Document - Concerns in Europe July - December 1996


Amnistía Internacional



PREOCUPACIONES EN EUROPA


Julio - Diciembre de 1996




Marzo de 1997 RESUMEN Índice AI: EUR 01/01/97/s


DISTR: SC/CO/GR (12/97)



Países y motivos de preocupación: Página




INTRODUCCIÓN - 1


ALBANIA - Presos de conciencia; Preocupaciones sobre juicios justos; Denuncias de torturas y malos tratos; La pena de muerte 2


ALEMANIA - Presuntos malos tratos a detenidos; Libertad de expresión 6


ARMENIA - Denuncias de malos tratos a detenidos; La pena de muerte y preocupaciones acerca de juicios justos 8


AUSTRIA - Presuntos malos tratos a detenidos; Objeción de conciencia al servicio militar 10


AZERBAIYÁN - Denuncias de detención arbitraria de personas de origen armenio; Denuncias de malos tratos a detenidos; Muertes bajo custodia; La pena de muerte 13


BIELORRUSIA - Nuevas denuncias de malos tratos a manifestantes pacíficos por parte de la policía; La pena de muerte 14


BOSNIA Y HERZEGOVINA - Pocos desplazados o refugiados pueden volver a sus casas; no existe libertad de circulación; Nuevas expulsiones de minorías; Detención de presos de conciencia; detención sin cargos ni juicio sin demora; Presuntos malos tratos a detenidos; Procesamientos y condenas por crímenes de guerra 17


BULGARIA - Presos de conciencia; Nuevos casos de disparos policiales; Muertes bajo custodia en circunstancias poco claras; Casos de presuntos malos

tratos 19


CROACIA - Croacia admitida en el Consejo de Europa; Ataques a defensores de los derechos humanos; Periodistas absueltos de cargos de calumnias al presidente; posible presentación de cargos contra otro periodista; «Desapariciones» pendientes; exhumación de fosas comunes; Siguen siendo insuficientes las medidas de seguridad en la región de la Krajina; regresan pocos refugiados; ausencia de juicios justos 21


CHIPRE - Homicidios; Objeción de conciencia al servicio militar; «Desapariciones» 23


DINAMARCA - Denuncias de malos tratos; Examen del Comité de Derechos Humanos de la ONU del tercer informe periódico presentado por Dinamarca 25


ESTONIA - La pena de muerte;


ESPAÑA - Testigo de la «guerra sucia» secuestrado y torturado; Un tribunal de Barcelona absolvió a dos guardias civiles de los delitos de torturas y asesinato de un detenido; Abusos cometidos por el grupo armado vasco ETA; Expulsión forzosa de africanos, entre los que había solicitantes de asilo; Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio 29


FEDERACIÓN RUSA - Rusia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas; Presos de conciencia; Continúan las ejecuciones 33


FRANCIA - Disparos, homicidios y presuntos malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley; Anteproyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio 36


GEORGIA - La pena de muerte y presuntos malos tratos a detenidos; La nueva ley sobre el Defensor del Pueblo; Preocupaciones sobre la disputada región de Abjasia; La pena de muerte 39


GRECIA - Objeción de conciencia al servicio militar; Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías; Nuevas denuncias de malos tratos 40


HUNGRÍA - Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía 42


IRLANDA - Denuncias de malos tratos 43


ITALIA - Presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Presuntos malos tratos por parte de funcionarios de prisiones 45


KAZAJSTÁN - Nina Sidorova, posible presa de conciencia; Condiciones penitenciarias constitutivas de malos tratos; La pena de muerte 47


KIRGUISTÁN - Presos de conciencia; La pena de muerte 49


LETONIA - Pena de muerte; Reclusión de solicitantes de asilo 50


LITUANIA - La pena de muerte 51


MOLDAVIA - Muerte bajo custodia en la autoproclamada República Moldava del Dniéstr; Nuevas denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia 52


NORUEGA - Reclusión de presos enfermos mentales; Detención prolongada en dependencias policiales 54


PORTUGAL - Delegación de Amnistía Internacional visita Portugal; Informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT); Muertes ocurridas bajo custodia policial o inmediatamente después; Evolución de casos anteriores de muertes bajo custodia; Casos de presuntos malos tratos; Seguimiento de casos anteriores de presuntos malos tratos 57


REINO UNIDO - Muertes bajo custodia e investigaciones; Homicidios e investigaciones conflictivos; Malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante; Legislación de excepción; Preocupaciones en materia de justicia procesal; Deportaciones por «seguridad nacional»; Legislación sobre asilo; Abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos paramilitares 61


REPÚBLICA FEDERAL

DE YUGOSLAVIA - Crímenes de guerra; Presos de conciencia y presos políticos; Presuntos malos tratos y tortura; Muerte después de malos tratos bajo custodia; Presuntos malos tratos a solicitantes de asilo de etnia albanesa 63


REPÚBLICA ESLOVACA - Presos de conciencia: objetores de conciencia al servicio militar 63


RUMANÍA - Preso de conciencia; Reforma fallida del código penal; Nuevos casos de presuntos malos tratos; Carta abierta a las autoridades recientemente elegidas 67


SUIZA - Objeción de conciencia al servicio militar; Presuntos malos tratos a detenidos; El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina el primer informe de Suiza 69


TAYIKISTÁN - Detención durante un periodo breve de un ex líder de la oposición; Presuntos malos tratos y tortura; Pena de muerte; Abusos contra los derechos humanos por parte de fuerzas de oposición 71


TURKMENISTÁN - Posibles presos de conciencia; Espantosas condiciones penitenciarias constitutivas de malos tratos; Pena de muerte 71


TURQUÍA - Policía, ministros, narcóticos y asesinato político; No hay seguridad sin derechos humanos - lanzamiento de la campaña de Amnistía Internacional sobre Turquía; Nuevas «desapariciones» en Diyarbakır; El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara a las fuerzas de seguridad culpables de quema y tortura; Tortura - «un suceso común»; Encarcelamiento de un objetor de conciencia 74


UCRANIA - Muerte bajo custodia de la policía; Pena de muerte: continúan las ejecuciones en secreto 75


UZBEKISTÁN - Presos de conciencia; Malos tratos; «Desapariciones»; Pena de

muerte 77


RATIFICACIONES - ALBANIA; CROACIA; ESTONIA; ISLANDIA; KIRGUISTÁN 78


MUJERES EN EUROPA: «No es marginal». Campaña de Amnistía Internacional para el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en Europa 85


PALABRAS CLAVE: TORTURA / MALOS TRATOS / MUERTE BAJO CUSTODIA / AGRESIÓN SEXUAL / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / DESAPARECIDOS / PENA DE MUERTE / USO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO / JUICIOS / DETENCIÓN ARBITRARIA / DEPORTACIÓN / CONDICIONES PENITENCIARIAS / IMPUNIDAD / PRESOS DE CONCIENCIA / OBJETORES DE CONCIENCIA / PRESOS POLÍTICOS / GRUPOS ÉTNICOS / MINORÍAS / REFUGIADOS / DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS / PERIODISTAS / MUJERES / TESTIGOS / SALUD MENTAL / POLICÍA / PERSONAL PENITENCIARIO / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / EXHUMACIÓN / MANIFESTACIONES / CONFLICTO ARMADO / LEGISLACIÓN / SERVICIO MILITAR / LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA / CAMBIOS DE GOBIERNO / AI Y LOS GOBIERNOS / DELEGACIONES / CAMPAÑAS / CONSEJO DE EUROPA / COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS



Este informe resume el documento Preocupaciones en Europa: Julio - Diciembre de 1996 (Índice AI: EUR 01/01/97/s) publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1997. Si desea más información o emprender alguna acción sobre este tema deberá consultar el documento completo.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


Amnistía Internacional




PREOCUPACIONES EN EUROPA


Julio - Diciembre de 1996
















Marzo de 1997

Índice AI: EUR 01/01/97/s

Distr: SC






SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA



PREOCUPACIONES EN EUROPA


JULIO - DICIEMBRE DE 1996


INTRODUCCIÓN



Este boletín contiene información sobre los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional en Europa en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 1996. En él no hay información sobre todos los países de Europa, sino sólo sobre aquéllos en los que se produjeron acontecimientos importantes durante ese periodo.


Las cinco repúblicas de Asia Central de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán se incluyen en el documento debido a su condición de miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).


Se han publicado varios informes dedicados a países individuales sobre las preocupaciones reflejadas en este boletín. En los apartados de los países en cuestión se hace referencia a estos informes. Además, puede encontrarse información más detallada sobre incidentes o preocupaciones concretas en las Acciones Urgentes y los Servicios de Noticias publicados por Amnistía Internacional.


Amnistía Internacional publica este boletín cada seis meses. Las referencias a boletines anteriores que aparecen en el texto son las siguientes:





Índice AI: EUR 01/02/96/s Preocupaciones en Europa: enero - junio de 1996

Índice AI: EUR 01/01/96/s Preocupaciones en Europa: julio - diciembre de 1995

Índice AI: EUR 01/02/95/s Preocupaciones en Europa: enero - junio de 1995

ALBANIA


Presos de conciencia


En septiembre, el tribunal de distrito de Tirana condenó a cuatro hombres por intentar volver a crear el prohibido Partido Comunista. Fueron condenados a penas de entre uno y dos años de prisión. En el juicio no se presentaron pruebas que justificasen la afirmación del fiscal de que habían abogado por el uso de la violencia para alcanzar el poder. A fines de año todos habían sido liberados, dos ellos mediante un indulto presidencial (en diciembre). En la misma ocasión, la condena de cárcel impuesta a Fatos Nano, dirigente del Partido Socialista, el principal partido de la oposición, fue reducida en seis meses. Según los informes, aún le quedaban por cumplir 18 meses de condena.


En septiembre, Idajet Beqiri, dirigente del Partido de Unidad Nacional (véase Informe 1994 de Amnistía Internacional), fue condenado a 15 años de cárcel por «crímenes de lesa humanidad». Había sido acusado de haber firmado en 1985, cuando era presidente de un tribunal de distrito, una propuesta para el internamiento (exilio interno) de cuatro miembros de una familia. Al parecer, los cargos que se presentaron contra él, que negó, tenían motivaciones políticas, y se produjeron numerosas violaciones de procedimiento que socavaron el derecho a un juicio justo. La propuesta original, prueba clave del juicio, no fue presentada en el tribunal, y la autenticidad de la fotocopia que se presentó como prueba era cuestionable. Otras pruebas mostraron que los cuatro miembros de la familia no habían sido internados en 1985, sino en 1986, cuando Idajet Beqiri estaba en la cárcel por un delito diferente. Otros ocho acusados del mismo delito que, a diferencia de Idajet Beqiri, habían ocupado puestos de responsabilidad destacados durante el régimen comunista, fueron condenados a penas de entre 15 y 20 años.


Entre otros presos de conciencia condenados figuraban cuatro testigos de Jehová de Berat, que fueron encarcelados entre cuatro y seis meses en virtud del artículo 16 del Código Penal Militar por negarse a realizar el servicio militar por motivos religiosos. El servicio militar es obligatorio: no existen disposiciones que permitan realizar el servicio civil a los objetores de conciencia. Sólo se concede la exención a los que pagan el equivalente de 4.000 dólares estadounidenses, una cantidad que supera los ingresos de la mayoría de los hombres jóvenes.


Preocupaciones sobre juicios justos


En octubre, alrededor de 20 hombres fueron detenidos por su presunta participación en homicidios políticos, atentados con bombas y robos de bancos. Entre ellos figuraba Klement Kolaneci, el yerno del ex gobernante de Albania, Enver Hoxha. Al menos en dos ocasiones, en octubre y noviembre, sus abogados denunciaron que el acceso a su defendido había sido sumamente limitado en violación de la legislación nacional. Se recibieron informes no confirmados de que a los demás acusados también se les había negado consultar con libertad con sus abogados.


Denuncias de torturas y malos tratos


Siguieron recibiéndose informes de torturas y malos tratos a detenidos bajo custodia policial. Uno de esos informes se refería a Ismail Hoxha, minero de Krasta. En septiembre, al parecer la policía le golpeó tan duramente, tras una discusión en un bar de la localidad, que dos días más tarde lo llevaron al hospital en coma. Estuvo en coma durante cuatro días más y le diagnosticaron una fractura craneal y, posteriormente, fue intervenido quirúrgicamente en Tirana.


La pena de muerte


En julio, el Tribunal de Apelación conmutó las penas de muerte impuestas en mayo a tres ex comunistas por «delitos de lesa humanidad» por su participación en el internamiento de disidentes políticos y sus familias durante el régimen comunista. Según informes de prensa de noviembre, en 1996 los tribunales de distrito dictaron ocho condenas a muerte. No hubo ejecuciones.


Amnistía Internacional publicó dos informes: Albania: detention and ill-treatment of government opponents - the elections of May 1996 (Índice AI: EUR 11/17/96), publicado en septiembre, y Albania - A call for the release of prisoners of conscience (Índice AI: EUR 11/27/96), publicado en noviembre de 1996. En estos informes y otros llamamientos, la organización pidió a las autoridades que liberasen a los presos de conciencia, expresó su preocupación por que el gobierno no ha procesado a los agentes de policía responsables de maltratar o torturar a detenidos, e hizo un llamamiento para que los presos políticos fueran sometidos a un juicio justo.



ALEMANIA


Presuntos malos tratos a detenidos


Comité de Derechos Humanos de la ONU


En noviembre el Comité de Derechos Humanos de la ONU se reunió para examinar el cuarto informe periódico de Alemania en lo que concierne a su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En sus conclusiones, el Comité expresaba su preocupación al afirmar que existen casos de malos tratos policiales a personas, entre ellas a extranjeros y especialmente a miembros de minorías étnicas y a solicitantes de asilo. El Comité criticaba la falta de un mecanismo verdaderamente independiente para investigar las denuncias de malos tratos infligidos por la policía y recomendaba el establecimiento de órganos independientes en todo el territorio alemán para investigar tales denuncias. Finalmente, el Comité concluía que deberían intensificarse los esfuerzos para educar a la juventud y formar a la policía en la convicción de que el racismo y la xenofobia violan la esencial dignidad humana, y que son contrarios a los valores fundamentales e inadmisibles a la luz de la Constitución y de las leyes. El Comité instaba a las autoridades federales y regionales a que introdujeran cursos de derechos humanos en escuelas, colegios universitarios y universidades y también en las academias de la policía y las fuerzas de seguridad con vistas a fortalecer la cultura de los derechos humanos.


Denuncias recientes recibidas por Amnistía Internacional


En el periodo que se analiza, Amnistía Internacional continuó recibiendo denuncias según las cuales agentes de la policía alemana habían hecho un uso excesivo o injustificado de la fuerza al arrestar o inmovilizar a personas, o habían sometido deliberadamente a las personas que estaban bajo su custodia a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Igual que en años anteriores, la gran mayoría de las presuntas víctimas fueron ciudadanos extranjeros, entre ellos solicitantes de asilo o refugiados, o miembros de minorías étnicas.


En abril Aliu B., joven de 16 años oriundo de Sierra Leona, denunció que había sido abofeteado por agentes de policía y por un médico de la policía tras ser arrestado a la salida de la estación ferroviaria de Bremen. Aliu B. denunció que el 29 de abril de 1996 se encontraba con un amigo en una parada de autobús, cuando dos vehículos policiales se detuvieron y de ellos se apearon cuatro agentes. Los agentes obligaron a Aliu B. a abrir la boca para inspeccionarle y después lo arrestaron. Aliu B. afirma que los agentes no le informaron del motivo de su acción. En una comisaría de policía cercana obligaron al detenido a desnudarse y le registraron para ver si tenía drogas. No hallaron ninguna droga. Cuando se negó a dejarse fotografiar por uno de los agentes, al parecer otro agente le abofeteó dos veces en la cara. Después le llevaron a que le viera un médico de la policía en otra comisaría, en el distrito de Huckelriede de Bremen. Allí le obligaron a desvestirse, quedándose en calzoncillos, y le practicaron un rápido examen médico. Cuando el médico pidió a Aliu B. que bebiera una taza de un líquido que contenía un emético, el detenido se negó y le dijo al médico que había pasado varios días en un hospital unos meses atrás tras sufrir una agresión en la cual le dieron patadas y puñetazos en el estómago. Según Aliu B., el médico hizo caso omiso de esta información y no le hizo al detenido ninguna pregunta sobre su hospitalización ni sobre su estado general de salud. Tras su negativa a beber el líquido, Aliu B. fue esposado con las manos a la espalda y, mientras dos agentes le agarraban, el médico le introdujo a la fuerza un tubo por la nariz, lo que le hizo sangrar. Aliu B. denuncia que no dio su consentimiento para que se le practicara este tratamiento y que cuando le introducían el tubo por la nariz empezó a vomitar. El tratamiento fue interrumpido y le pusieron un cubo delante. Nuevamente le ordenaron a Aliu B. que bebiera una taza del líquido. Al volver a negarse, el médico, según parece, le abofeteó tres veces en la cara. El detenido bebió un total de tres tazas del líquido y a continuación grandes cantidades de agua del grifo. Tras vomitar abundantemente, le obligaron a limpiar el suelo de la habitación y el lavabo. Aliu B. declara que no se le practicó ningún otro examen médico antes de ser expulsado de la comisaría en cuyo patio cayó desplomado. En septiembre, Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Bremen que pusieran en marcha de forma inmediata e imparcial una investigación sobre los hechos denunciados por Aliu B. En enero de 1997, el Ministerio de Justicia de Bremen informó a la organización de que dicha investigación estaba en curso. Las autoridades declararon también que la administración por la fuerza de eméticos estaba castigada por la legislación alemana. Amnistía Internacional cree que la administración de eméticos a los detenidos contra su voluntad y por razones que no sean de carácter médico constituye un trato cruel, inhumano y degradante y ha pedido a las autoridades de Bremen que pongan fin a esta práctica.


En marzo de 1996 M., solicitante de asilo de 29 años procedente de Uganda, denunció haber sido maltratado por agentes de la policía de Brunswick. Según una denuncia presentada por escrito en la fiscalía de Brunswick en abril de 1996, M. había subido al segundo piso del albergue para solicitantes de asilo en el que reside para ducharse, cuando de pronto fue atacado por varios enmascarados, uno de los cuales le agarró y le arrojó varias veces contra la pared. Varios de los enmascarados rodearon a M. sin que ninguno de ellos le hubiera dirigido la palabra y lo golpearon en la cara y en otras partes del cuerpo. Entonces M. cayó al suelo y la misma persona que le había atacado la primera vez le dio patadas en un tobillo. El solicitante de asilo ─que asegura no haber ofrecido resistencia durante la agresión sufrida por lo que supuso era un grupo de neonazis─ pidió auxilio al ver a varios agentes de policía uniformados. Ninguno de los agentes intervino. Más tarde, M. cayó en la cuenta de que los hombres que lo habían agredido eran agentes de policía que efectuaban una redada en busca de droga en el hostal. (Según una declaración policial, 12 personas fueron arrestadas durante la redada, a nueve de las cuales se las acusó posteriormente de delitos relacionados con las drogas. Se informó de la incautación de 100 gramos de cocaína durante la operación policial en la que participaron 150 agentes). Los certificados médicos mostraban que M. había sufrido múltiples contusiones en un hombro, la nariz, el cráneo y varias costillas; abrasiones en la rodilla izquierda y el hombro derecho y una herida en el tobillo izquierdo. En agosto Amnistía Internacional pidió a las autoridades de la Baja Sajonia que pusieran en marcha una investigación de forma inmediata e imparcial sobre los hechos denunciados por M. Ese mismo mes, el Ministerio del Interior informó a la organización de que su carta había sido remitida a las autoridades policiales de Brunswick. Al terminar el año no se había recibido más información sobre este caso.




Actualizaciones de casos previamente documentados


En una carta a Amnistía Internacional fechada en junio, el ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia criticaba el informe elaborado por la organización sobre el caso de Samir Z. tachándolo de «sesgado» y «carente de credibilidad». El ministro declaraba que personalmente se sentía «consternado» por el hecho de que la organización hubiera publicado el caso en su «informe anual» de febrero de 1996 junto con otros casos en los que se describían prácticas de tortura. De hecho, el caso de Samir Z. había sido descrito por Amnistía Internacional no en su informe anual, sino en un documento titulado Republica Federal de Alemania: Presuntos malos tratos a extranjeros - actualización del informe de mayo de 1995 (Índice AI: EUR 23/02/96/s), publicado en febrero de 1996. En este documento, Amnistía Internacional detallaba las denuncias según las cuales agentes de policía del Centro de Detención Preexpulsión de Büren habían atado de pies y manos a Samir Z., miembro de la etnia albanesa de la provincia de Kosovo (República Federal de Yugoslavia). (Según Samir Z., los agentes lo colocaron boca abajo en una celda de «apaciguamiento» y le ataron las manos a la espalda. Con las piernas dobladas por las rodillas, le ataron luego los pies entre sí y con otro trozo de cuerda a las ataduras que le sujetaban las manos. Amnistía Internacional ha criticado este método de inmovilización conocido como «hogtying» (atar las muñecas a los tobillos), argumentando que puede causar graves lesiones en los detenidos que lo sufren y, por lo tanto, puede constituir trato o pena cruel, inhumano y degradante). En su carta de junio a Amnistía Internacional, el ministro de Justicia comunicaba a la organización que no podía proporcionar ninguna información sobre la atención médica recibida por Samir Z. (Amnistía Internacional había preguntado al ministro si a Samir Z. se le había practicado un examen médico antes, durante o después del período durante el cual se le tuvo inmovilizado) y que no podía facilitar a la organización una copia del informe de la fiscalía sobre su investigación. Sin embargo, el ministro sí confirmó que, a consecuencia de la reacción popular en relación con este caso, y «en no menor medida como resultado de la actuación de Amnistía Internacional», los agentes habían conseguido dar con un método menos «espectacular» para inmovilizar a los presos en el futuro.


En mayo y junio de 1996 se celebró el juicio contra dos agentes de la policía de Hamburgo acusados de agredir al periodista Oliver Neß en el curso de una manifestación sobre la que estaba informando (véase Índice AI: EUR 23/08/94/s). Oliver Neß denunció que los agentes lo habían golpeado repetidamente con porras en los riñones, la pelvis y el pecho y que, cuando se encontraba en el suelo, le habían retorcido el pie por el tobillo de forma deliberada y violenta. Dos años después del suceso, Oliver Neß seguía recibiendo tratamiento médico a causa de sus lesiones, entre las que se contaban múltiples contusiones y abrasiones y rotura de los ligamentos del tobillo, En sus conclusiones, el tribunal rechazó las declaraciones de uno de los agentes acusados según las cuales Oliver Neß había actuado como un «agitador» en la manifestación y estableció que el agente había amenazado al periodista y que lo había arrojado al suelo de forma violenta para «dar una lección» a los manifestantes. El tribunal declaró al otro agente culpable de causar daños corporales a Oliver Neß por negligencia, como resultado de sus acciones al retorcer el pie del detenido en su intento por colocarlo boca arriba cuando se encontraba echado en el suelo. El tribunal no pudo atribuir el resto de las heridas de Oliver Neß a las acciones de ninguno de los agentes. Los dos agentes fueron multados con 3.200 marcos (alrededor de 1.800 dólares estadounidenses) y 4.800 marcos (unos 2.700 dólares estadounidenses) respectivamente.


En julio, el tribunal de jurisdicción superior del estado federal de Berlín ordenó que se juzgara de nuevo a los tres agentes de policía acusados de agredir al estudiante iraní Habib J. (véase Republica Federal de Alemania: Presuntos malos tratos a extranjeros - actualización del informe de mayo de 1995, Índice AI: EUR 23/02/96/s, publicado en febrero de 1996. Habib J. había denunciado que agentes de la policía lo habían arrojado de forma brutal al interior de una furgoneta de la policía y que habían proferido contra él insultos de carácter racista y le habían golpeado en la cara en una comisaría de policía tras su arresto en diciembre de 1992. En septiembre de 1994 dos agentes habían sido declarados culpables de agresión y un tercero de agresiones físicas y verbales. Los tres agentes habían sido multados, pero sus condenas fueron anuladas tras presentar un recurso de apelación, en julio de 1995. Al ordenar la repetición del juicio, los jueces que presidían la sala describieron las conclusiones del tribunal de apelación como «contradictorias y repletas de lagunas».


En agosto, dos agentes fueron acusados de agredir a Ahmet Delibas (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). Ahmet Delibas, ciudadano turco, denunció que dos agentes de policía le habían golpeado repetidamente en la cara en la parte trasera de un vehículo policial tras su arresto a la salida de una discoteca en la ciudad de Hamm, situada en la región de Renania del Norte-Westfalia, en octubre de 1995. Según testigos, Ahmet Delibas no mostraba señales de estar herido cuando fue introducido en el vehículo con las manos atadas a la espalda. El propio detenido informó de que cuando llegó a la comisaría de policía estaba tan aturdido que no podía caminar. Más tarde lo llevaron al hospital donde se confirmó que había sufrido graves heridas en la cara, entre ellas una fractura del pómulo izquierdo, dos fracturas en la cuenca del ojo izquierdo y otras dos en la del derecho. Sus heridas requirieron dos operaciones.


Libertad de expresión


En noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación al Comité de Asuntos Jurídicos del Bundestag (Parlamento) alemán por la posibilidad de que el anteproyecto de ley que se estaba examinando pudiera añadir un nuevo delito —«Ofensas al ejército»— al código penal alemán. Según el anteproyecto de ley, que ya había sido sometido a un primer debate en el Parlamento, una nueva sección, la 109 (b), del código penal convertiría en delito punible con hasta tres años de cárcel el hecho de que «...públicamente, en una reunión o mediante la distribución de escritos... denigrar a los soldados en lo que atañe a su servicio con el propósito de rebajar la estima del ejército y sus soldados a los ojos de la población...». En su carta al Comité, Amnistía Internacional declaraba que la reforma, prevista para castigar a las personas que públicamente expresaran la opinión de que «los soldados son asesinos» o «asesinos en potencia», impondría unas restricciones innecesarias y excesivas al derecho a la libertad de expresión y representaría una violación de ese derecho reconocido en el Artículo 19 del PIDCP y en el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los cuales han sido ratificados por la República Federal de Alemania y a cuya observancia está obligada. Amnistía Internacional concluía su carta diciendo que la entrada en vigor de la reforma propuesta podría llevar al encarcelamiento de personas a las que la organización consideraría presos de conciencia. Al terminar el año la organización no había recibido respuesta a su carta. En enero de 1997 se informó de que, aunque el anteproyecto había sido aprobado por el Comité de Asuntos Jurídicos, había sido retirado del calendario del Bundestag, al que normalmente volvería para su segundo y tercer debates.



ARMENIA


Denuncias de malos tratos a detenidos


Durante el período a examen, Amnistía Internacional siguió recibiendo denuncias de malos tratos a detenidos, especialmente tras los acontecimientos de fines de septiembre, cuando las protestas de la oposición sobre las polémicas elecciones presidenciales se volvieron violentas y algunas personas fueron detenidas (véase Armenia: Further allegations of ill treatment in detention, Índice AI: EUR 54/03/96, octubre de 1996). Fuentes no oficiales elaboraron una lista con más de 100 personas detenidas durante un período breve, en muchos casos, al parecer, por sus opiniones políticas reales o supuestas más que por una relación directa con los acontecimientos violentos en los que habían participado grupos de una multitud de partidarios de la oposición que entraron en el parlamento y golpearon al presidente y al vicepresidente del parlamento.


Al parecer, decenas de personas fueron golpeadas o sometidas a otras formas de malos tratos durante su detención o mientras estuvieron bajo custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre ellos figuraba Aramazd Zakanian, miembro del parlamento, que describió cómo un grupo de hombres armados le propinaron puñetazos y le golpearon con porras cuando el 26 de noviembre entró en el local de la opositora Unión Nacional para la Autodeterminación. Fue detenido y alega que le volvieron a golpear mientras estuvo bajo custodia policial. Aramazd Zakanian estuvo detenido durante dos días y fue luego trasladado al hospital con lesiones, incluidas, al parecer, una fractura craneal, una costilla rota y desgarros en la cara. Al parecer, funcionarios del Ministerio del Interior golpearon a Gagik Mkrtchyan, periodista y dirigente destacado de la suspendida Federación Revolucionaria Armenia (Véase el informe de AI Índice EUR 01/01/96/s), durante la primera parte de su detención, que duró 10 días. Tras su liberación declaró: «Sobre la dureza de las palizas que me dieron sólo diré lo siguiente: cuando luego me llevaron a la celda del Ministerio de Seguridad Nacional, durante los cinco primeros días no me pude tumbar ni mover, ni sentarme adecuadamente. Simplemente me senté en una posición seminclinada, apoyado contra la mesa». Amnistía Internacional solicitó investigaciones imparciales, exhaustivas y sin demora sobre las denuncias de malos tratos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuyos resultados se hicieran públicos y que se procesase a los responsables.


Amnistía Internacional también intentó conseguir más información sobre más de 10 de los detenidos que seguían encarcelados al final del período a examen, acusados de, entre otras cosas, instigar disturbios masivos (Artículo 74 del Código Penal). Aunque Amnistía Internacional no cuestiona el derecho de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a adoptar todas las medidas legítimas para procesar a los presuntos responsables de un delito tipificado en el código penal, la organización sentía preocupación por las denuncias de que algunos de los detenidos habían sido golpeados durante su detención, así como por los informes según los cuales a algunos detenidos se les había negado el acceso sin demora a un abogado de su elección. Amnistía Internacional solicitó que se concediera asistencia letrada con prontitud a los detenidos, y que todas las personas procesadas tuvieran un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales. A fines del período a examen no se había recibido respuesta.


Véase también Mujeres en Europa, página 79.


El caso de Amauak Oganesyan (véase el informe de Índice AI: EUR 01/02/96/s)


Amauak Oganesyan, recluta del ejército, al parecer fue fuertemente golpeado en varias ocasiones por oficiales superiores, o con su consentimiento, tras su incorporación a filas en mayo de 1995.


Fue dado de baja en el ejército cuando le diagnosticaron que sufría un linfosarcoma, y posteriormente murió. Amnistía Internacional pidió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de malos tratos, cuyos resultados se hicieran públicos y que se procesara a los responsables. En noviembre, el viceministro de Defensa respondió que la policía militar de la guarnición de Zangezur había investigado el caso, pero que posteriormente no se había abierto un causa criminal por falta de corpus delicti.


La pena de muerte y preocupaciones acerca de juicios justos


El 10 de diciembre, tres acusados fueron condenados a muerte en un importante juicio político, conocido como el caso «Dro» (véanse los informes de Índice AI: EUR 54/05/95 y EUR 01/01/96/s). Arsen Artsuni, Armen Grigorian y Armenak Mjnoyan fueron condenados a muerte y otras ocho personas fueron condenadas a penas de prisión, en medio de continuas denuncias de que el juicio, que había durado un año, había sido injusto.


El presidente Levon Ter-Petroysan ha manifestado que, personalmente, se opone a la pena de muerte, y su oficina ha garantizado a Amnistía Internacional que durante su mandato ni se han llevado ni se llevarán a cabo ejecuciones (en septiembre de 1996 fue reelegido para un mandato de cinco años). Sin embargo, parece que el presidente no ha utilizado su autoridad constitucional en consonancia con sus declaraciones y no ha conmutado las penas de muerte existentes. Esto quiere decir que es posible que algunas de las personas pendientes de ejecución, al parecer alrededor de 17 hombres en total al final del período a examen, lleven años esperando sin saber cuándo pueden esperar que se estudie su petición de clemencia.


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin reservas, porque es una violación del derecho a la vida. La organización ha instado a las autoridades armenias pertinentes a que conmuten las penas de muerte existentes; que redacten y promulguen legislación para eliminar la pena de muerte del Código Penal y de la Constitución armenia como un posible castigo; y que publiquen estadísticas globales de la aplicación de la pena de muerte.



AUSTRIA


Presuntos malos tratos a detenidos


El informe del Comité para la Prevención de la Tortura


En octubre, el gobierno austríaco publicó el informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) sobre su visita a Austria en septiembre y octubre de 1994. El informe del CPT ‒un organismo de expertos creado en virtud del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes‒ había sido presentado al gobierno austríaco en mayo de 1995. El Comité informó de que, durante su visita, había recibido «un importante número de denuncias de malos tratos a personas por parte de la policía» («un nombre considérable d́allégations de mauvais traitements de personnes par la police») y repitió las principales conclusiones de su anterior informe, publicado en 1991, de que las personas detenidas por la policía «corren un grave peligro de ser maltratadas» («il existe un risque sérieux, pour les personnes détenues par la police, d́être maltraitées»). La mayoría de las denuncias se referían a la Oficina de Seguridad (Sicherheitsbüro) de Viena, donde detenidos denunciaron que en febrero y marzo de 1994 les habían aplicado descargas con porras eléctricas. El CPT manifestó que, aunque no había estado con los detenidos que habían sido sometidos personalmente a esos malos tratos, «varios detenidos con los que se reunieron de forma separada diferentes miembros de la delegación denunciaron que les habían amenazado con descargas eléctricas durante los interrogatorios en la Sicherheitsbüro («plusieurs détenus rencontrés séparément par différents membres de la délegation ont allégué avoir été menacé de chocs électriques pendant leur interrogatoires au Bureau de la Sécurité à Vienne»).


El CPT hizo amplias recomendaciones al gobierno austríaco para evitar que esas violaciones ocurrieran en el futuro, entre ellas la creación de un organismo independiente que llevase a cabo una investigación exhaustiva de los métodos de interrogatorio utilizados por los funcionarios de la Sicherheitsbüro. En su respuesta al informe del CPT, publicada al mismo tiempo, el gobierno austríaco comentó que «seguía trabajando en esta recomendación» y que «su intención no es limitar la autoridad de este organismo a la Oficina de Seguridad, sino incluir todo el territorio nacional».


Nuevas denuncias recibidas por Amnistía Internacional


En julio, Fred Machulu Onduri, ciudadano ugandés, denunció que agentes de la policía de Viena lo maltrataron y profirieron insultos racistas contra él.


En agosto, en una denuncia formulada ante el Tribunal Administrativo Independiente de Viena, Fred Machulu Onduri declaró que el 13 de julio de 1996 por la mañana, poco después de las 10, se encontraba tomando un zumo de frutas en una estación de metro en el centro de Viena cuando cuatro agentes de policía uniformados se acercaron a él y le comunicaron que estaba detenido. Según Fred Machulu Onduri, empleado del Ministerio de Planificación Económica que entonces estaba estudiando en Viena, los agentes se negaron a decirle por qué lo arrestaban y le pidieron sus documentos de identidad. Fred Machulu Onduri les enseñó su carnet de estudiante y se lo llevaron a una comisaría cercana. Allí, según el ciudadano ugandés, le obligaron a desnudarse y le examinaron los genitales y la boca. Cuando preguntó por qué le estaban sometiendo a este trato, al parecer, un agente le propinó un puñetazo en el estómago. Posteriormente, Fred Machulu Onduri fue esposado y le ordenaron que se sentara. Cuando protestó y dijo que estaba estudiando en Austria por invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores austríaco, según los informes un agente le dijo en mal inglés: «¿Por qué está en Austria un mono negro que debería estar subiéndose a los árboles en África?». Fred Machulu Onduri fue conducido a otra comisaría y lo llevaron a una celda. Aproximadamente a las 4 de la tarde, unos agentes lo llevaron de la celda a su apartamento, donde les enseñó su pasaporte y otros documentos. Volvió a preguntar a los agentes por qué estaba detenido, y de nuevo se negaron a informarle. De regreso a la comisaría, le interrogaron en presencia de un intérprete y supo, por primera vez (eran alrededor de las 8 de la tarde) que lo habían detenido como sospechoso de tráfico de drogas y por estar en un lugar público sin documentos válidos. Fue liberado de la comisaría alrededor de las 10 pm.


Según un artículo publicado en Der Standard el 18 de julio de 1996, el director general de la Policía de Viena, Peter Stiedl, manifestó que Fred Machulu Onduri había llamado la atención de la policía al hacer «movimientos de ingestión repentinos, como los que hacen los traficantes de drogas al tragarse su “mercancía”». Lo habían detenido porque no llevaba consigo sus documentos de identidad.


En octubre, Amnistía Internacional planteó el caso de Fred Machulu Onduri a las autoridades austríacas. A fines de año la organización no había recibido respuesta a sus preguntas.


Actualización de casos documentados previamente


En septiembre, Violetta Jevremovic (véase EUR 01/02/96/s) fue juzgada por resistirse a la autoridad del Estado y a la detención (para más información, véase Mujeres en Europa, página 79).


