Document - Timor-Leste: All parties must act resolutely to ensure justice for both current and past violations of human rights

Timor Oriental: Todas las partes deben actuar con decisión para garantizar justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas actualmente y en el pasado

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la intención expresada por el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), durante la sesión abierta del Consejo de Seguridad celebrada el 13 de junio de 2006, de crear una comisión especial de investigación independiente que se encargue de examinar los últimos sucesos violentos en Timor Oriental, como había solicitado el gobierno timorés. La responsabilidad de crear y dar forma a esta estructura corresponde a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU debe asegurarse de que este proceso de investigación está firmemente vinculado al futuro procesamiento de los individuos que resulten responsables.

En la breve andadura de Timor Oriental, existe un largo historial de iniciativas en busca de la verdad cuyas recomendaciones en materia de justicia han sido ignoradas o rechazadas sistemáticamente por los países implicados –Timor Oriental e Indonesia– y desatendidas por la comunidad internacional, en particular por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por esta razón, Amnistía Internacional teme que esta nueva iniciativa corra la misma suerte.

La mayoría de los crímenes cometidos en Timor Oriental en 1999 no se han abordado todavía, a pesar de que las resoluciones 1264 y 1272 del Consejo de Seguridad, adoptadas hace casi siete años, ya recalcaban la necesidad primordial de justicia.

En mayo de 2005, el Consejo de Seguridad dio por concluido el proceso para investigar y procesar a los responsables de graves delitos cometidos en 1999, a pesar del reconocimiento general de que su trabajo no estaba completo. Posteriormente, el Consejo de Seguridad ha declinado considerar seriamente las recomendaciones de la Comisión de Expertos, establecida por el secretario general para examinar el encausamiento de las infracciones graves de los derechos humanos cometidas en Timor Oriental en 1999, que fueron presentadas en un informe al secretario general en julio de 2005. De hecho, en septiembre de ese año el Consejo de Seguridad devolvió el informe de la Comisión de Expertos y pidió a secretario general que presentara un nuevo informe sobre justicia y reconciliación con un planteamiento “verosímil”, que tomara también en cuenta las opiniones expresadas por los gobiernos de Timor Oriental e Indonesia. La resistencia que demuestran ambos gobiernos frente a la consecución de justicia por los abusos cometidos en el pasado, junto a consideraciones de índole económica y logística para la ONU, suscitan el temor de que el Consejo de Seguridad sólo considere aceptables las recomendaciones menos contundentes. De hecho, casi han transcurrido nueve meses desde que el Consejo de Seguridad hizo la solicitud y todavía no se ha presentado el informe.

Tanto la Secretaría como el Consejo de Seguridad de la ONU tienen la oportunidad histórica de corregir el rumbo de los acontecimientos y posicionarse claramente a favor de que se haga justicia por las violaciones cometidas en el pasado en Timor Oriental.

La situación actual en el país es el resultado de muy diversos factores. Pero la ausencia del Estado de derecho y la presencia de una cultura de impunidad por los abusos cometidos en el pasado son, sin duda, determinantes. Si no hay rendición de cuentas por los crímenes del pasado no puede haber reconciliación, y esto sólo ocasiona mayor inestabilidad. Un círculo vicioso en el que Timor Oriental permanece atrapado desde que declaró su independencia.

Para romperlo, la ONU debe asegurarse de que el proceso de investigación sobre los últimos acontecimientos lleva aparejada la firme determinación de llevar a los responsables ante la justicia por parte de las autoridades timoresas.

Más aún, las investigaciones actuales carecerán de efectos duraderos si las autoridades timoresas e indonesias no dan ejemplo de esa determinación para lograr que finalmente se haga justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en 1999.

Por último, la ONU debe actuar con decisión a fin de asumir sus obligaciones para con las víctimas de la violencia desatada en 1999.

Una actuación decidida de las partes implicadas es, en estos momentos, fundamental para garantizar el procesamiento de todos los autores de graves delitos cometidos en Timor Oriental, actualmente y en el pasado.