Document - Concerns in Europe July - December 1995



Amnistía Internacional



PREOCUPACIONES EN EUROPA

JULIO - DICIEMBRE DE 1995



MARZO DE 1996RESUMENÍNDICE AI: EUR 01/01/96/s




DISTR: SC/CO/GR



Países y preocupaciones:


INTRODUCCIÓN


ALBANIA-Nueva legislación; presos de conciencia y presunto hostigamiento de periodistas; denuncias de malos tratos bajo custodia


ALEMANIA-Presuntos malos tratos a detenidos


ARMENIA-Denuncias de malos tratos a detenidos; preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías; la pena de muerte; muerte de presos azerbaiyanos


AUSTRIA-Denuncias de malos tratos policiales; objeción de conciencia al servicio militar


AZERBAIYÁN-Presos de conciencia liberados; Tofiq Masim oglu Qasimov, posible preso de conciencia; denuncias de malos tratos a detenidos; la pena de muerte


BÉLGICA-Avances hacia la total abolición de la pena de muerte


BIELORRUSIA-Detención de líderes sindicales; denuncias de malos tratos a detenidos; la pena de muerte


BOSNIA-HERZEGOVINA-Millares de «desaparecidos» tras la toma del «enclave de seguridad» de Srebrenica por fuerzas serbobosnias; expulsiones en masa de musulmanes y croatas del noroeste de Bosnia; abusos contra serbios por parte de las fuerzas armadas bosniocroatas y croatas; musulmanes en la zona de Velika Kladusa, anteriormente bajo el control de Fikret Abdic


BULGARIA-Presuntos malos tratos y disparos por parte de agentes de policía


CHIPRE-Denuncias de malos tratos; preso de conciencia



CROACIA-Abusos por parte de las fuerzas croatas en la Krajina; devolución de refugiados; uso de la fuerza o amenazas de soldados durante los desalojos de viviendas del ejército


DINAMARCA-Novedades en torno a las preocupaciones de Amnistía Internacional


ESPAÑA-Objeción de conciencia al servicio militar; denuncias de torturas y malos tratos; abolición de la pena de muerte para todos los delitos


FEDERACIÓN RUSA-Violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto en la República Chechena; denuncias de malos tratos y torturas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; presuntas incursiones policiales en las oficinas de la Unión Democristiana Rusa; la pena de muerte


FRANCIA-Policías investigados por detención ilegal, agresión con premeditación y robo; muerte de un niño de ocho años por disparos efectuados por la policía fronteriza; presuntos malos tratos a sindicalistas tahitianos tras las pruebas nucleares; policías condenados por agresión, agresión sexual y homicidio involuntario; campaña de violencia provoca medidas antiterroristas especiales


GEORGIA-Nuevo cargo de Defensor del Pueblo; la pena de muerte; denuncias de malos tratos a detenidos; sentencia de muerte en Abjasia


GRECIA-Juicios sobre libertad de expresión; objeción de conciencia; nuevas denuncias de malos tratos


HUNGRÍA-Presuntos malos tratos por parte de policías


ITALIA-Presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de prisiones


KAZAJSTÁN-Encarcelamiento del líder cosaco Nikolai Gunkin; la pena de muerte


KIRGUISTÁN-La pena de muerte


LUXEMBURGO-Aislamiento prolongado de presos


MOLDAVIA-La pena de muerte; presuntas torturas y malos tratos a detenidos en la autoproclamada República Moldava del Dniéster; muerte bajo custodia en la autoproclamada República Moldava del Dniéster


POLONIA-Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía; la pena de muerte


PORTUGAL-Nuevas denuncias judiciales de malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; no prospera la apelación contra las condenas de cinco agentes de la Guardia Nacional Republicana;


REINO UNIDO-Muertes bajo custodia; homicidios políticos en Irlanda del Norte; deportaciones por motivos de «seguridad nacional»; tratos crueles, inhumanos o degradantes; legislación de emergencia en Irlanda del Norte; organismos de la ONU criticaron el expediente de derechos humanos del Reino Unido


REPÚBLICA CHECA-El caso de Martin Cervenák


REPÚBLICA ESLOVACA-Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía; objeción de conciencia al servicio militar


RUMANÍA-Continúan los informes de violaciones de derechos humanos; la reforma del Código Penal, en vía muerta


SUIZA-Objeción de conciencia al servicio militar; presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


TAYIKISTÁN-Arresto del acusado de la «desaparición» de los hermanos Shoyev en 1993; la pena de muerte; toma de rehenes por las fuerzas de la oposición


TURKMENISTÁN-Posibles presos de conciencia; arrestos tras una manifestación contra el gobierno; tortura y malos tratos; la pena de muerte


TURQUÍA-Tortura y muerte bajo custodia; abusos por parte de grupos armados de oposición


UCRANIA-La pena de muerte; encarcelamiento de objetores de conciencia


UZBEKISTÁN-Rashid Bekzhanov, posible preso de conciencia; «desapariciones»; Torturas y malos tratos; la pena de muerte


YUGOSLAVIA-Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías, presos de conciencia, liberaciones; tortura y malos tratos a personas de etnia albanesa y otros; la pena de muerte; muertes tras malos tratos bajo custodia o disparos por parte de las fuerzas de seguridad; devolución de refugiados y movilización forzosa de refugiados y otras personas para su incorporación a las fuerzas armadas serbobosnias


RATIFICACIONES-Albania, Andorra, Austria, Azerbaiyán Bélgica, Croacia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia - ex república de Yugoslavia, Moldavia, Portugal, República Checa, Ucrania, Uzbekistán





PALABRAS CLAVE: TORTURA/MALOS TRATOS1 / MUERTE BAJO CUSTODIA1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / PENA DE MUERTE1 / PRESOS DE CONCIENCIA1 / MINORÍAS1 / OBJETORES DE CONCIENCIA1 / DESAPARICIONES / JUICIOS / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / RÉGIMEN DE AISLAMIENTO / EVACUACIÓN FORZOSA / DEVOLUCIÓN / DEPORTACIÓN / AGRESIÓN SEXUAL / TOMA DE REHENES / REFUGIADOS / GRUPOS ÉTNICOS / CIUDADANOS EXTRANJEROS / PERIODISTAS / ABOGADOS / GRUPOS RELIGIOSOS / SINDICALISTAS / ESTUDIANTES / PARLAMENTARIOS / HOMOSEXUALES / MUJERES / MINUSVÁLIDOS / NIÑOS / POSIBLES PRESOS DE CONCIENCIA / EXCARCELACIÓN / CONFLICTO ARMADO / MANIFESTACIONES / LEGISLACIÓN / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / AUTOPSIAS / LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA / COMPENSACIÓN / AI Y LOS GOBIERNOS / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS / COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU /




Este informe resume el documento Preocupaciones en Europa: Julio - Diciembre de 1995 (Índice AI: EUR 01/01/96/s) publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1996. Si desea más información o emprender alguna acción sobre este tema, deberá consultar el documento completo.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA






Amnistía Internacional




PREOCUPACIONES EN EUROPA


JULIO - DICIEMBRE DE 1995
















Marzo de 1996

Índice AI: EUR 01/01/96/s

Distr: SC/CO/GR









SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EUROPA


ENERO - JUNIO DE 1995



INTRODUCCIÓN




Este boletín contiene información sobre las principales preocupaciones de Amnistía Internacional en Europa durante el periodo que va de julio a diciembre de 1995. En él no hay información sobre todos los países de Europa, sino sólo sobre aquéllos en los que se produjeron acontecimientos importantes durante el periodo.


Las cinco repúblicas de Asia Central de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán se incluyen en el documento debido a su condición de miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE).


Se han publicado varios informes dedicados a países individuales sobre las preocupaciones reflejadas en este boletín. En los apartados de los países en cuestión se hace referencia a estos informes. Puede encontrarse información más detallada sobre incidentes o preocupaciones concretas en las Acciones Urgentes y los Servicios de Noticias publicados por Amnistía Internacional.


Amnistía Internacional publica este boletín cada seis meses. Las referencias a boletines anteriores que aparecen en el texto son las siguientes:


Índice AI: EUR 01/02/95/sPreocupaciones en Europa: enero - junio de 1995

Índice AI: EUR 01/01/95/sPreocupaciones en Europa: mayo - diciembre de 1994

Índice AI: EUR 01/02/94/sPreocupaciones en Europa: noviembre de 1993 - abril de 1994

Índice AI: EUR 01/01/94/sPreocupaciones en Europa: mayo - octubre de 1993

Índice AI: EUR 01/01/93/sPreocupaciones en Europa: noviembre de 1992 - abril de 1993


ALBANIA


Nueva Legislación


El 29 de junio, Albania ingresó en el Consejo de Europa y se comprometió a introducir inmediatamente una moratoria sobre las ejecuciones y a abolir la pena de muerte en tiempos de paz en un plazo de tres años desde la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Desde entonces, se ha impuesto al menos una sentencia de muerte ─en octubre se condenó a muerte a un hombre por asesinato─ pero no ha habido informes de ejecuciones. En septiembre, el Parlamento aprobó una ley que exige la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos bajo el régimen comunista entre 1945 y 1991. En noviembre y diciembre se comenzó a investigar a muchos ex funcionarios de alto nivel, y ocho de ellos fueron arrestados en espera de una investigación en relación con el internamiento en masa de opositores políticos durante ese periodo. En julio, el ex presidente Ramiz Alia quedó en libertad, pero en noviembre hubo informes de que se habían iniciado al menos tres investigaciones independientes sobre él, el ex primer ministro y dirigente del Partido Socialista Fatos Nano y otras personas en relación con los disparos realizados contra manifestantes y personas que trataban de huir del país en 1991.


Presos de conciencia y presunto hostigamiento oficial de periodistas


En septiembre, el Parlamento destituyó al presidente del Tribunal de Casación, que debía revisar el caso de Fatos Nano, condenado en 1994 por «malversación de bienes del Estado» y «falsificación de documentos» (véase Informe 1995 de Amnistía Internacional). El juez Brozi había expresado la opinión de que Fatos Nano había sido condenado indebidamente. En diciembre, un indulto presidencial redujo en ocho meses la condena de Nano, al que así quedaban aún tres años por cumplir. En julio, Amnistía Internacional escribió al presidente Berisha instándole a que liberara a Fatos Nano y a Ilir Hoxha (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s). En su contestación de agosto, el ministro de Justicia negó que hubieran sido encarcelados por sus opiniones políticas.


Varios periodistas independientes se quejaron de haber sufrido intimidaciones por parte de las autoridades, y algunos, como Gjergj Zefi, director de una publicación y destacado miembro de un partido de la oposición, fueron perseguidos por «calumniar» a policías del servicio de seguridad del Estado. Otros periodistas informaron de que habían sido detenidos e interrogados por la policía en relación con algunos artículos. En septiembre, Vladimir Qirjaqi y otras tres estuvieron detenidas durante un breve periodo acusadas de «actividad anticonstitucional» por publicar una guía turística de la ciudad de Gjirokastër en la que se incluía una fotografía de Enver Hoxha, el anterior dirigente comunista de Albania, nacido en la villa. En septiembre fueron arrestados tres hombres de Saranda por distribuir material «anticonstitucional» (panfletos antiamericanos). Entre septiembre y diciembre, al menos 10 hombres permanecieron detenidos hasta cuarenta y ocho horas acusados de «calumniar» al presidente Berisha por gritar o escribir eslóganes contra el gobierno.


Denuncias de malos tratos bajo custodia


Hubo muchos informes sobre malos tratos bajo custodia policial. En julio, una protesta de aldeanos llevada a cabo en Bovilla por cuestiones de tierras provocó enfrentamientos con la policía, en los que se registraron heridos por ambas partes. Los manifestantes que fueron arrestados denunciaron que en las comisarías los habían golpeado. En varias ocasiones, la policía también arrestó y golpeó a miembros de partidos de la oposición. En julio, según los informes, los presos de la cárcel de Korça, que protestaban por las malas condiciones penitenciarias, fueron duramente golpeados. En noviembre, cinco policías fueron condenados por «abuso de autoridad» en relación con la muerte de un preso en la comisaría de Vlora en 1994. La condena fue de un año de cárcel para cada uno, pero quedaron inmediatamente en libertad tras la suspensión de las sentencias, que habían cumplido parcialmente bajo arresto domiciliario.

ALEMANIA


Presuntos malos tratos a detenidos


En febrero de 1996, Amnistía Internacional publicó el informe The alleged ill-treatment of foreigners - An update to the May 1995 report (Índice AI: EUR 23/02/96), en el que se documentan nuevas denuncias recibidas por la organización de uso excesivo o ilegítimo de la fuerza por parte de policías alemanes ─y, en un caso, de funcionarios de prisiones alemanes─ al arrestar o inmovilizar a los detenidos, o de aplicación deliberada a los detenidos bajo su custodia de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En la gran mayoría de los casos presentados a la organización, las víctimas eran ciudadanos extranjeros, como solicitantes de asilo o refugiados, y miembros de minorías étnicas. En algunos casos, los presuntos malos tratos parecían obedecer a motivos racistas.


Las autoridades fiscales y judiciales decidieron sobre varios casos de presuntos malos tratos, como el del periodista alemán Oliver Neß. (La mayoría de estos casos se describen detalladamente en el informe de Amnistía Internacional República Federal de Alemania: El sistema falla a los extranjeros maltratados por la policía, publicado en mayo de 1995, Índice AI: EUR 23/06/95/s. El caso de Oliver Neß figura en Federal Republic of Germany: A summary of concerns in the period May - October 1994, publicado en noviembre de 1994, Índice AI: EUR 23/08/94.) En su documento de febrero, Amnistía Internacional da cuenta de estas novedades y también informa acerca de la correspondencia que mantiene con las autoridades alemanas sobre las preocupaciones de la organización.

ARMENIA


Denuncias de malos tratos a detenidos


Durante este periodo, Amnistía Internacional publicó dos documentos sobre denuncias de malos tratos. El primero, en octubre, examinaba el tema a la luz de las medidas legislativas vigentes en Armenia en ese momento, algunas de las cuales parecían crear las condiciones para posibles malos tratos, y exponía las recomendaciones de Amnistía Internacional (véase Índice AI: EUR 54/04/95/s). El segundo, publicado el mes siguiente, resumía varias denuncias concretas de malos tratos y palizas comunicadas a la organización en 1995, especialmente a la luz de nuevos detalles obtenidos por los delegados de Amnistía Internacional durante una visita realizada a Armenia en octubre (véase Índice AI: EUR 54/05/95). Amnistía Internacional expresó su preocupación no sólo por los informes de malos tratos y palizas bajo custodia, sino también por las acusaciones según las cuales varios opositores ─periodistas, abogados y miembros de minorías religiosas─ habían sido agredidos físicamente por personas a las que creían relacionadas con estructuras oficiales, y en incidentes que, en opinión de los agredidos, no habían sido investigados por la policía con suficiente rigor. En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU, con sede en Ginebra, debía examinar el Informe Inicial de la República de Armenia según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, la sesión fue pospuesta, ya que los delegados armenios no pudieron asistir.


Continuando con una preocupación anterior de Amnistía Internacional ─la oleada de ataques contra grupos religiosos minoritarios (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s)─, la organización escribió a las autoridades en relación a unos comentarios atribuidos al ministro de Defensa, Vazgen Sarkissian, en los informes del II Congreso de la Unión de Voluntarios Defensores del País (Yerkrapah). En el congreso, celebrado a principios de diciembre, al parecer el ministro afirmó que salvar a Armenia de «la plaga de sectas religiosas» era una de las mejores labores jamás realizadas por Yerkrapah.


Al parecer, algunos de los implicados en los ataques vestían uniforme militar. Amnistía Internacional expresó su preocupación por que, de ser ciertas, las observaciones del ministro podían ser interpretadas como señal de una posible relación entre los miembros de Yerkrapah y los que perpetraron los ataques, y también de cierto grado de complicidad de las autoridades en estos hechos.


Por ejemplo, en uno de estos incidentes, entre las 20 o 25 personas que, en abril de 1995, agredieron a 19 fieles del movimiento Hare Krishna en su templo, situado en un domicilio particular de la capital, Yerevan, había algunos hombres con uniforme militar. Según parece, a todos los hombres que estaban en el templo (once en total) los golpearon con barras de hierro, y tuvieron que atenderlos en el hospital. Al parecer, los agresores manifestaron claramente que actuaban siguiendo órdenes del Ministerio de Defensa, y creían (equivocadamente, según los fieles) que la religión Hare Krishna obligaba a sus practicantes a negarse a prestar el servicio militar obligatorio. Uno de los fieles que informó del ataque a la policía local, afirma que el caso fue transferido a varios departamentos de la policía sin resultados, y que más tarde un investigador le dijo que todo el mundo sabía que el Ministerio de Defensa estaba implicado y por eso los agresores no comparecerían ante la justicia.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a que llevaran a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los informes que relacionan el Ministerio de Defensa, o la organización Yerkrapah, con los responsables de varias agresiones a grupos de minorías religiosas. La organización también pretendía que el ministro de Defensa aclarara las declaraciones que se le atribuían en el II Congreso de Yerkrapah, y que asegurara que ni él ni su ministerio tolerarían de ninguna forma tales agresiones contra los derechos básicos de las minorías religiosas.





Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías


Diecisiete hombres, arrestados por su presunta pertenencia a un grupo terrorista secreto llamado «Dro», encuadrado dentro de la Federación Revolucionaria de Armenia (FRA), fueron procesados en juicios que al parecer distaron mucho de cumplir las normas internacionales (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s), acusados de varios delitos comunes, desde ocultación de información hasta asesinato con premeditación (este último delito puede ser castigado con la muerte).


El juicio de once de ellos comenzó en julio en Yerevan, y aún continuaba a finales de año. Varios de los acusados informaron de que tenían grandes dificultades para reunirse de forma libre e inmediata con el abogado defensor de su elección, y algunos de sus abogados dijeron que tenían problemas para acceder sin trabas al material relacionado con el caso durante la investigación. Hubo informes de problemas similares en el caso del miembro destacado de la FRA Vahan Ovanessian, arrestado el 29 de julio por la presunta planificación de una campaña de asesinatos, aunque la nueva Constitución ya aprobada ese mismo mes garantizaba el acceso inmediato a un abogado defensor. Ninguna de las confesiones efectuadas por los once hombres juzgados fue rechazada durante el periodo que abarca este boletín, a pesar de que los acusados denunciaron que habían sido obtenidas bajo coacción. Arsen Artsruni, por ejemplo, denunció que lo habían golpeado en tres ocasiones para obligarlo a confesar.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a que garantizaran que los acusados tenían un juicio justo, de acuerdo con las normas internacionales, y que todos los detenidos podían entrevistarse de forma inmediata y regular con los abogados defensores de su elección.


La pena de muerte


La nueva Constitución, aprobada en julio, conservó la pena de muerte como «una medida excepcional de castigo» para «los crímenes más atroces».


Uno de los condenados a muerte durante el periodo a que hace referencia este boletín fue Sogoman Kocharian, declarado culpable por el Tribunal Supremo de Armenia el 1 de diciembre de atracar y asesinar a un ciudadano iraní. Al parecer, había al menos 13 hombres condenados a muerte a fines de año. No hubo ejecuciones, debido a la oposición personal del presidente Ter-Petrosyan a la pena capital, pero no se conmutó ninguna sentencia de muerte.


Muerte de presos azerbaiyanos


Hubo nuevas informaciones sobre el proceso penal que se inició tras la muerte, en enero de 1994, de ocho presos azerbaiyanos que se encontraban retenidos por el Ministerio de Defensa en Yerevan (véase Índice AI: EUR 01/02/94/s). La muerte de siete de ellos se produjo por herida de bala, y la del otro por heridas incisas en la garganta. Las autoridades armenias afirmaron que los ocho hombres se habían suicidado tras un intento de huida fallido en el que había muerto un guardia armenio. Sin embargo, el informe de un perito médico independiente señaló que, en el caso de seis de los cadáveres que presentaban herida de bala en la cabeza, las heridas indicaban «homicidios tipo ejecución».


Una investigación realizada por la fiscalía militar se centró en la muerte del guardia y, una vez determinado que los presos azerbaiyanos lo habían asesinado, el proceso se suspendió en mayo de 1994. Parece que las circunstancias de la muerte de los azerbaiyanos no se han investigado exhaustivamente.



AUSTRIA


Denuncias de malos tratos policiales


El caso de Emad Faltas


En septiembre, Amnistía Internacional expresó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria su preocupación por los presuntos malos tratos infligidos a Emad Faltas.


El 21 de junio de 1995, cerca de una estación de ferrocarril vienesa, una mujer pidió a Emad Faltas, de nacionalidad egipcia, que compartiera su paraguas con ella. Una vez en la estación, ambos se separaron. Minutos más tarde, fue atacado por cuatro hombres, que le propinaron puñetazos y patadas en las costillas. Más tarde se supo que los hombres eran agentes de la Brigada de Estupefacientes de Viena que habían recibido información de que la mujer, presunta traficante de drogas, se encontraría con un contacto cerca de la estación. Emad Faltas pensó que había sido víctima de una agresión racista y pidió ayuda a un vendedor de periódicos a la salida de la estación. Lo llevaron en automóvil a una comisaría, donde denunció el caso. Según parece, los agentes respondieron obligándole a arrodillarse esposado y propinándole patadas. Al final, le pidieron que les enseñara su documentación, y al parecer se dieron cuenta de su equivocación. Sin embargo, lo mantuvieron detenido y, según los informes, no le permitieron llamar por teléfono a su esposa. Más tarde, el detenido fue reconocido por un médico y trasladado al hospital, donde al examinarlo por rayos X se comprobó que tenía tres costillas rotas. También se vio que presentaba cortes y contusiones en los brazos, el estómago y la cara. Fue liberado de la custodia policial y permaneció ingresado en el hospital siete días, durante los cuales unos agentes de alta graduación le pidieron disculpas. Se abrió una investigación disciplinaria sobre los malos tratos. La policía también presentó una denuncia contra Emad Faltas por «resistencia a la autoridad».


En las cartas enviadas por Amnistía Internacional a las autoridades en septiembre, la organización instaba a que las denuncias de malos tratos de Emad Faltas fueran objeto de una investigación judicial minuciosa, rápida e imparcial, a que se castigara a los policías responsables de los malos tratos y a que se indemnizara a la víctima por las lesiones. A finales de año, las cartas de Amnistía Internacional no habían recibido ninguna respuesta significativa.


Los casos de Amor Jelliti y Salim Y. (véanse Índice AI EUR 01/01/95/s y Austria: Presuntos malos tratos contra extranjeros: resumen de preocupaciones, Índice AI: EUR 13/02/94/s, junio de 1994).


En agosto, Amnistía Internacional expresó su preocupación a las autoridades austríacas por las investigaciones realizadas sobre los presuntos malos tratos infligidos a Amor Jelliti y Salim Y.


La organización escribió por primera vez a las autoridades austríacas sobre el caso de Amor Jelliti en julio de 1993. Amor Jelliti denunció que, aunque había avisado a las autoridades de la cárcel de Wels (Polizeiliches Gefangenenhaus Wels) de que padecía graves problemas de salud, entre ellos una afección cardiaca, el 4 de octubre de 1992 los funcionarios lo arrastraron por el suelo agarrándolo del cinturón, y luego lo dejaron en una galería de la cárcel donde, según dijo, iban periódicamente a darle patadas. A primeras horas de la mañana del 5 de octubre de 1992, lo trasladaron a una celda sin proporcionarle mantas ni agua. Amor Jelliti describió sus malos tratos en una carta dirigida al Ministerio del Interior el 11 de marzo de 1993.


Al no haber recibido respuesta a su carta de julio de 1993, Amnistía Internacional volvió a escribir a las autoridades austríacas en enero de 1994. Un mes más tarde, se informó a la organización de que Amor Jelliti había «tratado de lesionarse golpeándose la cabeza contra un radiador para evitar ser deportado... Ninguno de los policías se comportó de forma incorrecta ni ilegal». Creyendo que la respuesta de las autoridades aún dejaba sin contestar varias preguntas importantes, Amnistía Internacional volvió a escribirles en marzo de 1994, solicitando más detalles sobre el carácter de la investigación realizada acerca de la denuncia de Amor Jelliti de malos tratos por parte de la policía. Esta carta no recibió respuesta, ni tampoco otra sobre el mismo tema enviada en diciembre de 1994.


