Document - Thailand: Human rights must be central to government's actions

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: ASA 39/011/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 184/04

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA390112004

No publicar antes de las 05:00 horas GMT del 21 de julio de 2004

Tailandia: Los derechos humanos deben ocupar un lugar central en las acciones del gobierno

Al final de su visita a Tailandia, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, reconoció los progresos realizados en materia de derechos humanos en el país en las últimas décadas, pero también señaló las importantes deficiencias que hay que abordar urgentemente.

La sra. Khan declaró: “La adopción de una Constitución progresista, la ratificación de tratados de derechos humanos, la creación de instituciones nacionales y la adopción de otras medidas para proteger los derechos humanos son logros importantes, pero su efectividad se está viendo socavada por un clima de impunidad que permite que continúen las violaciones de derechos humanos”.

“Las garantías de derechos humanos deben traducirse en acciones concretas encaminadas a impartir justicia para todos.”

Amnistía Internacional ha trabajado durante muchos años en estrecha colaboración con la sociedad civil tailandesa, las organizaciones de derechos humanos del país y las víctimas de violaciones de estos derechos en Tailandia. Irene Khan ha declarado: “Nos hacemos eco de su preocupación y de sus peticiones de que se rindan cuentas, se proteja a los activistas y se respeten los derechos humanos en la aplicación de la ley y las políticas sociales”.

La organización ha pedido al gobierno que tome medidas enérgicas para hacer que los funcionarios rindan cuentas de sus actos en lo relativo a violaciones de derechos humanos cometidas tanto en el pasado como en la actualidad.

Durante los últimos tres años, 16 activistas han muerto o han “desaparecido”, y se han impuesto restricciones al derecho de manifestación y a la libertad de expresión. También se han recibido informes de tortura y malos tratos y denuncias de homicidios ilegítimos y “desapariciones” en el contexto de la guerra contra las drogas emprendida el año pasado y de los disturbios que están teniendo lugar actualmente en el sur.

Amnistía Internacional reconoce que el gobierno tiene el deber de garantizar la seguridad. No obstante, cualquier acción que emprenda debe ser plenamente conforme con las obligaciones que en materia de derechos humanos ha aceptado libremente como Estado soberano.

“En la difícil situación que actualmente se vive en las provincias de Yala, Songkla, Pattani y Narathiwat, los derechos humanos deben protegerse con una vigilancia especial”, ha manifestado Irene Khan.

“Es obligación del gobierno garantizar que se hace justicia, independientemente de que los responsables sean agentes estatales o no estatales. También interesa al gobierno asegurarse de que sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de velar por la seguridad están más allá de toda sospecha. Esto sólo puede lograrse si las denuncias de violaciones de derechos humanos se investigan de manera exhaustiva, independiente e imparcial y si los responsables son llevados ante la justicia”, ha añadido la secretaria general.

“El derecho a la información es un atributo fundamental de la democracia. La verdad y la justicia van de la mano, y ambas están ensombrecidas en Tailandia hoy día.”

El gobierno ha establecido varios comités para investigar los homicidios cometidos en el contexto de la guerra contra las drogas, y una comisión para investigar los sucesos del 28 de abril de 2004. Sin embargo, la falta de independencia, imparcialidad y transparencia en el proceso hasta la fecha pone en peligro la libertad de las conclusiones y recomendaciones de todos ellos.

Se han recibido informes de que el uso de “listas negras” de sospechosos en el contexto de la guerra contra las drogas y de los disturbios del sur del país ha dado lugar a extorsiones y abusos y ha creado una sensación de inseguridad. El gobierno tiene la responsabilidad de proteger frente a las violaciones de derechos humanos que se cometan en relación con esas listas.

“No se puede esgrimir como excusa que las personas de esas listas son posibles sospechosos. El gobierno debe proteger los derechos de los culpables, pues de lo contrario pone en peligro los derechos de los inocentes”, ha dicho Irene Khan.

“No basta con abordar los abusos una vez cometidos. El gobierno también debe integrar los principios y enfoques de derechos humanos en su política social y de mantenimiento del orden.”

“No subestimamos los desafíos que el serio problema de las drogas, los disturbios del sur y la epidemia de VIH/sida plantean al país. En cada caso, la mejor estrategia, y la más sostenible, es adoptar un enfoque que respete y proteja los derechos humanos de todos los individuos. Un enfoque duro, de ‘solución rápida’, puede resultar tentador y ser popular, pero la experiencia nos ha enseñado que a largo plazo es insostenible.”

Irene Khan ha manifestado su satisfacción por las medidas adoptadas por las autoridades, como la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos y el establecimiento de un Departamento de Protección de los Derechos y las Libertades en el Ministerio de Justicia.

Amnistía Internacional también ha aplaudido las iniciativas de reforma penal para reducir el grave hacinamiento de las prisiones haciendo hincapié en la rehabilitación de los individuos que han cometido delitos relacionados con las drogas y en las alternativas a la prisión para los menores.

“En el pasado, Tailandia ha desempeñado un papel constructivo en la promoción de los derechos humanos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y debe seguir haciéndolo”, ha manifestado la sra. Khan.

El Real Gobierno Tailandés ha respaldado la creación de un mecanismo de derechos humanos en la ASEAN. Ahora debe utilizar su influencia de forma dinámica para hacer realidad dicho mecanismo. También debe presionar a Myanmar para que haga frente a los graves abusos contra los derechos humanos que vienen cometiéndose en ese país desde hace mucho tiempo, y debe alentar a Indonesia a permitir que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos tengan acceso a Aceh.

Tal como ha manifestado Irene Khan: “Nuestro mensaje al gobierno es muy sencillo: coloquen los derechos humanos en el lugar central de su política nacional y exterior”.

Documento público

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