AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

ASA 35/005/2010

21 de abril de 2010

Filipinas: El tratamiento del caso de la matanza de Maguindanao arroja dudas sobre el sistema de justicia

La retirada tres semanas antes de las elecciones en Filipinas de los cargos presentados contra dos destacados miembros de la familia Ampatuan, acusados de participar en la matanza de Maguindanao de noviembre de 2009, hace sospechar que la política ha prevalecido frente a la justicia y los derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

La decisión de retirar los cargos contra Zaldy Ampatuan, gobernador de la Región Autónoma Musulmana de Mindanao, y Akmad Ampatuan, vicegobernador en funciones de Maguindanao, tomada por el Departamento de Justicia el 17 de abril –un sábado–, se basó en gran medida en las coartadas presentadas por ambos para demostrar que no estaban en Maguindanao en el momento de la matanza.

Sin embargo, el hecho de que no estuvieran físicamente presentes durante la matanza es irrelevante, ya que ambos estaban acusados de conspirar, no de participar directamente. El momento y la forma en que se tomó la decisión de retirar los cargos plantea dudas sobre los motivos por los cuales intervino el secretario de Justicia, cargo de designación política.

El peor episodio de violencia de la historia de Filipinas, la matanza de Maguindanao, en el que murieron 63 personas, 33 de ellas periodistas, centró la atención del mundo sobre la situación de los derechos humanos en el país. Las víctimas se dirigían a formalizar una candidatura a gobernador provincial cuando unos hombres armados les tendieron una emboscada y las mataron.

El secretario de Justicia en funciones, Alberto Agra, declaró que había tomado la decisión de retirar los cargos porque, al no existir ninguna causa probable, los nombres de ambos encausados debían ser retirados del acta formal de acusación. El grupo de fiscales, sin embargo, afirma que se plantean este caso de asesinato múltiple como una conspiración, y por tanto no es necesario que ambos hombres estuvieran presentes en el lugar del crimen para haber participado en él.

Los fiscales lamentaron también haberse enterado de la decisión del secretario de Justicia por los medios de comunicación, y afirmaron:

“Las pruebas que tenemos contra los acusados, nuestra conciencia, nuestro sentido del bien y del mal y la idea de lo que es justo y lo que no nos dejan sin margen para acatar las órdenes del secretario [...] Nos preocupa mucho que la resolución convenza aún más a una opinión pública ya muy escéptica de que nuestro sistema de justicia penal es impotente cuando los acusados son personas políticamente influyentes [...] No podemos asistir sin inmutarnos a la concesión de impunidad a acusados privilegiados.”

La matanza de Maguindanao ha intensificado la atención internacional sobre el gobierno filipino. Ahora, el Departamento de Justicia y los tribunales deben demostrar con el tratamiento de este caso que es posible conseguir que se haga justicia.

Las denuncias de fraude electoral en los comicios de 2004, especialmente en Maguindanao, donde se sabe que los paramilitares y los grupos de milicias han secuestrado y ejecutado extralegalmente a personas por orden de políticos locales, han ensombrecido las próximas elecciones. Ante la proximidad de los comicios, que se celebrarán en mayo, el gobierno filipino debe demostrar que no tolerará la impunidad de los abusos contra los derechos humanos para conseguir beneficios políticos.

La matanza de Maguindanao es un ejemplo claro de que los políticos locales y sus grupos armados pueden matar a más de 50 personas a plena luz del día para promover sus intereses políticos.

Filipinas debe cumplir con su obligación en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de garantizar un recurso efectivo para las víctimas de abusos contra estos derechos y evitar la impunidad, ha dicho Amnistía Internacional.


Información complementaria

Inicialmente, la causa sobre el múltiple asesinato de Maguindanao fue asignada a un tribunal local. Según las leyes filipinas, este tribunal puede acatar la decisión del secretario de Justicia o ejercer sus competencias como poder independiente del gobierno.

Según las leyes filipinas, es preciso que la cantidad de pruebas constituya una “causa probable” para que puedan presentarse cargos. La existencia de pruebas suficientes para ello se determina mediante una investigación preliminar de la fiscalía. Si ésta halla que constituyen “causa probable”, el caso se asigna al tribunal, sobre el que recae entonces la responsabilidad de evaluar las pruebas y dictar sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de la persona acusada.

El secretario de Justicia en funciones, Alberto Agra, ordenó que se retiraran los cargos de múltiple asesinato contra Zaldy y Akmad Ampatuan basándose en una lista de pasajeros de avión, una factura de teléfono y la declaración de un testigo, frente a otras pruebas, como el testimonio de un ex miembro del ejército privado de los Ampatuan, según el cual ambos acusados participaron en la planificación del asesinato.

Alberto Agra ocupó el cargo de secretario de Justicia en febrero de 2010. Fue abogado electoral de la presidenta Arroyo durante las elecciones presidenciales de 2004 y su asesor privado durante el juicio político (impeachment) iniciado contra Arroyo en 2006.

Hay 197 personas sospechosas en el caso de asesinato múltiple de Maguindanao. Según informan los medios de comunicación, a 13 de abril 59 de ellas estaban bajo la custodia del gobierno: 47 policías, dos milicianos y varios miembros del clan Ampatuan. Los medios de comunicación también han dicho que el resto de los sospechosos identificados, entre ellos 97 milicianos de las Organizaciones Civiles Voluntarias de Autodefensa, 13 policías, cuatro soldados, otros 13 miembros de la familia Ampatuan y otros sospechosos, continúan en libertad.