Document - Singapore: J B Jeyaretnam - defamation suits assault freedom of expression

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ÍNDICE AI: ASA 36/05/98/s

22 de julio de 1998

Singapur: J B Jeyaretnam — Una querella por difamación ataca la libertad de expresión

Amnistía Internacional ha criticado hoy la decisión tomada recientemente por el Tribunal de Apelación de Singapur, que ha aceptado el recurso presentado por el primer ministro Goh Chok Tong contra la sentencia por difamación dictada contra el dirigente de la oposición J B Jeyaretnam, condenado en julio de 1997 a pagar 20.000 dólares de Singapur. El tribunal ha aumentado la indemnización a 100.000 dólares de Singapur y ha condenado a J B Jeyaretnam a pagar los costes judiciales.

Amnistía Internacional ha declarado: «La decisión del tribunal es un paso más en la insidiosa erosión del derecho a la libertad de expresión en Singapur».

La organización de derechos humanos siente honda preocupación porque el pago de esta indemnización llevará a Jeyaretnam a la bancarrota y, con ello, lo obligará a abandonar el Parlamento.

Amnistía Internacional ha manifestado: «Al acallar una de las pocas voces activas de oposición que quedan en el país, se reforzará el ambiente general de intimidación política en Singapur, un ambiente que enmudece cualquier expresión pacífica de una opinión disidente. El temor, bien fundado, a la ruina económica puede disuadir de participar en la vida pública a los ciudadanos de Singapur que deseen manifestar opiniones alternativas a las del Partido de Acción Popular, el partido en el gobierno».

Los gobernantes de Singapur alegan que sólo tratan de defender su reputación y que, si no se querellan cuando son difamados, perderán la confianza del electorado. Amnistía Internacional cree que el uso que el Partido de Acción Popular hace de las querellas por difamación es desproporcionado y se debe a motivos políticos; además, parece estar dirigido principalmente contra las voces de los disidentes que pueden tener capacidad para desafiar la hegemonía política del partido gobernante.

En este contexto, las tácticas del Partido de Acción Popular constituyen una grave agresión contra la capacidad de todos los habitantes de Singapur de ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión y disfrutar de él. La libertad de expresión es un importante vehículo de desarrollo político, social y económico, y es esencial para garantizar el disfrute de una amplia gama de derechos de otro tipo.

La causa

En enero de 1997, el primer ministro Goh Chok Tong presentó una querella en la que reclamaba a Jeyaretnam 200.000 dólares de Singapur por daños y perjuicios, alegando que éste le había difamado al decir: «Y por último, el señor Tang Liang Hong me acaba de entregar dos informes que ha presentado ante la policía contra el señor Goh Chok Tong y su gente».

Jeyaretnam hizo este comentario tras ser interrumpido durante un discurso electoral por Tang Liang Hong, candidato al parlamento por otro partido de oposición, el Partido de los Trabajadores, que colocó unos documentos ante su atril. Tang Liang Hong, a quien Goh Chok Tong y otros miembros destacados del Partido de Acción Popular habían calificado públicamente durante la campaña electoral de «chino anticristiano y chauvinista», aseguró que había sido difamado, ya que las acusaciones del partido gobernante eran falsas y habían incitado a los grupos religiosos a odiarlo. Al pedir que se investigaran esos hechos, Tang Liang Hong presentó los informes en cuestión ante la policía. Poco después abandonó Singapur, afirmando que había recibido amenazas de muerte y que debía organizar sus asuntos económicos para hacer frente a su defensa legal.

Los dirigentes del Partido de Acción Popular se querellaron contra él in absentia por difamación —a causa de la presentación de los informes ante la policía—, y consiguieron que Tang Liang Hong fuera condenado a pagar 8,08 millones de dólares de Singapur por daños y perjuicios, que en la apelación se redujeron a 4,53 millones. Posteriormente Tang se declaró en bancarrota.

