «Desaparición» 75


RATIFICACIONES - Croacia; Kirguistán 77


MUJERES EN EUROPA: Selección de preocupaciones de Amnistía Internacional 78


NIÑOS EN EUROPA: Selección de preocupaciones de Amnistía Internacional 83


PALABRAS CLAVE: OBJETORES DE CONCIENCIA1 / MUERTE BAJO CUSTODIA / PENA DE MUERTE1 / OSCE1 / CENSURA1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / POLICÍA1 / MUJERES1 / MENORES1 / NIÑOS / DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS / MILITARES / PRESOS DE CONCIENCIA / REFUGIADOS / REPATRIACIÓN FORZADA / PERSONAS DESPLAZADAS / PERIODISTAS / MINORÍAS / GRUPOS ÉTNICOS / CIUDADANOS EXTRANJEROS / GRUPOS RELIGIOSOS - TESTIGOS DE JEHOVÁ / PERSONAL PENITENCIARIO / PERSONAL DIPLOMÁTICO / EMPLEO EXCESIVO DE LA FUERZA / CRÍMENES DE GUERRA / COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU / DESAPARICIONES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / AGRESIÓN SEXUAL / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / DESTRUCCIÓN DE ALDEAS /


Este informe resume el documento Preocupaciones en Europa: Julio - diciembre de 1998 (Índice AI: EUR 01/01/98/s) publicado por Amnistía Internacional en febrero de 1998. Si desea más información o emprender alguna acción sobre este tema deberá consultar el documento completo.


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


Amnistía Internacional



PREOCUPACIONES EN EUROPA


Julio - Diciembre de 1997



















Febrero de 1998

Índice AI: EUR 01/01/98/s

Distr: SC/CO/GR





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

AMNISTÍA INTERNACIONAL ACOGE CON SATISFACCIÓN LA REFORMA DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN

DE LA DIMENSIÓN HUMANA DE LA OSCE



En la última edición de Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997 (Índice AI: EUR 01/06/97/s), Amnistía Internacional pidió a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que aprovechara su potencial para convertirse en un protector más eficaz de los derechos humanos de los ciudadanos en toda la región abarcada por la OSCE. La evolución experimentada recientemente en el seno de la OSCE hace pensar que vamos a ser testigos precisamente del tipo de reforma institucional que mejor puede preparar a la organización para afrontar ese desafío durante 1998.


Ocurre con frecuencia que las instituciones, igual que los seres vivos, deben adaptarse a circunstancias cambiantes y desarrollar capacidades nuevas adecuadas al momento histórico que viven. Cuando no se asume este desafío, se corre el riesgo de perder relevancia o incluso de extinguirse. La experiencia vivida por Amnistía Internacional en la Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana de la OSCE, celebrada en Varsovia en noviembre de 1997, coincide plenamente con la acertada valoración que de dichas reuniones hace la OSCE en un informe recientemente publicado por su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH). En dicho informe, la OIDDH sugiere que «... si los Estados participantes están realmente interesados en un instrumento de este tipo y quieren que la Reunión sobre la Aplicación continúe siendo un instrumento de observación relevante y verosímil, debería pensarse en dotarla de un formato diferente».


Amnistía Internacional considera que la reunión de Varsovia de 1997 puso de relieve la insuficiencia del ciclo bienal actual para llevar a cabo un análisis amplio y significativo de la aplicación de la dimensión humana. La apretada agenda de la reunión impidió prestar la debida atención a compromisos y cuestiones de importancia decisiva en el plan general de seguridad de la OSCE, como la prevención de la tortura y los malos tratos. Es sencillamente imposible conceder a cuestiones tan complejas como las mencionadas la atención que merecen en una reunión de unas pocas horas que se celebra cada dos años. La valiosa aportación de organizaciones no gubernamentales con años de experiencia en dichas cuestiones resulta infrautilizada cuando su contribución al debate queda limitada a unos pocos minutos al final de las sesiones, sin que exista ocasión para entablar un auténtico diálogo con los Estados participantes, que es lo que debería proporcionar información y animar una reunión de este tipo.


Para que sea posible hacer una valoración clara y eficaz de la aplicación de la dimensión humana es preciso establecer un formato que conceda una importancia mucho mayor que hasta ahora a los compromisos individuales. Un formato de este tipo debe posibilitar la identificación de los fallos del proceso y, al mismo tiempo, estimular la articulación de medidas prácticas e imaginativas para mejorar la protección de los derechos humanos en el ámbito de la OSCE. Amnistía Internacional también compartía los temores manifestados por el embajador Gerard Stoudmann, director de la OIDDH, y por otros participantes en la reunión de Varsovia respecto a la clara decadencia reinante en las delegaciones diplomáticas asistentes a la reunión y el creciente descontento de muchas organizaciones no gubernamentales con el proceso de análisis de la aplicación, considerados indicios preocupantes del mal momento que atraviesa la credibilidad de la OSCE como agente fundamental para la protección de los derechos humanos.


Amnistía Internacional acoge con satisfacción el afán reformista del embajador Stoudmann como director de la OIDDH y se siente muy animada por la luz verde dada a muchas de sus propuestas de cambio por el Consejo Ministerial de la OSCE en la reunión que mantuvieron en diciembre de 1997 en Copenhague. Ahora el Consejo Permanente de la OSCE tiene la responsabilidad de articular —en estrecha cooperación con la OIDDH— «un nuevo conjunto de modalidades para las reuniones de la OSCE sobre la aplicación en cuestiones de dimensión humana». Este proceso deberá concluir como muy tarde a finales del segundo trimestre de 1998.


¿Qué quiere decir «un nuevo conjunto de modalidades»? Una estructura nueva y revitalizada para el análisis de la aplicación podría incluir, por ejemplo, reuniones más frecuentes, varias cada año, y más orientadas hacia la dimensión humana, quizá centradas en un conjunto determinado de compromisos relacionados que posibiliten intervenciones orales y escritas de mayor calado por parte de las organizaciones no gubernamentales con experiencia en las cuestiones que se analizan. Estas intervenciones podrían complementar y enriquecer enormemente reuniones más amplias para el análisis de la aplicación, sean bienales o anuales, del tipo de la que se celebró en Varsovia el pasado mes de noviembre. El resultado de estas discusiones debería hacerse llegar rápidamente a todos los organismos de la OSCE para mejorar la integración de la dimensión humana en todos los aspectos del trabajo de la organización.


Amnistía Internacional insta al Consejo Permanente de la OSCE y a la OIDDH a insistir en la exploración de estas y otras propuestas reformistas, y a hacerlo en estrecho contacto con las organizaciones no gubernamentales. Estos esfuerzos deberían introducir un cambio muy necesario, que sustituiría los debates precipitados y bastante poco concluyentes que caracterizaron la reunión de Varsovia de 1997 por un método de trabajo que garantice un análisis más riguroso de toda la variedad de compromisos de la dimensión humana y que sea capaz de proponer soluciones creativas a los numerosos defectos de su aplicación.


En el documento preparado para la reunión de Varsovia de 1997, Amnistía Internacional recordaba a los Estados participantes que el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales había descrito recientemente el proceso de dimensión humana de la OSCE como «el alma de la cuestión». La organización también reiteró su oportuna advertencia relativa a que «si los Estados participantes no aplican realmente los compromisos de la dimensión humana, éstos perderán su significado». Amnistía Internacional considera que el proceso de dimensión humana de la OSCE es un pilar fundamental en la estructura de la protección de los derechos humanos en la región. Pero, a la luz de lo ocurrido en la reunión de Varsovia de 1997, es evidente que ese pilar requiere ser apuntalado urgentemente si va a tener que soportar el peso de las nuevas responsabilidades que se le exigen.


Las preocupaciones manifestadas por el embajador Stoudmann en la reunión de Varsovia de 1997, al igual que algunas de las ideas reformistas que circulaban entre las delegaciones, han señalado el camino hacia un proceso de renovación que Amnistía Internacional apoya plenamente. Los habitantes de la región de la OSCE no merecen otra cosa. La organización anima a todos los Estados participantes a aprovechar esta apasionante oportunidad de cambio y a dejar como legado de la reunión de Varsovia de 1997 un compromiso con la aplicación de la dimensión humana más eficaz y vigoroso.

PREOCUPACIONES EN EUROPA


Julio - Diciembre de 1997



PRÓLOGO



Este boletín contiene información sobre los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional en el ámbito europeo entre julio y diciembre de 1997. No se proporcionan datos de todos los países de Europa, sino sólo de aquellos en los que se ha producido algún hecho significativo durante el período sometido a revisión.


Dentro de la región europea se incluyen las cinco repúblicas de Asia Central —Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán— en virtud de su pertenencia a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).


Como reflejo de la prioridad que Amnistía Internacional concede a las investigaciones y campañas relacionadas con violaciones de derechos humanos de mujeres y niños, el boletín contiene dos secciones especiales: Mujeres en Europa (pp. 78-83) y Niños en Europa (pp. 83-88).


Se han publicado varios informes de país sobre las preocupaciones recogidas en este boletín. Las referencias a dichos informes se incluyen en los apartados de los países correspondientes. Además, puede encontrarse información más detallada sobre preocupaciones o hechos específicos en las Acciones Urgentes y en los puntos de los Servicios de Noticias publicados por Amnistía Internacional.


Amnistía Internacional publica este boletín cada seis meses. Las referencias a boletines anteriores que aparecen en el texto se corresponden del siguiente modo:



Índice AI: EUR 01/06/97/s Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997

Índice AI: EUR 01/01/97/s Preocupaciones en Europa: Julio - Diciembre de 1996

Índice AI: EUR 01/02/96/s Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1996

Índice AI: EUR 01/01/96/s Preocupaciones en Europa: Julio - Diciembre de 1995

Índice AI: EUR 01/02/95/s Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1995

Índice AI: EUR 01/01/95/s Preocupaciones en Europa: Mayo - Diciembre de 1994

ALEMANIA


Presuntos malos tratos a detenidos


El informe del Comité para la Prevención de la Tortura


En julio, el gobierno alemán publicó el informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) sobre su visita a Alemania en abril de 1996, así como el informe provisional elaborado a modo de respuesta por las autoridades alemanas. El Comité para la Prevención de la Tortura —un organismo de expertos creado en virtud del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes— declaró haber oído durante su visita «...cierto número de denuncias... sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía en el momento de la detención. Las formas más comunes de malos tratos denunciadas por personas detenidas eran golpes y patadas recibidos en el momento de la detención, después de haber sido reducidas y colocadas en el suelo». El Comité subrayó que «...al efectuar una detención no se debe emplear más fuerza que la razonablemente necesaria...» y que «...en cuanto las personas detenidas están bajo control, no existe justificación alguna para que los agentes de policía las golpeen...» y recomendó que «a los agentes de policía se les recordarán estos preceptos». Asimismo, el Comité expresó su preocupación por la vulneración generalizada del derecho del detenido a informar de su detención a un familiar o a un tercero, o a que esta información la transmita un agente de policía, y por el hecho de que las personas bajo sospecha de haber cometido un delito común no tuvieran el derecho a asistencia letrada desde el mismo instante en que comienzan a estar bajo custodia policial. Las autoridades alemanas rechazaron en términos generales la necesidad de tomar medidas en las áreas descritas anteriormente, al igual que habían hecho con recomendaciones parecidas que Amnistía Internacional hizo por primera vez en mayo de 1995 en su informe Alemania: Un fallo en el sistema - extranjeros maltratados por la policía (Índice AI: EUR 23/06/95/s).


Nuevas denuncias recibidas por Amnistía Internacional


Un ciudadano israelí denunció en enero que fue maltratado por agentes de policía en la estación de ferrocarril de Francfort. Según su declaración a Amnistía Internacional, el israelí estaba cruzando el vestíbulo de la estación cuando oyó que alguien detrás de él le gritaba que parara. Al volver la cabeza vio a un hombre de complexión fuerte vestido de civil. El hombre volvió a gritar, aún más fuerte, y se apresuró hacía él. Temiendo ser agredido o asaltado por «neonazis», el israelí empezó a correr. Cuando cayó al suelo, varios hombres lo alcanzaron, le arrebataron la bolsa que llevaba, y presuntamente le propinaron golpes y patadas en el estómago y en la espalda. Cuando el israelí se dirigió a quienes presenciaban la escena gritando: «¡Es un grupo de nazis, vayan a buscar a la policía!», al parecer lo volvieron a golpear, lo esposaron, lo metieron en un automovil y lo llevaron a una comisaría cercana. El detenido declara que sólo entonces los hombres le dijeron que eran agentes de policía. En la comisaría le registraron y comprobaron sus documentos de identidad. El detenido afirma que en ningún momento le explicaron el motivo de la actuación policial y que le dijeron que no podía presentar en la comisaría una denuncia por los malos tratos recibidos. (Más tarde presentó una denuncia ante la Fiscalía de Marburg.) Según los informes médicos presentaba contusiones múltiples. Posteriormente, la Fiscalía de Francfort le informó de que estaba siendo objeto de una investigación por oponer resistencia violenta, atacar y llamar «nazis» a los agentes de policía que habían intentado comprobar su identidad. Según informes, un portavoz de la policía dijo que los agentes implicados se habían identificado claramente ante él y habían tenido que emplear «medidas básicas de fuerza» cuando intentó huir. En julio, Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Hesse que se llevaran a cabo investigaciones penales y disciplinarias sobre las denuncias del israelí de forma inmediata e imparcial. Las autoridades de Hesse confirmaron a Amnistía Internacional en agosto que se habían puesto en marcha investigaciones tanto de las denuncias hechas por el israelí como por los agentes de policía implicados. Amnistía Internacional se enteró más tarde de la interrupción de ambas investigaciones en octubre. Las autoridades desestimaron la denuncia presentada por el israelí, sosteniendo que no existían «motivos para dar más credibilidad a la versión de los hechos del demandante que a la de los agentes».


Nasr B. denunció que, en marzo, unos agentes de la policía de Berlín le habían maltratado. Según las declaraciones que este solicitante de asilo argelino hizo a la organización no gubernamental Internationale Liga für Menschenrechte (Liga Internacional para los Derechos del Hombre) y a Amnistía Internacional, dos agentes de policía con uniforme le pararon en la calle a primeras horas de la mañana y le ordenaron levantar los brazos. Al preguntar por qué, al parecer le dijeron que se callara. Llegaron más agentes de policía al lugar del suceso y a Nasr B. finalmente le explicaron que se había cometido un delito y que iba a acompañarles para ver si las víctimas le identificaban como el autor. Tras sus protestas iniciales, Nasr B. fue introducido en un coche y lo llevaron a un lugar donde se encontraba un grupo de personas, entre ellos algunos agentes más de policía. De acuerdo con los informes, cuando se puso de manifiesto que él no era el culpable, los agentes de policía le dijeron que se marchara. Enfadado por el trato recibido, Nasr B. acusó a los agentes de policía de haberlo elegido a él sólo por ser extranjero, y comunicó que iba a presentar una denuncia oficial. Entonces, según el argelino, uno de los agentes de policía se le echó encima de repente, le retorció violéntamente el brazo y sus compañeros lo tiraron al suelo de un empujón. Según el detenido, una vez en el suelo, le sujetaron mientras que uno o más agentes de policía le daban patadas en la cabeza y en el cuerpo. Nasr B. gritó «el brazo, el brazo» pero, al parecer, los agentes de policía hicieron caso omiso de sus gritos y procedieron a esposarle con las manos en la espalda, produciéndole aún más dolor. A continuación llevaron al detenido a una comisaría de policía. Camino de la comisaría profirieron insultos racistas contra él, llamándole «extranjero de mierda» y preguntándole «¿Por qué has venido a Alemania?». En la comisaría el médico diagnosticó que Nasr B.tenía fracturado el brazo y que el detenido necesitaba recibir cuidados hospitalarios inmediatamente. Los informes médicos revelaron que Nasr B. además presentaba contusiones múltiples en el brazo izquierdo, inflamación y abrasiones en el lado derecho de la cara y contusiones en la mandíbula. Según los informes recibidos, un portavoz de la policía declaró más tarde que, después de que los agentes de policía implicados hubieran confirmado que Nasr B. no era la persona que buscaban, le pidieron que se fuera del lugar del suceso, pero él se negó. Posteriormente se iniciaron las investigaciones sobre la denuncia de malos tratos presentada por Nasr B.y la denuncia presentada contra él por los agentes de policía por oponer resistencia y por conducta ofensiva. En julio, Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Berlín que se llevaran a cabo investigaciones penales y disciplinarias sobre la denuncia de malos tratos presentada por Nasr B. de forma inmediata e imparcial. El Ministerio de Justicia confirmó en agosto, que estaba en marcha una investigación penal. En diciembre, la Fiscalía informó a Nasr B. De que se había desestimado su denuncia de malos tratos.


En mayo hubo informes de que un ciudadano argelino había sido deportado del aeropuerto de Tempelhof de Berlín de un modo que hacía suponer una amenaza a su integridad física, y que parecía ir en contra de las directrices oficiales sobre el empleo de medios de inmovilización. En una carta dirigida a Amnistía Internacional, una mujer —cuyo nombre conoce la organización— informó de que el 6 de mayo de 1997, mientras esperaba a que el autobús la llevara a la terminal del aeropuerto de Praga en la República Checa, después de acabar de aterrizar en el vuelo de las nueve cincuenta y cinco horas (número OK 4515) procedente del aeropuerto de Tempelhof de Berlín, vio a un hombre bajar la escalerilla del avión con un «paquete» sobre los hombros, y acompañado de varios hombres más. Se reveló que el paquete en cuestión era, en realidad, un hombre joven que, según la testigo, había sido inmovilizado con cinta adhesiva marrón que cubría la parte inferior de su rostro, incluida la boca, y que, además, se extendía desde las rodillas a los tobillos. Las manos también las tenía sujetas detrás de la espalda. En septiembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación al ministro federal del Interior por el hecho de que la colocación de una mordaza sobre la boca del detenido contradecía las garantías que el Ministerio había dado a la organización después de la muerte bajo custodia policial de Kola Bankole1 , cuya solicitud de asilo fue rechazada. Estas garantías prohibían a los agentes de la Policía Federal de Fronteras emplear cualquier medio de fuerza o inmovilización que supusiera el bloqueo o el amordazamiento de la boca del deportado. En octubre, el Ministerio del Interior informó a Amnistía Internacional de que al deportado en cuestión le tuvieron que inmovilizar porque en anteriores intentos de deportarle a Argelia había opuesto resistencia violenta. El Ministerio confirmó que estaba prohibido el uso de mordazas, entre ellas la cinta adhesiva, y que se continuaba investigando los métodos de inmovilización empleados en el caso en cuestión.


En julio, el estudiante iraní Bahram Javadi Moghaddam denunció haber recibido malos tratos por parte de un agente de policía en el centro de Brunswick cuando la policía sorprendió orinando en la calle a dos amigos con los que estaba. El iraní declaró que, después de mostrar sus documentos de identidad, uno de los agentes, sin motivo, le dio un empujón en la parte posterior de la cabeza, provocando que se estrellara la cara contra el escaparate de una tienda. A continuación, el mismo agente de policía le propinó patadas en el cuerpo. El iraní, que presentaba la nariz fracturada y contusiones en la cara, el muslo izquierdo, y la rodilla y el dedo derechos, presentó una denuncia contra el agente de policía ese mismo día. Según el estudiante, al día siguiente el agente se presentó junto con su superior en el centro universitario donde estudia. El superior informó al estudiante de que se había presentado una denuncia contra él por oponer resistencia a los agentes de policía en el cumplimiento de su deber. Le dijeron a Bahram Javadi Moghaddam que si retiraba la denuncia, el agente haría lo mismo. Según informes, un portavoz de la policía declaró que probablemente el estudiante se había lesionado la nariz al tropezar contra la vitrina de la tienda. Amnistía Internacional instó a las autoridades de Baja Sajonia a que iniciaran investigaciones penales y disciplinarias de forma inmediata e imparcial en torno a la denuncia de malos tratos presentada por Bahram Javadi Moghaddam. Al concluir el año no había recibido ninguna respuesta satisfactoria.


Actualización de casos documentados por Amnistía Internacional (en Índice AI : EUR 23/06/95/s, EUR 23/04/97/s, EUR 01/01/97/s y EUR 01/06/97/s).


En mayo, Amnistía Internacional expresó su preocupación a las autoridades de Brandeburgo por el tiempo que empleaba el Tribunal Regional de Francfort an der Oder en estudiar las denuncias presentadas contra ocho agentes de policía de Bernau, acusados de infligir malos tratos a detenidos bajo su custodia. Los agentes fueron acusados en febrero de 1995 de 23 cargos de malos tratos infligidos a 15 detenidos vietnamitas y a un detenido polaco. Al parecer, los incidentes tuvieron lugar entre febrero de 1993 y junio de 1994 (véase Alemania: Un fallo en el sistema - extranjeros maltratados por la policía, Índice AI: EUR 23/06/95/s). Se inició el juicio contra ellos en enero de 1996. En su carta a las autoridades de Brandeburgo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que a medida que se prolongaba el proceso, disminuía la probabilidad de llevar ante la justicia a los agentes de policía acusados de delitos cometidos unos años atrás. El ministro de Justicia de Brandeburgo informó a Amnistía Internacional en julio de que una serie de factores habían contribuido a la dilación de la actuación, entre ellos el que algunos testigos hubieran abandonado el país desde entonces y se les tuviera que citar a comparecer ante el tribunal, la necesidad de utilizar intérpretes en el proceso y la estrategia seguida por los abogados que representaban a los agentes de policía acusados.


Asimismo, en mayo las autoridades de Brandeburgo respondieron al llamamiento hecho por Amnistía Internacional el mes anterior instando a que se realizaran investigaciones penales y disciplinarias de forma inmediata sobre la denuncia según la cual Sahhaydar y Hatice Yildiz habían sido agredidos por agentes de la policía de Berlín que irrumpieron en su dormitorio a primeras horas de la mañana del 24 de octubre de 1996. En una carta dirigida a Amnistía Internacional en mayo, las autoridades de Berlín informaron de que los agentes de policía tenían una orden judicial de registro del apartamento de la familia para ver si guardaban armas ilegales y habían encontrado dos pistolas con munición. Cuando Sahhaydar Yildiz opuso resistencia a ser detenido por los agentes dándoles patadas, tuvieron que utilizar «medidas básicas de fuerza», lesionándole la nariz. (Los informes médicos muestran que Sahhaydar Yildiz presentaba fractura de la nariz, contusiones en la cabeza y costillas y lesión en el dedo pulgar.) Las autoridades afirmaron además que no se había hecho mención de ninguna lesión en la carta con fecha 7 de noviembre de 1996 escrita al Ministerio en nombre de Sahhaydar Yildiz por el cónsul general de Turquía en Berlín (Hatice Yildiz fue sometida a un reconocimiento médico al día siguiente de la operación policial y se le diagnosticaron múltiples contusiones. También le dolía la nariz y estaba en estado de shock. En enero de 1997, una radiografía reveló que tenía fracturado el hueso de la nariz.)


En junio, la Fiscalía de Brunswick respondió detalladamente a las críticas hechas por Amnistía Internacional acerca de la investigación sobre la denuncia de malos tratos presentada por el solicitante de asilo de Uganda M. M. había denunciado que había recibido malos tratos por parte de agentes de la policía durante una redada policial realizada en marzo de 1996 en la residencia de asilo donde vive. Al desestimar su denuncia, la Fiscalía declaró que, según los agentes de policía implicados, el detenido no presentaba lesiones. Además, ninguna de las fotografías que hizo la policía después de su detención muestran síntomas de lesiones y no había indicios de sangre en la ropa del detenido. En una carta de abril de 1997 dirigida a las autoridades de Baja Sajonia, Amnistía Internacional había preguntado cómo explicaba la Fiscalía la contradicción manifiesta que existía entre las pruebas aportadas por los agentes de policía, que mostraban que el detenido no sufría lesiones, y los informes médicos que revelaban que presentaba múltiples contusiones en el hombro, nariz, cráneo y costillas, erosiones en la rodilla y el hombro derechos y una lesión en el tobillo izquierdo. En concreto, Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía que aportara detalles de las fotografías que le fueron hechas al detenido, y si su ropa había sido sometida a un examen forense. En su respuesta a la organización en junio, las autoridades declararon que en las fotografías hechas al detenido se le veía completamente vestido; no se había hecho ninguna fotografía de partes concretas del cuerpo y no se había realizado un examen forense de ninguna de sus prendas de vestir. Las autoridades reconocieron que la falta de pruebas fotográficas de las lesiones no significaba que el detenido no estuviera lesionado y confirmaron la existencia de pruebas médicas. No obstante, esto en sí no proporcionaba pruebas suficientes para culpar a agentes concretos de actos delictivos. Por otra parte, las autoridades declararon que no era posible aclarar «si las lesiones sufridas por el demandante podían haberse producido más adelante de alguna u otra manera».2 No se hicieron nuevas aclaraciones sobre esta cuestión.


En noviembre, el Ministerio de Justicia de Hesse informó a Amnistía Internacional de que se había impuesto una condena condicional de nueve meses a un agente de policía de Francfort por someter a graves agresiones físicas a la detenida Renata K., y que a dos agentes de policía se les había declarado culpables por infligir malos tratos al marroquí Mohamed Z..


En junio, el Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia respondió a las críticas de Amnistía Internacional sobre el retraso en la investigación de la denuncia de los malos tratos que recibió el ciudadano turco Ziya Y. por parte de agentes de policía en una cafetería de Mülheim an der Ruhr en febrero de 1995. Las autoridades informaron a la organización de que la investigación se había retrasado debido a que un testigo importante había abandonado el país desde el presunto incidente. Sin embargo, el testigo ya había regresado y el fiscal que dirigía la investigación le había interrogado personalmente.


El Ministerio del Interior de Berlín informó a Amnistía Internacional en agosto de que se habían formulado cargos contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por la presunta agresión del turco Nadir Gül en una comisaría de policía de Berlín en agosto de 1996.


En septiembre, la Fiscalía de Bremen desestimó dos denuncias de malos tratos por parte de la policía presentadas por el ciudadano de Sierra Leona Aliu B. Las denuncias se referían a agresiones cometidas por agentes de policía de Bremen que, al parecer, se produjeron en abril y octubre de 1996. Aliu B. recurrió contra las decisiones de la Fiscalía en noviembre. En octubre y noviembre fueron rechazados los recursos ante la última instancia interpuestos por João S., ciudadano de Angola, George B., ciudadano de Liberia, y el guineano Yasin D. contra la desestimación de sus denuncias de malos tratos. Los tres hombres habían denunciado que agentes de policía de Bremen les habían obligado a ingerir eméticos después de ser detenidos en distintos incidentes en 1994.


Respuestas de las autoridades al informe de Amnistía Internacional titulado República Federal de Alemania: Continúa la pauta de malos tratos por parte de la policía (Índice AI: EUR 23/04/97/s).


En el periodo objeto de estudio, Aministía Internacional recibió una serie de respuestas de las autoridades federales y estatales al informe de la organización publicado en julio, República Federal de Alemania: Continúa la pauta de malos tratos por parte de la policía. La mayoría rechazaron las conclusiones de Amnistía Internacional y opinaban reiteradamente que los malos tratos de detenidos por parte de la policía solo se producían en casos aislados y que las autoridades competentes los resolvían de manera apropiada. Sólo cuatro de los 16 gobiernos estatales respondieron a la petición de Amnistía Internacional de crear organismos de vigilancia permanentes e independientes, y los cuatro contestaron con una negativa. El gobierno federal no hizo ningún comentario de alcance sobre el informe de la organización.



ARMENIA


Encarcelamiento de objetores de conciencia


Ante los informes que indicaban que, durante el período que nos ocupa, había al menos cinco jóvenes cumpliendo penas de prisión por negarse a responder a la llamada a filas por motivos de conciencia, Amnistía Internacional trató con diversas autoridades armenias el tema de la ausencia en su legislación de disposiciones que ofrezcan una alternativa civil al servicio militar obligatorio. La organización consideró a los cinco jóvenes presos de conciencia, y pidió su liberación inmediata e incondicional.


Por ejemplo, John Martirosyan, testigo de Jehová al que sus creencias religiosas prohíben empuñar armas para servir a cualquier poder seglar, fue condenado en septiembre a dieciocho meses de prisión por «eludir la llamada regular a filas para el servicio militar activo» (artículo 75 del Código Penal). Cuando, en el mes de junio, John Martirosyan cumplió los 18 años supo que, al igual que les había ocurrido a otros jóvenes, le obligarían a incorporarse al servicio militar si insistía en declararse objetor de conciencia. En lugar de eso prefirió que un tribunal civil le juzgara por un delito común, por lo que, tras presentar en la Oficina de Reclutamiento del Distrito de Shahumyan de Eriván, la capital, una declaración en la que exponía sus motivos para ejercer la objeción de conciencia, abandonó su domicilio. Dos días después de su cumpleaños, dos hombres de la oficina de reclutamiento fueron a buscarle a su casa. Su padre, Levon Martirosyan, fue con ellos a la oficina para entregar otra copia de la declaración de John, pero, según los informes, una vez allí lo encerraron en una celda de aislamiento en calidad de rehén para persuadir a su hijo de que se presentara al servicio militar. Cuando al día siguiente la esposa de Levon fue a la oficina de reclutamiento y manifestó su preocupación por la detención de su esposo y por su estado de salud, le dijeron, según los informes, que, si él quedaba en libertad, la detendrían a ella en su lugar. Tanto una como otro pudieron marcharse a casa más tarde ese mismo día. Se han recibido otros informes de casos similares en los que los familiares han permanecido detenidos ilegalmente en calidad de rehenes.


El 18 de agosto, la Fiscalía General envió una citación judicial a John Martirosyan, y al día siguiente, cuando se presentó, fue detenido. El juicio se celebró el 21 de septiembre ante el Tribunal Popular de Distrito de Shahumyan. John Martirosyan se encuentra cumpliendo condena en la colonia correctiva de trabajo de régimen ordinario de Kosh.


Como en Armenia la edad para la prestación del servicio militar obligatorio abarca desde los 18 hasta los 27 años, los jóvenes que al principio de este período cumplan una pena de prisión por negarse a responder a la llamada a filas por motivos de conciencia no están a salvo de nuevos procesamientos. De hecho, durante el período que nos ocupa, Artashes Aleksanyan, testigo de Jehová, se encontraba cumpliendo su segunda condena por objeción de conciencia. Al igual que a John Martirosyan, la primera condena, dictada el 22 de septiembre de 1994 por el Tribunal de Distrito de Khorhrdayion de Eriván, le había sido impuesta en virtud del artículo 75 por negarse a responder a la llamada a filas. Artashes cumplió una pena de un año de prisión, pero, tras su excarcelación, recibió un nuevo llamamiento a filas al que una vez más no respondió, por lo que en diciembre de 1996 fue reclutado a la fuerza. Posteriormente fue arrestado y acusado de eludir el servicio militar en virtud del artículo 257 de la sección militar del Código Penal, por negarse, según los informes, a vestir el uniforme militar o a jurar bandera. El 16 de mayo, Artashes Aleksanyan fue condenado a cuatro años de prisión por un tribunal de la ciudad de Vanadzor y, por tratarse de su segundo delito, le enviaron a cumplir su sentencia a una colonia correctiva de trabajo de régimen estricto de Eriván.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a excarcelar a todos los jóvenes detenidos exclusivamente por ejercer la objeción de conciencia al servicio militar, y a adoptar todas las medidas necesarias para crear un servicio civil de carácter no punitivo, así como un procedimiento legal justo para todos los jóvenes cuyas creencias les impiden cumplir el servicio militar obligatorio.


Denuncias de juicios injustos contra presos políticos


El 4 de julio, el Tribunal Supremo anunció el resultado de los recursos presentados en el llamado caso Dro, en el que 11 hombres señalados como miembros o simpatizantes de la opositora Federación Armenia Revolucionaria (FAR), actualmente declarada ilegal, comparecieron a juicio por diversos delitos, entre ellos el asesinato. En diciembre de 1996, en medio de las denuncias sobre la falta de garantías del proceso (véase Índice AI: EUR 54/03/97/s), todos fueron declarados culpables, y a tres de ellos —Armen Grigorian, Arsen Artsruni y Armenak Mnjoyan— se les impuso la pena capital.


El Tribunal Supremo conmutó la sentencia de muerte dictada contra Armen Grigorian por otra de quince años de cárcel y rebajó las penas de prisión de otros dos acusados, pero no modificó el resto de las sentencias.


El 12 de diciembre concluyó otro juicio político de gran envergadura con la condena del dirigente de la FAR Vahan Hovanessian y de otros 27 acusados. Al igual que en el caso Dro, en torno a este juicio se formularon numerosas denuncias de que los acusados y sus familiares habían sido sometidos a golpes o a algún tipo de coacción física o psicológica para extraerles confesiones; también se dijo que a algunos acusados les habían impedido el acceso rápido y pleno a un abogado defensor de su elección, especialmente durante el período de detención preventiva, y que se habían cometido muchas otras violaciones de derechos procesales, en una clara infracción de las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Todas estas denuncias adquirían un carácter especialmente grave porque, al igual que en el caso Dro, muchos de los acusados se enfrentaban a acusaciones que podían suponerles la pena de muerte.


Al terminar el juicio, uno de los acusados, Tigran Vardkesi Avetissian, fue condenado a muerte por el asesinato de un agente de policía; Vahan Hovanessian fue condenado a cuatro años de cárcel, y a otros se les impusieron sentencias de hasta siete años de prisión. Once de los condenados no tuvieron que cumplir sus penas en prisión, en algunos casos porque se beneficiaron de una amnistía promulgada en abril de 1997, en otros porque ya habían cumplido el período de condena mientras permanecían recluidos en régimen de detención preventiva o durante el juicio, y en otros porque las condenas que les habían impuesto eran condicionales.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a llevar a cabo una exhaustiva revisión judicial de todos los casos políticos en los que se hubiera denunciado, por ejemplo, la obtención de confesiones mediante coacción física o psicológica o el incumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos.


La muerte bajo custodia de Manvel Virabyan


Se han recibido denuncias de malos tratos referidas tanto a casos de tipo meramente penal como a otros de carácter político. Además, durante el período que nos ocupa salieron a la luz nuevos datos sobre el caso de Manvel Virabyan, un adolescente de 17 años que murió a consecuencia de las brutales palizas recibidas mientras permanecía detenido (para más detalles véase Niños en Europa, pp. 83-88).


Respuesta del nuevo fiscal general


En noviembre, Amnistía Internacional recibió una larga respuesta del nuevo fiscal general, Henrik Khatchatryan, a muchas de las preocupaciones que había manifestado, entre ellas las relacionadas con malos tratos y palizas a detenidos. El fiscal general aseguró que estaba adoptando constantemente medidas para abordar la cuestión de la tortura, como, por ejemplo, la organización de visitas a los centros de detención, la instalación de una línea telefónica confidencial en la fiscalía armenia a disposición de todos los que quisieran denunciar abusos y la distribución de instrucciones a las fiscalías de todo el país para que hicieran un seguimiento minucioso de todos los casos y llevaran a cabo en plazos estrictamente limitados investigaciones penales amplias y objetivas sobre los abusos contra los derechos humanos.


La pena de muerte


Al acabar el año, el Parlamento no había aprobado en su segunda lectura el nuevo proyecto de código penal, en el que desaparecen los delitos punibles con la pena capital. En dicho proyecto, aprobado en su primera lectura en abril (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s), la pena de muerte queda sustituida por una pena máxima de cadena perpetua. Aunque existe una moratoria de hecho sobre las ejecuciones, los tribunales han seguido dictando sentencias de muerte mientras se revisa la nueva ley. Durante el período que nos ocupa se impusieron tres penas capitales: A mediados de octubre, el Tribunal Supremo condenó a muerte a dos hombres, Arakel Gabrielian y Artur Kirakosian, tras declararlos culpables del asesinato premeditado de dos personas, y, tal como se ha señalado anteriormente, Tigran Avetissian fue condenado a muerte en diciembre.


Durante el período que nos ocupa no se recibieron noticias de que se hubiera conmutado ninguna pena, y al concluir el año había al menos 25 hombres condenados a muerte.


Amnistía Internacional continuó insistiendo en que se conmutaran todas las condenas de muerte pendientes y en que se diera prioridad en el Parlamento a cuantas lecturas del proyecto de código penal fueran necesarias, a fin de que la total abolición de la pena capital quedara recogida en la legislación sin más demoras.


Perspectivas de anulación de la legislación sobre homosexualidad


Se ha sabido también que el nuevo proyecto de código penal va a dejar de considerar delito los actos homosexuales realizados con consentimiento entre varones mayores de edad. En virtud de la legislación heredada de la época soviética, el artículo 116 castiga la «sodomía», a la que define como «relaciones sexuales de un hombre con otro». La parte 1 del mencionado artículo dispone una pena de hasta cinco años de prisión para los varones mayores de edad que mantengan relaciones sexuales con consentimiento. Amnistía Internacional pidió más información sobre la situación de la nueva legislación. En espera de su aprobación, la organización instó a las autoridades a tomar medidas para anular la parte 1 del artículo 116, y a no continuar con los procesamientos penales de varones mayores de edad por mantener relaciones homosexuales en privado con consentimiento.



AUSTRIA


Presuntos malos tratos a detenidos


En mayo de 1997, Amnistía Internacional recibió una denuncia de un matrimonio de Fischamend, Baja Austria, que había presenciado cómo un agente de policía maltrataba a un detenido en la calle. La pareja, que desea permanecer en el anonimato, explicó a Amnistía Internacional que, en la noche del 3 de mayo de 1997, a las nueve veintitrés, se despertaron al oír fuertes gritos de socorro procedentes de la calle. Al asomarse al balcón vieron a un agente de policía peleando con un hombre que vestía pantalones vaqueros y camiseta. Según la pareja, «... el agente arrojó al hombre al suelo y comenzó a darle patadas. El hombre gritaba. Desde otra casa alguien exclamó: ‘Si no se callan, llamaré a la policía’. Uno de los agentes respondió: ‘¡Ya estamos aquí!’». A continuación, dos agentes arrastraron al hombre hasta un vehículo policial, lo metieron en el asiento trasero y se marcharon.