En la primera carta enviada a las autoridades en julio de 1993, Amnistía Internacional también planteó el caso de Salim Y. Según los informes, Salim Y. fue maltratado por unos policías austríacos en el aeropuerto Schwechat de Viena cuando trataban de deportarlo, aproximadamente al mediodía del 17 de junio de 1993. Los malos tratos fueron presenciados por Jennifer Green, representante del Centro de Derechos Constitucionales, organización con sede en Nueva York, y por Rhonda Copelon, profesora de derecho en la City University of New York, que acudían a Viena para asistir a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. En una carta enviada al ministro del Interior el 21 de junio de 1993, Jennifer Green denunció que ella y su compañera habían presenciado cómo dos hombres vestidos de civil, que según los informes eran policías, golpeaban y propinaban patadas a un hombre esposado y con la cabeza vendada. Cuando las delegadas protestaron ante los funcionarios del aeropuerto, éstos les dijeron que el hombre era un «delincuente», un «argelino» y un «preso». Cuando las dos testigos manifestaron que querían presentar una denuncia formal sobre los malos tratos, se les pidió que entregaran sus pasaportes, que les fueron devueltos poco después.


En febrero de 1994, las autoridades austríacas informaron a Amnistía Internacional de que el detenido, Salim Y., había «intentado impedir su expulsión golpeándose la cabeza contra un radiador para autolesionarse», y que más tarde había «saltado de la silla y se había abalanzado de espaldas contra una puerta de cristal de seguridad... Durante todo el proceso no se le propinaron patadas ni golpes». En marzo de 1994, Amnistía Internacional preguntó a las autoridades si las denuncias de malos tratos policiales hechas por Salim Y. habían sido investigadas por un juez, si éste había interrogado personalmente al detenido sobre los presuntos malos tratos y si se había pedido a las testigos que vieron cómo lo maltrataban que facilitaran más información sobre el incidente. Esta carta no recibió contestación.


En la carta dirigida a las autoridades en agosto de 1995, Amnistía Internacional afirmaba que aún no había recibido información alguna que indicara que se habían llevado a cabo investigaciones «inmediatas e imparciales» sobre los presuntos malos tratos infligidos a Amor Jelliti y Salim Y., como exige el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, de la cual Austria es Estado Parte.


En septiembre, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores informó a Amnistía Internacional que «sólo podía comunicar [a la organización] la información recibida de las autoridades competentes».


El caso de Ronald Ribitsch (véase Índice AI: EUR 01/01/95/s)


En diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que, según el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, los derechos de Ronald Ribitsch habían sido violados y éste había sido objeto de malos tratos que equivalían a un trato inhumano y degradante mientras estuvo bajo custodia policial en 1988. El tribunal concedió a Ronald Ribitsch 300.000 chelines austríacos (unas 19.000 libras esterlinas) por daños y perjuicios.


Objeción de conciencia al servicio militar (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s)


En noviembre, el Parlamento austríaco amplió en 12 meses las disposiciones legislativas actuales sobre el servicio civil alternativo. El periodo de vigencia de una enmienda a la Ley de Servicio Civil Alternativo (Zivildienstgesetz), aprobada en enero de 1994, terminaba a finales de 1995. Amnistía Internacional había criticado por considerarlos demasiado restrictivos los plazos de que disponían los objetores de conciencia para presentar la solicitud para realizar el servicio civil alternativo.


AZERBAIYÁN


Presos de conciencia liberados


Cinco presos de conciencia que llevaban encarcelados desde marzo fueron indultados por el presidente Heydar Aliyev el 11 de noviembre y quedaron en libertad. Cuatro periodistas vinculados a partidos políticos de la oposición ─Ayaz Ahmedov, Asgar Ahmed, Yadigar Mammedli y Malik Bayramov─ junto con Mirzagusseyn Zeynalov, distribuidor de prensa, habían sido arrestados por la publicación de artículos y caricaturas sobre el presidente Aliyev en un periódico satírico llamado Cheshme (véase Índice AI EUR 01/02/95/s). Se les acusaba de «atentar contra el honor y la dignidad del presidente» (artículo 188-6 del Código Penal), y fueron declarados culpables por el Tribunal Municipal de Bakú el 19 de octubre. Ayaz Ahmedov fue condenado a cinco años de cárcel, Yadigar Mammedli a tres, y el resto, a dos. Un impresor llamado Yamen Abbasov, que no había sido detenido antes del juicio, fue sentenciado a una condena condicional de dos años.


Tofiq Masim oglu Qasimov, posible preso de conciencia


Tofiq Qasimov, parlamentario y destacada figura política de Azerbaiyán, fue detenido el 19 de septiembre en su domicilio de la capital del país, Bakú (véase Índice AI: EUR 55/09/95), por pedir el derrocamiento violento del gobierno y participar en un golpe de estado fallido. Aunque normalmente Amnistía Internacional no adoptaría el caso de alguien acusado de tales delitos, a la organización le preocupan las denuncias de que los cargos son falsos y han sido inventados para castigar a Tofiq Qasimov por su actividad política no violenta de oposición al gobierno azerbaiyano. Actualmente, Amnistía Internacional está tratando de conseguir más información sobre los cargos que se imputan a Tofiq Qasimov y las circunstancias de su detención.


Tofiq Qasimov es físico de profesión y lleva en la política activa desde al menos 1988, año en que entró a formar parte de la dirección del Frente Popular de Azerbaiyán. Parlamentario desde 1990, fue elegido ministro de Asuntos Exteriores en 1992, pero dimitió casi un año después, cuando el entonces presidente Abulfaz Elchibey huyó de Bakú ante una revuelta armada que llevó al poder al actual presidente Aliyev. En agosto de este año se incorporó al partido de la oposición Musavat (Igualdad), y era uno de sus principales candidatos para las elecciones parlamentarias de noviembre.


A Tofiq Qasimov se le acusa de dirigir un complot para derrocar al presidente Aliyev en marzo, utilizando como tapadera un grupo de estudio. Sus partidarios dicen que el grupo funcionaba abiertamente, que todas las reuniones se grababan en cintas de audio y que el presunto llamamiento para derrocar al gobierno se basa en comentarios sacados de contexto. En la actualidad, Tofiq Qasimov permanece en prisión preventiva en el Ministerio de Seguridad Nacional, en Bakú.


Denuncias de malos tratos a detenidos


Durante el periodo a examen, Amnistía Internacional continuó recibiendo denuncias de malos tratos a detenidos, que expuso con detalle en un informe sobre el tema (véase Índice AI: EUR 55/01/96). En algunos casos se han denunciado palizas a los presos que se hallan en prisión preventiva con el fin de lograr que confiesen, a consecuencia de las cuales al menos un hombre ha muerto recientemente (véase más adelante), y también a los familiares de los que se hallan escondidos para tratar de conseguir información sobre su paradero. En otros, la denuncia consiste en que los presos enfermos no reciben tratamiento médico adecuado y que al menos dos personas han muerto como consecuencia de ello durante el último año. También hay informes de que las condiciones generales para muchos de los que están en prisión preventiva son duras, y que el hacinamiento es tal en algunas prisiones que los internos se ven obligados a dormir por turnos: unos duermen mientras los demás permanecen de pie en la celda.


Muerte bajo custodia de Rafiq Shaban oglu Ismayilov


En un informe que salió a la luz cuando ya estaba redactado el documento mencionado anteriormente, se afirma que el 8 de diciembre la policía golpeó a un detenido llamado Rafiq Ismayilov con tal dureza que éste murió a causa de las heridas.


Rafiq Ismayilov, barbero de la aldea de Digah, había sido detenido ese día por agentes de policía del distrito de Masalli acusado de robo, y fue trasladado al Departamento Regional de Policía, donde murió más tarde. Los informes sobre la causa de la muerte varían. Según el Ministerio del Interior, Rafiq Ismayilov padecía del corazón y murió de fallo cardiaco. Sin embargo, fuentes no oficiales afirman que fue duramente golpeado por unos tres policías mientras se encontraba bajo custodia con el fin de obligarlo a confesar, y que murió a consecuencia de las heridas, al parecer fractura de cuello, brazo y costillas y daño renal. Según parece, antes de morir, Rafiq Ismayilov dijo a un médico al que habían llamado a la comisaría quiénes habían sido sus agresores.


Además, parece ser que a los familiares de Rafiq Ismayilov no les informaron de su fallecimiento cuando éste se produjo, e incluso los agentes les aceptaron un soborno al día siguiente para que le dieran comida (según otras fuentes, la alimentación durante la detención preventiva suele ser insuficiente, y es necesario que los familiares la complementen). Al parecer, unos 400 vecinos de Rafiq Ismayilov se reunieron en el centro de distrito de Masalli el 9 de diciembre para protestar al enterarse de su muerte, pero se dispersaron cuando las autoridades locales les garantizaron que los responsables serían castigados. Al ver que no se había avanzado nada desde entonces, volvieron a reunirse en Masalli para protestar el 14 de diciembre.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a que llevaran a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Rafiq Ismayilov y a que hicieran públicos los resultados. Si la investigación encuentra alguna base para las denuncias de malos tratos, los responsables deben comparecer ante la justicia.


La pena de muerte


Al parecer, en el momento de redactar este informe no se habían dado a conocer las cifras oficiales sobre la aplicación de la pena de muerte en 1995, si bien fuentes no oficiales hablan de al menos 15 condenas a muerte, la mayoría por asesinato con premeditación, y dos relacionadas con cuestiones militares. Rahim Qaziyev, ex ministro de Defensa, fue condenado a muerte in absentia en mayo de 1995, tras ser declarado culpable, entre otros cargos, de robo en gran escala y del delito tipificado en el código militar de negligencia en el cumplimiento del deber en situación de combate (artículo 255 del Código Penal), este último en relación con la caída de las ciudades de Shusha y Lachin ante las fuerzas de etnia armenia, en mayo de 1992. Eldar Aliyev, comandante de una unidad del ejército, fue condenado a muerte por un tribunal militar el 12 de diciembre por cargos relacionados con la caída de la ciudad de Agdam ante las fuerzas de etnia armenia en 1993 y por participar en un intento fallido de golpe en octubre de 1994.


Durante el periodo a examen no hubo informes de ninguna ejecución judicial, y al parecer no se ha llevado a cabo ninguna desde 1990. Esto ha hecho aumentar la cifra de los condenados a muerte, que se estimaba que ascendía a 100 en diciembre de 1995. Según un abogado, los presos pendientes de ejecución permanecen en una celda individual compartida por cinco o seis, de la que nunca salen para hacer ejercicio.


De acuerdo con un decreto sobre indultos del presidente Aliyev, del 27 de diciembre, se conmutaron siete sentencias de muerte por penas de veinte años de cárcel.

BÉLGICA


Avances hacia la total abolición de la pena de muerte


El 10 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el texto de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos. El proyecto será estudiado por el Parlamento durante 1996. Desde 1950 no se ha llevado a cabo ninguna ejecución.


El Código Penal de 1867 prescribe la pena de muerte para los delitos graves contra las personas y para ciertos delitos contra la seguridad del Estado. Además, en junio de 1975 se introdujo la pena de muerte preceptiva para el secuestro, y en junio de 1976, para el secuestro aéreo, en ambos casos cuando puedan probarse circunstancias agravantes. El Código Penal militar también establece la pena capital para ciertos delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Según el Código Penal de 1867, la ejecución es pública, por decapitación con guillotina, excepto en los casos de delitos contra la seguridad del Estado y contra el Código Penal militar, en cuyo caso es por fusilamiento.


Aunque los tribunales dictan regularmente sentencias de muerte por delitos comunes y continuaron haciéndolo en 1995, desde 1863 estas sentencias han sido conmutadas siempre, excepto en una ocasión. En marzo de 1918, un oficial del ejército que se encontraba en el frente fue ejecutado por asesinar a una embarazada. No obstante, durante la Primera Guerra Mundial fueron ejecutadas unas 15 personas por delitos contra la seguridad externa del Estado, y otras 242 fueron fusiladas entre noviembre de 1944 y agosto de 1950 por crímenes de guerra contra la seguridad externa del Estado. En 1983, Bélgica firmó el sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte y, en 1990, el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encaminado a la abolición de la pena de muerte. Ninguno de ellos ha sido ratificado.


BIELORRUSIA


Detención de líderes sindicales


El 21 de agosto, cuatro líderes sindicales fueron detenidos por la policía durante una huelga pacífica en el ferrocarril metropolitano de Minsk y permanecieron retenidos durante varios días sin que sus familias conocieran su paradero. Las detenciones se produjeron después de declarar el presidente Alyaksandr Lukashenka que la huelga era un «acto político planificado» contra su gobierno.


La mañana del 21 de agosto, el presidente del Sindicato Independiente de Bielorrusia, Genadz Bykov, afirmó que dos líderes sindicales, Mikalay Kanakh y Uladzimir Makarchuk, habían sido detenidos a eso de las ocho y media de la mañana en las calles de la capital, Minsk, por unas personas con máscaras negras. Los detenidos aparecieron brevemente ante el juez al día siguiente y luego los volvieron a llevar a las instalaciones del Ministerio del Interior. El propio Genadz Bykov fue detenido por la policía ese mismo día horas más tarde en las oficinas del Sindicato Independiente de Bielorrusia. Su esposa solicitó información sobre su paradero en la fiscalía municipal y de la República y en los ministerios del Interior y de Seguridad, pero en todos estos lugares negaron que Genadz Bykov estuviera en su poder. Sin embargo, al día siguiente Bykov volvió a aparecer brevemente para abrir una caja de caudales durante el registro policial de la sede del sindicato, y después volvieron a llevarlo bajo custodia. El cuarto detenido fue Sergey Antonchuk, activista del Sindicato Independiente de Bielorrusia y parlamentario. La fiscalía municipal de Minsk afirmó que lo habían puesto en libertad tras entrevistarse con el fiscal, pero su familia no pudo localizarlo y al parecer su verdadera liberación se produjo dos días más tarde. También hubo informes de que Genadz Bykov y Mikalay Kanakh fueron condenados a 10 días de arresto administrativo, y Uladzimir Makarchuk a 15, por «organizar una reunión no autorizada». Tras la huelga, el presidente Lukashenka promulgó un decreto que prohibía las actividades del Sindicato Independiente de Bielorrusia y privaba a los cargos del Poder Legislativo de su inmunidad parlamentaria.


A Amnistía Internacional le preocuparon las denuncias de que las detenciones habían sido por motivos políticos y que tal vez se les había detenido por tratar de organizar una huelga de forma legal y pacífica. La organización solicitó más información a las autoridades, pero no recibió respuesta alguna.


Denuncias de malos tratos a detenidos


Amnistía Internacional continuó instando a las autoridades a que realizaran investigaciones minuciosas e imparciales, haciendo públicos los resultados, sobre las denuncias de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Un incidente que se planteó a las autoridades durante el periodo a examen fueron las denuncias de que la policía había golpeado a un parlamentario detenido durante una manifestación celebrada en julio en Minsk.


Hubo informes de que las unidades especiales de la policía habían utilizado porras para intentar dispersar a los manifestantes que celebraban una marcha pacífica no autorizada el 27 de julio, Día de la Independencia, tras haberse negado las autoridades a dar el permiso para celebrar una manifestación, argumentando que era «políticamente inconveniente». Según la prensa, inicialmente la manifestación era pacífica, pero dejó de serlo cuando la policía trató de despejar las aceras y confiscar las banderas que portaban los manifestantes. Fueron detenidas entre cinco y diez personas, y al menos una de ellas, el parlamentario Vladimir Nester, afirmó que la policía lo había golpeado mientras estaba bajo custodia. Todos los detenidos fueron puestos en libertad posteriormente.


Además de las denuncias de malos tratos, Amnistía Internacional también planteó su preocupación sobre los informes según los cuales la policía retuvo a algunos de los detenidos por su presunto papel en la organización del acto, y no por participar en los enfrentamientos.

A finales de año no se había recibido respuesta, ni sobre estas denuncias ni sobre anteriores informes de malos tratos durante 1995 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s).


La pena de muerte


Al menos una persona fue condenada a muerte durante el periodo a examen, y el Tribunal Supremo anuló una sentencia de muerte. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales sobre la pena capital en 1995, y se cree que las verdaderas cifras de su aplicación son muy superiores.


La sentencia de muerte de la que se tiene noticia fue impuesta a Igor Mirenkov por el Tribunal Regional de Svetlogorsk el 9 de agosto. El acusado fue declarado culpable del asesinato con premeditación y agravantes de seis muchachos, según el artículo 100 del Código Penal. Al parecer se ha presentado una apelación ante el Tribunal Supremo.


El 21 de diciembre, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de muerte dictada contra Igor Yurevich Kopytin, y la sustituyó por una de quince años de cárcel. Igor Kopytin había sido condenado a muerte el 30 de enero por el Tribunal Regional de Vitebsk, que lo declaró culpable del asesinato de una mujer durante un atraco. Inicialmente, el Tribunal Supremo rechazó su apelación el 1 de septiembre, pero volvió a revisar el caso cuando le fue devuelto (probablemente a través de una revisión judicial).


Amnistía Internacional siguió instando a las autoridades a que conmutaran todas las sentencias de muerte pendientes y a que hicieran públicas las cifras completas sobre el uso de la pena de muerte, de acuerdo con las recomendaciones internacionales.





BOSNIA-HERZEGOVINA


Millares de «desaparecidos» tras la toma del «enclave de seguridad» de Srebrenica por las fuerzas serbobosnias


Las fuerzas de los serbios de Bosnia perpetraron graves abusos en julio, cuando tomaron el enclave de Srebrenica, al este de Bosnia, en el que se encontraban unos 38.000 musulmanes, muchos de ellos desplazados de los alrededores. Millares de musulmanes huyeron al territorio controlado por el gobierno bosnio de mayoría musulmana, y una delegación de Amnistía Internacional visitó Tuzla, donde se entrevistó con testigos de los abusos. El resultado de esta visita se presentó en el informe titulado Bosnia-Herzegovina: En paradero desconocido tras la caida de Srebrenica (Índice AI EUR 63/22/95/s). Según los informes, a las fuerzas serbias se les vio detener a unos 3.000 hombres, y no se sabe nada de otros 5.000. Casi todas estas personas seguían en paradero desconocido a comienzos de 1996, y sólo un reducido número resultaron estar detenidas y fueron liberadas. Había indicios de que las fuerzas serbias mataron a muchos de los detenidos y los enterraron en varios lugares de la zona donde se sospecha que hay fosas comunes.


Expulsiones en masa de musulmanes y croatas del noroeste de Bosnia


La consecuencia de las derrotas de las fuerzas serbias en Croacia y al oeste de Bosnia fueron los movimientos masivos de refugiados serbios y de desplazados. Hasta 200.000 serbocroatas huyeron a la zona de Banja Luka; algunos se trasladaron a Serbia o a Bosnia oriental, pero muchos se quedaron. Los serbios recién llegados, entre los que había muchos hombres movilizados con sus armas, aumentaron aún más la presión sobre los musulmanes y croatas que quedaban en el noroeste de Bosnia. Entre agosto y septiembre, unas 22.000 personas huyeron a Croacia. Muchas de ellas informaron de incidentes de violencia por parte de hombres uniformados cuyo objetivo era desalojarlas de donde se encontraban y hacerlas huir.


Desde mediados de septiembre, más de 7.500 personas, la mayoría musulmanas, huyeron o fueron expulsadas del noroeste de Bosnia en dirección a la zona controlada por el gobierno en Bosnia central. Los desplazados a los que entrevistó Amnistía Internacional en Zenica y Tuzla confirmaron muchos informes preocupantes de abusos perpetrados en la zona por paramilitares de Serbia y por la policía civil y militar serbobosnia. Algunas de las denuncias más graves procedían de la ciudad de Bosanska Dubica. Por ejemplo, la noche del 10 de octubre, un grupo de hombres armados y uniformados irrumpieron gritando en el dormitorio de una mujer musulmana de 43 años; uno de ellos la golpeó en el estómago con su arma. Tras mostrarle su nombre en una lista de personas que, según uno de los hombres armados, iban a ser ejecutadas, la metieron en un vehículo con otras personas, obligándola a abandonar a su familia, y la retuvieron toda la noche en un edificio industrial. La mujer denunció que esa noche mataron a golpes a tres hombres y se llevaron a dos o tres mujeres jóvenes que cuando volvieron dijeron que las habían violado.


A los expulsados los llevaban en autobuses hasta zonas de intersección con territorio controlado por el gobierno, y muchos informan que durante el viaje los amenazaron y les robaron su dinero y sus objetos de valor. Una mujer de Prijedor afirmó que un soldado subió a su autobús y le desgarró la blusa con un cuchillo y le cortó los pechos cuando ella le dijo que no tenía nada que darle.


También a los hombres les pegaban o los maltrataban durante estas expulsiones, y en muchos casos a los que estaban en edad militar los separaban de las mujeres, los niños y los demás hombres y se los llevaban.


Muchos refugiados dijeron que los habían hecho pasar por situaciones especialmente arriesgadas al hacerlos cruzar las líneas de combate. Uno contó que los habían obligado a andar más de 300 metros por un río de un metro de profundidad porque las dos márgenes estaban minadas. Unos testigos contaron que un soldado serbobosnio empujó a una mujer inválida al agua desde la orilla, y prohibió que ayudaran a una anciana que se había caído en el agua y no podía levantarse. Varios testigos entrevistados en diferentes lugares confirmaron que esta mujer se había ahogado.


Al parecer, a la mayoría de los hombres se los llevaron para realizar trabajos forzados o utilizarlos para el intercambio de prisioneros. Muchos ya se encontraban fuera de sus casas haciendo trabajos forzados cuando a sus familias las expulsaron, con la consiguiente incertidumbre sobre su paradero. La situación fue especialmente grave en las inmediaciones de la localidad de Sanski Most, que fue atacada por el ejército de Bosnia y Herzegovina (Armija Bosne i Hercegovine) y cayó a comienzos de octubre. Hubo informes de que los hombres eran acorralados por los paramilitares serbios y los integrantes de las fuerzas serbobosnias a medida que el ejército de Bosnia y Herzegovina iba estrechando el cerco en torno a la ciudad.


Los detenidos permanecían en diversos lugares de los alrededores de la ciudad, donde a muchos los torturaban o los mataban. Un hombre al que entrevistó Amnistía Internacional en Bosnia-Herzegovina afirmó que había presenciado cómo los paramilitares serbios ejecutaban sumariamente el 20 de septiembre a otros cuatro miembros de la brigada de trabajo en la que estaba integrado y a siete musulmanes que habían sido secuestrados esa noche de sus casas en Sanski Most. Según su testimonio, se reunió a los hombres en el Hotel Sanos de Sanski Most, donde afirma que había paramilitares de la Srpska Dobrovoljačka Garda (SDG), la Guardia de Voluntarios Serbios, grupo paramilitar organizado desde la República de Serbia y la zona de Croacia controlada por los serbios. Allí los esposaron por parejas, los llevaron a un pueblo situado a pocos kilómetros de Sanski Most en dirección a Prijedor y luego los fueron introduciendo de dos en dos en las ruinas de una casa, donde unos hombres ─que el testigo identificó por sus uniformes como fuerzas de la SDG─ les dispararon. A los dos últimos los obligaron a arrodillarse y los degollaron. El testigo no murió a pesar de sus graves heridas de bala, y cuando los soldados se fueron logró llegar hasta las afueras de Sanski Most, donde los miembros de su unidad de trabajos forzados lo ayudaron a escapar de las tropas regulares serbobosnias.