En octubre, las autoridades austríacas informaron a Amnistía Internacional de que no se habían presentado cargos contra los agentes que presuntamente habían sometido a malos tratos a Peter Rosenauer (véase EUR 01/02/96/s) porque los investigadores no habían podido «aclarar el origen exacto de las lesiones». Peter Rosenauer denunció que agentes de policía le golpearon la cabeza contra un muro, le dieron un rodillazo en los testículos y le golpearon con una porra después de su arresto en una manifestación contra la construcción de una presa cerca de la ciudad de Lambach, en marzo de 1996. También afirmó que no había recibido atención médica en la comisaría de Lambach. En su carta a Amnistía Internacional, las autoridades informaron a la organización de que, según la investigación judicial sobre la denuncia de Peter Rosenaeur, se había avisado por teléfono a un médico desde la comisaría de Lambach, pero «estaba visitando a un paciente en su domicilio y la interrumpiría... sólo en caso de emergencia».


En noviembre se rechazó un recurso de la Oficina del Fiscal de Viena contra la absolución de tres agentes acusados de atacar al egipcio Emad Faltas en una estación de ferrocarril en junio de 1995 (véase EUR 01/02/96/s). Después de su detención, en un caso de error de identificación, Emad Faltas tenía tres costillas rotas y cortes y contusiones en los brazos, el estómago y la cara. En diciembre se abandonó una investigación sobre las denuncias de que Emad Faltas se había resistido al arresto.


En octubre se suspendió la investigación sobre las denuncias según las cuales agentes de policía habían atacado al periodista Wolfgang Purtscheller (véase EUR 01/02/95/s). Wolfgang Purtscheller denunció que los agentes le golpearon en la cara y le retorcieron violentamente el pie cuando intervino en la detención de un solicitante de asilo africano negro en octubre de 1994. Entre otras lesiones, el periodista tenía hematomas en la cara, rasguños en ambas muñecas y daños en los ligamentos de la rodilla. Wolgfang Purtscheller fue acusado de agresión y resistencia a la autoridad en marzo de 1995, pero el juicio no pudo celebrarse, dado que se desconocía su paredero.


Objeción de conciencia al servicio militar


En diciembre de 1996, el parlamento aprobó una nueva enmienda a la Ley sobre el Servicio Alternativo, que aumentaba la duración del servicio alternativo de 11 a 12 meses. Aunque la enmienda, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, ampliaba el límite de tiempo durante el cual debía hacerse la solicitud para realizar el servicio alternativo, seguía siendo muy restrictiva y en algunos casos parecía negar a los objetores de conciencia el derecho a presentar una solicitud.


En el período a examen, al menos tres hombres ‒Herwig Matzka, Peter Zwiauer y Andreas Gruber‒ se enfrentaban a una posible pena de prisión como consecuencia de su negativa a realizar el servicio militar. Amnistía Internacional informó a las autoridades austríacas de que si alguno de ellos era encarcelado, la organización los adoptaría como presos de conciencia y pediría su liberación inmediata e incondicional.



AZERBAIYÁN


Denuncias de detención arbitraria de personas de origen armenio


Durante el período a examen, se tuvo conocimiento de denuncias según las cuales a principios de año al menos siete civiles de origen armenio habían sido detenidos y trasladados a un campo en Gobustan utilizado como centro de detención especial para personas de origen armenio detenidas en Azerbaiyán, a la espera de la verificación de su identidad y la finalidad de su viaje por territorio azerbaiyano (véase EUR 01/01/95/s). Al parecer, entre los detenidos figuraban una chica de 17 años, un muchacho de 15 años y un hombre enfermo mental. Al parecer, se los mantenía como rehenes debido a su origen étnico, más que a consecuencia de la presentación de cargos por delitos tipificados en el Código Penal.


Amnistía Internacional desconocía las fechas exactas de su detención, pero al parecer la mayoría habían sido detenidos en mayo, cuando tuvo lugar un importante intercambio de prisioneros para conmemorar el segundo aniversario del alto el fuego en el conflicto sobre la disputada región de Karabaj (véase EUR 01/02/96/s). Las siete siete personas fueron identificadas como Artur Atoyan, de la localidad de Hoktember, región de Armavir (Armenia), que sufría una enfermedad mental; Manvei Gevorkian, que vivía en la ciudad de Vanatzor, Armenia; Irina Kachaturian, nacida en 1979 en Bakú y que vivía en la región de Ijevan (Armenia); Larissa Kirakossian, que habitaba en la ciudad de Maralik (Armenia); Armen Nersissian, nacido en 1981, ciudadano ruso; Vahan Ossipian; y Armen Pogossov, que había sido detenido en el aeropuerto de Bakú el 30 de marzo de 1996. Al parecer, una octava persona, Divanich Zanvelian, fue tomada como rehén en la localidad de Got, región de Noyemberian (Armenia), el 13 de noviembre de 1995, y fue trasladado a un centro de detención en Shubany, a las afueras de Bakú. Según los informes, en el mes de mayo continuaba detenido.


Amnistía Internacional pidió más información sobre la situación actual de estas personas a las autoridades azerbaiyanas, por ejemplo, si seguían detenidas y, en ese caso, si esto era para aclarar su identidad o como consecuencia de la presentación de cargos en su contra.


Denuncias de malos tratos a detenidos


Amnistía Internacional continuó recibiendo numerosas denuncias de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante el período a examen. Por ejemplo, el periodista Taptig Farhadoglu, de la agencia de noticias TURAN, informó de que un hombre, al que posteriormente reconoció como agente de policía, formaba parte de un grupo de hombres que le golpearon en la calle el 17 de noviembre en la capital, Bakú. Al hablar con un delegado de Amnistía Internacional en Bakú poco después, Taptig Farhadoglu manifestó que fue golpeado cerca de la plaza de Azadlig por un grupo de hombres vestidos de civil que se le acercó poco después de entrevistar al político de la oposición Neimat Panahov. Taptig Farhadoglu denunció que los hombres le golpearon con más dureza cuando intentó explicarles que era periodista. En un momento determinado lo tiraron al suelo y le propinaron patadas una y otra vez. Taptig Farhadoglu también denunció que un grupo de policías que estaban cerca vieron lo que estaba pasando, pero no intentaron intervenir físicamente. Uno de los agentes pidió a los hombres que estaban golpeando a Taptig Farhadoglu que parasen, pero no se tomó ninguna otra medida preventiva ni intentaron detener a los responsables, cuando uno de los atacantes al parecer dijo: «¡Cállate! ¿No ves que esta es una operación especial?». Según Taptig Farhadoglu, tuvo que guardar cama por prescripción facultativa tras sufrir cortes y contusiones en la cabeza y el cuerpo; en el ataque le rompieron las gafas y el dictáfono. A fines de mes todavía sufría dolores de cabeza y tenía hematomas.


El 18 de noviembre, Taptig Farhadoglu fue al departamento de policía del distrito de Sabail para presentar una denuncia por el ataque, y afirmó que mientras se encontraba allí reconoció al jefe del 39º Departamento de Policía, cuyo nombre facilitó, como uno de los integrantes del grupo que el día anterior le había atacado.


Siguieron recibiéndose denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia para conseguir confesiones. Algunas de estas denuncias salieron a la luz ante los tribunales, durante varios juicios políticos que se celebraron hacia finales del período a examen. Por ejemplo, en el juicio de 37 miembros de la unidad especial de la policía conocida como OPON, que se inició el 1 de octubre en Bakú, 24 acusados afirmaron haber sido sometidos a presiones físicas o mentales durante la primera mitad del año para obtener testimonios que les implicasen en un golpe de Estado fallido en marzo de 1995. El acusado Murshud Mahmudov declaró que le habían aplicado descargas eléctricas en los oídos, y Abulfat Kerimov manifestó que lo habían colgado boca abajo y le habían golpeado. Como consecuencia de estas denuncias, los abogados defensores solicitaron exámenes médicos y, al parecer, las pruebas de rayos X realizadas a fines de noviembre mostraron que al menos tres acusados presentaban fracturas en las costillas, aunque resultaba difícil determinar el momento y la causa. La preocupación de Amnistía Internacional aumentó por el hecho de que muchos de los acusados se enfrentaban a cargos que conllevaban la pena de muerte en caso de ser declarados culpables.


Amnistía Internacional ha seguido pidiendo investigaciones sin demora e imparciales sobre todas las denuncias de torturas y malos tratos, que los resultados de esas investigaciones se hagan públicos y se procese a los responsables. Un compromiso de realizar esas investigaciones es especialmente importante, a tenor de la adhesión de Azerbaiyán a la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se produjo en agosto.


Muertes bajo custodia


En octubre, en una carta a Amnistía Internacional, la Oficina del Fiscal de Azerbaiyán proporcionó más información sobre la investigación acerca de la muerte bajo custodia de Rafik Shaban oglu Ismayilov, que murió en diciembre de 1995 en el Departamento de Policía del distrito de Massali, al parecer a consecuencia de las lesiones sufridas como resultado de una paliza brutal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (véase EUR 01/02/96/s). Según esta información, se había abierto una causa criminal contra el jefe en funciones del Departamento de Investigación Criminal del Distrito de Policía en virtud del artículo 168, sección 2 del Código Penal azerbaiyano («abuso de autoridad o de atribuciones oficiales»), que conlleva una pena de hasta siete años de cárcel si el delito se acompaña del uso de la fuerza o de armas, o si se insulta a la dignidad de la víctima. El 29 de mayo, el tribunal de distrito de Massali decidió limitar de nuevo la acusación a la primera sección del artículo 168, que no conlleva ninguna implicación de fuerza y supone una condena menor, y el acusado fue liberado tras una amnistía decretada por el parlamento el 22 de mayo. Sin embargo, el 24 de septiembre el Tribunal Supremo de Azerbaiyán anuló la decisión del tribunal inferior porque la acusación había sido limitada de nuevo incorrectamente y la condena era demasiado indulgente, por lo que el caso fue devuelto para que se investigase otra vez.


En la misma carta, la Oficina del Fiscal también respondió a las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre las denuncias de que en junio otro hombre había muerto bajo custodia a consecuencia de malos tratos policiales. Ilgar Adjl oglu Samedov, residente en la ciudad de Kharkov, Ucrania, había sido detenido el 14 de junio en Ucrania en relación con un delito de posesión de drogas, y había sido deportado a Azerbaiyán el mismo día. El 17 de junio, las autoridades azerbaiyanas lo acusaron en virtud del artículo 226, sección 2, del Código Penal. Al día siguiente lo trasladaron a la cárcel número 3 de investigación y aislamiento (Shuvelyan) en Bakú. Posteriormente sufrió lesiones mortales en la cabeza y murió en el hospital de la cárcel en la costa de Beyuk el 29 de julio, aunque existen diferentes versiones acerca de cómo se produjeron las heridas.


Según fuentes no oficiales, Ilgar Samedov fue golpeado mientras estuvo en la cárcel número 3, y como consecuencia fue trasladado al hospital de la prisión al sufrir lesiones graves en la cabeza y el torso. Según los informes, el padre de Ilgar Samedov, Adil, intentó visitar a su hijo en el hospital en varias ocasiones pero, cada vez que lo intentaba, el funcionario que investigaba el caso le negaba el permiso. Al parecer, no se informó a la familia hasta tres días después de la muerte de Ilgnar, y las fotografías tomadas en el depósito de cadáveres mostraban señales de golpes.


En su respuesta, la Oficina del Fiscal manifestó que Ilgnar Sademov había sido enviado a una celda con otras ocho personas en la cárcel número 3 el 18 de junio, pero se sentía abrumado por la culpabilidad por su presunto delito así que al día siguiente, alrededor de la 1 de la tarde, se había arrojado desde la litera superior y había intentado suicidarse golpeándose la cabeza contra el suelo. Como consecuencia de la caída, se rompió cuatro costillas y la pierna derecha, y lo trasladaron al hospital de la prisión. Mientras recibía tratamiento en el hospital, el 28 de julio, al parecer se desnudó y deambuló por la sala hablando de forma incomprensible. A causa de este comportamiento lo trasladaron a una habitación de dos personas. Esa noche lo descubrieron inconsciente en el suelo, al parecer tras intentar suicidarse golpeándose deliberadamente la cabeza con gran fuerza contra una esquina de la litera superior. Se requirió asistencia médica, pero fue en vano. Según una autopsia realizada el 27 de agosto, la causa de la muerte fue lesiones en la cabeza.


Amnistía Internacional ha solicitado una copia del informe de la autopsia y de la investigación de la muerte de Ilgar Samedov.


La pena de muerte


Durante el período a examen, Amnistía Internacional tuvo noticias de 11 nuevas condenas a muerte. Según fuentes oficiales, el número total de condenas dictadas durante 1996 fue de 41. Durante el año se conmutaron al menos nueve penas de muerte. Hasta septiembre, 85 hombres estaban pendientes de ejecución en Bakú, según las estadísticas que hicieron llegar las autoridades azerbaiyanas a Amnistía Internacional, en las que también constaba que 37 hombres habían sido condenados a muerte en 1995, a siete de los cuales se les conmutó la pena. Según fuentes oficiales, en Azerbaiyán no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1993.


Véase también Mujeres en Europa, página 79.



BIELORRUSIA


En noviembre, en un momento de creciente malestar político, el presidente Alyaksandr Lukashenka, en un intento de aumentar su poder sobre el parlamento, celebró un referéndum para enmendar la constitución, que ganó por abrumadora mayoría. Otra pregunta del referéndum sobre la abolición de la pena de muerte sólo consiguió el 17́9 por ciento de los votos a favor.


Tras el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, especialmente durante la segunda mitad de 1996, y como respuesta al modo en que se había constituido el nuevo parlamento de la república, a principios de enero de 1997, la Oficina de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió suspender la condición de invitado especial de Bielorrusia. «La nueva constitución de Bielorrusia es ilegal» ya que «no respeta las normas mínimas democráticas y viola la separación de poderes y el Estado de Derecho», declaró Leni Fischer, Presidente de la Asamblea Parlamentaria, en un comunicado de prensa que añadía que la condición de invitado especial había sido «suspendida» y no «retirada» a fin de «mantener contactos y apoyar los avances en el país».


Nuevas denuncias de malos tratos a manifestantes pacíficos por parte de la policía


Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación al gobierno de Bielorrusia sobre la aparente pauta de malos tratos y encarcelamiento de opositores al gobierno durante huelgas y manifestaciones pacíficas en Bielorrusia. La organización instó a las autoridades a que proporcionasen reparación legal y una indemnización a las víctimas de los abusos policiales y a que informasen a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de que la tortura y los malos tratos están prohibidos en toda circunstancia de acuerdo con las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Bielorrusia es Estado Parte como Estado sucesor de la URSS. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que ni gobierno ni el presidente de Bielorrusia hayan tomado medidas para poner fin a la pauta de malos tratos a manifestantes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


Según los informes, el 17 de noviembre, la policía bielorrusa, equipada con porras y escudos antidisturbios, golpeó a manifestantes y detuvo a más de diez personas durante una manifestación pacífica contra el presidente en el centro de la capital, Minsk, a la que, según informes, asistieron entre 5.000 y 10.000 personas. Según los informes recibidos, alrededor de 20 personas resultaron heridas por la policía, entre ellas Stanislav Bogdankevich, dirigente del Partido de la Unión Cívica y miembro de la oposición parlamentaria, que declaró en una conferencia de prensa que la policía le golpeó con porras.


La pena de muerte


El 24 de septiembre, en una conferencia de prensa en Minsk, el vicepresidente del Tribunal Supremo de Bielorrusia, Igar Andreyev, anunció que Bielorrusia había llevado a cabo 24 ejecuciones desde el comienzo del año. También afirmó que el presidente Lukashenka no había conmutado la pena a ningún condenado a muerte durante sus dos años y medio de gobierno.


En octubre, a través de una carta enviada por Ivan Antanovich, viceministro de Asuntos Exteriores, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que uno de los ejecutados fue Igor Mirenkov, que había sido objeto de llamamientos en favor de la conmutación de su pena por parte de la organización (véase EUR 01/01/96/s), pero que había sido ejecutado en junio. A fines de año se desconocía el número total de ejecuciones durante 1996, así como el número de personas condenadas a muerte en Bielorrusia.



BOSNIA Y HERZEGOVINA


Pocos desplazados o refugiados pueden volver a sus casas; no existe libertad de circulación


Durante el periodo a examen se han producido escasos avances en relación con el desarrollo de los objetivos del acuerdo de paz de Dayton para garantizar la vuelta de los refugiados y los desplazados a sus casas y la libertad de circulación en todas las zonas de Bosnia y Herzegovina. Las actuaciones y medidas de las autoridades del país, especialmente en la entidad serbobosnia, la República Srpska, y las zonas de la Federación controladas por los bosnio-croatas, siguieron haciendo que el regreso de los desplazados o los refugiados a sus casas resultase casi imposible.

Durante todo este periodo en repetidas ocasiones se produjeron incidentes en los que personas desplazadas que intentaban volver a sus casas o preparar su vuelta fueron atacadas físicamente o amenazadas. Además, antes de su regreso fueron dañadas, destruidas deliberadamente con explosivos o incendiadas casas a las que los desplazados iban a volver, incluidas las que habían empezado a reparar antes de regresar.


Asimismo, nuevas expulsiones de miembros de minorías de sus casas y casos de detención sin cargos ni un juicio sin demora de personas que viajaban a través de una zona controlada por otra nacionalidad sirvieron para disuadir a los potenciales retornados que temían por su seguridad.


En la segunda mitad de 1996 se produjeron una serie de incidentes cerca de Zvornik, Bosnia oriental, en un grupo de localidades (principalmente Mahala, Jušići y Gajevi), justo dentro de la República Srpska, en la Zona de Separación (ZOS) que recorre ambas zonas de la frontera entre la Federación y la República Srpska. En virtud del tratado de paz, la Zona de Separación fue definida como una zona desmilitarizada en la que la fuerza para el mantenimiento de la paz denominada Fuerza de Aplicación (IFOR), dirigida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dispone de más poderes. Era probable que las autoridades musulmanas intentasen asentar a los retornados en la Zona de Separación a causa de la mayor autoridad de la IFOR y el debilitamiento de la autoridad de la República Srpska en la zona.


Los incidentes estuvieron rodeados de gran controversia, dado que algunos de los musulmanes que regresaban llevaron armas al pueblo y las autoridades de la República Srpska les acusaron de participar en actividades militares y de provocar enfrentamientos. Sin embargo, civiles desarmados musulmanes resultaron heridos en algunos de los incidentes. El 29 de agosto, por ejemplo, en Mahala, la policía serbobosnia golpeó a un grupo de musulmanes que había regresado al pueblo antes de la intervención de las tropas de la IFOR. Al menos 10 personas resultaron heridas en este incidente.


A principios de año se habían dañado o destruido deliberadamente con explosivos viviendas y otros edificios, con la probable intención de ahuyentar a los retornados. Entre fines de junio y septiembre se registraron en la ciudad de Bugojno, controlada por los musulmanes, al menos 10 casos de colocación de explosivos en casas que pertenecían a croatas. Sin embargo, desde octubre, cuando se generalizó esta práctica, las principales víctimas fueron musulmanes. El 24 de octubre fueron destruidas con armas anti-carro alrededor de 94 viviendas que pertenecían a musulmanes en la zona de Prijedor. Todas figuraban en una lista entregada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a las autoridades de la República Srpska de casas que los propietarios musulmanes iban a visitar. En Drvar, controlada por los bosniocroatas, fueron destruidas 30 casas que pertenecían a los serbobosnios mientras que en la zona de Čapljina, asimismo bajo control bosniocroata, también fueron destruidas viviendas musulmanas. Hasta diciembre, según los informes de organizaciones internacionales, se habían destruido más de 300 viviendas.


Los planes para el regreso organizado de las personas desplazadas a varias ciudades de la Federación bajo supervisión del ACNUR, conocidos como «proyectos piloto», tuvieron éxito sólo en parte. Se completaron algunos de los proyectos, en los que participaron alrededor de 200 familias de cada ciudad. Sin embargo, ninguna de las 200 familias musulmanas que debían haber regresado a Stolac, ciudad cercana a Mostar y controlada por los bosniocroatas, había podido hacerlo a fines de 1996 a causa de la violencia y los obstáculos que habían puesto las autoridades bosniocroatas o porque estas no habían tomado medidas para evitar la violencia. Casas que los musulmanes habían estado reparando para su regreso fueron dañadas con explosivos para disuadirles de regresar. La policía no permitió que los visitantes musulmanes circularan libremente por la ciudad y en ocasiones les amenazó o no les protegió adecuadamente. El ACNUR suspendió el proyecto en numerosas ocasiones.


Algunos de los bosniocroatas que debían volver a la ciudad de Bugojno, controlada por los musulmanes, tampoco pudieron hacerlo. Seguía habiendo informes de hostigamiento de croatas en la ciudad, como la colocación de explosivos en iglesias y en viviendas de croatas.


Nuevas expulsiones de minorías


En algunas zonas continuó la expulsión deliberada de las minorías restantes. En la ciudad de Mostar, que de hecho está dividida en una zona occidental controlada por los bosniocroatas y una zona oriental, controlada por los bosniomusulmanes, los musulmanes (y algunos serbios) solían ser desalojados de sus apartamentos y no se les dejaba otra opción que huir al Mostar oriental. A menudo los desalojos los llevaban a cabo hombres vestidos de uniforme que amenazaban o atacaban físicamente a los ocupantes. Uno de los peores casos denunciados fue el de una mujer musulmana discapacitada, Rukija Bejtović, de 71 años, a la que habían sacado de su apartamento el 24 de diciembre de 1996 o justo antes de esa fecha. La encontraron muerta en su silla de ruedas el 6 de enero de 1997, al parecer tras haberla dejado desamparada en un edificio abandonado. Mientras, un soldado bosniocroata, que declaró haber comprado el apartamento, fue descubierto viviendo en él.


Funcionarios de organizaciones internacionales informaron de que, durante 1996, más de 70 musulmanes y serbios fueron desalojados de sus casas en Mostar occidental, controlado por los bosniocroatas. Pocos de ellos habían podido volver a sus casas y la mayoría se había refugiado en Mostar oriental, controlado por los musulmanes, o en otras zonas de la Federación controladas por las autoridades musulmanas.


Detención de presos de conciencia; detención sin cargos ni juicio sin demora


Algunas personas no pertenecientes a la nacionalidad de la autoridad que controlaba una zona concreta también fueron detenidas sin que en su contra se presentaran cargos y sin ser juzgadas sin demora. Los detenidos, que a menudo eran personas que habían cruzado la frontera entre las entidades, con frecuencia parecían ser rehenes, puesto que una autoridad o la otra exigía que fuesen liberados otros presos a cambio de ellos.


En febrero de 1996, un bosniocroata había sido detenido por las autoridades serbobosnias cerca de Priboj, así como un musulmán bosnio tras cruzar desde la Federación cerca de Čelić. El bosniocroata afirmó que le obligaron a firmar un papel en blanco poco después de su detención, que posteriormente se presentó como supuesta confesión de crímenes de guerra. Sin embargo, ninguno de los dos hombres fue acusado de delito alguno antes de ser finalmente, liberados en diciembre.


Dos serbobosnios de la República Srpska, Sekula Mandić y Čedo Vukadin, desaparecieron el 2 de julio mientras conducían en una carretera cerca de Sarajevo, en la zona de la Federación controlada por los musulmanes. Otros dos serbios, Radenko Golijanin (de Bosnia) y Pregdrag Matković (de la República Federativa de Yugoslavia), desaparecieron en la misma zona el 23 de septiembre. Pese a las demandas de información de organizaciones internacionales, las autoridades negaron saber nada de los cuatros hombres hasta el 16 de octubre, cuando se supo que estaban en la cárcel en Sarajevo. Fueron liberados el 30 de octubre tras la presión de organizaciones internacionales en el terreno.


Presuntos malos tratos a detenidos


Según los informes, la policía maltrató a detenidos en todas las zonas de Bosnia. Quienes corrían un mayor peligro, nuevamente, eran los miembros de las minorías, aunque también fueron maltratados partidarios de la oposición. A menudo, las víctimas fueron personas detenidas por la policía durante períodos breves. Hubo frecuentes denuncias de palizas y otros malos tratos de partidarios de la oposición serbios o musulmanes por parte de la policía de la federación musulmana en la zona de Bihać. Sin embargo, el caso más grave fue el de Hasan Kovačević, musulmán bosnio de Banja Luka, que murió bajo custodia policial el 1 de agosto. El informe de un patólogo señaló que había sufrido una fractura múltiple de costillas, muy probablemente a consecuencia de palizas, y que murió como consecuencia de un golpe con un objeto contundente. En un primer momento, la policía serbobosnia declaró que sufrió las heridas a consecuencia de una caída desde una ventana, pero posteriormente manifestó que un circunstante (un soldado) le había pegado patadas durante su detención y que la policía había tenido que utilizar la fuerza durante su detención y mientras estuvo bajo custodia.


Procesamientos y condenas por crímenes de guerra


En julio, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (el Tribunal) dictó órdenes internacionales de detención contra Ratko Mladić y Radovan Karadžić, ex dirigentes militar y civil de los serbobosnios, tras las vistas preliminares para analizar las pruebas presentadas en favor de los cargos formulados previamente, acusándoles de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional. Sin embargo, los dirigentes políticos nacionales responsables de dirigir la IFOR y los altos mandos militares siguieron sin cumplir las obligaciones de los Estados que contribuyen con tropas en virtud del derecho internacional de buscar y detener a los sospechosos de crímenes de guerra.


Previamente, la IFOR había manifestado que al menos detendría a los sospechosos de crímenes de guerra si las tropas se encontrasen con ellos. Sin embargo, según muchos de los informes recibidos, las tropas de la IFOR deliberadamente evitaron encontrarse con acusados de todos los rangos de las autoridades serbobosnias y serbocroatas.


El Tribunal dictó su primera condena en diciembre cuando condenó a 10 años de cárcel a Dražen Erdemović, bosnio croata y ex miembro del ejército serbobosnio. Dražen Erdemović se había declarado culpable de participar en un fusilamiento de hasta 1.200 musulmanes capturados cerca de Srebrenica en julio de 1995.



BULGARIA


Presos de conciencia


Amnistía Internacional sintió preocupación por las detenciones y los malos tratos a miembros de la Organización de Macedonios Unidos «Ilinden» (OMO «Ilinden»), organización de personas de origen macedonio. Las autoridades búlgaras se negaron repetidamente a que sus miembros organizasen asambleas pacíficas para celebrar las festividades nacionales.


El 23 de julio de 1996, alrededor de las 10.30 de la noche, dos agentes de policía detuvieron a Georgi Stoev y a Andon Andonov en el centro de Sandanski mientras entregaban folletos anunciando una asamblea de OMO «Ilinden». En la comisaría de policía, uno de los agentes golpeó a Georgi Stoev en la cara. Posteriormente, los dos hombres fueron conducidos al calabozo de la policía. Al día siguiente, alrededor de las 7.30 de la tarde, un agente interrogó a Andon Andonov1, y al parecer le golpeó en la cabeza y le amenazó con golpearle de nuevo y prolongar su detención si no renunciaba a la organización de la asamblea y a pertenecer a OMO «Ilinden». Georgi Stoev y Andon Andonov fueron liberados sin cargos esa noche.


Amnistía Internacional consideró el arresto y la detención de Georgi Stoev y Andon Andonov una violación del principio de no discriminación incluido en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Su detención fue arbitraria y una violación del artículo 9 del PIDCP y del artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como una violación del derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 19 del PIDCP y el artículo 10 del Convenio Europeo.


En septiembre, Amnistía Internacional instó a las autoridades búlgaras a que investigasen sin demora las razones de la detención de Georgi Stoev y Andon Andonov y los malos tratos que, según los informes, habían sufrido.


Amnistía Internacional también manifestó su preocupación por el encarcelamiento de Dian Yankov Dimitrov, objetor de conciencia que había sido condenado por eludir el servicio militar. El Tribunal Regional de Popovo condenó a Dian Yankov Dimitrov, testigo de Jehová de 20 años, cuyas convicciones religiosas le prohibían llevar armas y realizar el servicio militar, a una pena de prisión condicional de seis meses de cárcel por no acudir a la orden de llamada a filas. Tras una segunda orden, fue juzgado de nuevo en aplicación de la misma ley y condenado en febrero de 1996 a ocho meses de cárcel. Posteriormente, esta condena fue reducida, tras un recurso, a cuatro meses de cárcel. El 9 de septiembre de 1996, Dian Yankov Dimitrov fue encarcelado en la Cárcel de la Isla de Belene para cumplir la condena acumulativa de 10 meses.


Aunque la Constitución búlgara reconoce el derecho a realizar un servicio alternativo (artículo 59, apartado 2), en Bulgaria no existe una ley que permita a los objetores de conciencia dirigir debidamente a las autoridades competentes sus peticiones de realizar un servicio alternativo. Amnistía Internacional considera que Dian Yankov Dimitrov es preso de conciencia y ha pedido su liberación inmediata.


Nuevos casos de disparos policiales


Amnistía Internacional continuó recibiendo numerosos informes sobre agentes de policía cuya conducta estaba en desacuerdo con los principios internacionalmente reconocidos sobre el uso de las armas de fuego. No había indicios de que ninguna de las víctimas de los siguientes incidentes estuviera armada o pusiera en peligro de otro modo las vidas de los agentes de policía implicados.


En una fecha no especificada de julio, Valentín Hristov estaba detenido en la Dirección Regional de Policía en Petrich. Allí le dejaron sin vigilancia en una celda que no estaba cerrada con llave. Cuando consiguió salir del edificio, un agente de policía le persiguió a lo largo de aproximadamente 200 metros y le disparó en el muslo.


También en julio, en el vecindario romaní de Plovdiv, la policía disparó a Simcho Milenkov, menor de edad, al no obedecer la orden de alto y seguir corriendo por los tejados de casas. El joven fue trasladado al hospital con heridas que ponían en peligro su vida. Según los informes, la policía estaba buscando a miembros de un grupo implicado en varios robos.


Según los informes, el 16 de agosto se produjo otro incidente en Sofía, la capital, delante de un cine. Dos hombres atacaron a un agente de la Dirección de Asuntos Internos de Sofía mientras paseaba en bicicleta por la acera. Los hombres cogieron la bicicleta y escaparon. El hombre disparó a los atacantes y alcanzó a Chavdar Dimitrov, que se encontraba en el lugar por casualidad y resultó herido. Posteriormente, Chavdar Dimitrov fue trasladado a un hospital.


En septiembre, Amnistía Internacional escribió a las autoridades búlgaras instándoles a que llevaran a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre estos incidentes. En el momento de redactar este informe no se había recibido información de las autoridades búlgaras sobre si se habían realizado estas investigaciones.


Muertes bajo custodia en circunstancias poco claras


El 9 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, Filip Kunchev, de 20 años, que había sido detenido durante un investigación criminal, fue encontrado muerto en la celda del Octavo Distrito Policial de Sofía. Un equipo médico del Ministerio del Interior emitió un certificado de defunción y, según los informes recibidos, se ordenó realizar una autopsia que determinase la causa de la muerte.


Según los informes, el 28 de julio, Borislav Slavchev murió en la cárcel de Stara Zagora a consecuencia de una descarga eléctrica mientras manejaba un aparato eléctrico en un almacén. Se encontraba cumpliendo una condena de 25 años por el asesinato de dos hombres. En una carta abierta a las autoridades búlgaras, su madre, Stanka Kotseva, refutó la presunta causa de la muerte de su hijo. La mujer afirmó que, cuando le trajeron el cuerpo de la cárcel, tenía hematomas por toda la espalda, tres heridas abiertas en la zona del riñón y verdugones transversales que podían haberse producido como consecuencia de golpes con una cuerda o una porra. El 27 de agosto se informó de que la Oficina del fiscal general había dado instrucciones para que se exhumase el cuerpo de Borislav Slavchev y se le hiciese una segunda autopsia.


En septiembre, Amnistía Internacional solicitó información a las autoridades búlgaras sobre las investigaciones acerca de estos incidentes y copias de los informes de las autopsias. En el momento de redactar este informe no se había recibido información alguna al respecto.


Casos de presuntos malos tratos


El 5 de julio, alrededor de la 1 de la tarde, 13 personas atacaron y golpearon indiscriminadamente a visitantes de la discoteca «Komuna», en Plovdiv. El propietario de la discoteca, Petur Glavchev, y algunas de las otras víctimas afirmaron haber reconocido a dos agentes de policía2. Previamente, el 29 de junio, tras una discusión, uno de los guardas de la discoteca le había dicho a uno de los porteros que abandonara el establecimiento. Dos días después, ocho agentes de policía fueron a la discoteca y se llevaron al mismo portero a otro lugar, donde fue golpeado brutalmente.


El 4 de octubre, en Stara Zagora, los agentes de policía Borislav Nedev y Georgi Yorgandzhiev fueron detenidos por su presunta participación en varios robos. Según los informes, sus superiores les habían ordenado ir al garaje subterráneo de la Dirección Regional de Asuntos Internos, donde unos desconocidos vestidos de civil les golpearon con porras. Posteriormente estuvieron esposados durante 30 horas sin orden judicial y se rechazó su petición de hablar con un abogado. Según los informes, los agentes se reintegraron a sus puestos dos días más tarde, aunque tenían intención de presentar una denuncia por malos tratos.


El 7 de diciembre, en la ciudad de Drumohar, en la región de Kyustendil, agentes de policía se dirigieron a la vivienda de Detelin Apostolov en cinco o seis vehículos y, según los informes recibidos, le golpearon con porras y le propinaron patadas por todo el cuerpo. También golpearon a Kiril Nikolov, cuñado de Detelin Apostolov. Según un artículo publicado el 9 de diciembre en el diario Standart, periódico de Sofía, ambos hombres fueron trasladados a un hospital posteriormente. Un portavoz del Ministerio del Interior informó de que los policías implicados en los malos tratos eran agentes del Departamento de Asuntos Internos de Sofía y que se enviaría un informe del incidente al Fiscal Militar.


Amnistía Internacional escribió a las autoridades búlgaras sobre estos incidentes en enero de 1997 y solicitó información sobre los resultados de estas investigaciones.



CROACIA


Croacia admitida en el Consejo de Europa


El 6 de noviembre, Croacia fue admitida como miembro del Consejo de Europa, tras haber sido rechazada su admisión en dos ocasiones anteriores en 1996, al imponerse nuevas condiciones para su pertenencia en relación con su historial de derechos humanos.


Ataques a defensores de los derechos humanos


El 18 de julio hizo explosión una bomba a unos 20 metros de la residencia de verano de Ivan Zvonimir Čičak, presidente del Comité Croata de Helsinki para los Derechos Humanos (HHO). El Comité y el propio Iván Z. Čičak habían criticado abiertamente el historial de derechos humanos de las autoridades de Croacia. Iván Z. Čičak y algunos familiares (entre los que había algunos niños) se encontraban en la casa en ese momento, pero afortunadamente nadie resultó herido.


Un centro de asesoramiento de la ciudad de Vrhovine, en la antigua zona protegida por las Naciones Unidas (ONU), sector norte, sufrió diversos ataques entre julio y noviembre. La zona había estado controlada por las fuerzas rebeldes serbocroatas desde mediados de 1991 hasta agosto de 1995, cuando la mayoría de las fuerzas armadas y los civiles serbocroatas huyeron antes de una ofensiva del ejército croata, abandonando a una pequeña cantidad de gente, principalmente ancianos. El centro de asesoramiento había estado ayudando a la población local (al margen de su nacionalidad) proporcionando asesoramiento jurídico y promoviendo el regreso a la zona de los refugiados y desplazados de todas las nacionalidades.


En julio se produjo el primer intento de incendiar la oficina del centro; en esta ocasión nadie resultó herido. El 17 de octubre, dos miembros del personal del centro fueron atacados por un intruso. La policía detuvo a un hombre durante un breve periodo de tiempo en relación con el ataque, pero quedó en libertad rápidamente y, según los informes, poco después amenazó de nuevo a los miembros del personal. La noche del 22 de noviembre fueron incendiadas de nuevo las oficinas del centro, pero una vez más el edificio estaba vacío y nadie resultó herido.


Estos hechos son similares a otros ocurridos en los últimos años, en los que periodistas, abogados y activistas de organizaciones no gubernamentales han sufrido ataques físicos y han visto cómo sus oficinas y hogares resultaban dañados por incendios y explosivos. Aunque es posible que los responsables de estos hechos no hayan sido representantes de la autoridad, el hecho de que no se haya procesado a sus autores refuerza la idea de la existencia de una atmósfera de impunidad que los anima. Las autoridades han criticado reiteradamente a periodistas independientes y defensores de los derechos humanos; el propio presidente ha hecho referencia en repetidas ocasiones a la financiación que reciben del extranjero y ha afirmado que perjudican los intereses del Estado.


