Document - Sri Lanka: Amnesty International calls on the United Nations Human Rights Council to address violations

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 37/019/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 170/07

4 de septiembre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA370192007

Sri Lanka: AI pide al Consejo de Derechos Humanos que se ocupe de la violación de esos derechos

Amnistía Internacional insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que pida al gobierno de Sri Lanka que se ocupe de los casos de falta de respeto de los derechos humanos que siguen produciéndose en el contexto del conflicto armado entre las fuerzas del gobierno, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y otros grupos armados. La comisión de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por todas las partes en el conflicto caracteriza las hostilidades, que se han intensificado desde abril de 2006.

En Sri Lanka tienen lugar a diario homicidios ilegítimos, secuestros y desapariciones forzadas de civiles. En los primeros seis meses de 2007 se han registrado varios cientos de casos de desapariciones forzadas y de homicidios ilegítimos. Amnistía Internacional considera asimismo motivo de preocupación la creciente frecuencia de los homicidios de periodistas a manos de hombres armados no identificados y el endurecimiento de las restricciones a la libertad de expresión. La organización ha pedido hoy, 4 de septiembre de 2007, a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que busquen, durante su sexto periodo de sesiones, oportunidades de actuar para abordar el rápido deterioro de la situación en el país.

Ausencia de protección de la población civil

Hay una necesidad urgente y constante de proteger de forma sostenida y efectiva a la población civil. Según los informes, al menos 4.000 personas han perdido la vida en el conflicto desde finales de 2005; nueve civiles, dos de ellos menores, murieron, según los informes, durante el pasado fin de semana en Mannar, donde al parecer más de 4,000 personas se han visto desplazadas en los últimos días. Amnistía Internacional considera grave motivo de preocupación el hecho de que la población civil no sólo se encuentre "atrapada entre dos fuegos", sino que también haya sido elegida deliberadamente como blanco de sus acciones por las fuerzas de seguridad, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y otros grupos armados.

Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación en particular la falta de protección de la población civil en el norte y el este del país. El número de homicidios ilegítimos y de desapariciones forzadas denunciados ha aumentado, en el marco de la persistente ausencia de identificación y puesta a disposición judicial de las personas responsables de violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en Jaffna ha informado de que, sólo en las primeras tres semanas de agosto de 2007, se registraron 21 casos de desapariciones forzadas y 13 casos de homicidios ilegítimos. Al menos 290.000 civiles se han visto desplazados debido a las operaciones militares en curso por ambas partes. La mayoría de las personas desplazadas son mujeres y menores. El acceso de la ayuda humanitaria a la población civil ha sufrido graves restricciones, y más de 30 trabajadores de ayuda humanitaria han perdido la vida desde 2006. Si bien el gobierno ha condenado los actos de violencia contra el personal de ayuda humanitaria, se ha constatado una notoria ausencia de investigaciones imparciales y efectivas que lleven al enjuiciamiento de los responsables. Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar la prestación de asistencia adecuada a la población civil de las provincias del norte y el este y a cooperar plenamente para facilitar el trabajo de los organismos humanitarios.

Muchas personas internamente desplazadas siguen viviendo en una situación de miedo, sostenida en parte por la persistente implicación de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en abusos generalizados contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y secuestros. Además de la amenaza de represalias de los Tigres de Liberación, muchos desplazados internos han informado de que se muestran reacios a regresar a sus lugares de origen debido a la amenaza de reclutamiento de adultos y menores por parte de los Tigres de Liberación. Amnistía Internacional ha planteado reiteradamente sus motivos de preocupación respecto de esta cuestión a los Tigres de Liberación y ha instado a esta organización a cumplir su compromiso de liberar a todos los niños y niñas soldados.