También hubo informes de muertes en la fábrica de Sanakeram de la ciudad. Al parecer, los paramilitares serbios mataron al menos a once detenidos. Un hombre murió a consecuencia de los disparos efectuados dentro de una habitación el 10 de octubre, y a los demás los fueron sacando uno a uno y los golpearon con palos y barras metálicas. Hubo hasta treinta que no volvieron y que están en paradero desconocido. A primera hora del 11 de octubre, sacaron a otros diez y les dispararon. Según los informes, los observadores extranjeros y los funcionarios bosnios encontraron once cadáveres en el lugar cuando la ciudad cayó. Las autoridades afirmaron que muchos más estaban en paradero desconocido, y que en la zona había otros 110 cadáveres, aunque la causa de su muerte no está tan clara.


Los soldados de la SDG y sus responsables admitieron abiertamente haber golpeado a los soldados serbobosnios acusados de desertar de las líneas de combate de la zona.


Aunque muchos de los abusos se cometieron para intentar expulsar a los no serbios de la zona, en algunos casos los motivos fueron otros. Por ejemplo, Nura Berbić y Hasnija Demirović, una musulmana y su madre, las dos de Banja Luka, fueron secuestradas el 14 de agosto por dos hombres armados, uno de ellos con uniforme militar. A pesar de los llamamientos hechos a las autoridades por sus familiares, que creen que el secuestro puede estar relacionado con el intento de confiscar el negocio familiar, no se ha facilitado información alguna sobre su paradero. El 24 de agosto, la policía llevó a una comisaría a un sacerdote católico croata, el padre Tomislav Matanović, y luego lo devolvió a su domicilio, donde lo mantuvieron recluido con sus padres hasta el 18 de septiembre, fecha en que se los llevaron a un lugar desconocido. Un informe sin confirmar indica que el responsable de su detención es un comandante local del ejército de los serbios de Bosnia.


Abusos contra serbios por parte de las fuerzas armadas bosniocroatas y croatas


Durante sus ofensivas contra las zonas controladas por los serbios de Bosnia entre julio y octubre, las fuerzas de los croatas de Bosnia (HVO), las del Ejército Croata (HV) que luchaban con ellos y, en menor medida, las del Ejército de Bosnia, pusieron fuertes restricciones a los desplazamientos del personal de las organizaciones internacionales y los periodistas extranjeros en las zonas que tomaban. Los pocos observadores que pudieron acceder a ellas informaron de que había claras muestras de abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, en septiembre se encontraron cerca del pueblo de Vrtoče los cadáveres de dos mujeres a las que al parecer habían disparado en la cabeza. A una de ellas le habían cortado la ropa, dejando expuestos los pechos, las piernas y los genitales.


Tras comenzar a aplicarse el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia-Herzegovina en noviembre, las fuerzas de los croatas de Bosnia (HVO) incendiaron sistemáticamente las casas de la zona de Mrkonjić-Grad. Estaba previsto que esta zona pasara al control de la entidad serbia que según el acuerdo se crearía en Bosnia-Herzegovina. La destrucción de las casas estaba claramente encaminada a desanimar de volver a la zona a los serbios desplazados.


Musulmanes en la zona de Velika Kladusa, anteriormente bajo el control de Fikret Abdic


Más de 20.000 musulmanes huyeron de la zona de Velika Kladuša hacia las zonas vecinas de Croacia en agosto, a medida que el ejército de Bosnia iba tomando el control del territorio previamente controlado por el líder musulmán rebelde Fikret Abdić. A muchos hombres se les obligó a volver a Bosnia-Herzegovina (véase la entrada de Croacia). Hubo informes de que muchos de los que volvían, voluntaria o involuntariamente, fueron detenidos o golpeados por soldados bosnios o por la policía.

BULGARIA


Presuntos malos tratos y disparos por parte de agentes de policía


Amnistía Internacional recibió nuevos informes de malos tratos por parte de agentes de policía. En uno de estos incidentes, que se produjo el 15 de agosto aproximadamente a las cuatro de la tarde, dos policías de aduanas del aeropuerto de Sofía no permitieron entrar al país a Rahmat Rezazadeh Malek, ciudadano iraní al que se le había concedido asilo político en Alemania. Cuando Rahmat Rezazadeh Malek explicó que la documentación con la que viajaba había sido expedida de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, uno de los agentes replicó: «Aquí la ley somos nosotros», mientras abría la funda de su pistola. Rahmat Rezazadeh Malek protestó ante un agente de rango superior, quien, según los informes, lo empujó, le retorció el brazo a la espalda y lo llevó a un despacho. A continuación le dio un puñetazo en la cara, haciéndolo caer, y le propinó patadas por todo el cuerpo. Luego lo llevaron a la sala de tránsito del aeropuerto a esperar un vuelo para regresar a Alemania al día siguiente, y le negaron tratamiento médico para las lesiones provocadas por la paliza. En el aeropuerto internacional de Frankfurt am Main fue tratado por un médico que expidió un certificado en el que hacía constar múltiples contusiones y cortes en la mano, el pecho, la cara, el muslo derecho y el estómago. En noviembre, Amnistía Internacional instó a las autoridades búlgaras a que investigaran de forma completa e imparcial los presuntos malos tratos infligidos a Rahmat Rezazadeh Malek, que dieran a conocer los resultados de la investigación y que pusieran a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos.


Hay varios informes sobre incidentes en los que al parecer la policía utilizó armas de fuego sin ajustarse a los principios reconocidos internacionalmente, que exigen la aplicación, en la medida de lo posible, de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas de fuego. En todos los incidentes las víctimas no eran sospechosas de delitos especialmente graves, estaban desarmadas y no ponían en peligro la vida de los funcionarios implicados ni de ninguna otra persona. El 1 de septiembre, aproximadamente a las doce y cuarenta de la tarde, en el barrio de Sitnyakovo de Sofía, dos agentes de policía arrestaron a Iliyan Ezekiev, de 23 años, por robar un televisor. Iliyan Ezekiev echó a correr hacia un edificio de apartamentos seguido por un agente, que disparó tres veces al aire. Ezekiev huyó por un patio donde había varios niños. Su perseguidor le disparó, hiriéndole en el tobillo.


En otro incidente, que tuvo lugar la noche entre el 4 y el 5 de noviembre en la localidad de Kuklen, en la región de Plovdiv, Ferhat Alimolla, de 21 años, se vio envuelto en una pelea en un bar. Cuando llegó la policía trató de huir, y los agentes le dispararon en la mano, «destrozándole» el pulgar.


En noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación por estos incidentes a las autoridades búlgaras y les instó a que los investigaran de forma completa e imparcial.



CHIPRE


Denuncias de malos tratos


Amnistía Internacional continuó recibiendo denuncias de malos tratos de detenidos a manos de la policía. El 25 de agosto, dos policías de la Sección de Limassol de la Policía de Seguridad y otro del Departamento de Delitos Menores, sin orden de arresto ni mandamiento judicial, irrumpieron en la casa de los suegros del ex preso de conciencia Salih Askeroĝul (véase Informe 1995) en Limassol, donde se encontraban viviendo él y su esposa, Yiota Nikolaou. Los policías dijeron a Salih Askeroĝul que estaba detenido por fotografiar ilegalmente un café propiedad de una mujer grecochipriota. Al rehusar los policías enseñarle la orden de arresto, Salih Askeroĝul se negó a ir con ellos a la comisaría sin hablar antes con su abogado. Según los informes, los policías lo esposaron, lo tiraron contra los muebles, le propinaron patadas en diversas partes del cuerpo y le golpearon la cabeza con sus revólveres. Al parecer, uno de los agentes insultó a Yiota Nikolaou y le arrancó el teléfono de las manos cuando trataba de llamar a un abogado. Salih Askeroĝul afirma que, de camino a la comisaría, uno de los policías lo amenazó de muerte. Salih Askeroĝul quedó en libertad a las veinticuatro horas y tuvo que recibir atención médica, puntos de sutura incluidos, por las lesiones ocasionadas por los malos tratos. El fiscal general ordenó una investigación administrativa para determinar las circunstancias exactas que provocaron los presuntos malos tratos, pero a finales de año aún no se conocía el resultado de esta investigación.


En octubre, el turcochipriota Erkan Eğmez al parecer fue secuestrado por unos policías chipriotas cerca de la aldea de Akıncılar (Louroutzina), en la zona de separación de las Naciones Unidas. Lo mantuvieron incomunicado una semana, durante la cual al parecer lo torturaron. Luego lo llevaron al hospital, donde lo examinó un médico de la ONU que, según los informes, observó lesiones que podían ser consecuencia de torturas. Dos semanas y media después de su arresto, Erkan Eğmez fue examinado por su propio médico, que informó que «podían observarse varias heridas cicatrizadas en diversas partes del cuerpo producidas por instrumentos punzantes y golpes fuertes». El 20 de octubre, Erkan Eğmez compareció ante los tribunales acusado de once delitos, entre ellos de agresión a la policía. Posteriormente se retiraron todos los cargos y quedó en libertad el 1 de diciembre.


Preso de conciencia


En noviembre, Giorgos Karotsakis, soldado grecochipriota, fue detenido por las autoridades turcochipriotas al norte de Chipre. No se conocen las circunstancias exactas de su detención, pero parece que está relacionada con la de Erkan Eğmez y que fue preso de conciencia, detenido únicamente por su origen étnico. Quedó en libertad el 4 de diciembre.

CROACIA


Abusos por parte de las fuerzas croatas en la Krajina


El 4 de agosto, el ejército croata lanzó una gran ofensiva contra la Krajina, la zona de mayor extensión del país, entonces controlada por las fuerzas serbias rebeldes. Como consecuencia de la ofensiva se produjo un éxodo masivo de hasta 200.000 soldados y refugiados serbocroatas hacia zonas vecinas de Bosnia-Herzegovina controladas por los serbios o hacia la propia Serbia. Sólo quedaron unos 7.000 serbios en la zona, la mayoría de ellos ancianos. Hubo informes de abusos generalizados contra los derechos humanos cometidos por los soldados durante la operación y en las semanas y los meses siguientes.


Muchas de las operaciones de las fuerzas croatas parecían encaminadas a hacer que la población huyera o a desanimarla de regresar. Por ejemplo, durante los dos primeros días de la ofensiva, el objetivo deliberado de la artillería croata fueron los civiles de zonas residenciales de la ciudad de Knin. Los proyectiles artilleros mataron al menos a 20 personas, probablemente a muchas más, entre ellas mujeres y niños.


El 9 de agosto, los civiles croatas de Sisak atacaron a un gran grupo de civiles serbocroatas que se dirigían hacia Serbia con una escolta de la policía croata. Según los informes, la policía civil y militar croata, que se encontraba presente durante la agresión, no reaccionó hasta que los observadores internacionales se lo pidieron. Decenas de personas resultaron con cortes y contusiones como consecuencia de los golpes recibidos al atacar sus vehículos. Según los informes, una mujer murió a causa de las heridas.


Las fuerzas croatas se desplazaron por las zonas rurales, al parecer en busca de soldados serbocroatas y de armas. No cabe duda de que en muchas zonas encontraron muy poca resistencia, por no decir ninguna, y los hombres uniformados se dedicaron a saquear, destruir sistemáticamente las viviendas y aterrorizar a la población que quedaba, fundamentalmente ancianos. Hubo informes de muchos incidentes en los que hombres uniformados propinaron golpes y patadas, amenazaron con cuchillos en la garganta, dispararon sus armas o lanzaron granadas para herir o aterrorizar a la población.


Como parte de este panorama de abusos, decenas de serbocroatas fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados croatas. Al parecer, la mayoría eran civiles y, muchos de ellos, ancianos. En muchas ocasiones los mataron uno a uno o por parejas, aunque también se dieron casos de grupos más grandes. Estos abusos se produjeron tanto al inicio de la operación militar como en las semanas y los meses siguientes. En noviembre, el personal de Naciones Unidas había registrado un total de 182 muertes sólo en el sector sur de la antigua Zona Protegida de la ONU. Muy pocos de los muertos llevaban uniforme, y la mayoría de aquellos cuya edad se conoce tenían sesenta años o más. Con frecuencia, los cuerpos que encontraban los observadores internacionales tenían señales reveladoras de homicidio ilegítimo, como heridas de bala en el cuello o la espalda.


Los homicidios se produjeron en diversas circunstancias. Por ejemplo, el 9 de agosto, unos agentes de la policía croata fueron vistos cerca de Benkovac interrogando a un hombre, que se veía claramente que había sido desarmado. Aproximadamente hora y media más tarde, los mismos observadores vieron el cuerpo de este hombre con múltiples heridas de bala en el cuerpo y una en la cabeza.


El 25 de agosto había fuerzas de la policía especial paramilitar croata en la aldea de Grubori, en el valle de Plavno. Personal de la ONU y periodistas extranjeros que visitaban la localidad hallaron el cuerpo de un hombre de ochenta años tendido junto a su cama en medio de un charco de sangre, con claras muestras de haber recibido un disparo a bocajarro en la cabeza. Un hombre de sesenta y cinco años apareció degollado en un campo, y en otro lugar se encontraron los cuerpos de dos hombres más jóvenes, según los informes con disparos en la cabeza. También se encontró el cadáver de una anciana de noventa años entre los escombros de su casa medio quemada. Las autoridades croatas afirmaron que uno de los muertos estaba armado y que el pueblo había presentado resistencia armada.


En otra ejecución en masa, nueve hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los sesenta y los ochenta y cinco años, murieron en la aldea de Varivode el 29 de septiembre, durante un ataque protagonizado por tres o cuatro hombres con uniforme militar, según los informes.


Tras el éxodo de los refugiados serbocroatas, muchas personas quedaron en paradero desconocido, aunque fue imposible establecer la cifra exacta. En algunos casos hubo testigos presenciales que confirmaron que habían sido detenidas por las fuerzas croatas y hechas «desaparecer» deliberadamente. Por ejemplo, a Nenad Dujković y Dragan Mirković, que a pesar de estar en edad militar no habían sido movilizados por el ejército serbocroata, los sacaron el 5 de agosto del apartamento de Knin en el que se escondían, y desde entonces no se les ha vuelto a ver. Las autoridades croatas no han facilitado información sobre su paradero.


Las fuerzas croatas detuvieron a más de novecientos hombres, la mayoría en edad militar, y a un reducido número de mujeres. Aunque algunos quedaron en libertad, sin cargos o después de una amnistía, varios centenares permanecieron bajo custodia acusados de crímenes de guerra o «espionaje». Según los informes, a algunos los golpearon o los maltrataron de alguna forma en la cárcel. Se temía que algunos no tuvieran un juicio justo, ya que en ciertos casos no se les asignó inmediatamente abogado o sus abogados no pudieron acceder de forma adecuada a ellos.


Amnistía Internacional efectuó un llamamiento a las autoridades croatas en relación con sus preocupaciones, y la presión de los organismos locales e internacionales hizo que éstas investigaran varios de los incidentes sobre los que se tenían informes y arrestaran a algunos de los presuntos autores. A finales de año se habían producido muchos menos incidentes de hostigamiento o abusos graves, pero seguía siendo motivo de gran preocupación que las autoridades no parecían haber investigado plenamente muchos de los incidentes.


Devolución forzosa de refugiados; malos tratos a refugiados


En numerosas ocasiones, las autoridades croatas llevaron a cabo la devolución forzosa de los refugiados de Bosnia-Herzegovina y algunas veces de otros países, violando así los compromisos contraídos por Croacia según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que es Estado Parte. También restringieron la entrada de musulmanes procedentes de las zonas de Bosnia-Herzegovina controladas por los serbios de Bosnia, que buscaban protección en Croacia.


Más de 20.000 musulmanes de la zona de Velika Kladuša, al noroeste de Bosnia, huyeron hacia Croacia en agosto. Su zona había estado bajo el control de Fikret Abdić, líder político musulmán que se había declarado independiente del gobierno bosnio y cuyas propias fuerzas habían cooperado con las fuerzas armadas serbobosnias y serbocroatas. Los civiles y los soldados de Velika Kladuša huyeron a los alrededores de Kuplensko, cerca de Vojnić, y las autoridades croatas, que se negaron a reconocerlos como refugiados, los presionaron inmediatamente para que volvieran. Hubo informes de que los soldados del ejército de Bosnia pudieron entrar en el campo de refugiados provisional y efectuar la devolución forzosa de algunos hombres en edad militar. Las autoridades croatas pusieron restricciones burocráticas para la prestación de ayuda humanitaria a los refugiados del campo, al parecer para animar a éstos a volver ante las malas condiciones del campo, que se agravarían a medida que avanzara el invierno.


Hay algunos casos documentados de devoluciones forzosas desde Kuplensko llevadas a cabo por la policía paramilitar especial croata. Por ejemplo, el 6 de noviembre, la policía especial sacó a 32 hombres del campo y los golpeó antes de expulsarlos a Bosnia-Herzegovina, donde algunos de ellos fueron movilizados o detenidos inmediatamente. Amnistía Internacional efectuó numerosos llamamientos a las autoridades para impedir o detener la devolución forzosa de los refugiados a Bosnia-Herzegovina y eliminar las limitaciones para la entrada de los que escapaban de abusos en Bosnia-Herzegovina (véase la entrada de Bosnia-Herzegovina)


También se llevó a cabo la devolución forzosa de refugiados de otras zonas de Croacia. Por ejemplo, desde septiembre se devolvió inmediatamente a Bosnia a los refugiados recién llegados de las zonas de Bosnia-Herzegovina controladas por los serbios de bosnia.


Uso de la fuerza o amenazas de soldados durante los desalojos de viviendas del ejército


En el periodo transcurrido entre julio y diciembre, hubo informes del uso de la fuerza por parte de los soldados durante desalojos de apartamentos anteriormente propiedad del Ejército Nacional Yugoslavo en Zagreb y Split. Amnistía Internacional expresó su preocupación por los informes de malos tratos o amenazas por parte de soldados y la pasividad de la policía civil y militar ante estos hechos. Por ejemplo, el 21 de julio, un grupo de unos seis soldados del ejército croata irrumpió en un apartamento en Zagreb, donde maltrataron y trataron de violar a una mujer y al parecer violaron a otra. En otro caso, esta vez en Split, el 25 de agosto una pareja de etnia serbia fue desalojada por unos soldados. El 25 de octubre, uno de los autores del desalojo agarró al padre de uno de los miembros de la pareja por el cuello y le propinó varias patadas.


DINAMARCA


Novedades en torno a las preocupaciones de Amnistía Internacional


Se han producido importantes novedades en torno a las cuestiones y los casos que aparecen en el informe de Amnistía Internacional de junio de 1994 titulado Denmark: Police Ill-Treatment (Índice AI: EUR 18/01/94).


En junio, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que creaba un nuevo sistema para la tramitación de denuncias sobre conducta impropia de la policía. La ley, que entró en vigor el 1 de enero de 1996, hace responsables a los fiscales regionales del Estado de gestionar las denuncias contra la policía. Las Juntas Regionales de Denuncias contra la Policía, compuestas por un abogado y dos ciudadanos sin conocimientos legales, serán informadas de las denuncias y recibirán el material y los resultados de la investigación. Estas juntas pueden efectuar recomendaciones acerca de la decisión que debe tomarse sobre la demanda y apelar ante el fiscal general contra las decisiones de los fiscales.


En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU examinó el segundo informe periódico de Dinamarca sobre las medidas tomadas por el gobierno para cumplir las obligaciones contraídas según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité recomendó que Dinamarca diera prioridad al estudio de la incorporación de la Convención a la legislación nacional, tomara medidas enérgicas para poner fin a los malos tratos, se asegurara de que las denuncias de malos tratos se investigan de forma rápida y adecuada y juzgara a los presuntos autores de malos tratos.


Continuó la controversia sobre las diligencias e investigaciones relacionadas con la violenta manifestación que tuvo lugar en Nørrebro los días 18 y 19 de mayo de 1993, durante la que resultaron heridos varios agentes de policía y al menos 11 personas ─según informes, la mayoría simples espectadores─ en circunstancias polémicas, como consecuencia de disparos realizados por policías no uniformados equipados con material antidisturbios (véanse Índices AI: EUR 01/02/94/s y EUR 01/02/95/s). En noviembre, el defensor del pueblo (ombudsman) del Parlamento publicó tres informes críticos sobre sus investigaciones acerca de las consecuencias de la manifestación. Las conclusiones del primer informe eran que el ministro de Justicia debería haber gestionado las denuncias sobre las investigaciones y los informes de las investigaciones de la manifestación. En el segundo informe figuraban las conclusiones preliminares del defensor del pueblo sobre las investigaciones llevadas a cabo por el anterior fiscal general, Asbjørn Jensen, y los informes de estas investigaciones. En él se criticaba que las investigaciones no hubieran sido independientes ni exhaustivas y que el criterio de algunos de los juicios emitidos por Asbjørn Jensen en sus dos informes no era claro ni coherente. En respuesta, el ministro de Justicia anunció su intención de iniciar otra investigación sobre los sucesos del 18 y el 19 de mayo, que con toda probabilidad realizarían tres expertos legales independientes. La publicación del informe final del defensor del pueblo sobre este tema, que tendrá en cuenta los comentarios del Ministerio de Justicia y de Asbjørn Jensen sobre las conclusiones preliminares del defensor del pueblo, está prevista para enero de 1996. El tercer informe del defensor del pueblo se refiere a una denuncia del Sindicato Danés de la Policía (Dansk Politiforbund) sobre los cargos penales presentados contra tres miembros de la policía de Copenhague cuyos disparos durante la manifestación hirieron a seis personas. En este informe, el defensor del pueblo critica las muchas funciones que desarrolla la oficina del fiscal general y el hecho de que las investigaciones se hayan centrado en la conducta de sólo algunos policías, no todos los pertinentes, incluidos los jefes. El ministro de Justicia ordenó más adelante que se retiraran los cargos contra estos tres agentes.


También se publicó en noviembre el informe sobre las conclusiones del fiscal regional del Estado de Copenhague, Frederiksberg y Tårnby acerca de las investigaciones a puerta cerrada de las denuncias de malos tratos de 11 personas detenidas durante la operación policial que se desarrolló en Christiania a lo largo de 15 meses (véase Índice AI: EUR 01/01/94/s). Amnistía Internacional citó ocho de estos casos como ejemplos de informes de malos tratos de la policía durante esta operación policial intensiva. El fiscal encontró motivos para criticar la conducta policial en siete de los 11 casos investigados. El informe afirmaba que en todos los casos los detenidos habían sido esposados y que la mayoría se había quejado de que las esposas estaban demasiado apretadas. Siete de ellos habían sido inmovilizados por la policía con alguna forma de doble cerrojo, en algunos casos la de «doble cerrojo fijo», descrita como trato cruel, inhumano y degradante en el informe de junio de 1994 de Amnistía Internacional. El fiscal halló que en el momento en que se produjeron los incidentes investigados el uso del doble cerrojo fijo no estaba regulado, y los agentes que lo utilizaron no conocían los riesgos médicos que implicaba. Limitando sus juicios a si el uso de esta técnica de inmovilización se ajustó en cada caso al requisito legal de que los arrestos se realicen de la forma más cortés que permitan las circunstancias, halló motivos para criticar su uso en tres casos. Además, en un caso criticó el uso de doble cerrojo manual y esposas, y en otros tres observó que a los arrestados no se les aflojaron las esposas. Sin embargo, el fiscal no estimó que los presuntos malos tratos de la policía constituyeran una constante de actuación, y afirmó que la reacción de los agentes debía ser interpretada teniendo en cuenta que en algunos de los casos investigados el ambiente era muy tenso, y a veces muy contrario a la policía y que, especialmente porque en muchos casos los policías implicados eran jóvenes, no podía esperarse que reaccionaran con la misma sangre fría y distancia que en las actuaciones normales. En respuesta al informe del fiscal, la directora de la policía de Copenhague afirmó que pediría disculpas a las siete personas cuyo tratamiento había criticado el fiscal; aclararía la normativa sobre el uso de esposas; estudiaría la posibilidad de emplear esposas que causen menos molestias a los detenidos y recordaría a la policía de Copenhague que sus enfrentamientos con el público deben desarrollarse a cabo de la forma más «fría y cortés» posible.


