Document - Papua New Guinea Porgera update: Companies accept that police forced communities from their homes near Porgera mine

AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA


Índice AI: ASA 34/005/2009

9 de diciembre de 2009



Papúa Nueva Guinea: Las empresas reconocen que la policía expulsó a las comunidades de sus casas cerca de la mina de Porgera



Tras las investigaciones sobre el terreno realizadas por Amnistía Internacional, en el curso se las cuales se hallaron pruebas de violencia policial y de desalojos forzosos de personas que vivían en las proximidades de la mina de Porgera, en Papúa Nueva Guinea, la empresa canadiense Barrick Gold Corporation (Barrick) ha declarado a Amnistía Internacional que ahora reconoce que estas personas vivían en casas permanentes cerca de la mina y que fueron afectadas por la actuación policial. El 95% de la mina de Porgera es propiedad de filiales de Barrick, que la gestionan a través de la empresa conjunta Porgera Joint Venture (PJV).

Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que entre el 27 de abril y julio de 2009, la policía destruyó en los pueblos de Wuangima y Kulapi al menos 130 edificios, entre los que había casas permanentes y sólidas. A los habitantes de las casas destruidas no se les notificaron los desalojos, no se les consultó antes de la actuación policial ni se les prestó asistencia para garantizar que se respetaban y protegían sus derechos. Por tanto, estas familias fueron objeto de desalojos forzosos que vulneran el derecho internacional de derechos humanos. Las fotografías de los desalojos forzosos de Wuangima muestran a personal de PJV reunido dentro de los terrenos de la mina, en lugares desde donde pudieron ver a la policía cuando entró en los pueblos y comenzó a incendiar las casas. Los desalojos forzosos están reconocidos como una violación flagrante de derechos humanos. Testimonios concordantes y otras pruebas creíbles demuestran asimismo que la policía actuó con violencia en el desempeño de sus funciones, llegando incluso a golpear brutalmente a un hombre durante el allanamiento policial de su casa en medio de la noche.

Barrick y PJV han comunicado a Amnistía Internacional que ambas empresas han hecho averiguaciones sobre la actuación policial y que están considerando seriamente los motivos de preocupación expuestos por Amnistía Internacional. Las empresas manifestaron que estarían dispuestas a instar a las autoridades pertinentes de Papúa Nueva Guinea a que emprendan una investigación imparcial sobre los hechos.

Como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otros tratados internacionales de derechos humanos que prohíben los desalojos forzosos, Papúa Nueva Guinea tiene la obligación de poner fin a los desalojos forzosos, prohibirlos e impedirlos, lo que incluye proteger la población de estos actos cuando los cometan terceros.

Amnistía Internacional pide:

Al gobierno de Papúa Nueva Guinea que emprenda inmediatamente una investigación rigurosa e imparcial sobre los desalojos forzosos y la violencia policial en Porgera, enjuicie a los responsables y ponga a disposición de los afectados remedios que incluyan las indemnizaciones y las viviendas alternativas adecuadas necesarias.


A Barrick y PJV:
Que faciliten inmediatamente a las autoridades gubernamentales de Papúa Nueva Guinea toda la información ya recabada por PJV en relación con los desalojos forzosos y la violencia policial en Porgera; y que insten de forma inmediata y transparente a las autoridades de Papúa Nueva Guinea a que inicien una investigación rigurosa e imparcial sobre los desalojos forzosos y la violencia policial en Porgera, enjuicien a los responsables y pongan remedios pertinentes a disposición de los afectados. En todas las reuniones que mantengan con las autoridades para pedir una investigación deberán participar miembros de las comunidades afectadas y personas que hayan criticado abiertamente la actuación policial, como los ejecutivos de la Asociación de Terratenientes de Porgera.

Información complementaria

El 11 de mayo de 2009, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre la actuación policial que culminó con el desalojo forzoso de personas que vivían en pueblos de Porgera. Los informes iniciales indicaban que la policía incendió 50 casas. También se informó de que, como parte de las operaciones policiales, se incendiaron otras 300 casas, dejando sin hogar a 1.000 personas. Estos hechos se produjeron dentro del área especial de arrendamiento minero de Porgera.

El 16 de junio de 2009, Barrick condenó públicamente la declaración pública de Amnistía Internacional calificándola de “mal elaborada y errónea” y afirmó que los edificios incendiados eran sólo chozas improvisadas y temporales y alojamientos rudimentarios en los que vivía población transeúnte.

Entre el 18 de agosto y el 2 de octubre de 2009, Amnistía Internacional realizó más investigaciones sobre los derechos humanos de las personas afectadas por los desalojos forzosos que incluyó la inspección visual de los restos incendiados de las casas y la celebración de 27 reuniones en las que participaron más de 180 personas. Estas nuevas investigaciones de Amnistía Internacional confirmaron que se destruyeron al menos 130 edificios, entre los que había casas permanentes construidas sólidamente; sin embargo, no se pudo determinar con exactitud el número de viviendas destruidas y de personas afectadas.

A principios de noviembre de 2009, Amnistía Internacional comunicó las conclusiones iniciales de sus investigaciones al gobierno de Papúa Nueva Guinea y a las empresas que gestionan la mina y propietarias de ésta. En una reunión en la que participaron Amnistía Internacional, Barrick y PJV celebrada el 3 de diciembre de 2009 y en carta de 7 de diciembre de 2009, Barrick reconoció que las declaraciones públicas que había realizado la empresa en las que ésta afirmaba que sólo se habían incendiado estructuras temporales eran inexactas. Barrick y PJV comunicaron a Amnistía Internacional que ahora estaban de acuerdo en que había que realizar más investigaciones.

Barrick y PJV declaran que creen que también es necesario investigar si algunos terratenientes locales consintieron la actividad policial. Amnistía Internacional observa que este consentimiento no impediría que los desalojos fueran desalojos forzosos ilegales que violan derechos humanos. En virtud del derecho internacional, los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso y una vez que se han explorado todas las demás alternativas factibles. Los desalojos sólo pueden realizarse cuando se aplican salvaguardias procesales adecuadas, incluyendo una oportunidad de consulta real con las personas afectadas, una notificación suficiente y razonable previa al desalojo, información sobre los desalojos propuestos y la provisión de remedios legales.


Documento público

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