La facción Karuna, un grupo escindido de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, continúa reclutando niños y niñas en zonas controladas por el gobierno, en particular en el distrito de Batticaloa. Amnistía Internacional informó en abril de 2007 de que organismos humanitarios que desarrollaban sus actividades en el este del país también habían denunciado varios casos de extorsión y amenazas por parte de la facción Karuna. Philip Alston, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, afirmó en 2006 que el gobierno debe reiterar públicamente su renuncia a toda forma de colaboración con el grupo de Karuna.

Ataques contra periodistas

Ha aumentado el número de ataques contra periodistas, sobre todo contra aquellos a quienes se considera adscritos a los medios de comunicación tamiles. Diez trabajadores de medios de comunicación han perdido la vida desde el comienzo de 2006, y se da por muerto a otro periodista que fue víctima de desaparición forzada. Se ha constatado una grave inacción de las autoridades a la hora de realizar investigaciones efectivas que lleven al enjuiciamiento de los responsables de estos homicidios ilegítimos.

Hay motivos para temer el retorno a la constante de implicación de las fuerzas de seguridad en homicidios extrajudiciales de periodistas y otras personas. En un caso reciente que resulta ilustrativo, Sahathevan Deluxshan, de 22 años de edad, estudiante de periodismo en el Centro de Investigación y Formación sobre Medios de Comunicación de la Universidad de Jaffna y periodista a tiempo parcial, murió como consecuencia de disparos efectuados por hombres no identificados el 2 de agosto de 2007 en la ciudad de Jaffna. Jaffna es una zona de alta seguridad que se halla bajo el control de las fuerzas armadas de Sri Lanka y donde se han instalado diversos puntos de control para controlar los movimientos de los grupos armados. El hecho de que el ataque tuviera lugar durante las horas del toque de queda hace temer que personal militar pueda haber estado implicado o haber sido cómplice en el ataque.

Restricciones a la libertad de expresión: la Normativa de Excepción

Amnistía Internacional viene expresando reiteradamente desde hace muchos años su preocupación por determinadas disposiciones de la Normativa de Excepción que amenazan con imponer restricciones injustificadas y desproporcionadas a la libertad de expresión. Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación las restricciones impuestas a los derechos civiles y políticos en virtud de la Normativa de Excepción, cuyo carácter restrictivo se acentuó en 2006 tras su reintroducción en agosto de 2005. El nuevo conjunto de normas permite al gobierno desplegar a las fuerzas armadas y recluir sin cargos a toda persona sospechosa de actividades terroristas. Por ejemplo, la norma 6 de la Normativa de Excepción de 2006 define como delito, no sólo el "terrorismo" y "cualquier actividad terrorista que se especifique", sino también "cualquier otra actividad de apoyo a cualquier acto de terrorismo o actividad terrorista que se especifique cometidos por cualquier persona, grupo o grupos de personas". La norma 7 dispone, entre otras cosas, que "ninguna persona [...] promoverá, alentará, apoyará, aconsejará, ayudará, actuará en favor de; ni organizará o tomará parte en cualquier actividad o acto de cualquier persona, grupo, grupos de personas u organización que actúe en contravención de la norma 6 de esta Normativa".

La redacción de muchas disposiciones es muy imprecisa y general, lo que permite interpretar que penalizan un amplio abanico de actividades, incluidas las investigaciones e informaciones de los medios de comunicación. La organización considera motivo de preocupación asimismo la aplicación presuntamente discriminatoria con respecto a las personas tamiles.

Combatir la impunidad: la necesidad de investigaciones efectivas

Ante el aumento del número de episodios de abusos contra los derechos humanos en el contexto del conflicto, Amnistía Internacional considera motivo de grave preocupación el clima persistente de impunidad que han denunciado activistas de derechos humanos y otros agentes de la sociedad civil en Sri Lanka. La necesidad de vigilancia sistemática y de investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sigue siendo profunda, y es más necesaria si cabe debido a la proporción extremadamente reducida de esta clase de violaciones de derechos humanos que ha llegado a juicio o ha culminado en una sentencia condenatoria contra los responsables en el pasado.