Por último, el Tribunal Superior vio en noviembre la demanda civil interpuesta en nombre de Benjamin Schou, un hombre que se encuentra en estado vegetativo tras sufrir graves daños cerebrales como consecuencia del ataque cardiaco que sufrió mientras se encontraba bajo custodia policial, el 1 de enero de 1992. El tribunal no encontró motivos para criticar el uso de la fuerza por parte de la policía ni la forma en que ésta llevó o arrastró a Benjamin Schou desde el lugar de su detención y lo inmovilizó en el suelo tras un autobús policial. No obstante, estimó que las lesiones de Benjamin Schou podrían haberse evitado o reducido si los agentes que lo arrestaron hubieran prestado atención a su estado y llamado a una ambulancia. El tribunal condenó a la policía de Copenhague a pagar una importante indemnización.

ESPAÑA


Objeción de conciencia al servicio militar


Manuel Blázquez Solís y José Antonio Escalada, objetores de conciencia al servicio militar de la región de Barcelona, fueron arrestados el 4 y el 27 de diciembre respectivamente por orden de un tribunal militar que en junio de 1994 los había condenado a diecisiete meses de cárcel por desertar de las fuerzas armadas. Ambos habían sido acusados de deserción tras abandonar la Armada, donde servían como reclutas, al estallar el conflicto del Golfo en enero de 1991. Ambos estaban destinados en el puerto de Cartagena, y abandonaron sus puestos tras saber que sus embarcaciones relevarían a los navíos españoles que ya se encontraban en la zona del Golfo. Declararon que la participación en el conflicto del Golfo era incompatible con sus convicciones profundas y solicitaron la consideración de objetores de conciencia por motivos éticos y filosóficos. Sin embargo, la ley permite ejercer el derecho a la objeción de conciencia sólo «hasta el momento en que se produzca la incorporación a filas». En el momento de su arresto en diciembre, Manuel Blázquez y José Antonio Escalada seguían esperando el resultado de las apelaciones ante el Tribunal Constitucional.


Amnistía Internacional adoptó por primera vez a Manuel Blázquez y a José Antonio Escalada como presos de conciencia durante un periodo de detención preventiva de tres meses en 1991 (véase Informe 1992). En diciembre, la organización renovó los llamamientos para que quedaran en libertad, subrayando que los ciudadanos deben poder reclamar la condición de objetor de conciencia en cualquier momento, y pidiendo la introducción en la legislación de disposiciones que regulen la objeción de conciencia sobrevenida (manifestada tras la incorporación a filas).


Denuncias de torturas y malos tratos


El 7 de agosto, un vendedor de periódicos, con incapacidad total reconocida, denunció a la policía en Vitoria que una banda de jóvenes le habían robado a punta de pistola la cartera, la documentación y el reloj. Guillermo Guzmán Noval había sufrido dos ataques cardiacos, y cinco años antes había perdido un tercio de los riñones. Tras el atraco, llamó a la policía y fue a la comisaría para presentar una denuncia formal. Cuando se iba, vio a dos agentes de uniforme salir de un automóvil policial. Afirmó que se acercó a ellos para reprocharles la falta de presencia policial en las calles, pero que lo insultaron y uno de ellos lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. Guzmán Noval se golpeó en la cabeza y comenzó a sangrar. Luego le pegaron con una porra, le golpearon en los riñones y lo tiraron varias veces al suelo. Guzmán Noval declaró que esta agresión se produjo delante de la comisaría y que nadie acudió en su ayuda. Al final, unos muchachos lo ayudaron a ir al hospital. El informe médico emitido por el hospital registraba múltiples lesiones en cabeza y cuerpo y sangre en la orina. Se le dio el alta, pero más tarde tuvo que recibir tratamiento por las lesiones del cuello. Amnistía Internacional solicitó información de las autoridades sobre las medidas que se habían tomado acerca de esta denuncia.


En diciembre, la Audiencia Nacional de Madrid condenó a 135 años de cárcel a 11 personas acusadas de pertenecer al comando Bizkaia de ETA o colaborar con él. Juan Ramón Rojo y Kepa Urra, que se encontraban entre las aproximadamente cincuenta personas arrestadas entre enero y mediados de mayo de 1992, fueron condenados a veintinueve años y seis meses de cárcel cada uno. Treinta y dos de estas personas permanecieron hasta cinco días detenidas en régimen de incomunicación. Casi todos los detenidos efectuaron detalladas denuncias de torturas y malos tratos, como cubrirles la cabeza, propinarles palizas, provocarles la asfixia y someterlos a vejaciones sexuales (véase España: Tortura y malos tratos: resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional, Índice AI: EUR 41/01/93/s). Se abrió una investigación judicial.


En junio de 1992, Amnistía Internacional escribió al fiscal general interesándose por la marcha de la investigación. El tribunal reconoció en su sentencia que los acusados podían haber sido torturados, e hizo notar que existían pruebas sustanciales y detalladas para sustentar esta acusación. Por consiguiente, no se tuvieron en cuenta las declaraciones efectuadas por los acusados en comisaría.


Abolición de la pena de muerte para todos los delitos


El 28 de noviembre, España se convertía en un país totalmente abolicionista tras ser sancionada por el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado una ley que eliminaba la pena capital del Código Penal militar.


La pena de muerte estuvo vigente hasta 1932, año en que la reforma del Código Penal realizada en la Segunda República la suprimió para delitos comunes. El gobierno del general Franco la volvió a introducir en 1938 para asesinato y algunos otros delitos comunes. Las últimas ejecuciones se efectuaron en 1975, año en que se fusiló a cinco hombres condenados por el asesinato de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La nueva Constitución de 1978 la abolió para delitos cometidos en tiempo de paz, pero la mantuvo en el Código Penal militar para tiempos de guerra.


Durante muchos años, Amnistía Internacional, y en particular su Sección española, presionó a los órganos legislativos de las comunidades autónomas del país para que solicitaran la abolición de la pena capital a las Cortes, el órgano legislativo central, compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. En noviembre de 1994, el Senado aprobó por unanimidad una proposición de ley que solicitaba al gobierno la abolición de la pena de muerte. En abril de 1995, el Congreso aprobó tres proyectos de ley para su abolición, que quedaron fundidos en una propuesta de ley el 18 de septiembre. Ésta fue aprobada por el Senado y sancionada por el Rey.


Como muestra del extraordinario grado de consenso político logrado sobre el tema, en la votación final no hubo ningún voto contrario a la abolición, ni en el Congreso ni en el Senado.

FEDERACIÓN RUSA


Violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto de la República Chechena


Durante la segunda mitad de 1995, y a pesar del acuerdo de paz firmado entre el gobierno ruso y el bando checheno el 30 de julio, continuaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas contra la población civil en el marco del conflicto en la República Chechena: posibles homicidios indiscriminados de civiles, ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte mediante enmienda del Código Penal, denuncias de palizas y torturas generalizadas a los detenidos, especialmente en los «campos de filtración», y homicidios deliberados y arbitrarios de civiles (véase Armed conflict in the Chechen Republic: an update Índice AI: EUR 46/11/96).


Denuncias de malos tratos y torturas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: el caso de Artem Arutyunyan y Karen Karapetyan, de etnia armenia


Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de malos tratos bajo custodia policial en la Federación Rusa durante la segunda mitad de 1995, a menudo infligidos a miembros de minorías étnicas del Cáucaso. El informe de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos para 1994-1995 indicó que en 1994 se aplicaron medidas disciplinarias a más de 20.000 empleados del Ministerio del Interior por violar la ley mientras realizaban investigaciones e interrogatorios.


Según los informes, Artem Arutyunyan y Karen Karapetyan, ambos de etnia armenia, fueron arrestados la noche del 18 de noviembre en Moscú por agentes del Departamento de Distrito para Combatir la Delincuencia Organizada en una oficina de la calle Trifonovskaya. Artem Arutyunyan y Karen Karapetyan manifestaron que se encontraban allí para cobrar lo que les debía una socia, Natalya Zolotaya. Dijeron que al llegar a la oficina fueron arrestados y golpeados por los agentes y luego los llevaron a una comisaría de la calle Shablovskaya, donde, según su declaración, los golpearon durante aproximadamente dos horas y les dijeron que confesaran que habían secuestrado a Natalya Zolotaya y que pretendían cobrar el rescate.


Según los informes, en la comisaría a Artem Arutyunyan lo colgaron del techo por las esposas y lo golpearon en el pecho para conseguir que firmara una confesión de culpabilidad. A Karen Karapetyan también lo golpearon cuando pidió un traductor y un abogado. Al parecer, el fiscal adjunto del distrito de Ostankinsky de Moscú, Yury Meshcheryakov, no permitió que Artem Arutyunyan viera a su abogado hasta el 22 de noviembre, ni dejó que éste conociera los detalles del caso. Según parece, esta medida se justificó diciendo que Artem Arutyunyan había firmado una declaración renunciando a recibir asistencia letrada.


Según los informes, Artem Arutyunyan fue trasladado al hospital penitenciario número 20 el 21 de noviembre, donde pasó tres días. De allí lo enviaron al centro de detención número 157 y luego a otro centro de detención. El 27 de noviembre volvieron a ingresarlo en el hospital. Al parecer, Karen Karapetyan estuvo en el centro de detención número 141 todo el tiempo que pasó detenido. Su abogado pudo verlo el 26 de noviembre, e informó de que lo habían golpeado fuertemente en la cabeza. Cuando ambos hombres quedaron libres, al parecer el 29 de noviembre, Artem Arutyunyan presentaba, según los informes, rotura de riñón y de tres costillas.


Según los informes, Natalya Zolotaya se retractó de su declaración de que había sido secuestrada y se ocultó. Sin embargo, por lo que sabe Amnistía Internacional, aún no han sido retirados los cargos contra Artem Arutyunyan, aunque al parecer no se estaba interrogando a ningún testigo.


Amnistía Internacional recibió informes de que se habían iniciado investigaciones contra los agentes del Departamento de Distrito para Combatir la Delincuencia Organizada en relación a los malos tratos sufridos por Artem Arutyunyan bajo custodia policial. Karen Karapetyan decidió retirar las acusaciones. A la organización le preocupaban mucho los informes según los cuales el investigador de este caso dijo a Artem Arutyunyan el 26 de diciembre que su seguridad personal no podía garantizarse mientras estaban en marcha las investigaciones. Artem Arutyunyan temía sufrir una nueva persecución.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a que garantizasen que estas denuncias se investigarían de forma minuciosa e imparcial, que los resultados de la investigación se darían a conocer y que se pondría a los responsables a disposición judicial. La organización también instó a las autoridades a que se aseguraran de que Artem Arutyunyan y Karen Karapetyan recibirían protección durante la investigación y las posteriores acciones judiciales.


Presuntas incursiones policiales en las oficinas de la Unión Democristiana Rusa


Amnistía Internacional instó a las autoridades rusas a que investigaran los informes que indican que un grupo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abusaron de su autoridad y violaron la ley tratando de extraer confesiones bajo coacción a miembros de la Unión Democristiana Rusa (HDS) que trabajaban en el Refugio de Muchachas Cristianas, en el transcurso de registros ilegales e interrogatorios en la comisaría número 24 de Moscú. A la organización le preocupaban las denuncias de que los registros y la posterior detención de tres miembros de la HDS tenían motivos políticos ─perjudicar a un candidato en las elecciones parlamentarias─ y no se basaban en verdaderas actuaciones penales.


Hubo informes de que la noche del 31 de octubre, alrededor de las once, cuatro hombres vestidos de civil entraron en el Refugio de Muchachas Cristianas «Isla de esperanza» y comenzaron a registrar el edificio. Según los informes, afirmaron ser agentes de la Unidad de Investigación Criminal, pero no mostraron ningún documento que los identificara, y solicitaron y confiscaron la documentación a tres representantes de la HDS, Sergey Viktorovich Artyomov, Vladimir Ilich Kozharenyok y Nikolay Vladimirovich Karakozov. Los tres quedaron detenidos y fueron trasladados a la comisaría número 24 de Moscú. En el trayecto y durante los interrogatorios en la comisaría, los hombres acusaron a Alexander Ogorodnikov, presidente de la HDS y director de actividades del Refugio de Muchachas Cristianas «de estar implicado en actividades delictivas» y de convertir el refugio en «un nido de delincuentes». Los tres detenidos afirmaron que los interrogaron y que durante el interrogatorio los amenazaron para conseguir declaraciones falsas que comprometieran a Alexander Ogorodnikov. Según los informes, los hombres vestidos de civil pidieron a los detenidos que confirmaran las acusaciones de que el líder de la HDS propinaba palizas y poseía armas y narcóticos, y que la organización estaba implicada en el comercio de muchachas para la prostitución en el extranjero, cosa que ellos se negaron a hacer. Según los informes, más tarde tuvieron que pagar una multa de 10.000 rublos cada uno sin que les dieran recibo alguno, y a eso de las dos de la madrugada los dejaron en libertad.


Según los informes, aproximadamente a la una de la madrugada de esa misma noche, otros cuatro hombres vestidos de civil irrumpieron en las oficinas de la HDS y, sin mostrar ninguna orden judicial, registraron el edificio, tratando de entrar en el sistema informático y en la base de datos. También confiscaron varios folletos en los que figuraba la biografía de Alexander Ogorodnikov, y amenazaron a los representantes de la HDS durante el registro.


Aproximadamente a las nueve de la mañana del 1 de noviembre, un tercer grupo de cinco hombres vestidos de civil registraron las oficinas de la HDS sin identificarse y sin orden judicial. Pidieron la documentación de los ordenadores, los documentos de propiedad del edificio y los documentos fundacionales de la organización. Detuvieron a los tres mismos miembros de la HDS y volvieron a llevarlos a la comisaría número 24 de Moscú. Durante el interrogatorio policial (uno de los policías dijo llamarse Levin) les pidieron que hicieran declaraciones falsas comprometiendo a Alexander Ogorodnikov y los amenazaron con que, si se negaban, los encarcelarían, los golpearían con porras eléctricas o los enviarían a luchar a Chechenia. Según los informes, los policías les pidieron que confesaran que Alexander Ogorodnikov poseía armas ilegales y que les dieran información sobre el tipo de personas que visitaban las oficinas de la HDS. También según los informes, los policías pidieron a los detenidos que confesaran el asesinato de muchachas en el Refugio de Muchachas y la desaparición de niños. Según Alexander Ogorodnikov, como consecuencia de las amenazas contra sus compañeros, uno de ellos abandonó voluntariamente la organización el 1 de noviembre. Alexander Ogorodnikov afirmó que estos incidentes estaban relacionados con los intentos de su organización de presentarse a las eleciones del 17 de diciembre a la Duma.


En una carta dirigida a Amnistía Internacional el 14 de febrero de 1996, Yu. M. Andreechev, fiscal adjunto para la región de Moscú, afirmaba que las denuncias de malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a miembros de la HDS se habían investigado. La carta concluía: «En relación con los ciudadanos particulares [miembros de la HDS] no se han realizado investigaciones, y los agentes encargados de hacer cumplir la ley no han expresado amenazas ni acusaciones contra Ogorodnikov. La investigación sobre este caso se ha detenido por falta de pruebas de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hayan cometido ninguna violación.»


La pena de muerte


Hubo informes de que al menos 28 personas fueron ejecutadas judicialmente y otras 34 aguardaban su ejecución inminente en noviembre, tras ser rechazadas sus peticiones de clemencia por el presidente Boris Yeltsin. Según el Ministerio del Interior de la Federación Rusa, en 1995 se efectuaron 16 ejecuciones. Sin embargo, según fuentes no oficiales de la Comisión de Indultos, el número de ejecuciones en 1995 fue de 90. Amnistía Internacional supo que, desde marzo de 1992, fecha en que se creó la Comisión de Indultos, se habían concedido 338 peticiones de clemencia. Sin embargo, en 1995 el número descendió. Según los informes, el presidente Yeltsin concedió clemencia sólo a cinco presos durante 1995. Hubo informes de que cada año los tribunales rusos dictan más de 200 sentencias de muerte. Amnistía Internacional estimó que a finales de año había entre 500 y 600 presos condenados a muerte.

FRANCIA


Policías investigados por detención ilegal, agresión con premeditación y robo


El 11 de agosto, Sid Ahmed Amiri, de doble nacionalidad francesa y argelina, fue detenido por tres agentes de una unidad de vigilancia del transporte público (USTC) tras un control de identidad. Los agentes lo llevaron a una cantera aislada al norte de Marsella. Sid Ahmed Amiri denunció que durante el trayecto lo golpearon con una porra y que al llegar a la cantera lo obligaron a tenderse boca abajo y le propinaron patadas y golpes con porras. Al parecer, cuando un agente lo apuntó con su revólver, el detenido trató de agarrar el arma para que no le disparara. Después, intentó huir corriendo pero lo atraparon y afirma que lo obligaron a meterse en un contenedor metálico vacío. A continuación, oyó tres disparos.


Parece ser que los policías se fueron llevándose su cartera con 2.000 francos. Aproximadamente una hora más tarde lo recogieron los agentes de una patrulla de policía urbana que lo llevaron al hospital, donde permaneció varios días ingresado por fractura de nariz abierta y heridas en las piernas y los hombros. Se abrió una investigación administrativa interna y los agentes fueron suspendidos y detenidos provisionalmente. El 13 de agosto, el juez de instrucción los puso bajo examen judicial acusados de detención ilegal, agresión con premeditación y robo. Quedaron en libertad bajo fianza. Amnistía Internacional solicitó información sobre la marcha de las investigaciones [para más detalles, véase France: The alleged ill-treatment of Sid Ahmed Amiri by transport police in Marseilles (Índice AI: EUR 21/05/95).]


Muerte de un niño de ocho años por disparos efectuados por la policía fronteriza


El 20 de agosto, el niño de ocho años Todor Bogdanović viajaba en un convoy de cuatro automóviles y dos remolques junto con otros 42 romaníes que afirmaron ser refugiados de Serbia. Cuando se aproximaban a una barrera en una remota carretera de montaña que conduce a Sospel, cerca de la frontera franco-italiana, dos agentes de la Dirección Central de Control de la Inmigración y de la Lucha contra el Empleo de Clandestinos (DICCILEC), la policía de frontera, anteriormente denominada PAF, trataron de detener el convoy. Al no parar los dos primeros automóviles, uno de los agentes efectuó tres disparos, uno al primer vehículo con una bala de goma y dos al segundo a muy poca distancia con balas de metal, que atravesaron el cristal trasero y mataron al niño, que se encontraba durmiendo.


Se iniciaron investigaciones judiciales y administrativas. Sin embargo, antes de que finalizaran hubo declaraciones contradictorias por parte de algunos políticos destacados, que apoyaban sin reservas la actuación policial, y del Sindicato de Jueces, que criticaba que se hicieran declaraciones públicas mientras estaba en marcha una investigación judicial. El fiscal auxiliar de Niza manifestó sus dudas sobre la validez de la afirmación del policía de haber actuado en defensa propia. Amnistía Internacional solicitó información sobre la marcha de las investigaciones [para más detalles, véase France: Fatal shooting by police near Sospel (Alpes Maritimes) of child refugee, Todor Bogdanović (Índice AI: EUR 21/04/95)].


Presuntos malos tratos a sindicalistas tahitianos tras las pruebas nucleares


El 9 de septiembre, 16 sindicalistas fueron detenidos por miembros de la gendarmería. Unos agentes con uniforme de combate irrumpieron en la sede del sindicato A Tia I Mua poco antes de una conferencia de prensa. Las autoridades afirmaron que los arrestos estaban relacionados con los disturbios civiles del 6 de septiembre en el aeropuerto de Faaa'a, después de las protestas masivas y los actos de violencia que se produjeron en Tahití como consecuencia de las pruebas nucleares en Mururoa.


El secretario general del sindicato, Hiro Tefaarere, declaró que los agentes le habían propinado patadas y puñetazos. Según los informes, a Henri Temaititahio, de la Office des Postes et Telecommunications, lo golpearon con una porra, dejándolo inconsciente. Tras quedar en libertad ese mismo día, sufrió un colapso. Fue hospitalizado y sufre parálisis progresiva del lado izquierdo del cuerpo. A todos los detenidos los esposaron con las manos a la espalda y los hicieron subir, amontonados y mirando hacia el suelo, en un camión militar que los llevó al cuartel de la gendarmería. Según los informes, los obligaron a arrodillarse en el aparcamiento, todavía esposados con las manos a la espalda, y los mantuvieron así mirando al suelo durante unos 45 minutos.


El 20 de septiembre, Amnistía Internacional escribió al ministro francés de Defensa y al fiscal general de la Polinesia francesa instándoles a que llevaran a cabo inmediatamente una investigación sobre estos informes de trato cruel, inhumano o degradante. En noviembre, el Ministerio de Defensa respondió confirmando que se había iniciado una investigación administrativa, y el fiscal general lo hizo dando detalles de la investigación judicial.


Policías condenados por agresión, agresión sexual y homicidio involuntario


Fueron a juicio tres casos citados en el informe de Amnistía Internacional de octubre de 1994 Francia: Disparos, homicidios y presuntos malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Índice AI: EUR 21/02/94/s).


En junio, Pierre Kongo, ginecólogo de la República de África Central, ganó en el Tribunal de Apelación una querella por daños contra un agente de la policía ferroviaria. En febrero de 1994, Pierre Kongo había denunciado que, tras un control de identificación, el agente lo había empujado escaleras abajo en la Gare du Nord de París, lo había hecho caer al suelo y le había propinado puñetazos en la cara mientras estaba caído. En noviembre de 1994, el tribunal rechazó el cargo de agresión con premeditación y lesiones. Sin embargo, el Tribunal de Apelación anuló la sentencia, destacando que las vagas explicaciones dadas por los testigos del policía para explicar sus lesiones eran incompatibles con las pruebas médicas y afirmando que la causa de las heridas no ofrecía duda.


En septiembre, un agente de la DICCILEC fue condenado en Niza a veinticuatro meses de cárcel, dieciséis de ellos de prisión condicional, y al pago de una multa. Moufida Ksouri, ciudadana francesa de origen tunecino, fue agredida sexualmente en 1993 por el agente del puesto fronterizo francés en el paso Menton-Ventimiglia. Antes había sido violada al otro lado de la frontera por dos policías italianos, que fueron condenados a cinco años y ocho meses de cárcel cada uno en 1994.


En octubre, un policía fue condenado a veinticuatro meses de cárcel, dieciséis de ellos de prisión condicional, al pago de una multa y a cinco años de suspensión del permiso para portar armas de fuego. Estaba acusado de homicidio involuntario tras disparar y herir mortalmente a Rachid Ardjouni, argelino de 17 años, en Wattrelos, en 1993. El agente le disparó en la parte posterior de la cabeza cuando, según los informes, Rachid Ardjouni se encontraba boca abajo en el suelo. El tribunal sentenció que el agente no debía haber sacado el arma ni perseguido al fallecido con un arma en la mano, que no estaba en peligro y que estaba borracho. La defensa apeló la sentencia. Un delegado de Amnistía Internacional asistió al juicio.


Campaña de violencia provoca medidas antiterroristas especiales


En julio, Abdelbaki Sahroui, imán y miembro del partido argelino FIS, murió a tiros en una mezquita de París. Tras este suceso se produjeron una serie de atentados con explosivos en París y Lyon dirigidos contra objetivos civiles, en los que murieron ocho personas y 170 resultaron heridas. El Grupo Islámico Armado (GIA) argelino se hizo responsable de algunos de los atentados, que según ellos pretendían poner fin al apoyo francés al gobierno de Argelia. A finales de año, aún seguía debatiéndose un proyecto de ley para ampliar la legislación antiterrorista, cuyo objetivo es ampliar la definición de los delitos que pueden considerarse «terroristas», incrementar las facultades de la policía e imponer sentencias más fuertes por agresión a la policía y otros delitos relacionados. En septiembre comenzó la operación Vigipirate, importante operación de seguridad para combatir los atentados de grupos armados. Al finalizar el año se habían efectuado más de un millón de controles de identidad al azar y se había destinado a patrullar por las calles a millares de policías y efectivos militares. Más de 150 individuos acusados de cometer actos delictivos relacionados con grupos armados que se autodenominan islámicos se encontraban a la espera de juicio en cárceles francesas en relación con los atentados.