Periodistas absueltos de cargos de calumnias al presidente; posible presentación de cargos contra otro periodista


El 25 de septiembre, el tribunal municipal de Zagreb absolvió a los periodistas del Feral Tribune Marinko Ćulić y Viktor Ivančić de los cargos de «calumnias» e «insultos» al presidente (véase EUR 01/02/96/s). El fiscal anunció inmediatamente un recurso contra la absolución, aunque a finales de diciembre aún no se habían anunciado nuevos procedimientos.


En noviembre, otro periodista, Vesna Janković, director de la revista independiente Arkzin (fundada por la Campaña Croata contra la Guerra), fue interrogado por la policía en relación con un artículo publicado en la revista que cuestionaba el origen de la riqueza del presidente y comparaba su posición con la del presidente indonesio Suharto. A fines de diciembre no se habían formulado cargos.


«Desapariciones» pendientes; exhumación de fosas comunes


En septiembre, un equipo de expertos de la organización estadounidense Physicians for Human Rights, que trabaja para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (el Tribunal), comenzó a investigar sobre el terreno las fosas comunes cerca de la ciudad de Vukovar, en Eslavonia oriental. Al parecer, en las fosas se encontraban los cuerpos de pacientes y personal hospitalario, mayoritariamente croatas, detenidos por el Ejército Nacional Yugoslavo al tomar el control del hospital de la ciudad en noviembre de 1991. A principios de 1997 se estaba procediendo a la identificación de 200 cuerpos exhumados de las fosas.


En noviembre de 1995, el Tribunal acusó a tres oficiales del ejército yugoslavo en relación con el secuestro y homicidio de personal y pacientes del hospital de Vukovar.


En junio, las autoridades croatas detuvieron a Zlatko Aleksovski, al que el Tribunal había acusado de crímenes contra musulmanes bosnios en Bosnia central en 1993. Sin embargo, a fines de diciembre aún no le habían puesto bajo custodia del Tribunal.


Siguen siendo insuficientes las medidas de seguridad en la región de la Krajina; regresan pocos refugiados; ausencia de juicios justos


A fines de 1996, pocos serbios habían regresado a las zonas anteriormente protegidas por la ONU (sectores norte y sur) de la región de la Krajina. Al parecer, los principales motivos fueron la preocupación de los refugiados y los desplazados por su seguridad física y los problemas para la obtención de documentos y permisos para permitir su regreso por parte de las autoridades croatas. Aunque se recibieron menos informes de ataques físicos a los miembros de la población serbia (pequeña y formada sobre todo por ancianos) que aún permanecía en la región de la Krajina, siguieron recibiéndose denuncias sobre saqueos y ausencia de presencia policial visible para impedir e investigar estos hechos. Croatas que habían regresado a la zona o aún permanecían allí expresaron los mismos temores sobre su seguridad física, y gran parte de los saqueos se atribuyeron a refugiados de Bosnia y Herzegovina que se trasladaban a la zona, o a personas que cruzaban la frontera desde Bosnia.


En septiembre se promulgó una nueva Ley de Amnistía, destinada fundamentalmente a los serbocroatas que habían participado en la rebelión contra las autoridades croatas durante el conflicto armado en Croacia entre 1991 y 1995. La ley excluía de la amnistía a los acusados o condenados por crímenes de guerra o abusos contra los derechos humanos. La ley se aprobó tras las presiones recibidas de la ONU, que indicó que las leyes de amnistía anteriores habían sido restrictivas y que era probable que muchos serbocroatas abandonaran la zona de Eslavonia oriental administrada por las Naciones Unidas cuando volviera a formar parte de Croacia en 1997 simplemente por el temor a ser procesados.


Como consecuencia de la ley, alrededor de 100 serbios que estaban detenidos quedaron en libertad; de ellos, unos 45 eligieron ser llevados inmediatamente a la República Federativa de Yugoslavia. Sin embargo, muchos de los que se quedaron fueron detenidos de nuevo inmediatamente, principalmente por cargos de crímenes de guerra por los que no habían sido procesados con anterioridad.


Algunos serbocroatas y serbobosnios fueron condenados por crímenes de guerra en tribunales croatas durante 1996. Existieron razones fundadas para dudar de que hubieran sido sometidos a un juicio justo. Por ejemplo, al parecer, los acusados no pudieron presentar testigos de la defensa que vivieran en Eslavonia oriental, en la entidad de la República Srpska de Bosnia y Herzegovina, o en la República Federativa de Yugoslavia.



CHIPRE


Homicidios


Kutlu Adali, periodista que vivía en la parte turcochipriota de la isla, fue abatido a tiros a las puertas de su casa el 7 de julio. Según los informes, había sido amenazado de muerte en relación con sus críticas vertidas en el periódico Yeni Düzen (Nuevo Orden) sobre la continua presencia en Chipre de tropas turcas y la política de llevar ciudadanos de la República de Turquía a vivir a Chipre. Según los informes, una llamada telefónica anónima al periódico Kibris (Chipre) afirmó que el homicidio había sido cometido por orden de un grupo de extrema derecha, la Brigada de la Venganza Turca. En agosto, Amnistía Internacional preguntó a Rauf Denktaş, dirigente de la comunidad turcochipriota, qué medidas se habían tomado para investigar el homicidio de Kutlu Adali, a lo que contestó en noviembre que seguía en marcha una investigación sobre la muerte, pero que no se habían presentado cargos en relación con el homicidio.


El 11 de agosto, presuntos miembros de la organización turca de extrema derecha Lobos Grises golpearon a Tasos Isaak, grecochipriota, hasta causarle la muerte en la zona de seguridad de la ONU. La violencia se desató cuando grecochipriotas que pretendían llamar la atención de la comunidad internacional sobre la continuada división de Chipre intentaron abrirse paso a través de diversos puntos de la zona de seguridad. Tasos Isaak fue golpeado con palos y piedras hasta quedar inconsciente tras haber quedado atrapado con otro hombre en barricadas de alambre de espino. Murió poco después a causa de las graves heridas sufridas en la cabeza. Las imágenes de video mostraron claramente cómo era golpeado por tres turcochipriotas o participantes de otra manifestación turca, mientras un policía turcochipriota miraba sin intervenir. El 14 de agosto, durante una manifestación posterior a su funeral, Solomos Solomou, también grecochipriota, fue abatido a tiros por soldados turcochipriotas cuando intentaba arriar una bandera de un puesto de guardia en la parte turcochipriota de la zona de seguridad. Amnistía Internacional instó a Rauf Denktaş a que garantizase que se realizarían investigaciones exhaustivas, imparciales y si demora sobre los homicidios. Su respuesta fue que los hechos que dieron lugar a la muerte de Tasos Isaak fueron provocados por «los grecochipriotas que intentaban abrirse paso a la fuerza a través de diversos puntos de la zona de seguridad de la ONU, amenazando directamente los derechos y la seguridad de los turcochipriotas.»


En octubre, Petros Kakoulis, grecochipriota, fue abatido a tiros por soldados turcochipriotas cuando, según los informes, deambulaba por la zona de seguridad en busca de caracoles. Según su yerno, que se encontraba con él, seis soldados turcochipriotas se acercaron a Petros Kakoulis, que inmediatamente levanto los brazos en un gesto de rendición. Los soldados abrieron fuego contra él y, al parecer, le dispararon otra vez de cerca cuando ya había caído al suelo. Según los informes, la autopsia realizada por médicos turcochipriotas indicó que Petros Kakoulis había muerto de una única herida de bala que le perforó el pulmón y el corazón. Sin embargo, tras una segunda autopsia realizada cuando devolvieron su cuerpo a sus familiares se descubrió que, aunque el disparo mortal había sido en el pecho, también había recibido tres disparos en la garganta. En noviembre, las autoridades turcochipriotas respondieron a la petición de Amnistía Internacional para que se investigase el homicidio afirmando que una investigación interna se estaba ocupando del asunto.


Objeción de conciencia al servicio militar


El «servicio militar sin armas» alternativo para los objetores de conciencia sigue teniendo una duración punitiva (42 o 36 meses en comparación con los 26 meses del servicio militar normal) y se suspende durante situaciones excepcionales o de movilización general. Durante 1996 fueron encarcelados al menos 18 testigos de Jehová por negarse a realizar el servicio militar. Los llamados a filas por primera vez fueron condenados a penas de 26 meses, mientras que los reservistas fueron condenados a penas de siete u ocho meses de cárcel.


«Desapariciones»


En agosto, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a la ONU para que crease una comisión de investigación eficaz que investigase los casos de «desaparición», tanto a mando de entidades no gubernamentales como gubernamentales, y los casos de homicidio deliberado y arbitrario que se produjeron tras los hechos ocurridos en Chipre entre 1963 y 1964 y en 1974. La organización pidió al presidente Glafkos Clerides y a Rauf Denktaş que apoyasen esta comisión.



DINAMARCA


Denuncias de malos tratos


Veronica Ngozi Ugwuoha, ciudadana nigeriana que llevaba 12 años viviendo en Dinamarca, fue detenida por la policía de Copenhague en la noche del 20 al 21 de julio, en circunstancias poco claras. Como consecuencia de su detención resultó con una pierna fracturada y fisura de rótula.


Veronica Ngozi Ugwuoha afirma que se le denegó asistencia médica durante varias horas mientras estaba detenida bajo custodia policial, pese a sus reiteradas peticiones de ver a un médico. Además, afirma que la policía hizo presuntamente comentarios racistas durante su detención; en concreto, que, como respuesta a sus quejas de malos tratos mientras estaban sujetándola, un agente de policía le dijo: «Así es como tratamos a los negros en Dinamarca y si no te gusta lo único que tienes que hacer es irte a tu casa».


En septiembre, Amnistía Internacional escribió al ministro danés de Justicia pidiéndole que investigase las circunstancias de la detención de Veronica Ngozi Ugwuoha y sus denuncias de malos tratos e insultos racistas. La organización expresó su preocupación por las denuncias de negligencia médica, especialmente tras las garantías recibidas del ministro danés de Justicia en marzo de 1995, indicando que se proporcionaría asistencia médica siempre que se solicitase. En este sentido, Amnistía Internacional solicitó información sobre las medidas que se iban a tomar para garantizar que, de conformidad con la declaración del ministro y las normas internacionales, se permitía a todas las personas, incluidas las que están bajo custodia policial, ejercer su derecho a recibir asistencia médica.


La organización también expresó su preocupación por las afirmaciones, aparecidas en la prensa danesa, del fiscal regional de Copenhague, que en la actualidad está investigando todas las denuncias mencionadas anteriormente. En concreto, Amnistía Internacional sintió preocupación por su afirmación de que durante la detención sólo se había hecho un uso razonable de la fuerza y que, según la información disponible, no había habido motivos para creer que alguno de los agentes había actuado de forma ilegal. La declaración parecía prejuzgar los resultados de la investigación y podría minar la confianza de la opinión pública en su imparcialidad.


En una contestación a Amnistía Internacional, el ministro de Justicia afirmó que no había considerado que las declaraciones del fiscal regional pudieran plantear dudas «sobre su imparcialidad [la del fiscal] en la investigación del caso». Envió a la organización una declaración del fiscal regional en la que manifestaba que no recordaba con exactitud las palabras de su declaración inicial, y que en aquel momento no habían existido motivos para «acusar a agentes de policía concretos de haber fracturado intencionadamente la pierna de la mujer en cuestión ni de haber cometido cualquier otro delito deliberadamente.» Amnistía Internacional indicó que, a diferencia de la declaración inicial atribuida al fiscal regional, su declaración posterior hablaba de intencionalidad y premeditación como opuestos de lo razonable y legítimo de la fuerza utilizada durante su detención y de la conducta de los agentes implicados respectivamente.


En noviembre, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia expresando preocupación por los informes según los cuales Dung Chi Nguyen, ciudadano vietnamita de 24 años, había sido sometido a malos tratos por parte de policías vestidos de civil durante su detención. El 9 de abril de 1995, la policía acudió a controlar unos disturbios en el exterior de un club nocturno de Kongens Nytorv. Algunos agentes de policía de la comisaría de Store Kongensgade detuvieron a Dung Chi Nguyen por su presunta participación en una pelea. Después fue acusado de atacar violentamente a una persona del público, resistirse a la autoridad y atacar a un agente de policía durante la detención. Posteriormente se retiraron todos los cargos.


Algunos miembros destacados del Partido Socialdemócrata danés presenciaron la detención. Entre ellos se encontraba Jens Kramer Mikkelsen, alcalde de Copenhague. Los testigos presentaron una denuncia contra el jefe de la policía de Copenhague alegando que agentes de policía habían golpeado repetidamente con porras a Dung Chi Nguyen mientras estaba esposado, tanto antes como después de caer al suelo. También denunciaron que los agentes habían tirado del pelo a Dung Chi Nguyen y afirmaron además que no le habían visto actuar violentamente durante la detención.


A su vez, el jefe de la policía de Copenhague entregó la denuncia de los testigos a la nueva junta de denuncias contra la policía. Como es habitual, las averiguaciones de la investigación, realizada por la división de homicidios de la policía de Copenhague, se enviaron al fiscal regional, que concluyó que los golpes que había recibido Dung Chi Nguyen habían sido necesarios para vencer su resistencia a la autoridad y que no había sido golpeado mientras estaba en el suelo y esposado. Como consecuencia, no se inició ningún proceso penal contra los agentes de policía implicados.


En otoño de 1995, Dung Chi Nguyen recurrió la decisión del fiscal regional ante el fiscal general del Estado. El resultado del recurso fue una repetición de la decisión del fiscal regional de no procesar a los agentes. Sin embargo, en mayo de 1996, la nueva junta de denuncias contra la policía concluyó que los agentes habían actuado de forma indebida al golpear a Dung Chi Nguyen con porras mientras estaba esposado en el suelo durante la detención. Según la información de Amnistía Internacional, esta fue la primera ocasión en la que la junta de denuncias contra la policía, que había entrado en funcionamiento a principios de 1996, expresó su desacuerdo con una decisión del fiscal regional.


Sin embargo, en su contestación a Amnistía Internacional, el ministro de Justicia informó a la organización de que había estudiado el caso y no había encontrado «motivos para emprender acciones contra los agentes de policía implicados». Independientemente de la conclusión, el ministro había «lamentado todo lo ocurrido en relación con la detención de Dung Chi Nguyen».


Las pruebas que confirmaban las denuncias de malos tratos en el caso de Dung Chi Nguyen eran especialmente convincentes. A diferencia de lo ocurrido en otros casos, en los que las denuncias de malos tratos parten únicamente de la persona que alega haber sido víctima de los mismos, en este caso la denuncia fue corroborada por declaraciones de destacados miembros de la opinión pública.


Examen del Comité de Derechos Humanos de la ONU del tercer informe periódico presentado por Dinamarca


En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó el tercer informe periódico presentado por Dinamarca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), e hizo una serie de recomendaciones, entre ellas que se proporcionase más formación a la policía sobre control de masas, que se estudiase de nuevo la utilización de perros en esas situaciones, que se revisase la normativa relativa a la prisión preventiva y la reclusión en régimen de aislamiento y que se tomasen medidas para garantizar la aplicación directa del PIDCP en la legislación nacional. En noviembre, Amnistía Internacional escribió al ministro danés de Justicia expresando su satisfacción por la ratificación por parte de Dinamarca del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, la ampliación de las competencias concedidas al Defensor del Pueblo y otros aspectos positivos mencionados en las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Sin embargo, dada la gravedad de la preocupación expresada por el organismo internacional e independiente de vigilancia de los derechos humanos, la organización solicitó información sobre si se tomarían medidas, y cuales serían, para poner en práctica las recomendaciones del Comité.


En relación con el uso de perros en el control de masas, el ministro afirmó: «Actualmente, la Dirección General de la Policía está redactando normas para la utilización de perros en el control de masas». En lo que se refiere a la aplicación del PIDCP en la legislación nacional, el ministro afirmó que «el Pacto [PIDCP] puede aplicarse directamente en la legislación danesa y puede invocarse ante los tribunales daneses».



ESTONIA


En agosto, Amnistía Internacional publicó el documento titulado The Baltic States - A summary of recent concers (índice AI: EUR 06/01/96), en el que describía sus principales preocupaciones en Estonia, Letonia y Lituania en el período comprendido entre enero de 1995 y julio de 1996.


En octubre, el presidente Lennart Meri prestó juramento para su segundo mandato tras cinco rondas de votaciones, tres en el parlamento y dos en un colegio electoral. En noviembre, el Partido Reformista abandonó la coalición gobernante, lo que obligó al primer ministro Tiit Vähl a formar gobierno en minoría.


La pena de muerte


En junio, el fiscal general adjunto informó a Amnistía Internacional de que en aquel momento había trece personas sentenciadas a muerte. En cuatro de los casos se habían agotado las posibilidades de apelación. Tres de los cuatro presos estaban aún pendientes del resultado de las peticiones de clemencia que habían presentado al presidente Meri; en el caso de un preso, Vladimir Botchko, la petición se había formulado tres años antes. El fiscal general adjunto también informó a Amnistía Internacional de que la Prisión Central de Tallín había presentado un recurso ante el Tribunal del Estado en nombre de Vladimir Botchko. (En diciembre de 1992, el tribunal del condado de Harju había condenado a Vladimir Botchko por la violación y el asesinato de una niña de cinco años. (Véase The Baltic States - A summary of recent concers, índice AI: EUR 06/01/96).


Por último, en su carta a Amnistía Internacional el fiscal general adjunto respondió a la preocupación de la organización acerca de los presos pendientes de ejecución que estaban recluidos en régimen de aislamiento afirmando que esto se hacía para proteger a los presos (Amnistía Internacional considera que el aislamiento puede tener graves consecuencias en la salud física y mental de los presos y puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. La organización había planteado sus preocupaciones sobre este tema en una carta al presidente Meri en agosto de 1995). En octubre, en su contestación al fiscal general adjunto, Amnistía Internacional instó a las autoridades estonias a que estudiasen todas las formas posibles de paliar los efectos del aislamiento en los presos pendientes de ejecución que no pusiesen en peligro su seguridad.


En su carta al fiscal general adjunto, Amnistía Internacional también solicitó más información sobre los presos que estaban en ese momento sentenciados a muerte. En respuesta a la pregunta de Amnistía Internacional, el fiscal general adjunto contestó en noviembre que no podía «asumir la responsabilidad de informarles a ustedes o a cualquier otra persona sobre estros casos continuamente». En octubre, Amnistía Internacional preguntó al presidente del Tribunal del Estado qué avances había habido en relación con el recurso presentado por la Prisión Central de Talín en nombre de Vladimir Botchko. En noviembre, el presidente del Tribunal del Estado comunicó a la organización que la información que el fiscal general adjunto había remitido a Amnistía Internacional era inexacta, ya que no se había recibido ningún recurso.


En diciembre, los 101 miembros del parlamento estonio (Riigikogu) aprobaron una modificación del Código Penal que posibilitaba que los tribunales dictasen una nueva condena a cadena perpetua a personas condenadas por delitos especialmente violentos. Una propuesta para abolir la pena de muerte fue derrotada por 39 votos en contra y 7 a favor. En enero de 1997, el presidente de la Comisión de Justicia informó a Amnistía Internacional de que el 14 de enero el gobierno envió el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales al Riigikogu. (Estonia firmó el Convenio y su Sexto Protocolo, mediante el que queda abolida la pena de muerte en tiempos de paz, en mayo de 1993, cuando se convirtió en miembro del Consejo de Europa. Aunque Estonia no se comprometió oficialmente a abolir la pena de muerte tras su ingreso en el Consejo de Europa, en general la Asamblea Parlamentaria espera que los Estados miembros ratifiquen el Convenio y su principales protocolos entre uno y tres años después de su adhesión. Estonia ratificó el Convenio, pero no el Sexto Protocolo, en abril de 1996). Según el presidente de la Comisión de Justicia, la Comisión debatirá primero el Sexto Protocolo y lo presentará para su debate en el Parlamento.


En enero de 1997, The Baltic Times informó de que el Tribunal de la ciudad de Tallín había condenado a muerte a Romeo Kalda, un hombre de 22 años declarado culpable del asesinato de un agente de policía durante un intento de robo en abril de 1996.



ESPAÑA


Testigo de la «guerra sucia» secuestrado y torturado


La mañana del 9 de noviembre, unos operarios del servicio municipal de limpieza de la ciudad de San Fernando (Cádiz) encontraron en un descampado cercano a un hombre que pedía socorro. Fue llevado a dependencias de la Policía Municipal y, posteriormente, ingresado en un hospital.


El hombre, cuya identidad es confidencial y que sólo es conocido por la clave 1964/S, es un testigo protegido en las investigaciones sobre el secuestro de dos presuntos miembros del grupo armado vasco ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala llevado a cabo en 1983, en Bayona, Francia. Sus cadáveres fueron descubiertos en el sur de España en marzo de 1995. Los dos cadáveres presentaban numerosas señales de golpes y torturas, entre ellas la pérdida de uñas de las manos y los pies. Murieron a causa de golpes en el cráneo seguidos de disparos en la nuca.


Días antes, el 5 de noviembre, el testigo había prestado declaración en Madrid ante un juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar parte de las acciones realizadas por una organización secreta, los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que asesinaron entre 1983 y 1987 a 27 personas, 10 de las cuales carecían de relación con ETA. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, esta organización secreta estaba compuesta por miembros de los servicios de seguridad y pistoleros a sueldo relacionados con el crimen organizado. Se cree que esa organización poseía contactos en los niveles ministeriales más altos, entre los que cabe destacar a un antiguo ministro del interior, el responsable de las fuerzas de seguridad y los más altos representantes del gobierno en el País Vasco.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, 1964/S, antiguo oficial de los servicios de información de la marina, implicó en los delitos a miembros de la Guardia Civil que anteriormente habían estado destinados en el País Vasco. Numerosos oficiales de la Guardia Civil, destinados en el cuartel de Intxaurrondo en el País Vasco, entre los que cabe destacar al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo; el gobernador de la provincia de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, y el secretario de Estado para la seguridad dependiente del Ministerio del Interior ya habían sido encausados en el curso de las investigaciones judiciales por estos asesinatos. Por ello, el juez emitió una orden en la que requería al ministro del Interior que organizara una mayor protección para el testigo. Sin embargo, según la explicación ofrecida por el ministro del Interior en respuesta a las preguntas que le fueron formuladas en el Parlamento, la orden había llegado incompleta a su oficina. Para cuando esta orden fue rectificada y remitida al director general de la policía para su ejecución, el testigo ya se había marchado de Madrid y se había encaminado hacia el sur.


En su declaración, 1964/S afirmó que la noche del 8 de noviembre unos hombres armados le habían secuestrado a punta de pistola en una estación de servicio y se lo habían llevado a una playa, donde lo esposaron y golpearon. Le quemaron con cigarrillos y le sodomizaron con un objeto romo en al menos tres ocasiones. Los secuestradores amenazaron a familiares suyos cuyas fotos llevaba en su cartera, de la que se apoderaron. Le acusaron de hablar demasiado y dijeron que si comunicaba a la policía lo ocurrido su familia correría peligro. Le introdujeron a la fuerza en la boca una copia de la orden del juez en la que éste solicitaba medidas de mayor seguridad para el testigo.


Un médico de los servicios de urgencias del hospital local examinó las lesiones de 1964/S y confirmó que coincidían con las torturas denunciadas. Entre las lesiones sufridas destacaban 22 quemaduras de cigarrillo y laceraciones en la zona rectal.


1964/S afirmó haber identificado las esposas como de uso reglamentario y declaró también que uno de sus torturadores llevaba puestos unos guantes de latex superfinos negros, como los que usan las fuerzas especiales.


El juez de guardia en Cádiz inició inmediatamente una investigación y el ministro del Interior hizo una declaración ante el Parlamento. El ministro del Interior admitió que las medidas de seguridad habían sido insuficientes, si bien negó que fuera por negligencia. Se comprometió a verificar las denuncias de 1964/S y reconoció que los hechos del 8 de noviembre constituían «un fracaso colectivo del Estado de Derecho.»


El hecho de que no se proporcionara una protección adecuada al testigo 1964/S ocurrió en un momento en el que se produjeron más denuncias de amenazas verbales contra otros testigos, juristas y abogados que participaban en las distintas investigaciones sobre las operaciones de los GAL.


Tras las torturas sufridas por el testigo 1964/S, un agente de la Guardia Civil que prestaba servicio en la embajada española en Guatemala fue llamado a declarar en España. Sin embargo, la prensa informó que había ejercido su derecho a guardar silencio.


Un tribunal de Barcelona absolvió a dos guardias civiles de los delitos de torturas y asesinato de un detenido


Jorge Xurigué Blanch murió en un hospital en Sabadell (Barcelona) en agosto de 1994. Tanto él como un amigo suyo habían sido detenidos por dos guardias civiles mientras intentaban atracar una estación de servicio. Los agentes declararon posteriormente que, cuando trasladaban a los dos hombres al cuartel de la Guardia Civil, éstos intentaron escapar y fue preciso reducirles por la fuerza. Los agentes insistían en que se había producido un forcejeo pero que no habían propinado a los detenidos golpes ni patadas.


Jorge Xurigué murió a consecuencia de una hemorragia cerebral tras recibir un golpe en la sien. La Audiencia Provincial llegó a la conclusión de que los dos agentes habían dado patadas y golpes a los detenidos mientras yacían en el suelo. En el juicio, el tribunal determinó que el agente que custodiaba a Jorge Xurigué le dio una patada en la cabeza. Sin embargo, basándose en las pruebas periciales, no consideró probado que la causa de la hemorragia mortal hubiera sido una patada dada por uno de los agentes ni que hubieran golpeado al detenido con la intención de matarlo. El tribunal tampoco pudo identificar con seguridad cuál de los dos agentes fue responsable de cada una de las lesiones sufridas por cada uno de los dos detenidos. Por ello, absolvió a ambos acusados de los cargos de asesinato, homicidio, falsificación de documento oficial y torturas. Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular que representaba a la viuda anunciaron su intención de apelar contra la sentencia ante el Tribunal Supremo.


Abusos cometidos por el grupo armado vasco ETA


En este período continuó la campaña de atentados y toma de rehenes emprendida por ETA.


En noviembre, ETA reivindicó el secuestro de Cosme Delclaux Zubiria, abogado e hijo de un importante industrial del País Vasco. ETA declaró en un comunicado que el secuestro de Cosme Delclaux «ha golpeado en el corazón de la aristrocracia finaciera de Neguri [bario acomodado de las afueras de Bilbao]... que tiene una responsabilidad principal en la opresión económica y política» del País Vasco. El secuestro coincidía con una nueva campaña de ETA para recaudar fondos mediante el llamado «impuesto revolucionario».


José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones de Burgos secuestrado por ETA en enero de 1996, seguía secuestrado al final del año. Un representante parlamentario de un partido político vasco que apoya a los presos de ETA y que lleva tiempo haciendo campaña para conseguir el reagrupamiento de estos presos en prisiones del País Vasco, declaró en diciembre que el «futuro» de José Antonio Ortega Lara estaba en las manos del ministro del Interior. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, declaró que no hablaba en nombre de ETA pero afirmó que lo que le ocurriese a José Antonio Ortega Lara dependía de que el gobierno español «cumpla la legalidad» y respete los derechos humanos de los presos vascos trasladándolos más cerca de sus familias.


Amnistía Internacional, de acuerdo con su mandato, no se pronuncia sobre el reagrupamiento de los presos. No obstante, sí ha condenado en repetidas ocasiones los homicidios deliberados y arbitrarios, así como la toma de rehenes, porque constituyen una violación de las normas humanitarias internacionales.


Expulsión forzosa de africanos, entre los que había solicitantes de asilo


En junio de 1996, 103 personas procedentes de distintos países africanos fueron expulsados de Melilla y de Málaga en cinco aviones militares. Entre los expulsados se encontraban varios solicitantes de asilo reconocidos. Cuarenta y cinco súbditos africanos fueron depositados en Guinea-Bissau e inmediatamente recluidos en la prisión de la Segunda Esquadra, donde algunos fueron golpeados.


Tras la publicación de algunos reportajes de prensa, en los que destacaban denuncias contra el Ministerio del Interior formuladas por un sindicato policial español, el gobierno se vio obligado a admitir que durante el vuelo se había entregado a los expulsados unas botellas de agua en las que se había añadido sedantes sin informarles de ello. Según los informes, algunas de las botellas de agua fueron entregadas por error a los agentes de policía de la escolta. Amnistía Internacional también recibió denuncias según las cuales los expulsados fueron esposados y algunos de ellos golpeados por los agentes de policía españoles en el avión. Muchos de los expulsados a Guinea-Bissau se encontraban enfermos, mal alimentados y sin dinero. Uno de ellos, súbdito nigeriano de 25 años de edad, resultó muerto en septiembre por un disparo de la policía en Bissau durante una manifestación violenta.


En agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que la expulsión era motivo de gran preocupación y que, en su opinión, el procedimiento usado para las expulsiones, si fue tal y como reflejaba la prensa, resultaba altamente censurable. Muchas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encontraba Amnistía Internacional, condenaron públicamente las expulsiones e hicieron un llamamiento al gobierno español para que respetara sus obligaciones hacia los expulsados.


En una carta dirigida a Amnistía Internacional, y firmada por el director de la Secretaría de Estado, el gobierno español declaraba que en todos los casos la expulsión sólo se había producido tras consulta previa y acuerdo con los países de origen de los presuntos «inmigrantes ilegales». Por ello, el gobierno español podía garantizar para ellos el destino, seguridad y respeto de sus derechos. Sin embargo, según la información proporcionada a Amnistía Internacional, el gobierno desconocía el país de origen de muchos de los expulsados en el momento de la expulsión.


Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio


Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el hecho de que no haya ninguna normativa que establece la posibilidad de solicitar la condición de objetor de conciencia tras el ingreso en las fuerzas armadas. En los 10 últimos años, más de una docena de casos de reclutas encarcelados debido a su negativa a terminar el servicio militar por motivos de conciencia surgidos tras su incorporación a filas, han sido objeto de la atención de la organización. Asimismo, en abril de 1996, el Comité de Derechos Humanos instó a España a enmendar su legislación al objeto de introducir ese derecho (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s).


El 26 de noviembre, el Congreso de los Diputados votó debatir una propuesta de reforma de la actual ley sobre objeción de conciencia. El texto de la propuesta, presentada por el partido catalán Convergència i Unió, incluía una disposición que permitía la objeción de conciencia surgida tras la incorporación a filas. Sin embargo, los principales partidos políticos dieron a conocer su intención de introducir en el texto unas enmiendas considerables durante su paso por el Parlamento en 1997. El gobierno también ha indicado al Parlamento su intención de poner fin al servicio militar obligatorio, sustituyéndolo, para el año 2003, por fuerzas armadas compuestas por profesionales y voluntarios.


FEDERACIÓN RUSA


Rusia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas


Amnistía Internacional instó al gobierno ruso a que aplicara las recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que el 12 de noviembre examinó el segundo informe periódico presentado por la Federación Rusa.


Amnistía Internacional había presentado a los miembros del Comité su propio informe, en el que detallaba sus preocupaciones por las denuncias de un uso sistemático y extendido de la tortura y de los malos tratos en Rusia (véase el documento Russian Federation: Comments on the Second Periodic Report submitted to the United Nations Committee against Torture, Índice AI: EUR 46/46/96). La organización también celebró una reunión con la delegación rusa en la que se trataron las medidas previstas por las autoridades.


Las conclusiones del Comité contra la Tortura confirmaron las preocupaciones de Amnistía Internacional: los soldados se han visto sometidos a tratos brutales por parte de soldados y oficiales de rango superior en el ejército, sin que las autoridades hayan tomado medidas para remediar la situación; las autoridades no han establecido un sistema eficaz para examinar con prontitud las quejas de presos; el proceso de armonización de la legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos progresa con lentitud; el personal policial y penitenciario carece de formación; las personas que se exponen a ser extraditadas no cuentan con salvaguardias adecuadas; las abundantes denuncias de abusos cometidos en el marco del conflicto de Chechenia, entre ellos torturas, no están siendo investigados con prontitud y eficacia.


Amnistía Internacional apoya enérgicamente la recomendación del Comité de que la Federación Rusa apruebe un exhaustivo plan de acción para poner fin a la tortura. El plan incluye: la tipificación de la tortura como delito; la agilización del proceso de formación del personal, incluido el personal médico, de todos los organismos que participan en labores policiales y en la reclusión de presos; la adopción de programas para informar a los reclusos y al público en general acerca de sus derechos y de los medios legales para protegerlos; la creación de un sistema eficaz para controlar las condiciones en que se realizan las investigaciones de delitos, las condiciones en las que se mantiene a personas bajo custodia policial y las condiciones en las prisiones; el establecimiento de un proceso adecuado para que se investiguen con prontitud denuncias formuladas por sospechosos, detenidos y presos y para el procesamiento de delincuentes; la mejora radical de las condiciones en las prisiones; la abolición de normas y reglamentos que permiten la prisión preventiva durante más de 48 horas sin autorización judicial; la abolición de normas y reglamentos que limitan el acceso a la asistencia letrada y el establecimiento de un comité independiente para investigar casos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes cometidos por las fuerzas militares de la Federación Rusa y de los separatistas chechenos con vistas a poner a disposición judicial a aquellas personas contra las que haya pruebas de participación o complicidad en esos actos.

Presos de conciencia


Objetores de conciencia al servicio militar: el caso de Uvanchaa Dozur-ool Mongushevich


Uvanchaa Dozur-ool Mongushevich, ciudadano de la República de Tuva, en el este de la Federación Rusa, fue llamado a filas en 1995, a pesar de que estaba preparando su iniciación como monje. Fue destinado a la unidad militar del pueblo de Pereyaslavka, en la región de Jabarovsk. Allí fue presuntamente maltratado por sus compañeros y, a consecuencia de las palizas brutales que recibió, fue hospitalizado por la rotura de ambas piernas. Poco después volvió al monasterio budista, donde fue detenido el 26 de mayo de 1996 por las autoridades militares. El 13 de junio se formularon en su contra cargos de «deserción voluntaria de su unidad militar», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246 del Código Penal ruso, por lo que podía ser condenado a una pena de prisión de entre tres y siete años. Fue recluido en un centro para presos preventivos (SIZO) en San Petersburgo. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, Uvanchaa Dozur-ool Mongushevich declaró de forma constante su objeción de conciencia al servicio militar desde el momento en que recibió su llamamiento inicial a filas. Su maestro espiritual recibió el 28 de junio una carta de la oficina del fiscal jefe militar de la Federación Rusa en la que se reconoce este extremo.


Amnistía Internacional supo que el 28 de junio el fiscal militar de San Petersburgo había decidido cerrar el caso contra Uvanchaa Dozur-ool Mongushevich debido a un «cambio de circunstancias». El fiscal decidió que ya no debía permanecer más tiempo recluido y le envió a la oficina de reclutamiento militar de la República de Tuva con el fin de que le dieran de baja en el servicio militar. Esta decisión fue confirmada el 18 de julio por el fiscal militar de Moscú. Sin embargo, según la información enviada por el fiscal adjunto militar de Jabarovsk, Uvanchaa Dozur-ool Mongushevich fue devuelto del SIZO en San Petersburgo a su unidad militar original en Jabarovsk, y le obligaron a seguir prestando servicio en el ejército.


En noviembre, Amnistía Internacional fue informada por el fiscal jefe militar de la Federación Rusa que se habían retirado todos los cargos contra Uvanchaa Dozur-ool Mongushevich y que había sido excarcelado.


El caso de Aleksandr Nikitin (actualización de la información proporcionada en el documento EUR 01/02/96/s)


Tras una exhaustiva investigación de los materiales escritos por Aleksandr Nikitin para un informe de la Fundación Bellona, organización noruega sobre el medio ambiente, por el que se habían formulado cargos de traición en su contra, Amnistía Internacional concluyó que la revelación de la información contenida en el capitulo pertinente no justificaba la restricción de la libertad de expresión de Aleksandr Nikitin para proteger los intereses de Rusia en materia de seguridad nacional. Amnistía Internacional concluyó que había sido recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, y lo adoptó como preso de conciencia. La organización hizo un llamamiento en favor de su puesta en libertad inmediata e incondicional. Además, la forma en que el Servicio Federal de Seguridad llevó la investigación, incluidas las pruebas de que este organismo había estado obstruyendo una determinación judicial justa del caso desde el día en que fue detenido Aleksandr Nikitin, dio motivos para suponer que su procesamiento estaba políticamente motivado. Es más, Amnistía Internacional consideró que la condena de Aleksandr Nikitin podría provocar más procesamientos arbitrarios por parte del Servicio de Seguridad Federal.