La resolución

A Amnistía Internacional le preocupaba la decisión tomada en septiembre de 1997 por el Tribunal Superior, que declaró a Jeyaretnam culpable de difamación, no en el sentido pleno de la palabra, sino en el sentido más leve de «insinuación». El juez, al considerar que Goh había exagerado el caso, condenó a Jeyaretnam a pagar 20.000 dólares de Singapur y un 60 por ciento de los costes judiciales. Posteriormente, se intensificó el temor por los motivos políticos que subyacían tras la querella contra Jeyaretnam cuando Goh presentó una apelación pidiendo que se elevara la cantidad a pagar, apelación que a su vez fue recurrida por el condenado.

A Amnistía Internacional le preocupa muchísimo la decisión del Tribunal de Apelación y considera que las consecuencias económicas y políticas que esta decisión tendrá en Jeyaretnam son manifiestamente injustas. Además, la organización se siente decepcionada porque algunos aspectos de la resolución del tribunal parecen fundamentar las acusaciones que indican que el poder judicial se pliega a la voluntad del ejecutivo en los casos políticamente «delicados».

El Tribunal de Apelación dictaminó que el juez del Tribunal Superior había «errado» en tres cuestiones clave: la cuestión de la «malicia» oculta tras la declaración, la cuestión de los «factores agravantes» que afectaban a la indemnización que debía fijarse, y la cuestión de la «consonancia» de la cantidad que se debía pagar con las fijadas en casos pasados de difamación.

A Amnistía Internacional le preocupa que no exista ninguna prueba que respalde la afirmación del Tribunal de Apelación al declarar que el juez del Tribunal Superior no había detectado la «malicia» oculta en las palabras de Jeyaretnam. Dicho juez había concluido que Jeyaretnam había actuado «con imprudencia» al hacer sus comentarios, pero eso no constituye un acto de «malicia». Además, la asombrosa afirmación del Tribunal de Apelación al asegurar que el comentario de Jeyaretnam era un «ataque astutamente velado contra el señor Goh... destinado a ensuciar su reputación con la esperanza de mejorar sus posibilidades [las de Jeyaretnam] en las elecciones», no está respaldada por ninguna prueba, y parece reflejar tan sólo los alegatos del demandante.

El Tribunal de Apelación dictaminó que el juez del Tribunal Superior no había «sopesado adecuadamente los factores agravantes pertinentes», es decir, la forma en la que el abogado de Jeyaretnam, George Carman QC, había interrogado a Goh durante la vista inicial. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que la postura del Tribunal de Apelación, basada en la afirmación de que «el señor Carman estaba actuando para la galería, no tratando de obtener testimonios pertinentes para el caso sometido a la consideración del tribunal» refleja una tendencia casi preocupante por parte de los tribunales de Singapur a «proteger» a los dirigentes políticos, por encima de la búsqueda de la verdad.

Amnistía Internacional considera que el interrogatorio del señor Carman fue necesario y justificado para determinar el contexto de la querella, y que la afirmación del Tribunal de Apelación de que ese interrogatorio constituyó «un ataque a la integridad, el carácter y la capacidad del señor Goh para ocupar el puesto de primer ministro» no está respaldada por ninguna prueba. En efecto, los dirigentes gubernamentales parecen disfrutar de una protección mucho mayor ante los tribunales que las personas que tratan de defenderse de acusaciones graves formuladas por esos mismos dirigentes. Además, el Tribunal de Apelación parece sugerir que los acusados, al interrogar exhaustivamente a los ministros del gobierno en las querellas por difamación, corren un serio peligro de agravar la acusación.

La resolución del tribunal sobre el agravamiento de los daños viola el derecho a un juicio justo e impide al acusado en un caso de difamación presentar una defensa adecuada. También hace al acusado responsable de los actos de su abogado, sin permitir que se lleve a cabo una vista adecuada para determinar esa cuestión.

Respecto al hecho de que se aumentara la indemnización fijada por el Tribunal Superior, a Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que el Tribunal de Apelación seleccionara como precedentes sólo un par de casos sin revisar a fondo las indemnizaciones por difamación fijadas en Singapur. A la organización le preocupan además las implicaciones más profundas del hecho de que ningún político del Partido de Acción Popular haya perdido una querella por difamación en Singapur, y también le preocupa el hecho de que, al examinar la pauta general de indemnizaciones por difamación, parece apreciarse una marcada disparidad entre los casos en los que están implicados miembros del gobierno y los casos en los que los implicados son ciudadanos corrientes.