GEORGIA


Nuevo cargo de Defensor del Pueblo


La nueva Constitución, aprobada por el Parlamento en agosto, incluye derechos y libertades básicas e introduce la figura del defensor del pueblo (en el artículo 43) para vigilar la defensa de los derechos y libertades individuales. Amnistía Internacional escribió a las autoridades georgianas preguntando qué medidas se habían tomado o se preveía tomar para el desarrollo de la legislación necesaria para definir esta nueva figura. La organización también expresó la esperanza de que tal legislación proporcionaría al cargo suficientes garantías de independencia, imparcialidad y autoridad para permitirle desempeñar un papel constructivo en la salvaguardia de los derechos humanos.


La pena de muerte


La nueva constitución conservó la pena de muerte como «medida de castigo excepcional» para «delitos especialmente graves contra la vida». Según fuentes no oficiales, al menos 18 personas fueron condenadas a muerte entre enero y octubre, en su mayoría por asesinato con premeditación y actividad en banda criminal, y se ejecutó al menos a ocho. Se conmutó al menos una sentencia de muerte. Al parecer, en noviembre había 28 personas en espera de ejecución.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a que conmutaran todas las sentencias de muerte pendientes, y también pidió información detallada sobre la aplicación de la pena capital durante el año.


Denuncias de malos tratos a detenidos


Continuaron surgiendo denuncias de malos tratos a detenidos durante el periodo sometido a revisión. Zaza Tsiklauri, por ejemplo, que fue torturado cuando estaba en prisión preventiva en 1992 (véase Índice AI: EUR 56/04/95/s) denunció que lo golpearon y lo amenazaron con violarlo al llegar a la colonia penitenciaria de trabajos forzados de Rustavi. En marzo había sido condenado a cinco años de cárcel.


Sentencia de muerte en Abjasia


En diciembre hubo informes de que un ciudadano georgiano llamado Ruzgen Gogokhiya había sido condenado a muerte en la disputada región de Abjasia.


Según los informes de prensa, el teniente coronel Ruzgen Gogokhiya (nacido en 1953 en el distrito de Salindzhitsky de Georgia) fue detenido en Abjasia en mayo de 1994 en relación con presuntos actos terroristas y de sabotaje cometidos en el distrito de Gali. Se le acusó de «violar la igualdad nacional y racial» (artículo 75 del Código Penal de la República de Abjasia) y de «violencia contra la población civil en una región de operaciones militares» (artículo 285), y fue condenado a muerte por un tribunal militar.


Amnistía Internacional instó a las autoridades abjasias de hecho a que conmutaran la sentencia de muerte impuesta a Ruzgen Gogokhiya y a cualquier otra persona en espera de ejecución. La organización también pidió garantías de que a todos los condenados a muerte se les permite ejercer el derecho a apelar a un tribunal superior y a solicitar el indulto o la conmutación de la sentencia, de acuerdo con las normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas. Amnistía Internacional pidió también detalles sobre el número de delitos actualmente punibles con la muerte en Abjasia, así como información estadística sobre la aplicación en la pena capital en la región en los últimos años.

GRECIA


Juicios sobre libertad de expresión


El 14 de septiembre, en Salónica, el juicio del archimandrita Nicodimos Tsarknias se pospuso hasta enero de 1996. Nicodimos Tsarknias estaba acusado de vestir hábito a pesar de haber sido excomulgado por el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa griega. El archimandrita Tsarknias, expulsado de la Iglesia Ortodoxa griega en abril de 1992, fue obligado a dejar los hábitos en febrero de 1993 por afirmar pertenecer a la minoría macedonia de Grecia, pero se incorporó al monasterio de San Jorge el Gran Mártir de la localidad de Kučkovo, en la ex república yugoslava de Macedonia, y desde entonces viste el hábito de la orden. El 22 de noviembre estaba previsto que se le juzgara en Salónica por otras dos acusaciones de hacerse pasar por sacerdote. El juicio fue pospuesto hasta mayo de 1996. Anteriormente se le han impuesto por el mismo delito sentencias que van de tres a cinco años de cárcel. Se ha «librado» de cuatro de ellas pagando una suma de dinero, y ha apelado contra otras ocho. Nicodimos Tsarknias afirma que lo hostigan por apoyar pacíficamente el reconocimiento de la minoría macedonia en Grecia.


El 27 de septiembre, en la vista de su apelación en Florina, se retiraron los cargos contra Christos Sideropoulos por el discurso pronunciado en una reunión de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa celebrada en Copenhague en 1990, al haber prescrito éstos.


Objeción de conciencia


Siguieron sin desarrollarse disposiciones para la creación de un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio, y en diciembre había unos 350 objetores de conciencia al servicio militar, todos ellos testigos de Jehová, cumpliendo condenas de hasta cuatro años y ocho meses de prisión por negarse a cumplir el servicio militar alegando motivos religiosos.


Nikos Karanikas, objetor de conciencia por motivos políticos y filosóficos, fue puesto en libertad tras la vista de su apelación ante el Tribunal Militar de Salónica el 19 de diciembre. Karanikas llevaba en prisión desde el 25 de agosto de 1995 por negarse a realizar el servicio militar obligatorio, y había sido condenado a cuatro años de cárcel el 5 de octubre. En la apelación, la condena se redujo a un año de cárcel con una suspensión de tres. A la vista asistió un delegado de Amnistía Internacional.


Nuevas denuncias de malos tratos


En septiembre, las autoridades griegas informaron a Amnistía Internacional de que se había ordenado una investigación sobre las denuncias de malos tratos a Nikos Gogos en el campamento militar de Nafplio, pero en diciembre aún no se conocía el resultado de la investigación (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s). Athanasios Zayiakis denunció que el 21 de octubre fue golpeado por agentes de policía de la Brigada Antidroga de Salónica tras ser detenido por encontrarse en posesión de una pequeña cantidad de heroína. Unas fotografías suyas publicadas por el periódico Eleftherotypia mostraban graves contusiones en el rostro, la espalda y las piernas. Al parecer, los abogados dijeron que era habitual maltratar a los consumidores de droga, pero que se presentaban pocas denuncias porque la policía amenazaba a los detenidos con presentar más cargos contra ellos si revelaban el trato recibido. Se ordenó una investigación sobre los malos tratos infligidos a Athanasios Zayiakis, pero a finales de año aún no se conocía el resultado.


En noviembre, Amnistía Internacional escribió a las autoridades griegas expresando su preocupación por varios casos de presuntos malos tratos de ciudadanos griegos y extranjeros durante los diez primeros meses de 1995. A finales de año no se había recibido respuesta. Mientras tanto, la organización continuó recibiendo nuevas denuncias de malos tratos de detenidos por parte de la policía.


El 14 de noviembre, un grupo de personas que habían organizado una marcha pacífica en protesta por el encarcelamiento de un anarquista en Salónica fue rodeado por agentes de la policía antidisturbios (unidades MAT) que los dispersaron golpeándolos con porras. Cuatro manifestantes, Paris Sophos, Ilias Hatziiliadis, Giannis Anagnostou y una colegiala de 17 años, Sophia Kyritsi, fueron arrestados. En el juicio, que terminó a las tres de la mañana del domingo 19 de noviembre, afirmaron que habían sido maltratados durante su arresto y su traslado a las dependencias de la policía de seguridad en Salónica. Paris Sophos presentaba una pequeña herida en la cabeza que requirió puntos de sutura y múltiples contusiones causadas según el informe médico por «un objeto contundente diseñado para aplastar». Ilias Hatziiliadis presentaba heridas similares. Según los neurólogos que examinaron a Sophia Kyritsi, ésta mostraba síntomas de lesiones internas en la cabeza, como náuseas, mareos, dolor de cabeza, amnesia traumática con periodos intermitentes de amnesia, diplopia (vista doble) y pérdida de fuerza muscular en las extremidades superiores.


El 17 de noviembre se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y policías de las unidades MAT ante la Universidad Politécnica de Atenas. La grabación en vídeo de parte de los sucesos muestra claramente cómo un grupo de policías atrapa a un joven y comienza a golpearlo con porras y a propinarle patadas antes de desaparecer del objetivo de la cámara. Posteriormente se ve cómo un policía se lo lleva con el brazo alrededor del cuello y lo golpea al menos siete veces en la cabeza con una máscara de gas. Un agente lo toma por el pelo y le propina varios puñetazos en la cabeza, otro lo sujeta por la espalda mientras le agarra los genitales. Otro agente vestido de civil lo golpea con el puño en la espalda y luego le da al menos dos patadas. También se ve cómo otros agentes le propinan puñetazos y patadas, lo golpean con porras o lo agarran por el pelo. El muchacho no ofrecía resistencia, y había gran número de agentes. Un reportaje sobre el mismo incidente publicado en Ta Nea el 18 de noviembre añade que al muchacho lo dejaron tirado en el suelo sangrando y otro agente se le acercó y lo golpeó en la cabeza con la porra. El 21 de noviembre, Ta Nea informó de que se había abierto una investigación sobre este incidente y se había suspendido a un policía de las MAT. A finales de año no se sabía si se había ordenado una investigación sobre la participación de al menos otros ocho agentes que aparecían en el vídeo golpeando al joven.



HUNGRÍA


Presuntos malos tratos por parte de policías


Amnistía Internacional recibió varios informes de malos tratos por parte de agentes de policía. En uno de estos incidentes, sucedido el 6 de julio en Moszkva Tér, Budapest, tres policías llevaron a Tiberiu Martocean, ciudadano rumano, a una habitación en la estación de metro, donde lo golpearon en todo el cuerpo durante 10 minutos. Cuando lo soltaron, Martocean informó del incidente en la comisaría del Segundo Distrito y luego fue al hospital, donde lo atendieron de conmoción cerebral, rotura de una costilla y contusiones en la pierna derecha.


El 15 de julio, en Marcali, al parecer tres policías golpearon a Fehér Gábor, de 18 años, tras un accidente de tráfico en el que se vio implicado un agente fuera de servicio. Cuando lo dejaron salir de la comisaría, Fehér Gábor tuvo que ser atendido en el hospital por conmoción cerebral y contusiones en las manos, los pies y el pecho, consecuencia de la paliza. Fehér Gábor presentó más tarde una denuncia ante el fiscal local, pero él también fue investigado por agredir a los policías, que afirmaron que se había producido las heridas al caerse accidentalmente tras intentar inmovilizarlo.


El 11 de septiembre, aproximadamente a la 1 de la madrugada, en Dózsa György ut., Budapest, dos policías detuvieron el automóvil en el que viajaban Marius Carniciu, ciudadano rumano, y Gianfranco Polidori, ciudadano italiano. Parece ser que cuando Marius Carniciu se negó a pagar una multa por no utilizar el cinturón de seguridad y recuperó su pasaporte los policías comenzaron a propinarle puñetazos y patadas. Después, un agente lo esposó con las manos a la espalda y continuó golpeándolo, mientras, según los informes, gritaba: «¡Asqueroso rumano hijo de zorra! ¡Los rumanos son unos salvajes!». Al parecer, el otro policía abofeteó a Gianfranco Polidori y le dio un puñetazo en el pecho. En la comisaría, a Marius Carniciu volvieron a abofetearlo y a propinarle patadas, tras obligarlo a hacer dos pruebas de alcoholemia, ambas con resultado negativo. Los dos hombres quedaron en libertad sin cargos al día siguiente. Marius Carniciu fue examinado posteriormente por un perito médico, que luego se negó a darle una copia del certificado médico. Dos días después, lo examinaron en el Instituto Médico Forense de Bucarest, donde le dieron un certificado que registraba lesiones y contusiones múltiples por todo el cuerpo.


En octubre y noviembre, Amnistía Internacional expresó a las autoridades húngaras su preocupación por estos incidentes, instando a que fueran investigados de forma minuciosa e imparcial, a que se dieran a conocer públicamente los resultados y a que se pusiera a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos.



ITALIA


Presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de prisiones


Amnistía Internacional continuó recibiendo informes de malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, algunos de ellos referidos a inmigrantes no europeos. También hubo quejas de que las investigaciones sobre denuncias de malos tratos solían ser muy lentas.


El 6 de junio de 1995, Salvatore Rossello fue en persona a la Fiscalía de Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia) a presentar por escrito una denuncia formal de malos tratos por parte de unos carabineros. No recibió noticia alguna de que se hubiera abierto una investigación judicial sobre su denuncia hasta que volvió a la Fiscalía el 13 de octubre, acompañado por su abogado, y se lo confirmaron verbalmente.


En su denuncia, Salvatore Rossello, estudiante de enfermería, afirma que el 25 de mayo de 1995 iba conduciendo hacia su domicilio desde el Hospital Cutroni Zodda cuando fue adelantado por otro vehículo a gran velocidad, que le obligó a frenar en seco para evitar un accidente. Rossello dice que mostró su indignación haciendo gestos con las manos y continuó el viaje. Aproximadamente medio kilómetro más adelante, le bloqueó el paso otro automóvil haciendo sonar la sirena, en el que viajaban tres personas vestidas de civil. Según su declaración, los ocupantes del vehículo comenzaron a insultarlo y vio claramente que eran carabineros guardaespaldas de un juez local, y que había sido el automóvil del juez el que lo había adelantado antes. Cuando los agentes le ordenaron que se presentara inmediatamente en el cuartel local de los carabineros, Rossello les explicó que no sabía dónde quedaba, pero que estaba dispuesto a seguirles hasta allí en su automóvil. Sin embargo, volvieron a insultarlo y le advirtieron que, si trataba de escapar, le dispararían.


Al llegar al cuartel, le pidieron inmediatamente que les diera su documentación y, según Rossello, mientras la comprobaban, uno de los agentes siguió insultándolo y de repente lo golpeó con tanta fuerza en el oído izquierdo que perdió el equilibrio y cayó en un sillón cercano. Temiendo más violencia, se quedó encogido, protegiéndose la cara con los brazos, mientras los agentes lo insultaban y lo provocaban sin parar. En su declaración, Rossello afirma que no les respondió hasta que lo amenazaron con hacerle perder el trabajo, ordenándole que reconociera que era traficante de drogas y que tenía antecedentes penales. Cuando Rossello replicó que como católico había ciertas cosas que no hacía, el agente que lo había golpeado en el oído le propinó varios golpes en la espalda y continuó insultándolo.


Según su denuncia, al final el agente le ordenó que se levantara y se fuera, amenazándole con más violencia si no obedecía. Le devolvieron los documentos y lo dejaron en libertad sin cargos. Manteniendo el equilibrio con dificultad, condujo hasta el departamento de urgencias del Hospital Cutroni Zodda, donde quedó ingresado. El certificado médico, expedido al darle el alta nueve días más tarde, el 2 de junio, y que se adjunta a su denuncia formal, indica perforación del tímpano izquierdo y contusiones en el lado izquierdo de la mandíbula y en el hombro izquierdo.


En una denuncia presentada en la Fiscalía de Voghera (al norte de Italia), Ben Moghrem Abdelwahab, tunecino con permiso de residencia en regla, afirmó que el 22 de septiembre le dieron el alto dos carabineros uniformados mientras se dirigía a su trabajo en un taller mecánico. Uno de los agentes le pidió su tarjeta de identidad y su permiso de residencia, después de pedirle que abriera la boca, al parecer sospechando que trataba de esconder droga. Ben Moghrem afirma que no ofreció resistencia, pero que le arrebataron la cartera con la documentación y lo obligaron a subir al vehículo policial mientras lo abofeteaban y proferían insultos contra su raza y su familia. Este traro se prolongó durante su traslado al cuartel de los carabineros y después de llegar allí.


En su denuncia, Ben Moghrem afirma que durante todo el tiempo que duró su detención estuvo esposado con las manos a la espalda y que varios individuos, entre ellos otros carabineros uniformados, presenciaron los malos tratos, y al menos uno participó en ellos. Afirma que hubo un momento en que lo empujaron con tanta fuerza que se cayó al suelo, y allí le dieron patadas en la cabeza, la espalda y el costado izquierdo. Al final, un carabinero lo ayudó a ponerse de pie y, atenazándolo por la garganta, le gritó que hiciera lo que le decían. Ben Moghrem afirma que, cuando se negó a firmar una declaración por no conocer su contenido, un agente lo amenazó con romper su permiso de residencia y sintió que el apuntaban con una pistola en la cabeza. Entonces firmó, pero cuando añadió las palabras «con reservas», volvieron a insultarlo y uno de los agentes le lanzó una grapadora metálica, alcanzándolo. Un agente comenzó a abofetearlo con tal fuerza que rompió su propio reloj y ordenó a Ben Moghrem que volviera a presentarse en el cuartel con 10.000 liras para pagar la reparación. Tras tenerlo detenido aproximadamente una hora, le devolvieron los documentos y lo dejaron irse. Ben Moghrem telefoneó a un amigo que lo llevó en automóvil al hospital de Voghera, donde estuvo ingresado ocho días en la unidad de traumatología recibiendo tratamiento por sus heridas. Según los informes, los carabineros admitieron haberlo golpeado, pero afirmaron que habían actuado en defensa propia.


En noviembre, la Fiscalía adjunta a la Pretura de distrito de Nápoles (tribunal responsable de investigar y juzgar los delitos castigados con penas de hasta cuatro años de cárcel y algunos otros) informó a Amnistía Internacional que, como resultado de una investigación judicial iniciada a comienzos de 1993 sobre los presuntos malos tratos de unos 300 internos de la cárcel de Secondigliano (Nápoles), se había citado a juicio a 65 funcionarios de prisiones acusados de golpear e insultar a los presos, y que la primera vista se iniciaría el 21 de febrero de 1996. El fiscal adjunto al tribunal de Nápoles explicó que, debido al gran atraso de casos del tribunal, aún no se había fijado fecha para la vista de seis funcionarios (el inspector jefe de los funcionarios de la cárcel de Secondigliano, un superintendente jefe, tres superintendentes y un ayudante) que, en febrero de 1994, habían comparecido ante los tribunales por delitos castigados con penas mayores, como falsificar expedientes e instigar a los funcionarios a delinquir.


En noviembre, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, creado por el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes para examinar el trato que reciben las personas privadas de libertad, anunció que había efectuado su segunda visita periódica a Italia en octubre. El Comité realizó el seguimiento de las críticas y las recomendaciones realizadas tras su primera visita a Italia en 1992 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s) y visitó varios lugares de detención no incluidos en esta primera visita.


KAZAJSTÁN


Encarcelamiento del líder cosaco Nikolai Gunkin


En noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las denuncias efectuadas en relación con el caso de Nikolai Gunkin, líder de una organización cosaca al sureste de Kazajstán.


Según la información recibida por Amnistía Internacional, Nikolai Gunkin había sido arrestado en Alma Ata, capital de Kazajstán, a finales de octubre, cuando se presentó para registrarse como candidato a las elecciones parlamentarias. Lo acusaron de «organizar un mítin no autorizado». Según los informes, esta acusación se refería a lo que sus partidarios describieron como una procesión religiosa que se había celebrado en enero. Tres semanas después de su arresto, fue condenado a tres meses de cárcel por un tribunal de Alma Ata.


A Amnistía Internacional le preocupaban las denuncias de que el arresto y procesamiento de Nikolai Gunkin habían tenido motivacions políticas. Sus partidarios afirmaban que se le había detenido en ese momento para impedirle presentarse como candidato en las próximas elecciones, y que la policía había dejado pasar ocasiones anteriores de arrestarlo. Según los informes, Nikolai Gunkin admitió haber participado en la procesión religiosa de enero, pero no los cargos penales que se le imputaban.


A Amnistía Internacional también le preocupaban las denuncias sobre los malos tratos sufridos por Nikolai Gunkin durante su arresto y mientras estaba en prisión preventiva. En concreto, se dijo que los policías lo habían golpeado al arrestarlo, que más tarde ese mismo día, tres hombres, uno de ellos con uniforme de policía, habían intentado colgarlo en su celda de la comisaría, y que unos días después, en una cárcel de presos preventivos, los funcionarios le habían arrojado agua fría para tratar de obligarle a poner fin a una huelga de hambre.


Además, las denuncias referidas al abogado de Nikolai Gunkin ponían en duda la imparcialidad de su juicio, y hacían temer por la seguridad del abogado y de su familia. Los simpatizantes de Nikolai Gunkin informaron de que no se le permitió reunirse con su abogado, Ivan Kravtsov, hasta dos días después de su arresto, violando con ello la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más tarde, unos individuos no identificados entraron en casa de Ivan Kravtsov y agredieron físicamente a su esposa, Iraida Kravtsova, que precisó tratamiento hospitalario. Según los informes, Ivan Kravtsov también recibió amenazas telefónicas y al parecer fue amenazado por el fiscal de Alma Ata con retirarle el permiso para ejercer la abogacía. Al día siguiente a la agresión sufrida por su esposa, Ivan Kravtsov se retiró del caso.


Amnistía Internacional solicitó más información sobre el fundamento de la acusación formulada contra Nikolai Gunkin, y pidió ser informada de si se investigaban las presuntas agresiones a Nikolai Gunkin e Iraida Kravtsova.


La pena de muerte


Amnistía Internacional tuvo conocimiento de otras 17 condenas a muerte, la mayoría aprobadas durante la primera mitad del año, y de dos ejecuciones. Es probable que realmente la cifra haya sido superior. Las cifras correspondientes a los primeros diez meses del año facilitadas por una organización de derechos humanos local indicaban que, de 40 peticiones de clemencia presentadas al presidente, sólo una fue concedida.


En julio, Amnistía Internacional escribió a las autoridades de Kazajstán protestando contra la reciente emisión de una ejecución por la televisión estatal. La grabación volvió a emitirse en septiembre.




KIRGUISTÁN


La pena de muerte (actualización de la información aparecida en Índice de AI EUR 01/02/95/s)


En agosto, Amnistía Internacional recibió de la oficina del presidente de Kirguistán la notificación oficial de que Vasily Skvortsov había sido ejecutado en junio. Se cree que también han sido ejecutados otros 29 presos cuyas peticiones de clemencia fueron rechazadas por el presidente en mayo, al mismo tiempo que la de Vasily Skvortsov.


LUXEMBURGO


Aislamiento prolongado de presos


En septiembre, Amnistía Internacional preguntó a las autoridades luxemburguesas qué medidas habían tomado las autoridades penitenciarias para mitigar los efectos físicos y psicológicos del aislamiento prolongado de los presos recluidos en régimen de aislamiento durante el año. Según la información dada por el Ministerio de Justicia al Parlamento en julio, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de julio fueron recluidos en régimen de aislamiento 22 presos, algunos durante semanas y otros durante varios meses. Tres presos, uno de ellos Carlo Fett, que escapó de la cárcel de Schrassig en mayo e hirió de gravedad a un policía durante su captura, fueron recluidos en régimen de aislamiento durante seis meses.


A Amnistía Internacional le preocupa que un aislamiento prolongado pueda tener graves efectos para la salud física y mental de los presos y constituya una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura consideró «inaceptable» la reclusión en régimen de aislamiento con fines disciplinarios en el informe elaborado tras su visita a Luxemburgo en enero de 1993.


En su carta a las autoridades luxemburguesas, Amnistía Internacional indicó que, en diciembre de 1994, el Ministerio de Justicia había informado a la organización: «El gobierno se ha comprometido a contratar en 1995 y 1996 instructores... con el objetivo de facilitar la organización de actividades estimulantes para los presos recluidos en régimen de aislamiento». Amnistía Internacional preguntó a las autoridades cuántos de estos instructores habían sido contratados en 1995, qué tipo de actividades habían organizado y con qué frecuencia habían podido los presos disfrutar de ellas. En su carta, Amnistía Internacional también rechazó las críticas que sobre su trabajo formuló el Ministerio de Justicia. En julio, el ministro informó al Parlamento: «Los métodos de Amnistía Internacional son bastante peculiares. Tan pronto como la organización recibe una denuncia formulada por un detenido o una asociación de ayuda a los detenidos, la presenta como justificada, sin verificar con las autoridades competentes si es así». Amnistía Internacional manifestó que siempre que a la organización le han preocupado las condiciones en que se encuentra retenido un preso, ha pedido información y aclaraciones al Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el caso más reciente en que esto ha sucedido (el de Satko Adrovic - véase Índice AI: EUR 01/02/94/s), el Ministerio no ha respondido a sus cartas. De hecho, el propio Ministerio ha reconocido y tratado de justificar esta falta de cooperación afirmando (en su respuesta parlamentaria): «Dado que las intervenciones [de Amnistía Internacional] se han multiplicado, se ha decidido no dar ninguna respuesta a menos que se juzgue oportuno o indispensable hacerlo».


En noviembre, el ministro de Justicia informó a Amnistía Internacional de que a un preso al que se había recluido en régimen de aislamiento durante seis meses se le había reducido la condena. Asimismo, según las autoridades, el lugar y la forma del periodo de ejercicio diario de los presos recluidos en régimen de aislamiento habían cambiado. (Según las informaciones de Amnistía Internacional, los presos ya no tienen que hacer ejercicio en una «jaula», sino que se les permite estar en el patio de la cárcel una hora al día.) Además, en octubre se celebró un examen para contratar instructores que trabajaran con los presos recluidos en régimen de aislamiento. Sin embargo, según manifestó el ministro, «no se presentó al examen ningún candidato». Por último, sobre la crítica de Amnistía Internacional respecto a que las autoridades luxemburguesas no responden a sus preguntas, el ministro de Justicia afirmó: «A las autoridades, especialmente a las de un país pequeño, les resulta materialmente imposible dar una respuesta detallada a cada una de las demandas de justificación de una organización no gubernamental».





MOLDAVIA


La pena de muerte


Moldavia se incorporó al Consejo de Europa el 13 de julio y se comprometió a abolir la pena de muerte y a introducir una moratoria para todas las ejecuciones. Asimismo, en julio el país firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.


En diciembre, el Parlamento moldavo aprobó la abolición de la pena de muerte del Código Penal.


Se dieron nuevas cifras al Consejo de Europa sobre la aplicación de la pena de muerte entre 1992 y 1994. En este periodo se dictaron seis sentencias de muerte, pero no se efectuó ninguna ejecución, según los informes por falta de instalaciones. A finales de año había al menos 21 personas condenadas a muerte, pero la última sentencia que se ejecutó en el país fue en 1990 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s).


Presuntas torturas y malos tratos a detenidos en la autoproclamada República Moldava del Dniéster


Amnistía Internacional se dirigió a las autoridades de la autoproclamada República Moldava del Dniéster (RMD) en relación al caso de Georgy Anatolyevich Isayev, que según los informes fue torturado y maltratado bajo custodia en Rybnitsa por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


El 4 de enero de 1995, Georgy Anatolyevich Isayev fue presuntamente golpeado por funcionarios de la subdivisión de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior de la RMD mientras se encontraba detenido en el Departamento del Interior del distrito de Rybnitsa y en otro lugar al que lo llevaron con los ojos vendados. Georgy Anatolyevich Isayev había sido detenido en virtud del decreto presidencial núm. 222, del 30 de septiembre de 1994, relativo a las actividades de grupos criminales organizados. Según los informes, este decreto no hace mención al derecho a acceder a un abogado defensor durante el tiempo que el acusado está detenido, lo cual viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según los informes, al día siguiente Georgy Isayev estaba inconsciente y en cuidados intensivos con graves lesiones, entre ellas siete costillas fracturadas. Le pusieron un policía de guardia y no le permitieron verlo a su esposa. Pasó siete días en cuidados intensivos y fue dado de alta al cabo de tres meses, a finales de marzo de 1995. Al parecer, mientras estaba bajo custodia le robaron una cadena de oro con una cruz y un reloj. En junio se inició una causa penal en relación con las presuntas palizas.


Amnistía Internacional instó a las autoridades a que se aseguraran de que se abría una investigación minuciosa e imparcial sobre los malos tratos infligidos a Georgy Isayev, se hacían públicos los resultados y se ponía a los responsables a disposición judicial.


En noviembre, la organización recibió la siguiente respuesta del fiscal de la RMD: «La mañana del 4 de enero de 1995, Georgy Isayev fue conducido desde su casa al Departamento del Interior del distrito de Rybnitsa, donde unos agentes de la Subdivisión de Asuntos Especiales del Ministerio del Interior de la RMD trataron de extraerle información bajo coacción y utilizando violencia física. Después estuvo detenido durante 30 días en aplicación del decreto presidencial núm. 222, del 30 de septiembre de 1994. Georgy Isayev sufrió graves lesiones que pusieron en peligro su vida, entre ellas la fractura de cuatro costillas, como consecuencia de la actuación ilegal de los agentes. Ese mismo día se le llevó a un hospital, donde estuvo custodiado por policías. La Fiscalía de la República inició una causa penal. Aún no se ha descubierto a los responsables de estos sucesos.»


Muerte bajo custodia en la autoproclamada República Moldava del Dniéster (actualización de la información aparecida en Índice de AI EUR 01/02/95/s)


Se presentaron cargos, entre ellos el de asesinato con premeditación, contra dos agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Rybnitsa por la muerte bajo custodia de Aleksandr Kalashnikov en marzo de 1995.


En noviembre, Amnistía Internacional fue informada por el fiscal de la RMD de que la investigación de la causa penal aún continuaba, y que los resultados se harían públicos más adelante.


Según la familia de Aleksandr Kalashnikov, la causa penal ya ha sido transferida al Tribunal Supremo de la RMD.


POLONIA


Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía

Amnistía Internacional recibió varios informes de malos tratos infligidos por agentes de policía. En uno de estos incidentes, sucedido el 7 de julio en Szczecin, Gregor Glowacki fue golpeado por cuatro policías en una comisaría. Según el certificado médico, Gregor Glowacki presentaba múltiples contusiones en la muñeca izquierda, en ambos brazos, en el pie derecho y en la rodilla izquierda. El Ministerio del Interior polaco informó a Amnistía Internacional en noviembre de que la investigación sobre el caso se había cerrado una vez establecido que los policías implicados habían actuado legalmente y que había sido preciso el uso de la fuerza para inmovilizar a Gregor Glowacki. Sin embargo, a Amnistía Internacional le sigue preocupando que en este caso el uso de la fuerza haya sido excesivo, y ha instado a las autoridades a que reconsideren su decisión.


La noche del 30 de septiembre, Maciej Czarnocki caminaba por una calle del centro de Varsovia cuando un policía, llamándolo desde un vehículo policial aparcado, le ordenó que se acercara. Como lo hizo de una forma muy poco educada, Maciej Czarnocki no le hizo caso y siguió andando. Entonces, dos policías salieron del vehículo, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas, produciéndole contusiones en el tórax y en las costillas, y hematomas musculares en el muslo.


Según los informes, el 25 de noviembre el ciudadano alemán Olaf Nehring sufrió graves malos tratos a manos de unos policías que lo pararon cerca de la frontera polaco-germana. Cuatro policías lo sacaron del automóvil, le propinaron golpes y patadas y lo llevaron a una comisaría en Żary. Una vez allí, otros policías volvieron a darle patadas y a maltratarlo. Según los informes, lo tiraron por las escaleras y luego lo subieron arrastrándolo por las esposas. Olaf Nehring permaneció detenido en la comisaría dos días, durante los cuales y según los informes no le dieron de comer ni de beber. Cuando se encontraba bajo custodia se enteró de que le acusaban de agredir a los policías que habían parado su automóvil. La tarde del segundo día, lo dejaron libre tras depositar una fianza de 3.000 marcos alemanes. El examen médico que le efectuaron ese mismo día reveló que tenía múltiples contusiones en el tórax, el brazo y la muñeca izquierdos, así como abrasiones en la muñeca izquierda, en el dedo índice de la mano derecha y en ambas rodillas y traumatismo abdominal.


Amnistía Internacional instó a las autoridades polacas a que investigaran minuciosa e imparcialmente los presuntos malos tratos sufridos por Olaf Nehring y Maciej Czarnocki, a que hicieran públicos los resultados y a que pusieran a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos.


La pena de muerte


En julio, el gobierno aprobó un proyecto de ley que abolía la pena de muerte e introducía la cadena perpetua. El Parlamento polaco (Sejm) adoptó en junio una moratoria de las ejecuciones. Según las informaciones de Amnistía Internacional, en 1995 fueron condenadas a muerte tres personas.


PORTUGAL


Nuevas denuncias judiciales de malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


Se recibieron quejas de malos tratos e insultos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los malos tratos más denunciados fueron patadas, puñetazos y golpes con porras, a menudo acompañados de insultos. La mayoría de los incidentes se produjeron debido a la conducta violenta, arbitraria e indisciplinada de los funcionarios frente a incidentes menores y pequeños malentendidos con los ciudadanos.


Joaquim Teixeira denunció que había sido maltratado e insultado por dos agentes de la Policía de Seguridad Pública. A primeras horas de la mañana del 19 de junio de 1995, Joaquim Teixeira se encontraba tocando la armónica con un amigo en el exterior de un club en Vila Real cuando los agentes le ordenaron que dejara de tocar y que se identificara. Texeira manifestó que los agentes lo insultaron y que se produjo una discusión. Uno de los agentes lo golpeó con una porra en el estómago y la cara. Lo arrestaron y lo llevaron esposado a la comisaría local junto con su amigo. Según Teixeira, allí un grupo de agentes lo volvieron a golpear con una porra y le propinaron patadas y puñetazos antes de llevarlo al hospital. Según los informes, a su amigo le golpearon en la cara. El certificado médico indicaba que había sido agredido, que había estado vomitando y que se le habían aplicado puntos de sutura en tres heridas en la cabeza. También registraba lesiones en la espalda, el pecho, los costados y la cara. Tras recibir tratamiento, Joaquim Teixeira compareció ante un juez, que lo acusó de agredir a los agentes y resistirse al arresto.


Duarte Teives, destacado abogado lisboeta, denunció ante la Fiscalía que el 21 de julio había sido agredido por tres agentes de la Policía de Seguridad Pública. Teives tuvo que pasar 24 horas en el hospital recuperándose de sus heridas.


El 21 de julio, Duarte Teives llevó en automóvil a su esposa a su trabajo en el Ayuntamiento de Lisboa, situado en la Praça do Município, donde ella tenía una plaza de estacionamiento autorizado. Cuando estaba estacionando el vehículo, tres agentes de la Policía de Seguridad Pública le dijeron que había restricciones de tráfico especiales. Teives les explicó que tenía un pase y su esposa fue a buscarlo a su oficina. Cuando se fue, los agentes ordenaron a Teives que moviera el vehículo, a lo que éste se negó, señalando que la orden era ilegal.


Según su declaración, lo agarraron, lo tiraron al suelo y luego lo arrojaron violentamente a la parte trasera del vehículo policial. Teives fue a parar al lado opuesto del automóvil, golpeando la puerta con tal fuerza que ésta se abrió. Un agente le dio una patada en la pierna izquierda, rompiéndole un hueso, y en los testículos. También lo insultaron. La agresión fue presenciada por varias personas, entre ellas las autoridades del ayuntamiento que esperaban una visita oficial del presidente de Brasil.


En el trayecto a la comisaría lo abofetearon varias veces. Pasó la noche en las celdas de la policía y luego fue trasladado al edificio del Gobierno Civil antes de llevarlo al hospital. El traslado al Gobierno Civil se hizo con una escolta de agentes de alta graduación para garantizar su seguridad. Antes de quedar en libertad, lo acusaron de negarse a obedecer las órdenes de la policía, no identificarse, causar daños a un vehículo oficial e insultar a la autoridad. Tras ser dado de alta en el hospital, Duarte Teives acusó a la policía de conducta ilegal y de intentar ocultar esta conducta presentando cargos falsos contra él.


No prospera la apelación contra las condenas de cinco agentes de la Guardia Nacional Republicana


El 20 de diciembre, el Tribunal Supremo Militar de Lisboa confirmó las penas de cárcel impuestas por uso innecesario de la violencia a cinco agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR), institución paramilitar portuguesa. La vista de la apelación se celebró a puerta cerrada.

Francisco Carretas y Arnaldo Brandão fueron detenidos por dos agentes de la GNR en Charneca da Caparica en febrero de 1993. En una denuncia presentada por escrito al tribunal, Francisco Carretas declaraba que a él y a su amigo les habían dado patadas y puñetazos y los habían golpeado con porras. Denunciaba además que los habían desnudado y que a él lo habían amenazado con agredirlo sexualmente. Francisco Carretas sufrió lesiones múltiples en cuello, cabeza, espalda y nalgas, y también fractura de coxis.


Tras persistentes retrasos, el Tribunal Militar declaró culpables a cinco agentes en mayo de 1995 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s). El agente de mayor graduación, un cabo, fue condenado a catorce meses de cárcel, y los otros cuatro, a un año. Otros dos agentes fueron absueltos por falta de pruebas. Uno de los declarados culpables ya tenía una condena condicional por agresión.


Según informes sin confirmar sobre la sentencia aprobada por el Tribunal Supremo Militar que vio la apelación, las penas se redujeron en un mes.

REINO UNIDO


En United Kingdom: Summary of Human Rights Concerns (Índice AI: EUR 45/06/95), publicado en agosto, Amnistía Internacional indicaba leyes, procedimientos y prácticas de aplicación de la legislación que, en opinión de la organización, no se ajustan a las normas internacionales y han provocado violaciones de derechos humanos. La organización expresó su preocupación por que el gobierno no haya investigado de forma independiente y completa graves denuncias de violaciones de derechos humanos, no haya hecho públicos los resultados de las investigaciones internas y no haya puesto a los autores de estas violaciones a disposición judicial.


Muertes bajo custodia


Al menos cuatro personas, tres de ellas de raza negra, murieron bajo custodia policial o en prisión en circunstancias violentas. Gary Allsopp, de treinta y siete años, murió en julio en Cardiff, al parecer tras ser golpeado en la cabeza con una porra por la policía. Sufrió un colapso veinte minutos después de su arresto y falleció poco después. La autopsia de la policía certificó que había muerto de un ataque cardiaco. En diciembre, Wayne Douglas, de veintiséis años, murió una hora después de su arresto; unos agentes de policía de Londres afirmaron que «tuvieron que protegerse con largas porras para desarmarlo [de una navaja]». La autopsia de la policía estableció como causa del fallecimiento problemas cardiacos.


Dennis Stevens fue encontrado muerto en octubre en una celda de aislamiento de la cárcel de Dartmoor tras permanecer muchas horas con un cinturón inmovilizador. No hubo explicación oficial sobre su muerte. Alton Manning murió en diciembre tras una refriega con unos guardias de la cárcel de gestión privada de Blakenhurst. La autopsia inicial no resultó concluyente. En noviembre, una investigación descubrió el homicidio ilegítimo del irlandés Richard O'Brien, que murió en 1994 por «asfixia postural». Unos policías londinenses lo esposaron, se arrodillaron sobre su espalda y lo arrastraron hasta una furgoneta, donde lo dejaron tirado boca abajo. El pesquisidor (coroner) criticó la formación de la policía en métodos de inmovilización.


No se presentaron cargos contra los policías implicados en la muerte de Shiji Lapite, de origen nigeriano, que murió unos veinte minutos después de ser arrestado, al parecer por asfixia (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s).

Amnistía Internacional instó a las autoridades a que llevaran a cabo investigaciones independientes sobre todas las circunstancias de las muertes bajo custodia y revisaran los diversos métodos de inmovilización que se utilizan. En agosto, la organización publicó United Kingdom: Death in Police Custody of Joy Gardner (Índice AI: EUR 01/02/95/s).


Homicidios políticos en Irlanda del Norte


Las investigaciones llevadas a cabo en Irlanda del Norte no examinaron todas las circunstancias que se dieron en varios polémicos homicidios de años anteriores. Ninguno de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en ellos testificó en persona. El gobierno expidió certificados de Inmunidad en Interés Público para impedir que se revelaran pruebas.


La investigación realizada en 1994 sobre el homicidio de John McNeill, Edward Hale y Peter Thompson en 1990 (véase Índice AI: EUR 01/01/95/s) fue recusada legalmente en abril. Un juez del Tribunal Superior anuló sus conclusiones y ordenó otra. La segunda investigación, que comenzó en septiembre, fue pospuesta cuando el abogado de las familias impugnó los procedimientos.


La investigación sobre el homicidio de Pearse Jordan en 1992 (véase Índice AI: 01/01/93/s) comenzó en enero, pero fue pospuesta dos veces al salir a la luz nuevas pruebas y ser recusadas legalmente cuatro decisiones del pesquisidor. Al miembro del IRA Pearse Jordan, que estaba desarmado, unos policías le dispararon por la espalda cuando huía del automóvil robado que conducía, al que habían embestido dos vehículos de la policía sin distintivos. Unos testigos presenciales afirmaron que los policías no avisaron antes de disparar.


La investigación sobre el homicidio de ocho hombres del IRA y un civil en 1987 por miembros del regimiento de Servicios Aéreos Especiales (SAS) del ejército británico finalizó en junio. Estos hombres cayeron en una trampa durante un atentado contra una comisaría en Loughgall. Las familias de los miembros del IRA dieron instrucciones a su abogado para que se retirara al segundo día de la vista y recusara los procedimientos por los cuales él no tenía el mismo acceso a las pruebas que los abogados de la policía y de los soldados. La revisión judicial se efectuó en septiembre.


En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que el gobierno había violado el derecho fundamental a la vida de tres miembros desarmados del IRA que murieron alcanzados por los disparos efectuados por unos soldados del SAS que se encontraban en misión secreta en Gibraltar, en 1988 (véase Índice AI: EUR 01/01/95/s).


Según los informes, miembros de los grupos armados republicanos y unionistas mataron a seis hombres en Irlanda del Norte como «castigo». Aumentó el número de palizas «de castigo». A lo largo del año, un grupo de familias llevaron a cabo una campaña para que el IRA revelara el paradero de unos diez cadáveres de presuntas víctimas de la organización en la década de los setenta.


Deportaciones por motivos de «seguridad nacional»


Dos hombres continuaban detenidos sin cargos en espera de ser deportados a la India por motivos de «seguridad nacional». Si son deportados, Raghbir Singh y Karamjit Singh Chahal pueden ser torturados o ejecutados extrajudicialmente por haber hecho campaña a favor de un Estado sij independiente en Punjab. La Comisión Europea de Derechos Humanos sentenció en junio que el Reino Unido había violado la Convención Europea de Derechos Humanos al tratar de deportar a Karamjit Singh Chahal a la India. Su caso será estudiado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Tratos crueles, inhumanos o degradantes


Las condiciones de detención de Samar Alami, palestina acusada en relación con un atentado con explosivos (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s), como presa de categoría A en la cárcel de Holloway, le provocaron un agudo deterioro físico y mental. Se la mantuvo prácticamente aislada y se le negó el acceso regular a las instalaciones para hacer ejercicio, a la libre asociación con otros presos y a la atención médica adecuada. Samar Alami fue trasladada en noviembre a la cárcel de Durham, donde las condiciones para los presos de categoría A son mejores. Sin embargo, el traslado dificultó mucho las visitas de su abogado.


Legislación de emergencia en Irlanda del Norte


En junio, el gobierno declaró que realizaría «una revisión documentada e independiente» de toda la legislación de emergencia. Sin embargo, en diciembre esta revisión aún no se había iniciado, y todas las medidas de emergencia existentes cuando se declararon los altos el fuego en Irlanda del Norte continuaban en vigor. En octubre se anunció la revisión del procedimiento de presentación de denuncias contra la policía.


Organismos de la ONU criticaron el expediente de derechos humanos del Reino Unido


El examen por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU del cuarto informe periódico del Reino Unido en julio, y el examen por parte del Comité contra la Tortura de la ONU del segundo informe periódico en noviembre provocaron declaraciones de preocupación por las disposiciones de emergencia en Irlanda del Norte, los métodos adoptados en las deportaciones forzosas, las devoluciones de los solicitantes de asilo y la investigación policial de los incidentes en los que está implicado personal de las fuerzas de seguridad.


REPÚBLICA CHECA


El caso de Martin Červeňák


En agosto, Amnistía Internacional recibió copias del informe del fiscal general de Pilsen sobre la investigación acerca de la muerte bajo custodia de Martin Červeňák (véanse Índices AI EUR 01/01/95/s y EUR 01/02/95/s).


Según este informe, Martin Červeňák, romaní de 20 años, fue arrestado el 8 de junio de 1994 en Jeníkovice, aproximadamente a las once y cuarto de la mañana. Lo llevaron a la comisaría de Horšovsky Týn, donde pasó algún tiempo en una sala de espera hasta que, alrededor de la una y treinta de la tarde, fue interrogado por tres policías sobre presuntos robos en automóviles. Según la investigación, Martin Červeňák no fue sometido a «ningún medio de fuerza ni otro tipo de presión». En el informe del fiscal se describen las circunstancias de su muerte de la siguiente forma:


«En cierto momento, estando el sargento Alexandr Horák de pie a un lado del detenido, Martin Červeňák dejó la silla donde estaba sentado y, medio agachado, trató de agarrar con ambas manos la pistola del sargento Horák. El agente reaccionó sacándola de la funda mientras Martin Červeňák lo sujetaba e intentaba agarrarla, levantó la mano fuera del alcance de Červeňák y consiguió liberar el cargador con todas las balas. Sin embargo, una quedó en la recámara. Tras montar el arma, el percutor había sido colocado en la posición frontal, de acuerdo con la orden número 16/1992 del Ministerio del Interior, así como con las instrucciones sobre registros en viviendas de romaníes, que el sargento Horák cumplió al arrestar a Červeňák. Durante este forcejeo, que según los presentes sólo duró unos segundos, el arma se disparó repentinamente, hiriendo a Martin Červeňák en la cabeza.»


La conclusión del informe de la autopsia señaló como causa de la muerte una hemorragia cerebral. Sin embargo, el informe también registró las siguientes lesiones en el cuerpo de Martin Červeňák: varios arañazos superficiales sobre ambos músculos esternocleidomastoideos del cuello y un hematoma en el lado derecho del cuello, dos arañazos en la palma de la muñeca izquierda y en el antebrazo izquierdo y tres pequeñas rozaduras en la parte superior del codo izquierdo. El informe de la autopsia determinó que las pequeñas rozaduras y el hematoma del cuello eran señales de convulsiones previas a la muerte, pero que no era posible dar una opinión inequívoca sobre su origen.


El informe balístico estableció que el mecanismo de percusión de la pistola del sargento estaba defectuoso, y que un golpe súbito podría haber provocado un disparo si el seguro no estaba en la posición de seguridad, como era el caso.


En noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación a las autoridades checas por que la investigación sobre la muerte de Martin Červeňák no hizo más que verificar la versión de los hechos presentada por los tres agentes de policía presentes durante el interrogatorio y su superior, al que se convocó al lugar de los hechos tras el incidente. En el informe del fiscal no se menciona a ningún otro testigo. No hay informes de que la investigación estableciera la identidad de otras personas ni las interrogara, incluidos los detenidos que se encontraban en la sala de espera junto con Martin Červeňák antes de su interrogatorio, así como en el pasillo y las habitaciones adyacentes en el momento del disparo. Tampoco parece que se haya interrogado sobre las circunstancias de la detención a ninguno de los presentes en el momento del arresto de Martin Červeňák en Jeníkovice. Asimismo, no existe registro alguno de que antes del interrogatorio se haya informado a Martin Červeňák de sus derechos como detenido, incluido el derecho a recibir asesoramiento legal.


Además, la investigación se centró únicamente en los acontecimientos inmediatamente anteriores al disparo, aunque hubo denuncias de que había sido maltratado durante el interrogatorio.


La investigación tampoco aclaró por qué una pistola cuyo mecanismo de percusión estaba defectuoso al parecer seguía utilizándose. La orden del Ministerio del Interior a la que se alude en el informe del fiscal deja a discreción de los agentes dejar una bala en la recámara. Sin embargo, la investigación no determinó en qué momento y por qué razón se colocó la bala en la posición de disparo, ni qué circunstancias del interrogatorio en la comisaría exigían que se mantuviera esta medida.