En octubre se formularon cargos formales de traición bajo la forma de espionaje contra Aleksandr Nikitin (artículo 64 del código penal ruso), divulgación de secretos de Estado (artículo 74 2ª parte) y falsificación de documentos (artículo 196 1ª parte).


Aleksandr Nikitin fue puesto en libertad provisional el 14 de diciembre a la espera de juicio. (De acuerdo con la legislación rusa, el plazo de su reclusión en régimen de prisión provisional acabó el 13 de diciembre y las autoridades se vieron obligadas a excarcelarlo o a revisar su caso para decidir que su reclusión debía prolongarse). Para entonces el Servicio de Seguridad Federal ya había terminado asimismo la investigación preliminar del caso, y el 13 de diciembre el fiscal general adjunto de la Federación Rusa, M. B. Katyshev, decidió que Aleksandr Nikitin debía ser puesto en libertad y el caso devuelto al Servicio de Seguridad Federal para que se investigara más a fondo. El fiscal fundamentaba su decisión en que el caso aún no estaba preparado para pasar por un tribunal. A finales de año, los cargos formulados contra Aleksandr Nikitin aún no habían sido retirados y no se le permitía viajar fuera de San Petersburgo mientras se encontrara a la espera de juicio. (Para información más pormenorizada sobre el caso de Aleksandr Nikitin, véase Russian Federation -- Federal Security Services (FSB) versus Prisoner of Conscience Aleksandr Nikitin: Return to Soviet Practices, Índice AI: EUR 46/42/96).


El caso de Yury Shadrin


Yury Shadrin, prestigioso abogado ruso y defensor público de los derechos humanos, fue detenido el 29 de noviembre de 1996 en la ciudad siberiana de Omsk por orden del Fiscal Regional. Posteriormente se formularon en su contra cargos en aplicación de artículos del actual código penal ruso: el artículo 211(1) («violación del reglamento de seguridad en el tráfico y conducción de vehículos de transporte»); el artículo 207 («amenaza de fuerza física contra una persona o propiedad»), y el artículo 176(3) («difamación de jueces y asesores del pueblo en el curso de sus actividades judiciales»). En el caso contra Yury Shadrin se combinaban cargos formulados en su contra en tres ocasiones distintas entre 1992 y 1996, incluidos dos cargos que anteriormente habían sido retirados.


Yury Shadrin ha representado a muchas organizaciones de derechos humanos de la región de Omsk y ha sido defensor público en los tribunales de muchas víctimas de violaciones de derechos humanos. Antes de su detención, Yury Shadrin tenía previsto participar en el Congreso de Jueces Rusos en Moscú el 5 de diciembre. Quería hablar en la reunión sobre las numerosas violaciones de procedimientos judiciales por varios jueces de Omsk y presentar pruebas de todo ello. Se sabe que en la noche del 28 de noviembre Yury Shadrin llamó por teléfono al Centro de Moscú para la Reforma Penitenciaria, organización de derechos humanos a la que pidió que le consiguiera un pase para el Congreso de Jueces. Fue detenido al día siguiente por la mañana. Su abogada defensora, Karinna Moskalenko, y otros observadores de la situación de los derechos humanos en Rusia creen que había escuchas en su línea telefónica y que la llamada fue interceptada por las autoridades de Omsk, que decidieron detenerlo e impedir de esa forma que participara en el Congreso de Jueces Rusos.


Amnistía Internacional cree que Yury Shadrin fue detenido y acusado únicamente a causa de sus actividades en defensa de los derechos humanos como defensor público y por la expresión pacífica de sus opiniones. La organización cree que los cargos formulados contra Yury Shadrin carecían de fundamento y que había sido seleccionado por las autoridades y detenido para impedir que continuase con su trabajo de derechos humanos. Amnistía Internacional estimó que era preso de conciencia e hizo un llamamiento en favor de su puesta en libertad inmediata e incondicional y para que se retiraran todos los cargos formulados en su contra.


El 1 de diciembre se informó de que Yury Shadrin había formulado una reclamación la que solicitaba que un tribunal comprobara la legalidad de su detención. En respuesta a sus repetidas solicitudes, las autoridades penitenciarias le entregaron un documento en el que declaraban que su reclamación había sido remitido al tribunal el 4 de diciembre. De hecho, la reclamación de Yury Shadrin no fue enviada al tribunal hasta el 10 de diciembre, después de que su abogada defensora le visitó en prisión. Esto constituía una clara violación del artículo 17(7) y del artículo 18 de la ley federal de 1995 que regula la reclusión de personas sospechosas o acusadas de haber cometido delitos, así como del artículo 46 de la Constitución rusa.


Varias organizaciones y defensores de derechos humanos rusos protestaron contra la detención y reclusión de Yury Shadrin. En una medida sin precedentes, un grupo de antiguos presos de conciencia y presos políticos de los campos estalinistas anunciaron que devolverían sus certificados de rehabilitación como víctimas de la persecución durante la era soviética y las indemnizaciones entregadas por el gobierno si Yury Shadrin no era puesto en libertad antes del 31 de diciembre. A finales de diciembre, miembros de varias organizaciones de derechos humanos organizaron piquetes y celebraron reuniones de protesta en Moscú en defensa de Yury Shadrin. Fue puesto en libertad provisional a la espera de juicio el 31 de diciembre, al parecer a causa de la iniciativa personal de Anatoly Chubais, jefe de la administración presidencial, si bien a Yury Shadrin no se le permitió abandonar la ciudad de Omsk y los cargos formulados en su contra no fueron retirados.


Continúan las ejecuciones


Las ejecuciones en Rusia continuaban incluso después de la aprobación de la resolución 1097 (1996) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 28 de junio, por la que se hacía un llamamiento al gobierno para que cumpliera su compromiso de introducir una moratoria sobre las ejecuciones (véase el documento EUR 01/02/96/s).


La información de Amnistía Internacional indica que al menos 140 condenados a muerte fueron ejecutados en 1996, 103 de ellos después de que el país se incorporara al Consejo de Europa. Existen serios indicios que sugieren que entre los ejecutados había personas inocentes de los delitos por los que fueron condenadas. Amnistía Internacional denunció repetidamente que las ejecuciones en Rusia continuaban e hizo llamamientos a las autoridades para que las detuvieran.


Véase también Mujeres en Europa, página 79.



FRANCIA


Disparos, homicidios y presuntos malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley


En julio de 1993, Franck Moret resultó muerto por los nueve disparos efectuados por un gendarme contra el vehículo en el que viajaba acompañado por su novia por una carretera de la región de Drôme. Tanto Franck Moret como su novia estaban desarmados. Sus familias presentaron una querella judicial como acusación particular contra los gendarmes por asesinato. Sin embargo, el agente declaró que había disparado en defensa propia. La versión de los testigos y las pruebas extraídas de una reconstrucción de los hechos ordenada por el juez encargado de la investigación han revelado fuertes contradicciones en relación con las circunstancias de esta muerte.


La investigación judicial tardó dos años y medio, a lo que se sumó una demora de seis meses, tiempo que tardaron las autoridades en decidir qué tribunal era el competente para juzgar el caso. Finalmente, en agosto se encargó el caso al Tribunal Penal de primera instancia que celebra juicios sin jurado. La parte que representaba a las familias de la víctima y de su novia apeló contra esta decisión y pidió que el juicio fuera transferido al Tribunal Penal de rango superior, que celebra juicios con jurado.


Lamentablemente, estas largas demoras son bastante frecuentes en Francia y muchos otros casos descritos en el Informe de 1994 de Amnistía Internacional (véase Índice AI: EUR 21/02/94) están aún a la espera de que se terminen las investigaciones judiciales, por no hablar del comienzo del juicio.


Mourad Tchier resultó muerto por un agente de policía en diciembre de 1993. Estaba desarmado y, al parecer, había intentado huir del agente. La policía declaró que Mourad Tchier había agitado algo en el aire a una distancia de cuatro o cinco metros y el agente sostuvo que al sentirse amenazado le disparó por la espalda (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). La investigación correspondiente ha sufrido continuas demoras e irregularidades de procedimiento y, de hecho, el magistrado encargado de la misma ordenó una reconstrucción de los hechos, lo que se considera esencial para realizar una investigación completa en este tipo de casos, dos años después de la muerte.


Retrasos semejantes se produjeron en relación con la investigación de los disparos con resultado de muerte efectuados por un gendarme contra el joven de 18 años de padres senegaleses Ibrahim Sy, cerca de Rouen. Dos gendarmes, que habían sido llamados para atender un supuesto caso de robo, aseguraron que habían tratado de detener un vehículo ocupado por tres jóvenes cuando salía de un aparcamiento. Los gendarmes declararon que habían gritado las advertencias reglamentarias al vehículo que se acercaba y que, al no detenerse, uno de los gendarmes disparó dos veces, hiriendo de muerte a Ibrahim Sy. Su cuerpo apareció unas horas después tirado a la salida de la gendarmería (véase Índice AI: EUR 21/01/95). La gendarmería es una fuerza militar y, por lo tanto, opera conforme a una legislación distinta que la que rige para la policía civil en lo que respecta al uso de armas de fuego. Los superiores de los gendarmes declararon que se habían dado las condiciones legales necesarias para el uso de las armas reglamentarias. Inmediatamente se inició una investigación judicial y los padres de Ibrahim Sy presentaron una denuncia por asesinato contra personas desconocidas. Dos años después el magistrado pidió que se llevara a cabo una reconstrucción de los hechos. Al finalizar el año la investigación seguía abierta.


Joël Nebor y Frédéric Adom murieron en junio de 1994 por los disparos efectuados por un agente de policía fuera de servicio cuando robaban la tienda de un comerciante de monedas en París. El agente portaba su arma reglamentaria y declaró que había actuado en defensa propia. Ninguna de las víctimas estaba armada. Al terminar el año la investigación judicial no había concluido.


El 20 de diciembre, el juez de instrucción de Niza, que investigaba la muerte de un niño de ocho años, accedió a la petición del fiscal y convino con él en que no había motivos de enjuiciamiento. En agosto de 1995 Todor Bogdanović estaba dormido en el segundo vehículo de una caravana de automóviles que llevaban romaníes que habían partido de un pueblo cerca de Novi Pazar, en la región parcialmente musulmana de Sandžak, limítrofe con Bosnia-Herzegovina. Según declararon, trataban de entrar ilegalmente en Francia por carreteras de montaña con objeto de solicitar asilo. La policía aseguró que, cuando la caravana llegó a un control de carretera situado sobre Sospel, se negó a detenerse. Uno de los agentes disparó tres tiros, primero con balas de goma y después de metal, con una de repetición. Los dos últimos tiros fueron disparados a corta distancia por las ventanas traseras del vehículo en el que iba Todor Bogdanović una vez que hubo rebasado al agente. La investigación preliminar llevada a cabo por la Inspección General de la Policía Nacional —órgano responsable de llevar a cabo investigaciones sobre la policía— concluyó que los disparos habían sido efectuados prematuramente. Todas las circunstancias en las que, según informes, se produjeron los disparos indican que no se dieron las condiciones que exige la defensa legítima. De hecho, el manual de formación de la policía francesa parece prohibir expresamente el uso de un arma en las circunstancias que, según los informes, concurrieron en este caso. «Una vez que el vehículo ha pasado de largo, y no existiendo ya las condiciones que requieren la legítima defensa, el uso del arma por el agente está prohibido». Pese a las pruebas aportadas por las investigaciones policiales y judiciales y sin tener en cuenta el reglamento policial y lo estipulado en el código penal sobre los límites de la legítima defensa, el fiscal insistió en que era posible que el agente creyera legítimamente que su vida estaba en peligro lo que, por lo tanto, justificaba que abriera fuego para defenderse.


Inmediatamente después de esta muerte, casi todos los romaníes, entre ellos un importante testigo, fueron expulsados de Francia. La familia del niño fallecido recurrió contra la decisión del juez instructor.


Amnistía Internacional recabó información sobre otras denuncias de malos tratos, disparos y homicidios de personas desarmadas por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley.


Etienne Leborgne, taxista de París oriundo de Guadeloupe, fue interceptado en enero de 1996 en el aeropuerto de Roissy para un control policial de su taxímetro. Huyó del control, pues su taxímetro estaba por encima del límite, pero en su huida hirió a uno de los agentes. Tres días después, un equipo de agentes de policía lo encontró cuando iba en su vehículo y consiguió bloquearlo e inmovilizarle el motor. Dispararon dos tiros que hicieron añicos las ventanas del taxi. Fue entonces cuando, según parece, uno de los agentes se acercó al automóvil y disparó contra Etienne Leborgne en la cabeza a corta distancia. El agente declaró que había disparado porque le vio meter la mano en la guantera en la que, supuestamente, había un bote de gas lacrimógeno. Se inició una investigación sobre esta muerte y la madre de Etienne Leborgne presentó una demanda judicial contra los agentes por asesinato y complicidad para el asesinato.


En ocasiones, las denuncias de malos tratos estuvieron acompañadas de informes según los cuales los agentes emplearon insultos de carácter racista.


En abril de 1996 Abdelkrim Boumlik, joven de 16 años de origen marroquí, fue interceptado en Soisy-sous-Montmorency por dos agentes de policía, uno de los cuales fue más tarde identificado como un miembro de la Brigada Anticriminal (BAC) vestido de civil. Iba conduciendo una motocicleta en compañía de un amigo de 15 años sin llevar el casco, lo que es contrario a la ley.


En una demanda judicial formal, Abdelkrim Boumlik declaró que los agentes les habían perseguido a él y a su amigo, y que les habían dado patadas y puñetazos y los habían golpeado con porras. Aseguró que, después, los agentes habían tratado de arrojarlos a un lago. Los habían esposado y obligado a arrodillarse en el interior del vehículo de los agentes donde éstos les dirigieron insultos racistas y amenazas.


Los dos muchachos fueron llevados a la comisaría de policía de Enghien-les-Bains donde permanecieron recluidos toda la noche. Ni un abogado ni el fiscal fueron informados de su detención. La policía declaró que trató sin éxito de ponerse en contacto con los padres de Abdelkrim Boumlik, pero los padres lo niegan e insisten en que estuvieron en casa durante toda esa noche.


Tras permanecer 12 horas recluido, Abdelkrim Boumlik fue puesto en libertad. Después fue a un hospital local donde le detectaron lesiones coincidentes con los hechos denunciados.


En noviembre tres agentes de policía de Bobigny fueron formalmente citados en la investigación relativa a la acusación de falsear los detalles del arresto e interrogatorio del refugiado y solicitante de asilo sij Gurnam Singh. Una patrulla de la policía que buscaba una vivienda ocupada ilegalmente en La Courneuve, zona que quedaba fuera de la jurisdicción de los agentes, lo había detenido sin estar autorizadas para hacerlo y lo había llevado a la comisaría de policía de Bobigny.


Gurnam Singh declaró ser un activista sij a quien habían detenido y torturado en la India, por lo que había perdido la visión de un ojo, antes de solicitar asilo en Francia en 1994. Su petición de asilo había sido denegada en abril de 1995 y vivía ilegalmente junto con otros sijs conocidos suyos en la vivienda que ocupaban de forma ilegal. Una vez trasladado a la comisaría de Bobigny, un agente, al que después reconoció en una ronda de identificación, le dio puñetazos y bofetadas en la cara a la vez que le gritaba insultos de carácter racista. Cuando se dirigió al lavabo, el agente le agarró del pelo y le golpeó la cabeza contra la puerta, hiriéndole gravemente en la cara y poniendo en peligro la visión del ojo que le quedaba sano.


Al día siguiente, Gurnam Singh fue llevado al hospital para recibir tratamiento médico. El fiscal adjunto y agentes de la Inspección General de los Servicios de Policía ‒órgano responsable de las investigaciones internas sobre la policía dependiente de la Prefectura de París‒ le tomaron declaración.


Gurnam Singh presentó una denuncia formal y se inició una investigación judicial. El agente que presuntamente le había agredido fue identificado y citado como acusado de violencia voluntaria.


La investigación judicial llegó a la conclusión de que los agentes que habían detenido a Gurnam Singh habían falseado los expedientes policiales para que pareciera que había sido detenido legítimamente en su jurisdicción, en la estación del metro Pablo Picasso y no en La Courneuve. Se esperaba que a los agentes se les imputaran cargos formales por las dos acciones.


Anteproyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio


En noviembre el gobierno aprobó un anteproyecto de ley en el que se proponía la suspensión total del servicio militar obligatorio antes del año 2002 mediante un proceso escalonado que se iniciaría en 1997. Sería sustituido por un curso obligatorio de ciudadanía (rendez-vous citoyen) de cinco días de duración para hombres y mujeres y un servicio militar y civil voluntario. Sin embargo, al terminar 1996 todavía no existía el derecho a reclamar la condición de objetor de conciencia durante el servicio militar activo, y el servicio civil alternativo a disposición de los objetores reconocidos seguía teniendo una duración punitiva: el doble que la del servicio militar ordinario. Varios procedimientos criminales contra objetores de conciencia procesados por su negativa a cumplir las normas relativas al servicio militar estaban en curso al término del año.



GEORGIA


La pena de muerte y presuntos malos tratos a detenidos


Durante el período que revisa este informe, se tuvieron noticias de al menos una sentencia de muerte. El 17 de junio el preso político Badri Zarandia fue sentenciado a muerte por el Tribunal Supremo y, según informes, sin derecho de apelación. Badri Zarancia es uno de los partidarios del ex presidente Zviad Gamsakhurdia, que fue derrocado en 1992 y protagonizó un intento frustrado de recuperar el poder en 1993. Los partidarios del ex presidente se hicieron brevemente con el control de amplias zonas del oeste del país, antes de huir o rendirse. Ex comandante de la ciudad occidental de Zugdidi cuando estaba controlada por tropas partidarias de Gamsakhurdia, Badri Zarandia fue arrestado el 20 de octubre de 1994 y condenado a muerte por traición y bandidaje en relación con el levantamiento de 1993. Las cinco personas a las que juzgaron con él fueron condenadas a penas de prisión de entre 13 y 15 años. Como se ha denunciado ya en otros juicios (véase, por ejemplo, Índice AI: EUR 01/02/95/s), los acusados aseguran que les maltrataron para forzarles a confesar. Badri Zarandia, por ejemplo, dice que fue golpeado con culatas de pistolas horas después de someterse a una operación en la que le amputaron una pierna. Zviad Sherozia denuncia que le colgaron de las piernas y le golpearon repetidamente y que un investigador le metió por la fuerza una granada en la boca y le amenazó con quitar la anilla. Amnistía Internacional ha instado a que se conmute la sentencia de muerte impuesta a Badri Zarandia junto con todas las demás sentencias de muerte pendientes y a que se investiguen todos los informes de malos tratos de forma inmediata e imparcial, a que sus resultados se hagan públicos y a que comparezcan ante la justicia todas las personas presuntamente responsables de ellos.


En otro caso político distinto, Amnistía Internacional se dirigió a las autoridades para expresarles su preocupación por el estado de salud del preso Irakli Surguladze. Según informes, sufrió un ataque cardiaco mientras se encontraba detenido, pero asegura que se le ha denegado la posibilidad de ser trasladado a un hospital. Irakli Surguladze fue detenido el 13 de enero de 1995 junto con el ex ministro de Defensa Tengiz Kitovani, y a ambos les acusaron de crear una organización ilegal armada relacionada con las actividades del opositor Frente de Liberación Nacional (ahora disuelto). El juicio comenzó el 25 de diciembre de 1995.


Según Irakli Surguladze, el 17 de mayo de 1996 hacia las 6 de la tarde sufrió un ataque de dolor en el pecho y en la mano izquierda que le duró 18 horas, en la prisión de investigación y aislamiento Núm. 1 de la capital, Tiflis, donde está detenido. El médico de la prisión le visitó tres veces, pero le dijeron que no disponían de medios para el tratamiento. Al día siguiente, el director de la prisión pagó a una sociedad privada externa, ARDI, para que le hiciera un electrocardiograma. Se lo volvieron a hacer los días 19 y 22 de mayo y recomendaron el traslado de Irakli Surguladze al hospital. Sin embargo, no se cumplió esta recomendación y el 23 de mayo le llevaron a una sesión del juicio en el tribunal del distrito de Didube, donde se desmayó.


Irakli Surguladze denuncia que, a raíz de esto, le diagnosticaron hipertensión arterial y un infarto de subendocardio, pero siguieron sin llevarle al hospital. Según parece, el subdirector de la administración de servicios penitenciarios del Ministerio del Interior ha confirmado que Irakli Surguladze sufrió un ataque de corazón, pero ha insistido en que cualquier tratamiento puede aplicarse dentro de la prisión. Irakli Surguladze desea que le trasladen a un hospital en lugar de permanecer en el departamento médico de la prisión, ya que cree que éste último carece de las instalaciones necesarias.


A Amnistía Internacional le preocupa que Irakli Surguladze pueda no estar recibiendo el adecuado tratamiento médico que requiere su estado de salud, y cree que la negativa a aplicarle dicho tratamiento constituiría un trato o pena cruel, inhumano y degradante y violaría el Artículo 22 (2) de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Este artículo afirma entre otras cosas: «Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles». Amnistía Internacional insta a que se traslade a Irakli Surguladze a un hospital o a otra institución pertinente donde se le pueda ofrecer tratamiento especializado.


La preocupación por las constantes denuncias de malos tratos a los detenidos en Georgia llevaron a Amnistía Internacional a oponerse a la repatriación de Elguzhda Meskhia, adversario político del gobierno actual, que había tratado de conseguir asilo en Rusia. Le detuvieron en Moscú el 25 de diciembre de 1995, en virtud de una orden de arresto expedida por el fiscal de la ciudad de Tsalendzhikha, en Georgia. Bajo esta orden de arresto, le imputaron el cargo de participar en una organización contra el Estado cuyo objetivo era derrocar el orden constitucional en Georgia, delito recogido en el artículo 73-1 del código penal georgiano. Elguzhda Meskhia fue devuelto forzosamente a Georgia el 19 de marzo de 1996.


Aunque Amnistía Internacional no se opone al derecho de los Estados a extraditar a delincuentes o presuntos delincuentes, le preocupaba que Elguzhda Meskhia pudiera ser víctima de torturas o malos tratos en Georgia, porque la organización tenía presentes las numerosas denuncias que han llegado a ella en los últimos años en relación con los partidarios de la oposición detenidos. Amnistía Internacional solicitó a las autoridades georgianas más información sobre Elguzhda Meskhia después de su regreso; entre otras cosas, preguntó si tenía acceso a la atención médica apropiada y si había podido reunirse con un abogado defensor de su propia elección.


La nueva ley sobre el Defensor del Pueblo


El 16 de mayo de 1996, el presidente Eduard Shevardnaze dio su aprobación para que se convirtiera en ley un proyecto sobre la figura del Defensor del Pueblo, nuevo cargo instituido en virtud de la Constitución aprobada el año pasado, para vigilar la defensa de los derechos y libertades individuales (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). De acuerdo con esta ley, el Defensor del Pueblo es independiente y sólo subordinado a la Constitución y a la ley, y la injerencia en su trabajo es punible por la ley. El Defensor del Pueblo es el encargado de supervisar el respeto a los derechos humanos en Georgia, de dar a conocer las violaciones de estos derechos y de favorecer la restauración de los derechos violados. Con este fin, el Defensor del Pueblo tiene derecho, entre otras cosas, a entrar sin trabas en las zonas militares y todos los lugares de detención y a exigir cualquier material necesario, a recibir explicaciones de funcionarios de todos los niveles y a recomendar la instrucción de procedimientos penales o disciplinarios. Sin embargo, al final del periodo que analiza este informe, el Parlamento todavía no había designado a nadie para el cargo de Defensor del Pueblo.


Preocupaciones sobre la disputada región de Abjasia


La situación en muchas zonas de la disputada región de Abjasia (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s) seguía siendo tensa, especialmente en el distrito meridional de Gali, al que han regresado un reducido número de personas de etnia georgiana. Tanto el bando georgiano como el abjasio afirman que el otro apoya o, por lo menos, tolera la actividad de bandas armadas consideradas responsables de numerosos robos, actos de pillaje y asesinatos contra la población civil. Por ejemplo, los dos bandos se han acusado mutuamente del asesinato de ocho personas de etnia georgiana en Shesheleti, distrito de Gali, en enero de este año. De acuerdo con los informes, el suceso tuvo lugar alrededor de la 1 de la tarde del 5 de enero, cuando tres hombres armados sin identificar irrumpieron, al parecer, en el domicilio de Iona Sanaya y torturaron hasta la muerte a los seis miembros de la familia que vivían allí. Las personas muertas eran el marido, la esposa y otras cuatro personas entre las que se dice que figuraban hijos y nietos. Según parece, la familia había regresado recientemente a su hogar en la región de Gali, del que habían huido anteriormente a causa de las hostilidades. Se dice que en el suceso también murieron asesinadas otras dos personas, dos vecinos llamados Mimoza Sanaya y Vakhtang Khurtsilava, quienes, según informes, fueron ametrallados cuando iban a ayudar a la familia Sanaya. Amnistía Internacional solicitó más información a las autoridades abjasias sobre la marcha de cualquier investigación sobre estas muertes e instó a que se dieran los pasos necesarios para garantizar la seguridad de todos los residentes, sin tener en cuenta su origen étnico.


Amnistía Internacional también solicitó más información sobre la situación de un grupo de georgianos detenidos el 15 de junio de 1996 cuando viajaban en autobús por Abjasia. De acuerdo con los informes, el autobús iba del distrito de Zugdidi al de Gali cuando le dieron el alto en el pueblo de Zemo Barghebi, distrito de Gali, unos funcionarios de la sección del pueblo de Okumi del Departamento de Asuntos Internos del distrito. Los funcionarios dijeron que habían encontrado en el autobús tres armas automáticas, una granada y un cuchillo. A todos los pasajeros, que al parecer eran por lo menos 17, entre ellos mujeres y niños, los condujeron al Departamento de Asuntos Internos del distrito, en Ochamchire.

Según parece, las mujeres y los niños fueron liberados el mismo día y el 16 de junio algunos otros de los inicialmente recluidos. Sin embargo, parece que hay diez pasajeros que siguen detenidos y que todos ellos son varones de etnia georgiana que anteriormente habían residido en Abjasia. Según informes de prensa, les acusan de ser miembros de un grupo de bandidos presuntamente formado para realizar actos terroristas en el distrito de Gali y en otros lugares de Abjasia; a tres de ellos también los acusan de luchar en el bando georgiano durante el conflicto armado antes de septiembre de 1994. Al parecer, en la actualidad los 10 se encuentran recluidos en la prisión de investigación y aislamiento de Ochamchire y una agencia de prensa georgiana ha proporcionado los siguientes nombres: Paata Zukhbaya, Gela Nadaraya, Zhora Lukava, Manuchar Nadaraya, Robert Sordia, Tamaz Kvekveskiri, Tamaz Zakaraya, Demur Kavshbaya, Lasha Kardava y Pridon Basaria.


Amnistía Internacional ha solicitado información sobre el cargo o los cargos exactos impuestos a estos 10 hombres y sobre su estado de salud y las condiciones de detención, y ha preguntado si tienen acceso a su familia y a un abogado defensor de su propia elección de acuerdo con las normas internacionales.


La pena de muerte


Durante el periodo que analiza este informe Amnistía Internacional no ha recibido ninguna información más sobre la situación de Ruzgen Gogokhiya, ciudadano georgiano condenado a muerte en Abjasia (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s) o sobre la aplicación de la pena de muerte en general en Abjasia, como se solicitó a las autoridades de facto el año pasado. Sin embargo, es posible que se hayan dictado otras tres sentencias de muerte. De acuerdo con una noticia publicada en la prensa, el fiscal de Abjasia había solicitado que se dictara sentencia de muerte contra tres abjasios acusados de asesinato en un juicio que comenzó en Sukhumi el 30 de abril. Según parece, estos tres hombres (identificados sólo como Tarba, Tania y Ketsba) están acusados de asesinar a cinco personas cuando iban armando alboroto y armados por la Avenida de la Paz en Sukhumi a finales de enero. Mataron al propietario de un café turco, que se negó a servirles gratis, y cuatro transeúntes.


Amnistía Internacional ha instado de nuevo a las autoridades abjasias a que conmuten todas las sentencias de muerte pendientes y ha solicitado garantías de que se respetará el derecho de todos los condenados a muerte a apelar a un tribunal de jurisdicción superior y el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la sentencia, de acuerdo con las normas sobre derechos humanos internacionalmente acordadas.



GRECIA


Objeción de conciencia al servicio militar


Aún no se había legislado sobre un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio. Unos 350 objetores de conciencia al servicio militar, todos ellos Testigos de Jehová, se encontraban cumpliendo penas de hasta cuatro años de cárcel por su negativa a prestar el servicio militar por motivos religiosos. En diciembre, el Ministerio de Defensa volvió a prometer que en febrero de 1997 se presentaría al Parlamento un anteproyecto de ley sobre el servicio militar y que la nueva ley incluiría medidas para solucionar la cuestión de la insumisión, que actualmente es la base del procesamiento de los objetores de conciencia en Grecia. Amnistía Internacional reiteró su llamamiento a las autoridades griegas para que garanticen que la nueva ley prevé un servicio civil alternativo para los objetores de conciencia, de conformidad con las normas internacionales.


Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías


En octubre Amnistía Internacional publicó el informe Grecia: Juicio sin las debidas garantías contra personas detenidas en la Universidad Politécnica de Atenas (Índice AI: EUR 25/06/96/s), sobre los juicios celebrados sin las debidas garantías procesales contra 470 personas detenidas en noviembre de 1995 como consecuencia de los enfrentamientos ocurridos durante las manifestaciones en la Universidad Politécnica (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). La organización pidió a las autoridades que celebraran nuevos juicios, de conformidad con las normas internacionales, de todas las personas declaradas culpables en relación con este caso, y les instó a que garantizaran el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en todas las fases de los procedimientos aplicables en este tipo de casos.


Nuevas denuncias de malos tratos


Amnistía Internacional expuso a las autoridades griegas sus preocupaciones en relación con las denuncias sobre brutalidad policial y homicidios injustificados que había recibido desde junio, y pidió que fueran investigadas de forma íntegra e imparcial.


En julio, Achilleas Kremmydas denunció haber sido maltratado durante una comprobación de identidad tras comunicar a dos agentes de policía que era miembro de la minoría griega de Albania. Éste es su relato de los hechos: «Era por la tarde y yo me dirigía al quiosco de la plaza Omonia cuando fui detenido por dos agentes de policía. Me preguntaron de dónde era y respondí que del norte de Epirus. Les enseñé mis documentos de identidad en los que figuraba que soy de etnia griega. Me quitaron por la fuerza los documentos, me esposaron y me introdujeron en la furgoneta policial. Los dos agentes empezaron a insultarme mientras un tercero me golpeaba en la cabeza con un objeto duro». Tras llevarlo a la cuarta comisaría de policía de Atenas, lo metieron en una celda de 5x3 metros en la que se encontraban otros 30 detenidos. Achilleas Kremmydas fue puesto en libertad tras ser interrogado por el comandante de la comisaría. Por miedo a que miembros de su familia pudieran ser objeto de nuevos malos tratos, decidió no pedir en la comisaría de policía la devolución de sus pertenencias.


En agosto se produjeron ataques contra miembros de la minoría turca en Komotini, al parecer provocados por la muerte de dos grecochipriotas durante sucesos ocurridos en Chipre el 11 y el 14 de agosto. Emine Inceyizli, de 70 años, y Saliha Cansız, de 60, resultaron gravemente heridas a consecuencia del ataque de un grupo de ciclistas. Según los informes, mientras esto ocurría la policía se mantuvo al margen, sin intervenir para impedir la agresión contra ambas mujeres y otros miembros de la minoría turca.


Mohamed Farhank Amin, refugiado iraní residente en Alemania, y un amigo suyo, refugiado político iraní residente en Noruega, que se encontraban de vacaciones en Grecia, denunciaron haber sido maltratados por agentes de policía el 4 de octubre en un parque de Atenas. Mohamed Farhank Amin concedió la siguiente entrevista en la cama del hospital, en el que había ingresado por fractura de rótula a consecuencia de los malos tratos, al periódico Eleftherotypia: «Un hombre vestido de civil se nos acercó y rápidamente nos mostró una identificación que no tuvimos tiempo de leer porque no sabemos [griego]. Nos ordenó que no nos moviéramos y que le enseñáramos nuestros documentos de identidad. No entendíamos lo que ocurría y teníamos miedo de que pudiera tratarse de un criminal. Saqué mi dinero y se lo mostré, pues no tenía el pasaporte, y mi amigo le mostró su carnet de conducir. Llegó otro hombre y unos minutos después se les unieron otros seis o siete. Nos agarraron del pelo, nos bloquearon los brazos por detrás de la espalda y empezaron a golpearnos en la cara y en las piernas. Nos insultaron y nos pegaron . Mi amigo intentó escapar y pedir ayuda. Me agarraron del pelo y me sacudieron la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Intentamos protestar, pero esto les enfurecía más. Les explicamos que teníamos nuestros documentos de identidad en casa, que estaba cerca, pero no nos permitían ir a por ellos y siguieron golpeándonos en la cara, las piernas, los genitales. Entonces [nos separaron], nos introdujeron en vehículos policiales y nos llevaron a la comisaría de policía de Nea Smyrni. Confiábamos en que dejarían de golpearnos, pero continuaron haciéndolo hasta que perdimos el conocimiento». Los dos hombres permanecieron recluidos en la comisaría de policía hasta la tarde del día siguiente. Según los informes, la policía negó haberles infligido malos tratos.


El 2 de noviembre, Selman Tomaraj, recluso en Creta, llamó al canal de televisión local, Kriti TV, para denunciar que había sido golpeado por guardias de la prisión. La razón aparente de la entrada de los guardias en la celda era que estaban buscando un cuchillo, pero Selman Tomaraj declaró: «No buscaban nada. Sólo me dijeron: “¿Eres tú el que causa tantos problemas entre los albanos?” Les dije que no, porque no me dedico a crear problemas. Y entonces todos ellos empezaron a golpearme. Eran unos 15. Me dieron patadas, me arrojaron al suelo y me golpearon». Otros detenidos informaron a Kriti TV que en el pasado habían ocurrido sucesos similares y que los detenidos en la prisión soportaban comentarios racistas y amenazas por parte de los guardias, y que se les denegaba el acceso a tratamiento médico debido a su origen extranjero.


El 20 de noviembre, un vehículo ocupado por cuatro gitanos, entre ellos Anastasios Mouratis y sus dos hijos, de 16 y 13 años de edad, fue detenido por la policía en una gasolinera en Livadia, donde la policía de tráfico había establecido un control con objeto de capturar a un romaní sospechoso de asesinato. La policía pidió a los ocupantes del vehículo que bajaran del mismo y se tumbaran en el suelo boca abajo. Cuando Anastasios Mouratis movió la cabeza para asegurarse de que sus hijos se encontraban bien, recibió un disparo a consecuencia del cual murió en el acto. Poco después, otros cinco vehículos que transportaban a unos 35 romaníes llegaron a la misma gasolinera. La policía ordenó a todos ellos que salieran de sus vehículos y se tumbaran en el suelo. Los amenazaron con dispararles si se negaban a cumplir la orden. Mientras los romaníes se echaban en el suelo, al parecer los agentes de policía les daban patadas, los golpeaban y los pisoteaban, incluso a los niños.



HUNGRÍA


Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía


Amnistía Internacional continúa recibiendo informes sobre malos tratos por parte de agentes de policía.


En uno de esos sucesos ocurrido el 5 de mayo de 1996, Hamodi Ahmed fue detenido por un agente de policía cuando se disponía a entrar en un restaurante. Al pedirle los documentos de identidad, se metió la mano en el bolsillo y se inclinó hacia la puerta para ver si sus amigos se encontraban en el restaurante. Entonces, según parece, tres o cuatro agentes de policía le empujaron contra la pared, le retorcieron los brazos detrás de la espalda, le esposaron y empezaron a golpearle por todo el cuerpo. Le dieron dos puñetazos en la cara con los que le rasgaron la piel que cubre el párpado. Después le llevaron a la comisaría del Quinto Distrito donde, al parecer, cinco o seis agentes le dieron patadas por todo el cuerpo. Más tarde lo llevaron a la Comisaría de Policía Central, en la calle Szalay. Posteriormente esa misma mañana, lo trasladaron a un hospital para que recibiera tratamiento médico, pero después regresó a la comisaría para presentar una denuncia por los malos tratos sufridos. Según los informes, la investigación que se había iniciado se cerró una vez que Hamodu Ahmed abandonó Hungría. También según los informes, el uso de la fuerza no se consideró excesivo en tales circunstancias y la investigación no estableció la identidad de los agentes de policía implicados en el caso.