Respondiendo a las críticas internacionales por la crisis de derechos humanos en Sri Lanka, el gobierno estableció en septiembre de 2006 una Comisión de Investigación y un Grupo Independiente Internacional de Personas Eminentes. Si bien Amnistía Internacional acoge con agrado las medidas adoptadas para hacer frente a la impunidad, considera motivo de preocupación el hecho de que el mandato de la Comisión de Investigación y del Grupo Independiente se haya limitado a 16 casos (con la posibilidad de nuevas adiciones) y no pueda ocuparse de otras violaciones de derechos humanos, en particular los incidentes más recientes. La organización considera motivo de preocupación el hecho de que el Grupo Independiente sólo pueda hacer recomendaciones a la Comisión de Investigación, y que ésta a su vez esté obligada a rendir cuentas sólo ante el presidente de Sri Lanka y no esté integrada formalmente en el sistema de justicia del país. La persistente inexistencia de un programa operativo de protección de testigos constituye un grave obstáculo para el trabajo de la Comisión de Investigación y otros organismos de investigación, tal como puso de relieve el propio Grupo Independiente Internacional de Personas Eminentes en junio de 2007.

Amnistía Internacional considera que otros mecanismos nacionales de supervisión e investigación que ya existen, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sri Lanka, no disponen de recursos suficientes ni de capacidad para abordar la escala actual de las violaciones de derechos humanos. La Comisión de Investigación tampoco puede cumplir su función, dado su ámbito de competencias limitado en cuanto a casos y retrospectivo.

Amnistía Internacional pide una presencia internacional de observadores de la situación de los derechos humanos para apoyar y reforzar la capacidad de los organismos nacionales que tienen encomendada la protección de estos derechos. Amnistía Internacional tiene el convencimiento de que la presencia de observadores internacionales que supervisen activamente el respeto del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por todas las partes constituiría un elemento disuasorio eficaz frente a la comisión de abusos y contribuiría a una identificación clara de los presuntos responsables. Los observadores podrían investigar de forma independiente las denuncias y contradenuncias e informar públicamente de sus conclusiones y del grado de cooperación (o de ausencia de cooperación) de las partes en el conflicto. La visita a Sri Lanka de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, prevista para el próximo mes de octubre, puede ser un paso importante que sirva de ayuda al gobierno de Sri Lanka para desarrollar programas para la protección de los derechos humanos y debe propiciar la adopción de medidas específicas para proteger a la población civil.

Amnistía Internacional insta al Consejo de Derechos Humanos a que pida al gobierno de Sri Lanka que:

• solicite una presencia internacional de observación de la situación de los derechos humanos que investigue de forma independiente las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que facilite su funcionamiento y considere sus recomendaciones;

• proceda a abolir la Normativa de Excepción actualmente en vigor o la adecue a las normas legales de derechos humanos aceptadas internacionalmente, incluidas las que contemplan el derecho a la vida, a no ser objeto de detención arbitraria, discriminación, desaparición forzada, tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;

• promulgue y aplique con carácter de urgencia disposiciones legales para proteger a víctimas y los testigos de delitos, incluidas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de conformidad con el derecho y las normas internacionales;

• lleve a cabo investigaciones inmediatas, imparciales e independientes sobre todos los casos de homicidios, desapariciones forzadas, tortura o malos tratos y otras violaciones graves del derecho internacional, a fin de establecer y dar a conocer los hechos, garantizar que los responsables comparecen ante la justicia y garantizar una reparación para víctimas y supervivientes;

• ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;

• invite al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la ONU, a visitar el país y aplique sin demora sus recomendaciones anteriores;

• haga públicas las conclusiones de todas las comisiones de investigación nacionales establecidas para investigar los abusos contra los derechos humanos;

• inste al gobierno de Sri Lanka a aplicar sin demora las recomendaciones formuladas por los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos y los Procedimientos Especiales.

/FIN

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