En marzo, Kureng Akuei Pac, secretario de la Embajada Sudanesa en Viena, denunció que unos agentes de policía lo habían maltratado después de una comprobación de identidad efectuada en una estación de metro de la ciudad. El diplomático declaró que, tras mostrar a los agentes su documento de identidad, uno de ellos le dijo en inglés macarrónico: «You must coming with me, dalli, dalli3». Kureng Akuei Pac acompañó a los policías a la comisaría de Keplergasse, donde el diplomático asegura que los agentes se abalanzaron sobre él, le quitaron el abrigo y la bufanda, le llevaron arrastrándolo por la corbata hasta una sala de interrogatorios y, de camino hacia ella, le dieron un puñetazo en la barbilla. Kureng Akuei Pac afirmó que, una vez en la sala de interrogatorios, los agentes procedieron a despojarle de la chaqueta, la corbata, la camisa y los zapatos y, después de pedirle que se quitara los pantalones, le sometieron a un registro corporal manual y con un aparato electrónico. Luego le pidieron que se vistiera, pero él se negó alegando que quería telefonear al embajador de Sudán para que fuera a la comisaría y comprobara el estado en que se hallaba. Cuando le impidieron utilizar el teléfono de la comisaría, Kureng Akuei Pac salió de ésta para buscar una cabina pública. Asegura que varios agentes salieron tras él y le arrastraron de vuelta a la comisaría golpeándolo varias veces en la espalda y los brazos. (Según el reconocimiento médico que se le practicó al día siguiente, Kureng Akuei Pac presentaba magulladuras en el hombro derecho y contusión y desgarro en el labio inferior.)


En julio, Amnistía Internacional pidió información a las autoridades austríacas sobre las medidas adoptadas por las autoridades judiciales y policiales para investigar los incidentes de Fischamend y de Viena. Al acabar el año no se había recibido ninguna respuesta sustancial.


Actualización de casos documentados anteriormente por Amnistía Internacional


En noviembre, las autoridades austríacas informaron a Amnistía Internacional de que la investigación sobre los presuntos malos tratos sufridos por Ewald Stattmann seguía su curso (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Las autoridades añadieron que: «En vista de la absoluta falta de claridad sobre la causa de las lesiones del señor Stattmann, y teniendo en cuenta principalmente que no existen sospechas fundadas de participación de la policía, la Fiscalía General de Carintia [ha decidido] que la Dirección de Seguridad de Carintia se encargue de las investigaciones preliminares». En diciembre, Amnistía Internacional hizo saber a las autoridades que, desde su punto de vista, el hecho de que no hubieran puesto en marcha inmediatamente una investigación judicial sobre las circunstancias que rodearon el arresto y la reclusión de Ewald Stattmann —pese a la gravedad de las denuncias formuladas sobre la actuación de los agentes que intervinieron— iba en contra de un decreto promulgado por el Ministerio de Justicia el 15 de septiembre de 1989, en el que se disponía que las denuncias de malos tratos policiales fueran investigadas por un juez con rapidez e imparcialidad; además, este modo de actuar podría constituir una infracción del artículo 12 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece que los Estados Parte de la Convención llevarán a cabo «una investigación pronta e imparcial» sobre las denuncias de tortura o malos tratos.


Amnistía Internacional también escribió a las autoridades sobre el caso de Sabine Geisberger, incluido más adelante en el apartado Mujeres en Europa, pp. 78-83.



AZERBAIYÁN


Nuevas denuncias de malos tratos a detenidos, incluida una muerte bajo custodia


Continuaron denunciándose casos de malos tratos a detenidos, entre ellos el de un hombre que al parecer murió a consecuencia de esos malos tratos. Se trataba de Samir Zulfugarov, detenido en julio por posesión de drogas. Según los informes, el jefe de la división antidroga del Departamento de Policía del distrito de Yasamalsky se había puesto en contacto con el padre del detenido para pedirle dinero a cambio de la libertad de su hijo. Después de ver a éste en una celda, herido a causa de una brutal paliza que al parecer le habían infligido agentes de las fuerzas del orden, el padre hizo entrega de una importante cantidad de dinero, pero Samir Zulfugarov murió tres días después de su arresto en el hospital de Semashko.


Se entabló un proceso penal contra un agente de policía implicado en el caso, pero a finales de año aún no se conocía su resultado. En algunos otros casos de presuntos malos tratos, fuentes no oficiales informaron de que las actuaciones de este tipo rara vez habían desembocado en procesamientos o en penas de prisión. Por ejemplo, al concluir el año no se habían recibido noticias sobre la causa penal abierta en torno a la agresión sufrida por el periodista Taptig Farhadoglu, quien había denunciado que un hombre al que posteriormente reconoció como un alto cargo de la policía se encontraba entre los que en noviembre de 1996 le habían propinado una paliza en las calles de Bakú, la capital (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Según los informes, el fiscal de la ciudad de Bakú había sobreseído en enero la causa por falta de pruebas que inculparan a los autores del ataque, pero tuvo que abrirla de nuevo en abril debido a las numerosas protestas que surgieron.


También otros dos periodistas a los que, según los informes, unos agentes de policía habían golpeado en el mes de septiembre denunciaron que las autoridades se habían mostrado reacias a investigar. Se recibieron noticias de que el jefe y tres empleados del Departamento de Pasaportes de la Comisaría de Policía del distrito de Narimov, en Bakú, habían agredido a Zakir Jabbarly y Dilgram Bairamov cuando acudieron a dicho departamento para pedir más información sobre la presunta inscripción ilegal de residentes en un hostal. Zakir Jabbarly tuvo que ser hospitalizado, y declaró que había quedado inconsciente y padecido de fuertes dolores de cabeza y problemas de sangre en la orina a consecuencia del ataque. Dilgram Bairamov aseguró que el fiscal adjunto del distrito se había negado en un principio a abrir una investigación sobre la presunta paliza.


Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por Azerbaiyán como Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a emprender una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre todas las denuncias de malos tratos, así como a hacer públicos los resultados y a llevar ante la justicia a cualquier persona considerada responsable.


La pena de muerte


En agosto, el presidente del Tribunal Supremo manifestó públicamente su apoyo a la abolición de la pena de muerte, y, en septiembre, el presidente del Parlamento anunció que a finales de año entraría en vigor la moratoria sobre las ejecuciones dictada en 1993, que se prolongaría hasta el año 2010.


No obstante, continuaron dictándose sentencias de muerte. Al acabar el año, los medios de comunicación habían informado de al menos veinte, aunque no se disponía de cifras oficiales. Todos los condenados habían sido declarados culpables de asesinato con premeditación con agravantes, en muchos casos acompañado de otros delitos, excepto en el caso de un hombre, Karen Barashev, condenado a la pena capital por sabotaje. Al parecer, Karen Barashev, ciudadano ruso de madre armenia, se había infiltrado en el ejército azerbaiyano bajo nombre falso y había llevado a cabo actos de sabotaje entre 1993 y 1996.


A finales de año había en Bakú, la capital, más de ciento veinte hombres condenados a muerte, recluidos en condiciones muy duras a causa del hacinamiento extremo: en algunas celdas los presos tenían que dormir por turnos.


Carencia de una alternativa civil al servicio militar obligatorio


El servicio militar es obligatorio para los varones de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años, y no se han establecido sistemas o procedimientos que ofrezcan una alternativa civil a los jóvenes que, por motivos de conciencia, no puedan realizarlo. Durante el período que nos ocupa, Amnistía Internacional continuó instando a las autoridades a crear una alternativa civil al servicio militar, junto con un procedimiento legal justo para ponerla en práctica, que ofreciera una alternativa a los objetores de conciencia.


Perspectivas de anulación de la legislación sobre homosexualidad


En virtud del código penal heredado de la época soviética, todavía en vigor aunque con numerosas enmiendas, el artículo 113 penaliza la «sodomía», a la que define como «relaciones sexuales de un hombre con otro». La parte 1 del artículo dispone una pena de hasta tres años de prisión para los varones mayores de edad que mantengan relaciones homosexuales con consentimiento. Al parecer, se está debatiendo la revisión del código penal, y Amnistía Internacional pidió más información sobre los avances realizados. En espera de que se lleve a cabo una revisión completa, la organización instó a las autoridades a tomar medidas para anular la parte 1 del artículo 113, y a no continuar con los procesamientos penales de varones mayores de edad por mantener relaciones homosexuales en privado con consentimiento.



BÉLGICA


Presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en 1993 por soldados que participaban en la operación multinacional de la ONU para el mantenimiento de la paz en Somalia (Actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/06/97/s)


La celebración de la vista de apelación contra la absolución, dictada en junio, de dos ex paracaidistas acusados de agredir y amenazar en 1993 a un niño somalí no identificado había quedado fijada para septiembre. Entre las pruebas presentadas en el juicio de junio, celebrado ante un consejo de guerra, se incluía una fotografía que mostraba a los dos acusados balanceando al niño sobre una hoguera. También se había fijado para septiembre la celebración de los juicios de otros dos paracaidistas: el de un sargento acusado de obligar a un niño somalí musulmán a comer cerdo y beber agua salada hasta provocarle el vómito, y el de un brigada que aparecía en una fotografía orinando sobre el cuerpo aparentemente sin vida de un joven somalí. Sin embargo, al llegar septiembre había salido a la luz nueva información sobre estas y otras presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas en 1993 por soldados belgas que participaban en la operación multinacional autorizada por la ONU para el mantenimiento de la paz en Somalia. Todas las vistas mencionadas anteriormente quedaron aplazadas, con el fin de que la fiscalía militar tuviera ocasión de considerar la importancia que los nuevos datos, obtenidos por una organización somalí de derechos humanos, podían tener para las mencionadas causas. Entre esos datos se incluía, según los informes, una lista de niños presuntamente maltratados por las tropas belgas en Somalia. El sargento y el brigada que debían comparecer a juicio en septiembre fueron apartados del servicio activo, con reducción de sueldo, durante tres meses, en espera de que se celebrara el juicio. En diciembre, un tribunal militar confirmó la absolución de los dos ex paracaidistas acusados de agredir y amenazar a un niño somalí no identificado. Dicho tribunal apoyaba la decisión del tribunal de primera instancia de que no existían pruebas concluyentes que demostraran que el niño había sufrido daños físicos concretos o había temido por su vida.


A finales de 1997, las autoridades judiciales militares estaban investigando otros presuntos abusos cometidos por soldados belgas, como la violación de una adolescente somalí y la muerte de un niño que había pasado 48 horas encerrado en un contenedor de metal con un calor sofocante y sin comida ni agua.


A instancias del ministro de Defensa, el general que está al mando del Ejército de Tierra belga llevó a cabo durante 1997 una investigación administrativa interna sobre los presuntos abusos cometidos por las tropas belgas en Somalia (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). En unas declaraciones hechas en julio y agosto, el ministro y el general señalaron que la investigación había puesto de manifiesto la existencia de casos aislados e individuales de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados. Expresaron su preocupación por la presencia dentro del ejército de «un pequeño grupo de soldados pertenecientes a un partido político de ideología radical», y el ministro recomendó que se llevara a cabo una investigación independiente sobre el racismo en el ejército. En las mencionadas declaraciones también se puso de relieve la necesidad de mejorar, por un lado, la formación de los soldados —incluidos los conocimientos sobre derecho humanitario— y, por otro, los procedimientos de reclutamiento y selección; además, se señaló la necesidad de abordar el problema de las excesivas demoras en los procedimientos disciplinarios y del abuso del alcohol. En un informe presentado en septiembre al ministro de Defensa, el general proponía medidas concretas para acometer algunos de estos problemas, y recomendaba que varias de ellas se pusieran en práctica inmediatamente.



BIELORRUSIA


Bielorrusia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU


El 30 de octubre, en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU revisó el cuarto informe periódico del gobierno de Bielorrusia relativo al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amnistía Internacional adelantó a los miembros del Comité un informe sobre sus preocupaciones. Además, la organización mantuvo una entrevista con la delegación del gobierno bielorruso en Ginebra, durante la cual se discutieron las medidas previstas por las autoridades. Las conclusiones obtenidas por el Comité confirmaron las preocupaciones de Amnistía Internacional acerca del deterioro de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia. El Comité señaló que «la situación de los derechos humanos (...) se ha degradado en forma considerable desde que el Comité examinó el tercer informe periódico del Estado Parte en 1992». Además, el Comité expresó su preocupación respecto a «la persistencia de actitudes políticas que no toleran la disidencia o la crítica y que se oponen a la promoción y la protección plena de los derechos humanos, así como la ausencia de limitaciones legislativas a las facultades del ejecutivo y la creciente concentración de facultades, incluidas las legislativas, en el ejecutivo sin sujeción al control judicial».


Amnistía Internacional instó al gobierno bielorruso a poner en práctica sin más dilación las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. El Comité expresó su preocupación respecto al alto número de delitos susceptibles de ser castigados con la pena de muerte en virtud del Código Penal, así como respecto a la reciente promulgación de decretos que tipifican nuevos delitos punibles con la pena capital, como el Decreto Presidencial núm. 21, del 21 de octubre de 1997, sobre lucha antiterrorista. El Comité de Derechos Humanos expresó su honda preocupación acerca del elevado número de ejecuciones llevadas a cabo en Bielorrusia, así como acerca del secretismo que rodea los procedimientos relativos a la pena de muerte en todas sus fases, y recomendó a las autoridades que adoptaran medidas inmediatas para abordar esta situación.


Bielorrusia también fue criticada por las numerosas denuncias de malos tratos infligidos por la policía y por otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el curso de manifestaciones pacíficas y durante arrestos y detenciones, así como por el gran número de casos en los que la policía y otros agentes de seguridad recurren al uso de las armas. En vista de que no hay un organismo independiente que se encargue de la investigación de dichos abusos, y teniendo en cuenta el escaso número de procesamientos y condenas a los que se llega en tales casos, el Comité manifestó su temor a que estas circunstancias puedan favorecer la impunidad de los miembros de la policía y de otros agentes de seguridad. Asimismo recomendó, para combatir el riesgo de impunidad, que las autoridades tomaran medidas para garantizar la investigación inmediata e imparcial por parte de un organismo independiente de todas las denuncias de malos tratos y de uso ilegal de armas por parte de agentes de seguridad y policías, así como el procesamiento y castigo de los responsables y la indemnización de las víctimas.


El Comité recomendó que se revisaran con carácter prioritario las leyes y regulaciones relativas a la detención preventiva, de modo que cumplieran los requisitos expuestos en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, pidió a las autoridades que acabaran con la práctica de las «celdas de castigo» (kartzer), en las que se somete a los presos a condiciones especialmente duras, y con la utilización de «celdas especiales» y «presos guardianes» (celdas donde los reclusos son vigilados y maltratados por un preso especial a las órdenes de las autoridades penitenciarias). El Comité exhortó al gobierno de Bielorrusia a anular el antiguo sistema soviético «propiska» de permisos obligatorios de residencia y a garantizar el respeto a la libertad de circulación. Por lo que respecta a la independencia del poder judicial, el Comité instó al gobierno a «adoptar todas las medidas apropiadas, incluida la revisión de la Constitución y de la legislación, para garantizar que los jueces y los abogados sean independientes de cualquier presión externa, ya sea ésta de carácter político o de otra índole».


El Comité recomendó que se aprobara sin demora una ley que ofreciera a los objetores de conciencia un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio. También expresó su preocupación por las graves restricciones impuestas al derecho de libertad de reunión y exhortó a las autoridades a anular o modificar el Decreto Presidencial núm. 5, del 5 de marzo de 1997, con el fin de que se ajustara al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el Comité recomendó que se adoptaran medidas para eliminar las graves restricciones que pesan sobre el derecho a la libertad de expresión. Manifestó también su honda preocupación acerca de los informes de casos de intimidación y acoso, incluidas detenciones, de activistas de derechos humanos por parte de las autoridades, así como acerca de las restricciones impuestas por las autoridades al funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y de los sindicatos independientes, y exhortó al gobierno a proporcionar garantías sobre la seguridad y la libertad de actuación de los activistas de derechos humanos bielorrusos.


Amnistía Internacional apoya firmemente las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y pide al gobierno y al presidente de Bielorrusia que adopten un plan global de acción para su aplicación.


Presos de conciencia


Persecución de los defensores de derechos humanos


Amnistía Internacional se sintió consternada al saber que Tatyana Protko, directora del Comité Bielorruso de Helsinki, había sido detenida por la policía en Bielorrusia el 23 de octubre, y pidió a las autoridades su inmediata liberación. Tatyana Protko había sido detenida exclusivamente por investigar el caso de una presunta víctima de violación de derechos humanos. Amnistía Internacional creía también que la habían detenido para impedir que formara parte de la delegación no gubernamental bielorrusa que acudiría a Ginebra la semana siguiente. (Tatyana Protko tenía previsto viajar a Ginebra con otros dos activistas de derechos humanos bielorrusos para asistir a la revisión que haría el Comité de Derechos Humanos de la ONU del cuarto informe periódico del gobierno de Bielorrusia.) Amnistía Internacional la consideró presa de conciencia y pidió su excarcelación inmediata.


Tatyana Protko estaba investigando el caso del director de una granja cooperativa que había sido destituido recientemente por orden del presidente Alyaksandr Lukashenka. Según los informes, el 23 de octubre se presentaron varios agentes de las fuerzas del orden del Ministerio del Interior en casa del director de la granja colectivo, en el pueblo de Myshkovichy (región de Mogilyovsk), y aseguraron que tenían que realizar algunas mediciones en el edificio. Tatyana Protko les pidió que se identificaran y presentaran una orden oficial que justificara su actuación. Al negarse los agentes, Tatyana Protko respondió, según los informes, que daría parte de este incidente al Comité de Derechos Humanos en Ginebra. Al instante fue detenida y llevada a la comisaría de policía local. Permaneció recluida, acusada de «obstrucción a las fuerzas del orden en el desempeño de sus obligaciones» en virtud del artículo 166 del Código de Infracciones Administrativas de Bielorrusia. Se enfrentaba por este cargo a quince días de prisión.


Amnistía Internacional pidió al gobierno de Bielorrusia que permitiera que la delegación no gubernamental bielorrusa viajara libremente y sin impedimentos a Ginebra. Los miembros del Comité de Derechos Humanos solicitaron una entrevista especial con el representante permanente de Bielorrusia ante la ONU en Ginebra y pusieron de manifesto su preocupación por la detención de Tatyana Protko. Además pidieron a las autoridades garantías de que quedaría en libertad y podría viajar a Ginebra. El 24 de octubre de 1997, Tatyana Protko compareció a juicio y recibió una «amonestación» del juez. Los cargos formulados en virtud del artículo 166 se retiraron durante el juicio por falta de pruebas, y posteriormente Tatyana Protko quedó en libertad. Según la legislación bielorrusa, cuando una persona recibe tres amonestaciones en virtud del Código de Infracciones Administrativas puede entablarse una causa penal contra ella.


Finalmente Tatyana Protko viajó a Ginebra e informó a los miembros del Comité de Derechos Humanos de las violaciones de derechos humanos en Bielorrusia. La acompañaba Nadezhda Zhukova, activista de derechos humanos de 21 años a la que un grupo de desconocidos agredieron y amenazaron el 13 de octubre en Minsk. (Para más detalles acerca de este caso, véase más adelante Mujeres en Europa, pp. 78-83).


Nuevas restricciones a la libertad de expresión


En julio, Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata e incondicional de los periodistas de la televisión rusa Pavel Sheremet, Dmitry Zavadsky y Yaroslav Ovchinnikov, detenidos en Bielorrusia por ejercer de modo pacífico su labor como profesionales de los medios de comunicación, por lo que la organización los consideró presos de conciencia. Las circunstancias de su detención —unidas a la persecución previa de las autoridades contra Pavel Sheremet para impedirle informar de cuestiones relacionadas con Bielorrusia— indicaban que los tres hombres habían sido elegidos como víctimas sólo por sus actividades periodísticas. Pavel Sheremet, director de la oficina de Minsk de la ORT, emisora de televisión pública rusa, Dmitry Zavadsky, operador de cámara, y Yaroslav Ovchinnikov, conductor, fueron detenidos en Bielorrusia el 26 de julio y estuvieron recluidos en un centro de detención temporal de la localidad de Grodno. Según los informes, durante una rueda de prensa ofrecida por el presidente Lukashenka en 1996, Pavel Sheremet le preguntó: «Entonces, ¿quién va a ser el próximo [arrestado]?» El presidente, según parece, respondió: «Puede que usted». Pavel Sheremet permaneció detenido hasta el 8 de octubre. Amnistía Internacional pidió la excarcelación inmediata e incondicional de Pavel Sheremet y sus dos compañeros y, más adelante, la retirada de las acusaciones que pesaban contra ellos. Los compañeros de Pavel Sheremet quedaron en libertad antes que él, pero los cargos no se retiraron y, a finales de año, Pavel Sheremet y Dmitry Zavadsky se encontraban en espera de juicio.


La pena de muerte


En octubre, Vladimir Samusev, jefe del departamento de indultos del equipo presidencial (su cargo aparece erróneamente citado en Índice AI: EUR 01/06/97/s), puso en conocimiento de un representante de Amnistía Internacional que se encontraba de visita oficial en Bielorrusia que, en lo que iba de año, el presidente había denegado veinticuatro solicitudes de indulto y había otras seis en espera de resolución. Amnistía Internacional temía que las veinticuatro personas cuyas peticiones se habían denegado pudieran haber sido ejecutadas, aunque no se disponía de información oficial sobre el número de ejecuciones llevadas a cabo en Bielorrusia. Toda la información relativa a las ejecuciones de presos condenados a muerte, incluidos el lugar y la hora de la ejecución y el lugar de entrenamiento del cuerpo del condenado, se considera secreto de Estado y ni siquiera se permite acceder a ella a los familiares de los presos ejecutados.


La delegación del gobierno bielorruso que asistió a la revisión del cuarto informe periódico de Bielorrusia efectuada por el Comité de Derechos Humanos en octubre proporcionó las siguientes estadísticas oficiales sobre la aplicación de la pena de muerte: Entre 1990 y 1997 se dictaron 192 sentencias de muerte y hubo 182 ejecuciones. Durante el mismo período fueron indultadas cinco personas: cuatro en 1992 y una en 1990. En la primera mitad de 1997 se condenó a muerte a 17 personas y se ejecutó a 12; durante 1996, los condenados a muerte fueron 29, y 38 los ejecutados; en 1995 se condenó a 37 personas y se ejecutó a 35; a lo largo de 1994, 24 personas fueron condenadas y 19 ejecutadas; y en 1993 fueron 20 las personas condenadas y 20 las ejecutadas.


Amnistía Internacional tuvo noticia de unas declaraciones efectuadas por el presidente Lukashenka en Moscú el 22 de enero de 1998, según las cuales durante 1997 se había ejecutado en Bielorrusia a unas treinta personas. Según los informes, el presidente añadió que desde su llegada al poder en 1994 sólo había indultado a una persona condenada a muerte.


Amnistía Internacional instó al gobierno a abolir la pena capital, y, considerando que Bielorrusia había solicitado la admisión en el Consejo de Europa, exhortó a la Comisión de Clemencia y al presidente a otorgar un indulto y a declarar una moratoria sobre las ejecuciones.


Denuncias de tortura en causas de pena de muerte


Se han denunciado casos de utilización de confesiones obtenidas bajo coacción como pruebas en juicios que se cerraron con sentencias de muerte. Un ejemplo reciente es el caso de dos ciudadanos moldavos condenados a muerte en Bielorrusia, Igor Ganya y F. Verega, quienes afirmaron que los habían sometido a malos tratos para obligarlos a confesar. El Tribunal Regional de Minsk los condenó el 30 de junio por asesinato con premeditación con agravantes.



BOSNIA Y HERZEGOVINA


Nuevos acosos y expulsiones de retornados pertenecientes a poblaciones minoritarias


Las autoridades de varias zonas continuaron impidiendo el regreso a sus hogares de personas refugiadas o desplazadas, bien mediante actuaciones directas, bien incitando a la población civil a atacar u hostigar a las minorías. Los incidentes adquirían un carácter especialmente grave cuando un elevado número de personas de una determinada comunidad regresaban a sus casas. Aunque en la mayoría de los casos los responsables de las agresiones contra miembros de minorías que intentaban volver a sus hogares no fueron las autoridades, sino la población civil, generalmente personas desplazadas, con frecuencia las agresiones se llevaron a cabo con impunidad. En agosto, por ejemplo, unos croatas de Bosnia agredieron a unos musulmanes bosnios que habían regresado a pueblos cercanos a Jaice, en la Federación bosniocroata de Bosnia y Herzegovina. A cientos de ellos los obligaron a huir de nuevo e incendiaron muchas de sus viviendas. Durante los incidentes, un musulmán bosnio, Hazim Šahman, murió abatido a tiros en su casa. Algunos musulmanes bosnios que, después de huir, volvieron a Jaice se encontraron con que durante su ausencia habían colocado minas alrededor de sus casas. A pesar de que el jefe de policía y su adjunto fueron destituidos por la insuficiencia y la negligencia en ocasiones deliberada con que habían respondido a los actos violentos que originaron la expulsión de los retornados, no se procesó a nadie por el asesinato de Hazim Šahman.


Por otra parte se hicieron pocos progresos en relación con el juicio de 15 personas acusadas de una agresión que costó la vida a un serbio de Bosnia de 80 años. En marzo de 1997, el anciano y su esposa habían intentado visitar un cementerio ortodoxo serbio cercano a Visoko (Federación) cuando un grupo de desplazados de Srebrenica (República Srpska) los arrastraron fuera del automóvil en que viajaban y los golpearon con palos y piedras. El hombre murió en el hospital cinco días después a consecuencia de las lesiones sufridas. Aunque la fecha para la vista se ha fijado en numerosas ocasiones, las continuas demoras han sembrado la duda sobre el compromiso de las autoridades con el procesamiento de los responsables.


A principios de octubre, unos cincuenta o sesenta hombres croatas de Bosnia se trasladaron al pueblo de Martin-Brod, cerca de Drvar (Federación), poco antes de la fecha prevista para que 15 familias de serbios de Bosnia regresaran a sus casas en el mismo pueblo. A algunos de ellos les habían concedido permisos provisionales de residencia con fecha del 6 de octubre, un día antes de la fecha fijada para el regreso de los serbios. El 7 de octubre regresaron al pueblo unos 27 serbios de Bosnia, pero los croatas de Bosnia, en presencia de una autoridad local, comenzaron a saquear sus casas, arrojando sus pertenencias a la calle. Uno de los hombres amenazó a una mujer de 80 años con violarla. Para impedir los actos de violencia contra los serbios de Bosnia, la Fuerza de Estabilización de la OTAN (SFOR) acordonó el pueblo, y algunos representantes de organizaciones internacionales dialogaron con las autoridades locales; la situación quedó finalmente resuelta cuando la policía bosnia musulmana del cantón vecino comenzó a patrullar por la localidad y casi todos los croatas de Bosnia abandonaron el pueblo.


Repatriación forzosa de Alemania


Las autoridades alemanas repatriaron a la fuerza a 689 refugiados de Bosnia y Herzegovina, con lo que la cifra total de refugiados bosnios repatriados a la fuerza de Alemania durante 1997 ascendió a 929. Algunos procedían de zonas a las que era peligroso volver, ya que en ese momento se encontraban bajo el control de fuerzas de diferente nacionalidad. Cuando los repatriaron de Alemania, el permiso de residencia de algunos de ellos todavía tenía validez, pero no se les dio la opción de volver voluntariamente a Bosnia y Herzegovina. Por ejemplo, a Osman y Emina Lizalo y su hijo adulto Mehmet, musulmanes bosnios originarios del pueblo de Dubrave, próximo a Bosanska Gradiška (República Srpska), los deportaron a la fuerza de Kleve (Alemania) el 15 de septiembre, pese a que el permiso que «tolera» su estancia en el país («duldung») no expiraba hasta el 2 de octubre de 1997. Según explicó Osman Lizalo, «[Los policías] vinieron a nuestra casa a las cinco y media de la madrugada y nos dijeron que empaquetáramos nuestras cosas y que teníamos veinte minutos para marcharnos. Les mostramos nuestros documentos y les aseguramos que nos iríamos voluntariamente en dos días». No sirvió de nada: la familia fue trasladada al aeropuerto, y Mehmet Lizalo, que había encontrado un empleo legal, tuvo que pagar 1.700 marcos alemanes para sufragar los gastos de viaje de los tres. Actualmente, la familia Lizalo vive con otro hijo, la esposa de éste y el hijo de ambos en dos pequeñas habitaciones en Bosanski Petrovac (Federación). Aunque a Emina Lizalo le aterroriza la idea de volver al pueblo de Dubrave, ella y su familia no pueden vivir permanentemente en las circunstancias actuales, por lo que Osman Lizalo volvió a la casa que habitaban antes de la guerra para averiguar si existía alguna posibilidad de volver a vivir en ella. En 1993, cuando él y su familia se vieron obligados a huir, dejó la casa al cuidado de un vecino serbio de Bosnia acordando que volverían cuando pasara el peligro. Cuando, en octubre de 1997, Osman Lizalo visitó la casa, el vecino, que estaba viviendo en ella, le dijo que bajo ninguna circunstancia podían volver. También otros refugiados repatriados a la fuerza de Alemania recibieron amenazas cuando intentaron regresar a las comunidades en las que residían antes de la guerra; la mayoría de ellos optaron por vivir en zonas controladas por fuerzas de su misma nacionalidad, a menudo en casas que habían sido habitadas antes de la guerra por personas actualmente refugiadas o desplazadas. Ya sea por causa de la manipulación de las autoridades locales, ya por deficiencias de infraestructura reales, el caso es que, al ocupar las viviendas de otras familias, estas personas están contribuyendo a dificultar el regreso de los residentes de nacionalidad minoritaria a esas comunidades.


Detención de sospechosos de crímenes de guerra


En julio, los soldados de la SFOR detuvieron en Prijedor (República Srpska) a Milan Kovačević, contra quien el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (el Tribunal) había dictado acta de acusación secreta. Los soldados también intentaron detener a Simo Drljača, contra el que también pesaba un acta de acusación secreta, pero éste murió en un intercambio de disparos. Ambos eran serbios de Bosnia. En diciembre, la SFOR detuvo en Vitez (Federación) a dos croatas de Bosnia; uno de ellos había sido inculpado en secreto. Sin embargo, a pesar de estos hechos, la SFOR continuó negándose a cumplir con su obligación internacional de localizar y detener a todos los inculpados por el Tribunal. Según una información aparecida en la prensa, después de las operaciones de detención de julio la SFOR había dado orden de no arrestar a un croata de Bosnia que había manifestado a este organismo su intención de entregarse voluntariamente, y se negó a escoltar a una autoridad del Tribunal que iba a practicar la detención.


En octubre, después de una considerable presión internacional sobre las autoridades croatas (y en concreto sobre las croatas de Bosnia), nueve croatas de Bosnia inculpados públicamente por el Tribunal se entregaron a éste. Un décimo hombre que había sido detenido en Croacia en agosto fue también transferido al Tribunal. Él y dos de los otros croatas de Bosnia quedaron en libertad en diciembre por no existir pruebas suficientes para juzgarlos. También se retiraron los cargos contra otro croata de Bosnia al confirmarse que había muerto en octubre de 1995.


A Amnistía Internacional le seguía preocupando el hecho de que a finales de año continuaran en libertad 54 de los 73 hombres de los que se sabía que habían sido inculpados por el Tribunal. En octubre, la organización publicó el informe Bosnia-Herzegovina: How can they sleep at night? Arrest Now! (Índice AI: EUR 63/22/97), en el que insistía en la obligación que tienen las tropas de la SFOR de localizar y detener a los sospechosos de crímenes de guerra.


Decisiones de la Cámara de Derechos Humanos


A pesar de los compromisos con los derechos humanos adquiridos en virtud del Acuerdo de Paz, en ambas entidades continúa en vigor la ley que permite la pena de muerte. En 1993, tras un juicio que no cumplió las debidas garantías, el Tribunal Militar de Sarajevo condenó a muerte al serbobosnio Sretko Damjanović por genocidio y crímenes de guerra de ámbito nacional. Las pruebas en su contra consistieron casi enteramente en declaraciones hechas por él mismo y por otro acusado. Según sus afirmaciones, dichas declaraciones habían sido obtenidas mediante tortura y malos tratos mientras permanecía bajo custodia policial. En su declaración a la policía, Sretko Damjanović admitía haber matado a dos hombres de los que después se supo que estaban vivos. Además, en aquel momento la ciudad de Sarajevo se encontraba sitiada, por lo que los posibles testigos se encontraban fuera del territorio controlado por las autoridades que estaban juzgando a Sretko Damjanović. En junio de 1997, el Tribunal Cantonal de Sarajevo desestimó una solicitud, apoyada en la existencia de nuevas pruebas, de que se celebrara un nuevo juicio; el Tribunal Supremo de Bosnia y Herzegovina volvió a remitir el caso al Tribunal Cantonal para que lo reconsiderara.


En septiembre, la Cámara de Derechos Humanos, institución nacional de derechos humanos creada en virtud del Acuerdo de Paz, llegó a la conclusión de que la ejecución de Sretko Damjanović violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aunque en sus opiniones sobre el caso la Cámara de Derechos Humanos puso en duda el hecho de que la aplicación de la pena de muerte en tiempo de paz fuera consecuente con las normas internacionales de derechos humanos, también señaló que existían serias dudas sobre la independencia e imparcialidad de las garantías procesales en el juicio y la apelación de Sretko Damjanović. La Cámara ordenó a las autoridades de la Federación que garantizaran la retirada inmediata de la sentencia de muerte de Sretko Damjanović y señaló que la celebración de un nuevo juicio sería una solución apropiada para el caso.


Las autoridades no respondieron a las órdenes de la Cámara de Derechos Humanos en relación con otros casos, como el de la «desaparición» del sacerdote católico Tomislav Matanović y sus padres, ocurrida en Prijedor (República Srpska) en septiembre de 1995. Tampoco respondieron a las intervenciones del Defensor del Pueblo sobre cuestiones de derechos humanos para Bosnia y Herzegovina, como, por ejemplo, la relativa a la celebración de un nuevo juicio para «los siete de Zvornik», tres de los cuales fueron condenados en abril de 1997 a veinte años de prisión tras un juicio a todas luces injusto celebrado en la República Srpska. Además, las autoridades no volvieron a abrir la investigación judicial sobre la muerte de Šefik Sulejmanović y las heridas sufridas por otros 20 musulmanes bosnios a manos de agentes de policía bosniocroatas en febrero (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s).


Véase también más adelante Niños en Europa, pp. 83-88.



BULGARIA


Procesamientos de periodistas por difamar a autoridades públicas


Amnistía Internacional continuó recibiendo informes de casos de periodistas que habían sido procesados por difamar en la prensa a autoridades públicas, lo cual suponía una violación de su derecho a la libertad de expresión. El 19 de noviembre de 1997 se dictó acta de acusación formal contra Karolina Kraeva, en virtud del artículo 148, párrafo 1, puntos 2 y 3 del Código Penal, por difamar en la prensa al jefe de policía local (véase también más adelante Mujeres en Europa, pp. 78-83). El artículo mencionado dispone una pena de hasta dos años de prisión para los actos de difamación que sean: «1. cometidos en público; 2. difundidos por la prensa u otros medios; 3. dirigidos contra funcionarios o representantes de la comunidad en relación con su cargo o con el desempeño de sus funciones públicas; 4. perpetrados por funcionarios o representantes estatales en el curso de su labor». A Amnistía Internacional le preocupa que, al proporcionar a los funcionarios y a los representantes de la autoridad una protección especial contra la difamación, el artículo 148 esté violando el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ambos ratificados por Bulgaria. Amnistía Internacional cree que los funcionarios o las autoridades que se consideren difamados pueden hacer uso de los mismos recursos legales que cualquiera que, independientemente de su categoría o función, desee proteger su reputación. En opinión de la organización, la legislación penal no debe utilizarse para sofocar las críticas contra las autoridades estatales ni para intimidar a los que manifiestan una preocupación legítima por sus actuaciones o modos de obrar.


En marzo de 1996, Amnistía Internacional escribió al entonces presidente Zhelyu Zhelev para expresar su preocupación por la detención de Valentin Hadzhiev y Mitko Shtirkov, periodistas de Smolyan detenidos el 22 de febrero de 1996 en virtud del artículo 148, párrafo 1, punto 3 del Código Penal, a los que la organización consideró presos de conciencia. Durante 1997 continuó el procesamiento de los dos periodistas por los mismos cargos. En diciembre de 1997, Amnistía Internacional instó al presidente Petar Stoyanov a tomar medidas para detener el procesamiento iniciado en virtud del artículo 148. La organización también exhortó al presidente a ejercer la autoridad que le otorga el artículo 150 de la Constitución de la República de Bulgaria para poner en marcha una revisión judicial ante el Tribunal Constitucional del artículo 148, párrafo 1, puntos 2 y 3.


Nuevos casos de empleo de armas de fuego, muertes bajo custodia, tortura y malos tratos


En octubre, Amnistía Internacional publicó el informe Bulgaria: Growing incidence of unlawful use of firearms by law enforcement officials (Índice AI: EUR 15/12/97). En él se documentaban 10 casos de disparos por parte de la policía, seleccionados entre los numerosos informes recibidos desde mayo de 1996 hasta septiembre de 1997. La organización instó a las autoridades búlgaras a garantizar que se emprenden inmediatamente investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todos los incidentes de disparos efectuados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; también pidió que se proporcionaran unas ordenanzas claras al respecto a todos los agentes de las fuerzas del orden y que se pusieran en marcha programas de formación eficaces sobre el empleo de armas de fuego que garanticen el respeto y la observancia de las normas internacionales pertinentes. Además, Amnistía Internacional exhortó a las autoridades búlgaras a adecuar a las normas internacionales pertinentes su legislación sobre el empleo de armas de fuego por parte de agentes de la policía, y a publicar estadísticas periódicas sobre los incidentes de disparos efectuados por policías.