El 8 de mayo de 1996, hacia las 3.30 de la tarde, en la intersección de las calles Saletrom y Rakocsi en Budapest, István Nagy protestó por la conducta de un agente de policía, el cual, mientras conducía un vehículo, insultó a un anciano por cruzar la calle con demasiada lentitud. Entonces el agente de policía pidió a István Nagy que le mostrará su documento de identidad. Como no lo llevaba consigo, István Nagy fue llevado a la comisaría del Octavo Distrito donde se le ordenó mantenerse en pie de cara a la pared, mientras un agente le cacheaba. Según los informes, cuando más tarde István Nagy se dio la vuelta, un agente le pegó en la cara al tiempo que otros cinco o seis agentes le golpeaban haciéndole caer al suelo, y después le dieron patadas por todo el cuerpo. Entonces fue llevado en ambulancia al hospital de Erzsébet permaneció allí tres días para recibir tratamiento por heridas en el pecho y el bazo y por rotura de tímpano. El 2 de julio István Nagy presentó una denuncia por malos tratos ante la fiscalía. En septiembre le ordenaron pagar una multa de 3.000 forints (unos 20 dólares estadounidenses) por no llevar consigo su documento de identidad en el momento del suceso.


Sobre las 11 de la noche del 12 de mayo de 1996, en la estación de metro de Nyugati en Budapest, varios agentes de policía empujaron a Károly S. contra una pared y le golpearon. Cuando cayó al suelo le dieron patadas y le esposaron. Le pusieron la capucha de su abrigo sobre la cabeza y le golpearon sin cesar mientras lo llevaban a un vehículo policial, donde le ordenaron que colocara la cabeza entre las piernas. Le informaron de que era sospechoso de intentar robar un automóvil y de agredir a un agente de policía. Por la radio de la policía, Károly S. oyó que otros cuatro sospechosos habían sido también arrestados por el mismo motivo, a uno de los cuales lo habían golpeado con tal dureza que lo llevaron al hospital para que recibiera asistencia médica. Según los informes, en la Comisaría del Distrito 13, Károly S. fue golpeado por cuatro o cinco agentes. Lo empujaron contra la pared con las piernas extendidas y los brazos levantados y a continuación le golpearon en los muslos y entre las piernas. Más tarde le ordenaron que se diera la vuelta y le pegaron varias veces en el abdomen y en el pecho, además de golpearle la cabeza contra la pared.


De acuerdo con los informes, otros tres detenidos sospechosos del mismo delito fueron también golpeados. A uno de ellos, rumano de mediana edad, lo golpearon con más dureza que a los otros y le dirigieron insultos relacionados con su nacionalidad. Tres horas después, los cuatro sospechosos quedaron en libertad tras comunicárseles que el hombre que los había identificado como sospechosos se había retractado de su declaración. Hacia las 2,30 de la madrugada, Károly S. fue llevado a un hospital. Allí recibió tratamiento por dislocación de un hombro y le dieron un certificado en el que se describían las contusiones y otras heridas sufridas a consecuencia de la paliza. Según informes, actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre la denuncia presentada por Károly S.


En diciembre, Amnistía Internacional pidió a las autoridades húngaras informes sobre las investigaciones correspondientes a estos sucesos.


Véase también el apartado Mujeres en Europa, página 79.



IRLANDA


Denuncias de malos tratos


En octubre, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia expresándole la preocupación de la organización por las denuncias de malos tratos de personas bajo custodia policial.


En concreto, la organización planteó denuncias de malos tratos a personas que fueron arrestadas en Limerick en relación con la investigación sobre la muerte del detective de la policía irlandesa Jerry McCabe el 7 de junio, a quienes posteriormente se les acusó de ser miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y de posesión de armas de fuego y munición.


En el momento de su ingreso en prisión, los guardias de la cárcel observaron que uno de los detenidos, Jeremiah Sheeny, había sufrido diversas lesiones. Por ello insistieron en que antes de ser admitido en la prisión, fuera llevado a un hospital donde pudieran certificarse dichas heridas.


En el caso de otro de los detenidos, John Quinn, en una vista judicial celebrada el 12 de junio, su abogada declaró que éste había sufrido diversas lesiones en la cara y en el cuerpo cuando se encontraba bajo custodia en la comisaría de policía de la calle Henry, en Limerick. También declaró que su cliente había denunciado que sufría periodos de pérdida de conciencia y de memoria a consecuencia de dichas lesiones. Otras personas testificaron sobre su estado de desorientación y aturdimiento. John Quinn había sido llevado al hospital cuatro veces entre el 9 y el 12 de junio.


Además, alrededor de otras 16 personas que habían sido arrestadas en relación con la misma operación pero a las que después no se les imputaron cargos, denunciaron haber sido objeto de maltrato físico, como bofetadas, puñetazos, golpes, empujones y patadas. Algunas de ellas también denunciaron haber sido objeto de agresiones verbales y psicológicas, que se habían hecho comentarios despectivos sobre miembros de sus familias y que los había amenazado con usar la violencia durante el tiempo que permanecieron bajo custodia policial. A un investigador de derechos humanos lo amenazaron con arrestarlo y confiscarle documentos confidenciales cuando trataba de entrevistar a algunas de estas personas.


En su carta al ministro de Justicia, Amnistía Internacional instó al gobierno a que llevara a cabo una investigación completa e independiente de todas estas denuncias y a que hiciera públicas las conclusiones de dicha investigación. La organización también expresó su preocupación por la aparente falta de garantías adecuadas para impedir tales malos tratos durante los interrogatorios, entre ellas la presencia de abogados durante los mismos y la grabación de las entrevistas.



ITALIA


Presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


En julio la embajada italiana en Dinamarca informó a Amnistía Internacional de que las autoridades pertinentes habían solicitado un informe tras las denuncias contra la embajada presentadas en marzo por Edward Adjei Loundens, músico ghanés residente en Dinamarca contra agentes de policía italianos no identificados (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). Edward Adjei Loundens declaró que en diciembre de 1995 estuvo detenido toda una noche y sometido a una agresión física inmotivada por unos siete agentes de policía en el aeropuerto Leonardo Da Vinci, cerca de Roma, cuando se encontraba de tránsito entre Dinamarca y Ghana, y que como consecuencia de los malos tratos recibidos sufrió desfiguración del rostro y problemas de audición. Sus denuncias estaban sustentadas por un certificado médico emitido en Ghana en enero de 1996 y por fotografías que mostraban la hinchazón de la cara, al parecer tomadas en el aeropuerto Leonardo Da Vinci por un viajero polaco que había presenciado la presunta agresión.


Un informe suministrado por el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio de Interior indicaba que, debido a que su nombre era muy similar al de un ciudadano ghanés sobre quien recaía una orden de expulsión del país, la policía había detenido a Edward Adjei Loundens con el fin de realizar una comprobación exhaustiva de su identidad. De esta manera, confirmaron que estaba en posesión de un visado de tránsito válido. El Departamento declaró que la actitud de la policía había estado «marcada por la mayor corrección institucional, con lo que se descarta necesariamente cualquier prejuicio racial o comportamiento violento y represivo». Sugería que las denuncias presentadas por Edward Adjei Loundens habían sido inducidas por «el resentimiento, probablemente suscitado por un procedimiento que no comprendió». Sin embargo, el Departamento no fue capaz de explicar cómo había investigado las denuncias de malos tratos. Tampoco dio indicaciones de que hubiera tomado ninguna medida para conseguir el testimonio del viajero polaco (cuyo nombre y dirección estaba a su disposición) o el de amigos que viajaron con Edward Adjei Loundens y le vieron inmediatamente antes y después de su detención, ni para obtener más pruebas forenses de los médicos que le examinaron en Ghana y Dinamarca.


En octubre el Ministerio de Justicia informó a Amnistía Internacional de que había remitido la consulta de la organización sobre las medidas adoptadas para investigar las denuncias presentadas por Edward Adjei Loundens a la fiscalía adjunta al Tribunal de Roma. También había remitido a la fiscalía la consulta de Amnistía Internacional sobre la evolución y el resultado de una denuncia formal de malos tratos contra agentes de policía en el aeropuerto Leonardo Da Vinci presentada por Abdel H., solicitante de asilo iraquí de 17 años, en agosto de 1994 (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s).


En julio, la fiscalía de Voghera pidió al juez encargado de la investigación que desestimara la denuncia presentada por Ben Moghrem Abdelwahab, según la cual en septiembre de 1995 unos carabineros le habían maltratado y proferido contra él insultos de carácter racista y obligado a firmar a punta de pistola una declaración que no había leído (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). Ben Moghrem Abdelwahab impugnó la solicitud del fiscal y pidió al juez que ordenara la puesta en marcha de nuevas investigaciones pertinentes, entre ellas entrevistas con amigos y médicos del hospital que le vieron inmediatamente después de ser puesto en libertad. Sin embargo, en septiembre el juez aceptó la petición del fiscal y desestimó su denuncia.


En diciembre, dos agentes de policía fueron procesados acusados de ocasionar graves daños físicos a Grace Patrick Akpan, estudiante de medicina y ciudadana italiana de origen nigeriano, tras pararla para comprobar su identidad en febrero de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). A uno de los agentes se le acusó además de emplear amenazas contra ella. Al mismo tiempo, Grace Patrick Akpan tuvo que comparecer ante los tribunales acusada de negarse a identificarse ante un funcionario público, de insultar y resistirse a un agente de policía y de ocasionar daños físicos a uno de ellos. El inicio del juicio contra los tres acusados estaba previsto para el 28 de febrero de 1997 ante un tribunal de Catanzaro.


Grace Patrick Akpan había presentado una denuncia formal según la cual los agentes la habían insultado y sometido a maltrato físico en la calle, en su vehículo y en una comisaría de policía, donde sus peticiones de asistencia médica fueron denegadas. Pocas horas después de quedar liberada de la custodia policial ingresó en un hospital para recibir un tratamiento de dos semanas de duración por una lesión en el cuello y varios cortes y contusiones. Grace Patrick Akpan declaró que cuando informó a los agentes de que era ciudadana italiana casada con un carabinero y de que podía ir a buscar sus documentos de identidad al apartamento cercano donde residía, le respondieron, utilizando el término despectivo «negra», que una mujer negra no podía ser ciudadana italiana, y por radio comunicaron con la comisaría de policía para decir que les llevaban a una prostituta. Posteriormente la policía la acusó de negarse a descubrir su identidad y de pegar y arañar a uno de los agentes de policía.


Presuntos malos tratos por parte de funcionarios de prisiones


Durante 1992 y 1993 se produjo un acusado incremento del número de informes sobre presuntos malos tratos en las cárceles italianas. Amnistía Internacional expresó su preocupación por estas denuncias a las autoridades italianas, pero apenas obtuvo respuestas (véase Italy - Alleged torture and ill-treatment by law enforcement and prison officers, Índice AI: EUR 30/01/95). La organización entiende que la mayoría de las investigaciones oficiales sobre estas denuncias concluyeron que eran infundadas. No obstante, varios procedimientos judiciales relacionados con denuncias presentadas en 1992 siguen abiertos y han sufrido un retraso considerable.


En octubre, Amnistía Internacional expresó su preocupación por los informes según los cuales una denuncia de malos tratos presentada por Marcello Alessi, preso común, contra un funcionario de la cárcel de San Michele, Alessandria, en diciembre de 1992, no había sido tratada de manera imparcial ni con la debida diligencia por las autoridades judiciales.


En una declaración escrita dirigida al jefe de los funcionarios de la prisión de San Michele el 19 de diciembre de 1992, y en una denuncia formal presentada ante la fiscalía adjunta al Tribunal de Alessandria el 20 de diciembre, Marcello Alessi afirmó que en la noche del 19 de diciembre de 1992 había crecido la tensión en su sección de la cárcel porque los reclusos creyeron que los funcionarios se habían demorado en solicitar asistencia médica para un preso a quien se creía seropositivo, el cual se había hecho varios cortes en el brazo con una navaja de afeitar. Declaró que un funcionario de la prisión había insultado a uno de sus compañeros de celda que le había pedido al funcionario que mandara limpiar la sangre que quedaba en las celdas justo después del suceso. A continuación se produjo un intercambio de frases malhumoradas entre el funcionario y Marcello Alessi, que aseguró que el funcionario había empleado un lenguaje agresivo e insultante y le había golpeado en la cara con un manojo de llaves, haciéndole un corte profundo en el labio inferior, que le empezó a sangrar con profusión, y rompiéndole un diente.


Marcello Alessi reconoció que, tras esta provocación, insultó al funcionario y se dirigió a él en un lenguaje amenazante, pero negó haberlo atacado. Un certificado médico emitido por la enfermería de la prisión el 19 de diciembre de 1992 confirmó que Marcello Alessi recibió allí tratamiento esa noche a causa de las heridas mencionadas, y que declaró que se las había infligido un funcionario. Posteriormente, dos testigos, ambos reclusos, hicieron declaraciones ante el fiscal en las que respaldaban la versión de los hechos dada por Marcello Alessi.


Unas 24 horas después de que Marcello Alessi presentara su denuncia, la administración de la prisión interpuso una denuncia ante el fiscal en relación con el mismo suceso. El funcionario acusado declaró que Marcello Alessi le había agarrado del cuello, le había golpeado en la mejilla izquierda, haciéndole un rasguño, había empleado con él un lenguaje insultante y le había amenazado con matarle. Marcello Alessi fue acusado de utilizar la violencia contra un funcionario público y de ofenderle en su honor y prestigio. En mayo de 1994, un juez (pretore) de Alessandria lo declaró culpable de ambos delitos y lo condenó a seis meses de cárcel, además de al pago de las costas procesales.


En el recurso de apelación interpuesto en julio de 1994, en el que se pedía la anulación de la sentencia, Marcello Alessi sostuvo que no había tenido una defensa adecuada. Había reconocido haber hecho comentarios ofensivos contra el funcionario, pero el juez no había considerado las circunstancias en que tuvieron lugar y había descrito la presunta violencia ejercida por el funcionario como «una circunstancia no respaldada por ninguna prueba», a pesar de que éste había admitido explícitamente haber golpeado «accidentalmente» a Marcello Alessi, reconociendo, por lo tanto, como mínimo, haber ocasionado daños físicos. Marcello Alessi también se quejó de que el juez había mostrado una actitud hostil contra él al declarar que no había motivos para dudar de la credibilidad del funcionario, simplemente por el cargo que ocupaba, a pesar de que era el acusado de otro procedimiento judicial relativo a la denuncia presentada por el propio Marcello Alessi. Al parecer, el juez no llamó tampoco a los dos testigos mencionados para que testificaran en favor de la defensa.


Como resultado de la denuncia interpuesta por Marcello Alessi en diciembre de 1992, el funcionario de la prisión fue acusado de causarle daños físicos y de abuso de autoridad como funcionario público. No obstante, el juicio no comenzó hasta el 25 de octubre de 1996, casi cuatro años después de haberse presentado la denuncia. A Marcello Alessi se le ordenó presentarse como acusado en la misma vista por un segundo cargo de insultos al funcionario, al parecer en relación con los mismos hechos que aquellos por los que había sido condenado en mayo de 1994. Amnistía Internacional escribió a las autoridades antes de que se iniciara la vista para expresar su preocupación por la manera en que se habían llevado a cabo los procedimientos judiciales. Al comienzo de la vista de octubre, el juez ordenó que se realizara una nueva investigación sobre las circunstancias del caso y aplazó la vista hasta diciembre de 1997. La apelación de Marcello Alessi contra la sentencia de mayo de 1994, cuyo examen estaba previsto para el 13 de noviembre de 1996 por el Tribunal de Apelación de Turín, se pospuso hasta enero de 1997. (Para más información sobre este caso, véase Índice AI: EUR 30/11/96).



KAZAJSTÁN


Nina Sidorova, posible presa de conciencia


En agosto, la policía de Alma Ata, la capital, arrestó a Nina Sidorova, activista cosaca. Se le acusó de difamar al juez en el juicio celebrado en noviembre de 1995 contra otro activista cosaco, Nikolay Gunkin (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s), y de gamberrismo y agresión contra funcionarios de la fiscalía en relación con unos sucesos ocurridos también en 1995. Hubo denuncias según las cuales los cargos respondían a motivaciones políticas y guardaban relación con el intento de Nina Sidorova, el día de su arresto, de conseguir la legalización de una organización que promueve los intereses de la minoría cosaca de Kazajstán.


Nina Sidorova estuvo detenida más de un mes y durante ese tiempo fue, según parece, fuertemente golpeada. Puesto que padecía de claustrofobia aguda, también la maltrataron encerrándola periódicamente en celdas de castigo pequeñas, sin ventilación y sin luz. En septiembre, la abogada de Nina Sidorova, Maria Larshina, fue agredida por una persona desconocida a la salida de su domicilio, suceso que recordaba a la agresión sufrida por la esposa del abogado de Nikolai Gunkin en 1995 (véase Índice AI: 01/01/96/s).


Nina Sidorova fue juzgada en diciembre, declarada culpable y condenada a una pena condicional de dos años de prisión.


Amnistía Internacional pidió que se aclarasen los cargos contra Nina Sidorova, que se garantizase su integridad física y su bienestar mientras permaneciera detenida, que se investigaran sus denuncias de tortura y malos tratos y que los responsables fueran puestos a disposición de la justicia. Amnistía Internacional pidió también que se llevara a cabo una investigación sobre la agresión sufrida por Maria Larshina.


Véase también el apartado Mujeres en Europa, página 79.


Condiciones penitenciarias constitutivas de malos tratos (actualización de la información dada en Índice AI: EUR 57/10/96 y EUR 01/02/96/s)


A finales de julio se informó de que la prevista liberación anticipada de 20.000 presos para aliviar las malas condiciones causadas por los escasos recursos económicos iba a quedar reducida finalmente a sólo unos 8.500 reclusos. Fuentes informativas de Kazajstán especularon con que las autoridades temían un incremento de la delincuencia.


La pena de muerte


Las autoridades kazajstanas no facilitaron datos fiables sobre la aplicación de la pena de muerte en 1996. En enero de 1997, durante un debate abierto en torno a dichos datos en el curso de una conferencia sobre la pena de muerte organizada en Alma Ata por la Oficina Kazajio-Americana para los Derechos Humanos, organización local no gubernamental, funcionarios de diversos organismos fueron incapaces de dar una cifra del número de penas de muerte impuestas durante 1996 ni de ponerse de acuerdo sobre el número de ejecuciones, aunque distintas fuentes mencionaron las cifras de 68 y 71. El único dato en el que estuvieron de acuerdo los funcionarios fue en que a lo largo del año se había concedido el indulto a ocho personas condenadas a la pena capital. Además, los funcionarios tampoco fueron capaces de facilitar datos fiables sobre el número de ejecuciones llevadas a cabo en 1995, aunque continuaban discutiendo la cifra de 101 ejecuciones previamente mencionada por Amnistía Internacional (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). La organización siguió instando a las autoridades de Kazajstán a que compilaran e hicieran públicos todos los datos en relación con la pena de muerte.


En septiembre se produjeron cambios en la composición y en los procedimientos de la comisión de indulto, conforme a las propuestas gubernamentales sobre las que daba cuenta el informe de Amnistía Internacional Kazakstan - Ill-treatment and the death penalty: a summary of concerns (Índice AI: EUR 57/10/96). En concreto, el ministro de Interior, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y el presidente del Tribunal Supremo dejaron de ser miembros de la comisión y, en su lugar, ésta quedó integrada por parlamentarios, jefes de comités de asuntos sociales y un creciente número de personalidades públicas. Además, los empates en las votaciones de la comisión darían lugar a la concesión del indulto, no a su denegación, como ocurría anteriormente. Finalmente, el período durante el cual podría presentarse una petición a la comisión se ampliaba de siete a 30 días a partir de la fecha de la confirmación de la sentencia en recurso de apelación. Los observadores locales de derechos humanos consideraban que el cambio ya había empezado a surtir un efecto positivo moderado, lo que a su juicio explicaba las ocho conmutaciones concedidas en 1996 frente a una sola en 1995.


Amnistía Internacional tuvo conocimiento de 13 nuevos casos de pena de muerte. Entre ellos estaban las sentencias impuestas en 1995 a un grupo de siete hombres acusados de un asesinato múltiple, a cuatro de los cuales, llamados Ostatnevo, Besterekov, Bernvald y Yefremov, se les habían denegado las correspondientes peticiones de indulto en enero de 1997 y se creía que serían ejecutados poco después. A otros dos, Y. Murzayev y Golodov, se les concedió el indulto en enero de 1997, mientras que el séptimo miembro del grupo, L. Murzayev, se suicidó en la cárcel en noviembre de 1996. A Azer Bashirov, ciudadano azerbaiyano condenado a muerte por asesinato en una fecha desconocida, se le concedió el indulto en 1996. A Oleg Gorozashvili, que había sido condenado a muerte por asesinato en la primera mitad de 1996, le fue denegado su recurso de apelación contra la sentencia de muerte en julio, y su petición de clemencia en diciembre, pero se sabía que seguía con vida a mediados de enero de 1997.



KIRGUISTÁN


Presos de conciencia (actualización de la información dada en Índice AI: EUR 01/02/96/s)


Topchubek Turgunaliyev, activista de la oposición que había sido procesado en abril por los cargos de «difamación», «insultos» e «incitación a la discordia nacional o al odio» y había sido condenado a una sentencia condicional de prisión, fue arrestado de nuevo en diciembre acusado de «robo a gran escala de propiedad estatal o social» y «abuso de autoridad». Se le acusó de haber malversado 10.000 dólares estadounidenses de la Universidad de Humanidades de Bishkek, la capital, durante el tiempo en que fue rector de la misma. Hubo sospechas de que las acusaciones podían carecer de fundamento legítimo y de que Topchubek Turgunaliyev podía esta siendo procesado por cargos penales para castigarle por sus actividades de oposición no violenta.


Varias de las circunstancias que rodearon el proceso penal de Topchubek Turgunaliyev dieron lugar a estas sospechas. En concreto, Topchubek Turgunaliyev fue arrestado inmediatamente después de haber encabezado una delegación de opositores en una reunión con el primer ministro tras una manifestación en protesta por el bajo nivel de las pensiones y la negativa del gobierno a compensar a la población por la pérdida de sus ahorros en los bancos estatales. Su arresto se produjo también cuatro días antes del congreso fundacional de un nuevo movimiento político denominado «Por la Liberación de la Pobreza», del que era uno de los organizadores. Además, Amnistía Internacional observó que el arresto y procesamiento de Topchubek Turgunaliyev se produjo sólo unos meses después de haber sido condenado a una pena condicional de prisión de un año tras ser declarado culpable de un cargo que suscitó la crítica internacional por considerarse que violaba sus derechos humanos y la legislación penal. Los presuntos delitos de malversación de fondos y abuso de autoridad fueron anteriores al de difamación pero, al parecer, la investigación penal no se había iniciado hasta después de su excarcelación, tras el juicio por difamación.


Topchubek Turgunaliyev fue juzgado por el Tribunal de la ciudad de Bishkek a finales de diciembre. A principios de enero de 1997 fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión en una colonia de trabajo regida por un estricto régimen. Otro acusado en el mismo juicio, el ex director comercial de la Universidad de Humanidades, fue condenado a siete años de prisión.


A la luz de las sospechas de que el procesamiento de Topchubek Turgunaliyev pudiera responder a motivaciones políticas, Amnistía Internacional lo ha considerado un posible preso de conciencia y ha pedido a las autoridades de Kirguistán que expliquen el fundamento de este proceso penal.


Dzhumagazy Usupov, acusado en el mismo juicio que el de Topchubek Turgunaliyev en abril y también condenado entonces a una sentencia condicional de prisión, fue detenido en diciembre el día del congreso fundacional del movimiento «Por la Liberación de la Pobreza». Algunos otros participantes en el congreso que habían sido detenidos junto con él fueron puestos en libertad al cabo de unas horas, pero a Dzhumagazy Usupov lo tuvieron recluido cuatro días antes de condenarle a una pena de arresto administrativo de 15 días por «organizar una reunión no autorizada». Dicho cargo se le impuso debido a que, al parecer, no se había solicitado por anticipado autorización para utilizar el lugar en que se celebró el acto, un estadio deportivo, al que se había trasladado el congreso en muy poco espacio de tiempo. Dzhumagazy Usupov era preso de conciencia.


La pena de muerte (actualización de la información dada en Índice AI: EUR 01/02/96/s)


La pena de muerte impuesta a Nikolay Sokolov en abril fue anulada en diciembre en virtud de una revisión judicial y sustituida por una condena de 15 años de cárcel. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de la ejecución en noviembre de un preso identificado sólo por su nombre de pila, Beterev.



LETONIA


En Agosto, Amnistía Internacional publicó un documento llamado Baltic States - A summary of recent concerns (Índice AI: EUR 06/01/96) en el que describía sus principales preocupaciones sobre Estonia, Letonia y Lituania en el período comprendido entre enero de 1995 y julio de 1996.


Pena de muerte


En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores informó a Amnistía Internacional de que «no se han dictado sentencias de muerte este año, una sentencia de muerte impuesta con anterioridad ha sido conmutada por una pena de cadena perpetua. Tres peticiones de indulto dirigidas al Presidente de la República de Letonia han sido aceptadas y en la actualidad no hay ningún condenado a muerte a la espera de ejecución en Letonia». El ministro también informó a la organización de que se había remitido al Parlamento (Saeima), para su consideración, un proyecto de reforma del código penal en la que se preveía la abolición de la pena de muerte y su sustitución por la cadena perpetua. Según el ministro de Asuntos Exteriores: «Si el resultado de los debates en la Saeima es la abolición de la pena de muerte, Letonia podrá ratificar el Protocolo núm. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de forma inmediata. (Letonia ingresó como miembro del Consejo de Europa y firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en febrero de 1995. En junio de 1996 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lamentó el hecho de que «Letonia no ha cumplido su compromiso de ratificar el Protocolo núm. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el plazo establecido de un año tras su ingreso en el Consejo de Europa».)


En Septiembre, en el marco de un discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el presidente Guntis Ulmanis anunció que concedería todos los indultos que le fueran solicitados, a la espera de que la Saeima tome una decisión sobre la abolición de la pena de muerte.


Se recibieron informes acerca de dos sentencias de muerte dictadas en el curso de las dos últimas semanas del año. Según la agencia de noticias Baltic News Service (BNS), en noviembre el Tribunal del Distrito de Kurzeme en Riga sentenció a Vladimir Lesik a muerte por asesinato. Otro hombre fue condenado a 15 años de prisión por el mismo delito, y otro más fue condenado a 12 años de prisión por complicidad en la comisión del delito. Habían sido declarados culpables del asesinato de tres personas.


En diciembre, la BNS informó que el mismo tribunal había condenado a muerte a Levon Barhanadzhan, ciudadano armenio, por el asesinato de una mujer de 72 años de edad cometido en septiembre de 1995.


Reclusión de solicitantes de asilo


En agosto, Amnistía Internacional expresó su preocupación a las autoridades letonas por la reclusión de entre 130 y 140 solicitantes de asilo. La mayoría de los solicitantes de asilo habían sido detenidos inicialmente en un tren estacionado en la frontera entre Rusia y Letonia en marzo de 1995 y posteriormente trasladados a un campo de detención situado en Olaine, cerca de Riga, la capital del país. En su carta al ministro del Interior, Amnistía Internacional afirmaba que los refugiados y solicitantes de asilo no debían ser considerados como inmigrantes ilegales y que el derecho a solicitar asilo estaba consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía Internacional instó a las autoridades lituanas a que ratificaran la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y a que establecieran un sistema de protección adecuado para los refugiados y solicitantes de asilo. En una carta dirigida a Amnistía Internacional el mismo mes, el ministro de Asuntos Exteriores informó a la organización de que se había encomendado a una comisión la tarea de redactar un proyecto de ley sobre refugiados. (El proyecto fue presentado al consejo de ministros en noviembre de 1996.)


En diciembre a la mayoría de los solicitantes de asilo recluidos en Olaine les permitieron la entrada en Suecia, Finlandia, Dinamarca o Noruega, donde les fue otorgado asilo político.



LITUANIA


En agosto, Amnistía Internacional publicó un documento titulado The Baltic States - A summary of recent concerns (Índice AI: EUR 06/01/96) en el que describía sus principales preocupaciones en Estonia, Letonia y Lituania en el período comprendido entre enero de 1995 y julio de 1996.


Tras las elecciones, cuya primera vuelta se celebró el 20 de octubre y la segunda el 10 de noviembre, el partido conservador Unión Patriótica resultó ser el partido mayoritario con 70 de los 141 escaños del Parlamento (Seimas). El Parlamento eligió a Gediminas Vagnorius como primer ministro en noviembre y el Presidente Algirdas Brazauskas formó el nuevo gabinete el mes siguiente. En el nuevo gobierno, once carteras ministeriales fueron a parar a los conservadores y cuatro a miembros del Partido Demócrata Cristiano y a la Unión del Centro (que habían obtenido 16 y 13 escaños respectivamente).


La pena de muerte


Un decreto firmado por el Presidente Brazauskas, por el que se suspendían las ejecuciones hasta que la pena de muerte hubiera sido debatida en el Parlamento, aún no había sido aprobado por éste a finales de año. Por ello, legalmente, el decreto no había entrado en vigor. (El presidente había firmado el decreto el 26 de julio «a la luz de los principios del humanismo y teniendo en cuenta el hecho de que un gran número de gobiernos europeos han abolido la pena de muerte, además de tener en cuenta los puntos de vista de la Iglesia Católica al respecto». Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, había nueve condenados a muerte en el momento en el que el Presidente Brazauskas firmó ese decreto). Se recibieron informes, sin embargo, que indicaban que no podían llevarse a cabo ejecuciones ya que el presidente, o la Comisión de Indultos que preside, se negaba a tomar en consideración las solicitudes de indulto que le eran presentadas por los condenados a muerte. (La Comisión de Indultos toma en consideración todos los casos de pena de muerte, incluidos aquellos en los que el preso no haya presentado una petición de indulto).


En enero de 1997 se recibieron informes según los cuales el ministro del Interior Vidmantas Žiemelis había hecho un llamamiento en favor de la interrupción de esta moratoria de facto y el Presidente Brazauskas había instado al Parlamento a que debatiera su decreto y había hecho un llamamiento para que se debatiera públicamente la pena de muerte a la espera de la aprobación por el Parlamento de un nuevo código penal. (En julio, The Baltic Times publicó los resultados de una encuesta de opinión sobre la pena de muerte en Lituania llevada a cabo en febrero de 1996. Según esta encuesta, el 75 por ciento de las 1.009 personas encuestadas opinaban que la pena de muerte debía ser utilizada en Lituania, mientras que un 15 por ciento se manifestaban en contra).



MOLDAVIA


Muerte bajo custodia en la autoproclamada República Moldava del Dniéstr (actualización de la información proporcionada en el documento Índice AI: EUR 01/02/96/s)


Se dispuso de nueva información acerca de las investigaciones sobre los cargos presentados contra Vladimir Luchinets en relación con la muerte bajo custodia de Aleksandr Kalashnikov ocurrida en marzo de 1995. Según los informes recibidos, Vladimir Luchinets fue juzgado por el Tribunal Supremo del la República Moldava del Dniéstr en agosto de 1996 y declarado culpable de «mala conducta y abuso de poder» así como de «uso de la tortura y la violencia física con resultado de muerte de una persona». Fue condenado a ocho años de reclusión en un campo de trabajo. Según esos mismos informes, sus tres compañeros (I. Chaban, A. Gremitsky, y A. Sobolevsky), que inicialmente habían sido acusados junto con Vladimir Luchinets y que luego habían sido amnistiados, habían sido puestos en libertad e intentaban ser readmitidos como agentes de policía. Según la información disponible, su superior, el oficial Igor Semashko, ha abierto su propio negocio privado.


Nuevas denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia


Por otra parte, Amnistía Internacional ha recibido información según la cual durante la vista judicial del proceso contra Vladimir Luchinets en agosto, se presentaron varios testigos que declararon haber sido víctimas de torturas y malos tratos mientras se encontraban detenidos en el Departamento de Asuntos Internos de la ciudad de Rybnitsa en calidad de sospechosos (al igual que Aleksandr Kalashnikov) en el caso del asesinato del empresario M. Faerman. Según informes, los testigos declararon que a todos ellos los habían maltratado con el propósito de obligarles a confesar haber matado a M. Faerman. Algunos de ellos denunciaron que los habían esposado a una tubería de agua mientras los golpeaban con porras de goma hasta que «accedían» a firmar una confesión. Entre las presuntas víctimas se encontraban G. Kachurovsky, S. Boynovich y A. Marchenko.


Según los informes, G. Kachurovsky fue golpeado hasta que firmó una confesión. Posteriormente la rechazó y le volvieron a golpear hasta que firmó una nueva confesión. Esto ocurrió en varias ocasiones hasta que G. Kachurovsky huyó de la República Moladava del Dniéstr para evitar volver a ser maltratado.


Según los informes que citaban testimonios prestados durante el juicio de Vladimir Luchinets, S. Boynovich fue brutalmente golpeado y maltratado mientras se encontraba bajo custodia policial los días 3 y 15 de septiembre de 1995. Vladimir Luchinets e Igor Semashko le dieron repetidos golpes y puñetazos en el pecho, la espalda, el abdomen y las piernas, por lo que sufrió fuertes contusiones y hemorragias externas e internas.


Según la información recibida, a una empleada local de aduanas, A. Marchenko, también se la consideraba sospechosa de estar relacionada con el asesinato de M. Faerman, aunque había demostrado que en el momento del crimen se encontraba en Odessa, asistiendo a clase en la universidad. Durante su interrogatorio en el Departamento de Asuntos Internos de la ciudad de Rybnitsa, declaró haber oído gritos y ruidos que sugerían que en el segundo piso del edificio policial alguien estaba siendo golpeado. Su interrogador, Igor Semasko, no la maltrató, pero al parecer le pidió que firmara una confesión. Posteriormente estuvo recluida durante nueve días en prisión, sin orden de detención de un fiscal, como castigo por negarse a firmar la confesión.


En vista de toda esta información, Amnistía Internacional instó a las autoridades de la República Moldava del Dniéstr a que tomaran medidas inmediatas para poner fin a los malos tratos y torturas de detenidos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre estas recomendaciones había iniciativas dirigidas a garantizar que los funcionarios del Ministerio de Interior están al tanto de todas las cuestiones relativas a los derechos humanos y que reciben formación en ese campo. Amnistía Internacional también hizo un llamamiento a las autoridades para que iniciaran sin dilación investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las presuntas palizas y malos tratos recibidos por G. Kachurovsky, S. Boynovich, A. Marchenko y otras personas que prestaron testimonio en el juicio por las denuncias de presuntos malos tratos recibidos por Vladimir Luchinets mientras se encontraba bajo custodia policial.


En una respuesta recibida en noviembre, el ministro del Interior de la República Moldava del Dniéstr, I. Fuchedzi, declaraba que se habían tomado medidas apropiadas para ocuparse de todos los casos planteados por Amnistía Internacional de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de policía en la República, y que entre esas medidas destacaban algunas acciones disciplinarias y despidos.



NORUEGA


Reclusión de presos enfermos mentales


Con respecto a la reclusión de presos enfermos mentales en celdas de aislamiento en la prisión de Ila, en espera de su traslado a instituciones psiquiátricas, el gobernador de la prisión de Ila informó a Amnistía Internacional de que durante los últimos seis meses del año un total de 16 internos habían sido recluidos temporalmente en celdas de aislamiento, ya que eran considerados mentalmente inestables. Durante ese período, siete de esos internos fueron admitidos en instituciones psiquiátricas. El gobernador de la prisión de Ila también informó a Amnistía Internacional de que dos casos individuales eran especialmente preocupantes, dado que habían sido recluidos en régimen de aislamiento durante un período de aproximadamente siete y ocho semanas respectivamente antes de ingresar en una institución psiquiátrica. En ambos casos, el gobernador opinaba que su traslado debía haberse producido antes.


En octubre, Amnistía Internacional se dirigió por escrito al ministro de Justicia noruego reiterando su convicción, expresada en cartas anteriores, de que la práctica de recluir a presos en régimen de aislamiento puede causarles deterioro físico y mental y que encerrar a una persona que padece una enfermedad mental en régimen de aislamiento, sin cuidados especializados adecuados, puede llevar a un deterioro aún mayor de la salud mental de esa persona. La organización subrayó que estos presos deberían ser recluidos en instituciones especializadas, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Amnistía Internacional señaló con preocupación que se había permitido que continuara esta práctica a pesar del «incremento sustancial» en 1996 del presupuesto asignado por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales a los hospitales psiquiátricos. Por ello, la organización seguía instando al gobierno a que garantizara la existencia de instalaciones adecuadas para la detención de enfermos mentales.