A Amnistía Internacional también le preocupa que el Ministerio del Interior haya dado instrucciones para los registros de viviendas de romaníes. La mera existencia de una normativa distinta sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes hacia una minoría étnica sería una violación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Checa. Los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes deben proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos sin discriminación. Como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la República Checa está obligada a garantizar que todos los habitantes del país disfrutan de los derechos que garantizan estos tratados, sin discriminación por razón de raza, color, idioma, origen nacional o social, bienes, nacimiento o relación con una minoría nacional (artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales).


Amnistía Internacional instó al ministro de Justicia a que iniciara una nueva investigación, minuciosa e imparcial, sobre la muerte de Martin Červeňák e hiciera públicos sus resultados. La organización instó a las autoridades checas a que el gobierno revisara las instrucciones del Ministerio del Interior sobre los registros en viviendas de romaníes.

REPÚBLICA ESLOVACA


Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía


Según un informe recibido por Amnistía Internacional, el 6 de septiembre, aproximadamente a las 7 de la tarde, Ľubomír Pollák se encontraba tomando fotos de una manifestación estudiantil no violenta en la calle Palisády de Bratislava cuando varios policías se le acercaron y le arrojaron un abrigo sobre la cabeza, le pusieron las manos a la espalda y lo esposaron. Según los informes, un agente le propinó una patada en la ingle y el dolor hizo que se orinase en los pantalones. Luego lo llevaron a la comisaría de la calle Gunduličeva. Tras una hora de espera, preguntó a un agente el motivo de su detención. Al parecer, el agente le dio un golpe de kárate en el cuello. Otro agente se le acercó por detrás, lo agarró por las orejas, lo arrastró a otra habitación y luego le propinó una patada en la ingle. A continuación, le ordenó que soplara en un alcoholímetro. Ľubomír Pollák se negó, diciendo que un análisis de sangre sería más eficaz. Le dieron varias patadas y le introdujeron a la fuerza el tubo del alcoholímetro en la boca. Más tarde quedó en libertad sin ser acusado de ningún delito. Como consecuencia de los malos tratos, Ľubomír Pollák padeció ansiedad aguda y precisó de terapia.


En diciembre, Amnistía Internacional instó a Jozef Liščák, ministro de Justicia, a que iniciara una investigación minuciosa e imparcial sobre los malos tratos infligidos a Ľubomír Pollák, diera a conocer los resultados y pusiera a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos.


Objeción de conciencia al servicio militar


En diciembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación al presidente Michal Kovač por que ciertas disposiciones de la Ley sobre el Servicio Civil, adoptada en septiembre por el Consejo Nacional Eslovaco, contravienen los principios reconocidos internacionalmente sobre la objeción de conciencia al servicio militar. Amnistía Internacional instó al presidente a que iniciara en el Tribunal Constitucional la revisión jurídica de la disposición que regula la duración del servicio civil, y también la que limita el plazo de que disponen los objetores de conciencia para presentar declaraciones negándose a realizar el servicio militar.


La nueva ley aumenta la duración del servicio civil de una vez y media a dos veces la del servicio militar (artículo 1, párrafo 8). Amnistía Internacional considera que la duración del servicio civil alternativo no debe constituir una penalización de las creencias del ciudadano. La organización considera punitiva la ampliación de la duración del servicio civil.


Además, exigiendo que las declaraciones se presenten en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor de la decisión de una junta de reclutamiento (artículo 2, párrafo 2), la ley priva de la posibilidad de realizar el servicio civil a todos los que manifiestan la objeción de conciencia al servicio militar entre la fecha del reclutamiento y la de llamada a filas ─un plazo que puede ser de varios meses o incluso años─ o después de ésta.


En su carta al presidente, Amnistía Internacional afirmaba que los objetores de conciencia al servicio militar están ejerciendo su derecho a la libertad de conciencia, derecho humano fundamental que, según disponen las normas internacionales, nunca puede suspenderse, ni siquiera en tiempo de guerra o de emergencia. Por consiguiente, estas personas deben tener derecho a reclamar la condición de objetores de conciencia en cualquier momento. La organización manifestaba que consideraría presos de conciencia a los objetores de conciencia a los que se les negara el derecho a serlo y fueran encarcelados como consecuencia de ello.

RUMANÍA


Continúan los informes de violaciones de derechos humanos


Tras la publicación de Rumanía: Ruptura de los compromisos contraídos en materia de derechos humanos (véase Índice AI: EUR 39/01/95/s) en mayo de 1995, Amnistía Internacional recibió información de nuevos casos de encarcelamiento de homosexuales ─que fueron considerados presos de conciencia─ de malos tratos y de muertes en circunstancias sospechosas. Estos casos, así como preocupaciones pendientes de casos del documento anterior, se presentaron en Romania: Update to May 1995 report (véase Índice AI: EUR 39/19/95), publicado en septiembre, y en Romania: Romanian authorities respond to Amnesty International’s May 1995 report (véase Índice AI: EUR 39/22/95), publicado en octubre.


En julio, Amnistía Internacional recibió del Ministerio de Justicia la información de que el 12 de junio, entre los presos de las penitenciarías rumanas, había dos hombres detenidos en aplicación del artículo 200, párrafo 1, que castiga con penas de entre uno a cinco años de cárcel las relaciones homosexuales entre adultos que obran con consentimiento. Adrian Dabija, de 33 años, preso en la cárcel de Poarta Albă, fue condenado en 1994 por el tribunal de Constanţa a dos años de cárcel. Ludovic Mikloş, de 35 años, preso en la cárcel de Aiud, fue condenado en 1993 por el tribunal de Alba Iulia a un año y seis meses de cárcel. Amnistía Internacional consideró que Adrian Dabija y Ludovic Mikloş eran presos de conciencia e instó a las autoridades rumanas a que los pusieran en libertad inmediatamente.


En septiembre, Amnistía Internacional escribió al fiscal general de Rumanía sobre la detención de Cătălin Bucur, de dieciocho años, y Stefan Ciocârlan, de veintitrés, que fueron arrestados en Focşani la noche del 4 de julio y permanecieron en prisión preventiva hasta octubre de 1995, a la espera de una investigación en aplicación del artículo 200, párrafo 1 del Código Penal. No se ha recibido ninguna respuesta a esta carta ni al llamamiento que instaba a que se liberara a Adrian Dabija y a Ludovic Mikloş.


Un caso de malos tratos por parte de agentes de policía del que se informó a Amnistía Internacional puede haber tenido consecuencias mortales. El 3 de julio, en la aldea de Gura Văii, un policía arrestó al joven de 16 años Gabriel Mitu por robo. Alfred Pană, padrastro del muchacho, que preguntó cuáles eran las razones del arresto, también fue llevado a la comisaría local. Según los informes, a Gabriel Mitu le dieron bofetadas y puñetazos en la cara y le golpearon las manos con una porra de goma. Antes de llevarlos a habitaciones distintas, Mitu vio cómo el comisario y su ayudante pegaban a su padrastro, golpeándole la cabeza contra la pared. Cuando al día siguiente los dejaron en libertad, Alfred Pana tenía la cabeza llena de hematomas y la cara manchada de sangre, y se quejó a sus vecinos de que se encontraba mal y le dolía la cabeza y el abdomen. Murió dos días mas tarde. Los policías implicados en los malos tratos infligidos a Alfred Pană y Gabriel Mitu trajeron a la enfermera de una clínica local para que determinara la causa de la muerte y luego dijeron a la hermana de Alfred Pană que firmara una declaración renunciando al derecho de la familia a solicitar una autopsia porque les costaría 200.000 lei (unos 100 dólares estadounidenses), una suma que no podían permitirse pagar. Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a que investigaran de forma completa e imparcial los presuntos malos tratos sufridos por Gabriel Mitu y Alfred Pană, preocupada por que la muerte de este último pudiera haber sido consecuencia de ellos. En diciembre, las autoridades rumanas contestaron que el fiscal militar de Bucarest había ordenado la exhumación de los restos de Alfred Pană y la realización de una autopsia. El informe de la autopsia, del 30 de agosto, estableció que «Alfred Pană murió de muerte no violenta, resultado de un fallo cardiorrespiratorio, confirmándose que no hay relación entre su muerte y las labores de investigación de los dos agentes de policía». Amnistía Internacional pidió una copia del informe de la autopsia y detalles completos de la investigación.


También hubo informes de disparos efectuados por policías contraviniendo las normas internacionales que exigen la aplicación, siempre que sea posible, de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego. Según los informes, en uno de esos incidentes, sucedido en Arad el 25 de agosto aproximadamente a las cuatro de la madrugada, unos policías vieron cómo Marian Constantin Vişan, de veintiséis años, transportaba un neumático. Cuando le ordenaron que se entregara, Marian Constantin Vişan tiró el neumático y comenzó a correr. Los informes indican que un policía disparó dos veces al aire y luego a Marian Constantin Vişan, que resultó herido y fue trasladado al Hospital Municipal de Arad. En otro incidente, sucedido en septiembre, unos policías de Bucarest dispararon a Mihai Ciobanu, al que, según los informes, sorprendieron cuando trataba de robar en el interior de un automóvil. Mihai Ciobanu resultó con tres heridas de bala en el muslo y en el pie izquierdos. Según publicó un periódico, tras recibir tratamiento médico no fue acusado de ningún delito. Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a investigar estos incidentes de forma completa e imparcial.


La reforma del Código Penal, en vía muerta


Durante más de dos años, el Parlamento rumano debatió varias enmiendas al Código Penal. En diciembre de 1994, tras votar cada enmienda, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley en su totalidad y lo devolvió al Senado para un segundo debate. Durante 1995, ambas cámaras volvieron a adoptar revisiones del artículo 168 (difusión de información falsa), el artículo 236 (delitos contra las insignias), el artículo 2361 (difamación del Estado o de la nación), el artículo 238 (delitos contra las autoridades) y el artículo 239 («ultraje»), que imponían aún más restricciones al derecho a la libertad de expresión. En octubre, Amnistía Internacional instó a los parlamentarios rumanos a que rechazaran esa revisión del Código Penal y se aseguraran de que todas las leyes adoptadas se ajustan a los compromisos contraídos por Rumanía según los tratados internacionales de derechos humanos. El 21 de noviembre, la Cámara de Diputados rechazó por segunda vez el proyecto de ley en su totalidad.


Amnistía Internacional continúa solicitando la revisión de los artículos 238 y 239, que violan el derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. La organización también continúa expresando su preocupación por el artículo 200, párrafo 1. Tras una sentencia del Tribunal Constitucional, esta ley penaliza los actos homosexuales «realizados en público o causando escándalo». Como la sentencia no definía estos términos, a Amnistía Internacional le preocupa que la aplicación de esta ley siga llevando a la cárcel a los adultos que realicen prácticas homosexuales obrando con consentimiento y en privado.


SUIZA


Objeción de conciencia al servicio militar


En octubre, el Parlamento dio su aprobación final a un proyecto de ley que introducía por vez primera una alternativa civil al servicio militar obligatorio. Según sus disposiciones, los reclutas que demostraran la imposibilidad de conciliar el servicio militar con sus convicciones profundas tendrían derecho a realizar un servicio civil de interés público, cuya duración sería de una vez y media la del servicio militar normal. La ley, que también tiene en cuenta el caso de los reclutas que manifiestan la objeción de conciencia tras incorporarse a filas, entrará en vigor en octubre de 1996.


Presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


Se recibieron nuevas denuncias de malos tratos, a menudo infligidos a ciudadanos extranjeros. En diciembre, Amnistía Internacional escribió a las autoridades del cantón de Ticino sobre las denuncias de malos tratos presentadas por Ali Doymaz y Abuzer Tastan, kurdos turcos considerados oficialmente refugiados en Suiza, contra los agentes de la policía de Chiasso.


En junio, los primos Ali Doymaz y Abuzer Tastan presentaron una denuncia formal por escrito en la fiscalía de Bellinzona alegando malos tratos por parte de unos agentes de policía de Chiasso. Manifestaron que, aproximadamente a las siete y treinta de la mañana del 6 de abril de 1995, cuando salían conduciendo de Chiasso, en la frontera italo-suiza, tres vehículos policiales en los que viajaban unos cinco agentes de la policía suiza interceptaron su automóvil. El hermano de Ali Doymaz, Hasan Doymaz, que también viajaba en el vehículo, había subido en Chiasso y, aunque no tenía documentos que le permitieran entrar legalmente en Suiza, al parecer había cruzado la frontera para solicitar asilo político en el país.


Ali Doymaz y Abuzer Tastan declararon que, tras tomar las llaves del vehículo y sus permisos de conducir, tres de los agentes los sacaron a rastras del automóvil y les propinaron varias patadas. Una vez en la comisaría los volvieron a maltratar, los insultaron (en algunos casos con insultos racistas) y los mantuvieron esposados a un radiador entre media hora y una hora. A ambos los acusaron de ayudar a un inmigrante ilegal a entrar en el país y quedaron en libertad ese mismo día, tras pagar sendas fianzas (cauzione) de 400 francos suizos.


Su denuncia, de fecha 21 de junio, iba acompañada de informes médicos emitidos por doctores independientes que examinaron a Ali Doymaz y a Abuzer Tastan cuatro y cinco días después, respectivamente, de los presuntos incidentes. Los informes indicaban hinchazón en el lado izquierdo de la cabeza y la cara de Ali Doymaz, un habón en la zona izquierda del cuello y dolores al mover el hombro izquierdo. Por su parte, Abuzer Tastan presentaba contusiones en los dos antebrazos y padecía fuertes dolores de estómago a pesar de que la úlcera de duodeno que padecía se había cerrado un mes antes.


En sus cartas a las autoridades, Amnistía Internacional solicitaba que se dieran explicaciones sobre las denuncias, y que se informara a la organización de si se iniciaban investigaciones judiciales o administrativas. La organización también pidió información sobre la marcha de las investigaciones, y en concreto sobre si Ali Doymaz y Abuzer Tastan habían sido citados por las autoridades judiciales en relación a sus denuncias, en vista de los informes que indicaban que en noviembre, aproximadamente siete meses después de su detención, esto aún no había sicedido.





TAYIKISTÁN


Arresto del acusado de la «desaparición» de los hermanos Shoyev en 1993 (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/01/94/s)


En noviembre, Amnistía Internacional expresó su satisfacción ante las medidas tomadas por el gobierno de Tayikistán para resolver la «desaparición» en 1993 de los hermanos Saidsho y Siyarsho Shoyev. A principios de mes, la policía de Dushanbe, capital del país, arrestó al parlamentario Khoja Karimov por el asesinato de los hermanos Shoyev. Khoja Karimov fue comandante del Frente Popular, grupo paramilitar que ayudó a subir al poder al gobierno actual y al que se considera responsable de decenas de asesinatos políticos y «desapariciones» durante la guerra civil del país y una vez terminada ésta. Saidsho Shoyev, ex parlamentario, «desapareció» tras ser secuestrado en Dushanbe con su hermano, en julio de 1993.


Hubo nuevos indicios de la actividad de restos del Frente Popular fuera del control del gobierno: en junio y septiembre, la ciudad meridional de Kurgan-Tyube quedó devastada por los graves enfrentamientos armados entre dos unidades rivales del ejército en las que había ex combatientes del Frente Popular, tras el asesinato del comandante de una de ellas. En septiembre, un austríaco, miembro de la misión de observación de las Naciones Unidas en Tayikistán, resultó muerto, según los informes en intercambio de disparos, mientras investigaba los enfrentamientos armados en Kurgan-Tyube.


La pena de muerte


Amnistía Internacional supo de otras tres sentencias de muerte, todas por asesinato con premeditación y agravantes. A finales de año aún no se sabía si alguna se había aplicado. Una de ellas, la dictada contra Yermakhmad Potchokulov, fue por el asesinato de un grupo de aldeanos de los que se decía que habían dado refugio a combatientes del Frente Popular durante la guerra civil. Sin embargo, no se sabía si Yermakhmad Potchoukulov podría beneficiarse de la moratoria anunciada por el gobierno en junio para las sentencias de muerte dictadas contra partidarios de la oposición por delitos relacionados con la guerra civil (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s), ya que los informes sobre su juicio ante el Tribunal Supremo indicaban que se había incorporado a una formación armada ilegal antigubernamental no por convicciones políticas, sino únicamente para robar y saquear.


Toma de rehenes por las fuerzas de la oposición


En noviembre, Amnistía Internacional solicitó la liberación inmediata de los soldados gubernamentales retenidos como rehenes por los insurgentes de la oposición para obligar al gobierno a volver a iniciar las negociaciones de paz, en ese momento estancadas tras cuatro rondas.


Los 37 rehenes formaban parte de un grupo de 54 soldados gubernamentales que fueron capturados por una unidad rebelde encabezada por el comandante de campo Mirzo Jagi en unas operaciones de combate realizadas a mediados de octubre en el distrito de Tavildara, cerca de la frontera con Afganistán. A finales de octubre fueron liberados diecisiete. Fuentes cercanas a Mirzo Jagi declararon a la agencia Reuters que «la captura de los soldados nos permite presionar a las autoridades para que aceleren las negociaciones», mientras que un portavoz de la jefatura de la oposición, radicada en Afganistán, declaraba que el destino de los demás rehenes «se decidirá en la siguiente ronda de las conversaciones de paz».


En una declaración dirigida a la jefatura de la oposición, Amnistía Internacional subrayó que la toma de rehenes violaba los Convenios de Ginebra, y solicitó la liberación inmediata de los soldados gubernamentales capturados, basándose en que estaban retenidos no como prisioneros de guerra, sino como rehenes para obligar al gobierno de Tayikistán a negociar.


Las conversaciones de paz se reiniciaron a comienzos de diciembre. A finales de año, Amnistía Internacional desconocía el destino de los soldados capturados.

TURKMENISTÁN


Posibles presos de conciencia


El caso Garayev-Aymuradov (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/02/95/s)


Amnistía Internacional supo que en el juicio celebrado en junio de 1995 contra los posibles presos de conciencia Khoshali Garayev y Mukhametkuli Aymuradov había habido otros dos acusados, Bayram Bellenov y Yevgeny Starikov, antiguos compañeros de Mukhametkuli Aymuradov, a los que se acusó de «encubrimiento de delito» por no haberlo entregado a las autoridades cuando les pidió ayuda tras escapar de la prisión preventiva. Ambos fueron declarados culpables y condenados a dos años de cárcel cada uno.


A Amnistía Internacional le preocupaba que Bayram Bellenov y Yevgeny Starikov pudieran ser también presos de conciencia, ya que parecía que habían sido encarcelados por proteger, actuando según sus convicciones, a un posible preso de conciencia tras un intento de evasión que, según las fuentes, había sido una trampa tendida por las autoridades para tener más motivos para procesar a Mukhametkuli Aymuradov. No hay indicios de que se haya empleado la violencia durante lo que se calificó de evasión.


Amnistía Internacional solicitó la revisión judicial de la causa seguida contra Bayram Bellenov y Yevgeny Starikov, y continuó pidiendo la de la causa seguida contra Khoshali Garayev y Mukhametkuli Aymuradov.


Arrestos tras una manifestación contra el gobierno


Según los informes, decenas de personas fueron detenidas en julio tras una manifestación pacífica contra el gobierno celebrada en la capital, Ashgabat. La mayoría quedaron en libertad poco después, pero 27 de ellas permanecieron bajo custodia y fueron juzgadas a finales de diciembre. No hubo declaración oficial alguna sobre el juicio, pero, según fuentes no oficiales, 20 de los acusados, entre ellos los hermanos Azhdar y Alamurad Amanmuradov, identificados como organizadores de la manifestación, y los periodistas Mukhamed Muradly y Yovshan Annakurban, acusados de haberla instigado, fueron declarados culpables de delitos tales como vandalismo, y los siete restantes, de delitos relacionados con la droga. Todos fueron condenados a penas de prisión.


Amnistía Internacional pidió que se aclararan los cargos que se les imputan a todos los detenidos en relación con la manifestación de julio en Ashgabat.


Tortura y malos tratos


Sukhanberdy Ishonov, de veinte años, que permació breve tiempo detenido tras la manifestación de julio, se ahorcó después de quedar en libertad. Cuando lo amortajaron, descubrieron en su cuerpo señales de una fuerte paliza que al parecer le propinaron para obligarle a traicionar a los organizadores de la manifestación.


En agosto, Khudayberdi Khalli, conocido opositor al gobierno y ex preso de conciencia, fue golpeado hasta quedar inconsciente y abandonado en las afueras de Ashgabat por presuntos agentes del gobierno que lo habían secuestrado en automóvil en una calle de la ciudad.


Amnistía Internacional solicitó una investigación sobre la presunta tortura de Sukhanberdy Ishonov y la agresión sufrida por Khudayberdi Khalli.


La pena de muerte


Amnistía Internacional supo de otras dos sentencias de muerte dictadas en Turkmenistán, ambas por tráfico de drogas. La organización solicitó su conmutación y continuó pidiendo la total abolición de la pena de muerte.

TURQUÍA


En las elecciones generales de diciembre, el Partido del Bienestar (islamista) obtuvo la mayor proporción de votos, el 21,3%, terminando con la coalición entre el Partido de la Justa Vía (DYP), de centro derecha, y el Partido Popular Republicano (CHP), de centro izquierda, que obtuvieron el 19,2% y el 10,7%, respectivamente. El Partido de la Madre Patria (ANAP), que gobernó en Turquía entre 1983 y 1991, logró un 19,6%, mientras que el Partido de Izquierda Democrática consiguió el 14,6%. Entre los partidos que no superaron la barrera del 10%, y por tanto no obtuvieron representación parlamentaria, se encontraban el Partido de Acción Nacionalista (MHP), de extrema derecha, y el Partido Popular de la Democracia (HADEP), fundamentalmente kurdo.


A finales de año, ninguno de los partidos había conseguido formar gobierno, y Tansu Çiller continuaba como primer ministro en funciones del gobierno provisional.


En octubre, el Parlamento turco aprobó una reforma del artículo 8 de la Ley Antiterrorista, en virtud del cual estaban detenidos la mayoría de los presos de conciencia. Aunque gracias a las modificaciones quedaron en libertad más de 100 personas, muchas de ellas presos de conciencia, los cambios fueron mucho menos profundos de lo que Amnistía Internacional hubiera deseado. En la nueva redacción del artículo 8, la «propaganda separatista» continuaba considerándose un delito punible con la cárcel, aunque el acusado no hubiera defendido en absoluto la violencia, pero las penas máximas se reducían de cinco a tres años, y en el caso de no existir antecedentes, se dejaba a discreción de los tribunales aplicar una multa o condenas condicionales.


La mayoría de los presos que ya cumplían condena quedaron en libertad en espera de volver a ser juzgados según la nueva redacción de la ley. Algunos de estos juicios ya se han celebrado, y en varios casos se han vuelto a imponer penas de cárcel, aunque menores. Mehdi Zana, ex alcalde de Diyarbakır, encarcelado por testificar ante el Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el sureste de Turquía, quedó en libertad en diciembre, pero es posible que vuelva a ser encarcelado por otros discursos y escritos. Eren Keskin, abogado y activista de derechos humanos, quedó en libertad en noviembre en espera de un nuevo juicio.


Un reducido número de presos de conciencia continúan en la cárcel por delitos contemplados en el artículo 8, a pesar de los cambios. El ex parlamentario y presidente del Partido de la Democracia, Ibrahim Aksoy, por ejemplo, fue encarcelado en octubre en aplicación del artículo 8 por sus escritos y discursos, y se prevé que cumpla seis meses de prisión.


Sigue habiendo procesamientos y encarcelamientos en aplicación de otros artículos del Código Penal turco. El 23 de octubre, Fevzi Gerçek, presidente de un sindicato de trabajadores de la salud, comenzó a cumplir una condena de dos años en aplicación del artículo 312 por un artículo publicado en un periódico político de escasa relevancia.


Tortura y muerte bajo custodia


Amnistía Internacional continúa recibiendo muchas denuncias verosímiles de torturas de hombres y mujeres detenidos que son interrogados por delitos comunes ordinarios y delitos reflejados en la Ley Antiterrorista1. Un informe elaborado por miembros del Colegio de Abogados de Estambu en octubre basándose en su experiencia como abogados de oficio, afirmaba que los detenidos por delitos comunes ordinarios permanecían detenidos mucho más tiempo del máximo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no se les informaba de sus derechos y que por lo general la policía no informaba a sus familiares ni a los fiscales. Tales prácticas crean las circunstancias que permiten las «desapariciones», así como las torturas y las muertes bajo custodia.


