AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 35/001/2010

9 de febrero de 2010

Filipinas: Los candidatos deben aclarar su postura hacia los derechos humanos

El peor suceso de violencia preelectoral en Filipinas –la matanza de Maguindanao– ha centrado la atención global sobre la situación de los derechos humanos en el país. Ahora más que nunca, quienes han presentado su candidatura en las elecciones presidenciales previstas para el 10 de mayo tienen que aclarar cómo abordarán las cuestiones clave en materia de derechos humanos a las que se enfrenta el país.

Hoy, en el inicio oficial de la campaña para las elecciones a la presidencia de Filipinas, Amnistía Internacional pide a todos los candidatos que aclaren su postura y hagan públicos los compromisos sobre las medidas que emprenderán durante sus primeros 100 días de mandato para atajar violaciones graves de los derechos humanos. En una carta abierta dirigida a los candidatos, Amnistía Internacional les pide que se comprometan a:

1. Revocar la Orden Ejecutiva 546, y garantizar la plena rendición de cuentas en todas las milicias y grupos paramilitares patrocinados por el Estado.

A pesar de la matanza de 63 civiles el 23 de noviembre en Maguindanao, todavía siguen operando libremente en otras partes del país miembros de grupos locales y ejércitos privados armados por el Estado. Que el gobierno de Filipinas siga sin establecer mecanismos para la rendición de cuentas de estos grupos armados socava el Estado de derecho y niega a la población civil la protección de sus derechos humanos.

En un plazo de 100 días, el nuevo presidente o presidenta de Filipinas tendrá que revocar la Orden Ejecutiva 546, que permite que milicias y grupos paramilitares proporcionen apoyo activo en operaciones de contrainsurgencia. En la práctica, estos grupos carecen de una formación adecuada, de mecanismos para la rendición de cuentas, de una correcta integración en la cadena de mando militar, y han sido responsables de graves violaciones de los derechos humanos. En algunas provincias, las denominadas Organizaciones Civiles Voluntarias (CVOs, por sus siglas en inglés) funcionan en la práctica como ejércitos privados para los políticos locales, lo que incrementa el riesgo de que se produzcan actos de violencia preelectoral.

2. Establecer una comisión presidencial para la prevención de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales y el procesamiento de los responsables.

En los últimos 10 años, el menos 200 ciudadanos filipinos han sido víctimas de desaparición forzada y hasta 1.100 han sido ejecutados en actos de homicidio político. El futuro presidente o presidenta habrá de constituir una comisión imparcial e independiente que examine estos casos con el fin de habilitar las investigaciones oportunas y efectivas y, cuando proceda, emprender las pertinentes actuaciones judiciales.

La persona que ocupe la presidencia deberá promover leyes que penalicen específicamente las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, y firmar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU.

3. Ordenar al gobierno la plena aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la ONU, para garantizar la seguridad y bienestar de las personas desplazadas.

A pesar del alto el fuego en Mindanao, más de 125.000 personas siguen desplazadas sólo a cuenta del conflicto armado de 2008. Para atajar esta grave situación humanitaria, el futuro presidente o presidenta habrá de cursar públicamente las instrucciones precisas al gobierno para que se garantice que las políticas que se aplican cumplen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la ONU.

De conformidad con estos Principios Rectores, las autoridades competentes deben proporcionar a los desplazados internos alimentos esenciales y agua potable; alojamiento y vivienda básicos; vestido adecuado; y servicios médicos y de saneamiento esenciales. Además, todas las autoridades competentes deben garantizar y facilitar el paso libre de la asistencia humanitaria a las zonas bajo su control, y deben implementar un plan de actuación sostenible para que las personas desplazadas puedan regresar de forma voluntaria y segura a su hogar o su lugar de residencia habitual.

En su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la persona que en el futuro ocupe la presidencia de Filipinas será directamente responsable de garantizar que las Fuerzas Armadas cumplen el derecho internacional humanitario. Uno de los principios clave del derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente los ataques directos o indiscriminados contra la población civil, lo que incluye las personas desplazadas y otros colectivos de personas no combatientes.

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Documento público

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