En enero de 1998, Amnistía Internacional manifestó su preocupación a Bogomil Bonev, ministro del Interior, por unos nuevos informes de casos en los que la policía había efectuado disparos en circunstancias controvertidas. En uno de los incidentes, ocurrido el 10 de diciembre de 1997 en Sofía hacia las ocho menos cuarto de la tarde, un agente de policía disparó en la cabeza a Angel Bozhov. Cuatro días antes, Angel Bozhov había informado a la policía del robo de su automóvil. El día de los hechos, él y su hijo de 22 años, Lazar Bozhov, iban en el automóvil, recién recuperado, por el bulevar Slivnitsa cuando los detuvo una patrulla de cinco o seis agentes de policía. Uno de ellos abrió la puerta del conductor y, según parece, gritó: «¡Fuera!». Después le pegó un tiro a bocajarro en la cabeza a Angel Bozhov. Otro agente sacó a Lazar Bozhov del automóvil, le propinó varias patadas y lo esposó mientras aquél intentaba aclarar su identidad. Angel Bozhov murió en el hospital a la mañana siguiente a consecuencia de las lesiones provocadas por el disparo. (Véase también más adelante Niños en Europa, pp. 83-88).


Amnistía Internacional también recibió informes de tortura y malos tratos infligidos por la policía. El 30 de junio, en Sliven, unos agentes de policía golpearon, según parece, a Zlatko Gulekov, director dramático y organizador de un festival de teatro. Durante la fiesta que señalaba el fin del festival, dos agentes de policía intervinieron y arrestaron a un actor porque presuntamente estaba perturbando el orden, por lo que Zlatko Gulekov acompañó voluntariamente a los agentes a la comisaría. Según los informes, cuando salía del vehículo policial, le arrojaron al suelo y tanto los dos agentes como el conductor comenzaron a golpearle y darle patadas por todo el cuerpo. Más tarde, ya en el interior de la comisaría, los dos agentes lo sentaron en una silla y, en presencia de otros dos policías, al parecer le dieron un puñetazo en la cara y le golpearon en el pecho con un saco. A pesar de que sangraba por las heridas que tenía en la cabeza y por la nariz, que le habían roto, parece que los agentes se negaron a avisar a un médico. Quedó en libertad al cabo de unas horas, tras la intervención de un parlamentario local. Se inició una investigación sobre su denuncia de malos tratos, pero los resultados no se habían hecho públicos en el momento de redactarse este informe.


El 6 de julio de 1997, hacia las tres de la madrugada, en Dupnitsa, el joven de 20 años Angel Krashevski sufrió una agresión, según los informes, en el lavabo de la discoteca local. Según los informes, una patrulla de policía a la que llamaron para que interviniera arrestó a Angel Krashevski, que intentaba explicar lo que había ocurrido. Entonces, según parece, uno de los agentes le golpeó en la cabeza con su arma. En la comisaría Angel Krashevski perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital, donde le diagnosticaron fractura de cráneo, conmoción cerebral y contusiones en el rostro. Posteriormente presentó una demanda ante el fiscal militar por los presuntos malos tratos recibidos. No obstante, Amnistía Internacional no disponía de información sobre si se había llevado a cabo una investigación.


Mincho Simeonov Sartmachev, detenido el 13 de noviembre de 1997 en Dobrich, murió aparentemente a consecuencia de lesiones infligidas por tortura. Según informes policiales, el 14 de noviembre Mincho Sartmachev y Stanimir Georgiev4 intentaron huir mientras los escoltaban desde su celda hasta un despacho de la comisaría. Fueron perseguidos por un agente que recurrió a la fuerza para aprehender e inmovilizar a Mincho Sartmachev. Ese mismo día, algo más tarde, Mincho Sartmachev fue trasladado a los calabozos del servicio de investigación, cuyo director en un principio se negó a aceptar su ingreso por sospechar que sufría un grave traumatismo craneal. Los policías, entonces, llevaron a Mincho Sartmachev al servicio médico de urgencias, donde les extendieron un certificado asegurando que se encontraba en condiciones de ser recluido. En la noche del 21 de noviembre, Mincho Sartmachev ingresó en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, donde murió el 26 de noviembre. En un informe publicado en enero, Bulgaria: Death in Suspicious Circumstances of Mincho Sartmachev and Reported Torture of Stanimir Georgiev (Índice AI: EUR 15/01/98), se ofrecía un relato más detallado de este caso.


En otro incidente, Valentin Nedev, de 34 años, murió, según parece, por no recibir asistencia médica mientras permanecía detenido. Había sido arrestado el 11 de noviembre en Durankulak y permaneció recluido durante diez días en los calabozos de la policía de Shabla, Balchik y Kavarna. Según los informes, posteriormente Valentin Nedev declaró que le habían obligado a dormir sobre suelos de cemento con las manos esposadas. Los informes afirman que sus continuas demandas de que le proporcionaran asistencia médica no fueron atendidas. El 21 de noviembre de 1997 quedó en libertad e ingresó inmediatamente en el Hospital Universitario de Varna, donde murió cuatro días después. Según el médico que practicó la autopsia, Valentin Nedev falleció a causa de complicaciones derivadas de una tuberculosis y una neumonía. Según los informes, se dio orden de efectuar una segunda autopsia para determinar si el periodo de diez días de detención y la falta de asistencia médica durante ese tiempo podían haber contribuido a su muerte. En enero de 1998, Amnistía Internacional escribió a las autoridades búlgaras interesándose por los resultados de la investigación.



CROACIA


Restricciones a la libertad de expresión


En agosto, el fiscal general presentó unas mociones para la apertura de unas investigaciones que podían decidir el procesamiento de Ivan Zvonimir Čičak, presidente del Comité Croata de Helsinki, y de Dobroslav Paraga, presidente del Partido Croata de los Fueros de 1861, por «difundir información falsa». Los dos hombres se habían referido en público a la participación de Croacia en el conflicto armado de Bosnia y Herzegovina y habían denunciado crímenes de guerra o abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de los croatas o croatas de Bosnia en Croacia y en Bosnia y Herzegovina.


Amnistía Internacional considera que la utilización de la ley que hace referencia a la «difusión de información falsa» en casos como los mencionados restringe la libertad de expresión en contra de los compromisos adquiridos por Croacia en virtud de instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y señala que la organización podría considerar a los dos hombres presos de conciencia si, a consecuencia de las mociones presentadas y los procesamientos a que éstas podrían dar lugar, son encarcelados.


Dos trabajadores del semanario independiente Feral Tribune, Victor Ivančić, redactor jefe, y Marinko Ćulić, periodista, volvieron a comparecer ante el tribunal municipal de Zagreb en diciembre acusados de «calumniar» o «insultar» al presidente Franjo Tudjman en 1996. El juicio se aplazó con el fin de poder recopilar información sobre la doctrina política del difunto dictador español Francisco Franco, con quien había sido comparado el presidente Tudjman. Los acusados podrían ser condenados hasta a tres años de prisión si los declaran culpables. Un recurso presentado y ganado por el fiscal había dejado sin efecto una absolución dictada en septiembre de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s).


En septiembre de 1997 se introdujeron cambios en el Código Penal que afectaban, entre otros, a los artículos relativos a la «difusión de información falsa». Los defensores de los derechos humanos y de otro tipo de derechos han manifestado su temor ante la posibilidad de que, cuando el nuevo código entre en vigor en 1998, puedan utilizarse las nuevas leyes para aumentar las restricciones sobre la libertad de expresión en Croacia.



Acosos continuos contra serbios de Croacia


Las medidas policiales dispuestas para la protección de los serbios de Croacia que viven en la Krajina no impidieron que éstos fueran víctimas de actos de violencia, intimidaciones y robos. Aunque las autoridades del gobierno croata han afirmado en público una y otra vez que los serbocroatas que quieran quedarse en Croacia serán bienvenidos y disfrutarán de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano croata, Amnistía Internacional no se convencerá de la voluntad de las autoridades croatas de proteger a todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad hasta que, por ejemplo, las investigaciones sobre agresiones violentas no acaben en procesamientos justos y adecuados. Por ejemplo, serbocroatas que viven en aldeas del municipio de Glina, cercano a la frontera con Bosnia y Herzegovina, dijeron a un periodista del Feral Tribune que la respuesta policial a los saqueos y acosos contra ellos había consistido en preguntarles que por qué no se marchaban, y algunos habían abandonado el país a causa del constante hostigamiento al que se veían sometidos. Un matrimonio mayor de la zona, Dmitar y Milka Baljak, serbocroatas de Velike Obljaj, han sido víctimas de numerosos robos y agresiones, generalmente durante la noche. En una ocasión, Milka Baljak denunció que los ladrones la habían amenazado con matarla y con degollar y sacar los ojos a su marido. Explicó que, al final, tras disparar varias veces sobre su cabeza, los agresores «sólo» saquearon la casa y se llevaron el ganado. Según informó el Comité Croata de Helsinki para los Derechos Humanos, tras la publicación del artículo en el Feral Tribune la policía se negó a atender las denuncias de los serbocroatas, a pesar de que los robos y las agresiones violentas continuaron. La tarde del 29 de diciembre, por ejemplo, tres hombres vestidos de civil golpearon en su casa a una serbocroata del pueblo de Bojna. Ese mismo día, algo más tarde, arrojaron un artefacto explosivo en el patio de un serbocroata del mismo pueblo.


Las autoridades croatas no han vuelto a abrir las investigaciones para determinar las responsabilidades penales por la muerte de un serbocroata y por las palizas que recibieron varias personas durante los ataques llevados a cabo en mayo de 1997 por una multitud en pueblos próximos a Hrvatska Kostajnica (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Los informes sobre los hechos indican que los testigos serían capaces de identificar a los autores de determinadas agresiones.


También aumentó el hostigamiento en Eslavonia Oriental a medida que se iba haciendo realidad la transferencia a Croacia de autoridad y competencias administrativas y se acercaba a su fin, en enero de 1998, el mandato de la Autoridad Provisional de la ONU en Eslavonia Oriental. En noviembre de 1997 se repartieron en Vukovar unos panfletos que pedían la salida de la zona de los serbocroatas; en ellos se afirmaba: «Mataremos en silencio, lenta pero no dulcemente». En el mismo mes se arrojaron artefactos explosivos contra viviendas de serbocroatas, y en diciembre se lanzó una granada de mano contra la casa de un sacerdote ortodoxo serbio. Se han emprendido investigaciones sobre estas y otras agresiones violentas. No obstante, en uno de los casos, en el que murió un serbocroata por las heridas sufridas al hacer explosión una granada arrojada contra un café en diciembre, el principal sospechoso quedó en libertad tras ser acusado de un delito relativamente menor, el de «poner en peligro la seguridad pública con consecuencias fatales», a pesar de que estaba claro que la granada había sido arrojada intencionadamente. Ese mismo hombre está actualmente acusado del asesinato de un serbocroata que murió por arma de fuego en enero de 1998.


Liberación de serbios de Bosnia encarcelados


En agosto, nueve serbios de Bosnia que habían sido detenidos en relación con el conflicto armado de Bosnia y Herzegovina, y a los que en la práctica se retenía como rehenes, quedaron en libertad a cambio de nueve croatas de Bosnia condenados por delitos comunes en la República Srpska, entidad serbobosnia de Bosnia y Herzegovina. Otros nueve serbios de Bosnia que habían permanecido encarcelados tras el cese de las hostilidades en Bosnia y Herzegovina habían quedado en libertad con anterioridad ese mismo año; todos ellos habían permanecido recluidos por lo menos desde 1995, y al menos uno llevaba encarcelado desde 1994.


Detenciones de sospechosos tras confesiones de crímenes de guerra


En septiembre, un ex miembro de un grupo paramilitar croata publicó una confesión en la cual reconocía haber matado o torturado personalmente a decenas de personas, principalmente serbios de Croacia, en 1991 y 1992. También afirmaba que el grupo paramilitar era responsable de la muerte y tortura de muchos otros. En septiembre, él y otros tres hombres mencionados en su confesión fueron detenidos como sospechosos de un delito castigado con la cárcel.



DINAMARCA


Denuncias de malos tratos


Veronica Ngozi Ugwuoha


En octubre, el fiscal regional del Estado para Copenhague decidió no presentar cargos contra los agentes implicados en la detención e inmovilización de Veronica Ngozi Ugwuoha (véanse Índices AI: EUR 01/01/97/s y EUR 01/06/97/s). A pesar de que el fiscal regional llegó a la conclusión de que la pierna de Veronica Ngozi Ugwuoha debió de haberse fracturado durante su detención, resolvió que no se podía probar con certeza si sus lesiones se produjeron durante el forcejeo mantenido con un agente de policía cuando ambos cayeron al suelo, cuando otro agente intentó agarrarla de la pierna sin conseguirlo, o cuando un tercer agente la inmovilizó mediante un doble cerrojo manual (es decir, tendiéndola boca abajo en el suelo, con un pie encajado contra la parte interna de la rodilla contraria y la otra pierna doblada por la rodilla ejerciendo presión hacia la cabeza).


Además, el fiscal regional del Estado decidió no criticar a ninguno de los agentes por las aproximadamente seis horas que tardaron en avisar a un médico para que atendiese a Veronica Ngozi Ugwuoha. En cuanto la vió un médico fue hospitalizada durante 10 días y tuvo que ser operada; tenía rota la pierna y dislocada la rótula. Con todo, según la información recibida, el fiscal regional del Estado recalcó a la policía la necesidad de avisar a un médico inmediatamente cuando los agentes observan que una persona no se sostiene de pie sobre una o ambas piernas.


El fiscal regional del Estado tampoco encontró motivos de crítica en relación con las denuncias de comentarios racistas hechos por la policía durante la detención, ya que ninguno de los agentes admitió haber realizado o escuchado tales comentarios.


Amnistía Internacional expresó su preocupación por las decisiones del fiscal regional del Estado en este caso. A la organización le preocupa que, de acuerdo con los informes, el fiscal regional del Estado no haya ordenado una investigación acerca de la conveniencia del tipo y del grado de medidas de fuerza utilizadas para inmovilizar y detener a Veronica Ngozi Ugwuoha y del modo en que fue transportada a la comisaría de policía. Basándose en información recibida, la organización también expresó su preocupación por el hecho de que la decisión del fiscal regional del Estado no explica por qué no encontró motivos para criticar a los agentes que no se aseguraron de que Veronica Ngozi Ugwuoha recibiera cuidados médicos inmediatos, a pesar de que, según los informes, agentes presentes en su detención han admitido haberse dado cuenta de que la detenida no podía sostenerse sobre una de las piernas antes de llevarla a la comisaría de policía. Del mismo modo, la organización expresó su preocupación por la información recibida que indica que la decisión del fiscal regional del Estado no alude a las denuncias según las cuales los policías que se encontraban en la comisaría de policía no actuaron cuando Veronica Ngozi Ugwuoha pidió repetidas veces ser atendida por un médico mientras permaneció allí detenida.


El Ministerio de Justicia informó a Amnistía Internacional de que los recursos presentados ante el fiscal general del Estado contra las decisiones del fiscal regional del Estado en este caso, entre ellos el presentado por las Juntas Regionales de Denuncias contra la Policía, continuaban pendientes de resolución al terminar el año.


Babading Fatty


En diciembre, el Ministerio de Justicia acordó pagar la cantidad de 360.000 coronas danesas (aproximadamente 32.700 libras esterlinas) al ciudadano de Gambia Babading Fatty como compensación completa y definitiva por la demanda que presentó a causa de su detención y malos tratos en Dinamarca, país al que había viajado como turista en 1990. Babading Fatty sufrió daños físicos y psicológicos como consecuencia de los tratos recibidos y no ha podido volver a incorporarse a su trabajo. En la compensación va incluida la cantidad de 60.000 coronas danesas que le había pagado el gobierno en junio de 1995 como indemnización inicial (véanse Índices AI: EUR 01/02/95/s y EUR 18/01/95).


El Comité de Derechos Humanos de la ONU


En diciembre, el Ministerio de Justicia informó a Amnistía Internacional de las medidas tomadas en vista de las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU después de revisar, en 1996, el tercer informe periódico de Dinamarca sobre las medidas tomadas para cumplir las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras cosas, la policía publicó un Código de Conducta sobre el uso de perros por parte de los agentes. El Ministerio también informó a Amnistía Internacional de que su comisión de expertos, la Comisión de Enjuiciamiento Penal, estaba revisando las normas que regulan la reclusión en régimen de aislamiento, y que el fiscal general del Estado había establecido un sistema para asegurar que se informa de los casos de prisión preventiva que duran más de tres meses y de si la persona detenida ha estado recluida en régimen de aislamiento. La organización ha pedido que se la mantenga informada del desarrollo de estas cuestiones y de las medidas que está tomando el gobierno para aplicar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y del Comité contra la Tortura de la ONU (véase Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997, Índice AI : EUR 01/06/97/s).



ESLOVAQUIA


Observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas


En las reuniones celebradas el 15 y 16 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió el informe inicial de Eslovaquia relativo al cumplimiento en este país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En sus observaciones finales, en las que comentaba los factores y dificultades que afectan a la aplicación del Pacto, el Comité observó con preocupación que aún no se había cerrado totalmente la etapa del anterior régimen totalitario y que debían tomarse medidas adicionales para consolidar y desarrollar las instituciones democráticas y reforzar la aplicación del Pacto. El Comité observó también la existencia de actitudes políticas y sociales contrarias a la promoción y la protección total de los derechos humanos. Además, expresó su preocupación porque no se habían tomado medidas suficientes para aplicar diversas disposiciones de la Constitución eslovaca que tratan de derechos fundamentales y del Pacto en sí, como el artículo 18, que trata del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar sin que dicho derecho implique una mayor duración del servicio alternativo que debe cumplirse. La organización expresó también su preocupación por los informes que indicaban que los romanís, que a menudo son víctimas de ataques racistas, no recibían protección adecuada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; por los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de malos tratos a detenidos bajo custodia policial; y por diversas cuestiones relativas al derecho a la libertad de expresión en virtud del artículo 19 del Pacto, incluidas las excesivas restricciones sobre este derecho, impuestas por el artículo 98 del Código Penal, que considera delito propagar en el extranjero información falsa que pueda dañar los intereses de Eslovaquia (véase República Eslovaca: AI insta a los miembros del Consejo Nacional a que rechacen las modificaciones propuestas del Código Penal, Índice AI: EUR 72/03/96/s).


Objetores de conciencia - presos de conciencia


El 8 de septiembre, en Banská Bystrica, Miroslav Albert, de 19 años de edad, comenzó a cumplir una condena de un año de prisión por negarse a realizar el servicio militar por motivos de conciencia. Había sido declarado apto para el servicio militar en noviembre de 1995. Anteriormente, había declarado en sus documentos de reclutamiento que sus convicciones religiosas no le permitían empuñar armas. Sin embargo, la comisión de reclutamiento le informó erróneamente de que si había solicitado prestar un servicio civil, tendría que prestarlo en los cuarteles militares. En junio de 1996, cuando supo que eso no siempre era así, solicitó prestar un servicio civil alternativo, pero como el plazo legal de treinta días que prescribía la ley a partir de la fecha en la que fue declarado apto había expirado, su solicitud fue denegada. En septiembre de 1996, Miroslav Albert fue llamado a filas para empezara a cumplir el servicio militar en Rimavská Sobota el 1 de octubre de 1996. Se negó a aceptar la orden, reiterando que su religión no le permitía empuñar armas.


El 11 de abril de 1997, el Tribunal Militar de Distrito de Banská Bystrica declaró culpable a Miroslav Albert, en virtud del artículo 269, párrafo 1, del Código Penal Eslovaco, de no incorporarse al servicio militar, y le condenó a un año de prisión. El 6 de agosto, el Tribunal Militar Superior de Trenčin rechazó el recurso que Miroslav Albert había presentado contra la declaración de culpabilidad, y confirmó el fallo del tribunal inferior.


Martin Bednár, otro objetor de conciencia encarcelado en febrero por negarse a realizar el servicio militar, fue puesto en libertad condicional en septiembre, después de haber cumplido la mitad de la condena.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los presos de conciencia y a interrumpir los procedimientos penales contra los objetores de conciencia al servicio militar. La organización siguió instando a las autoridades a revisar las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y a adaptarlas a los principios internacionalmente reconocidos.



ESPAÑA


El Comité de la ONU contra la Tortura examina el tercer informe periódico de España


En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura examinó el tercer informe periódico de España. Amnistía Internacional remitió al Comité información sobre denuncias de tortura y malos tratos en toda España, así como de detenciones ilegales e insultos racistas por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley.


El Comité acogió con satisfacción las medidas adoptadas por el gobierno para hacer efectivas las salvaguardias fundamentales establecidas en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre las que se incluyen la abolición definitiva de la pena capital y la introducción en el nuevo Código Penal de artículos que prohíben la tortura y los malos tratos. No obstante, en sus conclusiones y recomendaciones se reflejaban muchas de las constantes preocupaciones de Amnistía Internacional. El Comité observó que las largas demoras en los procedimientos judiciales relativos a casos de tortura, tanto en la fase de la investigación como en la de la vista, eran «absolutamente incompatibles» con la agilidad exigida por la Convención, y que las sentencias dictadas por los tribunales contra los agentes acusados de tortura se quedaban a menudo en meras palabras y parecían mostrar una «condescendencia que priva a la sanción penal del efecto disuasivo y ejemplarizador que debiera producir y conspira contra la erradicación efectiva de la tortura». El Comité manifestó sus dudas sobre las declaraciones efectuadas por el gobierno español en su informe periódico respecto a la casi total erradicación de los casos de tortura y malos tratos, y aseguró que ambas prácticas seguían siendo la causa de numerosas denuncias y que muchos de los casos parecían «constituir manifestaciones de discriminación racial». El Comité también expresó su preocupación por el uso de la detención prolongada en régimen de incomunicación, que favorecía la práctica de la tortura. El Comité instó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para reducir la excesiva duración de las investigaciones sobre denuncias de tortura y malos tratos, a poner en marcha todos los recursos legales disponibles para garantizar que las penas por delitos de tortura son efectivas y ejemplares, y a buscar una vía para acabar con la detención en régimen de incomunicación y con las restricciones del derecho de los detenidos a acceder a un abogado de su elección. Además, el Comité exhortó a las autoridades a poner en marcha los procedimientos oportunos para investigar todos los casos de tortura y malos tratos que, de un modo u otro, llegaban a su conocimiento, incluso cuando las presuntas víctimas no hubieran presentado denuncias formales.


Nuevas denuncias de malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


En julio se iniciaron procedimientos orales contra cuatro agentes de la Policía Local presuntamente implicados en la detención ilegal y malos tratos, en el mes de marzo, de Mamadou Kané, ciudadano senegalés residente en España perteneciente a un grupo de vendedores ambulantes africanos que trabajan en Vigo (Galicia). El fiscal pidió para los agentes una condena de tres años de prisión más otros ocho de inhabilitación absoluta. Está previsto que el juicio se celebre ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, tribunal penal con capacidad para juzgar delitos castigados con penas de tres o más años de prisión, pero aún no se conoce la fecha del juicio.


Mamadou Kané declaró que en el momento de la detención le dijeron que lo llevaban a la comisaría para comprobar su identidad, pero, en su lugar, le condujeron a una zona cercana a la Universidad de Marcosende donde lo golpearon, le dirigieron insultos racistas y lo amenazaron con matarlo o expulsarlo de España si insistía en presentar una denuncia contra la policía. Los agentes negaron las acusaciones y aseguraron que habían llevado a Mamadou Kané directamente a la comisaría. Sin embargo, según los informes, se presentaron hasta 14 testigos presenciales españoles y senegaleses que confirmaban la versión de los hechos expuesta por Mamadou Kané; como consecuencia, se retiró la amenaza de presentar una denuncia por difamación que un concejal de la ciudad de Vigo había proferido contra él por insultar a la policía.


A Amnistía Internacional le preocupa que la detención ilegal de inmigrantes pueda ser una práctica habitual entre algunos agentes de policía de la zona. Entre los casos similares que han llegado a conocimiento de la organización se encuentra el de otro vendedor ambulante que fue arrestado en Vigo en agosto de 1996 por ocho agentes de la Policía Local y que resultó absuelto por un juez. Aunque la denuncia presentada por el vendedor contra los policías se archivó, el juez se mostró profundamente crítico con la actuación de los agentes al detenerle y manifestó en su sentencia que era legítimo resistirse a un arresto ilegal.


Amnistía Internacional está investigando las denuncias de un ataque de motivación racial contra un ciudadano marroquí de origen bereber que reside legalmente en España, en Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias), desde 1991. El presunto incidente tuvo lugar en septiembre cuando Monaim El Baragragui se trasladó al enclave español de Melilla para visitar a su familia y arreglar algunos asuntos relacionados con su boda. Monaim El Baragragui le explicó a Amnistía Internacional que, después de llegar a la frontera de Melilla alrededor de las nueve de la tarde, se aproximó a dos agentes de la Policía Nacional y les preguntó qué tenía que hacer para obtener un permiso de regreso a España. Uno de los policías le empujó y le dijo: «¡Vuelve a Marruecos!». Él respondió que no podía hacer eso porque residía legalmente en España. Entonces uno de los agentes, o quizá los dos, lo golpearon con una porra. Cuando protestó diciendo que los denunciaría, otros cinco policías se acercaron, según los informes, y lo golpearon en la cabeza, los hombros y otras partes del cuerpo al tiempo que proferían a gritos insultos racistas. Luego lo esposaron y lo llevaron a la comisaría, donde fue acusado de agredir a un agente de policía. Hicieron caso omiso de sus reiteradas demandas de ver a un médico y le obligaron a permanecer de pie, muy dolorido, durante más de una hora mientras uno o varios agentes se pusieron a «cantar flamenco a su lado». Monaim El Baragragui también afirmó que, tras permitirle finalmente ver a un médico, que presentó su informe al tribunal, lo encerraron en una celda con unas cincuenta personas más y pasó allí la noche sin que le dieran agua ni alimento y sin que le permitieran ir al lavabo. Sostenía que había visto cómo otros detenidos eran tratados «como animales», golpeados repetidamente con porras, algunos hasta que sangraban. Declaró que había permanecido recluido durante un total de tres días, con un bocadillo diario como único alimento, y que, antes de comparecer ante el juez, lo habían amenazado con expulsarlo de España. Presentó una denuncia ante el juez por el trato recibido, proporcionando detalles que fueron confirmados por testigos, y le concedieron la libertad condicional.


En octubre, cuatro agentes de la policía municipal de Santa Cruz de la Palma (Islas Canarias) fueron acusados de infligir malos tratos a José Amado Capote Martín. Éste declaró que los agentes se le habían aproximado mientras estaba en una cafetería, le habían preguntado su nombre y le habían ordenado entrar en el vehículo que llevaban sin explicarle los motivos del arresto. Luego detuvieron el vehículo en una zona oscura y desierta, le obligaron a salir, lo esposaron y volvieron a meterlo en el coche. «Un agente me inmovilizó y el otro comenzó a darme golpes en el abdomen con tal intensidad que incluso uno de los policías del asiento delantero les comunicó a sus compañeros que quizás se estaban ya pasando.» Posteriormente José Amado Capote fue trasladado al servicio de urgencias del Centro de Salud y luego a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando empezó a orinar sangre la policía nacional volvió a llevarle al Centro de Salud, que se encargó de trasladarle a la Residencia Sanitaria de Nuestra Señora de las Nieves, donde permaneció doce horas bajo cuidados intensivos por lesiones en el abdomen. Al cabo de tres días fue dado de alta, pero continuó recibiendo tratamiento médico. José Amado Capote ha presentado una denuncia contra la policía.


En diciembre, el presidente de la Asociación Afro-Vasca, Jean Bernabé Moussayou, presentó una serie de denuncias contra la Policía Municipal de Bilbao y el cuerpo de la policía vasca, la Ertzaintza, por discriminación racial, xenofobia y ataques físicos contra africanos residentes en Vizcaya (País Vasco). En una rueda de prensa ofrecida por la asociación estaba Kosi Kuebo, quien afirmó que unos agentes de la policía municipal le habían agredido con porras y herido en la cabeza durante una disputa sobre aparcamiento ilegal en el exterior del club donde trabajaba. Kosi Kuebo sostenía que mientras permaneció bajo custodia tuvo que ser trasladado dos veces al hospital para recibir asistencia médica. Los agentes han negado que el incidente tuviera una motivación racial y han acusado a Kosi Kuebo de resistirse con violencia a la detención.


Disparos efectuados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


Amnistía Internacional escribió al Defensor del Pueblo, quien en junio había iniciado una investigación sobre la muerte por arma de fuego de un estudiante marroquí de 19 años en Madrid y, concretamente, sobre las circunstancias que habían hecho posible que el guardia civil en la reserva que disparó contra él dispusiera de un arma para su uso personal. Según los informes, Mourad El Abedine se había agachado para atarse el cordón del zapato cuando el guardia civil le disparó en el hombro y le mató en el acto. Según una declaración policial, el guardia civil había estado bebiendo antes de hacer uso del arma. Según los informes recibidos, la familia del estudiante, que era miembro de la Asociación de Fraternidad Hispano-Marroquí, cree que el ataque tuvo una motivación racial. El Defensor del Pueblo hizo saber a Amnistía Internacional que pondría en su conocimiento los resultados de la investigación en cuanto fuera posible. También se están llevando a cabo investigaciones administrativas y judiciales.


En diciembre se tuvo noticia de que un miembro de la Ertzaintza había disparado contra un joven marroquí y que éste se encontraba hospitalizado en estado crítico, pero en el momento de redactar este informe no se conocían más detalles.


Sentencia contra los guardias civiles que torturaron a Kepa Urra


En septiembre se inició ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya el juicio contra seis agentes de la Guardia Civil acusados de maltratar a Kepa Urra Guridi, miembro del comando «Bizkaia» del grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que fue arrestado en enero de 1992 (véase Índice AI: EUR 01/04/92/s y EUR 01/01/93). Kepa Urra había denunciado que, antes de llevarle al cuartel de la Guardia Civil de La Salve, le habían conducido a una zona desierta donde, tras dejarle prácticamente desnudo de cintura para abajo y quitarle los zapatos, le habían dado una paliza; más tarde, ya en el cuartel, la paliza había sido reanudada por varios guardias encapuchados. Añadió que, mientras se encontraba en el hospital, dos guardias civiles que estaban con él en la habitación le habían vuelto a golpear y le habían amenazado. En noviembre, el tribunal llegó a la conclusión de que las denuncias formuladas por Kepa Urra habían quedado parcialmente demostradas. Tres guardias civiles fueron condenados, cada uno, a cuatro años de prisión y a otros seis de inhabilitación absoluta por la detención ilegal y tortura de Kepa Urra. Otros tres agentes resultaron absueltos. El tribunal resolvió que los agentes culpables habían llevado a Kepa Urra a una zona desierta, lo habían desnudado y golpeado con un objeto no identificado y lo habían arrastrado por el suelo para tratar de extraerle información. El tribunal, sin embargo, no consideró que Kepa Urra hubiera sido maltratado en el cuartel ni en el hospital. Según los informes, las autoridades fiscales asignadas al tribunal recurrieron inmediatamente la sentencia ante el Tribunal Supremo alegando «la gran desproporción existente entre el hecho y la pena». Los abogados que defendían a los guardias civiles también recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo.


Todavía no se conocen los resultados de otras investigaciones judiciales sobre denuncias de tortura que se están demorando en extremo.

Abusos contra los derechos humanos cometidos por el grupo armado vasco ETA


Desde que el Partido Popular (PP) llegó al poder, los miembros de este grupo político se han convertido en uno de los objetivos de ETA, que en 1997 mató a 13 personas ─un aumento significativo respecto al año anterior─. En julio, el secuestro y asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal de la localidad de Ermua, provocó una reacción de condena nacional e internacional sin precedentes. Al tener conocimiento del secuestro de Miguel Ángel Blanco, Amnistía Internacional exhortó al grupo armado, en un llamamiento público ampliamente difundido por los medios de comunicación nacionales, a liberar a su rehén de modo inmediato e incondicional, y manifestó que su asesinato supondría un ataque a los principios básicos del derecho humanitario internacional. A la muerte del joven concejal siguió, en el mes de diciembre, la de otro concejal del Partido Popular, José Luis Caso, que llevaba varios meses amenazado. Tras el homicidio de un tercer concejal del Partido Popular (después del período que nos ocupa se cometieron éste y otros homicidios), Amnistía Internacional exigió que ETA dejara de atacar a los representantes de partidos políticos.



FEDERACIÓN RUSA


Falta de protección a los solicitantes de asilo


Amnistía Internacional siente honda preocupación por el trato que reciben los solicitantes de asilo en la Federación Rusa, y ha expuesto sus inquietudes en el informe Federación Rusa: Desprotección de los solicitantes de asilo (Índice AI: EUR 46/03/97/s).


El 3 de julio de 1997 entró en vigor una nueva ley sobre «enmiendas y adiciones a la ley de refugiados de la Federación Rusa». A Amnistía Internacional le preocupan seriamente algunos aspectos de la nueva ley, y estima que no cumplen con las obligaciones contraídas por Rusia en virtud del derecho internacional. Por ejemplo, la ley establece que los solicitantes de asilo que hayan pasado por un tercer país donde podrían haber sido admitidos como refugidos están excluidos de un examen real de su caso: una preocupante incorporación del concepto de «tercer país seguro», que ha llegado a ser tan común en Europa occidental. A Amnistía Internacional le preocupa también que, en la frontera, a los solicitantes de asilo no se les da realmente derecho a recurrir un fallo negativo, y le inquieta el hecho de que se seguirá rechazando a solicitantes de asilo de forma sumaria en la frontera rusa, sin estudiar realmente sus peticiones.


Amnistía Internacional tuvo noticias de que un solicitante de asilo africano (cuyo nombre y nacionalidad la organización prefiere mantener en secreto por motivos de seguridad) fue obligado a regresar a su país natal el 16 de octubre sin que, según informes, las autoridades rusas estudiaran su petición. Los informes indican que, el 21 de febrero, este hombre llegó a la Federación Rusa con documentación válida y, el 12 de marzo, presentó una solicitud de asilo ante el Servicio Federal de Migración. Según informes, pese a haber presentado su solicitud para conseguir la condición de refugiado, el 24 de marzo fue detenido en su apartamento de Moscú, presuntamente por haberse quedado en el país más tiempo de lo que su permiso le concedía, y posteriormente fue recluido en el centro de detención de Severny, al norte de Moscú. Según informes, las autoridades rusas contactaron el 25 de marzo con la embajada del país de origen de este hombre en Moscú e informaron a los funcionarios allí presentes de que el gobierno ruso pensaba devolverlos a él y a otro solicitante de asilo, que había sido detenido junto a él, a su país. A pesar de las reiteradas intervenciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 16 de octubre el solicitante de asilo africano fue devuelto a su país de origen, donde Amnistía Internacional teme que pueda sufrir violaciones de los derechos humanos.


Torturas y malos tratos bajo custodia


La tortura y los malos tratos a detenidos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siguen siendo sistemáticos y generalizados. (Si desean más información sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional, consulten el informe Torture in Russia: «This Man-Made Hell», Índice AI: EUR 46/04/97).


En julio, parece ser que unos agentes de policía armados de la región sudeste de Moscú golpearon e infligieron malos tratos a varias personas durante una redada en el local nocturno «Chance», frecuentado por homosexuales. Según informes, cuarenta personas fueron golpeadas mientras se encontraban detenidas y fueron obligadas a firmar declaraciones previamente preparadas que contenían resultados falsos de análisis de drogas. Amnistía Internacional instó al fiscal de la ciudad de Moscú a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de malos tratos infligidos por agentes de policía en el local nocturno «Chance».


Según informes, a Larisa Kharchenko, de San Petersburgo, mientras estuvo recluida en régimen de incomunicación en el centro de detención preventiva Núm. 6 de Moscú se le negó el tratamiento médico esencial para la hipertensión arterial crónica y la afección cardiaca que padecía. Había sido detenida el 8 de julio, presuntamente por abuso de poder, tráfico de influencias y aceptación de sobornos cuando trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad de San Petersburgo durante el mandato del ex alcalde Anatoly Sobchak. Amnistía Internacional pidió a las autoridades que Larisa Kharchenko pudiera tener acceso a un abogado de su elección, como garantía fundamental contra los malos tratos y las torturas a detenidos, y que se le permitiera ver a su familia y recibir el tratamiento médico necesario. Posteriormente, se le permitió acceder a un abogado defensor, pero la organización siguió preocupada por el deterioro de su salud mientras se encontraba bajo custodia, así como por la falta de tratamiento médico apropiado para su enfermedad.


Condiciones de reclusión


Las condiciones de las penitenciarías y los centros de detención preventiva seguían constituyendo un trato cruel, inhumano o degradante. El fiscal general expresó su preocupación por el grave hacinamiento y reveló que unas dos mil personas habían muerto en 1996 de tuberculosis en las prisiones, un índice de mortalidad diez veces superior al de la población general. El 20 de agosto de 1997, el presidente Boris Yeltsin presentó al Parlamento una ley en la que proponía una amnistía para casi medio millón de presos, con objeto de aliviar la situación de las hacinadas cárceles de Rusia. Amnistía Internacional recibe con satisfacción cualquier medida encaminada a suavizar las difíciles condiciones de las cárceles rusas, debidas en parte al hacinamiento. En diciembre, la Duma del Estado aprobó la primera lectura de un anteproyecto de ley de amnistía que afectaría a unos 445.000 reclusos de centros de detención preventiva y colonias-prisión.


El 6 de octubre, el presidente Yeltsin firmó un decreto titulado «Reforma del sistema penitenciario del Ministerio del Interior de la Federación Rusa». De acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa y del Comité de la ONU contra la Tortura, el decreto preveía una reforma gradual del sistema penitenciario, que ahora se encuentra bajo control del Ministerio del Interior, para trasladar su jurisdicción al Ministerio de Justicia. El presidente Yeltsin dio también instrucciones al gobierno para que, en el plazo de un mes, se creara una comisión para la reforma del sistema penitenciario que, antes del 1 de diciembre de 1997, presentaría sus propuestas para solucionar los problemas que pudieran producirse durante la transferencia de la jurisdicción del sistema penitenciario al Ministerio de Justicia. El gobierno también recibió instrucciones para presentar ante la Duma los anteproyectos de ley federal correspondientes antes de finales de 1997. En diciembre, la Duma del Estado creó una comisión especial para dar solución a las violaciones que se producen en los centros de detención preventiva.


Reclutamiento forzoso de objetores de conciencia


Tras varios fracasos a la hora de imponer el reclutamiento de objetores de conciencia a través de los tribunales, el Comité de Reclutamiento Militar parecía estar recurriendo a trasladar por la fuerza a los objetores de conciencia a los campamentos militares. Entre esos objetores se encontraba Nikolay Moschukhin, que en junio fue llevado a una base del ejército en la región de Yaroslavl pese a que, en noviembre de 1996, el fallo de un tribunal había respaldado su derecho a un servicio militar alternativo. Nikolay Moschukhin fue dispensado del ejército a principios de septiembre.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a promulgar leyes que creen un servicio civil alternativo de duración no punitiva con objeto de liberar a todos los presos condenados exclusivamente por ejercer su derecho a la objeción de conciencia; también instó a que se dispensara a todos los objetores de conciencia, como Nikolay Moschukhin, del servicio militar obligatorio.


La pena de muerte


El 14 de octubre, el general Vyacheslav Ovchinnikov, director del Departamento de Ejecución de Penas del Ministerio del Interior ruso, afirmó que no se habían llevado a cabo ejecuciones en 1997. Dijo también que, en la actualidad, en las prisiones rusas permanecen recluidas 846 personas condenadas a muerte. En la Federación Rusa se han seguido dictando sentencias de muerte. Amnistía Internacional pidió al presidente ruso que otorgara clemencia a todas las personas condenadas a muerte y que anunciara públicamente la existencia de una moratoria de las ejecuciones.


Libertad de conciencia y credo


A finales de septiembre, el presidente Yeltsin firmó la entrada en vigor de una ley sobre libertad de conciencia y credo, que había sido aprobada el 19 de septiembre por la Duma y el 24 de septiembre por el Consejo de la Federación. Aunque la ley ensalza la libertad de credo, prohíbe a todas las religiones que no han existido oficialmente en Rusia durante quince años buscar activamente conversos. A las religiones que no cumplen los requisitos se les prohíbe abrir escuelas, distribuir material religioso, y poseer imprentas o medios de comunicación. A Amnistía Internacional le preocupa que las restricciones que impone esta ley para la práctica de ciertas religiones pueda conducir a una persecución de sus miembros por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y la posible detención de presos de conciencia en el futuro. La organización teme también que, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, los jóvenes que a la hora de cumplir el servicio militar se declaren objetores de conciencia basándose en convicciones y pertenencia a religiones cuyas actividades hayan sido restringidas no puedan prestar un servicio alternativo y vean denegado por parte de las autoridades su derecho a la objeción de conciencia.


Ejecuciones públicas en aplicación de la sharia en la República Chechena


El 3 de septiembre, un hombre y una mujer fueron ejecutados públicamente en la República Chechena por un pelotón de fusilamiento tras ser declarados culpables de asesinato por el Tribunal Supremo de la Sharia Chechena. A una tercera mujer, Assa Larsanova, declarada también culpable de asesinato, se le aplazó la ejecución, ya que los médicos determinaron en el último momento que estaba embarazada. (Si desean más información sobre su caso, consulten el apartado Mujeres en Europa, pp. 78-83).


Rasul Doshukayev y Said Khasiyev fueron también ejecutados públicamente el 18 de septiembre en Grozny, tras haber sido declarados culpables de asesinato. Según informes, tres familiares de las víctimas se encontraban entre los seis verdugos. Aunque se prohibió oficialmente filmar estas ejecuciones, hay informes que indican que a los periodistas presentes se les permitió hacerlo. Amnistía Internacional teme que otras personas de Chechenia puedan enfrentarse a una ejecución inminente. Entre ellas se encuentran treinta personas que, según se cree, aguardan el fallo de los tribunales de la Sharia, por cargos de secuestro, en aplicación de un decreto dictado por el presidente Maskhadov en junio de 1997 que permite a los tribunales condenar a muerte a los secuestradores.


El 29 de octubre de 1997, el presidente Maskhadov dictó un decreto mediante el cual destituía a los jueces del Tribunal Supremo responsables de aplicar la ley islámica, según informes, a causa de las cuatro ejecuciones públicas. En el decreto se destituía también al presidente del Tribunal Supremo quien, según informes, era un fiel defensor de las condenas a muerte y de las ejecuciones públicas. Pese a su actual situación legal, la República de Chechenia sigue vinculada a las obligaciones internacionales de derechos humanos de la Federación Rusa, entre las que figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. Amnistía Internacional no promueve ningún sistema de justicia ni se opone a él, y solamente insta a que dicho sistema cumpla las normas internacionalmente aceptadas.


En noviembre, una delegación del Consejo de Europa visitó Chechenia y se reunió con altos cargos del gobierno. Estos dijeron a la delegación que estaban elaborando un nuevo Código Penal de la Sharia que se adaptaría a la tradición chechena.


Amnistía Internacional pidió al presidente checheno que concediera clemencia inmediata a todos los presos que en la actualidad aguardan a ser ejecutados. La organización pidió también que se revisaran las disposiciones del Código Penal checheno que establecen la pena de muerte y castigos corporales con vistas a la abolición de la pena de muerte y de todo acto que constituya tortura y malos tratos.


Véase también Mujeres en Europa, pp. 78-83, en lo que se refiere a los constantes secuestros de periodistas y trabajadores de medios de comunicación de la República Chechena.



FRANCIA


Detención administrativa


En el mes de diciembre, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior, Jean-Pierre Chevènement, sobre el caso de un refugiado político, antiguo líder de un partido ilegal de oposición de Túnez, que llevaba cuatro años en detención administrativa (assignation à résidence). Salah Ben Hédi Ben Hassen Karker, miembro destacado del partido integrista islámico tunecino Renacimiento (Ennahda), había sido condenado a muerte in absentia en Túnez y reconocido como refugiado político por las autoridades francesas en 1988. Sin embargo, cuando el anterior ministro del Interior, en octubre de 1993, decidió dictar una orden de expulsión contra Salah Karker y no pudo encontrar un país que lo aceptara, se emitió contra él una orden de detención administrativa. Desde entonces, ha sido trasladado de Brest (Bretaña) a Saint-Julien-Chapteuil (Loira Alto) y posteriormente a Digne (Alpes de Alta Provenza), donde se ha visto obligado a permanecer desde entonces. Salah Karker ha presentado sin éxito recursos contra las órdenes de detención y expulsión ante diversos organismos administrativos. Las autoridades francesas nunca han presentado cargo alguno contra él.


En su carta al ministro del Interior, Amnistía Internacional afirmaba que consideraba la assignation à résidence como una forma de detención administrativa, lo que la organización define como una detención sin cargos ni juicio, por orden del poder ejecutivo, de —entre otros— detenidos por motivos políticos que pasan en esa situación largo tiempo a la espera de ser deportados por razones políticas o de seguridad nacional. Amnistía Internacional cree que todos los detenidos por motivos políticos, incluidos los que están en situación de detención administrativa, deben quedar en libertad si no se les acusa de algún delito tipificado en el código penal y se les juzga sin demora. A la organización le preocupaba que las decisiones tomadas hasta entonces con respecto a los recursos presentados por Salah Karker contra su expulsión y assignation no se hubieran sometido al examen de un tribunal y que, por tanto, al interesado no se le hubiera dado hasta entonces ninguna oportunidad real de ser escuchado por una autoridad judicial o de otro tipo. Según el artículo 5(4) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), «Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal».


Amnistía Internacional instó al ministro del Interior a que estudiara sin demora y de forma exhaustiva la posibilidad de levantar la orden de assignation à résidence que pesa sobre Salah Karker y a que anulara su orden de expulsión si no se presentaban inmediatamente cargos contra él.


Casos de presuntos malos tratos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


Entre los casos de presuntos malos tratos de los que ha tenido noticia Amnistía Internacional en el periodo sometido a revisión está el de un ciudadano egipcio que, según los informes, fue agredido por cuatro agentes de policía vestidos de civil de la Brigada Anticriminal (Brigade anticriminalité - BAC) destinados en la comisaría de Puteaux, que le rompieron una pierna. En octubre, Ahmed Hamed, arquitecto de 41 años perteneciente a una importante familia cairota, se encontraba con sus padres en Francia, donde su madre debía recibir tratamiento médico en el Hospital Americano de Neuilly, zona del extrarradio al noroeste de París. Entre las nueve y las diez de la mañana del 16 de octubre, Ahmed Hamed estaba en una tintorería del extrarradio parisino de Puteaux cuando fue abordado por los cuatro hombres, que lo rodearon y lo obligaron a subir a un automóvil que estaba esperándolos. Al resistirse a lo que creyó que era un secuestro, lo golpearon y le propinaron fortísimas patadas en la pierna derecha, fracturándole la tibia. Después, lo llevaron a la comisaría de Puteaux, donde lo mantuvieron detenido para interrogarlo. Ahmed Hamed afirma que no le permitieron ponerse en contacto con su abogado y que, a pesar de sus protestas y su evidente dolor, no fue examinado por un médico hasta diez horas después del arresto. Al parecer, los policías creyeron que Ahmed Hamed era un ladrón que llevaba varios meses huyendo de las autoridades.


No se presentó ningún cargo contra Ahmed Hamed, que en cuanto fue liberado ingresó en el Hospital Foch y tuvo que ser operado de la pierna, intervención a la que posteriormente seguirían varias más. Los certificados médicos emitidos por el hospital también señalan un hematoma en el ojo izquierdo. El embajador de Egipto en París hizo llegar una queja al ministro del Interior expresándole su preocupación por el trato dispensado a Ahmed Hamed, y el padre de la víctima escribió una carta más detallada. Según los informes, el ministro del Interior ha incoado un expediente administrativo sobre el caso. Aún no se sabe si también se iniciará una investigación judicial.


Durante el periodo sometido a revisión, Amnistía Internacional recibió información sobre el caso de una mujer presuntamente violada por agentes de policía en Burdeos. Para más detalles, véase Mujeres en Europa.


Disparos con resultado de muerte por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


En diciembre, Fabrice Fernandez fue abatido a tiros en una comisaría de policía de Lyon mientras estaba esposado y bajo interrogatorio. Los informes sobre las circunstancias que llevaron a su arresto, en el distrito de La Duchère, son contradictorios. No obstante, el tío de Fabrice Fernandez afirmó en una entrevista de prensa que la noche del 18 de diciembre su sobrino había ido a visitarlo a él y a su esposa. Aproximadamente a las nueve de la noche oyeron un alboroto en la calle a la que da su apartamento y vieron a los hermanastros de Fabrice enzarzados en una discusión con un grupo de jóvenes de la zona. Poco después, sonó un disparo, al parecer al aire. Según los informes, en poder de uno de los hermanastros había un fusil ametrallador. Se alertó a una patrulla de la Brigada Anticriminal y se solicitaron refuerzos.


Según unas declaraciones efectuadas el 19 de diciembre por el fiscal, Fabrice Fernandez había estado bebiendo y había intentado sin éxito resistirse a su arresto y al de sus hermanastros. Los tres hermanos fueron conducidos a la comisaría de Berjon. Según los informes, mientras interrogaba a Fabrice Fernandez, un agente de la policía nacional, que sostenía la pistola confiscada, le disparó en la mandíbula, matándolo en el acto. El agente fue suspendido inmediatamente del servicio, detenido en Villefranche-sur-Saône, a las afueras de Lyon, y acusado en principio de homicidio sin premeditación, cargo que el juez instructor elevó casi inmediatamente a homicidio intencionado. El agente, contra quien, según los informes, ya se habían aplicado medidas disciplinarias por agresión en otra ocasión, fue expulsado de la policía. El ministro del Interior afirmó que había sido «insuficientemente castigado» por su anterior falta.


Pocos días antes la policía había matado a tiros en una zona del extrarradio de París al joven de 16 años Abdelkader Bouziane, que, según los informes, había intentado saltarse en automóvil una barrera en la calle. Hay versiones contrapuestas sobre las circunstancias del tiroteo. Para más detalles, véase Niños en Europa.


Ambas muertes provocaron violentos disturbios durante varias noches consecutivas en Lyon y París. En Lyon fueron incendiados unos treinta vehículos, y en el extrarradio de París hubo varios enfrentamientos entre la policía y los jóvenes. Al parecer, el ministro del Interior subrayó la importancia de un «código básico de ética» que rigiera el uso de armas de fuego por la policía. Un mes antes, el ministro había anunciado la creación de un Consejo Superior de Deontología y Seguridad para la investigación de las denuncias de violaciones de derechos humanos —por ejemplo, disparos con resultado de muerte efectuados por agentes de policía—, pero aún no están claros los progresos hechos en la constitución de este organismo.


Desarrollo y resultado de los juicios de casos de malos tratos y disparos con resultado de muerte


Varios agentes de policía y gendarmes fueron juzgados por casos de malos tratos o disparos con resultado de muerte. En octubre, tras continuos retrasos e irregularidades procesales, el Tribunal Penal de Ródano dictó una sentencia condicional de cinco años de prisión contra un agente de policía por los disparos que en 1993 le causaron la muerte al joven de origen argelino Mourad Tchier. En noviembre, un gendarme que en 1993 había disparado y dado muerte a Frank Moret fue absuelto por el Tribunal Correccional de Valence. La acusación y los familiares de Frank Moret apelaron contra el fallo. También en noviembre, la familia de Ibrahim Sy, al que un gendarme había disparado y matado en 1994, presentó un recurso ante el Tribunal de Casación después de que el Tribunal de Apelaciones de Rouen confirmó en noviembre la decisión del juez instructor según la cual no había motivos para el procesamiento.


En el caso de Todor Bogdanović, niño romaní de ocho años al que la policía de fronteras había disparado y matado cerca de Sospel en 1995, un tribunal de apelación de Aix-en-Provence admitió en diciembre un recurso de apelación contra una decisión similar. El tribunal revocó la decisión rechazando la alegación de que el agente de policía había actuado en legítima defensa, y remitió el caso al Tribunal Penal por el cargo de homicidio impremeditado. En julio, expertos del Comité de Derechos Humanos de la onu se refirieron explícitamente a la muerte del niño romaní al expresar su preocupación no solo por el trato dado a los refugiados y por su expulsión, sino también ante lo que en este caso pareció un uso arbitrario y excesivo de armas de fuego. El caso se incluyó en la campaña de la Semana de Amnistía Internacional para aumentar la sensibilización sobre los refugiados y las necesidades concretas de los niños refugiados. Para más detalles, véase la sección Niños en Europa.


GEORGIA


La pena de muerte


El 11 de noviembre el Parlamento de Georgia aprobó por abrumadora mayoría la abolición de la pena de muerte, con 148 votos a favor y uno en contra de la moción propuesta por el presidente del país, Eduard Schevardnadze. Anteriormente, el 25 de julio, el presidente Schevardnadze había conmutado por penas de veinte años de encarcelamiento las condenas de los 54 hombres que estaban a la espera de ser ejecutados en aquel momento. La condena del único hombre que permanecía sentenciado a la pena capital también fue conmutada después de la abolición en noviembre.


Amnistía Internacional acogió con entusiasmo esta medida, que sigue las tendencias mundiales hacia la abolición, y expresó la esperanza de que serviría de ejemplo para otros Estados de la antigua URSS que conservan la pena de muerte.


Nombramiento de un defensor de los derechos humanos


El 29 de octubre el Parlamento de Georgia nombró por fin a un defensor de los derechos humanos como primer Defensor del Pueblo, como disponía la nueva Constitución, aprobada en 1995. Según un proyecto de ley aprobado al año siguiente, el Defensor del Pueblo se encarga de vigilar la situación de los derechos humanos en Georgia, dando a conocer las violaciones de estos derechos y fomentando la restitución de los derechos que hayan sido violados (véanse Índices AI: EUR 01/02/96/s y EUR 56/05/96/s). Amnistía Internacional había instado repetidas veces a que se nombrara a alguien para el puesto, a fin de que las disposiciones constitucionales que vigilan la protección de los derechos humanos se pudieran aplicar sin dilación. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también recomendó que se cubriera el puesto cuando revisó el primer informe periódico presentado por Georgia, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en abril de 1997.


Amnistía Internacional escribió al nuevo Defensor del Pueblo, David Salaridze, planteando sus motivos de preocupación en Georgia y buscando la forma de cooperar en la promoción y protección de los derechos humanos.


La objeción de conciencia al servicio militar


A finales de año el Parlamento aún no había estudiado un nuevo anteproyecto de ley sobre la alternativa civil al servicio militar obligatorio para sustituir una ley de 1991 que no entró en vigor, y los jóvenes que se oponen a cumplir tal servicio por motivos de conciencia continuaban enfrentándose al encarcelamiento por negarse a incorporarse a filas. Las autoridades informaron de que un hombre, Kakhaber Galashvili, Testigo de Jehová, había sido puesto en libertad después de haber sido condenado a cumplir una pena de 18 meses en julio de 1996 por haberse negado al reclutamiento a causa de su religión. Se cree que durante el año hubo otros juicios similares, pero fue difícil obtener información detallada sobre casos concretos.


Muerte bajo custodia de David Amashukeli


Se recibió nueva información sobre la muerte de David Amashukeli, que falleció a causa de traumatismo craneal en diciembre de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). En respuesta a Amnistía Internacional, en octubre la Fiscalía de la ciudad de Tiflis informó que se había condenado a cuatro años de cárcel a un funcionario del Ministerio del Interior por la muerte de David Amashukeli. P. Bezhanishvili fue declarado culpable de golpear varias veces en la cabeza con una porra a David Amashukeli después de un altercado en la calle, y fue condenado por infligir deliberadamente graves lesiones físicas y por abuso de autoridad (artículos 110 y 187 del Código Penal de Georgia).


Denuncia de malos tratos bajo custodia


Se recibieron nuevas denuncias de malos tratos en el período objeto de revisión (en abril el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su gran preocupación por los informes de torturas e hizo varias recomendaciones para tratar esta cuestión, (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Por ejemplo, en agosto Nika Svanadze y Georgi Khonelidze, dos jovenes periodistas, junto con Seva Gotsiridze, ex trabajador de la emisora de radio Dzveli Kalaki, al parecer fueron golpeados por la policía en la ciudad de Kutaisi. Según este informe, los agentes del Segundo Departamento de Policía de Kutaisi, presionados para que resolvieran un atraco en la emisora, golpearon a los hombres, que declaran ser inocentes, para obligarles a confesar.


Revaz Gogeshvili informó de que agentes del Sexto Departamento de Policía de Kutaisi, que trataban de hacerle confesar después de haberle detenido el 17 de agosto en relación con un homicidio, le habían golpeado más de una vez hasta dejarle sin conocimiento. Revaz Gogeshvili declaró que le habían dado puñetazos y asestado golpes con porras en la cabeza y en las plantas de los pies.


Amnistía Internacional instó a que se investigaran todas estas denuncias de forma inmediata, exhaustiva e imparcial, a que se hicieran públicos los resultados y a que se llevara ante la justicia a los responsables.


Véase también Mujeres en Europa, pp. 78-83.


Preocupaciones en torno a la disputada región de Abjasia


En septiembre, delegados de Amnistía Internacional viajaron a la disputada región de Abjasia y mantuvieron conversaciones con las autoridades sobre la situación de los derechos humanos. Respecto a las denuncias de presuntas detenciones arbitrarias y homicidios deliberados y arbitrarios de civiles georgianos (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s), el ministro del Interior dijo que se habían iniciado procesos penales en todos los casos, pero que a menudo resultaba difícil identificar a los autores debido a la situación de seguridad. Respecto a la pena de muerte, el ministro informó que en aquel momento había 14 hombres condenados a muerte, la mayoría por asesinato premeditado con agravantes, pero que desde 1993 existía una moratoria de hecho sobre las ejecuciones.


La pena de muerte en Osetia del Sur


Al igual que Abjasia, Osetia del Sur también es una región que actualmente se encuentra fuera del control de hecho de las autoridades de Georgia y que ha celebrado sus propias elecciones a los órganos ejecutivos. En una reunión celebrada en noviembre con representantes de Amnistía Internacional en Londres, el presidente del Parlamento de Osetia del Sur informó de que, aunque no se hubiera abolido la pena capital, había una moratoria de hecho sobre la imposición de sentencias de muerte y no se había llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos años.



GRECIA


La objeción de conciencia al servicio militar


En octubre hubo informes de que antes de concluir el año sería presentado al Parlamento un nuevo proyecto de ley sobre Defensa Universal. Según éste, sería obligatorio cumplir un periodo de instrucción en unidades de defensa universal para todas las mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años y para todos los hombres entre los 18 y los 65 años que en aquel momento no estuvieran sirviendo en las fuerzas armadas o en la Guardia Nacional. La duración exacta de la instrucción estaba poco clara. Ciertos colectivos de mujeres, como las embarazadas o con hijos menores de 12 años, estarían exentas. Se informó de que las unidades caerían bajo la administración del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, y que sus integrantes desempeñarían funciones variadas, como actuar ante catástrofes naturales, vigilar instalaciones vitales y prestar primeros auxilios. Asimismo, se informó de que a los integrantes de las unidades, especialmente las estacionadas en zonas fronterizas, se les instruiría en el uso de armas. No incorporase al servicio, según el proyecto de ley, se castigaría con un periodo de encarcelamiento de entre seis a 12 meses, que aumentaría a un máximo de tres años de prisión en periodos de movilización general, como el que existe en Grecia desde 1974. El proyecto de esta nueva legislación que, según informes, no contenía disposición alguna que permitiera a los objetores al servicio militar por motivos de conciencia hacer constar su objeción, no se presentó al Parlamento a finales del año.


En una carta dirigida al primer ministro Kostas Simitis en octubre, Amnistía Internacional instó a las autoridades griegas a que revisaran las disposiciones del proyecto de ley sobre Defensa Universal con objeto de ajustarlo a las normas y recomendaciones internacionales sobre el derecho a la objeción de conciencia. La organización declaró en su carta que si se detenía o encarcelaba a cualquier persona en virtud de la nueva legislación solamente por negarle su derecho a hacer constar su objeción o a cumplir un servicio alternativo real, Amnistía Internacional la consideraría preso de conciencia.


En una carta dirigida a las autoridades griegas, Amnistía Internacional también expresó su preocupación por la Ley 2510/97 sobre el reclutamiento, aprobada por el Parlamento griego en junio (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). A pesar de que la ley contiene, por primera vez, una disposición relativa al servicio civil alternativo para aquellos reclutas que se declaren contrarios al uso personal de las armas por razones fundamentales de conciencia basadas en convicciones religiosas, filosóficas, ideológicas o morales, el servicio civil alternativo sigue teniendo una duración punitiva. Las disposiciones relativas al servicio alternativo pueden suspenderse por decisión del Ministerio de Defensa en caso de guerra y en tal caso los objetores de conciencia que estén cumpliendo el servicio civil alternativo se incorporarían al servicio militar obligatorio no armado. La ley no reconoce el derecho a declarar la objeción de conciencia durante el servicio militar, y los objetores de conciencia que participen en actividades sindicales o huelgas durante el periodo que estén cumpliendo el servicio alternativo perderán su derecho a éste y tendrán que cumplir el resto de su servicio en el ejército. Las disposiciones de la Ley 2510/97 relativas al servicio civil alternativo no entraron en vigor hasta enero de 1998 y los objetores de conciencia que se negaron mientras tanto a cumplir el servicio militar siguieron expuestos a que se les impusieran penas de cárcel de hasta cuatro años.


En diciembre, la oficina del primer ministro Kostas Simitis informó a Amnistía Internacional de que en opinión del gobierno griego, la Ley 2510/97 era «suficiente en sí misma para garantizar el derecho [a la objeción de conciencia]. [Sin embargo] la experiencia práctica adquirida de la aplicación de ley puede conducir a posibles reformas en la legislación». A finales de 1997 había aproximadamente 220 objetores de conciencia encarcelados en Grecia. A todos se les habían impuesto penas de cárcel de entre dos y cuatro años, y probablemente cumplirían entre 18 y 24 meses de sus condenas. Estaban recluidos en cárceles militares y agrarias de toda Grecia. En una carta dirigida a Amnistía Internacional, las autoridades no respondieron a la preocupación expresada por la organización por el proyecto de ley sobre Defensa Universal.


La libertad de expresión


En octubre, Vasilis Romas, Costas Tasopoulos, Petros Vasiliadis y Pavlos Voskopoulos, miembros de un partido de la minoría étnica macedonia conocido como Ouranio Toxo (Arco Iris), fueron procesados en Flórina por haber violado el artículo 192 del Código Penal griego. Se les acusaba de «provocar e incitar el odio entre los ciudadanos» por haber colgado, en septiembre de 1995, a la entrada de su oficina de Flórina, un letrero en el que ponía «Lerinski Komitet» (Comité de Flórina) en griego y en macedonio. En el acta de procesamiento se explicaba que el uso de los términos Lerinski Komitet en macedonio «provocaba e incitaba la discordia entre los ciudadanos de la zona [que] justificadamente... asociaban estas palabras a una antigua organización terrorista de extranjeros de lengua eslava que actuó en la zona». En una carta dirigida a las autoridades griegas en octubre, Amnistía Internacional manifestó que, en su opinión, el procesamiento de los cuatro hombres representaba una violación del Artículo 10 (1) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y que si cualquiera de los hombres era encarcelado, la organización le consideraría preso de conciencia y pediría su liberación inmediata e incondicional. Ese mismo mes, el Ministerio de Justicia griego informó a la organización que el juicio contra los miembros de Arco Iris se había aplazado hasta septiembre de 1998.


Denuncias de torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


En julio, Amnistía Internacional recibió información de las autoridades griegas sobre una serie de casos que había planteado anteriormente. Según esta información, que fue facilitada por el Ministerio de Orden Público, se habían tomado medidas disciplinarias contra los agentes de policía que presuntamente habían propinado patadas y golpeado a un romaní durante una redada en su campamento en Aspropyrgos, Ática Occidental, en febrero de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). En una investigación administrativa se había llegado a la conclusión de que los agentes habían actuado con «excesivo celo [y habían] maltratado a algunos de los romaníes». Las autoridades también confirmaron que se había llevado a cabo una investigación admnistrativa de la denuncia según la cual unos agentes de policía habían golpeado a Mohamed Farhank Amin en octubre de 1996, causándole fractura de rótula (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Según las declaraciones del Ministerio: «Se cree que la lesión... no fue consecuencia de los malos tratos infligidos por agentes de policía, sino que se produjo al caerse durante su persecución. No se establecieron responsabilidades administrativas por parte de ninguno de los agentes de policía, y el caso fue archivado.»


En una carta dirigida a las autoridades en diciembre, Amnistía Internacional pidió que se explicara el razonamiento por el cual los investigadores habían llegado a la conclusión de que la lesión de Mohamed Farhank Amin no había sido producida por malos tratos. Asimismo, la organización pidió a las autoridades nueva información sobre la investigación de la muerte bajo custodia de Lütfi Osmance (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). Lütfi Osmance fue detenido en la comisaría de Vyrona en Atenas, alrededor de la una de la mañana del 14 de enero de 1996. A las ocho de la mañana del mismo día fue trasladado al hospital, pero fue dado de alta por el médico que le examinó. A mediodía compareció ante el fiscal del Tribunal Penal de Atenas, que ordenó que se le mantuviera bajo custodia. Esa misma tarde le encontraron muerto en su celda. Según el informe de la autopsia, Lütfi Osmance presentaba marcas de golpes en la cabeza y en la cara, lesiones no observadas por el médico que le había examinado en su visita al hospital por la mañana. En enero de 1997 Amnistía Internacional fue informada por las autoridades griegas de que la muerte del detenido se había producido por «causas patológicas». Las autoridades manifestaron que una investigación administrativa había revelado que las denuncias de que el detenido había recibido malos tratos eran «infundadas». En una carta dirigida a las autoridades en diciembre, Amnistía Internacional preguntó cómo explicaban las evidentes contradicciones que contenían los informes médicos sobre la muerte de Lütfi Osmance. Además, la organización expresó su preocupación por el hecho de no haber recibido aún información sobre los numerosos casos expuestos en años anteriores en relación con presuntas torturas, malos tratos y uso excesivo de fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de prisiones.


Juicios sin las debidas garantías


En septiembre se celebró la vista de apelación del segundo subgrupo de un grupo de 126 personas detenidas en noviembre de 1995 en la Universidad Politécnica de Atenas. Un total de 23 acusados fueron declarados culpables de alterar el orden público y condenados a 12 meses de encarcelamiento, con una condena condicional de 3 años. (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s).



HUNGRÍA


Nuevos informes sobre malos tratos policiales


De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, el 2 de julio, en el Noveno Distrito de Budapest, dos agentes de policía interceptaron a L.M. y le pidieron que se identificase. Éste no llevaba encima su documento de identidad, pero a pesar de ello solicitó a los agentes que le dejaran marcharse. Entonces, según los informes, los agentes le empujaron contra el vehículo policial, le retorcieron los brazos detrás de la espalda, le esposaron y le arrojaron al suelo para, acto seguido, golpearle y darle patadas. Cuando M.V., amiga de L.M., llegó al escenario del suceso y rogó a los agentes de policía que cesasen de golpearle y le dejasen en libertad, los agentes la esposaron también a ella y trasladaron a ambos a la comisaría del distrito noveno. Dentro del vehículo policial, uno de los agentes que se sentaba al lado de L.M. le golpeó y, al parecer, le sujetó del cuello ahogándole. Una vez en la comisaría, L.M., todavía con las manos esposadas a la espalda, recibió patadas y puñetazos en la cara que le hicieron perder la consciencia durante un breve periodo.


Tras su puesta en libertad, L.M. fue trasladado a un hospital, donde permaneció tres días en tratamiento por las lesiones presuntamente causadas por los malos tratos. El certificado médico describía lesiones en el hombro derecho y en la espalda además de una contusión en el ojo izquierdo. Según otro certificado médico, M.V. sufrió una contusión en el muslo derecho y magulladuras en las muñecas. El 31 de julio, L.M. presentó una denuncia por malos tratos policiales ante el fiscal general de Budapest.


El 28 de octubre de 1997, unos representantes del Comité Hungaro de Helsinki, una ONG de derechos humanos, entre los que se encontraban un forense, un abogado y un periodista, visitaron los calabozos de la comisaría de policía del Sexto Distrito de Budapest. Durante su visita escucharon un fuerte golpe seguido de los gritos de un hombre tras una puerta de metal cerrada. Entonces, el agente que les acompañaba abrió la puerta y los representantes del Comité pudieron ver a dos sargentos que llevaban a un hombre esposado, con heridas en la cabeza, a una celda de detención. Los agentes propinaron al detenido varios puñetazos en la cabeza y, tras arrojarle al suelo, le dieron patadas en el abdomen. Cuando los miembros del Comité se presentaron y el agente que les acompañaba se negó a admitir al detenido en los calabozos a causa de sus heridas, los sargentos llevaron al detenido, ciudadano ucraniano, al agente de guardia. Más tarde, en la oficina de éste, situada en la planta baja, los representantes del Comité presenciaron cómo otros cuatro agentes esposaban a otro ucraniano mientras le empujaban al suelo, y cómo un sargento pisó la cabeza del detenido con el pie izquierdo. Tras ello, se solicitó al agente de guardia que informase de los malos tratos a sus superiores y que tomase las medidas necesarias para procurar asistencia médica a los detenidos. Al día siguiente, ambos ucranianos quedaron en libertad, pero la policía se negó a revelar sus identidades.


En diciembre, Amnistía Internacional instó al fiscal general a garantizar que las investigaciones sobre los incidentes antes descritos se llevan a cabo de forma inmediata e imparcial, según establece el artículo 12 de la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Hungría. La organización pidió también que se la mantuviera informada acerca de los resultados de la investigaciones. Además, respecto a los malos tratos de los dos ciudadanos ucranianos en la comisaría del Sexto Distrito, Amnistía Internacional pidió información sobre los siguientes aspectos: si en el momento del arresto los detenidos habían sido informados de sus derechos en un idioma que comprendiesen; si antes de su liberación se les informó de su derecho a presentar una demanda por malos tratos; si tras ser maltratados habían sido sometidos a un reconocimiento médico y, si fue así, qué autoridades médicas lo habían realizado y si había algún agente de policía presente en esos momentos; y, por último, si los agentes de la comisaría del Sexto Distrito se pusieron en contacto con los dos ciudadanos ucranianos tras su liberación para informarles de que unos representantes del Comité Húngaro de Helsinki, testigos de los malos tratos de los que habían sido víctimas en la comisaría, deseaban hablar con ellos sobre el incidente.



ITALIA


Presuntas torturas y malos tratos infligidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley y por funcionarios de prisiones


En septiembre, en respuesta a una carta enviada por Amnistía Internacional en marzo (véase Índice de AI: EUR 01/06/97/s), el primer ministro remitió a la organización un documento del Ministerio de Justicia que proporcionaba información sobre la marcha de las investigaciones o de los procesos judiciales en varios casos de presuntos malos tratos documentados en los últimos informes de Amnistía Internacional. Sin embargo, no se facilitó la información que Amnistía Internacional solicitaba en su carta. La organización había llamado la atención del primer ministro hacia los informes sucesivos de Amnistía Internacional en los que se detallaban sus preocupaciones y conclusiones sobre presuntos malos tratos, que en ocasiones constituían tortura, infligidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley y por funcionarios de prisiones. La organización había pedido también información relativa a las medidas adoptadas o previstas para poner en práctica las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la ONU realizó en 1995 al gobierno; asimismo solicitó que se garantizara que el gobierno había adoptado como política sistemática la autorización para publicar los informes elaborados por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa tras sus visitas de inspección a Italia. En concreto, Amnistía Internacional preguntó por la posible fecha de publicación del informe del CPT sobre su visita periódica a Italia de 1995, así como por la del informe sobre la visita específica llevada a cabo a la prisión de San Vittore, en Milan, en noviembre de 1996.


Informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa


En diciembre, el gobierno autorizó la publicación de las conclusiones de la visita de inspección de dos semanas realizada por el CPT a Italia en 1995, así como su propia respuesta provisional. Entre el 22 de octubre y el 6 de noviembre de 1995, la delegación del CPT había visitado varios centros de detención en Catania o en sus alrededores, en Milán, Roma, Nápoles y Spoleto.


El Comité declaró que un número considerable de detenidos de Milán y cierto número de Roma habían denunciado malos tratos infligidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley, en especial por agentes de policía y, en menor grado, por carabineros. El Comité expresó una preocupación especial por la situación en Milán, sobre la que manifestó que, en las cuatro semanas que precedieron a su visita, uno de cada quince detenidos ingresados en la prisión central de San Vittore había denunciado haber sufrido malos tratos en el momento de la detención o poco después, y que más de la mitad presentaban lesiones físicas u otros síntomas médicos acordes con sus denuncias. El Comité instó al gobierno a llevar a cabo una investigación independiente sobre el trato que reciben los detenidos por parte de la policía de Milán.


En respuesta a esta solicitud, el Ministerio del Interior comunicó que, entre el 30 de septiembre y el 28 de octubre de 1995, 23 detenidos que ingresaron en la cárcel de San Vittore habían denunciado malos tratos policiales en el momento de la detención. De entre todos ellos, el servicio médico de la cárcel certificó lesiones en 12 casos, mientras que en los 11 restantes no apreció lesión alguna. El Ministerio declaró que, según los registros de los agentes, todos los detenidos que denunciaron malos tratos se habían resistido a la detención de forma violenta y, en ocasiones habían causado lesiones a los agentes de policía


El Comité repitió la conclusión de su anterior visita de 1992: es decir, que los detenidos por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, y especialmente los extranjeros y las personas detenidas por delitos relacionados con drogas, corren un peligro considerable de sufrir malos tratos. Asimismo, reiteró sus principales recomendaciones sobre las medidas preventivas contra los malos tratos por agentes encargados de hacer cumplir la ley. El Comité expresó una preocupación especial por la persistencia del grave hacinamiento carcelario y declaró que éste había empeorado en la prisión de San Vittore desde 1992, año en el que ya había considerado que las condiciones generales de detención constituían un trato «inhumano y degradante». Del mismo modo declaró que un importante número de reclusos de la cárcel de Poggioreale habían denunciado malos tratos por parte de los funcionarios de prisiones. En la Institución Penal de Menores de Nisidra, un muchacho había dicho a la delegación que pocas semanas antes de su visita varios funcionarios de prisiones le habían propinado una paliza tras atarle las manos a barrotes de metal. Además, el CPT destacó que los los detenidos entrevistados mostraban una actitud extraña, ya que, de forma espontánea y sin que se les preguntase por ello, habían declarado que no tenían conocimiento de ningún incidente violento entre el personal de la cárcel y los reclusos o entre los propios reclusos, o habían evitado de forma deliberada hablar sobre sus relaciones con el personal de la cárcel y los otros presos. Algunos empleados de la prisión informaron al CPT de que algunos de los guardias eran partidarios de abofetear a los reclusos, y lo ponían en práctica, ya que consideraban que tenía un valor «educativo». En febrero de 1996, las autoridades italianas informaron al Comité para la Prevención de la Tortura de que se había solicitado al juez de vigilancia penitenciaria competente que llevara a cabo una investigación sobre posibles malos tratos a menores en la Institución Penal de Nisidra.


Respecto al denominado «artículo 41-bis» del régimen penitenciario, que se observa en la prisión de Spoleto y se aplica a ciertos presos relacionados con el crimen organizado, el Comité lo describió como uno de los más severos que había conocido. Expresó la preocupación de que, bajo dicho régimen, el grado extremo de aislamiento del mundo exterior que han de soportar los presos, unido a los frecuentes traslados, podía causar daños mentales irreversibles; también manifestó que uno de los objetivos no declarados de este régimen podía ser el inducir a los reclusos mediante presión psicológica a colaborar con las autoridades judicales.


Presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas en Somalia (actualización de la información dada en Índice AI: EUR 01/06/97/s)


Las autoridades judiciales civiles y militares continuaron con las investigaciones sobre las denuncias que indicaban que algunos miembros de las fuerzas armadas habían torturado, maltratado y dado muerte de manera ilegal a ciudadanos somalíes en 1993 y 1994 mientras participaban en una operación multinacional de mantenimiento de la paz en Somalia autorizada por la ONU.