En su respuesta a Amnistía Internacional, el Ministerio de Justicia subrayó que el gobierno no estaba satisfecho con la situación actual y destacó asimismo el compromiso de las autoridades de procurar su mejora. No obstante, el Ministerio expresó su confianza en que «las condiciones de los enfermos mentales cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos».


Detención prolongada en dependencias policiales


En su carta de octubre al ministro de Justicia, Amnistía Internacional también expresó su preocupación por la prolongada reclusión de personas en centros policiales. A pesar del reconocimiento público por parte de las autoridades de esta situación, que surgió a lo largo de los años ochenta, y del consiguiente compromiso de buscar una solución a la práctica de detener a personas en celdas de centros policiales durante largos períodos de tiempo, la organización seguía recibiendo informes en los que se denunciaba que se había recluido a personas en dependencias policiales durante períodos de hasta cuatro semanas de duración. Dado que la información recibida indicaba a) que a varias personas les había sido denegado el acceso a instalaciones sanitarias esenciales, b) que se habían denunciado graves pérdidas de peso como resultado de una alimentación insuficiente, c) se les había denegado o se les había proporcionado pocas oportunidades de realizar ejercicios al aire libre y d) que se les había privado del sueño como resultado del deficiente o inexistente insonorización de las celdas, la organización expresó preocupación por el hecho de que las condiciones de reclusión en celdas policiales puedan haber sido constitutivas de trato cruel, inhumano o degradante. Además, Amnistía Internacional subrayó cómo ese tipo de detención había provocado denuncias sobre abusos e intimidación por parte de la policía que pueden, a su vez, haber violado las garantías internacionalmente reconocidas sobre juicios justos. La organización subrayó que podía justificarse cierto escepticismo en cuanto a la credibilidad que se podría atribuir a declaraciones autoincriminatorias realizadas por personas recluidas en celdas policiales durante largos períodos de tiempo. La organización solicitó información sobre las denuncias de malos tratos formuladas tanto en público como ante los tribunales por personas recluidas durante largos períodos de tiempo en celdas policiales. Amnistía Internacional también solicitó que le informaran sobre las medidas que las autoridades iban a adoptar con el fin de erradicar la práctica de la detención prolongada en centros policiales, así como de las medidas que se iban a tomar para mejorar la situación hasta que se aplicaran esas soluciones.


La organización subrayó que esta práctica preocupante había persistido a pesar de las críticas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), detalladas en el informe sobre su visita a Noruega realizada entre el 27 de junio y el 6 de julio de 1993. En ese informe, el CPT afirmaba que era bastante corriente que personas detenidas en espera de juicio pasaran cierto tiempo recluidas en centros policiales por falta de plazas en centros de detención preventiva. El CPT afirmaba también que las condiciones existentes en esos centros incumplían totalmente las condiciones que una persona detenida durante un período prolongado tiene derecho a esperar. A este respecto, el CPT recomendó específicamente que las autoridades noruegas tomaran medidas para asegurarse de que los detenidos no permanecen recluidos durante períodos prolongados en centros policiales. En su respuesta a Amnistía Internacional, el Ministerio de Justicia declaró que «la cuestión de la reclusión prolongada en celdas de centros policiales no constituye un problema en la actualidad» y que «el Ministerio ha introducido procedimientos con el fin de asegurarse de que los detenidos no permanecen recluidos en celdas policiales durante más de cinco días consecutivos».



PORTUGAL


Delegación de Amnistía Internacional visita Portugal


En diciembre, delegados de Amnistía Internacional visitaron Portugal y se entrevistaron con el presidente de la República y con los principales ministros del gobierno. Se trató una amplia gama de asuntos relativos tanto a Portugal como a otros países. En lo que a Portugal se refería, a Amnistía Internacional le preocupaban las continuas denuncias de homicidios, muertes bajo custodia policial y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La delegación se entrevistó con los ministros pertinentes y con otras autoridades, y se habló sobre el funcionamiento del sistema judicial en estos casos. Se instó al gobierno a mejorar el acceso al sistema judicial para las víctimas, a aplicar salvaguardias más eficaces para los detenidos y a mejorar sustancialmente el sistema de formación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Otros asuntos tratados fueron el papel desempeñado por los tribunales militares en casos de agentes de la Guardia Nacional Republicana acusados de someter a civiles a malos tratos y la cuestión de la impunidad. En este contexto, Amnistía Internacional acogió con agrado el hecho de que, por primera vez, el nuevo código penal tipificara como delitos específicos la tortura y los malos tratos por agentes encargados de hacer cumplir la ley. El gobierno garantizó a la delegación que tenía la intención de proponer nuevas medidas legislativas para mejorar el acceso al sistema judicial para víctimas de agresiones de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


Informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT)


En noviembre se publicaron los resultados de la visita de inspección realizada en 1995 por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), así como la respuesta del gobierno portugués. El informe del CPT concluía afirmando que una proporción considerable de los entrevistados denunciaron haber sido objeto de malos tratos mientras se encontraban bajo custodia policial. A Amnistía Internacional le resulta muy preocupante que casi ninguna de las recomendaciones básicas sobre salvaguardias contra malos tratos formuladas tras la anterior visita de inspección del CPT en 1992 hubiera sido puesta en práctica en 1995, por lo que el CPT no podía modificar su declaración anterior según la cual los malos tratos de personas bajo custodia policial eran un fenómeno relativamente corriente.


Muertes ocurridas bajo custodia policial o inmediatamente después


En octubre se halló el cadáver de Olívio Almada, de 21 años de edad, de Cabo Verde, flotando en el río Tajo, cerca de Alcântara. Una semana antes, el 13 de octubre, había sido detenido ante un grupo de amigos por tres agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de la comisaría de Alcântara. Los agentes declararon que estaba ebrio y que se comportaba de forma escandalosa, que había causado un alboroto y que habían creído oportuno comprobar su identidad. Se lo llevaron del lugar en el automóvil de patrulla pero, según admitieron los propios agentes, no lo llevaron a la comisaría, a pesar de que la ley exige que las detenciones sean registradas en un centro policial. Los agentes declararon que lo dejaron salir del automóvil en Cais da Rocha, a cierta distancia de donde se había citado con sus amigos. En su certificado de defunción se afirma que la causa de la muerte fue «asfixia por ahogamiento» ("asfixia por afogamento"). Sin embargo, según informes de prensa, el cadáver presentaba señales de violencia, la cabeza abierta y heridas en la cara. Los agentes son objeto de una investigación por la Policía Judicial en relación con esa muerte.


Se inició una investigación policial sobre la muerte de un hombre por disparos de un agente de la PSP ocurrida en Pragal el 25 de noviembre. Al parecer, Vítor Campos fue visto robando la radio de un automóvil. Recibió un disparo en la espalda mientras intentaba escapar de dos agentes de la comisaría de Almada y falleció de camino al Hospital Garcia de Orta, en Almada. Según los agentes, habían realizado dos disparos de advertencia al aire y el tercer disparo, de consecuencias mortales, se produjo accidentalmente cuando uno de los agentes perdió el equilibrio en una loma empinada. Sin embargo, informes publicados en la prensa ponían en duda este relato de los acontecimientos.


El 15 de diciembre, agentes de la PSP de Évora detuvieron a tres hombres a raíz de una denuncia según la cual habían entrado a robar en una tienda de ropa. Según el comunicado de la PSP, a uno de estos hombres, Carlos Araújo, drogadicto de 21 años de edad, lo llevaron, «repentinamente enfermo» a la comisaría desde donde fue trasladado de inmediato al hospital de Évora. Según fuentes del hospital, sin embargo, el hombre había fallecido mucho antes. La autopsia reveló que Carlos Araújo de hecho había recibido un disparo en la espalda efectuada a una distancia de tan sólo tres metros con un arma de la policía, y la Inspección General de Administración Interna abrió una investigación sobre la muerte y las circunstancias en las que la PSP pudo haber emitido un comunicado tan engañoso. Un agente fue detenido y el Tribunal de Instrucción Penal de Évora decretó su prisión provisional tras los resultados de la autopsia. Los dos compañeros de Carlos Araújo fueron puestos en libertad. Varios agentes de policía entregaron sus armas en Navidades en protesta por la detención de su compañero. El general al mando de la PSP, que hizo público su apoyo a la protesta, fue posteriormente cesado por el ministro de Interior y sustituido por el primer jefe de policía no procedente de las filas del ejército.


El 23 de diciembre, la Inspección General de Administración Interna publicó las conclusiones de una investigación que había realizado sobre la muerte en noviembre de otro drogadicto, Fernando La Fuente Gregório do Carmo Pinto, que había sido presuntamente golpeado por agentes de la PSP y posteriormente había fallecido en el hospital de la prisión de Caxias. La Inspección General concluyó que los agentes de la PSP no lo habían sometido a malos tratos y que había muerto a causa de un ataque al corazón.


Evolución de casos anteriores de muertes bajo custodia


El 20 de diciembre el ministro de Administración Interna ordenó la expulsión de la Guardia Nacional Republicana de un sargento y de otro agente en relación con el homicidio de Carlos Rosa en la comisaría de Sacavém (véase el documento EUR 01/02/96/s). Una segunda autopsia había confirmado que había recibido un disparo en la cabeza efectuado a corta distancia y que después su cabeza había sido seccionada con un machete. En diciembre se formularon cargos de homicidio con agravantes (homicídio cualificado) contra el sargento, que se encuentra en prisión preventiva. Otros cinco agentes están siendo sometidos a una investigación.


El 4 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia redujo la sentencia de tres años de prisión, sentencia que había sido objeto de remisión durante cuatro años y que había sido dictada contra un agente de la PSP hallado culpable de homicidio por negligencia a dos años y diez meses de prisión. El tribunal también rechazó la condena adicional de expulsión de la policía que había sido dictada por el tribunal inferior de Matosinhos en marzo de 1995. El fiscal había solicitado una sentencia de 12 años de prisión por homicidio para este agente, que el 9 de junio de 1994 mató de un disparo a Romão Monteiro, romaní de 31 años de edad, mientras era interrogado, con las esposas puestas, por presuntos delitos relacionados con las drogas, en la comisaría de Matosinhos. La PSP inicialmente insistía en que Romão Monteiro se había suicidado. El agente admitió posteriormente que había disparado contra Romão Monteiro, en la creencia de que su pistola no estaba cargada. Según informes, el fallo del Tribunal Supremo se basaba en parte en la anterior «buena conducta» del agente. Se ha abierto una investigación interna de la PSP sobre este incidente.


Casos de presuntos malos tratos


Gabriel Camara, ciudadano de Guinea-Bissau, residente en Portugal desde hacía ocho años, fue fuertemente golpeado por policías de la PSP vestidos de civil en Oporto en marzo de 1996, según varios testigos oculares entre los que había dos periodistas. Los testigos informaron que Gabriel Camara fue objeto de golpes y patadas tras haber sido esposado, mientras yacía en el suelo. La PSP abrió una investigación interna y sus fuentes en Oporto afirmaron que Gabriel Camara fue golpeado por unos asaltantes desconocidos. El Defensor del Pueblo (Provedor de Justiça) abrió otra investigación.


En septiembre, Amnistía Internacional se dirigió por escrito al Defensor del Pueblo en relación con unos informes que había recibido según los cuales varios «niños de la calle» de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años habían sido objeto de malos tratos por parte de agentes de la PSP en Funchal, Madeira. Los niños denunciaban que, en varias ocasiones, habían sido maltratados por la policía en la calle, a veces mientras intentaban dormir, o mientras se encontraban bajo custodia policial en comisarías o furgonetas de la policía. En las denuncias trasladadas a Amnistía Internacional y al Defensor del Pueblo se afirma que a distintos grupos de niños los habían apaleado con porras, los habían golpeado en la cabeza y les habían dado patadas en el estómago. En una de las denuncias los niños afirmaban que les habían llevado a una comisaría y les habían obligado a limpiar los aseos, las ventanas y los suelos, así como restos de sangre en las zonas en las que otras personas (adultos) habían sido objeto de palizas.


En un comunicado de prensa, la oficina del Defensor del Pueblo afirmaba que, si bien la actitud de la PSP para con los niños de la calle de Funchal era, en general, positiva, una investigación había revelado que algunos agentes habían cometido actos que la aplicación de medidas de naturaleza judicial o disciplinaria. En respuesta a la carta de Amnistía Internacional, la oficina del Defensor del Pueblo reconoció que «se había, de hecho, descubierto la práctica de malos tratos por algunos agentes de policía», pero que el fiscal había cerrado el caso sin que se tomara ningún tipo de medida. Amnistía Internacional ha solicitado más aclaraciones al respecto.


Seguimiento de casos anteriores de presuntos malos tratos


En septiembre el juicio de Joaquím Teixeira (véase los documentos EUR 01/01/96/s y 01/02/96/s) fue aplazado hasta diciembre. A petición de la defensa, el juez volvió a posponer la apertura del juicio a la espera del fallo del Tribunal de Apelaciones sobre la demanda interpuesta por Joaquím Teixeira contra un agente de la PSP. El juez accedió a que los dos casos fueran juzgados a la vez. Hasta el mes de diciembre, las denuncias habían sido objeto de dos investigaciones paralelas.


REINO UNIDO


Muertes bajo custodia e investigaciones


La policía estaba investigando la muerte bajo custodia policial de Ibrahima Sey, Ziya Mustafa, Oscar Okoye, Ahmed El-Gammel y Bosey Davis.


No se procesó a los agentes implicados en la muerte de Brian Douglas (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s) y Wayne Douglas (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). La investigación sobre la muerte de Brian Douglas concluyó en agosto que había muerto por accidente; se dijo al jurado que Brian Douglas sufría seis fracturas muy finas en el cráneo, coherentes con la hipótesis de que le habían golpeado con una porra.


En noviembre, testigos presenciales declararon a los responsables de la investigación sobre la muerte de Wayne Douglas que un agente de policía había dado a Wayne Douglas un rodillazo en la cabeza mientras estaba esposado y al menos otros cuatro agentes le mantenían boca abajo en el suelo. El jurado resolvió que su muerte había sido una consecuencia accidental del estrés, el agotamiento y la asfixia causada por la posición.


La investigación sobre la muerte de Leon Patterson concluyó en noviembre que había muerto por accidente debido, en parte, a una negligencia. El pesquisidor (coroner) criticó enérgicamente lo sucedido durante el tiempo que Leon Patterson estuvo bajo custodia. Leon Patterson murió el 27 de noviembre de 1992 en una celda de la comisaría de policía de Denton, en Manchester, unas horas después de haber sido trasladado desde la comisaría de policía de Stockport. Le habían desnudado y padecía delirios, profería gritos incoherentes y estaba inconsciente a ratos, además de sufrir convulsiones y vómitos; pasó así más de 20 horas. Sin embargo, un médico de la policía había decidido que el estado de salud de Leon Patterson era lo bastante bueno para que continuara bajo custodia. En febrero de 1993 se había suspendido la primera investigación sobre la muerte bajo custodia de Leon Patterson, tras descubrirse que un miembro del jurado estaba casado con un agente en activo de la policía local. En julio de 1993, un jurado había pronunciado un veredicto de homicidio ilegítimo como resultado de la negligencia temeraria de los agentes y los médicos de la policía respecto al cuidado médico de Leon Patterson mientras estaba bajo custodia. Sin embargo, en octubre de 1994 el Tribunal Superior había anulado este veredicto por una formalidad jurídica.


Un agente de policía fue acusado en julio de daños corporales directos en relación con la muerte de Gary Allsopp, a quien al parecer habían golpeado en la cabeza con una porra (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). Fue absuelto en diciembre.


No se formularon cargos contra los agentes de policía implicados en la muerte de Richard O'Brien y de Shiji Lapite, a pesar de los veredictos de homicidio ilegítimo pronunciados por el jurado de la investigación (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s, EUR 01/01/96/s y EUR 01/02/96/s).


Homicidios e investigaciones conflictivos


En septiembre, Diarmuid O'Neill, miembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA), fue abatido a tiros en circunstancias polémicas, en Londres, por unos agentes de policía. Las declaraciones iniciales de que le habían matado durante un tiroteo resultaron falsas, puesto que el fallecido estaba desarmado. Se plantearon preguntas acerca de por qué habían matado a Diarmuid O'Neill después de rociar con gas lacrimógeno su habitación, y qué efectos podría haber tenido el gas en su comportamiento posterior.


Las investigaciones realizadas en Irlanda del Norte sobre homicidios controvertidos perpetrados en años anteriores siguieron aplazándose debido a aparentes deficiencias jurídicas de procedimiento. En julio, el Tribunal de Apelación apoyó la decisión del pesquisidor, durante el juicio sobre la muerte de Pearse Jordan (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s), de permitir que los agentes de policía declarasen anónimamente y de impedir que el abogado de la familia accediera a las declaraciones de los testigos al inicio de la investigación. Esta decisión judicial ha sido recurrida y, en espera de los resultados, se ha aplazado la investigación sobre otros homicidios polémicos.


Malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante


En septiembre se tomó la decisión de no formular ningún cargo contra los agentes implicados en el arresto del estudiante Amer Rafiq (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). Amer Rafiq había perdido el ojo derecho, presuntamente como resultado de la brutalidad de la policía. Según los resultados de la investigación policial, supervisada por la Oficina de Denuncias contra la Policía, no había pruebas que apoyaran la hipótesis de que había sido agredido por la policía. La Oficina de Denuncias contra la Policía recomendó que se imputaran a dos agentes cargos disciplinarios de negligencia del deber respecto a un preso bajo custodia.


Hubo presos recluidos en cárceles de alta seguridad que afirmaron que les habían sometido a tortura psicológica y a trato cruel, inhumano o degradante, a causa de las restricciones impuestas a su derecho a asociarse, a hacer ejercicio y a recibir visitas, cuyo resultado fue el deterioro mental de varios presos. Según el informe de un servicio interno de prisiones escrito por Sir Donald Acheson, que no se ha publicado, las carencias de las nuevas unidades especiales de seguridad propician la aparición de enfermedades mentales.


Róisín McAliskey, arrestada en noviembre en virtud de una orden de extradición, estuvo seis días recluida en una prisión para hombres, hasta que volvieron a trasladarla a una prisión para mujeres. Según informes recibidos, estaba detenida en condiciones de aislamiento casi absoluto y el tratamiento médico que se le estaba administrando era inadecuado para su situación de embarazada.


El comportamiento de la Real Policía del Ulster durante la temporada de «desfiles» de julio y agosto en Irlanda del Norte fue el motivo de denuncias que hacían referencia a una actuación policial irregular y a violaciones de derechos humanos por parte de la policía. Al parecer, hubo personas a las que maltrataron, golpearon e hirieron de gravedad con el gran número de balas de goma disparadas. La policía investigó la muerte de Denis McShane, a quien atropelló un vehículo de la policía.


Legislación de excepción


En octubre se publicó la revisión, llevada a cabo por Lord Lloyd de Berwick, de toda la legislación que regula la prevención del terrorismo en el Reino Unido. Le habían pedido que basara la revisión en la premisa de que hubiera un «estado de paz duradera». Cuando finalizó su revisión, se había roto el alto el fuego por parte del IRA. En consecuencia, puesto que varias de sus recomendaciones se refieren a una situación de paz, el gobierno afirmó que no actuaría en consecuencia. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que algunas de las medidas propuestas son acordes con las normas internacionales y deben aplicarse sin demora. Entre las recomendaciones de Lord Lloyd figuran las siguientes: suspender los «tribunales de Diplock»; abolir las órdenes de exclusión y el encarcelamiento sin juicio; someter a escrutinio judicial la ampliación de la detención durante más de 48 horas, y grabar en cinta y realizar en presencia de un letrado las entrevistas con los sospechosos. Lord Lloyd recomendó asimismo otras medidas que consideraba que debían ser características permanentes de la legislación antiterrorista, como la aceptación en los tribunales de pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas con un micrófono oculto.


Preocupaciones en materia de justicia procesal


Amnistía Internacional observó varios juicios en Inglaterra y en Irlanda del Norte, debido a que se había denunciado que algunas acusaciones podían obedecer a motivos políticos, o por temor a que no se cumplieran todas las garantías procesales. En octubre empezó un juicio, que duró diez semanas, contra cuatro palestinos acusados en relación con los atentados con bomba perpetrados en julio de 1994 en Londres contra la Embajada de Israel y un centro judío. Dos de los acusados fueron absueltos; Samar Alami y Jawad Botmeh, a quienes declararon culpables de conspiración para cometer atentados con bomba y condenaron a sendas penas de 20 años de cárcel, afirmaron que eran inocentes. En Irlanda del Norte, se vieron en los tribunales algunos casos de presunto error en sentencias condenatorias: en un nuevo juicio celebrado en mayo Stephen Larkin fue absuelto del cargo de asesinato, y el Tribunal de Apelación anuló en septiembre la condena de Colin Duffy por asesinato. Colin Duffy había sido declarado culpable de asesinar a un ex soldado y Stephen Larkin de intentar asesinar a un dirigente unionista. El fallo de otros procesos aún estaba reservado al final del año.


Deportaciones por «seguridad nacional»


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en noviembre que el intento del gobierno de devolver a Karamjit Singh Chahal a la India constituía una violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Había estado detenido desde 1990 en espera de ser expulsado por motivos de «seguridad nacional» (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). El Tribunal declaró que la prohibición de la tortura era lo más importante y que las alusiones al riesgo para la seguridad nacional eran indiferentes para determinar si una persona estaba expuesta a padecer torturas en caso de ser expulsada o devuelta (refouled). El Tribunal resolvió asimismo que la vista ante un comité consultivo de tres personas no satisfacía el derecho reconocido en el Convenio a que la detención sea examinada por una autoridad judicial y que, por consiguiente, la detención de Karamjit Singh Chahal había sido ilegítima. Karamjit Singh Chahal quedó en libertad el día en que se pronunció la sentencia. Después quedaron en libertad otras personas detenidas en aplicación de las mismas disposiciones, entre ellas Sezai Ucar y Raghbir Singh (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s).


Legislación sobre asilo


En julio entró en vigor la Ley sobre asilo e inmigración de 1996, en virtud de la cual se ampliaban los procedimientos de apelación de «vía rápida» introducidos en disposiciones legislativas precedentes a un amplio conjunto de casos, como aquellos en los que el recurrente proceda de alguno de los países designados en una «lista blanca», en los que las autoridades consideran que no existe un riesgo grave de persecución. Se abolieron de hecho los derechos de apelación en la mayoría de los casos referentes a un «tercer país seguro». La Ley preveía asimismo la retirada de las prestaciones asistenciales concedidas a la mayoría de los solicitantes de asilo. Esta última disposición fue cuestionada jurídicamente en varias ocasiones. Amnistía Internacional expresó al gobierno su preocupación por varias disposiciones incluidas en la Ley sobre asilo e inmigración de 1996. La organización dejó constancia de su oposición a la retirada de la asistencia humanitaria, porque podría implicar que los solicitantes no pudieran acceder a los procedimientos de tramitación del asilo, incluido un derecho de apelación significativo.


Abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos paramilitares


Siguieron preocupando a Amnistía Internacional los informes de abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos políticos armados. El IRA se atribuyó la autoría de dos atentados con coche bomba que explotaron en octubre en el cuartel del ejército de Thiepval, en Irlanda del Norte, causando la muerte de un soldado y heridas a 30 personas, entre ellas una niña de ocho años. En diciembre, el IRA disparó e hirió a un agente de la Real Policía del Ulster en un hospital infantil de Belfast. El Ejército Irlandés de Continuidad asumió la responsabilidad de varios atentados con bomba y atentados fallidos en Irlanda del Norte. Una lucha interna del Ejército Irlandés de Liberación Nacional ocasionó siete muertes a lo largo del año, entre ellas la de Barbara McAlorum, de nueve años; una de las dos facciones, la GHQ Staff, se disolvió finalmente en septiembre.


Ninguna organización reivindicó la responsabilidad de varias muertes registradas en Irlanda del Norte, entre ellas la de John Molloy; sin embargo, es posible que fueran obra de unionistas guiados por razones sectarias. En julio, Michael McGoldrick, católico, fue abatido a tiros en su taxi, presuntamente por el Cuerpo de Voluntarios del Ulster. En diciembre, una trampa explosiva explotó debajo de un automóvil hiriendo al conocido republicano Edward Copeland.


Se cometieron además varios asesinatos de «castigo». Unos unionistas mataron a tiros en octubre a Thomas Stewart, dirigente del Cuerpo de Voluntarios del Ulster y, ese mismo mes, la organización republicana Acción Directa Contra la Droga abatió a tiros a Sean Devlin.


Prosiguieron con la misma intensidad las palizas y las torturas infligidas como «castigo» por grupos paramilitares. En septiembre, unos hombres enmascarados que blandían bates de béisbol apalearon a George Scott hasta la muerte. En diciembre, unos agresores republicanos ataron boca abajo en una valla a Michael Finnegan, un muchacho de 16 años, y le apalearon con unos bates de béisbol tachonados con clavos hasta romperle las piernas. Antes de la paliza, golpearon a Michael Finnegan en los ojos y le introdujeron un calcetín en la boca para sofocar sus gritos. Un amigo dijo que las heridas que habían causado los clavos al desgarrar la carne eran «tan grandes que se podía meter el dedo en ellas».



REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA


Crímenes de guerra


En julio finalizó en Serbia el primer juicio contra un acusado de crímenes de guerra cometidos en Bosnia-Herzegivina. Un tribunal de Šabac declaró a Duško Vučković, que había luchado con las unidades paramilitares serbias, culpable de haber matado a 16 musulmanes desarmados y herido a otros 20 cuando se hallaban detenidos en un pueblo situado cerca de Zvornik, en 1992. Asimismo, fue declarado culpable de violar a una mujer musulmana en territorio serbio, justo al otro lado de la frontera. Le condenaron a siete años de cárcel.


En octubre, Nebojša Ranisavljević fue arrestado en Montenegro y acusado de participar en el asesinato de unos 20 hombres, casi todos musulmanes de Montenegro, a quienes fuerzas paramilitares serbias habían secuestrado en 1993 cuando viajaban en tren desde Belgrado (la capital serbia y federal) hacia Bar, en Montenegro.


Anteriormente, en agosto, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (el Tribunal) abrió una oficina de enlace en Belgrado, pero las autoridades siguieron sin extraditar a tres oficiales del ejército yugoslavo reclamados por el Tribunal.


Presos de conciencia y presos políticos


Entre los presos de conciencia había un número desconocido de objetores de conciencia. Al menos cuatro de ellos eran Testigos de Jehová que cumplían distintas penas de prisión, cuya duración variaba entre cuatro meses y un año, por negarse a tomar las armas. La legislación yugoslava contempla la posibilidad de solicitar la categoría de objetor de conciencia, pero sólo en el plazo de los 15 días posteriores a la recepción de la primera citación para el reclutamiento en el servicio militar. Los objetores de conciencia pueden hacer el servicio militar sin armas o el servicio civil, que dura 24 meses, el doble que el servicio armado.


Durante las manifestaciones masivas celebradas en noviembre y diciembre por los simpatizantes de la coalición de oposición Zajedno (Juntos) y los estudiantes en protesta contra la anulación de las victorias de Zajedno en las elecciones locales de Belgrado y otras ciudades importantes, más de 50 manifestantes fueron arrestados en Belgrado y otros lugares. Más de 20 de los arrestados, casi todos en Belgrado, fueron condenados hasta a 30 días de cárcel por cargos de alteración del orden público; Amnistía Internacional consideró que algunos de ellos eran presos de conciencia a quienes habían declarado culpables por hacer gestos simbólicos de protesta, como arrojar huevos, ante las oficinas de los medios de comunicación del Estado.


Otros presos de conciencia fueron varias personas de etnia albanesa condenadas hasta a 60 días de cárcel por organizar reuniones o impartir clases fuera del sistema de educación oficial serbio, sin permiso oficial. Unos 60 presos políticos de etnia albanesa, casi todos ellos condenados en 1994 y 1995 en juicios injustos de promover la secesión de la provincia de Kosovo por medios violentos, continuaban encarcelados. Amnistía Internacional consideraba que algunos podían ser presos de conciencia.


Presuntos malos tratos y tortura


Siguieron recibiéndose casi a diario informes que indicaban que la policía había golpeado o maltratado por otros medios a personas de etnia albanesa en la provincia de Kosovo. Se produjeron también nuevos ataques contra comisarías y oficinas de la policía en Kosovo. Tres agentes fueron abatidos a tiros en dos incidentes registrados en agosto y en octubre. Estos atentados dieron lugar al arresto masivo de personas de etnia albanesa, muchas de las cuales informaron de que las habían torturado o maltratado en las comisarías de policía antes de quedar en libertad sin cargos. En septiembre, unos policías vestidos con ropas civiles arrestaron a tres personas de etnia albanesa. Uno de los arrestados, Osman Rama, que quedó en libertad seis días después, afirmó que le habían introducido a la fuerza en un automóvil, le habían vendado los ojos y le habían conducido a un lugar desconocido en el que le interrogaron y le golpearon brutalmente. Cuatro días después, volvieron a detenerlo durante seis días y a torturarlo. Según informes, los otros dos, Besim Rama y Avni Nura, estuvieron detenidos en régimen de incomunicación durante más de dos semanas, antes de comparecer ante un juez de instrucción, lo cual constituyó una violación de la legislación nacional, que prevé un máximo de tres días bajo custodia de la policía. Les imputaron cargos de terrorismo y les acusaron de matar a tres agentes de policía y a un civil. No habían sido juzgados al finalizar el año. (Véase también el apartado Mujeres en Europa, página 79).


Asimismo, hubo informes que indicaban que la policía había maltratado a algunos de los manifestantes arrestados en Belgrado en noviembre y en diciembre. Uno de ellos, Dejan Bulatović, fue arrestado el 6 de diciembre y condenado a 25 días de cárcel por alteración del orden público. Fue golpeado por la policía en una comisaría de Belgrado y, según afirmaciones del detenido, la policía le introdujo una porra de goma en el recto y el cañón de una pistola en la boca y amenazó con dispararle.


Muerte después de malos tratos bajo custodia


Feriz Blakçori, maestro de escuela de etnia albanesa de Priština, murió el 10 de diciembre en el hospital al que le llevaron los policías que le había arrestado el día anterior porque habían encontrado un fusil en su casa. Según informes, su certificado de defunción atribuía su muerte a una insuficiencia cardiorespiratoria debida a un impacto grave causado por contusión en la cabeza y en el cuerpo.


Presuntos malos tratos a solicitantes de asilo de etnia albanesa


En septiembre se recibieron informes sobre el maltrato infligido a algunas personas de etnia albanesa que habían regresado (en algunos casos a la fuerza) a la República Federal de Yugoslavia desde Alemania, donde sus solicitudes de asilo habían sido rechazadas. En octubre, la República Federal de Yugoslavia y Alemania firmaron un acuerdo en el que se establecía el regreso de unos 135.000 ciudadanos yugoslavos, la mayoría de etnia albanesa, a lo largo de un periodo de varios años.



REPÚBLICA ESLOVACA


Presos de conciencia: objetores de conciencia al servicio militar


Amnistía Internacional adoptó como presos de conciencia a dos hombres que habían sido encarcelados por negarse a cumplir su servicio militar. Erik Kratmüller fue encarcelado el 12 de junio de 1996 con una condena de 18 meses de prisión. Martin Badin fue condenado a un año de prisión y encarcelado el 27 de agosto de 1996. Los dos hombres habían adquirido convicciones religiosas que no les permitían portar armas después del plazo establecido en la legislación eslovaca para solicitar un servicio civil alternativo.


Otros dos objetores de conciencia, Miloš Lipinský y Martin Bednár, fueron declarados culpables del mismo delito y condenados a 14 meses y un año de prisión respectivamente. En la actualidad se encuentran en libertad a la espera de un nuevo juicio y del resultado de una apelación. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades eslovacas a que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a Erik Kratmüller y Martin Badin, e hizo un llamamiento para que se retiraran los cargos formulados contra Miloš Lipinský y Martin Bednár, los cuales, caso de ser encarcelados, serían considerados presos de conciencia.


Amnistía Internacional ha criticado en repetidas ocasiones ciertos preceptos de la Ley sobre el Servicio Civil eslovaca que, según considera la organización, presenta ciertas variaciones con respecto a los principios internacionalmente reconocidos sobre la objeción de conciencia al servicio militar (véase el documento EUR 01/01/96/s). El artículo 2, párrafo 2, de esta ley requiere que las solicitudes de servicio alternativo sean presentadas en un plazo de 30 días antes de la entrada en vigor de la decisión de la junta de reclutamiento sobre si el recluta es apto para realizar el servicio militar. Esta medida deja fuera de hecho a personas que desarrollan una objeción de conciencia al servicio militar entre el alistamiento y la incorporación a filas o tras dicha incorporación. Amnistía Internacional cree que las creencias de las personas pueden cambiar con el paso del tiempo y por ello éstas deben gozar del derecho a solicitar la condición de objetor de conciencia en cualquier momento. La organización está preocupada asimismo porque la longitud del servicio civil es punitiva. Según el artículo 1, párrafo 8, la longitud del servicio civil es el doble de la del servicio militar. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades eslovacas a que modifiquen estos preceptos.



RUMANÍA


Preso de conciencia


Según la información aportada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, un interno de 42 años de edad de la prisión de Poarta Albă empezó a cumplir una condena de dos años por «mantener repetidas relaciones sexuales con otro hombre», de acuerdo con lo tipificado en el artículo 200, párrafo 1, del código penal. Los presuntos actos homosexuales entre adultos de mutuo acuerdo y en privado se produjeron en Constanţa en enero de 1994. Según los informes, dos hombres fueron juzgados en junio de 1995 y condenados a penas de prisión condicionales. Tras la apelación del fiscal, el tribunal de Constanţa sustituyó la sentencia condicional de uno de los acusados por otra de dos años de prisión. En noviembre, Amnistía Internacional hizo un llamamiento en favor de su puesta en libertad inmediata e incondicional. El mismo mes, la organización supo que las autoridades penitenciarias habían formulado una petición para que fuera puesto en libertad condicional, pero aún no ha recibido confirmación oficial de la excarcelación del preso.


Reforma fallida del código penal


El 1 de octubre de 1996, tras tres años de deliberaciones para enmendar el código penal, el Parlamento rumano aprobó varias disposiciones que suponían ciertas variaciones en los compromisos internacionales contraídos por Rumanía de observar y garantizar el respeto a los derechos humanos. Entre estas disposiciones cabe destacar la versión revisada del artículo 200, párrafo 1, que prohíbe las relaciones homosexuales de mutuo acuerdo entre adultos «si el acto es cometido en público u ocasiona escándalo público» y el párrafo 5, que prohíbe «la seducción de una persona con el fin de practicar actos homosexuales, así como crear asociaciones propagandísticas o participar en otras formas de proselitismo con el mismo fin». Amnistía Internacional está preocupada porque este artículo podría no sólo provocar el encarcelamiento de adultos únicamente por practicar una relación homosexual de mutuo acuerdo y en privado, sino porque podría también desembocar en el encarcelamiento de personas únicamente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y asociación.


Varias enmiendas al código penal también imponen restricciones excesivas al derecho a la libertad de expresión. El artículo 168 prohíbe la «comunicación o distribución, por cualquier medio posible, de noticias, hechos o información falsos o documentos falsificados, si se cometiera con la intención de obstaculizar la seguridad del Estado rumano o de sus relaciones internacionales». El artículo 236 convierte en delito los «actos públicos cometidos con la intención evidente de difamar al Estado o a una nación». Amnistía Internacional está preocupada por el hecho de que la redacción vaga y ambigua de estos preceptos permitiría el procesamiento de personas únicamente por haber ejercido su derecho universalmente reconocido a la libertad de expresión.


Ciertas disposiciones del artículo 238, párrafo 1, y del artículo 239, párrafo 1, que tipifican la difamación de autoridades públicas, también pueden desembocar en la violación del derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional cree que las autoridades públicas que se consideren difamadas deben buscar compensación a través de acciones jurídicas accesibles a todas las personas, cualquiera que sea su condición o función, con el fin de proteger su reputación. Estas acciones jurídicas, no obstante, no deben ser utilizadas para reprimir la crítica contra autoridades o intimidar a aquellas personas que manifiestan una preocupación legítima por las acciones o prácticas de éstas.