En agosto, Ali Haydar Efe murió en extrañas circunstancias tras ser detenido en la jefatura de policía de Ankara e interrogado sobre un robo. Como no se le había aplicado la Ley Antiterrorista, debería haber pasado a disposición judicial en veinticuatro horas, pero después de cuatro días de detención en régimen de incomunicación fue llevado al Hospital Numune de Ankara, donde murió por «fracaso respiratorio y circulatorio», al parecer por haberse caído por una ventana. Su hermano, Müslüm Efe, que también estaba bajo custodia, denunció que a ambos los habían torturado, afirmando: «Nos sometieron a todo tipo de torturas: nos colgaron por los brazos, nos aplicaron descargas eléctricas, nos dieron palizas y nos agredieron sexualmente con una porra. El 11 de agosto [día en que murió Haydar Efe] volvieron a llevarse a mi hermano para interrogarlo. Lo oí gritar largo rato. Le estaban aplicando descargas eléctricas. Luego dejó de oírsele».


Abdulmenaf Zengin fue detenido el 17 de diciembre e interrogado por la policía de Mersin. Murió el 21 de diciembre, pero al parecer su cadáver permaneció escondido hasta el 24 del mismo mes. Según la versión oficial, murió al saltar por un precipicio cuando conducía a la policía a un escondite de armas. Un hombre que fue detenido por apoyar al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) e interrogado en la jefatura de policía de Mersin en diciembre afirma que compartió celda con Abdulmenaf Zengin y ha declarado que vio cómo le propinaban patadas con gran violencia y arrastraban su cuerpo inerte fuera de la celda.


Además de los informes de tortura y malos tratos bajo custodia policial, hay frecuentes informes de malos tratos ─en especial fuertes palizas─ cuando la policía y los gendarmes entran en las cárceles durante huelgas de hambre y otras protestas de presos políticos, así como de palizas a los presos en los traslados a los tribunales. El 21 de septiembre, tres presos políticos, Yusuf Baĝ, Uĝur Sarıaslan y Turan Kılınç, fueron golpeados hasta morir por los gendarmes y los miembros de los Equipos Especiales que entraron en un pabellón bloqueado por barricadas de la cárcel de Buca, situada cerca de Esmirna, al oeste de Turquía, y famosa por la dureza de su régimen.


Abusos por parte de grupos armados de oposición


El PKK sigue matando a prisioneros y a civiles. A pesar de la condena generalizada de su política de matar maestros, en octubre capturó y mató a otros dos, Ökkeş Kaya y Gürkan Ariturk, cerca de Dargeçit, en la provincia de Mardin.


Según los informes, la organización islámica armada Frente de Luchadores Islámicos del Gran Oriente (IBDA-C) se declaró responsable de varios atentados en los que murieron y resultaron heridos civiles. Uno de ellos fue el atentado con explosivos perpetrado en septiembre contra el propietario de varios burdeles de Estambul, en el que murieron su chófer, Necati Akça, y su guardaespaldas, Mehmet Urhan.


El DHKP-C (Partido-Frente Comunista Popular Revolucionario) mató a tiros a Tuncer Baĝdatlıoĝlu, al parecer por traicionar a la organización. Tuncer Baĝdatlıoĝlu había sido juzgado por el Tribunal de la Ley Marcial de Estambul acusado de pertenecer a Devrimci Sol (Izquierda Revolucionaria, anterior nombre del DHKP-C) y había pasado diez años encarcelado.


En el documento Turquía: Incumplimiento de la promesa de reforma (Índice AI: EUR 44/87/95/s), de septiembre de 1995, hay más información sobre estos casos y otras preocupaciones.





UCRANIA


La pena de muerte


El 9 de noviembre, Ucrania se incorporó oficialmente al Consejo de Europa y se comprometió a declarar una moratoria inmediata de todas las ejecuciones y a abolir plenamente la pena de muerte.


Anteriormente, la proporción de ejecuciones en el país era una de las más elevadas del mundo. Las cifras oficiales para 1994, publicadas en mayo de 1995 por el Ministerio de Justicia, muestran que durante el año anterior habían sido condenadas a muerte 143 personas y ejecutadas 60, mientras que sólo se conmutó la sentencia a dos (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s). Hasta donde sabe Amnistía Internacional, la única información hecha pública respecto a 1995 es la que facilitaron las autoridades ucranianas a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Según esas cifras, en los primeros seis meses del año se impusieron 74 sentencias de muerte, pero no hay ninguna información sobre el número de ejecuciones. En un informe publicado en septiembre, titulado Ucrania: La pena de muerte: actualización (Índice AI: EUR 50/15/95/s), Amnistía Internacional examinaba la legislación y la práctica actual en todo lo relativo a la pena de muerte, así como las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la revisión del cuarto informe periódico de Ucrania sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Amnistía Internacional solicitó a las autoridades que aprovecharan la oportunidad que les brinda el actual debate sobre un nuevo Código Penal para abolir la pena de muerte para todos los delitos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU; declarar una moratoria de las ejecuciones; asegurarse de que los familiares de los condenados a muerte reciben una información rápida y completa en cada etapa del proceso; y publicar estadísticas amplias sobre el uso de la pena capital.


Las tensiones entre el ministro de Justicia y el fiscal general sobre el tema de la pena de muerte continuaron aun después de la adhesión de Ucrania al Consejo de Europa y del compromiso público del país a abolir la pena capital y declarar una moratoria de las ejecuciones. El ministro de Justicia, Sergiy Holovatiy, manifestó en una declaración oficial el 17 de octubre que en Ucrania no se había llevado a cabo ninguna ejecución desde septiembre de 1995. Sin embargo, la prensa publicó unas declaraciones del fiscal general del país, Grigory Vorsinov, afirmando que en dos regiones del país continuaba ejecutándose. Según los informes, Grigory Vorsinov manifestó el 18 de octubre que él personalmente había archivado el informe de una ejecución llevada a cabo recientemente en la región de Dnepropetrovsk. A Amnistía Internacional le preocupaba esta ambigüedad en las declaraciones oficiales sobre la moratoria en las ejecuciones. El 23 de octubre, en conversación telefónica con un representante de la organización, el fiscal general afirmó que no se había publicado ningún decreto gubernamental ni se había hecho ninguna declaración por escrito sobre este asunto, y tampoco se habían dado instrucciones al respecto a las autoridades locales.


A Amnistía Internacional le preocupaban los informes que hablaban de que las ejecuciones continuaban y de que aún se imponían sentencias de muerte a finales de año.


Vitaly Gumenyuk fue condenado a muerte por el Tribunal Regional de Zhitomir el 25 de octubre y se encontraba en espera del resultado de su apelación ante el Tribunal Supremo de Ucrania hacia finales de año.


El 14 de septiembre, la oficina del Presidente informó a la madre de Zaur Zilfugarov de que la petición de clemencia de su hijo había sido denegada.


También es posible que Anatoly Nikolaevich Skiby sea ejecutado próximamente. Al parecer, su apelación contra su condena a muerte ha sido rechazada por el Tribunal Supremo de Ucrania, ya que el condenado dijo a sus padres el 4 de enero de 1996 que le quedaba un mes y medio para obtener clemencia del Presidente, y de lo contrario «ya está», dando a entender que le habían comunicado la fecha de su ejecución. Anatoly Skiby fue condenado a muerte por asesinato con premeditación (artículo 93 del Código Penal) por el Tribunal Supremo de Simferopol el 17 de abril de 1995. Según los informes, el director de la cárcel de Crimea donde se encuentra Skiby dijo a sus padres que no sabía nada de una moratoria, y que tenía sus propias instrucciones.


Amnistía Internacional teme que éstos y otros presos puedan ser ejecutados. La organización cree que, a pesar de los compromisos oficiales contraídos ante el Consejo de Europa de declarar una moratoria en las ejecuciones desde el día en que Ucrania se adhirió al Consejo, el 9 de noviembre, las autoridades no han informado a los funcionarios y las instituciones locales de que la moratoria está en vigor. Amnistía Internacional sigue instando a las autoridades a que se aseguren de que se respetan plenamente todos los compromisos contraídos de imponer una moratoria inmediata sobre las ejecuciones y abolir la pena de muerte en un plazo de tres años. La organización instó al gobierno ucraniano a que se asegure de que se detienen todas las ejecuciones previstas y que a los funcionarios locales de todos los niveles se les informa de que está en vigor una moratoria.


Encarcelamiento de objetores de conciencia


Amnistía Internacional preguntó a las autoridades sobre los casos de dos jóvenes encarcelados a finales de 1994 por negarse a realizar el servicio militar obligatorio y su alternativa civil debido a sus creencias religiosas.


Robert Golovnyov y Georgy Semyonov, ambos de veintiún años, son Testigos de Jehová y fueron condenados por el Tribunal de Distrito de Radyansky (Kiev) en aplicación del artículo 72 del Código Penal. Robert Golovnyov fue juzgado el 27 de septiembre de 1994 y condenado a un año de cárcel. El juicio de Georgy Semyonov se celebró el 4 de octubre del mismo año, y el acusado fue condenado a dos años de prisión. El Tribunal Municipal de Kiev y el Tribunal Supremo de Ucrania rechazaron sus apelaciones. Robert Golovnyov quedó en libertad el 18 de septiembre de 1995 y, según los informes, ya ha recibido una nueva orden de reclutamiento. La madre de Robert Golovnyov afirma que su hijo continuará negándose a cumplir el servicio militar debido a sus creencias. A Georgy Semyonov las autoridades de la región le garantizaron a finales de octubre que pronto saldría en libertad de una colonia penitenciaria de trabajo de régimen ordinario cercana a Poltava. Según los informes, estaba muy enfermo cuando salió de la cárcel.


Amnistía Internacional no toma postura sobre el reclutamiento en sí, y no se opone al derecho del Estado a reclutar ciudadanos para el servicio militar obligatorio o a exigirles que cumplan un servicio civil alternativo. Normalmente la organización no adoptaría el caso de alguien que se negara a cumplir ambos servicios. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que ese servicio civil alternativo ha de ser puramente civil y su duración no debe tener carácter punitivo, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Su preocupación en este caso era que, según los informes, los dos jóvenes se sentían incapaces de realizar un servicio alternativo que consideraban que podría hacerlos participar en labores relacionadas con el suministro de material a unidades militares.


Por consiguiente, Amnistía Internacional escribió a las autoridades solicitando más información sobre el carácter del servicio alternativo que se ofrece a estos dos jóvenes y a los que se encuentran en una situación similar. La organización instó a las autoridades a que revisaran sin demora este caso y otros parecidos para asegurarse de que no se encarcela a nadie por ejercer legítimamente su derecho a la libertad de conciencia si resultara que el trabajo tiene relación con el ejército y, por tanto, no puede considerarse totalmente civil.


La actual ley sobre el servicio alternativo en Ucrania sólo se aplica a los objetores al servicio militar por motivos religiosos. Esta disposición de la ley parece estar en contradicción con las normas internacionales. La objeción de conciencia al servicio militar es reconocida por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (resolución 1989/59, reafirmada en la resolución 1993/84, del 10 de marzo de 1993) como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizado por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Ucrania en 1973). Amnistía Internacional instó a las autoridades ucranianas a que se aseguren de que se respeta el derecho a la objeción de conciencia de todos los que, por razones de conciencia o convicciones profundas, son incapaces de realizar el servicio militar. Esto incluye a aquellos cuyas convicciones no sólo se basan en motivos religiosos, sino también éticos, morales, humanitarios, políticos o similares. La organización continuó instando a las autoridades competentes a que ajusten la legislación sobre el servicio alternativo a las normas internacionales que Ucrania se ha comprometido a respetar.


UZBEKISTÁN


Rashid Bekzhanov, posible preso de conciencia


Rashid Bekzhanov, hermano de Muhammad Salih, líder en el exilio del partido político de oposición en la clandestinidad Erk (Libertad), fue condenado en julio por el Tribunal Regional de Khorezm a cinco años de cárcel, al parecer por cargos relacionados con actividades comerciales ilegales. Bekzhanov había sido arrestado en diciembre de 1994, acusado de distribuir panfletos contra el gobierno, pero se habían retirado los cargos. A Amnistía Internacional le preocuparon las denuncias de que las acusaciones eran falsas, y que se había organizado un proceso penal contra él por su relación familiar con Muhammad Salih. La organización solicitó más información sobre los motivos del procesamiento.


«Desapariciones»


Abduvali Mirzoyev, líder religioso islámico de la ciudad de Andizhan, «desapareció» a finales de agosto junto con su ayudante, Ramazan Matkarimov, tras haber sido detenidos, según los informes, por personas a las que se cree agentes del Servicio de Seguridad Nacional mientras esperaban en el aeropuerto de la capital del país, Tashkent, para tomar un vuelo hacia Moscú. A finales de año seguía sin conocerse su paradero. Amnistía Internacional solicitó que se aclarara el paradero de Abduvali Mirzoyev y Ramazan Matkarimov y que quedaran en libertad si no se les acusaba de ningún delito tipificado en el código penal. La respuesta de las autoridades fue negar toda participación en la «desaparición» de los dos hombres.


Amnistía Internacional recibió denuncias sobre la posible «desaparición» de Valizhon Akhmedzhanov, condenado a muerte en espera de su ejecución en Tashkent desde febrero de 1994. En noviembre, la familia de Valizhon Akhmedzhanov recibió una notificación oficial de su muerte, sin especificar la fecha ni la causa. Más o menos por esas mismas fechas, recibieron informes de fuentes no oficiales según los cuales no había muerto, pero lo habían trasladado a un lugar desconocido de detención en la ciudad de Bukhara o en sus alrededores donde realizaba trabajos forzados. Amnistía Internacional solicitó a las autoridades que aclararan la suerte corrida por Valizhon Akhmedzhanov y, si estaba vivo, que revelaran su paradero actual.


Torturas y malos tratos


Amnistía Internacional recibió denuncias de la tortura de tres jóvenes que se encontraban bajo custodia policial en Tashkent. Dmitry Fattakhov, Aleksey Smirnov y Oleg Gusev fueron arrestados en abril, acusados de asesinato, y al parecer confesaron el crimen después de grandes palizas durante el interrogatorio. Como consecuencia del trato recibido mientras estuvo detenido, Dmitry Fattakhov enfermó mentalmente, y en diciembre el fiscal anunció la suspensión de su causa hasta que su estado le permitiera soportar el juicio. En consecuencia, un juez de distrito ordenó su ingreso en un hospital psiquiátrico contra los deseos de su familia.


Los cargos contra Iosif Koinov, que también había denunciado torturas tras ser arrestado acusado de asesinato, en octubre de 1994 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s), se retiraron en junio.


Nadira Khidoyatova y Asiya Turiniyazova fueron arrestadas en julio por agentes del Servicio de Seguridad Nacional, acusadas de exportar ilegalmente pieles de animales. En ese momento, Nadira Khidoyatova estaba embarazada de tres meses y Asiya Turiniyazova de cinco o seis. Ambas declararon que, mientras estaban detenidas en el transcurso de la investigación, los agentes del Servicio de Seguridad Nacional las obligaron a dar su consentimiento a abortos que les fueron practicados a pesar de no existir razones médicas para ello. Las mujeres quedaron en libertad en octubre en espera de juicio, y el agente del Servicio de Seguridad Nacional responsable del caso fue despedido.


La pena de muerte


Amnistía Internacional recibió información detallada sobre el nuevo Código Penal que entró en vigor en abril. El nuevo Código Penal conserva la pena de muerte como castigo facultativo para trece delitos y la suprime para las mujeres. Amnistía Internacional no pudo conseguir que las autoridades le aclararan si la abolición de la pena capital para las mujeres significaba que la sentencia de Barno Akhmedova, condenada a muerte en enero y a la que aún se creía viva en abril (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s), había sido conmutada automáticamente por una pena de cárcel.


Amnistía Internacional supo de otras seis sentencias de muerte, y de al menos una ejecución, la de Rinat Nazipov (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s). Es probable que la cifra real sea muy superior.

YUGOSLAVIA


Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías, presos de conciencia, liberaciones


Continuaron los juicios de los ex funcionarios de policía de etnia albanesa acusados de formar una fuerza de policía paralela con el objetivo de intentar socavar la integridad territorial de Yugoslavia por la fuerza. A finales de septiembre habían sido condenados 139 acusados, algunos posibles presos de conciencia. Entre ellos había 69 hombres condenados por un tribunal de Priscina en julio, y 38 condenados en Prizren en septiembre. Las penas fueron de hasta ocho años de cárcel. La mayoría quedaron en libertad en espera de la apelación, pero 22 de ellos continuaron detenidos. En el juicio, los acusados negaron los cargos que se les imputaban y alegaron que realizaban actividades sindicales. Casi todos denunciaron que los habían obligado a realizar «confesiones» falsas bajo tortura. Sus abogados se quejaron de que se les había restringido o retrasado el acceso a los acusados y a los sumarios. A Amnistía Internacional le preocupa que no se hayan investigado éstas y otras denuncias de tortura, y que se hayan cometido infracciones de procedimiento que hayan privado a los acusados de un juicio justo.


Al menos 15 personas de etnia albanesa fueron condenadas a penas de hasta 60 días de cárcel por celebrar «reuniones ilegales». La mayoría eran profesores que habían impartido clases a alumnos de etnia albanesa que rechazaban el currículo y la educación en idioma serbio, obligatorio en las escuelas estatales. Un número desconocido de personas de etnia albanesa fueron encarceladas por eludir el reclutamiento o desertar, entre ellas Sabit Veliqi que, en octubre, comenzó a cumplir una condena de cuatro meses de cárcel impuesta en marzo.


En diciembre, el presidente de Montenegro indultó y liberó a 50 presos políticos, entre ellos 21 musulmanes condenados en diciembre de 1994 en Bijelo Polje (véase Índice AI: EUR 01/01/95/s).


Tortura y malos tratos a personas de etnia albanesa y otros


Continuaron produciéndose frecuentes informes de torturas y malos tratos por parte de la policía contra personas de etnia albanesa bajo custodia, o durante los registros domiciliarios en busca de armas. Muchas de las víctimas eran activistas políticos o profesores, y algunos de ellos sufrieron graves heridas. Por ejemplo, Rifat Morina denunció que, entre febrero y junio de 1995, lo habían llamado a la comisaría de Prizren unas quince veces para interrogarlo sobre armas que no poseía, y en casi todas las ocasiones le habían pegado. El 18 de septiembre, Husno Bihorac, musulmán de la región serbia de Sandžak, fue golpeado por la policía en tres comisarías al no poder encontrarse armas en su domicilio. Amnistía Internacional solicitó a las autoridades que iniciara inmediatamente inviestigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de torturas o malos tratos, y que pusiera a los responsables a disposición judicial.


La pena de muerte; muertes tras malos tratos bajo custodia o disparos por parte de las fuerzas de seguridad


Dos hombres fueron condenados a muerte en juicios independientes por asesinato múltiple. No hubo informes de ejecuciones. Según los informes, los malos tratos bajo custodia policial causaron o contribuyeron a causar la muerte de dos personas de etnia albanesa. A finales de año, un agente de policía fue condenado a cinco años de cárcel por el asesinato de Abedin Ahmeti, que murió tras los malos tratos recibidos en la comisaría de Kosovska Mitrovica en abril. Tres personas de etnia albanesa murieron por los disparos efectuados por miembros de las fuerzas de seguridad en circunstancias dudosas.


Devolución de refugiados y movilización forzosa de refugiados y otras personas para su incorporación a las fuerzas armadas serbobosnias


En agosto, millares de refugiados serbios en edad militar, procedentes de Croacia y Bosnia-Herzegovina, fueron arrestados por la policía serbia, a menudo directamente en los centros de refugiados, y enviados a las zonas bajo control serbio de Croacia y Bosnia-Herzegovina para su incorporación a las fuerzas armadas serbias en la zona. Amnistía Internacional volvió a solicitar a las autoridades que pusieran fin a estas expulsiones, contrarias a las leyes nacionales e internacionales, y que garantizaran el regreso de los expulsados lo antes posible. Según los informes, entre 50 y 60 refugiados musulmanes bosnios procedentes de Žepa que trataban de huir a Serbia fueron arrestados en julio por el ejército yugoslavo en la frontera y devueltos a las autoridades serbias de facto en Bosnia-Herzegovina.


RATIFICACIONES


ALBANIA


En julio, Albania firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos segundo, tercero, quinto y undécimo.


ANDORRA


En octubre, Andorra firmó la Convención sobre los Derechos del Niño.


AUSTRIA


En agosto, Austria ratificó el undécimo Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.


AZERBAIYÁN


En julio, Azerbaiyán se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.


BÉLGICA


En agosto, Bélgica ratificó el noveno Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.


CROACIA


En octubre, Croacia se adhirió al segundo Protocolo Facultativo y efectuó una declaración según el artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


LIECHTENSTEIN


En noviembre, Liechtenstein ratificó los Protocolos primero, noveno, décimo y undécimo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.


LITUANIA


En septiembre, Lituania firmó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanas o Degradantes y sus Protocolos primero y segundo.


LUXEMBURGO


En julio, Luxemburgo ratificó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanas o Degradantes y sus Protocolos primero y segundo.


MACEDONIA, EX REPÚBLICA DE YUGOSLAVIA


En noviembre, la ex república yugoslava de Macedonia firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos segundo, tercero, quinto y undécimo.


MOLDAVIA


En julio, Moldavia firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos segundo, tercero, quinto y undécimo.


En noviembre, Moldavia se adhirió a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.


PORTUGAL


En octubre, Portugal ratificó el quinto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.


REPÚBLICA CHECA


En septiembre, la República Checa ratificó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanas o Degradantes y sus Protocolos primero y segundo.


UCRANIA


En noviembre, Ucrania firmó el el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos segundo, quinto y undécimo.


UZBEKISTÁN


En Septiembre, Uzbekistán se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a su primer Protocolo Facultativo, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.

INTERNO (sólo para miembros de AI)Índice AI: EUR 01/01/96/s

Distr: SC/CO/GR

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SEPARE ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL ANTES DE SU DISTRIBUCIÓN PARA USO EXTERNO


PREOCUPACIONES EN EUROPA

JULIO - DICIEMBRE DE 1995



ACCIONES RECOMENDADAS


Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias y de que el documento se archiva debidamente para futuras consultas. Además, les rogamos que lleven a cabo el mayor número posible de las acciones recomendadas siguientes.


1Este documento debe ser utilizado por las Secciones para responder a preguntas sobre las preocupaciones de AI en Europa.


2Debe ofrecerse a la prensa y al público en general.


3Debe distribuirse a cualquier persona u organización que tenga un interés particular en Europa en general o en alguno de los países mencionados en el boletín.


4Pónganse en contacto con el equipo de investigación pertinente del Programa Regional para Europa si desean utilizar la información de este documento para elaborar otros, ya que puede ser necesario actualizarlo.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a todas las Secciones, coordinadores y grupos de la RAR de Europa Occidental, coordinadores y grupos de la Red de Objetores de Conciencia en Europa Occidental, grupos de coordinación de Grecia, Chipre y Turquía, coordinadores de la RAR de Europa Oriental, grupos de coordinación de Europa Oriental, coordinadores de la RAR de la antigua Unión Soviética y grupos de coordinación de la Confederación de Estados Independientes y Mongolia.

1Según las enmiendas efectuadas en 1992 a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los delincuentes comunes deben tener acceso a asistencia letrada y comparecer ante el juez tras pasar veinticuatro horas bajo custodia policial (en casos excepcionales, cuando se trata de más de un acusado y con permiso del fiscal, el plazo puede ampliarse a ocho días). A los detenidos por delitos contemplados en la amplísima Ley Antiterrorista, entre ellos los delitos no violentos que refleja el artículo 8, no se les permite ponerse en contacto con ningún abogado y pueden permanecer retenidos hasta treinta días. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura recomendaron que se permitiera recibir asesoramiento legal a todos los detenidos, y que se redujera el periodo máximo de detención para cumplir con las normas internacionales.

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