En agosto, una comisión gubernamental encargada de investigar la conducta de las fuerzas armadas italianas en Somalia publicó sus conclusiones. La Comisión «Gallo», llamada así porque está encabezada por Ettore Gallo, ex presidente del Tribunal Constitucional, fue creada en junio y se compone de miembros civiles y militares. Acompañada por miembros de la magistratura, recopiló información en Italia, Etiopía y Kenia. Entrevistó a 141 personas, entre las que se encontraba un reducido número de somalíes, pero no visitó Somalia.


Amnistía Internacional había recibido con agrado la noticia de la creación de la Comisión Gallo, y solicitó a los ministerios de Justicia y Defensa que aclararan el cometido exacto y los procedimientos empleados por las diversas autoridades que realizan la investigación. En julio, Amnistía Interncional recomendó que los representantes de la Comisión Gallo y los miembros del poder judicial que investigan las violaciones de derechos humanos se trasladasen a Somalia para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno lo antes posible.


En su informe de agosto, la Comisión describió las pruebas que acreditaban los malos tratos generalizados a los prisioneros en el campo de Johar. También examinó ocho casos concretos de presuntas violaciones de derechos humanos. Consideró verosímiles las denuncias de que varios soldados habían sometido a un varón somalí a descargas eléctricas, y las de que cuatro soldados habían violado en grupo a una mujer somalí después de que uno de ellos la dejó semiinconsciente a golpes, y las que señalaban a un grupo de soldados como responsables de haber violado a otra mujer con una pistola de bengalas. Los tres casos ya se encontraban sometidos a investigación judicial, al igual que la presunta violación y asesinato de un muchacho somalí de 13 años a manos de un comandante del ejército. Sin embargo, la Comisión no consideró creíbles las denuncias de este último caso, ni tampoco las de malos tratos y homicidio ilegal en otros tres, y parecía no estar segura de la veracidad del octavo caso.

La Comisión concluyó que la conducta general de las tropas italianas en Somalia había sido buena, que las violaciones específicas se habían producido en los niveles de graduación más bajos y que, en ocasiones, los oficiales a cargo de esos niveles habían participado activa o pasivamente y no habían impuesto la disciplina adecuada; sin embargo, los oficiales profesionales de alta graduación no estaban, al parecer, directamente implicados en las violaciones, y debido a la «larga» cadena de mando había imposibilitado que les informasen de las violaciones.


La Comisión expresó su preocupación por la falta de un adiestramiento adecuado de los reclutas e instó a las autoridades militares a mejorar la formación en materia de derechos humanos. Recomendó que en las futuras misiones de mantenimiento de paz las tropas vayan acompañadas de un grupo de magistrados encargados de recopilar sobre el terreno pruebas sobre violaciones, así como de varios expertos sobre normas nacionales e internacionales de derechos humanos que se encarguen de garantizar su cumplimiento e impartir la formación sobre ellas a la población local. A los pocos días de presentarse el informe, se hizo pública nueva información relativa a otras violaciones de derechos humanos perpetradas por las tropas italianas en Somalia, esta vez acompañadas por denuncias que afirmaban que algunos oficiales de alta graduación estaban al tanto y no habían intervenido para impedirlas. El ministro de Defensa italiano solicitó a la Comisión Gallo que iniciase de nuevo sus investigaciones. Ésta volvió a reunirse en septiembre pero, según los informes, sus investigaciones se vieron obstaculizadas al no tener acceso a una parte importante de las nuevas pruebas que, al estar siendo investigadas por la oficina del fiscal militar, estaban bajo secreto de sumario. A finales de diciembre, las investigaciones de la Comisión Gallo aún seguían en marcha..


En septiembre, el ministro de Justicia informó a Amnistía Internacional de que los fiscales de los tribunales penales de Livorno y Pescara habían iniciado cinco procedimientos contra soldados italianos en relación con diversos delitos, entre ellos el agredir sexualmente a mujeres somalíes, el causar deliberadamente heridas que causaron de forma no premeditada la muerte de ciudadanos somalíes, y el infligir malos tratos y lesiones físicas.


Preocupaciones sobre juicios justos


En diciembre, Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani y Adriano Sofri solicitaron, de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, una revisión del proceso judicial que había dado lugar a su encarcelamiento en enero de 1997 para cumplir sendas penas de 22 años de prisión por su participación en el asesinato del inspector de policía Luigi Calabresi, abatido a tiros en la puerta de su casa de Milán en 1972. Se esperaba que el Tribunal de Apelación de Milán se pronunciase sobre la admisibiliidad de su solicitud a finales de marzo de 1998.


En diciembre de 1969, el anarquista Pino Pinelli permaneció detenido ilegalmente durante tres días en la jefatura de policía de Milán, donde fue interrogado sobre un atentado con explosivos que acababa de tener lugar en la Piazza Fontana de la ciudad y en el que 16 personas murieron y más de cien resultaron heridas. Pino Pinelli murió al caer desde una ventana situada en un cuarto piso de la comisaría, pero las circunstancias exactas de este incidente siguen sin aclararse. La policía publicó comunicados confusos sobre su muerte, la cual atribuyó primero a un suicidio y luego a un accidente. Hubo dudas generalizadas acerca de la versión oficial de los hechos. El grupo extraparlamentario de izquierdas Lucha Continua, desmantelado en 1976, encabezó a través de su periódico una campaña extremadamente violenta en la que exponía la tesis de que Pino Pinelli había sido asesinado por la policía, y señalaba al inspector de policía Luigi Calabresi como responsble de su muerte.


Cuando en 1972 se produjo el asesinato del inspector, ningún grupo se atribuyó su autoría. Lucha Continua afirmó que no consideraba como asesinato «un instrumento de lucha política», sino que la muerte del inspector Calabresi era un acto en el que «las clases explotadas» podían «reconocer su voluntad de justicia». Durante muchos años la policía buscó infructuosamente a los asesinos del inspector entre los grupos tanto de extrema izquierda, incluida Lucha Continua, como de extrema derecha.


El proceso penal contra Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani y Adriano Sofri se inició en 1988, cuando Leonardo Marino, ex miembro de Lucha Continua, declaró que él había conducido el automovil que utilizó el asesino del inspector para escapar. Marino afirmó que Ovidio Bompressi, miembro destacado de Lucha Continua, había sido el asesino y que Adriano Sofri, líder del grupo, y Giorgio Pietrostefani, uno de los miembros de su comité, habían sido los instigadores. También confesó una serie de robos que, según dijo, él mismo había cometido primero en nombre de Lucha Continua y, tras el desmantelamiento del grupo, para su lucro personal.


Primero, un tribunal penal condenó a los cuatro miembros del grupo por el asesinato; sin embargo tras esta primera condena se celebraron otros seis juicios, tres en los tribunales de apelación y tres ante el Tribunal Supremo; en uno de ellos incluso se anuló una declaración de culpabilidad. En enero de 1997, la quinta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó la declaración definitiva de culpabilidad, pero Leonardo Marino no fue encarcelado tras este fallo. Como arrepentido (pentito), persona que se beneficia de una remisión de la condena por colaborar con las autoridades judiciales, en 1990 se le impuso una sentencia reducida de 11 años de cárcel; además, en 1995 se benefició de las leyes sobre prescripción de delitos. Anteriormente había pasado unos tres meses en prisión.


Amnistía Internacional expresó su preocupación por la excesiva duración y la complejidad de los procedimientos judiciales, así como por otros aspectos de éstos que plantearon serias dudas sobre su imparcialidad. Entre dichos aspectos se encontraban el hecho de hasta qué punto el fallo definitivo del tribunal se basaba en las declaraciones no corroboradas de un arrepentido cuyo testimonio como se manifestó durante el proceso, contenía contradicciones e imprecisiones; además hay que añadir la desaparición y destrucción de pruebas materiales clave desde el momento del asesinato, en 1972. Por ejemplo, hubo pruebas que se destruyeron unos cinco meses después de iniciarse el proceso penal contra los tres acusados.



KAZAJSTÁN


Presuntas palizas y malos tratos a miembros de la oposición política


El 2 de junio, Madel Ismailov, presidente del grupo de oposición de Kazajstán Movimiento de los Trabajadores, fue detenido en su lugar de trabajo, presentado ante un tribunal y condenado sumariamente a quince días de detención administrativa por organizar el 1 de mayo una reunión ilegal en la capital, Alma Ata. Mientras estaba detenido se presentó un segundo cargo contra él por «organizar acciones masivas que alteran el orden público», en referencia a una manifestación celebrada delante del ayuntamiento de Alma Ata el 30 de mayo. Madel Ismailov pasó tres meses y medio en detención preventiva, y durante ese tiempo afirmó haber sido sometido a palizas, malos tratos y humillaciones por los funcionarios de la prisión y los agentes a cargo de la investigación de su caso. El 17 de septiembre, durante su juicio en el Tribunal de Distrito de Almaliinsky en Alma Ata, Madel Ismailov declaró que desde el 3 de junio le habían estado golpeando en los brazos y en la espalda con porras de goma, no le habían permitido lavarse durante veinticuatro días, le habían obligado a permanecer en cuclillas durante media hora o más sobre sus piernas doloridas e hinchadas, y le habían encerrado en el denominado «cristal», una celda de un metro cuadrado. También denunció que, como represalia por ponerse en huelga de hambre, las autoridades penitenciarias le habían recluido en régimen de aislamiento —kartser— durante cuatro días. Durante ese tiempo no pudo sentarse ni tumbarse, ya que plegaron y bloquearon contra el muro la cama de que disponía la celda. Ni siquiera la desplegaban por la noche para que pudiera dormir. Según los informes, los guardias de la prisión le obligaron a lavar el suelo de la celda con las manos desnudas y le hicieron beber agua de la taza del retrete.


El 17 de septiembre, el Tribunal del Distrito de Almaliinsky condenó a Madel Ismailov a doce meses de detención sin custodia, pena que luego se redujo a nueve meses por el tiempo que había pasado en detención preventiva. Hubo seria preocupación por la posibilidad de que los malos tratos sufridos por Madel Ismailov durante su detención pudieran haber sido un intento de castigarle por su oposición política pacífica al régimen de Kazajstán y de atemorizarle para que abandone sus actividades políticas.


Según los informes, el 1 de diciembre Pyotr Svoik, otro miembro destacado de la oposición kazajia, copresidente del movimiento Azamat y presidente del Partido Socialista de Kazajstán, fue golpeado brutalmente por cuatro hombres no identificados. En el momento de la agresión, Pyotr Svoik se encontraba en Bishkek, Kirguistán, para asistir a una conferencia internacional sobre «Los procesos democráticos en Asia central: experiencia y perspectivas» y para presentar el movimiento de oposición política de Kazajstán. Según los informes, alrededor de las diez y media de la noche, cuatro individuos desconocidos ataviados con máscaras entraron en la habitación del hotel donde se encontraban Pyotr Svoik y su esposa, Natalya Chumakova, ambos dormidos en la cama, y comenzaron a agredirles con porras. En pocos minutos propinaron a Pyotr Svoik un tremendo golpe en la cabeza y apalearon a su esposa, tras lo cual abandonaron la habitación en silencio. Se avisó al servicio de emergencia y a la policía y se pudo comprobar que Pyotr Svoik sufría conmoción cerebral. Las autoridades de Kirguistán iniciaron una investigación sobre el suceso. Pyotr Svoik cree que el ataque lo llevaron a cabo miembros del servicio de seguridad de Kazajstán con la intención de intimidarle para que abandone sus actividades políticas.


Amnistía Internacional recibió nuevas denuncias de malos tratos contra activistas de la oposición en la ciudad de Uralsk. El 18 de septiembre, Aynur Kurmanov, de 21 años, miembro del Movimiento de los Trabajadores y miembro destacado de la Liga de Juventudes Comunistas de Uralsk, y Sergey Kolokolov, de 27 años, perteneciente a la misma Liga, fueron detenidos como sospechosos de haber pintado consignas antigubernamentales en una valla de la ciudad de Uralsk la noche del 25 al 26 de marzo. Se les puso en prisión preventiva y se les acusó de formar un grupo criminal, ofender públicamente al presidente, implicar a menores de edad en actividades delictivas y llevar a cabo actos de gamberrismo. También acusaron a un tercer activista, Vasiliy Nikolayev, de 17 años, pero éste quedó en libertad. Los tres negaron las acusaciones y afirmaron que eran un pretexto para detenerles por el solo hecho de profesar ideas no violentas contrarias al gobierno y por sus actividades políticas de oposición. Ya habían sido detenidos con anterioridad el 25 de mayo en relación con las pintadas antigubernamentales , pero esa vez quedaron en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, los cargos contra ellos no se retiraron.


Sergey Kolokolov denunció que, la primera vez que fue detenido en mayo, varios agentes encargados de hacer cumplir la ley le habían golpeado y maltratado para obligarle a declararse culpable. Según los informes, su abogada defensora fue sacada a la fuerza de la sala de interrogatorio cuando trataba de aconsejarle que no confesara. También resultaban preocupantes los informes que indicaban que Aynur Kurmanov había sido sometido con anterioridad a a aparentes amenazas por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y, en especial, el hecho de que, mientras participaba en una manifestación el 1 de mayo, unos agentes de policía, al parecer, se habían dirigido a él y le habían amenazado diciéndole que «ya le atraparían» Las personas que le apoyaban afirmaron que Aynur Kurmanov tambíen había sido maltratado cuando fue sometido a interrogatorio en mayo. El juicio comenzó a finales de noviembre.


Amnistía Internacional expresó su preocupación por la posibilidad de que las palizas y los malos tratos infligidos a los activistas políticos de oposición, así como la presentación de cargos penales contra ellos, fuesen parte de una represión oficial en Kazajstán contra los disidentes .


Despenalización de la homosexualidad


En julio, el presidente Nursultan Nazarbayev aprobó un nuevo Código Penal que entrará en vigor en 1998 y en el cual se despenalizan las relaciones homosexuales de mutuo acuerdo entre adultos.


La pena de muerte


El nuevo código penal que entrará en vigor en 1998 reduce la pena de muerte en tiempos de paz a tres delitos: asesinato premeditado con alevosía, genocidio y sabotaje. La traición se pena con la muerte sólo en tiempos de guerra. Además, hay ocho delitos militares castigados con la muerte. El código especifica la necesidad de que transcurra un año desde que se dicta una sentencia de muerte hasta que se lleva a cabo la ejecución, y también establece que la pena de muerte se puede conmutar por cadena perpetua o por una pena de veinticinco años de cárcel. No se disponía de cifras oficiales relativas al número de sentencias dictadas, pero los informes indicaban que al menos 45 personas presentaron solicitudes de clemencia durante los diez primeros meses del año, y que sólo siete de esas peticiones fueron concedidas. Sin embargo, al menos 35 personas fueron ejecutadas.


(Si desean más información sobre las condiciones penitenciarias que constituyen malos tratos, consulten más adelante Niños en Europa, págs. 83-88).



KIRGUISTÁN


Presos de conciencia (actualización de la información facilitada en Índice AI: EUR 01/06/97/s).


Periodistas perseguidos por libelo


En septiembre, en un nuevo juio celebrado en el Tribunal de Distrito de Bishkek, el periodista Yrysbek Omurzakov fue condenado a treinta meses de cárcel por libelo. A consecuencia de su última declaración de culpabilidad, la sentencia condicional de dos años que se le había impuesto en julio de 1996 por difamar al presidente se hizo efectivay se sumó a una nueva sentencia de seis meses, que dio lugar a la pena actual de treinta meses. Sin embargo, Yrysbek Omurzakov permaneció en libertad en espera de la resolución del recurso presentado ante el tribunal municipal de Bishkek. Las personas acusadas con él, Damira Akmatova y Gulya Ibraimova, fueron condenadas a una pena de seis meses de cárcel, pero la sala del tribunal dictó su libertad en virtud de un decreto de amnistía hecho público en agosto de 1997. En noviembre, el tribunal municipal de Bishkek amnistió a Yrysbek Omurzakov al aplicar a su caso el decreto de amnistía de agosto, pero mantuvo el cargo de libelo. Yrysbek Omurzakov presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para anular este cargo. (Si desean información detallada sobre este caso, consulten Kyrgyzstan - Prisoners of conscience back on trial: The cases of Topchubek Turgunaliyev and Yrysbek Omurzakov, Índice AI: EUR 58/08/97).


EL 5 de agosto de 1997, el Tribunal Supremo absolvió a Zamira Sydykova, redactora jefe del diario Res Publica, que fue liberada ese mismo día. (Si desean más información, consulten más adelante Mujeres en Europa, pp. 78-83).


El activista político Topchubek Turgunaliyev


En noviembre, tras ocho meses y nueve días en la remota penitenciaría de Arka, se permitió a Topchubek Turgunaliyev regresar a Bishkek para cumplir el resto de su condena en la colonia número 35 de dicha ciudad. Se le permitió vivir en su casa y solicitar la asistencia médica adecuada para sus diversas afecciones. En una entrevista concedida a Radio Free Europe / Radio Liberty, Topchubek Turgunaliyev declaró que algunos analistas políticos habían especulado con la posibilidad de que su regreso a Bishkek fuese resultado directo de la visita en noviembre de Hillary Clinton, esposa del presidente de los Estados Unidos, a Kiriguistán . Amnistía Internacional consideró a Topchubek Turgunaliyev preso de conciencia. (Si desean información más pormenorizada sobre este caso consulten Kyrgyzstan - Prisoners of conscience back on trial: The cases of Topchubek Turgunaliyev and Yrysbek Omurzakov, Índice AI: EUR 58/08/97).


La pena de muerte


En octubre, el presidente Akayev firmó la entrada en vigor de un nuevo Código Penal en el que se mantiene la pena de muerte para seis delitos. En el nuevo código no se incluyó la propuesta presentada por el Tribunal Supremo, de ampliar la pena de muerte a los casos de posesión de drogas a gran escala.


Amnistía Internacional supo que tres de los diez hombres sentenciados en muerte en 1996 habían sido ejecutados en mayo de 1997. Según la información facilitada por el Ministerio del Interior, los siete restantes seguían vivos en agosto de 1997. Durante los primeros diez meses de 1997 se llevaron a cabo al menos 26 ejecuciones. La estadística completa sobre la aplicación de la pena de muerte en 1996 estaba disponible: se habían aprobado 51 sentencias de muerte, de las cuales sólo 2 fueron conmutadas, y se habían llevado a cabo 15 ejecuciones. Durante el periodo que se estaba analizando, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de la imposición de cuatro nuevas sentencias, todas ellas dictadas en 1997.


Despenalización de la homosexualidad


El nuevo Código Penal que entró en vigor en 1998 despenalizaba las relaciones homosexuales de mutuo acuerdo entre adultos.



MACEDONIA, (EX REPÚBLICA YUGOSLAVA)


Gostivar y Tetovo: torturas y malos tratos a personas pertenecientes a las etnias albanesa y turca que provocaron la muerte de un hombre; juicios injustos de presos políticos


A causa del uso de banderas de las minorías nacionales con fines oficiales, el gobierno central se encontraba en conflicto con las autoridades locales del oeste del país, controlado por el Partido Democrático del los Albaneses. Esta disputa fue la causa de que, el 8 de julio, el Parlamento aprobase una nueva ley que regulaba el uso de las banderas y que en las primeras horas del día siguiente se tradujo en la eliminación de las banderas en Gostivar y en la detención del alcalde, Rufi Osmani, y otras autoridades de etnia albana. Durante ese día, una gran multitud de personas de las etnias albanesa y turca se reunieron para manifestarse y se encontraron con un grupo ya desplegado de varios miles de policías con equipos antidisturbios. Tras varios enfrentamientos poco importantes durante la mañana, por la tarde estallaron los disturbios violentos.


Aunque muchos de los manifestantes se comportaron de forma violenta, —arrojaron cócteles molotov y empuñaron barras de hierro y armas de fuego— los policías apalearon a manifestantes que no se resistían a la detención o habían dejado de resistirse. Muchas personas que no participaban en la manifestación fueron también golpeadas o maltratadas. Entre las pruebas que demuestran esta reacción violenta de la policía se encuentran cintas de video en las que aparecen agentes dando patadas y golpes a hombres que yacían en el suelo o estaban tumbados boca abajo, también hay testimonios recogidos por Amnistía Internacional. Durante la operación, la policía entró en las casas y comercios del centro de la ciudad y empleó las porras, los pies y los puños para golpear a personas en sus propias casas, en la calle y en la comisaría, adonde trasladaron al menos trescientos indivíduos. Las victimas fueron principalmente varones, algunos de tan sólo 13 años de edad y otros que alcanzaban ya los 72. También había mujeres; una anciana describió cómo había sido golpeada en la cabeza mientras la policía pegaba a su marido y se lo llevaba.


Un hombre murió a causa de las palizas. Parece ser que las autoridades no han iniciado ninguna investigación para determinar la posible responsabilidad penal de su muerte, ni la de la muerte por herida de bala de otras dos personas de etnia albanesa que podrían haber sido víctimas de homicidio ilegítimo. Más de doscientas personas recibieron tratamiento médico, la mayoría a causa de los golpes recibidos por la policía. También nueve policías tuvieron que ser tratados en el hospital a causa de las lesiones sufridas durante los enfrentamientos.


Un reducido número de funcionarios locales y activistas del Partido Democrático de los Albaneses fueron detenidos en Gostivar y Tetovo. Tres de ellos declararon a Amnistía Internacional que la policía les había conducido a Skopje o Kumanovo, en donde fueron interrogados durante horas y torturados con palizas sistemáticas.


En juicios que tuvieron lugar en septiembre y octubre, cuatro hombres —el alcalde y los presidentes de los consejos locales de Gostivar y Tetovo— fueron declarados culpables de «no aplicar resoluciones judiciales» y condenados a penas de hasta tres años de cárcel. El alcalde de Gostivar, Rufi Osmani, fue además acusado de organizar un movimiento de resistencia a las autoridades y fue condenado a trece años y ocho meses de cárcel. Su juicio no reunió las debidas garantías: las oportunidades de los abogados defensores para preparar la defensa se limitaron al denegarles, por ejemplo, las copias de documentos citados por la acusación. Los cuatro acusados permanecen en libertad pendientes del resultado de la apelación.


Restricciones a la libertad de expresión


El 20 de agosto, Ičo Gavrilov fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión por «dañar la reputación de la República de Macedonia», de conformidad con el artículo 178 del Código Penal, por haber pisado de forma deliberada la bandera nacional durante la celebración del Día Nacional cerca de Kruševo el 2 de agosto. Amnistía Internacional considera que la aplicación del artículo 178 representa una restricción a la libertad de expresión que viola en artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, del cual Macedonia es Estado Parte. Si se obliga a Ičo Gavrilov a cumplir la condena, Amnistía Internacional lo adoptará como preso de conciencia. Otros individuos también presentes en las celebraciones del Día Nacional han sido procesados por «insultar» al presidente Kiro Gligorov y pueden convertirse asimismo en presos de conciencia.



MOLDAVIA


De conformidad con los compromisos adquiridos al unirse al Consejo de Europa, Moldavia ratificó en septiembre el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Protocolo número 6 de este Convenio, relativo a la abolición de la pena de muerte, que entró en vigor el 1 de octubre. Además, el gobierno de Moldavia ratificó en octubre el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, cuya entrada en vigor estaba prevista para febrero de 1998. Sin embargo, el Parlamento moldavo afirmó que es incapaz de garantizar la aplicación de estos convenios en la autoproclamada República Moldava del Dniester (RMD). El gobierno de Moldavia declaró además que necesitaría un año para enmendar la las leyes en vigor que contradicen ambos convenios.


En la República Moldava del Dniester continuaron los informes sobre la aplicación del decreto presidencial número 222, relativo a la introducción del estado de excepción. En virtud de las disposiciones de este decreto, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden mantener detenidos a los sospechosos durante periodos de hasta treinta días sin imputarles cargos y, al parecer, sin permitirles el acceso a un abogado. Se produjeron informes que indicaban que las autoridades continuaban aplicando este decreto para detener a opositores políticos.


Varones romaníes sometidos a malos tratos policiales


Durante el periodo objeto de este estudio, Amnistía Internacional supo que, el 6 de enero de 1997, siete romaníes caminaban por el barrio romaní de la ciudad de Soroca cuando un vehículo de la policía con dos agentes en su interior se detuvo delante de ellos y les cortó el paso. Ambos agentes, presuntamente bajo la influencia del alcohol, salieron del vehículo, sacaron sus armas y empezaron a disparar al aire. Acto seguido, empujaron a los siete hombres contra un muro, los registraron y comenzaron a golpearles en la cabeza con la culata de sus armas. Según los informes, los agentes no explicaron en ningún momento el porqué de su comportamiento y más tarde dejaron marchar a los romaníes.


Amnistía Internacional también supo que, a consecuencia de los malos tratos policiales, Igor Cerari y Artur Preida sufrieron lesiones graves en la cabeza y tuvieron que ser ingresados en el hospital estatal de Soroca para recibir tratamiento médico. Ambos presentaron una denuncia contra los dos agentes en el departamento de policía del distrito de Soroca. Según los informes, el comisario jefe de ese departamento afirmó que la fiscalía había llevado a cabo una investigación sobre el incidente y había concluido que ambos agentes habían actuado dentro de los límites de la legalidad. Sin embargo, otras fuentes afirmaron que en la fiscalía de Soroca no había constancia alguna del caso.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a iniciar de inmediato una investigación exhaustiva, imparcial y diligente sobre estas denuncias y sobre cualquier otra relacionada con malos tratos a manos de agentes de policía; además pidió que los resultados de esas investigaciones se hicieran públicos y que los responsables fueran llevados ante los tribunales.


El encarcelamiento de Ilie Ilaşcu y el caso de «los seis de Tiraspol» (actualización de la información publicada en el Índice AI: EUR 01/06/97/s)


Según los informes, Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc e Ilie Ilaşcu padecían enfermedades graves y no habían recibido una asistencia médica adecuada. Las autoridades de la República Moldava del Dniester se negaron reiteradamente a permitir un reconocimiento médico independiente de los presos llevado a cabo por facultativos externos, entre ellos representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. En noviembre, en una decisión sin precedentes, las autoridades de la RMD permitieron el acceso de una comisión médica independiente a Ilie Ilaşcu, que se encontraba detenido. Sin embargo, la comisión no pudo contar con equipo médico apropiado para llevar a cabo un reconocimiento del enfermo.


Amnistía Internacional continuó solicitando que se revise este caso y que los cuatro detenidos que permanecen en prisión reciban toda la asistencia médica que puedan necesitar.



POLONIA


Presuntos malos tratos policiales


Amnistía Internacional expresó su preocupación por los informes que indicaban que, en mayo de 1997, varios agentes de la policía polaca emplearon una fuerza excesiva durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las ciudades de Łódź y Cracovia. Según los informes, la policía golpeó, dio patadas y maltrató a varias personas.


El 1 de mayo, dos organizaciones estudiantiles independientes —la Federación de Jóvenes en Lucha y la Asociación de Estudiantes Independientes— habían organizado una manifestación en Łódź para protestar contra una concentración del Día del Trabajo programada para esa misma fecha. Los cerca de cincuenta estudiantes, reunidos en el exterior de la plaza de Stary Rynek, fueron rodeados por una fuerza policial de unos doscientos agentes que les negaron el acceso a la plaza. A continuación, la policía detuvo a varios de los estudiantes y los condujo en automóvil a la comisaría de Łóźd-Bałuty.


Varios de los estudiantes detenidos denunciaron las palizas, patadas e insultos a los que les sometió la policía en la plaza, en los vehículos policiales y mientras caminaban hasta la comisaría. Según los informes, a uno de ellos, Krzysztof Kwiatkowski, vicepresidente del comité nacional de la NZS, le golpearon con una porra y le dieron puñetazos en las piernas, los hombros y la cara. Estuvo hospitalizado cinco días y, al salir del hospital, recibió un certificado médico que describía que había sufrido una conmoción cerebral y contusiones en la cabeza, el muslo derecho, la parte interior de la rodilla y el muslo izquierdo. Además, Krzysztof Kwiatkowski afirmó que en la comisaría no le habían permitido tomar la medicina que debe ingerir todos los dias a una hora determinada. Los estudiantes denunciaron también que en la comisaría les habían denegado el permiso para telefonear a un abogado o a sus padres. Según los informes, a Sebastian, el hermano de Krzysztof Kwiatkowski, le golpearon y le dieron patadas en la espalda. Los estudiantes, 13 en total, fueron todos interrogados por la policía y a mediodía quedaron en libertad.


Según los informes, el 3 de mayo de 1997, en Cracovia, varios agentes de policía emplearon una fuerza excesiva al disolver una protesta organizada por los miembros y simpatizantes de la Liga Republicana y el Movimiento para la Renovación Polaca, que se oponían a un desfile conmemorativo organizado por la Alianza Democrática de la Izquierda. En cuanto se inició el desfile estallaron los enfrentamientos entre los agentes de policía, que formaban un cordón para proteger a los participantes, y los miembros de los grupos de oposición que intentaban detener el desfile. Según testigos presenciales, la policía actuó con una violencia extrema para alejar del desfile a los manifestantes, muchos de los cuales protestaban de forma pacífica, y a los periodistas. Según los informes, un agente de policía golpeó con una piedra al presidente de la Liga Republicana, Wojciech Polaczek, antes de conducirle a la comisaría. Polaczek ha denunciado que, en el interior del vehículo policial y en la comisaría, fue maltratado de nuevo y esposado por la palma de la mano, en lugar de por las muñecas, con un sistema que le produjo una fuerte hinchazón y un dolor agudo. Más tarde tuvo que ser trasladado a un centro de primeros auxilios al sufrir una posible conmoción cerebral; allí le aplicaron cinco puntos de sutura. Los agentes de policía también arrojaron al suelo y dieron patadas en el estómago y en la ingle a otros dos miembros del Liga Republicana, Rafał A y Marcin K, uno de los cuales tuvo que ser conducido más tarde a un centro de primeros auxilios. Otro policía golpeó con una barra de metal a una periodista que trabaja para el diario Gazeta Krakowska.


En octubre, Amnistía Internacional solicitó al ministro del Interior información sobre los resultados de la investigación iniciada por la fiscalía regional de Łódź sobre los presuntos malos tratos a los que habían sido sometidos Krzysztof Kwiatkowski y otras personas. La organización pidió también que se le informara sobre si el fiscal de Cracovia había llevado a cabo alguna investigación sobre las denuncias de malos tratos policiales y, si lo había hecho, cuál había sido el resultado.


Otro informe recibido por Amnistía Internacional se referíaa los malos tratos infligidos por la policía a tres estudiantes en Wrocław. El 15 de junio de 1997, hacia las tres de la mañana, en el número 69 de la calle Reja, tres agentes de policía pidieron a D.S. que saliese de su casa y diese explicaciones sobre un asunto realcionado con su vehículo, que se encontraba estacionado en la calle. Según los informes, un agente golpeó a D.S. con una porra en la espalda y, tras arrojarle al suelo de un empujón, le esposó. Al mismo tiempo, seis o siete vehículos policiales llegaron al lugar del incidente con más de veinte agentes armados con porras y acompañados de varios perros. Según los informes, el agente que condujo a D.S. a un vehículo policial continuó golpeándole. Una mujer que estaba asomada a una ventana abierta de la casa y que protestaba por la conducta abusiva de la policía fue amenazada por un agente que, al parecer, le dijo que iba a disparar contra ella. Según los informes, otro agente, que parecía estar al mando de la operación policial, golpeó con una porra a A.F., otra ocupante de la casa, en la parte posterior de las piernas. Otro agente aplastó, al parecer, el dedo índice de la mano izquerda de P.R., otro ocupante de la casa, al dar una patada a la verja de entrada; según parece, acto seguido le propinó varios golpes con una porra en el brazo izquierdo. Según los informes, a pesar de no llevar una orden judicial, la policía, amenazando con usar gas lacrimógeno, penetró en la casa. Siete personas que se encontraban en ella en el momento del incidente fueron obligadas a permanecer de pie durante media hora en el patio con las manos en alto mientras los agentes que las rodeaban y, al parecer, se dirigían a ellas en términos abusivos las amenazaban con soltarles a los perros. Otros agentes procedieron a registrar la casa y se llevaron a D.S. a la comisaría, aparentemente acusado de intentar atacar a un policía; lo dejaron en libertad a la mañana siguiente. Aministía Internacional no disponía de información que revelase si se había requisado algo durante el registro o si las personas que estaban en la casa, aparte de D.S., iban a ser acusadas de algún delito.


Según un certificado médico emitido el 16 de junio, A.F. sufría magulladuras en los glúteos, mientras que P.R. presentaba contusiones en el antebrazo izquierdo, en la muñeca y en el dedo índice de la mano izquierda. El médico forense que los examinó llegó a la conclusión de que las lesiones que presentaban coincidían con las denuncias de malos tratos. A.F., P.R. y D.S. denunciaron los malos tratos ante el fiscal local. En enero de 1998, Amnistía Internacional solicitó al ministro de Justicia información sobre los resultados de la investigación relativa a dichas denuncias.



PORTUGAL


Recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura


En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura estudió el segundo informe periódico de Portugal relativo a la aplicación en este país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Amnistía Internacional presentó información sobre algunas de sus preocupaciones, que fueron reflejadas en las Conclusiones y Recomendaciones del Comité. En un documento titulado Portugal: Breve resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional: Enero - Octubre 1997 (Índice AI: EUR 38/09/97/s), la organización expresó su decepción por la eficacia discutible a juicio de la organización, de la sección del Código Penal revisado de 1995 que, por primera vez, introducía los delitos específicos de tortura y malos tratos, y establecía penas para los agentes de rango superior que no informen de esos delitos. El documento hacía también referencia a algunas de las denuncias más recientes recibidas por Amnistía Internacional sobre malos tratos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley y de funcionarios de prisiones, y actualizaba algunos casos de muerte bajo custodia policial, y de impunidad de la policía.


Durante el estudio del informe de Portugal, el Comité manifestó su satisfacción, entre otros aspectos positivos, por la adopción y aplicación por parte de las autoridades portuguesas de programas de educación en materia de derechos humanos, pero también planteó casos específicos de presuntos malos tratos, entre los que encontraban algunos que habían suscitado la preocupación de Amnistía Internacional, como los de Vítor Santos (véase infra), Belmiro Santana (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s) y los «niños de la calle» de Madeira (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s), quienes informaron a Amnistía Internacional de que habían sido maltratados por agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP). Entre otras cuestiones que también planteó el Comité figuraban la impunidad de hecho de la que disfrutan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las condenas puramente nominales impuestas en los casos excepcionales en los que se ha procesado a los responsables de delitos graves de tortura y malos tratos.


En sus Conclusiones y Recomendaciones, el Comité expresó su honda preocupación por los recientes casos de malos tratos, tortura e incluso muertes en circunstancias poco claras de las que son sospechosas las fuerzas de seguridad públicas, especialmente la policía (haciendo referencia específica a la PSP), así como por la aparente falta de reacción apropiada por parte de las autoridades responsables. El Comité instó a las autoridades portuguesas a realizar un esfuerzo mayor para salvar el vacío existente entre la ley y su aplicación; también las instó a imponer penas adecuadas cuando fuera preciso y a aclarar las leyes que regulan la tortura o los malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con objeto de garantizar que se investigan de forma automática y sistemática los casos en los que existen motivos para pensar que se han producido torturas.


Actualización sobre los casos de muerte bajo custodia policial o después de ella


Según informes, el fiscal de Vila Franca de Xira reabrió en noviembre el caso de Vítor Manuel Soares Santos, a quien encontraron muerto de un disparo en la cabeza horas después de ser puesto bajo custodia policial y liberado (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Antes de su muerte, que según la autopsia fue un suicidio, Vítor Santos aseguró a parientes y vecinos que había recibido malos tratos por parte de los dos agentes de la PSP que le habían detenido. Sin embargo, una investigación disciplinaria realizada por la Inspección General de Administración Interna (IGAI) no encontró pruebas de agresión por parte de los agentes y afirmó que, en contra de lo que decía la información publicada en la prensa, la autopsia no había revelado señales externas de violencia. A continuación se llevó a cabo una investigación judicial, pero se cerró en agosto. Se informó de que el fiscal había estimado posteriormente que aún quedaban por explorar algunas vías de investigación y, según los informes, se consultó a expertos en balística para determinar el número de balas que se habían disparado con el arma que apareció junto al cadáver de Vítor Santos.


Decisión judicial sobre un sargento de la Guardia Nacional Republicana por el «crimen de Sacavém»


El 19 de diciembre, el Tribunal de Boa Hora (distrito de Lisboa) condenó a un sargento de la Guardia Nacional Republicana (GNR) por el homicidio de Carlos Rosa, quien, en una noche de mayo de 1996, había acudido voluntariamente al puesto que la GNR tiene en Sacavém para prestar ayuda en unas investigaciones relacionadas con delitos de drogas (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). El sargento fue condenado a un total de diecisiete años de prisión: doce por el homicidio y el resto por incumplimiento de su obligación oficial y por esconder y mutilar el cuerpo. Un segundo agente de la GNR fue condenado a seis años de prisión por incumplimiento de su obligación oficial y por ayudar a ocultar el cadáver, y un tercero fue condenado a dos años y medio de prisión, con una suspensión de la condena de cinco años. Otros cuatro agentes de la GNR fueron absueltos. El sargento, que había estado a cargo del puesto de la GNR la noche del homicidio, reconoció que había disparado contra Carlos Rosa y lo había decapitado, pero intentó demostrar ante el tribunal que la pistola se había disparado accidentalmente.



REINO UNIDO


Ley de Derechos Humanos


En Octubre, el gobierno publicó un libro blanco, Derechos Humanos en Gran Bretaña, y el proyecto de Ley de Derechos Humanos, en el que se recogían las disposiciones para incorporar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales a la legislación del Reino Unido. Amnistía Internacional recibió con satisfacción esta medida encaminada a introducir numerosos derechos humanos en la legislación nacional, como primer paso importante para que el gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales.


La organización ha pedido al gobierno que establezca salvaguardias para garantizar una protección de los derechos humanos efectiva y extensiva a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables, como por ejemplo los solicitantes de asilo. Con este fin, la organización ha instado al gobierno a que establezca una Comisión de Derechos Humanos independiente que vigile el respeto a los derechos humanos e investigue las denuncias de abusos y asimismo a garantizar un remedio rápido y efectivo a las violaciones de los derechos humanos incluidos en la legislación nacional.


La organización recibió con satisfacción la declaración que se hace en el libro blanco sobre la intención del gobierno de convertirse en parte del Protocolo 7 del Convenio Europeo en un futuro, pero lamenta que el proyecto de ley actual no incorpore los derechos consagrados en los Protocolos 4 y 7 del Convenio Europeo, entre otros algunos derechos fundamentales para los solicitantes de asilo y el derecho a un juicio con las debidas garantías.


La organización confía en que la decisión que tomó el gobierno en octubre de firmar la declaración de Estrasburgo, que aboga por la prohibición universal de la pena de muerte, conducirá a una rápida introducción de leyes para la completa abolición de la pena de muerte en el Reino Unido y a la ratificación del gobierno por parte del Protocolo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que tiene como objetivo abolir la pena de muerte en todo el mundo.


Amnistía Internacional siguió instando al gobierno a garantizar que tanto las leyes nacionales como su aplicación son coherentes con el conjunto de leyes y normas regionales e internacionales de derechos humanos, y a que ratifique otros tratados, entre ellos el Protocolo Facultativo del PIDCP y los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, que el gobierno anterior prometió ratificar en octubre de 1995. La organización también siguió instando al gobierno a hacer declaraciones sobre los artículos 21 y 22 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a que retire sus reservas a los tratados sobre derechos humanos y derecho humanitario.


Muertes bajo custodia e investigaciones


En julio, los abogados que representaban a Shiji Lapite y Richard O’Brien, que murieron mientras se encontraban bajo custodia, impugnaron ante el Tribunal Superior la decisión del director de la Fiscalía de no procesar a los agentes de policía involucrados en sus muertes. El director de la Fiscalía reconoció que se habían cometido errores a la hora de decidir los procesamientos y acordó reconsiderar su decisión. La Oficina de Denuncias contra la Policía declaró también que había cometido «fallos» en el caso de Shiji Lapite y que volverían a investigarlo. Además, se inició una investigación independiente para analizar la forma en que la Fiscalía General del Estado había atendido las graves denuncias contra la policía, entre las que se figuraban casos de muerte bajo custodia. La investigación, a cargo de un juez jubilado, recomendará que se introduzcan cambios, y sus resultados se harán públicos.


Amnistía Internacional envió representantes para que vigilaran las actuaciones relativas a dos investigaciones, sobre la muerte de Ibrahima Sey y la de Alex Patterson. En octubre, un jurado pesquisidor falló que Ibrahima Sey había sido víctima de homicidio ilegítimo mientras se encontraba bajo custodia policial en marzo de 1996. A Ibrahima Sey lo habían esposado y rociado con gas CS (lacrimógeno) en la cara, y luego varios agentes de policía lo habían mantenido boca abajo durante quince minutos. El pesquisidor (coroner) recomendó que se estudiara urgentemente el uso que la policía hacía del gas CS y advirtió a los comisarios de las «serias preocupaciones públicas» sobre los métodos de inmovilización y el peligro de asfixia que implicaban determinadas posturas. El caso se volvió a remitir a la Fiscalía General del Estado para que reconsiderara la decisión tomada en julio de no entablar acciones judiciales contra ninguno de los policías que participaron en la inmovilización de Ibrahima Sey.


En diciembre, un jurado pesquisidor falló que la muerte de Dennis Stevens, en octubre de 1995, se había producido de forma accidental. Había sido inmovilizado por cinco funcionarios de prisiones, que lo esposaron y lo tuvieron quince minutos boca abajo antes de ponerle una faja constrictiva y dejarlo en una celda aislada. Al día siguiente lo encontraron muerto. Su muerte se debió a un fallo renal: al parecer, el método de inmovilización utilizado produjo una falta de oxígeno que le ocasionó la descomposición de las células musculares y un envenenamiento de la sangre, lo que finalmente provocó el fallo renal. Al jurado pesquisidor no le dieron la opción de pronunciar un veredicto de homicidio ilegítimo, al parecer porque existían dudas sobre el momento exacto en que se había producido la lesión fatal.


Una investigación que se realizó en Irlanda del Norte sobre la muerte de Alex Patterson a manos de agentes secretos en 1990 no tuvo en cuenta todas las circunstancias que concurrieron en los hechos, y al final el pesquisidor eximió al jurado de leer su declaración.


Malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante


El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura envió en septiembre una delegación a Inglaterra para estudiar, entre otros asuntos, los remedios legales existentes en los casos de denuncia de malos tratos a manos de agentes policiales. El Inspector Jefe de Instituciones Penitenciarias publicó informes temáticos en los que criticaba las condiciones penitenciarias que soportaban las mujeres y los delincuentes juveniles.


Róisín McAliskey, detenida en noviembre de 1996, cuando estaba embarazada de cuatro meses, permaneció recluida provisionalmente desde mayo en una unidad de maternidad vigilada de un hospital de Londres, pendiente de extradición a Alemania (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Amnistía Internacional instó al gobierno a revisar los motivos de la orden de extradición, dada la evidente falta de pruebas sustanciales en su contra. A la organización le preocupaba también que su extradición en ese estado podía constituir además trato cruel, inhumano o degradante.


En octubre se empezaron a instalar cámaras de vídeo en los tres centros especiales de interrogatorio de Irlanda del Norte, en los que se interroga a detenidos en aplicación de la legislación de excepción. Un proyecto de enmienda a la legislación de excepción, promulgado en octubre, proponía que en el futuro se instalaran también aparatos para grabar el sonido. El relator especial de la ONU sobre la Independencia e Imparcialidad del Poder Judicial, los Jurados y los Asesores y la Independencia de los Abogados visitó Inglaterra e Irlanda del Norte en octubre para investigar las denuncias de intimidación policial a los abogados que representan a personas detenidas en aplicación de las leyes de excepción.


Actuación policial en Irlanda del Norte


Amnistía Internacional envió un observador para vigilar la actuación de la policía en algunos de los desfiles conmemorativos que se celebran en Irlanda del Norte. Durante estos desfiles, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes una gran cantidad de balas de plástico se calcula que alrededor de 2.500 en una semana, algunas veces de forma indiscriminada. Gary Lawlor, de 14 años, permaneció en coma durante varios días tras ser alcanzado por una bala de plástico en Belfast Oeste, y Maire Walsh, de 13 años, que estaba junto a él, resultó herida en la boca. También llegaron informes de que las fuerzas de seguridad habían causado numerosas heridas al golpear y dar patadas a manifestantes pacíficos. Se presentaron 200 demandas en relación con el comportamiento de las fuerzas de seguridad en Garvaghy Road, Portadown.


Dos veces durante ese año se retiraron grandes lotes de balas de plástico a causa de defectos en su peso y velocidad. La publicación en agosto de unas directrices sobre el uso de balas de plástico reveló que las normas de actuación de la Real Policía del Ulster (RUC) eran menos estrictas que las del Ejército Británico y las de los cuerpos de policía del resto del Reino Unido. Se emprendió una revisión de las directrices.


Amnistía Internacional escribió al gobierno en dos ocasiones distintas para expresarle su preocupación por el caso de Colin Duffy. Colin Duffy afirmó que había sido víctima de acoso sistemático por parte de las fuerzas de seguridad desde que el Tribunal de Apelación anuló en septiembre de 1996 su condena por asesinato. Fue arrestado en junio por otro cargo de asesinato y permaneció detenido durante más de tres meses hasta que le liberaron en septiembre, pese a la existencia de pruebas pormenorizadas que confirmaban su coartada. En noviembre se le acusó de producir lesiones graves a un agente de policía, en un incidente en que él y otros testigos afirmaron que el acusado y otras personas habían sido maltratados por la policía.


Preocupaciones relativas a las garantías procesales


La Comisión para la Revisión de Causas Penales, organismo independiente que estudia presuntos errores judiciales, empezó a funcionar en marzo pero, según informes, se vio abrumada por el número de casos. En agosto remitió al Tribunal de Apelación el caso de Danny McNamee (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s).


Las condenas impuestas a los Cuatro de Bridgewater fueron anuladas en julio, y la condena por homicidio de Christopher Sheals fue anulada en diciembre (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s).


Irlanda del Norte


En septiembre comenzaron en Irlanda del Norte las conversaciones entre varios partidos, encaminadas a encontrar una solución política. La inclusión en las conversaciones del Sinn Fein se produjo tras anunciar el Ejército Republicano Irlandés (IRA) en julio un segundo cese de las actividades militares. El Consejo del Ejército Irlandés de Continuidad se declaró responsable de varios atentados con bomba. Surgieron divisiones entre los unionistas, que desembocaron en la disolución del Mando Militar Combinado Unionista, que agrupaba a la Asociación para la Defensa del Ulster y al Cuerpo de Voluntarios del Ulster, y en la creación del Cuerpo de Voluntarios Unionistas, que se opone al actual proceso de paz.


Hubo varios homicidios deliberados y arbitrarios perpetrados por grupos políticos armados en Irlanda del Norte. En julio, Bernadette Martin, católica de 18 años, murió por disparos de unionistas en el domicilio de su novio protestante. Ese mismo mes se encontró muerto a James Morgan, católico de 16 años, con mutilaciones tan graves que hacían irreconocible su cadaver. En julio, Craig McCann, protestante, resultó herido a causa de una bala perdida disparada por paramilitares del Ejército Irlandés de Liberación Nacional, que abrieron fuego contra la policía durante unos disturbios en Belfast Oeste. En diciembre, el Ejército Irlandés de Liberación Nacional mató a tiros a Billy Wright, líder del Cuerpo de Voluntarios Unionistas, que se encontraba en la cárcel. Posteriormente, el Cuerpo de Voluntarios asaltó dos bares, disparando indiscriminadamente; mataron a Seamus Dillon y Eddie Treanor e hirieron a ocho personas.



REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA


La situación en la provincia de Kosovo siguió siendo motivo de gran preocupación para Amnistía Internacional. Los informes diarios de malos tratos policiales a personas del grupo étnico albanés, bien en la calle, en sus casas o en comisarías de policía, fueron en aumento. Las tensiones políticas en la provincia también se intensificaron cuando miles de albaneses se manifestaron pacíficamente para reclamar el cese de la discriminación contra ellos y pedir la secesión de la República Federativa de Yugoslavia. Un grupo armado, el Ejército de Liberación de Kosovo, siguió reivindicando la autoría de ataques armados contra la policía y otros objetivos.


Juicios injustos de presos políticos en la provincia de Kosovo, muertes bajo custodia y detención en régimen de incomunicación


En julio se juzgó a un segundo grupo de personas de etnia albanesa por cargos relacionados con ataques violentos contra la policía serbia y contra civiles (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Besim Rama y otros 14 hombres fueron declarados culpables, 12 de ellos in absentia, de haber formado una organización terrorista, el Ejército de Liberación de Kosovo, y haber llevado a cabo o planeado ataques contra la policía y contra civiles entre 1993 y 1996, a consecuencia de los cuales murieron cuatro personas. A 12 de los acusados, entre los que se encontraba Besim Rama, se les impuso la pena máxima de veinte años de prisión. El juicio no reunió las debidas garantías, ya que las declaraciones de los tres acusados se habían obtenido mediante tortura y detención no reconocida. Uno de los acusados dijo al tribunal que le habían impedido el acceso a su abogado defensor durante seis meses y sólo le habían permitido una breve consulta con este tres días antes del juicio.


En diciembre, se impusieron penas de hasta veinte años de prisión a un tercer grupo, formado por Nait Hasani y otras 18 personas. Dos fueron condenados in absentia. El juicio fue injusto por motivos parecidos a los del proceso contra Besim Rama. Tras su arresto en febrero, Nait Hasani estuvo recluido en régimen de incomunicación durante un mes, tiempo durante el cual, los informes indican que fue torturado. Otro hombre, Jonuz Zeneli, procesado al mismo tiempo que esas 18 personas, murió bajo custodia en el hospital de una prisión de Belgrado en diciembre. Al parecer las torturas y malos tratos que sufrió durante el interrogatorio fueron la causa de las lesiones que llevaron a su hospitalización y posterior muerte.


El 26 de noviembre, Ismet Gjocaj murió como consecuencia de heridas de bala en el pueblo de Rznic, cerca de Decani. Según la policía, fue alcanzado en un cruce de disparos mientras participaba en un ataque armado contra la comisaría, en el que murieron dos policías y otro resultó herido. Sin embargo, otros testimonios señalaban que lo habían puesto bajo custodia antes de la hora en que presuntamente se produjo su muerte. Además de cuatro heridas de bala, las fotografías de su cadáver mostraban indicios claros de que antes de morir lo habían golpeado por todo el cuerpo con instrumentos contundentes. Amnistía Internacional consideró altamente probable que lo hubieran torturado o maltratado y luego, deliberadamente, lo hubieran matado cuando se encontraba bajo custodia policial.


Palizas a manifestantes que reclamaban el acceso a instalaciones universitarias


El 1 de octubre, los estudiantes lideraron a otros albaneses en manifestaciones pacíficas en Pristina y otras ciudades para pedir el acceso a ciertas instalaciones de la Universidad de Pristina. Desde 1990, cuando las autoridades serbias limitaron la educación superior en idioma albanés, los albaneses han estudiado principalmente en una universidad no oficial donde las clases se imparten en albanés y en edificios privados. La policía disolvió las manifestaciones recurriendo a las porras. Según informes, alrededor de trescientos cincuenta manifestantes —estudiantes y otros— entre los que había personas mayores resultaron heridos. El 29 de octubre, manifestaciones parecidas se disolvieron antes de que la policía interviniera violentamente, aunque, según informes, un número reducido de personas fueron golpeadas en Prizren y Pec. A finales de diciembre, la policía golpeó a decenas de estudiantes y otros manifestantes en el curso de nuevas manifestaciones celebradas en Pristina, Pec y Djakovica.



RUMANÍA


Presa de conciencia


En diciembre, Amnistía Internacional tuvo noticias del encarcelamiento de Mariana Cetiner, declarada culpable, en aplicación del artículo 200, párrafo 5, del Código Penal rumano, de intentar seducir a otra mujer (para más información véase Mujeres en Europa, pp. 78-83). Se la consideró presa de conciencia, ya que había sido encarcelada exclusivamente por su homosexualidad, y la organización instó al presidente Emil Constantinescu a liberarla de forma inmediata e incondicional. El artículo 200, párrafo 5, del Código Penal rumano, que entró en vigor en noviembre de 1996 (aislando un delito contemplado anteriormente en el artículo 200, párrafo 4), castiga con penas de entre uno y cinco años de prisión la seducción de una persona para practicar actos homosexuales o la creación de asociaciones propagandísticas, así como la participación en otras formas de proselitismo que tengan el mismo objetivo. Desde 1993, Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento de Rumanía que no apruebe esta disposición legal, ya que considera que puede conducir al encarcelamiento de personas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. En noviembre de 1996, Amnistía Internacional pidió a las recién elegidas autoridades rumanas que revisaran esa y otras disposiciones del Código Penal rumano que, a juicio de la organización, son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Rumanía. En agosto de 1997, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia instándole a proponer la revisión del articulo 200, y pidió información sobre todas las condenas impuestas en 1995 y 1996 en aplicación de esta ley. En diciembre, el ministro respondió que tenía intención de proponer la derogación del artículo 200, párrafo 1 (que prohíbe las relaciones homosexuales consentidas entre adultos si el acto se realiza en público o provoca escándalo público). Sin embargo, la organización no recibió la información solicitada, que habría indicado hasta qué punto se había aplicado esta ley en el pasado.


Nuevos casos de presuntas torturas o malos tratos


En el período aquí abarcado salió a la luz información sobre los presuntos malos tratos a decenas de presos de la penitenciaría de Jilava, en Bucarest, la noche del 23 al 24 de febrero de 1997. Tras una huelga de hambre de una semana organizada por los presos como protesta pacífica contra el hacinamiento y las malas condiciones que sufrían, las autoridades penitenciarias intervinieron para restablecer el orden. La mayoría de los guardias que participaron en esta acción llevaban pasamontañas e iban armados con porras y palos de madera. Al menos en un caso los agentes activaron un bote de gas lacrimógeno antes de entrar en una sala donde, presuntamente, golpearon y dieron puñetazos y patadas de forma indiscriminada a los presos que estaban dentro. Posteriormente, decenas de presos precisaron tratamiento médico por heridas, algunas de ellas graves, pero parece ser que este tratamiento no les fue suministrado de forma rápida ni adecuada.


En diciembre, Amnistía Internacional instó a Sorin Moisescu, fiscal general de Rumanía, a garantizar que la investigación de las denuncias de malos tratos infligidos a los detenidos se llevaba a cabo con rapidez e imparcialidad. El relato de tres presos que, al parecer, sufrieron fuertes malos tratos, se publicó en enero de 1998 en un informe titulado Romania: Alleged ill-treatment of prisoners in Jilava Penitentiary (véase Índice AI: EUR 39/02/98).


Según informes, el 4 de julio de 1997, Belmondo Cobzaru, romaní de 24 años, fue maltratado por agentes de la comisaría de Mangalia. Se había presentado voluntariamente en la comisaría para explicar un incidente anterior, en el que había forzado la entrada al apartamento de su novia, en presencia de los vecinos, por temor de que ella hubiera intentado suicidarse. Acudió a la comisaría acompañado de un amigo, que luego informó a la familia Cobzaru de su paradero. Belmondo Cobzaru afirma que el sargento mayor G y el agente C5 le golpearon fuertemente en la comisaría. Cuatro agentes vestidos de civil observaron la paliza y no hicieron nada para impedirla o detenerla. Según informes, el sargento mayor G y el agente C golpearon en la cabeza a Belmondo Cobzaru hasta que empezó a sangrarle la nariz; luego le arrojaron al suelo y le dieron patadas. Le colocaron un periódico en la parte de atrás del cuello (al parecer, para evitar las señales de golpes) y le golpearon con un bastón de madera. Antes de liberarle, le obligaron a firmar una declaración en la que afirmaba haber sido golpeado por el cuñado de su novia y otros hombres. Hacia las diez y media de la noche le dejaron salir de la comisaría y le dijeron que regresara al día siguiente con su padre, dirigente de una organización romaní local. Esa misma noche Belmondo Cobzaru fue ingresado en el hospital de Mangalia y fue trasladado al pabellón de neurocirugía del hospital del departamento de Constanţa, donde fue tratado de lesiones en la cabeza. Le dieron de alta el 7 de julio y fue examinado por un médico forense, quien extendió un certificado en el que se describían contusiones alrededor de los ojos, en el tercer y cuarto dedos de la mano derecha, en el pecho, en el muslo derecho y en la pierna. El 21 de julio, Belmondo Cobzaru presentó una denuncia ante el fiscal militar de Constanţa por los malos tratos que le había infligido la policía.

Otro incidente tuvo lugar la tarde del 20 de julio, cuando Dumitru Auraş Marcu y su esposa, Mariana Marcu, acudieron a un café de su pueblo natal de Răzvad junto con su hijo de nueve años y dos sobrinos. La policía fue requerida para intervenir en una discusión suscitada entre la hermana de Dumitru y su esposo. Dos agentes de una comisaría cercana se dirigieron al café y, según informes, rociaron a Dumitru Auraş y Mariana Marcu con gas lacrimógeno. Al parecer, un agente golpeó a Mariana Marcu en la barbilla, y la hizo caer al suelo. Dumitru Auraş Marcu fue esposado y golpeado por todo el cuerpo durante el trayecto hasta la comisaría. Una vez allí, fue esposado a un poste metálico situado en la parte delantera del edificio, y poco después fue liberado. Dos días después, Dumitru Auraş Marcu fue examinado por un médico forense, que extendió un certificado en el que se describían la fractura de dos costillas izquierdas y múltiples hematomas y lesiones en la espalda, que requirieron entre quince y dieciseis días de tratamiento. El matrimonio Marcu no pidió un reconocimiento médico o un certificado de las lesiones que sufría Mariana Marcu, ya que dicho reconocimiento costaba 67.500 lei (10 dólares estadounidenses), una cantidad considerable de dinero para una familia de recursos modestos. Días después del incidente, Dimitru Auraş y Mariana Marcu fueron multados con 500.000 lei (65 dólares estadounidenses) cada uno, en aplicación de la ley 61/91, por alteración del orden público. Presentaron un recurso contra esas multas en el tribunal municipal de Târgovişte, y también presentaron una denuncia ante el fiscal militar de Ploieşti por los malos tratos que les había infligido la policía. Posteriormente, un testigo de los incidentes acaecidos en el café fue llamado a la comisaría de Razvad y, según informes, fue amenazado por la policía para que no testificara.


Amnistía Internacional recibió informes de otros nueve incidentes en los que estaban implicadas diez personas, quienes presuntamente recibieron malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En el apartado Niños en Europa, págs. 83-88, encontrarán información sobre la tortura sufrida por un niño de 10 años. En octubre y noviembre, Amnistía Internacional instó a las autoridades de Rumanía a investigar sin demora estos informes, a hacer públicos sus resultados y a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.


El caso de Viorel Baciu


En noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación a Valeriu Stoica, ministro de Justicia, porque la detención de Viorel Baciu, víctima de presuntas torturas policiales y detención arbitraria cuyo caso se expuso por primera vez a las autoridades rumanas en julio de 1991, parecía ser una violación del artículo 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que pide a los Estados Partes que garanticen que las denuncias se estudian de forma rápida e imparcial y que «quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado». A la organización también le preocupaba que, mientras permanece detenido en Bucarest, a Viorel Baciu se le está negando una solución legal efectiva garantizada por el artículo 14 (5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Viorel Baciu fue detenido el 23 de octubre de 1988, tras cometerse un asesinato en Dumbraveni, departamento de Suceava. Al parecer, se le acusó sin motivo de este asesinato debido a las actividades de su padre como miembro del grupo religioso de los Testigos de Jehová. El acoso a que fue sometida la familia Baciu en esa época está bien documentado. Según informes, Viorel Baciu fue torturado por agentes de policía para obligarle a confesar el asesinato. Fue juzgado en el Tribunal del Departamento de Suceava el 27 de septiembre de 1989 y condenado a diecisiete años de prisión. En julio de 1991, Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a investigar de forma exhaustiva e imparcial las denuncias de tortura presentadas por Viorel Baciu y a llevar ante la justicia a los responsables. El 8 de enero de 1992, considerando que los cargos contra Viorel Baciu no tenían fundamento y eran en esencia ilegales, el fiscal general de Rumanía presentó un recurso extraordinario contra su condena y ordenó que Viorel Baciu fuera liberado. Sin embargo, el 6 de abril de 1992, el Tribunal Supremo de Rumanía estimó que el recurso extraordinario no tenía fundamento, y Viorel Baciu ingresó de nuevo en prisión el 8 de febrero de 1993 (si desea más información sobre este caso, consuten Romania: Continuing violations of human rights, Índice AI: EUR 39/07/93).


En septiembre de 1994, Viorel Baciu fue indultado y excarcelado por un decreto presidencial. Al mismo tiempo, el fiscal militar de Bacău procesó a dos agentes de policía por la detención ilegal de este hombre y por investigación abusiva. El 30 de marzo de 1995, el Tribunal Militar, tras una vista a la que no pudieron asistir observadores y que se celebró en la comisaría donde Baciu había sido torturado, desestimó los cargos contra los dos agentes, basándose en que había entrado en vigor una ley de prescripción. Tanto el fiscal militar como Viorel Baciu recurrieron el fallo, y volvió a celebrarse otro juicio ante el Tribunal Militar de Bucarest.


Mientras tanto, el 19 de septiembre de 1996, Viorel Baciu fue detenido por robo y violación de propiedad privada. El Tribunal del Departamento de Suceava le condenó en diciembre de 1996 a cinco años de prisión. Viorel Baciu recurrió el fallo alegando que el tribunal no había examinado su coartada y le había condenado exclusivamente por el testimonio de personas que habían sido incitadas por los agentes acusados y sus compañeros a declarar en su contra. El 5 de febrero de 1997, antes de que el Tribunal de Apelaciones pudiera revisar su caso, Viorel Baciu fue trasladado por orden del Tribunal Militar de Bucarest a la penitenciaría de Jilava para que testificara en el juicio de los dos agentes de policía. El Tribunal Militar de Bucarest había dado orden de que las citaciones judiciales para que Viorel Baciu compareciera ante el Tribunal de Apelaciones de Suceava se aplazaran hasta que concluyera el juicio contra los dos agentes de policía. Se había fijado una nueva vista de este juicio para el 3 de diciembre pero, en el momento de publicar este informe, Amnistía Internacional no disponía de noticias sobre su resultado.


En junio de 1997, Viorel Baciu dirigió una queja al ministro de Justicia sobre su prolongada detención en Bucarest, que impide que su recurso se vea con rapidez en Suceava. Esta carta fue retenida por las autoridades de la penitenciaría de Jilava, que afirmaron que la carta debería haberse dirigido al Tribunal Militar de Bucarest, autoridad competente ante dicha queja. En septiembre, el director de la penitenciaría de Jilava confirmó este punto a un representante de Amnistía Internacional, y añadió que su objetivo era «ayudar» a los detenidos a dirigir sus quejas a las autoridades pertinentes.


Amnistía Internacional instó al ministro de Justicia a revisar el caso de Viorel Baciu, a garantizar que éste se encuentra protegido de toda forma de intimidación y acoso como consecuencia de sus denuncias de tortura, y a garantizar que Viorel Baciu puede ejercer plenamente su derecho a la defensa y a una solución legal efectiva, como garantizan la Constitución rumana y las normas internacionales de derechos humanos.



SUECIA


Muertes bajo custodia


Durante el transcurso de la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional sobre las circunstancias de la muerte bajo custodia de Osmo Vallo, la organización pudo saber que durante los últimos cinco años se habían producido otros casos de personas que murieron estando bajo custodia de la policía sueca, en circunstancias similares a las de Osmo Vallo (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). En julio, el ministro de Justicia informó a la organización de «otros seis o siete casos similares» de muerte bajo custodia. Un informe publicado en relación con la segunda autopsia realizada a Osmo Vallo hacía referencia al fallecimiento de 11 personas mientras estaban bajo custodia policial o en prisión, entre ellas cuatro que habían muerto de asfixia en circunstancias parecidas a las de Osmo Vallo. (La Junta Nacional de Medicina Forense informó a Amnistía Internacional sobre 16 casos de muertes parecidas, aunque no todas esas personas habían estado bajo custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley).


Una característica común en varios de estos casos fue que —al igual que a Osmo Vallo— a las personas afectadas se las había inmovilizado boca abajo y se las había sometido a algún tipo de presión en el pecho. En algunos casos, entre las causas de la muerte figuraba la asfixia postural (definida de la manera siguiente: «muerte producida por una postura corporal que afecta a la capacidad de respirar»). En otros casos se mencionó el agotamiento físico o la tensión como factores que pudieron contribuir a la muerte.


En octubre, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Sweden: Osmo Vallo. Action needed to prevent more deaths in custody (Índice AI: EUR 42/01/97), en el que exponía su preocupación por las circunstancias en que se produjo la muerte de Osmo Vallo, por las deficiencias de la investigación y las decisiones procesales posteriores a su muerte y, basándose en el número de casos similares de muerte bajo custodia ocurridos en Suecia a lo largo de los últimos cinco años, por la existencia de una posible pauta en la que el uso de unas determinadas técnicas para reducir a los detenidos pueda estar dando lugar a muertes.


La organización hizo un llamamiento al gobierno sueco para que reabriese el caso de Osmo Vallo y para que iniciase una revisión exhaustiva de todos los casos recientes de personas muertas bajo custodia de agentes de la ley. La organización recomendó que esta revisión incluya una evaluación médica del riesgo que entrañan todos los métodos de inmovilización utilizados en la actualidad en Suecia y que se formulen recomendaciones para la elaboración de directrices escritas para los agentes de la ley sobre el uso de las técnicas de inmovilización y sobre la conducta que deben seguir cuando, como resultado del uso de estas técnicas, se pone en peligro la salud de los detenidos. La organizacióm también instó al gobierno a garantizar que se lleva a cabo sin demora una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre cada uno de los casos de muerte bajo custodia y sobre los informes de tortura y malos tratos; el gobierno debe garantizar también que los resultados de dicha investigación se hacen públicos. Además, Amnistía Internacional exhortó al gobierno a garantizar que se pone a disposición judicial a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los que se sospeche que se han comportado indebidamente o que han actuado de forma ilegal.


Desde la publicación del informe de Amnistía Internacional se han producido algunos avances significativos. El ministro de Justicia solicitó al Secretario de Estado para la Justicia que examinase el modo en que las autoridades habían actuado en el caso de Osmo Vallo y en otros casos similares, con vistas a formular recomendaciones sobre los cambios necesarios. El fiscal general anunció que está revisando las decisiones procesales tomadas en el caso de Osmo Vallo y de otras muertes similares. El jefe de policía hizo público un aviso sobre las técnicas empleadas para reducir a los detenidos y declaró que, si se pone boca abajo a un detenido para ponerle las esposas, inmediatamente después debe alzársele para que se siente o esté de pie, con el fin de que pueda respirar con normalidad.


Presuntos malos tratos


Tres hombres (Augusto Comte Gómez y otros dos, conocidos como Sammi y Nille) denunciaron que varios agentes de policía les habían sometido a malos tratos y a insultos de carácter racista tras la detención de uno de ellos por una infracción de tráfico el 9 de noviembre en Estocolmo. Los tres hombres presentaron denuncias formales por el trato recibido. Según los informes, posteriormente se les acusó de presentar denuncias falsas. En diciembre, Amnistía Internacional manifestó al gobierno su preocupación por estos informes, le instó a garantizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial y le pidió información sobre el procedimiento que se sigue en los casos de denuncias contra la policía.



SUIZA


El Comité contra la Tortura de la onu estudia el tercer informe periódico de Suiza


En noviembre, el periodo de sesiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, celebrado en Ginebra, estudió el tercer informe periódico de Suiza sobre la puesta en práctica en este país de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


En un informe titulado Suiza: Comentarios relativos a la presentación del Tercer Informe Periódico al Comité de la ONU contra la Tortura (Índice AI: EUR 43/02/97/s), Amnistía Internacional aprovechó la oportunidad para comentar (y llamar la atención del Comité y las autoridades federales suizas al respecto) algunas de sus preocupaciones en relación con los presuntos malos tratos a que los agentes de la policía suiza someten a algunos detenidos, muchos de ellos de origen étnico no europeo. También hizo notar las deficiencias en la investigación de algunos de estos casos, los problemas que surgen a la hora de poner en práctica las salvaguardias existentes contra los malos tratos, las iniciativas oficiales destinadas a reforzar esas salvaguardias, y la necesidad de introducir más reformas. Amnistía Internacional describió casos individuales de presuntos malos tratos policiales para ilustrar su preocupación, y resumió la inquietud ya expresada por algunas organizaciones intergubernamentales respecto al tema de los malos tratos desde que el Comité contra la Tortura de la ONU realizó su último análisis sobre Suiza, en 1994; además, Amnistía Internacional expuso las reformas pertinentes recomendadas por estos organismos a las autoridades suizas.


Tras el examen del informe periódico sobre Suiza, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por las frecuentes denuncias de malos tratos infligidos por la policía en el transcurso de la detención y el periodo bajo custodia, y por la falta de mecanismos independientes en los cantones suizos para el registro y seguimiento de las denuncias de malos tratos. El Comité manifestó estar seriamente preocupado por la ausencia de una reacción adecuada por parte de las autoridades competentes ante las denuncias de malos tratos y lamentó la ausencia —en algunos cantones— de ciertas garantías legales, tales como la posibilidad, sobre todo para los extranjeros, de entablar contacto con su familia o con un abogado en caso de detención y de ser examinados por un médico independiente al ser puestos bajo custodia policial y antes de ser llevados ante un juez.


El Comité concluyó que la ausencia de una definición específica de tortura en la ley suiza dificultaba la plena aplicación de la Convención de la ONU contra la Tortura, y recomendó que dicha definición se incluyera en el Código Penal.


Las recomendaciones del Comité incluían también la implantación, en todos los cantones, de mecanismos para la recepción de denuncias de malos tratos contra agentes de policía y la armonización de los 26 códigos de procedimiento penal cantonales diferentes, en especial en lo relativo al respeto de las gartantías fundamentales durante la custodia policial. El Comité hizo hincapié en la necesidad de permitir que los presuntos delincuentes contacten con un abogado o con su familia y que sean examinados por un médico independiente inmediatamente después de la detención, después de cada interrogatorio y antes de ser llevados ante el juez o de ser liberados.


Además, el Comité recomendó a las autoridades suizas que presten la mayor atención posible al desarrollo de los casos que implican a funcionarios en actos de violencia, con el fin de garantizar que se llevan a cabo investigaciones y, en los casos comprobados, que se imponen las sanciones adecuadas. Durante el examen del informe del gobierno federal, la delegación suiza manifestó que se había nombrado una comisión de expertos encargada de estudiar una posible unificación total o parcial del procedimiento penal, y que dicha comisión publicaría un informe en un futuro próximo. La delegación hizo hincapié en que la comisión estaba estudiando el derecho de defensa bajo custodia policial, incluida la posibilidad del acceso inmediato a un abogado.


Actualización de casos documentados con anterioridad de presuntos malos tratos infligidos por agentes de la ley


En julio, Clement Nwankwo, destacado abogado nigeriano y activista de derechos humanos, presentó una denuncia contra los agentes de la policía de Ginebra que habían participado en su detención, en abril (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). La denuncia estaba todavía siendo estudiada por el fiscal general de Ginebra a finales de diciembre. Clement Nwankwo sostenía haber sido sometido a malos tratos físicos y a un trato degradante en el momento de su detención y durante las primeras horas que permaneció bajo custodia policial. Su apelación contra la declaración de culpabilidad por «oponerse» a la policía en el momento de la detención fue examinada por un tribunal de Ginebra en septiembre; un delegado de Amnistía Internacional asistió como observador a la vista. En diciembre, el tribunal confirmó la declaración de culpabilidad y Clement Nwankwo interpuso un recurso ante el Tribunal Federal.


Las denuncias de Clement Nwankwo ilustraban toda una serie de preocupaciones relativas al trato dispensado en Suiza a los detenidos bajo custodia policial y a los derechos de estos detenidos, por lo que su caso se citó con frecuencia en el informe presentado por Amnistía Internacional al Comité de la ONU contra la Tortura en noviembre (véase supra). Durante el estudio en noviembre del informe periódico de Suiza, el Comité expresó a la delegación suiza su preocupación por las denuncias de Clement Nwankwo. En particular, la correlatora del Comité encargada de Suiza afirmó que, en su opinión, el caso demostraba un desfase entre la legislación y la práctica, sobre todo en lo referente a los extranjeros. En respuesta a las preocupaciones del Comité, el jefe de policía de Ginebra, miembro de la delegación suiza, afirmó que consideraba que el caso era «ilustrativo y revelador de los problemas existentes entre las disposiciones legales y la realidad concreta». También admitió que se habían producido irregularidades en el caso y que algunos aspectos no se habían ajustado a «las normas y la ética de la policía de Ginebra». Amnistía Internacional cree que un agente de policía fue reprendido y que otros dos recibieron amonestaciones oficiales tras llevarse a cabo una investigación administrativa interna en la que se descubrió que Clement Nwankwo había permanecido durante más de una hora en ropa interior y esposado a la pata de una mesa en una sala de interrogatorio de la policía (véase Índice AI: EUR: 01/06/97/s). La investigación desestimó como infundada la denuncia de Clement Nwankwo de haber sido maltratado físicamente por la policía en el momento de la detención. Posteriormente los agentes implicados presentaron un recurso; siguiendo procedimiento interno de la policía, contra las sanciones disciplinarias impuestas; según los informes, ese recurso todavía estaba siendo estudiado en diciembre.


En julio, el Tribunal Federal desestimó la apelación que Ali Doymaz y Abuzer Tastan, refugiados kurdos de nacionalidad turca, habían interpuesto contra la aprobación por parte del tribunal de Ticino del fallo de la decisión del fiscal general de ese cantón, según la cual no había motivo para enjuiciar a unos agentes de la policía de Chiasso a los que estos refugiados habían denunciado por malos tratos en abril de 1995 (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Al mismo tiempo, el tribunal afirmó que no entraba en su competencia examinar la denuncia incluida en la apelación, en la que los refugiados alegaban que el fiscal de Ticino había violado sus derechos por no haber mantenido correspondencia directa con ellos en ningún momento y por no haberlos interrogado antes de concluir que las acusaciones de malos tratos expuestas en su denuncia de junio de 1995 eran infundadas (si desean más información, consulten el Índice AI: EUR 43/02/97).


En septiembre, en respuesta a una carta enviada en junio por Amnistía Internacional y en la que se solicitaba información sobre el progreso de la investigación del caso de A.S., entre otros (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s), el Departamento de Instituciones de Ticino remitió un informe sobre el caso, elaborado en julio por la fiscalía de Lugano. Según este informe, las acusaciones presentadas contra varios agentes de la policía de Lugano en enero de 1996 por A.S., solicitante de asilo de la provincia yugoslava de Kosovo, eran infundadas. A.S. afirmaba que, después de detenerle por robo, los agentes le habían maltratado y le habían ocasionado heridas de gravedad, descritas en los certificados médicos expedidos a las pocas horas de ser liberado. A.S. sostenía que la policía le había denegado asistencia médica cuando la solicitó y que le había obligado a firmar un documento escrito en italiano (idioma que no entendía) en el que retiraba su solicitud de asilo. El fiscal declaró que, al parecer, A.S. había intentado escapar durante el interrogatorio, causando heridas leves a una policía, y había agredido a otros agentes que intervinieron, y que se vieron obligados a usar «métodos coercitivos en la medida que la situación lo requirió». El fiscal no hizo comentario alguno sobre la presunta denegación de asistencia médica a A.S. durante la detención, que duró aproximadamente treinta horas, o sobre la retirada de su solicitud de asilo, pero dijo que, según declaraciones de los agentes de policía, A.S. no había sido presionado ni amenazado y tampoco había realizado ningún tipo de petición durante su detención». El fiscal indicó también que, en el momento de liberarle la policía había informado a A:S: que la agente herida se reservaba el derecho de presentar una denuncia en su contra por ocasionarle lesiones corporales. En noviembre, Amnistía Internacional escribió de nuevo a las autoridades de Ticino y les pidió una aclaración sobre diversos aspectos del informe del fiscal. (Si desean más información, consulten el Índice AI: EUR 43/02/97.)


En septiembre de 1997, tras la investigación de un juez de instrucción militar, la fiscalía militar federal dictaminó que no había motivos para procesar a los agentes asignados al puesto fronterizo federal de Chiasso-Brodega a quienes E.G., refugiado kurdo en Suiza, de nacionalidad turca, había acusado de malos tratos en junio de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s). Al parecer, la denuncia formal de malos tratos que E.G. había presentado ante la fiscalía de Lugano en agosto de 1996 había sido remitida a las autoridades militares federales, que son las que tienen competencia en lo relativo a denuncias contra agentes de fronteras.


En respuesta a la carta de junio de Amnistía Internacional en la que se solicitaba información sobre el progreso de la investigación de varios casos de presuntos malos tratos en el cantón de Ticino (véase supra), las autoridades cantonales respondieron en septiembre que, en junio, el fiscal había emitido una decisión definitiva según la cual no había motivos para procesar a los agentes de policía de Chiasso a quienes Trevor Kitchen, en una denuncia formal presentada en julio de 1994, había acusado de maltratarle en diciembre de 1992 (véase Suiza: Denuncias de malos tratos bajo custodia policial, Índice AI: EUR 43/02/94/s).


El fiscal había emitido una primera decisión en septiembre de 1994, según la cual no había motivos para procesar a los agentes. Ese mismo año, Amnistía Internacional escribió a las autoridades cantonales para expresar su preocupación porque la investigación oficial sobre las acusaciones realizadas por Trevor Kitchen, ciudadano británico, se había basado, al parecer, exclusivamente en información proporcionada por agentes pertenecientes o al mando de la misma comisaría de Chiasso en la que éste afirmaba haber sido sometido a malos tratos, y el fiscal no se había entrevistado con el denunciante.


Trevor Kitchen había interpuesto un recurso contra la decisión del fiscal en septiembre de 1994, pero el tribunal de apelaciones del cantón no lo examinó hasta enero de 1997, casi dos años y medio más tarde. A Amnistía Internacional le preocupaba que el lapso de tiempo transcurrido dificultara aún más una investigación exhaustiva sobre sus denuncias. El tribunal de apelaciones dictaminó que la decisión del fiscal de cerrar el caso se había basado en documentación proporcionada por la policía, y concluyó que la información preliminar de la que había dispuesto el fiscal era insuficiente para considerar que los incidentes denunciados por Trevor Kitchen se habían investigado de forma adecuada. El tribunal observó que la información preliminar había sido recogida por uno de los acusados, presente en la comisaría en el momento en que presuntamente se produjeron los hechos, y que, por lo tanto, era obvio que tal información, no sólo no podía utilizarse en absoluto en el contexto de la investigación, si no que anulaba su credibilidad. El tribunal afirmó que la información preliminar debería haber sido recogida «al menos por un agente de mayor rango... o por agentes de otra comisaría, o mejor aún, directamente por el fiscal». Devolvió el expediente al fiscal y le pidió que completase la investigación preliminar sobre el caso y que se pronunciara de nuevo sobre si debían emprenderse acciones penales contra algún agente de policía en relación a un posible delito de abuso de autoridad.



TAYIKISTÁN


Acuerdo de paz (actualización de la información proporcionada en Índice AI: EUR 01/06/97/s).


El 15 de septiembre, la Comisión para la Reconciliación Nacional celebró su primera sesión en Dushanbe, tras el regreso a Tayikistán de Sayed Abdullo Nuri, dirigente de la Oposición Tayika Unida y presidente de la Comisión para la Reconciliación Nacional. La Comisión, compuesta por un número igual de representantes del gobierno y de la Oposición Tayika Unida, formó cuatro subcomités para tratar temas legales, políticos, militares y de refugiados.


El presidente Imomali Rakhmonov decretó en julio una amnistía general para las personas encarceladas por delitos relacionados con la guerra civil que fue aprobada en agosto por el Parlamento. Según los informes, esta amnistía permitía que las personas condenadas por delitos violentos tales como actos terroristas, asesinato con premeditación, violación, bandidaje o delitos relacionados con la droga, todos ellos en conexión con la guerra civil, elevaran una petición para que se revisaran sus casos si creían haber sido condenados por sus actividades políticas. De acuerdo con el decreto de amnistía, el presidente Rakhmonov ordenó en octubre la liberación del primer grupo de miembros de la oposición encarcelados. El 20 de octubre, 58 combatientes de la oposición islámica capturados durante la guerra civil fueron liberados, según los informes, de una prisión situada a unos ocho kilómetros del centro de Dushanbe. Un día antes, un comandante de campo de la oposición había liberado a un grupo de más de ochenta soldados de las tropas del gobierno tayiko a los que mantenía prisioneros desde 1993 en Tavil-Dara. Ambas partes realizaron varios intercambios de prisioneros como parte de un acuerdo de paz. En noviembre, el presidente del subcomité político de la Comisión para la Reconciliación Nacional anunció que unos ciento veinte soldados habían sido liberados y que más de trescientas personas —entre ellas más de cien partidarios de la oposición— habían sido amnistiados, todo ello según los términos del decreto de amnistía aprobado por el parlamento en agosto. En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional no tenía conocimiento de que se hubieran publicado listas con los nombres de las personas amnistiadas o intercambiadas por otros prisioneros.


Presos políticos (actualización de la información proporcionada en Índice AI: EUR 01/06/07/s).


En octubre, la fiscalía general anunció que la investigación sobre el atentado contra el presidente Rakhmonov, producido en abril en Khujand, capital de la región de Leninabad, ya había concluido. Diecinueve hombres habían sido acusados formar un grupo armado ilegal en Khujand con el fin de atacar a mano armada, entre julio de 1996 y mayo de 1997, a instituciones, organizaciones y representantes estatales. Abdulkhafiz Abdullayev, hermano menor de Abdumalik Abdullojanov —ex primer ministro y jefe de la Unión para el Resurgimiento Nacional, un grupo de oposición—, fue citado como acusado en el juicio. A Firdavs Dustboyev se le acusó de haber perpetrado el atentado con el propósito de matar al presidente, de acuerdo con el plan elaborado por los acusados. Los partidarios de Abdulkhafiz Abdullayev siguieron afirmando que el propósito al incluir a éste en el mencionado juicio y al imputarle cargos era intimidar a la oposición asentada en Khujand. El estado de salud de Abdulkhafiz Abdullayev, que había sido sometido a una operación quirúrgica por cáncer de hígado en 1994, empeoró rapidamente durante la detención y, según los informes, el Tribunal de Distrito de Oktyabrsky de Dushanbe ordenó su liberación inmediata en agosto, alegando que estaba enfermo de gravedad y necesitaba cuidados médicos especializados de urgencia. Pese a ello, Abdulkhafiz Abdullayev no fue liberado y, según fuentes extraoficiales,el juez que ordenó su liberación fue destituido al día siguiente. El examen médico del enfermo confirmó que el cáncer había avanzado y que el paciente requería hospitalización urgente. No obstante, los informes indican que se obligó a Abdulkhafiz Abdullayev a acudir al juicio y que, hacia finales de año, hubo de ser transportado a la sala del tribunal ya que estaba demasiado enfermo para caminar. Según informes no confirmados, Firdavs Dustboyev y otros acusados adujeron en el tribunal que durante la investigación se les había obligado a incriminar a Abdulkhafiz Abdullayev bajo coacción.


«Desaparición» (actualización de la información proporcionada en Índice AI: EUR 01/06/97/s)


Amnistía Internacional siguió pidiendo información sobre el paradero de Rizoali Ojiyev, «desaparecido» en Khujand el 28 de febrero tras ser detenido por la policía para someterle a interrogatorio. En septiembre, las autoridades tayikas informaron a la organización de que se había abierto una investigación criminal sobre la «desaparición» de este hombre en aplicación del artículo 135 del Código Penal tayiko (toma de rehenes). No se dieron detalles sobre el avance de la investigación.


TURKMENISTÁN


Temor por la seguridad del periodista Yovshan Annakurbanov


Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad del periodista independiente Yovshan Annakurbanov, al que detuvieron agentes de policía en el aeropuerto internacional de Ashgabat, la capital, el 30 de octubre. Yovshan Annakurbanov se disponía a asistir a un seminario formativo organizado por Radio Liberty en Praga y, según los informes, fue detenido cuando se encontraba a punto de subir al avión. Agentes del Comité de Seguridad Nacional Turkmeno (KNB) afirmaron que habían encontrado en su equipaje un disquete informático que contenía documentos de la oposición política de Turkmenistán. Sin embargo, según la información de que disponía Amnistía Internacional, la primera vez que se examinaron sus bolsas en el control de pasaportes y aduana, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no encontraron nada sospechoso. Fue recluido en la prisión preventiva del KNB. Según informes, no se formularon cargos en su contra y, al parecer, no se le dio acceso a un abogado defensor.


Yovshan Annakurbanov trabajaba como periodista autónomo para Radio Liberty. Según informes, el 26 de junio de 1997 recibió amenazas de muerte por parte de agentes del KNB. Dos agentes fueron a su casa para advertirle de que a él o a sus hijos «podría sucederles algo» si no dejaba de colaborar en las «provocaciones» de la citada emisora de radio.


Desde 1993, se ha impedido a Yovshan Annakurbanov publicar sus artículos en el país. El 25 de julio de 1995 fue detenido por participar en una manifestación pacífica en protesta por la difícil situación económica y condenado por «gamberrismo delictivo». Fue liberado el 11 de enero de 1996. Él sostuvo que su trabajo en Radio Liberty no era de índole política.


Informaciones de prensa publicadas en Ashgabat señalaban que Yovshan Annakurbanov fue liberado el 12 de noviembre de 1997. Según informes, las autoridades turkmenas lo pusieron en libertad influidas por los llamamientos de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Sin embargo, los informes indicaban que las autoridades turkmenas confiscaron su documentación personal y, por lo tanto, no pudo viajar a Praga como tenía previsto. Se desconoce si se formularon cargos en su contra.


Temor de devolución


Amnistía Internacional expresó preocupación porque Nazar Soyunov, ex diputado y ex ministro de gobierno de Turkmenistán, corría el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos si era devuelto de Rusia a Turkmenistán, concretamente la formulación de cargos falsos en castigo por su oposición al gobierno y al presidente de Turkmenistán, además de malos tratos y torturas. Al parecer, Nazar Soyunov se enfrentaba a su inminente devolución a Turkmenistán tras haber sido detenido en Rusia para interrogarlo.


Desde que abandonó el gobierno de Turkmenistán en 1995, Nazar Soyunov trabajaba en Rusia, aunque sin ningún reconocimiento oficial, como consultor de gas y petróleo en el Instituto Ruso de Investigación Científica y en el Parlamento ruso. Entre 1991 y 1995 había desempeñado cargos muy importantes en el gobierno turkmeno: secretario de Estado, secretario de Gobierno y consejero presidencial.


El 26 de noviembre de 1997 fue detenido en Moscú por agentes del Servicio de Seguridad Federal Ruso, que lo interrogaron durante cuatro horas en relación con cargos que le habían sido formulados en Turkmenistán. Según informes, fue liberado porque no había pruebas suficientes en su contra. Amnistía Internacional tuvo noticias de que el presidente de Turkmenistán, Niyazov, pidió personalmente la extradición de Nazar Soyunov, afirmando que tenía pendientes cargos de corrupción en Turkmenistán. Nazar Soyunov y sus defensores afirmaron que se habían formulado cargos falsos como represalia por una entrevista que concedió a Radio Free Europe / Radio Liberty el 24 de octubre de 1997, en la que criticó la política y las prácticas actuales del gobierno y el presidente de Turkmenistán. Tras la emisión de la entrevista, la prensa oficial de Turkmenistán informó de que se había abierto un causa judicial contra Nazar Soyunov y se había dictado una orden de arresto. Fuentes cercanas a Nazar Soyunov informaron el 21 de noviembre de 1997 de que agentes de la Fiscalía General y del KNB de Turkmenistán se trasladaron a Moscú para buscarlo.


A finales de año, Nazar Soyunov no había sido repatriado.


Muerte en circunstancias misteriosas. Encarcelamiento en un hospital psiquiátrico presuntamente por motivos políticos


Un activista local de derechos humanos murió a finales de octubre tras haber sido detenido en su casa y recluido contra su voluntad en un hospital psiquiátrico a principios de septiembre.


Meretmukhammet Berdiyev, nacido en 1961, era activista local del partido de oposición ilegal Movimiento Democrático de Turkmenistán, en la ciudad de Bayram-Ali, región de Mary. Ayudó a distribuir folletos y publicaciones que la oposición ilegal había editado en el extranjero y los introdujo clandestinamente en Turkmenistán. Mantuvo también contactos periódicos con su hermano mayor, Mukhamedgeldy Berdiyev, activista de la oposición y periodista que vive exiliado en Moscú. Al parecer, Meretmukhammet Berdiyev se encontraba en muy buen estado físico y de salud en el momento de su detención —practicaba mucho deporte y artes marciales— y nunca había sufrido problemas psiquiátricos.


A principios de septiembre (se desconoce la fecha exacta), alrededor de cuatro agentes de policía y personal médico del hospital regional psiquiátrico de Mary acudieron al domicilio de la familia Berdiyev en Bayram Ali para acompañar a Meretmuhkammet al hospital. No dijeron los motivos por los que se lo llevaban ni mostraron ninguna orden de detención o certificado médico. Cuando él se negó a ir con los agentes, lo llevaron por la fuerza al hospital y allí lo recluyeron sin cargos.


A mediados de octubre, representantes del KNB del Departamento Regional de Mary fueron a interrogar a la abuela de Meretmukhammet y a otros parientes. Días después llegaron agentes nacionales del KNB desde Ashgabat y, según informes, pese a no tener autorización, registraron la casa a fondo. Al parecer buscaban copias de folletos de la oposición ilegal, pero no pudieron encontrar ninguna. No obstante, confiscaron la agenda de Meretmukhammet, que contenía direcciones de amigos y contactos, así como la dirección y números de teléfono de contacto de su hermano en Moscú. También interrogaron a miembros de la familia que estaban presentes, en especial al tercero de los hermanos Berdiyev, Mukhammetnazar, que es pastor en el desierto de Karakum y sólo acude al domicilio de Bayram-Ali una o dos veces al mes. Algunas fuentes señalaron que no había sido una coincidencia que los agentes del KNB eligieran ese día. Según informes, hicieron pocas preguntas sobre las actividades políticas de Meretmukhammet y en cambio se concentraron en el paradero de su hermano Mukhamedgeldy, las actividades que realizaba en Moscú y Turkmenistán, sus amigos y compañeros, y sus direcciones y números de teléfono. Los agentes del KNB anotaron los datos de los pasaportes de todos los miembros de la familia Berdiyev, las direcciones de los colegios de los niños y hasta el número de pozo del desierto donde Mukhammetnazar apacentaba sus ovejas. Amenazaron a la familia diciéndoles que la situación empeoraría bastante si Mukhamedgeldy no abandonaba sus actividades contra el presidente Niyazov.


Dos semanas después de la segunda visita del KNB, la familia Berdiyev fue informada de la muerte de Meretmukhammet en el hospital regional psiquiátrico de Mary. El 28 de octubre les devolvieron el cadaver. No les dieron la fecha exacta de su muerte, ni notificación o explicación oficial ninguna sobre la causa. Según la familia, no había signos visibles de tortura o malos tratos en el cuerpo de Meretmukhammet, pero hay quienes sostienen firmemente que su muerte no se debió a causas naturales.


Mukhamedgeldy Berdiyev cree que a su hermano lo encerraron en un hospital psiquiátrico como castigo por sus actividades de oposición política y sus contactos con Mukhammetgeldy y otros activistas de la oposición en el exilio. Afirma que su posterior muerte tuvo como propósito amenazar a los activistas de la oposición en el extranjero y en Turkmenistán.


Para mayor información sobre la aplicación de la pena de muerte en Turkmenistán, véase más adelante Mujeres en Europa.



TURQUÍA


En octubre se levantó el estado de excepción en tres provincias, pero se mantuvo en otras seis provincias del sudeste. Su implantación había tenido lugar en 1987, en sustitución de la ley marcial.


Los expertos de la ONU no visitan Turquía - continúan las «desapariciones»


En junio de 1997, tras las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional, el gobierno turco invitó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias a visitar el país ese mismo año. Por ello, Amnistía Internacional se sintió decepcionada al saber que el Grupo de Trabajo no había realizado la visita, y la organización espera que el gobierno turco mantenga su invitación para que el Grupo pueda visitar el país durante la primera mitad de 1998. En el año 1997 se produjeron menos «desapariciones» que durante los cuatro años anteriores, pero tanto la policía como la fiscalía siguieron manteniendo unos métodos negligentes y obstructivos para llevar el registro de detenidos, lo que ha contribuido a que se produjeran más «desapariciones».


El 26 de diciembre, cuatro policías de civil que llevaban armas y radiotransmisores detuvieron a Mehmet Özdemir en una cafetería del distrito de Sebzehalı, en Diyarbakır. Según los informes, Mehmet Özdemir se resistió y tuvo que ser llevado a rastras. Tres días más tarde, su esposa, Enzile Özdemir, solicitó por escrito información a la fiscalía del Tribunal de Seguridad del Estado; en la petición se selló la frase «detenido por la policía». No obstante, el fiscal negó más tarde que Mehmet Özdemir hubiera estado detenido, y dijo que la petición había sido sellada «por error» y que, al no haber sido firmada, no era válida. Mehmet Özdemir era el delegado local del Partido Popular de la Democracia (HADEP). Desde 1992, más de ciento cincuenta miembros y dirigentes del HADEP, partido legal con especial interés en la minoría kurda, y sus predecesores, los partidos DEP y HEP, han sido ejecutados extrajudicialmente, o torturados hasta la muerte o han «desaparecido».


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la denuncia de violación bajo custodia


En un fallo del 24 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que en 1993 las fuerzas de seguridad turcas habían violado, humillado sexualmente y golpeado a Şükran Aydın mientras se encontraba detenida en la Comandancia de Gendarmería de Derik, en Mardin. Şükran Aydın tenía 17 años en el momento de la violación. El Tribunal concluyó también que las autoridades turcas no habían llevado a cabo una investigación adecuada sobre la primera denuncia, y ordenó al gobierno turco que pagase a la muchacha una indemnización equivalente a 25.000 libras esterlinas. Tras este fallo en noviembre el oficial al mando de la gendarmería de Derik compareció ante un tribunal acusado de haber violado y torturado a Şükran Aydın.


Prosigue la destrucción de pueblos


Según los informes, unas treinta personas sufrieron un trato brutal tras ser detenidas en el pueblo de Çınarönü, en la provincia de Mardin, tras un enfrentamiento producido no lejos de allí entre las fuerzas de seguridad y miembros armados del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), organización ilegal. La mañana del 11 de noviembre, según informes, Çınarönü fue rodeado por unos quinientos o seiscientos soldados. Después de convocar a la población en la plaza del pueblo, el comandante del puesto de gendarmería local de Sürgücü dijo a los habitantes de Çınarönü que sospechaba que estaban prestando ayuda al Partido de los Trabajadores Kurdos. Unos treinta habitantes de la localidad fueron detenidos y conducidos a la gendarmería de Savur, la ciudad grande más próxima. Según informes, les obligaron a permanecer de rodillas en el exterior durante 48 horas, los golpearon en repetidas ocasiones y les negaron la comida y el agua. A diez de ellos los llevaron de vuelta al pueblo y les ordenaron que se marchasen. El 16 de noviembre, el comandante de la gendarmería volvió al pueblo con cinco ó seis soldados y quemó una serie de casas, tractores y minibuses. Cinco de los habitantes que ya habían estado detenidos fueron arrestados de nuevo, acusados formalmente de apoyar al PKK y encarcelados en la Prisión de Mardin.


En una conferencia de prensa celebrada en Diyarbakır el 28 de julio, Haşim Haşimi, miembro de la Comisión Parlamentaria para la Migración, había anunciado que (según cifras facilitadas por el gobernador de la región en estado de excepción) desde 1990 se habían evacuado por completo 3.185 asentamientos rurales, muchos de los cuales habían sido «destruidos o quemados».


Los niños detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista siguen sin protección


Los niños detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista (que incluye muchos delitos políticos no violentos) pueden permanecer en régimen de incomunicación sin acceso a sus padres ni a un abogado durante un periodo de hasta cuatro días. Amnistía Internacional ha hecho llamamientos reiterados al Ministerio de Justicia turco para que remedie esta situación, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida al respecto. Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias de malos tratos y torturas a niños y adolescentes bajo custodia, y en algunos casos existen pruebas médicas que apoyan dichas denuncias.


Mahmut Yıldız, de 16 años de edad, fue detenido en Siirt el 22 de noviembre e interrogado en la Comandancia de la Gendarmería de esa misma localidad. Tres días más tarde fue trasladado al Hospital Militar de Diyarbakır, donde murió el 5 de diciembre a causa de un «hematoma, consecuencia de un traumatismo ocasionado por un objeto contundente», según el certificado de defunción expedido por la fiscalía de Diyarbakır. Algunos familiares del adolescente fallecido declararon haber hablado con otras personas detenidas junto con Mahmut Yıldız, quienes afirmaron haber visto cómo éste era torturado colgándole de los brazos.


Continúa la presión sobre la Asociación de Derechos Humanos de Turquía - detenciones en Mardin


La presión contra la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD) continúa. Las oficinas de Diyarbakır y Şanlıurfa han sido cerradas permanentemente, y el gobernador local dictó una orden de seis meses de cierre contra la sede de Mardin tras la detención de cinco dirigentes deesa oficina en agosto; estos dirigentes permanecieron dos días bajo custodia policial. Entre tanto, se están llevando a cabo decenas de juicios contra otros dirigentes y oficinas. En noviembre, el Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara condenó al presidente de la IHD, Akın Birdal, a un año de cárcel por un discurso que había pronunciado el 1 de septiembre de 1996, Día Mundial de la Paz. Akın Birdal está en libertad en espera del resultado de la apelación contra ésta y otra condena de un año que se le impuso por otro discurso pronunciado en Konya con anterioridad. Si se confirman las condenas y Akın Birdal es encarcelado, Amnistía Internacional le considerará preso de conciencia.


La propia IHD está pendiente de dos juicios en los que se la amenaza de cierre. El 25 de diciembre, un delegado de Amnistía Internacional asistió como observador a un juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ankara en el que la Asociación y los miembros de su junta directiva se enfrentaban a cargos de «realizar propaganda separatista» durante la Semana de los Derechos Humanos de 1996. La acusación exige el cierre de la Asociación y pide penas de entre uno y tres años de prisión para 11 de sus dirigentes. El juicio aún no ha concluido.


Presos de conciencia


En junio, el escritor Ahmet Zeki Okçuoĝlu fue encarcelado en aplicación del artículo 159 del Código Penal turco por «insultar a las instituciones del Estado»; su encarcelamiento se produjo al confirmar el Tribunal Supremo la condena de diez meses de prisión impuesta contra este hombre por el Tribunal Penal Núm. 2 de Estambul a causa de un artículo que Ahmet Zeki Okçuoĝlu había publicado en el periódico Azadi, en 1993. Este escritor fue liberado en octubre.


Los presos de conciencia Hatip Dicle, Orhan Doĝan, Selim Sadak y Leyla Zana, ex diputados parlamentarios kurdos del Partido de la Democracia (DEP), seguían cumpliendo en la Prisión Cerrada de Ankara sus condenas de quince años de cárcel por su presunta pertenencia al PKK. Dado que, durante el transcurso de un juicio a todas luces injusto, no se presentaron pruebas decisivas que respaldaran los cargos en su contra, Amnistía Internacional considera que los diputados permanecen recluidos por criticar la política del gobierno en las provincias del sureste, predominantemente kurdas.


En agosto, un reducido número de presos, entre los que se encontraba Işik Yurtçu, ex director de Özgür Gündem, fueron liberados gracias a una medida que suspendía las condenas a directores de periódico.


El 20 de octubre de 1997, el abogado Eşber Yaĝmurdereli fue detenido en Estambul por unos agentes de policía en cumplimiento de una orden judicial que disponía que debía comenzar a cumplir una condena de 17 años de cárcel. En 1991, Eşber Yaĝmurdereli había pronunciado un discurso en el que criticaba la forma en que el Estado trataba a la minoría kurda de las provincias del sureste. A consecuencia de ello, fue condenado a diez meses de prisión en aplicación del artículo 8 de la Ley Antiterrorista.


Sin embargo, los tribunales turcos dictaminaron que el discurso de Eşber Yaĝmurdereli había infringido los términos de la libertad condicional que le había sido concedida en sustitución de una cadena perpetua a la que había sido condenado en 1985; esa pena se había impuesto tras la celebración de un proceso que Amnistía Internacional condenó en su momento, por considerar que violaba claramente las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías.


Eşber Yaĝmurdereli fue recluido en la Prisión Cerrada Central de Çankırı. Amnistía Internacional le adoptó como preso de conciencia y pidió su liberación inmediata e incondicional. Tras una serie de protestas públicas en Turquía y en el extranjero, la condena de Eşber Yaĝmurdereli fue suspendida durante 12 meses, aparentemente por razones de salud, y el abogado fue liberado en noviembre.


En octubre, Osman Murat Ülke, objetor de conciencia, fue detenido de nuevo por el Tribunal Militar de Eskişehir. Acababa de ser declarado culpable y condenado por «reincidencia en la insubordinación» cargo por el que había sido condenado a cinco meses, y por «deserción», cargo por el que recibió otra condena de cinco meses; ambas penas debían cumplirse consecutivamente. Si se cuenta la remisión, ya ha cumplido estas condenas, pero Osman Murat Ülke permanece bajo custodia en espera de juicio por haber «desertado» una segunda vez tras ser liberado el 29 de mayo de 1997.



UCRANIA


La pena de muerte


El parlamento ucraniano ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales el 18 de julio de 1997. Sin embargo, no se celebró ninguna votación para ratificar el Sexto Protocolo del Convenio, que Ucrania había firmado en mayo, y que establece la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz.


Amnistía Internacional siguió expresando preocupación por los informes contradictorios sobre si se habían seguido produciendo ejecuciones en Ucrania en 1997. Durante el estudio que realizó en abril de 1997 el Comité contra la Tortura de la ONU sobre el tercer informe periódico de Ucrania, representantes del Ministerio de Justicia ucraniano informaron de que no se habían producido ejecuciones desde principios de 1997. Sin embargo, el 28 de agosto el mismo Ministerio confirmó por escrito que en 1997 se habían realizado 13 ejecuciones en Ucrania. Fuentes oficiales del Ministerio confirmaron también que 73 personas habían sido condenadas a muerte hasta ese momento.


Según informaciones de prensa, el 8 de octubre, el anterior ministro de Justicia de Ucrania, Sergey Holovaty, volvió a declarar que en 1997 las autoridades ucranianas habían ejecutado a 13 personas en secreto, y acusó al gobierno de mentir al Consejo de Europa. Sergey Holovaty decía textualmente: «Ni siquiera el ministro de Justicia consigue toda la información [sobre la aplicación de la pena de muerte], ni los nombres ni las fechas exactas de las ejecuciones. Somos el único miembro del Consejo de Europa que todavía considera esos datos como secreto de Estado». Al parecer, Sergey Holovaty mostró un documento donde se afirmaba que cinco personas habían sido fusiladas en Crimea (una de ellas en Sebastopol), dos en la región de Odessa, otras dos en la de Luhansk y una en las regiones de Kiev, Mykolayiv, Ivano-Frankivsk y Kherson.


En noviembre, se puso en conocimento de una delegación investigadora oficial del Consejo de Europa que visitó Ucrania que 13 presos habían sido ejecutados a entre el 1 de enero y el 11 de marzo, tras rechazar el presidente Leonid Kuchma sus peticiones de indulto el 29 de noviembre de 1996. Al parecer, no se habían rechazado más peticiones de indulto a partir de esa fecha, ni tampoco se habían realizado nuevas ejecuciones desde el 11 de marzo de 1997. No obstante, otras fuentes mantenían que las ejecuciones habían continuado pasado el mes de marzo. El Tribunal Supremo proporcionó información al Consejo de Europa sobre 17 presos, presuntamente ejecutados entre 1994 y 1996.


Se informó a la misión de que había 264 presos condenados a muerte. Entre los que se encontraban en el pabellón de los condenados a muerte y habían agotado todas las vías legales para evitar la ejecución estaban, al parecer, Sergey Romanov y RuslanYusev. Sergey Romanov había sido condenado a muerte en julio de 1997 por homicidio premeditado y con circunstancias agravantes. Hubo denuncias de graves irregularidades durante las investigaciones previas al juicio de su causa, e informes de malos tratos mientras se encontraba bajo custodia policial. No había información disponible sobre el caso de Ruslan Yusev. Otros reos condenados a muerte, incluido Vitaly Gumenyuk, estaban esperando el resultado de sus peticiones de indulto.


La delegación del Consejo de Europa visitó tres centros de reclusión preventiva donde había presos condenados a muerte. El informe sobre la vista de la relatora del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, Renate Wohlwend, criticó las condiciones de los centros, en concreto que las luces se dejaban encendidas día y noche, la falta de luz natural en las celdas y que los presos no podían abandonar sus celdas salvo para ducharse una vez cada cinco o diez días. El informe de la relatora señala que los procedimientos para llevar a cabo las ejecuciones «están envueltos en el secreto» y que «no se informa a los familiares de los presos ejecutados del lugar en que están enterrados sus hijos, esposos o padres», lo que considera una afrenta a la dignidad humana.


Amnistía Internacional expresó preocupación por los informes contradictorios sobre estadísticas de ejecuciones, e instó a las autoridades ucranianas a que ofrecieran una explicación completa sobre cuándo y dónde han tenido lugar las ejecuciones realizadas en 1997. Amnistía Internacional considera que la autoridades de Ucrania deben tomar inmediatamente la decisión política de no firmar más órdenes de ejecución, y que esa decisión debe formalizarla el gobierno central, dictando la orden a todos los gobernadores de prisiones y funcionarios pertinentes de no llevar a cabo más ejecuciones.


Denuncias de torturas y malos tratos bajo custodia


Continuaron llegando informes de torturas y malos tratos a detenidos. Durante el periodo que abarca este informe, llegó nueva información sobre el caso de Sergey Valkovanysh, que, según informes, fue torturado por agentes encargados de hacer cumplir la ley en la región de Donetsk, mientras se encontraba bajo custodia policial en marzo. Según la información recibida, le golpearon, rompiéndole varias costillas, y le metieron la cabeza en una máscara antigás y en una bolsa de plástico llena de gas (más información en Índice AI: EUR 01/06/97/s). Según informes, tras una investigación oficial por parte de las autoridades, el fiscal general se negó a entablar una acción judicial contra los agentes de policía, aduciendo falta de pruebas.


En agosto se recibieron informes según los cuales Aleksandr Barketov, preso en Krivoy Rog, padecía debilitamiento general y úlceras en la piel, y estaba evacuando sangre; al parecer, su salud se estaba viendo afectada por las malas condiciones penitenciarias. Estaba cumpliendo una condena de dos años de prisión por desertar del ejército, presuntamente tras producirse incidentes de malos tratos.


Amnistía Internacional siguió instando a las autoridades ucranianas a que garantizaran una investigación global y exhaustiva de todas las denuncias de tortura y malos tratos.


Véase también más adelante Niños en Europa.



UZBEKISTÁN


Actitud oficial hacia los grupos de derechos humanos


En agosto, la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán presentó una segunda solicitud de registro en el Ministerio de Justicia (la primera había sido rechazada en mayo; más información en Índice AI: EUR 01/06/97/s). En diciembre, el Ministerio de Justicia volvió a rechazar la solicitud aduciendo que la dirección que la organización había puesto en la solicitud estaba incompleta. Según informes, varios miembros de la organización habían sido citados anteriormente por sus respectivos Departamentos de Justicia locales e interrogados sobre sus actividades de derechos humanos.


El 21 de diciembre, Mikhail Ardzinov, presidente de la Organización Independiente de Derechos Humanos, fue arrestado por la policía de Samarkanda y permaneció veinte horas detenido; lo golpearon severamente y lo devolvieron por la fuerza a Tashkent. Había viajado a Samarkanda con Jomol Mirsaidov, miembro de la organización y líder de la minoría Tayik de Uzbekistán, para asistir a una reunión constituyente del Centro Nacional Cultural del Grupo Étnico Tayik en Uzbekistán. La policía los detuvo en la calle para un control de documentación cuando se dirigían a la reunión, y los llevaron a la comisaría de Bogibomolyarsky adscrita a la Dirección Regional de Asuntos Internos de Samarkanda. Allí les pidieron que firmaran una amonestación oficial por haber organizado una reunión desautorizada, a lo que se negaron. A Mikhail Ardzinov lo golpearon primero cinco agentes de policía dentro de la comisaría, y una vez fuera otros 10 agentes cuando intentaban introducirlo en un vehículo policial. Al parecer, la paliza duró unos quince minutos; lo empujaron al suelo y le desgarraron la ropa. Después fue conducido a Tashkent, la capital, por agentes de civil del Comité de Seguridad Nacional uzbeco, y liberado con la advertencia de que «no volviera nunca a Samarkanda». Jomol Mirsaidov fue condenado a diez días de detención administrativa, que, según informes, cumplió en régimen de aislamiento. Se afirmó que Mikhail Ardzinov y Jomol Mirsaidov habían sido detenidos para impedir que se celebrara la reunión constituyente del Centro Nacional Cultural del Grupo Etnico Tayik.


Posibles presos de conciencia


Detenciones en masa en Namangan


Según informes, más de un centenar de personas fueron detenidas de forma arbitraria en Namangan, en la parte oriental de Uzbekistán a partir del 3 de diciembre, tras el brutal homicidio de varios agentes de policía y autoridades regionales. Según fuentes extraoficiales, tras el homicidio del jefe de policía de tráfico de Namangan, perpetrado el 2 de diciembre, se enviaron efectivos especiales del Ministerio del Interior a la ciudad. Este era el sexto de los homicidios sin resolver de agentes de policía y autoridades regionales registrados en Uzbekistán desde noviembre de 1997. Otros tres agentes más resultaron muertos en Namangan el 16 de diciembre. Según informes, la policía comenzó a detener arbitrariamente a jóvenes con barba en las calles de Namangan, llamándolos «wahhabíes» (miembros de una estricta secta islámica), y amenazó con cortarles la barba y quitarles el dinero. Al parecer se insultó, amenazó, golpeó y se maltrató a todos los detenidos. También parece ser que la policía puso abiertamente armas y estupefacientes en poder de algunos de los detenidos para incriminarlos, algo coherente con una práctica policial que se puso especialmente de manifiesto en 1993 y 1994, cuando Amnistía Internacional se ocupó de varios casos en los que la policía claramente había falsificado cargos de posesión de armas y drogas contra oponentes políticos del gobierno. Amnistía Internacional pidió que se revelaran los cargos existentes contra todos los detenidos y que se llevara a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre las denuncias de palizas y malos tratos.


Detenciones de Abdumalik Nazarov y Bakhodir Nishonov


Entre los detenidos se encontraban Abdumalik Nazarov, de 24 años, y Umarkhon Nazarov, de 32, hermanos menores del líder independentista musulmán Obidkhon Nazarov. Los hermanos, residentes en Kirguistán, habían acudido a Namangan para asistir al entierro de un pariente. Tras interrogarlos los pusieron en libertad. Unos diez días después, el 26 de diciembre, los hermanos fueron arrestados de nuevo en la frontera uzbeco-kirguís a la altura de Vodil, distrito de Fergana, en la región del mismo nombre; los detuvieron junto con su padre, Sobitkhon, de 64 años, y los llevaron al Departamento de Asuntos Internos del distrito de Fergana, donde los pusieron bajo custodia. El automóvil fue registrado en su presencia, pero no se encontró nada ilegal; no obstante, confiscaron todas sus pertenencias personales y las llaves del vehículo. Ese mismo día volvieron a realizar un segundo registro y, según informes, encontraron una pequeña cantidad de estupefacientes en el vehículo. El 27 de diciembre, agentes de policía de la región de Fergana registraron sin orden judicial el domicilio de los hermanos Nazarov, en Kirguistán, y el de sus padres, en Namangan. El 29 de diciembre fueron liberados Sobitkhon y Umarkhon Nazarov, al parecer tras haber expresado públicamente su preocupación numerosos partidarios de Obidkhon Nazarov. Sin embargo, Abdumalik Nazarov fue acusado de posesión de estupefacientes. Los Nazarov negaron la acusación y afirmaron que los estupefacientes habían sido colocados por los agentes de policía durante el segundo registro del vehículo. Hubo firmes denuncias de que se había falsificado el cargo contra Abdumalik Nazarov como castigo por su relación con Obidkhon Nazarov.


Según informes, desde los sucesos de Namangan, los departamentos de Asuntos Internos y Seguridad Nacional habían vigilado estrechamente al imán Obidkhon Nazarov, y, a partir de la detención de Abdumalik Nazarov, parece ser que se encontraba prácticamente bajo arresto domiciliario en Tashkent. Bakhodir Turgunovich Nishonov, estudiante de 27 años del Instituto Islámico de Tashkent, fue presuntamente detenido el 18 de diciembre en Tashkent por agentes del Ministerio de Asuntos Internos y acusado de distribuir cintas con las conferencias y discursos pronunciados por Obidkhon Nazarov sobre temas religiosos. Durante un registro no autorizado en el apartamento de Bakhodir Nishonov, los agentes confiscaron cintas de vídeo y sonido con conferencias educativas sobre el Islam que Obidkhon Nazarov había realizado para el Servicio Uzbeco de Radio Liberty en Praga.


Amnistía Internacional trató de reunir más información sobre los cargos contra Abdumalik Nazarov y Bakhodir Nishonov. Al parecer, los dos hombres fueron víctimas de una creciente represión estatal contra líderes islámicos y congregaciones no afiliadas a la Dirección Espiritual Musulmana, controlada por el Estado.


«Desaparición»


Según informes, en septiembre, Nematjon Parpiev, activista islámico de Andizhan, «desapareció». Era ayudante del líder independentista islámico Abduvali Mirzoyev, que «desapareció» junto con su ayudante Ramazan Matkarimov en 1995 (véase Índice AI: EUR 01/01/97/s para consultar información anterior sobre este caso). Nematjon Parpiev trabajaba en la mezquita de Andizhan, de la que Abduvali Mirzoyev era imán, y se encargaba de hacer copias de los sermones y conferencias educativas de Abduvali Mirzoyev sobre el Islam. Al parecer, en el momento de su «desaparición» Nematjon Parpiev estaba ocupado en la distribución de documentos relativos a una investigación independiente sobre la «desaparición» de Abduvali Mirzoyev, entre los que había declaraciones de testigos oculares según los cuales éste había sido detenido por agentes del Estado en el aeropuerto de Tashkent. Las autoridades negaron firmemente cualquier implicación oficial en las «desapariciones» de Abduvali Mirzoyev y Ramazan Matkarimov.



RATIFICACIONES


CROACIA


El 5 de noviembre de 1997, Croacia ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los Protocolos 1, 4, 6, 7 y 11. También confirmó su reconocimiento del derecho de recurso individual y de la competencia obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


KIRGUISTÁN


En septiembre, Kirguistán se adhirió a la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

MUJERES EN EUROPA


Selección de preocupaciones de Amnistía Internacional


En Europa se producen violaciones de derechos humanos contra las mujeres de forma habitual , pero casi nunca se les presta la atención que merecen. A continuación se expone una selección de los casos e incidentes que ha investigado Amnistía Internacional. No pretende ser un resumen exhaustivo de las preocupaciones de la organización, sino un reflejo de la variedad de abusos que sufren las mujeres en Europa.


Además de los casos que se describen a continuación, consulten los apartados anteriores de Dinamarca, Macedonia y Turquía, donde hay otras referencias a violaciones de derechos humanos contra mujeres en Europa. Consulten también los apartados de Bélgica e Italia en relación con los malos tratos infligidos por personal militar belga e italiano a mujeres en Somalia.


Presunta tortura mediante violación sexual


Está universalmente aceptado que la violación de una detenida por parte de un funcionario estatal es tortura. El relator especial sobre la Tortura y la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, de las Naciones Unidas, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos humanos han llegado a la misma conclusión. El catedrático Nigel Rodley, relator especial de la ONU sobre la Tortura, ha señalado que la violación es una forma especialmente traumática de tortura.


FRANCIA


Agentes de policía detenidos en relación con una presunta violación


Durante el periodo que abarca este informe, Amnistía Internacional recibió informes según los cuales cuatro agentes de policía de Burdeos habían permanecido detenidos en junio mientras eran investigados por presunto abuso de autoridad por violación y complicidad en violación. Un agente de policía acudió al lugar donde se había producido un accidente de tráfico y, según informes, encontró ebria a una conductora implicada. Al parecer, le dijo que no se formularían cargos en su contra si accedía a tener relaciones sexuales con él y con sus compañeros. Días después del accidente, parece ser que el agente se presentó en su casa, donde la mujer vivía con sus dos hijos pequeños, la golpeó con una porra y la violó. La mujer presentó una denuncia ante el organismo que investiga las denuncias contra la policía, la Inspección General de la Policía Nacional, en la que afirmaba que días después el agente volvió, esta vez con sus compañeros, y la violaron en grupo. Los cuatro agentes, a quienes se puso bajo custodia por orden del fiscal de Burdeos, y en régimen de aislamento para protegerlos, negaron los cargos.


GEORGIA


Presunta violación de una joven por agentes de policía


Entre las denuncias de tortura en Georgia se encontraba la de una joven violada por agentes de policía. Según informes, el 7 de septiembre, una joven (una fuente afirmaba que de 16 años) fue violada por varios agentes de policía cuando acudió a la comisaría de Marnueli para llevar comida a su esposo, que se encontraba detenido como sospechoso de asesinato. La mujer no quiso que se hiciera público su nombre. Amnistía Internacional tuvo noticia de que la fiscalía había entablado un proceso judicial en relación con la agresión, pero posteriormente hubo informes de que los agentes de policía estaban en paradero desconocido. La organización ha instado a que se lleve a cabo una investigación completa e imparcial, y pidió más información sobre el cargo o los cargos formulados y la evolución de los posibles procesamientos.


Presuntos malos tratos


AUSTRIA


Presuntos malos tratos a Sabine Geisberger


En julio, Amnistía Internacional pidió a las autoridades información sobre los motivos de la decisión de no formular cargos contra ninguno de los agentes que presuntamente habían infligido malos tratos a Sabine Geisberger (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). En una denuncia presentada ante las autoridades fiscales de Viena en noviembre de 1995, Sabine Geisberger alegó que un agente de la policía de Viena la había arrastrado hasta el dormitorio de su apartamento agarrándola del pelo, la había empujado a un rincón y le había dado repetidas patadas en los genitales. Según se desprendía del reconocimiento realizado al día siguiente por un médico del departamento de ginecología del hospital de Klagenfurt, Sabine Geisberger presentaba hematomas en la zona de la pelvis, el muslo izquierdo y los genitales. Las autoridades informaron a Amnistía Internacional en febrero de que la investigación sobre la denuncia de Sabine Geisberger se había interrumpido ante la ausencia de «pruebas objetivas de conducta delictiva» por parte de los agentes implicados. En su carta de julio, Amnistía Internacional afirmó que le interesaba saber especialmente cómo habían interpretado los investigadores las pruebas médicas de este caso. La organización preguntó también a las autoridades por qué ni Sabine Geisberger ni su abogado habían sido informados del resultado de su denuncia de malos tratos. A finales de año, Amnistía Internacional no había recibido respuesta de las autoridades a su carta. Casi un año después de haberse informado a Amnistía Internacional de que la denuncia se había archivado, Sabine Geisberger y su abogado aún no habían recibido confirmación de las autoridades.


En julio, el Tribunal Superior Regional de Viena anuló la condena impuesta a Violetta Jevremović por agredir a un agente de policía en abril de 1996 y remitió de nuevo el caso al tribunal de primera instancia. Violetta Jevremović había sido declarada culpable en enero de 1997 de intentar resistirse a la autoridad pública y de causar graves daños corporales a un agente que participó en la detención de su esposo (véase Índice AI: EUR 01/06/97/s). Fue condenada a dos meses de prisión con una suspensión de la pena de tres años. A finales de año, las autoridades aún no habían informado a Violetta Jevremović sobre el resultado de la denuncia por malos tratos que ella había presentado contra varios agentes de policía.


BIELORRUSIA


Malos tratos a un defensor de los derechos humanos


El 13 de octubre de 1997, Nadezhda Zhukova, defensora de los derechos humanos de 21 años, fue agredida y amenazada por unos desconocidos en Minsk. Amnistía Internacional teme por su seguridad. Nadezhda Zhukova trabaja como observadora para la organización de derechos humanos Comité Bielorruso de Helsinki. Fue agredida cuando abandonaba el edificio del Tribunal del Distrito de Leninsky, donde había intentado obtener información sobre el juicio de Pavel Sivirinets y Yevgeny Skochka, dos manifestantes detenidos el 12 de octubre en Minsk durante una protesta pacífica «contra el hambre y el frío» (véase infra). Según informes, Nadezhda Zhukova fue abordada por dos hombres vestidos de civil, quienes le dijeron que los dos manifestantes detenidos se encontraban en unos vehículos policiales en una calle cercana. Dos automóviles blancos de la marca Opel, uno de los cuales llevaba matrícula de la policía, estaban aparcados en la calle Lenin. Según informes, dos hombres salieron de uno de ellos y agarraron a Nadezhda Zhukova, la golpearon en el estómago y, poniéndole un cuchillo en el cuello, la llevaron a un patio cercano.


Según informes, una vez allí le registraron el bolso, le quitaron la tarjeta de acreditación del Comité Bielorruso de Helsinki y la amenazaron con ir en su busca si seguía ocupándose de «asuntos impropios de mujeres». Al parecer, también le dijeron que todos los de su oficina se estaban buscando problemas, refiriéndose a las demás personas que trabajan en el Comité Bielorruso de Helsinki, y que su rostro aparecía en todas las grabaciones de vídeo que el ejército tenía de manifestaciones y podrían seguirle fácilmente la pista en el futuro. (Representantes del Ministerio de Asuntos Internos dijeron a un representante de Amnistía Internacional en octubre de 1997 que las fuerzas del orden público grababan en vídeo todas las manifestaciones).


Los agresores de Nadezhda Zhukova se presentaron como «jóvenes patriotas bielorrusos», y algunas fuentes extraoficiales piensan que podrían pertenecer a la Unión de la Jóvenes Patriotas de Bielorrusa. Esta organización afirma ser independiente, aunque hay quien afirma que fue creada y está financiada por el presidente Lukashenka. Se ha denunciado también que los miembros de la Unión de la Juventud Patriota Bielorrusa participan en manifestaciones de grupos que se oponen al presidente Lukashenka y actúan de forma violenta o provocadora.


Pavel Sivirinets y Yevgeny Skochka son miembros destacados de la organización de jóvenes Frente Popular de Bielorrusia, conocido como Frente Juvenil. Según informes, los dos se encontraban entre las 20 personas detenidas durante la manifestación autorizada del 12 de octubre, que se celebró para protestar por la difícil situación económica que atravesaba Bielorrusia. La mayoría fueron liberadas poco después, pero Pavel Sivirinets y Yevgeny Skochka fueron multados por violar la normativa de higiene y de incendios. Se cree que un tercer líder del movimiento, Vadim Kabanchyuk, fue también detenido, pero se desconoce su paradero actual.


Durante el estudio del Cuarto Informe Periódico de Bielorrusia al Comité de Derechos Humanos de la ONU el 30 de octubre de 1997, la delegación del gobierno de Bielorrusia afirmó que se había abierto una investigación criminal sobre el caso de malos tratos a Nadezhda Zhukova. En una reunión con un representante de Amnistía Internacional, miembros de la delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia se comprometieron a seguir de cerca este caso y a garantizar que toda persona culpable de malos tratos comparecía ante la justicia.


Mujeres presas de conciencia


BULGARIA


Periodista amenazada con la cárcel


El 20 de mayo de 1997, Karolina Kraeva, periodista del diario local Istina (Verdad), publicó en Vratsa un artículo donde afirmaba que el jefe de la policía local apoyaba a un hombre al que los tribunales habían ordenado desocupar una propiedad. En su artículo, Karolina Kraeva escribió: «¿Está protegiendo a un «personaje importante» o a un amigo? ¿Le ha sobornado alguien? No lo sé». El 19 de noviembre de 1997 se dictó acta de acusación formal contra Karolina Kraeva en aplicación del artículo 148, párrafo 1, puntos 2 y 3 del Código Penal, por difamar a un funcionario público a través de la prensa.


En diciembre, Amnistía Internacional informó al presidente Petar Stoyanov de que si Karolina Kraeva era condenada y encarcelada en aplicación del artículo 148, párrafo 1, puntos 2 y 3, sería considerada presa de conciencia.


KIRGUISTÁN


Zamira Sydykova


Zamira Sydykova, redactora jefe del diario Res Publika, fue absuelta por el Tribunal Supremo el 5 de agosto de 1997 y excarcelada el mismo día. El Tribunal Supremo sólo confirmó una parte del fallo previo del Tribunal Municipal de Bishkek: que Zamira Sydykova era culpable de haber difamado al presidente de la empresa aurífera pública Kyrgyzaltyn en un artículo escrito en 1993, cuando este era gobernador de la región de Talas. Sin embargo, el Tribunal Supremo resolvió que Zamira Sydykova había cumplido ya una condena condicional de dieciocho meses que le habían impuesto en 1995 y que, por lo tanto, debía ser puesta en libertad. Amnistía Internacional la había considerado presa de conciencia y había pedido su liberación inmediata e incondicional.


Damira Akmatova y Gulya Ibraimova


En un nuevo juicio celebrado ante el Tribunal Municipal de Bishkek en septiembre, Damira Akmatova y Gulya Ibraimova, ambas procesadas en la causa de Yrysbek Omurzakov, fueron condenadas a seis meses de prisión pero quedaron en libertad en la misma sala de audiencia en virtud de una amnistía decretada en agosto de 1997. Amnistía Internacional había pedido que se retiraran los cargos contra Damira Akmatova y Gulya Ibraimova, quienes, de haber sido condenadas y encarceladas, habrían sido consideradas presas de conciencia.


RUMANÍA


Mariana Cetiner


Según información procedente de Human Rights Watch y de la Comisión Internacional por los Derechos Humanos de los Gays y las Lesbianas, Mariana Cetiner, de 40 años, fue arrestada el 6 de octubre de 1995 en Alba Iulia y recluida en régimen de detención preventiva por intentar, según informes, seducir a otra mujer. En mayo de 1996 fue acusada formalmente en aplicación del artículo 200, párrafo 4, del Código Penal entonces vigente, que sancionaba con penas de entre uno y cinco años de prisión el acto de incitar o seducir a otra persona del mismo sexo, y en aplicación del artículo 192, párrafo 1, por entrar ilegalmente en una propiedad privada. El 17 de junio de 1996, el tribunal de Alba Iulia declaró culpable a Mariana Cetiner de ambos cargos y la condenó a tres años de prisión. En enero de 1997, en la vista del recurso de apelación, el tribunal de Alba la absolvió de todos los cargos. El 15 de enero de 1997 salió de la cárcel, donde había permanecido desde su detención. Sin embargo, el 6 de mayo de 1997, tras un recurso del fiscal, el Tribunal de Apelaciones de Alba Iulia anuló el fallo del tribunal de Alba y ordenó a Mariana Cetiner que cumpliera el resto de la condena de tres años de prisión. Al declararla culpable en aplicación del que sería después el párrafo 5 del artículo 200, el tribunal concluía lo siguiente: «Las pruebas presentadas confirman sin lugar a dudas que la acusada cometió un delito señalado en el párrafo final del artículo 200 al intentar seducir a X, la víctima, para practicar actos homosexuales, y haber llegado este hecho al conocimiento de otras personas que, ante la actitud de la acusada sintieron indignación y repugnancia». Diez días después, Mariana Cetiner volvió a ser detenida y comenzó a cumplir el resto de la condena.


En agosto y septiembre de 1995, Mariana Cetiner había compartido un apartamento de Alba Iulia con X y otra mujer. Según informes, había prestado una elevada suma de dinero a X, con quien compartía habitación y quien posteriormente presentó una denuncia contra ella. X afirmó que Mariana Cetiner había expresado en varias ocasiones su afecto hacia ella y que varias personas se habían enterado de la presunta orientación homosexual de Mariana y de sus proposiciones. Según informes, en octubre de 1995, Mariana Cetiner regresó al apartamento acompañada de un hombre para intentar recuperar su dinero. Abandonó el apartamento cuando su propietaria comenzó a llamar a la policía, quien al día siguiente detuvo a Mariana Cetiner.


Amnistía Internacional considera que las personas encarceladas exclusivamente a causa de su homosexualidad, incluida la práctica de actos homosexuales de mutuo acuerdo entre adultos y en privado, son presos de conciencia. Las disposiciones del artículo 200, párrafo 1, del Código Penal, que fue modificado en octubre de 1996, prohíbe las relaciones homosexuales de mutuo acuerdo entre adultos «si el acto se realiza en público o provoca escándalo público». El párrafo 5 de la misma ley considera delito punible con entre uno y cinco años de prisión «incitar oseducir a una persona para practicar actos homosexuales, así como fundar asociaciones de propaganda o participar en otras formas de proselitismo con el mismo objetivo». En diciembre, Amnistía Internacional instó al presidente Emil Constantinescu a poner en libertad a Mariana Cetiner de forma inmediata e incondicional.


Las mujeres y la pena de muerte


REPÚBLICA DE CHECHENiA (FEDERACIÓN RUSA)


Una mujer embarazada condenada a muerte se enfrenta a un ejecución pública


A finales de año Amnistía Internacional expresó preocupación por el plan de fusilar a Assa Larsanova, madre de tres hijos y embarazada de seis meses, después de que diera a luz en la República de Chechenia. Estaba recluida en una prisión de la capital chechena, Grozny. A principios de 1997, el Tribunal Supremo de la Sharia (ley islámica) condenó a muerte a Assa Larsanova, a su hermana Mariam y a un hombre cuyo nombre se desconoce, por el homicidio del esposo de Assa. Los otros dos acusados fueron ejecutados públicamente por un pelotón de fusilamiento el 3 de septiembre. Según informes, el esposo de Mariam dijo que sus tres hijos habían presenciado la ejecución de su madre por televisión.


La ejecución de Assa Larsanova fue aplazada debido a su embarazo. Según la ley islámica chechena, le darían muerte en el momento en que dejara de dar el pecho al bebé. Amnistía Internacional temía que pudieran ejecutarla nada más dar a luz si, por ejemplo, no podía amamantar. Si los padres del esposo la perdonaban, el tribunal de la Sharia podría reconsiderar su fallo y sustituir la condena a muerte por cadena perpetua. También se le podría conceder el indulto si la familia de la víctima recibía como compensación cien vacas o una suma equivalente en dinero. Según informes, Assa Larsanova no disponía de recursos para pagar esa cantidad.

Assa Larsanova, que mantiene su inocencia, al parecer no tuvo acceso a un abogado defensor ni antes ni durante el juicio. Según sus familiares, fue repetidamente golpeada y maltratada por su esposo durante su matrimonio. De acuerdo con la información recibida, abandonó el hogar varias veces para escapar de ese trato y se ocultó en casa de parientes.


En enero de 1998, Amnistía Internacional recibió información de varias fuentes extraoficiales según la cual Assa Larsanova ya no se enfrenta a la amenaza de ejecución en la República de Chechenia. Sin embargo, se cree que el presidente Maskhadov no ha concedido oficialmente el indulto a Assa Larsanova, aunque su nombre ha desaparecido de la lista de condenados a muerte. Según informes, la causa de Assa Larsanova podría reabrirse ahora.


TURKMENISTÁN


Mujeres presuntamente recluidas en el pabellón de los condenados a muerte


Al parecer, había seis mujeres en el pabellón de la muerte de la prisión de investigación y aislamiento de la capital, Ashgabat. Informes sin confirmar sugerían que habían sido condenadas a muerte en el segundo semestre de 1997 por delitos relacionados con drogas y que se habían desestimado sus recursos contra las condenas. La única esperanza que tenían de evitar la ejecución era una petición de indulto al presidente de Turkmenistán. Existía muy poca información disponible sobre las seis mujeres. Al parecer una de ellas, Nurbibi Bayramova, tenía seis hijos.


Temor por la seguridad


REPÚBLICA DE CHECHENIA (FEDERACIÓN RUSA)


Secuestros de periodistas (actualización de la información contenida en Índice AI: EUR 01/06/97/s)


Los secuestros recurrentes de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en la República de Chechenia pusieron en entredicho la capacidad de las autoridades tanto rusas como chechenas para garantizar la seguridad de los periodistas en esta región. Entre los periodistas capturados como rehenes en la República de Chechenia se encontraba la conocida periodista de televisión Yelena Masyuk, de la Televisión Independiente (NTV), así como el cámara y el técnico de sonido de su equipo, a quienes unos pistoleros tendieron una emboscada en mayo. Amnistía Internacional pidió a las autoridades rusas y chechenas que condenaran el secuestro de periodistas y dieran los pasos necesarios para localizarlos y ponerlos a salvo, y asimismo que

tomaran medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los periodistas que trabajaban en la República de Chechenia.


La organización supo que Yelena Masyuk y su equipo fueron liberados en agosto. No se reveló quién los había tenido bajo su custodia.





NIÑOS EN EUROPA


Selección de preocupaciones de Amnistía Internacional



Es triste que en Europa, como en el resto del mundo, ser niño no constituya por sí solo una protección contra violaciones graves de los derechos humanos. Hay niños en Europa que se exponen habitualmente a sufrir abusos tales como torturas y malos tratos, detención ilegal y homicidio arbitrario. Los niños y los menores de edad suelen ser especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos, y al mismo tiempo dependen en gran medida de los adultos para protegerse y buscar reparación por los abusos sufridos.


A continuación se incluye una selección de casos e incidentes que ha investigado Amnistía Internacional. No pretende ser un resumen exhaustivo de las preocupaciones de Amnistía Internacional, sino un reflejo de la variedad de violaciones que sufren los niños y los menores de edad en Europa.


Además de estos casos, consulten el apartado sobre Portugal, así como el epígrafe de Georgia en la sección Mujeres en Europa: Presunta tortura mediante violación sexual, para obtener más referencias sobre violaciones de derechos humanos contra niños y menores de edad en Europa. Consulten también los apartados de Bélgica e Italia en relación con los malos tratos infligidos por personal militar de Bélgica e Italia a niños en Somalia.


Disparos a niños y menores de edad en circunstancias controvertidas


BULGARIA


Angelina Krainova


El 20 de noviembre, alrededor de las dos de la tarde, un agente de policía disparó en Sliven a Angelina Krainova, una muchacha romaní de 15 años. Un artículo publicado en Trud (Trabajo) el 22 de noviembre describía cómo Angelina Krainova había sido observada entre un grupo que presuntamente agredió a un hombre de 71 años y le robó la cartera. Según informes, los jóvenes echaron a correr cuando una patrulla de la policía intentó aprehenderlos. Un agente que persiguió a Angelina Krainova disparó contra ella y esta cayó al suelo. No se especificaron las lesiones que sufrió como consecuencia de los disparos.


En enero, Amnistía Internacional instó a las autoridades búlgaras a investigar con prontitud e imparcialidad este suceso, a hacer píublicos los resultados de las investigaciones y a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.


FRANCIA


Cuestión de «legítima defensa»


En diciembre, el Tribunal de Apelaciones de Aix-en-Provence anuló la decisión de un juez de instrucción según la cual no había motivos para procesar a un agente de policía que había matado de un tiro a un niño romaní de ocho años en 1995. Todor Bogdanović formaba parte de una caravana de romaníes que huían de Novi Pazar, en la República Federativa de Yugoslavia. Los refugiados habían atravesado Albania e Italia y confiaban en obtener asilo en Francia o Alemania. Según informes, cuando la caravana de cuatro vehículos se aproximaba a un puesto de control fronterizo instalado en una sombría carretera de montaña cercana a Sospel (Alpes-Maritimes), dos agentes de la policía de fronteras (Dirección Central de Control de la Inmigración y de la Lucha contra el Empleo de Clandestinos) les ordenaron parar; sin embargo, tras reducir la marcha, los dos primeros vehículos aceleraron en dirección hacia Sospel. Al pasar por delante de uno de los agentes, que ya había disparado una bala de goma, este cargó y disparó dos balas —que el tribunal calificó de «especialmente peligrosas»— del calibre 12 Brenneke contra la parte izquierda del segundo automovil. La bala fatal, disparada aproximadamente a un metro de Todor Bogdanović, mató al niño, que iba durmiendo en la parte de atrás.


En diciembre de 1996, el juez encargado de la investigación de esta muerte, resolvió que no había motivos para un procesamiento, y que el agente pudo haber creído legítimamente que su vida estaba en peligro cuando los vehículos aceleraron al cruzar la barrera. Amnistía Internacional afirmó que, en su opinión, este fallo no sólo contradecía los resultados de la primera investigación policial —según los cuales parecía que los dos disparos dirigidos contra el segundo vehículo habían sido «inoportunos»—, sino también el reglamento policial relativo al uso de armas de fuego, así como las disposiciones del Código Penal sobre los límites de la legítima defensa. (Los artículos 122-5 del Código Penal establecen que es legítimo actuar para defenderse uno mismo o a otros frente a un ataque injustificado si la acción es necesaria para la legítima defensa y se realiza simultaneamente al ataque, y siempre que no exista desproporción entre los medios de defensa utilizados y la gravedad del ataque.)

En una resolución dictada el 18 de diciembre de 1997, el presidente del Tribunal de Apelaciones núm. 16 de Aix-en-Provence no puso en duda la afirmación de los agentes de que los habían podido identificar claramente como policías, y aceptó que, por temor a una devolución, los miembros de la caravana habían acelerado deliberadamente al pasar por el control. Sin embargo, el tribunal sostuvo que para haber usado su arma en legítima defensa, el agente de policía tendría que haber disparado con el propósito de detener el vehículo, cosa que no había hecho. Había disparado lateralmente, a la altura de las caderas y desde atrás, cuando el automóvil estaba ya pasando. El tribunal afirmó también que el agente forzosamente había tenido que manipular el mecanismo de la pistola y apretar el gatillo cada vez que disparó, y que aunque medió muy poco tiempo entre uno y otro disparo, debería haber bastado para que no volviera a disparar una vez que el peligro había pasado.


Declarado nulo el fallo, el Tribunal de Apelaciones volvió a remitir el caso al Tribunal Penal por el cargo de homicidio impremeditado.


Disparo mortal contra Abdelkader Bouziane


Agentes de policía mataron de un disparo a Abdelkader Bouziane, de 16 años, en un control policial de carretera cercano a Fontainebleau en la noche del 17 de diciembre. Abdelkader Bouziane, que vivía en Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), conducía un vehículo Volkswagen Golf GTI sin permiso de conducir. Su amigo Djamel Bouchareb, de 19 años, viajaba junto a él. Según informes, ambos fueron vistos por agentes de la Brigada Anticriminal que persiguieron al Golf en su coche patrulla desde Dammarie en dirección a Chailly y Fontainebleau, y a quienes se unió en el camino un segundo vehículo policial. En el cruce de Libération, a la entrada de Fontainebleau, se había instalado un control policial con una luz roja, en el que se hizo parar a algunos vehículos. Según una versión de los hechos, dos agentes de policía corrieron hacia el automóvil cuando este intentaba atravesar por la fuerza una primera barrera y se encontraron de frente al vehículo a una distancia de seis o siete metros. Temiendo que los atropellase, dispararon cuatro veces en «legítima defensa». Un agente efectuó un primer disparo contra el parabrisas y un segundo contra la parte izquierda del Golf. El otro agente disparó dos balas más. Una de ellas atravesó el lado de la ventanilla del conductor y alcanzó a Abdelkader Bouziane en la nuca. El vehículo chocó contra un obstáculo —una farola o una parte de barrera— , giró y se detuvo.

Djamel Bouchareb, a quien se trasladó al hospital con diversas lesiones, rebate esta versión de los hechos. Según Djamel Bouchareb, que presentó una denuncia contra la policía por asesinato frustrado y actos ilegítimos de violencia, él y Abdelkader Bouziane empezaron a asustarse cuando se dieron cuenta de que los estaban siguiendo vehículos de la policía. Su amigo condujo a mayor velocidad y con las luces apagadas hacia Fontainebleau para intentar despistarlos. Abdelkader Bouziane intentó eludir la barrera policial subiéndose al terraplén de la derecha, pero frenó para esquivar un camión que había estacionado, giró y se detuvo antes de que se realizara ningún disparo. Los agentes de policía sacaron a Djamel Bouchareb del vehículo a rastras, tras de lo cual este oyó un disparo. Le dieron golpes y patadas y le sacudieron la cabeza contra el pavimento. Después lo esposaron y llevaron a uno de los coches patrulla, pero un médico que se encontraba en el lugar de los hechos intervino y lo trasladaron en ambulancia al hospital.


Después del homicidio se produjeron violentos enfrentamientos en Dammarie-les-Lys entre policías y jóvenes, muchos de estos inmigrantes de origen. Miembros de la familia de Abdelkader Bouziane, que han presentado también una denuncia contra la policía por asesinato (homicidio voluntario), hicieron un llamamiento a la calma. En una entrevista concedida a un diario francés, Laurent Davenas, fiscal adscrito al tribunal de Evry (Essonne), criticó la conducta de algunos agentes de la Brigada Anticriminal, calificándola de «provocación permanente» para los jóvenes.


En su informe de 1994 titulado: Francia: Disparos, homicidios y presuntos malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Amnistía Internacional llamaba la atención sobre una pauta alarmante de empleo excesivo de la fuerza —que se traducía en malos tratos, disparos y homicidios— contra personas jóvenes en su mayoría y de origen étnico no europeo.


Muertes bajo custodia


ARMENIA


Manvel Virabyan


En Armenia, unos agentes de policía que investigaban un robo detuvieron en abril a Manvel Virabyan, de 17 años, en su domicilio de Yerevan. Su hermano Mamikon y otros dos hombres también fueron detenidos. Días después, Manvel Virabyan murió bajo custodia, presuntamente como consecuencia de las graves palizas y malos tratos que habían infligido a los cuatro hombres para obligarlos a confesar.


Según el testimonio de la familia de Manvel Virabyan, éste tenía la cara tan desfigurada que no lo reconocieron, y su cadáver también presentaba señales de otras heridas graves. Su madre denunció que había retirado las protestas iniciales sobre la muerte de Manvel debido a las intimidaciones de los agentes, que profirieron amenazas contra su otro hijo, Mamikon.


Fuentes oficiales negaron los informes de palizas, afirmando que el certicado de defunción de Manvel establecía que había muerto por insuficiencia cardíaca y respiratoria e infección generalizada. Sin embargo, tal diagnóstico no excluye la posibilidad de que la fatal enfermedad pudiera haber sido consecuencia de una paliza. Amnistía Internacional trató de reunir más información sobre el caso, como por ejemplo qué asistencia médica se prestó a Manvel Virabyan mientras se encontraba detenido y los resultados de cualquier investigación realizada sobre las presuntas palizas, así como una copia del informe de la autopsia y los resultados de todas las investigaciones judiciales sobre la muerte.


Amnistía Internacional instó también a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las denuncias de torturas y malos tratos a detenidos se investigan de forma rápida e imparcial, y pidió que se hicieran públicos los resultados y los responsables fueran procesados.


Presuntas torturas y malos tratos


BULGARIA


Informes de malos tratos a Yanko y Elian Angelov


El 8 de septiembre de 1997, alrededor de las nueve de la noche, cuatro agentes de policía aprehendieron en Plovdiv a Yanko y Elian Angelov, hermanos gemelos de 16 años, como sospechosos de haber robado dos neumáticos de automóvil. Los condujeron a un campo en la afueras de la ciudad, y según informes, les dieron patadas y les golpearon con porras. La paliza cesó cuando Elian Angelov sufrió un ataque epiléptico. El certificado médico que expidió el hospital militar estableció que los dos muchachos presentaban múltiples contusiones en la cabeza, la espalda, el tórax y las piernas. Yanko Angelov sufría también rotura del tímpano izquierdo y de mandíbula. Según informes, se inició una investigación sobre su denuncia de malos tratos.


En enero, Amnistía Internacional instó a las autoridades búlgaras a investigar con prontitud e imparcialidad las denuncias de que Yanko y Elian Angelov habían recibido malos tratos, a hacer públicos los resultados de las investigaciones y a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.


KAZAJSTÁN


Presuntas torturas y malos tratos en centros de reclusión preventiva y penitenciarías. Condiciones en la penitenciaría de menores LA-155/6


Las autoridades kazajstanas informaron a Amnistía Internacional de que, tras numerosos llamamientos realizados desde el extranjero sobre las condiciones de reclusión en LA-155/6, se había creado un grupo especial de trabajo para evaluar las condiciones de esta penitenciaría de menores. A la organización se le facilitó una copia de las conclusiones del grupo de trabajo, que arrojaban información sobre la muerte bajo custodia de cuatro menores en LA-155/6. Las autoridades anunciaron también la creación de un plan del gobierno para proporcionar apoyo material, técnico, social y legal al sistema penitenciario de Kazajstán y la introducción de nuevas medidas para solucionar el problema de la tuberculosis en los centros de detención de menores.


RUMANÍA


Informes de tortura a Costică6, un niño de 10 años


El 25 de junio de 1997, alrededor de las diez de la noche, en Basarabi, a 14 kilómetros de Constanza, dos policías aprehendieron a Costică, de 10 años, en un quiosco al que había entrado a través de un agujero en el tejado. El dueño del quiosco, que llegó poco antes que la policía y comprobó que faltaban dos helados, al parecer agarró al niño por las orejas, reprendiéndole por el robo. Sospechando que estaba implicado también en varios robos cometidos por la zona, la patrulla de la policía llevó a Costică a cinco o seis direcciones, preguntando a la gente si reconocían al niño. Cuando le preguntaron la dirección de su casa, Costică dio el nombre de la calle, pero no dijo que vivía en Constanza. Le llevaron a una calle del mismo nombre en Basarabi. Al ver que Costică no reconocía su casa, los agentes se pusieron furiosos. Le interrogaron sobre otras personas implicadas en el robo y detuvieron el coche en un puente, lo agarraron por la cabeza y las piernas y lo pasaron por encima de la barandilla, amenazando con soltarlo en el vacío. Luego, llevaron a Costică a la comisaría, donde en el transcurso de un interrogatorio le dijeron que se quitara los calzoncillos y se inclinara con la cabeza a la altura de las rodillas. Le golpearon con una porra y le dieron puñetazos y patadas. Después le pusieron una hoja de papel en las palmas de las manos, y se las golpearon repetidamente con una porra. Costică afirma que los tres agentes que participaron en la paliza fueron el sargento R7., un agente que conducía el vehículo policial y un guardia público. Dos mujeres, que llevaban uniforme de guardia o gendarme, estuvieron presentes durante parte de la paliza. Según informes, el sargento R. amenazó a Costică con su pistola y también con someterle al rotisor (un conocido método de tortura en el que al detenido, atado de manos y pies, lo cuelgan de un palo entre dos sillas y luego lo golpean, haciendo que el cuerpo se balancee). Tras la paliza, le preguntaron el número de teléfono de su casa y lo llevaron a una habitación vacía con una cama de cemento.


La madre de Costică pasó la tarde y la noche buscando a su hijo. Había preguntado en hospitales y a la policía municipal antes de facilitar su foto al diario local para que la publicaran al día siguiente con un artículo sobre su desaparición. A las 3.30 horas recibió una llamada informándola de que su hijo estaba en la comisaría de Basarabi. Cuando llegó a la comisaría una hora después y vio que su hijo tenía las manos hinchadas y una herida en la parte superior de la cabeza, pidió una explicación y solicitó hablar con el comandante. Sin embargo, no le permitieron esperar en comisaría a que el comandante llegara esa mañana.


La importancia de las lesiones que sufría Costică no quedó patente hasta que lo desnudaron en casa y le encontraron innumerables marcas de golpes en el trasero y los muslos. A las siete de la mañana lo llevaron a un médico forense que expidió un certificado en el que describía con detalle las lesiones que el niño presentaba por todo el cuerpo.


Lo fotografiaron también esa mañana, antes de que su madre lo llevara a la comisaría de Basarabi, donde contó al comandante Mitocaru Vasile cómo lo habían golpeado.


El 27 de junio, Costică ingresó en el Hospital del Distrito de Constanza, donde recibió tratamiento durante tres días. Un neurólogo aconsejó un reconocimiento completo de las lesiones que el niño presentaba en la cabeza, que no se le practicó hasta el 20 de agosto, cuando se estableció que había sufrido «inflamación generalizada del cerebro». En el mismo mes fue sometido a un reconocimiento psiquiátrico, tras empezar a manifestar tics faciales y a padecer ataques de vértigo y síntomas de trastorno de la personalidad.


El 4 de julio, la madre de Costică presentó una denuncia ante el fiscal militar de Constanza por las torturas que le infligieron a su hijo. La investigación está en curso. No supo que se habían emprendido acciones judiciales contra su hijo hasta septiembre, cuando recibió un documento del fiscal informándola de que se había suspendido una investigación por robo ya que Costică era menor de 14 años y según el derecho rumano no es responsable penalmente.


En octubre Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a que investigaran de forma rápida e imparcial las presuntas torturas al niño de 10 años, Costică, a hacer públicos los resultados y a poner en manos de la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.


UCRANIA


Malos tratos a un adolescente detenido


Según informes, a Maksim Pyatigorsky, de 14 años, se le negó asistencia médica adecuada y acceso a sus padres mientras se encontraba en reclusión preventiva en la prisión de Lukiyanovska, entre octubre de 1996 y junio de 1997. Según informes, los padres de otros dos niños presentaron denuncias según las cuales unos agentes de policía habían golpeado a sus hijos hasta que estos accedieron a testificar contra Maksim Pyatigorsky.


Toma de rehenes


BOSNIA Y HERZEGOVINA


Menores de edad como rehenes


En agosto, dos jóvenes serbios de bosnia salieron de un centro de detención de menores de la Federación a cambio de un musulmán bosnio de Sarajevo de 22 años que llevaba detenido en la República Srpska desde marzo de 1996 por cargos relacionados con crímenes de guerra. Los menores serbios llevaban detenidos en Sarajevo desde abril de 1997 y habían sido condenados por algún delito. Aunque el intercambio de prisioneros debería haber concluido con el cese de las hostilidades y la liberación oficial de los prisioneros de guerra en 1996, a Amnistía Internacional ve con preocupación que las prácticas bélicas han seguido en tiempos de paz, y que algunas personas pueden haber sido detenidas simplemente para ser canjeadas posteriormente, convirtiéndose así en rehenes. Aunque esta práctica ha disminuido en los últimos seis meses, es la primera vez que Amnistía tiene noticia de que los prisioneros intercambiados eran tan jóvenes.



1 Véase República Federal de Alemania: Continúa la pauta de malos tratos por parte de la policía (Índice AI : EUR 23/04/97/s).

2 La redada policial empezó sobre las seis y veinticinco de la tarde del 13 de marzo. M. fue sometido a un reconocimiento médico por primera vez a las dos de la mañana siguiente.

3 Vendría a significar algo así como «Tú venir conmigo, ¡vamos, vamos!».

4 Stanimir Georgiev había sido detenido como sospechoso del mismo delito, y posteriormente presentó una denuncia por tortura contra la policía en la que también declaró que había sido testigo de los golpes propinados a Mincho Sartmachev.

5 Amnistía Internacional conoce el nombre completo de ambos agentes

6 Amnistía Internacional protege la confidencialidad de la verdadera identidad el niño.

7 Amnistía Internacional conoce los nombres completos de los agentes de policía.

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