Nuevos casos de presuntos malos tratos


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en julio de 1996, agentes de policía y guardias públicos de la localidad de Târgu Mureş sometieron a malos tratos a tres romaníes menores de edad, Gheorghe Notar Jr, Ioan Őtvős y Rupi Stoica, que llevaban cinco días recluidos en el Centro de Protección de Menores. El 7 de julio, alrededor de las 16.40 horas, varios agentes de policía detuvieron a Gheorghe Notar Jr, de 17 años de edad. Según informes, uno de los agentes lo golpeó en el cuello con una porra, lo que provocó que cayera por una escalera. Gheorghe Notar Jr. fue trasladado entonces a la comisaría junto con Ioan Őtvős, de 15 años de edad, y Rupi Stoica, de 16 años, que habían sido detenidos anteriormente. En el vehículo de la policía, los tres jóvenes fueron golpeados por dos policías. En la comisaría, cuando Gheorghe Notar Jr subía los escalones, fue golpeado de nuevo en la espalda, lo que le hizo caer y perder brevemente el conocimiento. Los tres jóvenes continuaron al parecer recibiendo golpes de forma intermitente mientras eran interrogados en un vestuario de la comisaría. Fueron interrogados sobre un incidente relacionado con otro menor de edad que se había producido esa misma tarde y que la policía consideraba un acto de robo. Los agentes no informaron a los padres de los muchachos acerca de su detención, ni se aseguraron de que un abogado estuviera presente durante el interrogatorio. En octubre, Amnistía Internacional publicó un informe, Romania: Ill-treatment of minors, Gheorghe Notar Jr, Ioan Ötvös and Rupi Stoica (Índice AI: EUR 39/18/95) en el que presentaba, además de una descripción detallada del caso, un análisis de ciertas disposiciones de la Ley 3/1970 sobre el Régimen de Protección de Ciertas Categorías de Menores. Esta ley permite que la policía mantenga bajo custodia a menores sospechosos de haber cometido un delito durante un período máximo de 30 días. Esta ley no define los procedimientos a seguir por los agentes de policía que detienen a menores; no establece la obligación de que la policía informe a los padres o tutores de esta medida y no impone ninguna restricción a la policía a la hora de interrogar a los menores detenidos de esta forma. Los padres o tutores carecen asimismo del derecho de apelar contra la decisión policial de detener a un menor de edad. Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a que investigaran con prontitud e imparcialidad los presuntos malos tratos de que fueron objeto estos tres menores. La organización también hizo un llamamiento al gobierno rumano para que modificara la ley con el fin de asegurarse de que contiene las disposiciones recomendadas sobre los procedimientos policiales, la presencia obligatoria durante el interrogatorio de un abogado o un representante de la autoridad encargada de la tutela de menores, además de permitir la apelación contra la decisión de detener a un menor de edad.


Según informes, en la noche del 7 a 8 de diciembre en un bar de la localidad de Fântânele, en el condado de Mureş, un agente de la policía local vestido de civil empujó a János Döngolő, estudiante de secundaria de 18 años de edad, y le dio un puñetazo en el pecho. Cuando el joven intentó defenderse, el agente le siguió dando puñetazos y patadas, a la vez que decía que dispararía sobre cualquiera que intentara intervenir. Después dio un puñetazo a Mihály Rozs, otro estudiante de 18 años. Otros tres agentes vestidos de civil persiguieron a los dos estudiantes después de que consiguieran escapar del bar. Fueron detenidos y trasladados a la comisaría local, donde continuaron las palizas. Posteriormente, János Döngolő y Mihály Rozs fueron ingresados en el hospital de Târgu Mureş donde recibieron tratamiento durante 12 y 8 días respectivamente, por las lesiones en la cabeza y el cuerpo que padecían a consecuencia de los malos tratos.


El 11 de diciembre de 1996, alrededor de la medianoche en el distrito de Distor de Bucarest, un grupo de nueve agentes de policía que llevaban dos perros policía pararon en la vía pública a Adrian Sandu y Mihail Alexandrescu. Les dijeron que presentaran sus documentos de identidad. Según la información recibida, uno de los agentes objetó que había marcas escritas a mano en la primera página del documento de identidad de Adrian Sandu. Adrian Sandu explicó que las marcas habían sido hechas en la comisaría cuando renovó su documento. Sugirió que el agente retuviera el documento y que acudiría a la comisaría más tarde para aclarar la cuestión. Los agentes incitaron entonces a los perros a que atacaran a Adrian Sandu y Mihail Alexandrescu y empezaron a darles patadas y puñetazos. Uno de los agentes golpeó a Adrian Sandu en la cabeza con una linterna. Según informes, otros agentes que llegaron en un vehículo de la policía se negaron a trasladar a los dos hombres a la comisaría para formular cargos en su contra. Adrian Sandu y Mihail Alexandrescu fueron esposados y llevados a un bar cercano donde continuaron las palizas y donde fueron obligados a firmar declaraciones. A Adrian Sandu recibió una multa de 80.000 leu (20 dólares estadounidenses) por no llevar un documento de identidad válido y Mihail Alexandrescu recibió otra multa de 5.000 lei (1,25 dólares estadounidenses) porque su grupo sanguíneo no iba detallado en su documento.


Después del incidente, Adrian Sandu y Mihail Alexandrescu fueron examinados por un médico forense. El certificado emitido sobre Adrian Sandu describe hematomas y lesiones en la cara y en todo el cuerpo así como una mordedura de perro en el muslo izquierdo y la pierna derecha. El certificado expedido sobre el estado de Mihail Alexandrescu describe lesiones de similares características. En enero de 1997 Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a que investigaran con prontitud e imparcialidad los presuntos malos tratos de que fueron objeto János Döngolő, Mihály Rozs, Adrian Sandu y Mihail Alexandrescu, a que publicaran los resultados de la investigación y a que pusieran a disposición judicial a las personas responsables de violaciones de derechos humanos.


Carta abierta a las autoridades recientemente elegidas


Tras las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en noviembre, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las nuevas autoridades rumanas para que consideraran los derechos humanos como una de las prioridades de su política. En el documento Romania: Open letter from Amnesty International to the President, the Government and the Members of the Parliament (Índice AI: EUR 39/22/96) la organización hizo un llamamiento a las nuevas autoridades para que modificaran toda la legislación que pudiera desembocar en violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional expresó preocupación porque la aplicación del código penal enmendado podría ocasionar el encarcelamiento de personas que serían consideradas presos de conciencia. La organización también criticó ciertos preceptos de la Ley 46/1996 sobre el servicio alternativo al servicio militar, la Ley 26/1994 sobre la Organización y Funcionamiento de la Policía Rumana, que permite el uso de armas de fuego «para aprehender un sospechoso sorprendido en el acto y que intenta huir sin obedecer la orden de permanecer en el lugar del delito» y la Ley 15/1996 sobre el Estatuto y Régimen de Refugiados en Rumanía, que asimismo presenta variaciones con respecto a las normas internacionales.


En el momento de la publicación de este informe, Amnistía Internacional aún no había recibido respuesta de las autoridades rumanas a su carta abierta.


SUIZA


Objeción de conciencia al servicio militar


En octubre entró en vigor una legislación que prevé, por primera vez, una verdadera alternativa civil al servicio militar obligatorio. Podrán acceder al nuevo servicio, cuya duración es de una vez y media la del servicio militar ordinario, los reclutas que demuestren de modo satisfactorio a una comisión civil que el servicio militar es irreconciliable con sus conciencias. Amnistía Internacional había expresado durante muchos años su preocupación ante la falta de un verdadero servicio civil para los objetores de conciencia al servicio militar, y por las sentencias de cárcel y de trabajos forzosos que los tribunales militares habían impuesto a algunos objetores de conciencia. Por consiguiente, la organización expresó su satisfacción por la nueva legislación y observará su aplicación.


Presuntos malos tratos a detenidos


EG, ciudadano turco con la condición oficial de refugiado en Suiza, denunció que le habían sometido a malos tratos físicos durante las dos horas que estuvo detenido por agentes de la fuerza de guardias de fronteras (organismo federal) en el cantón de Ticino.


Dijo que, al entrar en Suiza en automóvil el 26 de junio de 1996, después de un día de viaje a Italia, un guardia de fronteras suizo les dio el alto a él y a su acompañante, también de origen turco y oficialmente reconocido como refugiado, en la frontera entre Suiza e Italia, a las afueras de Chiasso, y les pidió que mostraran sus documentos de identidad y de viaje. Según el relato de EG, se llevaron los documentos para verificarlos y el automóvil fue rodeado por unos cinco agentes, que les ordenaron a punta de pistola a él y a su acompañante que salieran del vehículo. EG afirmó que le sacaron del automóvil y le obligaron violentamente a tirarse al suelo, mientras los guardias procedían a registrar el automóvil. Advirtió a los guardias que estaba discapacitado y que esos malos tratos podían tener consecuencias para su salud y, después de levantarse, preguntó de qué delito se les acusaba. Como respuesta, según afirma EG, uno de los guardias le dijo que se callara y le golpeó. Al parecer, a continuación hubo un intercambio de insultos verbales y EG fue esposado y llevado al interior de las oficinas de los guardias de fronteras, donde, según su denuncia, le obligaron a colocarse contra una pared y dos agentes le golpearon en las piernas y en los hombros. Dijo que después le quitaron las esposas y le obligaron a desnudarse y a permanecer de pie con la cara contra la pared, mientras los agentes le registraban a él y su ropa. Al no encontrar nada incriminatorio en ella, se la tiraron para que volviera a ponérsela. Cuando se hubo vestido, volvieron a ponerle las esposas y estuvo detenido en una habitación durante otra media hora, mientras desnudaban y registraban a su acompañante.


Dijo que, finalmente, dos agentes de la policía cantonal entraron en la habitación y le informaron de que los guardias de fronteras le habían confundido con otra persona, al parecer un asesino, y que podía marcharse. Afirmó que cuando dijo a la policía que deseaba presentar una denuncia, le confirmaron que tenía derecho a hacerlo y le aconsejaron que se procurara un informe médico. No volvió a ver a los guardias de fronteras y, cuando su acompañante volvió a reunirse con él, prosiguió el viaje hacia el cantón en el que reside. Al día siguiente, 27 de junio, fue examinado por su médico, quien dejó constancia de que presentaba contusiones en la pierna izquierda y en el brazo derecho e indicó que estas lesiones eran coherentes con sus denuncias. Al parecer, el 28 de junio intentó registrar una denuncia formal en la policía local de su cantón, pero le informaron de que debía presentarla en el cantón de Ticino, donde habían ocurrido los presuntos incidentes. En agosto presentó una denuncia formal en la fiscalía de Lugano y se abrieron investigaciones formales al respecto.


Según informes, continuaron las investigaciones judiciales sobre las denuncias de malos tratos por parte de agentes de la policía cantonal de Ticino que habían presentado los refugiados kurdos turcos Ali Doymaz y Abuzer Tastan en junio de 1995, y AS, solicitante de asilo de la provincia yugoslava de Kosovo, en enero de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s).


En octubre, el jefe de la policía cantonal de Ginebra confirmó que se había asignado a un juez investigador la investigación judicial en curso sobre la denuncia formal que Marc Guerrero había presentado contra agentes de policía de Ginebra en marzo de 1996 (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). En su denuncia afirmaba que, en febrero, unos agentes de policía habían ordenado a un perro de policía que le atacara, lo cual le causó heridas graves, cuando él ya se había rendido al final de una persecución. Afirmaba asimismo que los agentes le habían maltratado físicamente y le habían privado deliberadamente de tratamiento médico durante varias horas. El jefe de la policía afirmó que parecía prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el caso, pero subrayó que los agentes acusados negaban enérgicamente las afirmaciones formuladas en la denuncia de Marc Guerrero. Dijo que en el arresto de Marc Guerrero se había utilizado un perro policía por razones de seguridad, pero que no había nada que indicara «a priori que el uso del perro policía fuera contrario al principio de proporcionalidad».


El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina el primer informe de Suiza


Los días 24 y 25 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estudió el primer informe de Suiza sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Suiza es Estado parte desde 1993. Una delegación compuesta por 10 miembros del gobierno presentó el informe y respondió a las preguntas orales y escritas del Comité de Derechos Humanos.


En sus conclusiones formales, publicadas en noviembre, el Comité expresó su preocupación acerca de varias cuestiones concretas, como las «numerosas» denuncias de malos tratos, en especial a ciudadanos extranjeros, durante el arresto y el periodo inicial de detención bajo custodia de la policía; las deficiencias observadas en las investigaciones sobre denuncias de malos tratos, y el hecho de que no se impusieran penas adecuadas a los responsables de esos malos tratos.


El Comité recomendó que Suiza intensificara las conversaciones encaminadas a armonizar los 26 códigos cantonales de procedimiento penal, en especial por lo que respecta a la garantía de salvaguardias fundamentales para los detenidos. El Comité insistió en la necesidad de que todos los cantones reconozcan en la legislación el derecho de los presuntos delincuentes a acceder a un abogado y a sus familiares desde el momento en que sean arrestados y a ser examinados por un médico independiente una vez arrestados, después del interrogatorio y antes de comparecer ante un juez o quedar en libertad. Recomendó asimismo que se establecieran en todos los cantones mecanismos independientes y sujetos al escrutinio público para examinar las denuncias de malos tratos de la policía.



TAYIKISTÁN


Detención durante un periodo breve de un ex líder de la oposición


En julio, Davlat Khudonazarov, ex líder de la oposición exiliado, estuvo detenido durante un periodo corto en Moscú, al descubrir la policía rusa que en Tayikistán se le reclamaba por cargos penales relacionados con sus actividades de oposición. Pasó unas nueve horas bajo custodia, hasta que las autoridades de Tayikistán aclararon que ya no se le imputaba ningún cargo. Amnistía Internacional planteó la cuestión del arresto de Davlat Khudonazarov a la policía de Moscú.


Presuntos malos tratos y tortura


Ataques de soldados del gobierno contra observadores de las Naciones Unidas


Según informes, en dos incidentes distintos ocurridos en diciembre, soldados del gobierno tayiko agredieron y sometieron a simulacros de ejecuciones a miembros de la misión de observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán (UNMOT).


En el primer incidente, Hans Schalk, capitán del ejército austriaco, Imrat Shavkat, teniente bangladesí, y su traductor tayiko (cuyo nombre no se facilitó en los informes) fueron interceptados junto a la línea de frente, cerca de la localidad de Garm, por soldados del gobierno que exigieron a los observadores de la UNMOT que les escoltaran hasta el territorio ocupado por las fuerzas de la Oposición Unida Tayik, donde, según dijeron, mantenían cautivos a soldados del gobierno. Según una declaración de la UNMOT, ante la negativa del personal de esta misión les golpearon con armas, les propinaron patadas y puñetazos, les alinearon en fila para dispararles e intentaron empujar a un miembro del equipo de la UNMOT para precipitarlo desde la cornisa de una montaña. Después permitieron que el personal de la UNMOT se marchara en dirección al territorio ocupado por la Oposición Unida Tayik, bajo amenaza de muerte si no regresaban con los soldados cautivos. Finalmente, unos combatientes de la Oposición Unida Tayik les escoltaron hasta que estuvieron a salvo en un puesto avanzado de la UNMOT en Garm.


En el segundo incidente, que se produjo apenas dos semanas después, dos equipos de observadores de la UNMOT, cuyos nombres no se facilitaron en los informes, fueron detenidos en un puesto de control militar del gobierno en Saripul, cerca de Garm. Les ordenaron que salieran de sus vehículos y que se alinearan, después de lo cual los soldados, que según los informes actuaban bajo las órdenes de su comandante, dispararon al aire varias descargas de ametralladora. Según informes, los equipos de la UNMOT lograron escapar al aparecer en la carretera otro automóvil que distrajo la atención de los soldados.


Espantosas condiciones penitenciarias constitutivas de malos tratos


Se recibió información sobre espantosas condiciones penitenciarias constitutivas de maltrato grave. En agosto, la prensa oficial y otras fuentes informaron de que las muertes en las cárceles habían aumentado de 120 en el transcurso de 1994 a más de cuatrocientas en 1995 y a 509 durante la primera mitad de 1996, debido principalmente a inanición y a enfermedad. Se informó de que el Parlamento de Tayikistán había respondido adoptando una resolución para mejorar las condiciones penitenciarias.


Pena de muerte


Amnistía Internacional tuvo noticia de otras nueve sentencias de muerte. Abdunabi Boronov y Nurali Dzhandzholov, ex miembros de la organización paramilitar progubernamental Frente Popular, fueron condenados a muerte en agosto por el asesinato, en marzo de 1995, del periodista y miembro del Parlamento Zayniddin Mukhiddinov. Según informes, fueron juzgados en el Tribunal Supremo que actuó como tribunal de primera instancia y, por consiguiente, no estaba claro si les había asistido el derecho de apelación que prevén las normas internacionales de derechos humanos. Alidzhon Dodokhonov fue condenado a muerte, probablemente en octubre, por el asesinato de una mujer y de su hijo de corta edad. El Tribunal Supremo condenó al final de diciembre a seis hombres, cuyo nombre no facilitaban los informes, por el asesinato de Nurali Cha, jefe militar y ex comandante del Frente Popular, y siete miembros de su grupo, en el transcurso de unos enfrentamientos violentos entre grupos rivales armados que tuvieron lugar en Gissar en 1994.


En noviembre, Amnistía Internacional recibió la notificación de la oficina del jefe de la administración municipal de Dushanbe, la capital, de que cinco presos que habían sido sentenciados a muerte en 1994 continuaban vivos en espera de la ejecución de su condena. Los presos ─los hermanos Rahim y Hassan Rakhmatulloyev (antes nombrado Rakhmatollayev), Buri Boymatov (antes nombrado Baiminov), Avaz Dzhonov (antes nombrado Avazshah Dzhononov) y Sobir Safoyev─ habían sido condenados en dos juicios diferentes por bandolerismo, y se habían rechazado las apelaciones interpuestas contra sus sentencias. Amnistía Internacional siguió pidiendo la conmutación de todas las sentencias de muerte pendientes en Tayikistán y la abolición completa de la pena capital.


Abusos contra los derechos humanos por parte de fuerzas de oposición


Se recibieron informes sobre varios incidentes en los que las fuerzas armadas de la Oposición Unida Tayik tomaron como rehenes a soldados y policías del gobierno. Por ejemplo, en agosto se informó de que la Oposición Unida Tayik mantenía como rehenes a cuatro agentes de policía capturados en el distrito meridional de Yavan y que ofrecía su liberación a cambio de la de los miembros de la oposición apresados. Finalmente se llevó a cabo el intercambio. En octubre, la Oposición Unida Tayik exigió la eliminación de las barricadas gubernamentales y la liberación de los miembros de la oposición encarcelados, como condición para liberar a 37 agentes de policía capturados en Komsomolabad. Todos estos rehenes habían quedado en libertad a principios de noviembre.



TURKMENISTÁN


Posibles presos de conciencia


Yevgenia Starikova y Bayram Vellekov (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 61/03/96 e Índice AI: EUR 01/02/96/s)


Fuentes no oficiales informaron en agosto de que los posibles presos de conciencia Yevgenia Starikova y Bayram Vellekov habían sido excarcelados en diciembre de 1995 en virtud de una amnistía. Los coacusados Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev no se beneficiaron de la amnistía, y durante la segunda mitad de 1996 no hubo noticias sobre novedades significativas en su caso, aunque, según fuentes no oficiales, Mukhametkuli Aymuradoc padecía graves problemas de salud como consecuencia de los malos tratos que le habían infligido agentes encargados de hacer cumplir la ley, después de volver a capturarlo tras su intento de fuga cuando se hallaba en prisión preventiva en 1995.


Posible abuso de la psiquiatría (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/02/96/s)


Hacia el final del año, llegaron a través de fuentes no oficiales informes de que Rufina Arabova y Valentin Kopysov ya no estaban recluidos en hospitales psiquiátricos. Según los informes, Rufina Arabova estaba en libertad desde julio, pero no se disponía de información sobre la fecha y las circunstancias de la liberación de Valentin Kopysov. Se creía que Durdymurad Khodzha-Mukhammed continuaba recluido en el hospital psiquiátrico de Bekrava.


Véase también el apartado Mujeres en Europa, página 79.


Espantosas condiciones penitenciarias constitutivas de malos tratos (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 61/03/96)


Siguieron recibiéndose informes referentes a espantosas condiciones en las cárceles de Turkmenistán constitutivas de malos tratos. Al menos dos presos resultaron muertos y siete heridos durante la represión, por parte de agentes responsables de hacer cumplir la ley, de un motín en una prisión de la ciudad de Mary en agosto. Se creía que las atroces condiciones de vida imperantes en la prisión habían sido uno de los motivos que provocaron el motín.


Pena de muerte


Se recibieron informes que indicaban que 123 personas habían sido ejecutadas en Turkmenistán durante 1996 por el delito de tráfico de drogas. Esta cifra apareció en una información de los medios de comunicación publicada en Kirguistán y fue atribuida a fuentes oficiales de Turkmenistán. No se conocían las estadísticas correspondientes a las ejecuciones por otros delitos.



TURQUÍA


Policía, ministros, narcóticos y asesinato político


El 4 de noviembre, un automóvil Mercedes que excedía la velocidad autorizada chocó contra un camión en Susurluk, en la carretera de Esmirna a Estambul. El automóvil pertenecía a Sedat Bucak, miembro del Parlamento por uno de los partidos gobernantes y dirigente de un clan kurdo del que proceden millares de miembros del famoso sistema de defensa civil de los guardias locales. Sedat Bucak sobrevivió, pero los otros tres pasajeros del automóvil resultaron muertos. Dos de ellos eran Hüseyin Kocadaĝ, director de la Academia de Policía de Estambul y ex jefe adjunto de la policía de Estambul, y Abdullah Çatlı, presunto miembro de la mafia y ex vicepresidente de una organización juvenil de extrema derecha, buscado por su presunta participación en la matanza de siete miembros del Partido Turco del Trabajo en 1978, y buscado también por la Interpol por delitos de contrabando de drogas. En el momento del accidente, Abdullah Çatlı llevaba un «pasaporte verde», documento que está reservado para los altos funcionarios, a pesar de que se había fugado de una cárcel de Suiza en la que había estado recluido por cargos de contrabando de drogas. El automóvil contenía además un arsenal de armas, incluidas dos metralletas y ─dato revelador─ silenciadores.


Ante la pregunta de cómo un alto mando de la policía podía estar en compañía de un delincuente buscado por asesinato político y contrabando de drogas, el ministro del Interior y ex director general de la policía, Mehmet Aĝar, sugirió que Hüseyin Kocadaĝ estaba conduciendo a Çatlı para entregarlo a las autoridades en Ankara. Más adelante se descubrió que los cuatro hombres que viajaban en el automóvil habían estado reunidos en una estación balnearia de la costa suroccidental; poco después, Mehmet Aĝar dimitió de su cargo como ministro del Interior y en la actualidad es objeto de una investigación por haber firmado un documento de policía falso para Abdullah Çatlı.


El Servicio de Información Turco, MIT, confirmó en declaraciones públicas que Abdullah Çatlı había sido utilizado para «operaciones secretas en el extranjero». El portavoz del MIT añadió: «Más tarde supimos que estaba involucrado en operaciones de tráfico de drogas y prescindimos de sus servicios. Sin embargo, la Dirección General de la Policía recurrió a él».3


Investigaciones periodísticas realizadas posteriormente pusieron de manifiesto la implicación de organismos del Estado, incluso a nivel ministerial, en el tráfico de drogas. Entretanto, un magistrado alemán que juzgaba un caso de narcóticos en Frankfurt afirmó que había bandas turcas que mantenían «excelentes relaciones» con el gobierno de Ankara, e incluso «contactos personales» con la ministra de Asuntos Exteriores Tansu Çiller4. De hecho, Tansu Çiller asombró al público turco refiriéndose a Abdullah Çatlı con las siguientes palabras: «Quienes disparan o son disparados por una nación, un pueblo, un Estado, siempre son recordados con honor».


Estos hallazgos corroboran las conclusiones de Amnistía Internacional (véase Turkey: No security without human rights, índice AI: EUR 44/84/96) de que las fuerzas de seguridad turcas están cada vez más involucradas en actividades manifiestamente delictivas ─incluidos casos de asesinato político─ y de que tales actos disfrutan del encubrimiento de todos los niveles del gobierno y de la administración.


No hay seguridad sin derechos humanos - lanzamiento de la campaña de Amnistía Internacional sobre Turquía


Nuestros gritos continúan. ¿Cómo puede ser que nuestras voces se oigan en Taiwán y que las autoridades de Turquía aún no nos oigan?»


Baba Ocak, padre de Hasan Ocak, «desaparecido» en marzo de 1995.


Amnistía Internacional inició una campaña mundial en favor de los derechos humanos en Turquía con una conferencia de prensa celebrada en Estambul el 1 de octubre. Entre los delegados de AI asistentes a la presentación de la campaña estuvieron Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional; el doctor Habiba Hasan, médico de AI Paquistán, y Arie Zwanenburg, miembro de un grupo de policías de la Sección de AI en los Países Bajos y ex comisario de policía.


El 26 de octubre, representantes de las estructuras de Amnistía Internacional en Francia, Taiwán, Suecia, Dinamarca, Noruega, Paquistán, Reino Unido, Países Bajos, Suiza y Austria viajaron a Estambul para participar en la vigilia que celebran todas las semanas las madres de los «desaparecidos». Les acompañaron cuatro familiares de los «desaparecidos» en Bosnia-Herzegovina (Hatidza Hren y Beba Hadzic, de la organización no gubernamental «Mujeres de Srebrenica»), Líbano (Wedad Halwani, del Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en el Líbano) y Argentina (Mirta Acuña Baravalle, madre de la Plaza de Mayo y abuela del «desaparecido»).


Nuevas «desapariciones» en Diyarbakır


A finales de noviembre se registraba un total de al menos 11 «desapariciones» en la provincia de Diyarbakır. A varios de los «desaparecidos» los encontraron posteriormente muertos. A Fahriye Mordeniz se la llevaron de su casa en Diyarbakır, el 28 de noviembre de 1996, un grupo de hombres armados que llevaban radioteléfonos portátiles y parecían ser agentes de policía vestidos con ropas civiles. Ese mismo día, los mismos hombres se habían llevado bajo custodia a su esposo, Mahmut Mordeniz, que estaba en un mercado de ganado. Cuando unos familiares acudieron a una comisaría de policía cercana, les dijeron que el arresto había sido ordenado por el Departamento Antiterrorista. La respuesta a las posteriores peticiones dirigidas a tribunales, fiscales y comisarías de policía fue el silencio o la denegación categórica de que Fahriye Mordeniz y su marido hubieran sido detenidos. Desde entonces, no se ha recibido ninguna noticia de ellos.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara a las fuerzas de seguridad culpables de quema y tortura


El 16 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las fuerzas de seguridad turcas habían quemado deliberadamente casas de campesinos kurdos del pueblo de Kelekçi, cerca de Dicle, provincia de Diyarbakır (Akdivar contra Turquía). El 18 de diciembre, el Tribunal resolvió que las fuerzas de seguridad turcas eran responsables de la tortura de Zeki Aksoy, detenido en noviembre de 1992 (Aksoy contra Turquía). Estuvo 14 días bajo custodia de la policía en Mardin, en el sureste de Turquía, donde le apalearon, le administraron descargas eléctricas, le rociaron con agua fría y le colgaron por los brazos después de atárselos a la espalda. El Tribunal resolvió que este trato era constitutivo de tortura, que la duración de la detención había sido excesiva, y que no se habían ofrecido salvaguardias suficientes. A Zeki Aksoy lo mataron a tiros en abril de 1994; había comunicado a su abogado que le habían amenazado por teléfono con que lo matarían si no retiraba la denuncia que había presentado ante el Tribunal Europeo. El abogado defensor de Turquía ante el Tribunal dimitió en octubre, y dijo: «Turquía siempre promete, pero nunca cumple... Pensé que defender a Turquía en las actuales condiciones era imposible, y dimití».


Tortura - «un suceso común»


En su segunda declaración pública sobre Turquía, el 6 de diciembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura calificó la tortura de «generalizada... un suceso común» e informó de que había vuelto a encontrar instrumentos de tortura. En 1992 se halló equipo de tortura en las comisarías centrales de la policía de Diyarbakır y de Ankara. Posteriormente, en una visita realizada en septiembre de 1996 a la Comisaría Central de la Policía de Estambul, los delegados del Comité encontraron «un instrumento adaptado de forma que servía para la administración de descargas eléctricas y material que podía utilizarse para colgar a una persona por los brazos».


Encarcelamiento de un objetor de conciencia


La legislación de Turquía no contiene disposiciones relativas a la objeción de conciencia ni a un servicio civil alternativo. Osman Murat Ülke, presidente de la Asociación Antibelicista de Esmirna, fue detenido en Esmirna el 7 de octubre de 1996 por haber quemado en público sus papeles de llamada a filas y por declarar que, como pacifista, no realizaría ningún servicio militar.


Osman Murat Ülket fue posteriormente trasladado a Ankara para ser interrogado en relación con cargos de violación del artículo 155 del Código Penal, «apartar a la gente del servicio militar». En la prisión militar de Mamak intentaron obligarle a iniciar el servicio militar, pero se negó a ponerse un uniforme militar y a obedecer órdenes militares.


El 24 de diciembre, el Tribunal Militar del Estado Mayor de Ankara resolvió que Osman Murat quedara en libertad, pero al final del año continuaba el juicio iniciado contra él por criticar la institución del servicio militar. Hay otro proceso iniciado contra él en el Tribunal Militar Disciplinario de Eskişehir por negarse a obedecer órdenes.



UCRANIA


Muerte bajo custodia de la policía


Amnistía Internacional siguió instando al gobierno de Ucrania a que tomara medidas urgentes para poner fin a las torturas y los malos tratos infligidos a personas privadas de libertad, incluidos los casos de violación, y a que investigara con prontitud e imparcialidad todas las denuncias de torturas presuntamente infligidas por agentes responsables de hacer cumplir la ley. Véase también el apartado Mujeres en Europa, página 79.


En agosto, Amnistía Internacional se puso en contacto con el gobierno en relación con el caso de Yury Mozola, de 26 años. Según informes, el 27 de marzo de 1996 agentes de la Dirección Regional de los Servicios de Seguridad de Lviv arrestaron a Yury Mozola bajo sospecha de asesinato múltiple. Estuvo encarcelado en régimen de aislamiento en la prisión de investigación de la Dirección Regional, donde, según la información facilitada a Amnistía Internacional, unos funcionarios le torturaron hasta la muerte durante el interrogatorio sobre el delito. Se dijo que Yury Mozola había muerto cuatro días después de ser arrestado.


Amnistía Internacional tuvo noticia de que la Fiscalía Militar de Ucrania occidental había abierto una investigación sobre la actuación de los agentes responsables de hacer cumplir la ley presuntamente implicados en la muerte de Yury Mozala. En un comunicado de prensa publicado en agosto, la Dirección de los Servicios de Seguridad de Ucrania en la región de Lviv negó que hubiera participado en el arresto de Yury Mozola. En el comunicado de prensa se afirmaba que el arresto del presunto delincuente Yury Mozola había sido efectuado por agentes responsables de hacer cumplir la ley de conformidad con una orden emitida por la Fiscalía Regional de Lviv.


El comunicado de prensa afirmaba asimismo que «la Dirección de los Servicios de Seguridad de Ucrania en la región de Lviv asistirá en todo lo necesario a la investigación con objeto de esclarecer las circunstancias exactas de este trágico suceso y de determinar, en su caso, el nivel de culpabilidad de los empleados responsables de cuidar de Yu.I. Mozola mientras estaba bajo custodia».


Amnistía Internacional no dispone de información acerca del resultado de las investigaciones realizadas sobre este caso.


Pena de muerte: continúan las ejecuciones en secreto


En una acción calificada de bárbara por un representante especial del Consejo de Europa, integrado por 40 naciones, Ucrania ejecutó en secreto a más de un centenar de presos en 1996, incumpliendo el compromiso de imponer de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones que había contraído cuando se incorporó al Consejo de Europa en noviembre de 1995. Amnistía Internacional condenó las ejecuciones y pidió a las autoridades ucranianas que pusieran fin a esta práctica.


Las ejecuciones fueron reveladas en una conferencia de prensa que tuvo lugar el 29 de noviembre en Kyiv, Ucrania, al final de un seminario internacional sobre la pena de muerte organizado por el Consejo de Europa. En una dramática declaración, Zsolt Nemeth, relator del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de Ucrania, dijo a los periodistas que acababa de recibir la «estremecedora» información de que más de un centenar de personas habían sido ejecutadas desde el principio del año.


Dijo que las ejecuciones sólo podían calificarse de «barbarie» y que ponían en cuestión la credibilidad de Ucrania. Ucrania debe establecer de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones y presentar un calendario para la abolición de la pena de muerte. «No podemos conformarnos con promesas. Necesitamos ver planes concretos», dijo Zsolt Nemeth.


Pidió a las autoridades ucranianas que revelaran los nombres de los ejecutados; según una ley de 1993, la información relativa a la pena de muerte es un secreto de Estado. Dijo que los presos ejecutados estaban enterrados en tumbas anónimas y que no se había informado a los familiares de las ejecuciones.


Tras la revelación del relator del Consejo de Europa, el ministro de Justicia de Ucrania, Serhiy Holovaty, confirmó que 89 presos habían sido ejecutados en los seis primeros meses de 1996. Dijo en la conferencia de prensa que creía que Ucrania debe cumplir su compromiso de poner fin a las ejecuciones.


El número de ejecuciones revelado por el relator del Consejo de Europa confirmó los informes recibidos por Amnistía Internacional de una emisora de radio ucraniana, que indicaron en julio que en 1996 habían sido ejecutadas aproximadamente un centenar de personas. Amnistía Internacional había podido confirmar cinco de esas ejecuciones: una en marzo, una en junio, dos en agosto y otra en octubre. Amnistía Internacional había pedido al presidente Leonid Kuchma que indultara a todos los presos condenados a muerte. El presidente Kuchma nunca respondió a esos llamamientos.


Los familiares de Sergey Tekuchev, ejecutado en octubre, afirmaron que era inocente y que su confesión se había obtenido bajo coacción. Se dijo que, en octubre de 1994, se había recurrido en seis ocasiones a los servicios de urgencia para que trataran a Sergey Tekuchev por las lesiones resultantes de las palizas que le habían propinado bajo custodia, y que las autoridades penitenciarias se habían negado a hacerle llegar medicamentos que le llevaban sus familiares.


Amnistía Internacional pidió al gobierno de Ucrania que adoptara urgentemente cinco medidas para llevar a efecto sus compromisos con el Consejo de Europa. Primero, debe adoptarse la decisión política de no firmar más órdenes de ejecución. Segundo, el gobierno central debe formalizar esta decisión dirigiendo una orden a todos los directores de prisiones para que no se lleven a cabo nuevas ejecuciones. Estas dos medidas deben llevarse a la práctica de inmediato. Tercero, el gobierno debe empezar a preparar a la opinión pública para que acepte la abolición de la pena de muerte. Cuarto, debe firmar el Sexto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz. Quinto, el gobierno y el Parlamento deben preparar y llevar a efecto las disposiciones legislativas pertinentes para suprimir la pena de muerte del código penal del país.



UZBEKISTÁN


Presos de conciencia


Pronta liberación de posibles presos de conciencia


Tras la pronta liberación de varios posibles presos de conciencia, en virtud de una amnistía presidencial en mayo (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s), una nueva amnistía decretada en agosto dio lugar a la liberación de los posibles presos de conciencia Mamadali Makhmudov (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s), Khoshim Suvanov y Shavkat Mamatov. Los dos últimos habían formado parte de un grupo de siete personas juzgadas en 1995 por delitos graves contra el Estado (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s); los otros cuatro miembros de ese grupo que cumplían sentencias privativas de libertad ─Murad Dzhurayev, Erkin Ashurov, Nemat Akhmedov y Shavkat Kholbayev─ continuaban encarcelados, y no se sabía con certeza si se habían beneficiado de la amnistía con una reducción de la longitud de sus penas.


Amnistía Internacional expresó su satisfacción ante estas prontas liberaciones, pero siguió pidiendo que se revisara en los tribunales el caso de Murad Dzhurayev, Erkin Ashurov, Nemat Akhmedov y Shavkat Kholbayev, y que se investigaran las denuncias de que los acusados en este caso habían sido torturados y maltratados cuando se hallaban en prisión preventiva.


Detención por cortos periodos


En septiembre, Akhmatzhan Abdulayev estuvo detenido durante varias horas, después de acompañar al destacado defensor de los derechos humanos Mikhail Ardzinov a una reunión con un representante de Amnistía Internacional, en el marco de un seminario internacional sobre derechos humanos que se desarrolló en Tashkent, la capital. Amnistía Internacional consideró a Akhmatzhan Abdulayev preso de conciencia. La organización siguió pidiendo a las autoridades de Uzbekistán que pusieran fin a la práctica de someter a los activistas de oposición y a los observadores de los derechos humanos a cortos periodos de detención arbitraria.


Malos tratos


En noviembre, Khasan Mirsaidov, hijo del destacado opositor al gobierno Shukrulla Mirsaidov, fue secuestrado por unos desconocidos que le golpearon y le mantuvieron detenido durante unas 12 horas. Se creía que los secuestradores habían sido agentes gubernamentales. El padre y el hermano de Khasan Mirsaidov habían padecido un trato similar en 1995 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s).


En agosto, John MacLeod, ciudadano del Reino Unido y representante de la sección de Helsinki de la organización Human Rights Watch, fue maltratado en Tashkent por unos policías que le detuvieron arbitrariamente durante varias horas.


Amnistía Internacional pidió que se investigaran el secuestro y el apaleamiento de Khasan Mirsaidov y los malos tratos infligidos a John MacLeod, y que se llevara a juicio a los presuntos responsables.


«Desapariciones» (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/02/96/s)


No hubo noticias sobre el líder religioso islámico Abduvali Mirzoyev y su ayudante Ramazan Matkarimov, que habían «desaparecido» en 1995.


Amnistía Internacional supo que la familia de Abdullo Utayev, dirigente del no registrado Partido del Renacimiento Islámico de Uzbekistán, que había «desaparecido» en 1992, había recibido en mayo la notificación de la fiscalía de la ciudad de Tashkent de que aún continuaba una investigación sobre la «desaparición», y de que el caso se estaba tratando como un asesinato. Sin embargo, no se indicaba cómo habían llegado los investigadores a la conclusión de que Abdullo Utayev estaba muerto.


Amnistía Internacional siguió pidiendo una aclaración sobre el paradero de Abduvali Mirzoyev, Ramazan Matkarimov y Abdullo Utayev.


Pena de muerte


En septiembre, la sentencia de muerte dictada en 1995 contra Adkham Abdulayev (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s, donde su nombre figura como Atan) fue revocada como resultado de la vista de una apelación en el Tribunal Supremo. Le condenaron en cambio a 20 años de cárcel, pena que se redujo a 15 años de conformidad con la amnistía anunciada en agosto.


Amnistía Internacional tuvo noticia de que se habían dictado ocho nuevas sentencias de muerte. Jahongir Gofurov y G. Kim fueron juzgados conjuntamente y condenados a muerte por el Tribunal de la Ciudad de Tashkent en 1996 (se desconocía la fecha exacta), después de ser declarados culpables de asesinato premeditado con agravantes. El Tribunal Supremo ratificó las sentencias. Yodgor Toshpulatov también fue condenado a muerte por asesinato premeditado con agravantes, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas de fuego, en otro juicio ante el Tribunal de la Ciudad de Tashkent. El Tribunal Supremo ratificó también estas sentencias de muerte, pero se creía que los tres hombres aún estaban vivos al finalizar el año. En julio, cinco personas, cuyos nombres no conocía Amnistía Internacional, fueron condenadas a muerte por asesinato múltiple. No se sabía que suerte habían corrido después.


Amnistía Internacional siguió pidiendo la conmutación de todas las sentencias de muerte pendientes y la abolición completa de la pena de muerte en Uzbekistán.


RATIFICACIONES


ALBANIA


En octubre, Albania se incorporó al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.


CROACIA


En noviembre, Croacia firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.


ESTONIA


En noviembre, Estonia ratificó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.


ISLANDIA


En octubre, Islandia ratificó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas.


KIRGUISTÁN


En octubre, Kirguistán se incorporó a la Convención y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

MUJERES EN EUROPA


En Europa se producen de forma regular violaciones de derechos humanos contra las mujeres, pero muy pocas veces se les presta la atención que merecen. Los casos que se exponen a continuación son una selección de los incidentes investigados por Amnistía Internacional. No se trata de ofrecer un resumen exhaustivo de las preocupaciones de Amnistía Internacional, sino una reflexión sobre las distintas violaciones de derechos humanos que padecen las mujeres en Europa.


Presuntos malos tratos


ARMENIA


Había cuatro mujeres entre las personas a las que, según informes, agredieron unos hombres uniformados que entraron en los locales del grupo de oposición Unión para la Autodeterminación Nacional (UAN) en Yerevan el 26 de septiembre, después de unas problemáticas elecciones presidenciales (para más información, véase el apartado sobre Armenia). Garine Stepanian, presidenta del Fondo para la Infancia ASDA, cuyas oficinas están situadas junto a la sede de la UAN, describió así lo sucedido: «... unos soldados uniformados entraron en nuestra sede de forma repentina y sin advertencia ni provocación previas, ... y empezaron a saquear los locales, a confiscar todos los vehículos, el equipo, los archivos y el material, y a forzar la caja fuerte que contiene los fondos que distribuimos entre nuestros 'niños sin padres'. Unos soldados golpearon a [ella y a] las empleadas Ina Konstanian, Sophia Neshanian y Anahid Garabedian con la culata de sus fusiles y nos propinaron patadas cuando intentamos hacer frente al ataque... Los soldados golpearon sin clemencia a los hombres del vecindario y a los miembros de la UAN que acudieron en nuestra defensa y se los llevaron a la fuerza a la cárcel».


Amnistía Internacional pidió que se realizara una investigación inmediata, imparcial y rigurosa sobre ésta y todas las demás denuncias de malos tratos atribuidos a agentes encargados de hacer cumplir la ley después de las polémicas elecciones de septiembre, pero no se había recibido ninguna respuesta al final del periodo a que hace referencia este documento.


AUSTRIA


En septiembre, Violetta Jevremovic (citada como Violetta J. en Índice AI: EUR 01/02/96/s) fue juzgada por resistencia a la autoridad del Estado y agresión. Violetta Jevremović alegó que los agentes de policía que fueron en abril de 1996 a su piso de Viena para arrestar a su marido, Nicola, la habían golpeado. Los informes médicos indicaban que Violetta Jevremović presentaba contusiones en ambos codos, en la muñeca izquierda, en la mano derecha, en el muslo derecho y en el tobillo izquierdo, así como hinchazón en la cabeza, en la mandíbula superior y en el labio superior. Violetta y Nicola Jevremović, que son gitanos, dijeron además que los agentes de policía les habían dirigido insultos de naturaleza racista. La investigación sobre sus denuncias aún no había concluido al final del año.


HUNGRÍA


En diciembre de 1996 Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia de Hungría expresando su preocupación acerca de varias denuncias recientes de malos tratos presuntamente infligidos por agentes de la policía en Hungría, entre ellas la denuncia sobre el caso de la Sra. B.


El 4 de septiembre de 1996, la Sra. B. se dirigía hacia su casa con su hija y dos nietos, de seis y tres años respectivamente. Alrededor de las cinco de la tarde, en la estación de metro Plaza Örs vezér de Budapest, vio que unos agentes de policía ordenaban a varias mujeres de edad avanzada que se marcharan de la estación y propinaban patadas a sus pertenencias. Al parecer, las mujeres estaban vendiendo productos sin autorización.


La Sra. B. dijo a su hija: «En vez de hostigar a estas pobres mujeres, deberían estar capturando delincuentes». Uno de los agentes oyó al parecer sus palabras y le pidió que le mostrase su documento de identidad. Cuando el agente estaba anotando los datos de la Sra. B. los niños empezaron a llorar.


La Sra. B. pidió al agente que la dejara marchar y, al no obtener respuesta, quitó de la mano al agente su documento de identidad. Según la denuncia, el agente empujó entonces a la Sra. B. contra la pared, desgarrándole la blusa y causándole lesiones en el brazo, la espalda y el omoplato. Según un certificado médico que obtuvo posteriormente la Sra. B., sus lesiones requerían ocho días de tratamiento.


La Sra. B. fue conducida a la comisaría de policía del distrito 14 bajo sospecha de agredir al agente, según cuya denuncia ella le había abofeteado dos veces. La Sra. B. presentó una denuncia sobre los malos tratos que había padecido. Se ha iniciado una investigación al respecto.


En su carta, Amnistía Internacional instaba al ministro a que la investigación sobre la denuncia de la Sra. B. se realizara con prontitud e imparcialidad, como requiere el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas, que Hungría ha ratificado. En el momento de redactar este documento Amnistía Internacional no había recibido respuesta alguna a su carta.


KAZAJSTÁN


Nina Sidorova, activista cosaca que pasó más de un mes detenida tras ser arrestada en agosto por cargos penales posiblemente formulados por motivos políticos (véase el apartado Mujeres presas de conciencia), afirmó que, mientras había estado detenida, agentes del Comité de Investigación del Estado la habían golpeado brutalmente. Nina Sidorova, que padece una grave claustrofobia, afirmó asimismo que la habían maltratado introduciéndola periódicamente en pequeñas celdas de castigo sin ventilación ni iluminación. Amnistía Internacional pidió a las autoridades kazajias que garantizaran la seguridad y el bienestar de Nina Sidorova, que investigaran sus denuncias de malos tratos y que procesaran a los responsables.


En septiembre, la abogada de Nina Sidorova, Maria Larshina, fue agredida junto a su casa por una persona desconocida. Se sospechaba que el ataque estaba relacionado con el caso de su defendida y que detrás del suceso podía haber agentes encargados de hacer cumplir la ley.


REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA (PROVINCIA DE KOSOVO)


En la provincia de Kosovo, las mujeres de etnia albanesa y sus hijos presencian a menudo escenas de violencia cuando la policía lleva a cabo registros domiciliarios y detiene o pega a los varones. A veces, cuando la policía está buscando a los hombres, también son arrestadas, golpeadas o maltratadas de algún otro modo (véase Índice AI: EUR 01/02/96/s). Los siguientes son algunos de los casos documentados:


El 25 de julio, Mihrie Avdyli estaba en su casa, situada en un pueblo cerca de Podujevo, cuando unos policías llegaron buscando a su marido, que había salido. Le ordenaron que entregara una pistola y, al negar ella que tuviera una, al parecer la golpearon con una estaca. Un certificado médico expedido dos días después dejaba constancia de contusiones en las nalgas.


Zahide Cubolli, de 74 años, de Podujevo, es la viuda de Hasan Cubolli, que murió en diciembre de 1994, un día después de ser detenido y presuntamente golpeado por la policía. El 29 de julio de 1996, unos policías fueron a la casa de la familia y la golpearon a ella y a sus dos hijos, y amenazaron con matarla si no entregaba el arma que, según ellos, tenía. Esa noche, cuando los agentes de policía ya se habían marchado, toda la familia partió de la casa por miedo a que volvieran a hostigarlos. Según informes, cuando los agentes de policía regresaron al día siguiente destruyeron los muebles de la casa vacía.


Después de la explosión de dos bombas (sin víctimas) en una comisaría de policía de un pueblo cercano a Peć, el 28 de agosto la policía arrestó a varios miembros de la familia Dizdari, entre ellos a Ryve Dizdari. Según informes, fue maltratada en una comisaría de policía y sufrió lesiones en la cabeza por las que posteriormente requirió tratamiento hospitalario.


Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades yugoslavas que realicen investigaciones diligentes e imparciales sobre los informes de malos tratos de la policía y que procesen a los responsables. La organización ha solicitado asimismo que se exija a los agentes de policía que respeten las normas internacionales aplicables a los agentes encargados de hacer cumplir la ley.


Presunta violación y malos tratos


Está aceptado en todo el mundo que la violación de una mujer detenida por un funcionario del Estado es tortura. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han llegado a la misma conclusión. El profesor Nigel Rodley, relator especial de la ONU sobre la tortura, ha afirmado que la violación es «una forma especialmente traumática de tortura».


FEDERACIÓN RUSA


Presunta violación y malos tratos de una niña de 15 años por unos agentes de policía


A mediados de 1996 Amnistía Internacional fue informada sobre la presunta violación y malos tratos de una niña por unos agentes encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad de Bryansk. Según los informes, Boris Yevdokimov y otro agente del Departamento Regional de Asuntos Internos, secuestraron a tres niñas llevándoselas en su automóvil de una calle del centro de Bryansk a finales de 1995. Dos de las niñas lograron escapar. La tercera, O.D.5, de 15 años, fue violada y torturada durante toda la noche por los dos agentes. Posteriormente, en un examen médico de O.D. se enumeraron las siguientes lesiones: «conmoción cerebral; hemorragia en el cuello, en la espalda y en las piernas; lesiones graves en la mano derecha y en la rodilla izquierda; lesiones internas en los tejidos blandos de los genitales y en el recto; una lesión en el pecho derecho, y rotura del himen». Una de las veces que O.D. intentó escapar, Boris Yevdokimov la persiguió y, al darle alcance, le cortó el pecho con un trozo de cristal.


En febrero de 1996 los dos agentes fueron juzgados; Boris Yevdokimov fue declarado culpable en virtud del artículo 117.3 del Código Penal (violación en grupo de una adolescente) y condenado a cinco años de cárcel, la pena más breve que prevé este artículo. El otro agente fue absuelto. El tribunal justificó sus veredictos aludiendo al excepcional expediente profesional de los acusados: Boris Yevdokimov era un agente de policía galardonado, y el otro agente había sido reconocido con un premio especial del presidente de Rusia por su contribución a la resistencia frente al intento de golpe de Estado de 1991 contra el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Además, era hijo único y cuidaba de sus padres, de edad avanzada, y, según la legislación rusa, podía en consecuencia quedar exento de una sentencia de prisión. No obstante, la fiscalía interpuso una apelación contra la decisión del tribunal del distrito y el caso se ha remitido al tribunal regional para que vuelva a examinarlo.


UCRANIA


Presunta violación y malos tratos de una mujer gitana por agentes de policía


En el contexto de la continua preocupación de Amnistía Internacional por las denuncias de que los agentes encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania han sometido a tortura y a malos tratos a personas bajo su custodia, la organización se puso en contacto en diciembre con el gobierno de Ucrania, en relación con el caso de una mujer gitana a la que al parecer habían violado y sometido a otros malos tratos en la calle dos agentes de policía en Mukachevo, en la región transcarpatiana de Ucrania, en marzo de 1996.


Según los informes de los que tuvo conocimiento Amnistía Internacional, tres agentes de policía, que al parecer estaban buscando a un hombre gitano en relación con el robo de una bicicleta, irrumpieron en una casa en la que una mujer de 19 años identificada únicamente como Anna D. vivía con su familia. Según testigos, los tres agentes de policía, que estaban borrachos, entraron en la casa y golpearon al suegro de Anna D. Posteriormente, según los informes, dos de los agentes intentaron violar a Anna D., pero ella consiguió escapar y sólo sufrió algunos golpes. Su esposo, que estaba escondido en la habitación, fue testigo del incidente.


Según los informes, los dos agentes de policía se marcharon después de la casa y abordaron a una pareja de gitanos y a sus dos hijos, que caminaban por una calle junto al poblado gitano (tabor). Se dijo que los dos agentes golpearon y violaron a la mujer, de 28 años, identificada sólo como Eva H., mientras gritaban que aquello era una venganza por el rechazo de Anna D.


Dos ciudadanos no gitanos que vivían fuera del tabor dijeron que habían presenciado la violación, y al parecer uno de ellos se libró por poco de que le golpearan cuando intentaba intervenir. Según estos testigos, llegaron un automóvil de la policía y una ambulancia y condujeron a Eva H. a un hospital. Según informes, el personal médico la admitió en el hospital, le suturaron una herida que tenía en la parte izquierda de la boca como consecuencia del ataque, y la dejaron marchar. Al parecer, la encontraron por la mañana, inconsciente, en la calle. Posteriormente fue nuevamente ingresada en un hospital; al parecer, la familia había tenido dificultades para encontrar uno en el que estuvieran dispuestos a tratarla. Según los informes, Eva H. dijo que mientras estaba en el hospital la habían visitado unos agentes del departamento de policía, que le ofrecieron dinero para que dejara de mencionar el incidente en público, oferta que ella rechazó. Eva H. acudió después varias veces al hospital y solicitó un informe médico sobre sus lesiones, que no le facilitaron.


Se informó asimismo de que el suegro de Anna D. había sido citado en el departamento de policía, donde le sugirieron que no debía escribir una denuncia sobre el incidente, advertencia que le disuadió de hacerlo. Al parecer, Eva H. y un representante municipal intentaron presentar denuncias sobre la presunta tortura en el departamento de policía de Mukachevo, pero el departamento se negó a registrarlas oficialmente.


Amnistía Internacional ha sabido que el subjefe del departamento de policía de Mukachevo, Victor Chepak, dijo que estaba al corriente del incidente y que los agentes de policía implicados habían recibido las correspondientes sanciones. Sin embargo, otras fuentes han indicado que ningún agente de policía ha sido oficialmente castigado en relación con este caso.


Amnistía Internacional instó al gobierno de Ucrania a que iniciara sin demora una investigación diligente, imparcial y exhaustiva sobre ésta y otras denuncias de violación y otros malos tratos presuntamente infligidos por agentes de la policía a mujeres, a que los resultados de esa investigación se hicieran públicos y a que se llevara ante los tribunales a los responsables. Amnistía Internacional recordó al gobierno de Ucrania que el hecho de no realizar esa investigación constituiría una violación de las obligaciones del país como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 7, 12, 13 y 14 de la Convención contra la Tortura) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7), así como de la propia constitución de Ucrania.


En una carta dirigida a Amnistía Internacional el 21 de enero de 1997, L.V. Borodich, primer viceministro de Asuntos Interiores de Ucrania, afirmaba lo siguiente: «Se ha realizado una investigación oficial y, como resultado, se ha determinado que los miembros del personal del Departamento del Ministerio ucraniano de Asuntos Interiores en la Región Transcarpatiana en la Ciudad de Mukachevo, V. E. Odinstov y Yu. Yu. Gleba cometieron acciones ilegales el 18 de marzo de 1996, durante las cuales causaron daños corporales a las personas de nacionalidad gitana B.J. Fets y E. Yu. Gorvat. La información sobre la violación de Eva H. por los miembros citados no ha sido confirmada».


Se informó a Amnistía Internacional de que, el 6 de abril de 1996, la Fiscalía de la Ciudad de Mukachevo rehusó presentar cargos penales contra V.E. Odintsov y Yu. Yu. Gleba en relación con el caso, de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania (falta de contenido criminal). Además, «por descrédito del nombre como miembros del Ministerio de Asuntos Interiores», V.E. Odinstov y Yu. Yu. Gleba fueron destituidos de sus puestos. La carta decía que se habían tomado medidas administrativas preventivas contra otros miembros del personal del Departamento de Asuntos Interiores de la Ciudad de Mukachevo.


Detención arbitraria


AZERBAIYÁN


Según informes, había una joven de 17 años y una mujer entre los al menos siete civiles de etnia armenia detenidos durante el año y trasladados a un centro especial de detención situado a las afueras de la capital, Baku (véase el apartado sobre Azerbaiyán). Irina Kachaturian, que nació en 1979 en Baku y vivía en la región de Ijevan, Armenia, y Larissa Kirakossian, que vivía en la ciudad armenia de Maralik, habían sido detenidas, según informes, en alguna fecha posterior a mayo. Se dijo que ellas y los demás estaban detenidos como rehenes debido a su origen étnico, y no porque se les imputaran cargos penales tipificados.


Amnistía Internacional pidió a las autoridades azerbaiyanas más información sobre el desarrollo de la situación de estas personas, por ejemplo, sobre si aún estaban detenidas y, en tal caso, si el propósito era aclarar su identidad o si era debido a una acusación criminal.


Mujeres presas de conciencia


KAZAJSTÁN


Nina Sidorova, activista cosaca, pasó más de un mes detenida tras ser arrestada en agosto. La acusaron de difamar a un juez en 1995, en el juicio de Nikolay Gunkin, otro activista cosaco, y de gamberrismo y agresión a funcionarios de la fiscalía en relación con unos incidentes que también ocurrieron en 1995. Los simpatizantes de Nina Sidorova afirmaron que su arresto había obedecido a motivos políticos y que estaba relacionado con el hecho de que, el día que la arrestaron, había intentado sin éxito, según informes, reunirse con el viceministro de Justicia de Kazajstán para hablar sobre el registro legal de la Comunidad Cosaca de Kazajstán, organización que promueve los intereses de la minoría cosaca de Kazajstán. Amnistía Internacional consideró que Nina Sidorova podía ser presa de conciencia. En diciembre, Nina Sidorova fue declarada culpable y se le impuso una condena condicional de dos años de prisión. (Véase también el apartado Presuntos malos tratos).


TURKMENISTÁN (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/02/96/s).


Hubo informes que indicaban que la posible presa de conciencia Yevgenia Starikova había sido excarcelada en diciembre de 1995 en virtud de una amnistía. Fuentes no oficiales indicaron también hacia el final de 1996 que la posible presa de conciencia Rufina Arabova ya no se encontraba detenida en un hospital psiquiátrico y estaba en libertad desde julio.










«No es marginal»



Campaña de Amnistía Internacional para el reconocimiento del derecho

a la objeción de conciencia al servicio militar en Europa


El 15 de abril de 1997 Amnistía Internacional iniciará una campaña sobre el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en Europa. Esta acción coincidirá con la publicación de un importante documento de investigación de Amnistía Internacional sobre el tema: No es marginal: el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en Europa (Índice AI: EUR 01/02/97/s).


En varios apartados de este Boletín se exponen las principales preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con el trato que se da a los objetores de conciencia en diferentes países de la región. Hay otros documentos disponibles: Austria: Conscientious objection to military service - a summary of recent concerns (Índice AI: EUR 13/01/97) y actualización (Índice AI: EUR 13/02/97), y próximamente saldrá a la luz una publicación sobre la Federación Rusa.


¿Qué es un objetor de conciencia?


Amnistía Internacional considera objetor de conciencia a toda persona que puede ser reclutada para el servicio militar, o registrada a efectos de su reclutamiento para el servicio militar, y que, por motivos de conciencia o de convicción profunda, se niega a realizar un servicio armado o a participar de cualquier otra forma directa o indirecta en guerras y conflictos armados. Esa convicción profunda puede tener su origen en motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos, políticos o similares. Sin embargo, con independencia de cuál sea el fundamento de su objeción, el derecho de esas personas a negarse a llevar armas o a participar en guerras o en conflictos armados debe estar garantizado. Siempre que una de estas personas sea detenida o encarcelada debido a que se le ha negado el derecho a registrar su objeción o a realizar un servicio verdaderamente alternativo, Amnistía Internacional la adoptará como preso de conciencia. Sus miembros de más de 190 países trabajan activamente en favor de la liberación inmediata e incondicional de esos objetores de conciencia encarcelados. La organización adopta también como presos de conciencia a los objetores encarcelados o detenidos por haberse negado a realizar un servicio alternativo que no es de carácter estrictamente civil, o cuya duración puede considerarse punitiva (por ejemplo, una duración del doble que el servicio militar ordinario).


Amnistía Internacional no pone en cuestión el derecho de los gobiernos a reclutar a ciudadanos para las fuerzas armadas, ni se pronuncia acerca de los motivos de cada uno de los objetores de conciencia. Ahora bien, de conformidad con las normas internacionales, Amnistía Internacional insiste en que se conceda a las personas que puedan ser reclutadas la oportunidad de realizar una alternativa al servicio armado, en razón de su conciencia o sus convicciones profundas. Sobre esta base, Amnistía Internacional ejerce presión para que se desarrollen disposiciones legislativas y procedimientos que regulen adecuadamente la objeción de conciencia.



Objeción de conciencia - un derecho fundamental


El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar no es una preocupación marginal ajena a las actividades principales de protección y promoción de los derechos humanos a escala internacional. El derecho a la objeción de conciencia es un componente básico del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, según se define en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ha sido reconocido como tal en resoluciones y recomendaciones adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.


Todos estos organismos han instado a los gobiernos a que garanticen que los individuos que objeten al servicio militar obligatorio a causa de las convicciones que profesan tienen la oportunidad de realizar un servicio alternativo. Han afirmado explícitamente en diversas resoluciones que este servicio alternativo debe ser de carácter genuinamente civil y de una duración que no pueda considerarse punitiva. Han recomendado que se permita registrar la objeción de conciencia en cualquier momento antes del reclutamiento, después de que se hayan publicado los documentos de incorporación a filas, o en el transcurso del servicio militar. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento han hecho hincapié en que se facilite a todas las personas que puedan ser reclutadas para las fuerzas armadas, así como a las que ya hayan sido reclutadas, información sobre el modo de solicitar el reconocimiento como objetor de conciencia.


¿Por qué una nueva campaña sobre el derecho a la objeción de conciencia en Europa?


La evolución histórica de Europa desde 1989 ha planteado muchos nuevos desafíos a las organizaciones de derechos humanos. La admisión de las nuevas democracias de Europa central y oriental y de varios de los Estados sucesores de la ex Unión Soviética en el Consejo de Europa, así como el deseo de muchas de estas naciones de incorporarse a la Unión Europa y a la OTAN, han asignado también a estas instituciones nuevas responsabilidades respecto a la protección y la promoción de los derechos humanos.


La nueva campaña de Amnistía Internacional sobre el derecho a la objeción de conciencia surge de la preocupación de la organización por que tanto los distintos gobiernos como las instituciones europeas se tomen en serio los compromisos con los derechos humanos que estas jóvenes democracias contrajeron en el momento de su incorporación al Consejo de Europa o a otros organismos regionales. No se debe permitir que el deseo de agilizar la integración de estos Estados en los sistemas europeos de derechos humanos, de seguridad y económicos prevalezca sobre su obligación de cumplir todos los compromisos debidos con los derechos humanos y las libertades fundamentales ─incluida la objeción de conciencia─, los cuales deben ser criterios esenciales para su pertenencia a estos organismos. Cualquier renuncia a estas normas y principios básicos en aras de la conveniencia política o económica no haría sino socavar la integridad y la legitimidad de las instituciones europeas.


El derecho a la objeción de conciencia está claramente definido y consolidado tanto en normas de las Naciones Unidas como en normas europeas. Sin embargo, muchos Estados europeos que siguen disfrutando de la categoría de miembros o asociados de las instituciones políticas y económicas del continente niegan derechos fundamentales a los objetores de conciencia al servicio militar. Amnistía Internacional considera que esta situación es absolutamente inaceptable y que es preciso fomentar que los respectivos gobiernos modifiquen o introduzcan de inmediato la legislación pertinente para garantizar a los objetores de conciencia sus derechos fundamentales.


Los conflictos armados de los últimos años en Croacia y Bosnia-Herzegovina, así como en Chechenia, han puesto dramáticamente de manifiesto las deficiencias o la absoluta inexistencia de disposiciones en materia de objeción de conciencia al servicio militar en los Estados sucesores de la antigua República Socialista Federal de Yugoslavia y en la Federación Rusa. Durante la guerra de Chechenia, por ejemplo, la ausencia de cualquier forma de servicio alternativo para quienes se oponían a toda guerra, o a aquel conflicto en concreto, en razón de sus convicciones de conciencia o convicciones profundas, dio lugar a una deserción masiva del ejército. La consecuencia fue que las autoridades militares capturaron y ejecutaron, según los informes, a un gran número de desertores.


En las nuevas repúblicas surgidas de la antigua Yugoslavia, la mayoría de los hombres de más de una determinada edad ya habían servido en lo que fue el Ejército Nacional Yugoslavo. No obstante, muchos de esos hombres han sido llamados posteriormente para incorporarse a la reserva o han sido cualificados como posibles reclutas para el ejército de sus nuevos Estados. Sin embargo, las limitadas disposiciones sobre objeción de conciencia vigentes en los nuevos Estados no se han ampliado, en general, a los reservistas.


Del mismo modo, muchos individuos de la región no querían participar en un conflicto que tenía lugar dentro de las fronteras de lo que había sido un solo país. Sin embargo, muchos de ellos desconocían relativamente el concepto de objeción de conciencia o no lo entendían adecuadamente. En parte por estas razones, pocos de los hombres que se oponían a participar en el conflicto pudieron presentar objeciones basadas en motivos de conciencia o de convicción profunda. Tanto el Parlamento Europeo como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptaron, en 1993 y en 1994, resoluciones sobre la situación de los desertores y de quienes se resistían al reclutamiento en la antigua Yugoslavia.


Algunos países de Europa occidental, como Francia y España, han dado a conocer su intención de eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio de aquí a los primeros años del siglo XXI. Otros, como Bélgica y los Países Bajos, ya lo han eliminado. Sin embargo, varios Estados de Europa occidental aún conservan una legislación no satisfactoria en materia de objeción de conciencia al servicio militar. Por ejemplo, Francia, Italia y España no tienen disposiciones sobre el desarrollo de la objeción de conciencia en el transcurso del servicio militar. Francia, además, ofrece a los objetores de conciencia un servicio civil cuya duración, que duplica la del servicio militar ordinario, es claramente punitiva. Por lo que respecta a Austria, preocupa a Amnistía Internacional el reducido plazo que se concede para presentar la solicitud de realizar un servicio alternativo. En Suiza, hasta octubre de 1996 no existía una verdadera alternativa civil al servicio militar obligatorio.


A pesar de que Grecia es miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa, la continua negativa del gobierno griego a introducir un servicio verdaderamente alternativo bajo administración civil para los objetores de conciencia al servicio militar también ha sido motivo de constante preocupación para Amnistía Internacional. Esta situación, que ha dado lugar al procesamiento y el encarcelamiento de centenares de hombres cada año por su negativa a realizar el servicio militar, ha sido destacada en varias resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo. De igual modo, Turquía sigue denegando a los objetores de conciencia al servicio militar un servicio civil alternativo, a pesar de que el país mantiene una relación cada vez más estrecha con la Unión Europea y es miembro del Consejo de Europa y de la OTAN.


Estos dos Estados, así como muchos otros países que participan en la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), siguen incumpliendo el acuerdo al que llegó ese organismo en 1990 de «..considerar la posibilida de introducir, donde no se ha hecho todavía, otras formas de servicio, compatibles con las razones de la objeción de conciencia; en principio, dichas formas de servicio serían de carácter no bélico o civil, en interés público y de índole no punitiva». Preocupa a Amnistía Internacional que, a pesar de la intención declarada por la OSCE en su Documento de Copenhague, en 1990, de seguir considerando esta cuestión como parte integrante de su «marco de Dimensión Humana» y de facilitar el intercambio de información sobre la objeción de conciencia al servicio militar entre los Estados integrantes de la OSCE, el asunto ha desaparecido prácticamente de los distintos foros de la OSCE, como pone de manifiesto el hecho de que no se haga ninguna referencia sustancial a él en los Documentos de Budapest, de 1994, y Lisboa, de 1996. Esta actitud de hacer caso omiso de compromisos que antes se habían contraído no puede sino menoscabar la credibilidad de las propias instituciones como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos. Además, tal estado de negligencia se traduce en la práctica en una licencia para los Estados que están deseosos de evitar el cumplimiento de sus obligaciones por cualquier razón.


Concienciación


La formulación de normas internacionales y la redacción de la legislación adecuada no bastarán por sí solas para generalizar el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar como un componente básico uno de los más fundamentales de todos los derechos humanos: la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es necesario poner en marcha una iniciativa sustancial y creativa de promoción de los derechos humanos, sobre todo en algunas zonas de Europa central y oriental. Con ese propósito, la actual campaña de Amnistía Internacional pretende también concienciar a la opinión pública sobre esta cuestión, a través de una serie de reuniones y actos públicos que se celebrarán en países europeos específicos. En concreto, Amnistía Internacional espera transmitir el mensaje de que la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho humano reconocido internacionalmente al mayor número posible de jóvenes de enseñanza secundaria y universitarios. La intención de Amnistía Internacional es promover un debate vigoroso e informado sobre la objeción de conciencia entre los educadores, los estudiantes, los políticos, los grupos religiosos y los medios de comunicación de los países en los que más falta hace, o donde el nivel de concienciación respecto a esta cuestión es más bajo.


¿Cómo puede el derecho a la objeción de conciencia ampliarse y protegerse mejor en Europa?


Están en curso varias nuevas iniciativas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de instituciones intergubernamentales europeas que pueden tener un efecto significativo en la protección y la promoción del derecho a la objeción de conciencia en Europa. Desde 1984, está en circulación un proyecto de Protocolo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el que se reconoce específicamente el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. En su resolución del 13 de octubre de 1989, el Parlamento Europeo expresó su apoyo explícito a ese Protocolo, posición que ha reiterado en una resolución posterior que adoptó el 18 de enero de 1994.


El apoyo más reciente a la incorporación del citado Protocolo en el Convenio ha procedido de la agrupación de ONG con categoría consultiva en el Consejo de Europa, entre las cuales se cuenta Amnistía Internacional. El 25 de septiembre de 1996, la agrupación aprobó por unanimidad una resolución sobre el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.


En esa resolución se expresaba la preocupación de que «...aunque los principios establecidos en la Recomendación R(87)8 del Comité de Ministros [del Consejo de Europa] representan sólo unas normas mínimas, la situación de varios países no se ajusta a esos principios». En la Resolución se pedía además al Comité de Ministros que diera al Comité Director para los Derechos Humanos el mandato de solicitar a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa un informe sobre las medidas tomadas en aplicación de la Recomendación de 1987.


En respuesta a una pregunta escrita que le había formulado un miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los objetores de conciencia en Grecia, el Comité de Ministros respondió en octubre de 1996 que había observado:


una serie de novedades en los últimos años en varios Estados miembros por lo que respecta al reclutamiento y a la objeción de conciencia al servicio militar. Al mismo tiempo, el número de miembros de la Organización ha aumentado considerablemente desde que el Comité adoptó su Recomendación nº R(87) 8. Por estas razones, el Comité de Ministros considera que le resultaría útil disponer de un estudio comparativo sobre la legislación y las prácticas de los Estados miembros en esta área. El Comité de Ministros... ha pedido al Comité Director para los Derechos Humanos que realice ese estudio y que evalúe la aplicación de la Recomendación nº R (87) 8, a fin de determinar qué nuevas acciones podrían promoverse a escala europea (traducción no oficial).


El Comité Director para los Derechos Humanos lleva actualmente a cabo este estudio, con objeto de terminar el trabajo al final de 1997. Está previsto que el estudio comparativo solicitado se presente en una reunión del Comité Director para los Derechos Humanos en junio de 1997.


De forma complementaria a estas iniciativas del Consejo de Europa, Amnistía Internacional insta también a los Estados miembros de la Unión Europea a que, a través de la adopción de una resolución adecuada por el Parlamento Europeo, dejen claro que el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y la introducción de un servicio civil alternativo cuya duración no sea punitiva serán algunos de los criterios para la admisión, en el futuro, de nuevos miembros en la Unión Europea.


La preocupación por que los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea cumplan las normas internacionales sobre el derecho a la objeción de conciencia motivó un reciente informe elaborado por el doctor Christof Tannert, diputado alemán al Parlamento Europeo. El estudio del doctor Tannert, «Servicio militar y objeción de conciencia en la Europa central y oriental ante la ampliación de la Unión Europea al Este», fue realizado en cooperación con la Oficina Europea para la Objeción de Conciencia y se terminó en 1996.


Amnistía Internacional reitera asimismo su llamamiento para que los actuales Estados miembros revisen su legislación sobre la objeción de conciencia al servicio militar desde el punto de vista de las normas internacionales vigentes.


INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: EUR 01/01/97/s

Distr: SC

---------------------------

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido




SEPARE ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO

PARA USO EXTERNO



PREOCUPACIONES EN EUROPA

JULIO - DICIEMBRE DE 1996



ACCIONES RECOMENDADAS


Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias y de que el documento se archiva debidamente para futuras consultas. Además, les rogamos que lleven a cabo el mayor número posible de las acciones recomendadas siguientes.


1 Este documento debe ser utilizado por las Secciones para responder a preguntas sobre los motivos de preocupación de AI en Europa.


2 Debe ofrecerse a la prensa y al público en general.


3 Debe distribuirse a cualquier persona u organización que tenga un interés particular en Europa en general o en alguno de los países mencionados en el boletín.


4 Pónganse en contacto con el equipo de investigación pertinente del Programa Regional para Europa si desean utilizar la información de este documento para elaborar otros, ya que puede ser necesario actualizarlo.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a todas las Secciones, coordinadores y grupos de la RAR de Europa Occidental, coordinadores y grupos de la Red de Adopción para Objetores de Conciencia en Europa Occidental, grupos de coordinación de Grecia, Chipre y Turquía, coordinadores de la RAR de Europa Oriental, grupos de coordinación de Europa Oriental, coordinadores de la RAR de la antigua Unión Soviética y grupos de coordinación de la Confederación de Estados Independientes y Mongolia.

1Amnistía Internacional conoce la identidad del agente.

2Amnistía Internacional conoce la identidad de los agentes.

3 Frankfurter Rundschau, 23 de enero de 1997.

4 Sabah (edición de la mañana), 27 de noviembre de 1996.

5 No se menciona aquí el verdadero nombre de O.D. para proteger su seguridad.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE