Document - Pakistan: Fatal erosion of human rights safeguards under emergency


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Amnistía Internacional


Pakistán

Funesta erosión de las salvaguardias de derechos humanos bajo el estado de excepción






Pakistán

Funesta erosión de las salvaguardias de derechos humanos bajo el estado de excepción



Bajo el actual estado de excepción en Pakistán se están cometiendo graves violaciones de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, incluidas las consagradas en la propia Constitución del país.


En todo Pakistán se ha detenido arbitrariamente a cientos de profesionales del derecho, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones políticas. Sigue sin conocerse el paradero de algunas de las personas detenidas.


Los canales informativos independientes de radio y televisión tienen prohibido emitir en el país. También se han dictado leyes que restringen la libertad de los medios de comunicación impresos y electrónicos, cuya infracción comporta penas de entre tres y cuatro años de cárcel y la imposición de elevadas multas.


Soslayando las disposiciones de la Constitución para declarar el estado de excepción, el general Musharraf suspendió la mayoría de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, entre ellos el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, varios elementos básicos del derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, de reunión, de asociación y de expresión, y el derecho a la igualdad ante la ley.


Apartar efectivamente de sus cargos a jueces del Tribunal Supremo y de otros tribunales –y en algunos casos someterlos en la práctica a detención domiciliaria– vulnera de manera flagrante las principales disposiciones de los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura. El gobierno no puede “contratar y despedir” a jueces para disponer de unos tribunales que actúen a su conveniencia. Tampoco puede apartar a los jueces de sus cargos, salvo en caso de incapacidad o falta de aptitud para desempeñar sus funciones.


1. Imposición del estado de excepción


El 3 de noviembre, actuando en su calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Musharraf impuso el estado de excepción y suspendió la Constitución, promulgando en su lugar una “Orden Constitucional Provisional”. La Orden Constitucional Provisional, si bien establece que Pakistán será “gobernada en lo posible con arreglo a la Constitución”, supedita esta disposición a las órdenes del general Musharraf. En virtud de esta excepción, la Orden Constitucional suspende expresamente los derechos constitucionales fundamentales y faculta al general Musharraf para modificar la Constitución a voluntad, sin ningún trámite parlamentario ni de otra índole. Además, prohíbe que cualquier tribunal dicte una orden contra el presidente, el primer ministro u otra persona facultada por ellos para ejercer el poder.


El 15 de noviembre, el general Musharraf modificó la Orden Constitucional Provisional para que su potestad de levantar el estado de excepción en calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército fuera transferida a sus funciones como presidente. Esto le permitirá ejercer tales atribuciones cuando decida renunciar a su cargo de jefe del Estado Mayor.


En aplicación de la Orden Constitucional Provisional, los máximos representantes de la judicatura (es decir, los miembros del Tribunal Supremo y de cuatro tribunales superiores) han sido suspendidos en la práctica hasta que pronuncien un nuevo juramento para acatar, en lugar de la Constitución, las disposiciones del estado de excepción declarado el 3 de noviembre y la Orden Constitucional Provisional. Sólo 5 de los 17 magistrados del Tribunal Supremo han prestado juramento; los demás estaban en detención domiciliaria de facto mientras las autoridades trataban de nombrar en su lugar a otros elegidos por ellas.

El régimen de excepción impuesto por el general Musharraf es ilegal con arreglo al ordenamiento jurídico paquistaní. En su calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Musharraf no está legalmente autorizado a declarar el estado de excepción. Dicha atribución sólo compete al presidente, y el estado de excepción se debe regular como dispone la Constitución.


Otro alarmante giro de los acontecimientos tuvo lugar el 11 de noviembre, cuando el gobierno modificó la Ley del Ejército para que las autoridades militares pudieran juzgar a civiles. En virtud de estas enmiendas a la ley, con efecto retroactivo desde enero de 2003, las autoridades militares pueden juzgar a civiles por delitos como la traición, la sedición y las “declaraciones tendentes a causar perjuicio público”. La publicación de cualquier material que incluya comentarios contra la imposición del estado de excepción puede ser considerada una violación de la nueva Ley del Ejército. Por tanto, representa una grave amenaza para los medios de comunicación impresos y electrónicos y para los activistas de la sociedad civil, así como para los derechos humanos fundamentales de aquellas personas contra las que se han emprendido acciones judiciales en aplicación de las disposiciones de la Ley Antiterrorista. Que el fiscal general haya asegurado que no se juzgará a políticos ni profesionales del derecho en virtud de esta ley no ha disipado los temores de que estos y otros grupos percibidos como opositores al gobierno se enfrenten a la perspectiva de ser juzgados ante tribunales militares.



2. Contexto jurídico


Amnistía Internacional condena la suspensión de los derechos humanos fundamentales impuesta por el general Musharraf mediante el estado de excepción por tratarse de una violación flagrante del derecho internacional y de la Constitución de Pakistán. En aplicación de las normas del derecho consuetudinario internacional, que son vinculantes para Pakistán, nunca pueden suspenderse derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a no ser discriminado y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, como tampoco algunos elementos básicos del derecho a un juicio justo, con independencia de las circunstancias.


La Corte Internacional de Justicia dispuso que “en principio, el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente se aplica también en tiempo de hostilidades”,1y en general que el derecho de los derechos humanos es aplicable en los conflictos armados,2lo cual evidentemente implica que el derecho de los derechos humanos es igualmente aplicable a otras situaciones de emergencia. El Comité de Derechos Humanos, que se destaca por su experta y autorizada jurisprudencia, ha señalado lo siguiente:


El hecho de que en el párrafo 2 del artículo 4 se declare que la aplicación de ciertas disposiciones del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] no puede suspenderse debe considerarse en parte como el reconocimiento del carácter de norma imperativa de ciertos derechos fundamentales garantizados por el Pacto en la forma de un tratado (por ejemplo, los artículos 6 y 7).3

El artículo 6 del Pacto consagra el derecho a la vida, mientras que el artículo 7 incluye la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


El Comité de Derechos Humanos ha destacado también el carácter imperativo –o de disposición cuya aplicación no puede suspenderse– de las prohibiciones sobre la detención arbitraria, la detención no reconocida y la discriminación,4así como la necesidad de respetar en toda circunstancia las garantías basadas “en los principios de legalidad y del Estado de derecho”, incluido el derecho de hábeas corpus.5


Derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la libertad de circulación, de expresión, de reunión y de asociación, no pueden ser coartados para amordazar a la oposición política. Los civiles deben ser juzgados con las debidas garantías ante tribunales ordinarios, independientes y civiles.


La sustitución del Tribunal Supremo y de otros tribunales constituidos con arreglo a la Constitución por tribunales cuyos miembros han sido elegidos a dedo –presumiblemente porque se los considera favorables al estado de excepción– y han jurado lealtad a un orden que suspende derechos fundamentales, supone la supresión de una salvaguardia imprescindible contra las violaciones de derechos humanos y contra la impunidad para los perpetradores, en un momento en que resulta muy necesaria.


Con el apoyo del Tribunal Supremo a la declaración del estado de excepción, la Orden Constitucional Provisional y las enmiendas a la Constitución por parte del general Musharraf, ha quedado firmemente establecido un sistema que garantiza no sólo la permanencia del general en el cargo de presidente, sino también una impunidad absoluta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que cometen violaciones de derechos humanos bajo el estado de excepción. La judicatura sólo es una sombra de lo que era, puesto que, de ser un poder independiente que no temía desafiar al gobierno en cuestiones de derechos humanos, se ha transformado en un órgano que aprueba leyes por las que se suspenden derechos fundamentales y que le prohíben someter a supervisión judicial la acción del gobierno.


3. Grupos amenazados


Amnistía Internacional ve con suma preocupación el patrón recurrente de detenciones masivas en todo el país. El 21 de noviembre, las autoridades anunciaron que habían quedado en libertad 5.134 personas detenidas, entre las que había profesionales del derecho, activistas políticos y activistas de derechos humanos, que estaban privadas de libertad desde la imposición del estado de excepción. También afirmaron que 202 abogados seguían bajo custodia. Continúan las detenciones y Amnistía Internacional cree que, desde que se declaró el estado de excepción, el número de aprehensiones y detenciones que no se han registrado oficialmente ni reconocido es muy superior.


Activistas de derechos humanos


El 4 de noviembre, un gran contingente de la policía efectuó un registro en la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. Más de 50 activistas de derechos humanos, que se habían reunido para debatir sobre el estado de excepción, fueron detenidos y acusados de reunión ilegal en aplicación de la legislación sobre mantenimiento del orden público, y recluidos inicialmente en la cárcel de Kot Lakhpat, en Lahore.


Entre las personas detenidas estaba la presidenta de la Comisión, Asma Jahangir, relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión. El 3 de noviembre se dictó contra ella una orden de detención por un periodo de 90 días en aplicación de la legislación sobre detención preventiva, y estuvo privada de libertad en su domicilio –declarado prisión subsidiaria por las autoridades– hasta el 17 de noviembre, fecha en que se anuló la orden. También se dictó orden de detención contra Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, que en la actualidad no se encuentra en Pakistán.

Al menos 53 de los restantes activistas detenidos quedaron en libertad bajo fianza, si bien continuaban expuestos a nuevas detenciones.


Profesionales del derecho


Miembros de la abogacía de Pakistán han estado al frente de las protestas contra la derogación de las garantías constitucionales, contra las violaciones de derechos humanos y contra el asalto a la independencia del poder judicial.


Varios abogados de renombre, entre ellos los ex presidentes del Colegio de Abogados Acreditados ante el Tribunal Supremo Tariq Mahmood y Munir Malik, permanecen privados de libertad en régimen de incomunicación desde que fueron detenidos el 3 de noviembre. Continúan las expresiones de grave preocupación por la salud de Munir Malik. Según su abogado, su estado se ha deteriorado y, además de sus ya conocidos problemas de próstata, podría tener hepatitis según el resultado de unas primeras pruebas. Actualmente no recibe tratamiento médico adecuado ni tiene acceso a especialistas. Según su esposa, las autoridades siguen sin permitirle acceder a él y enviarle medicamentos.


Atizaz Ahsan permanece recluido en la cárcel de Adiala, en Rawalpindi, donde corre peligro de sufrir malos tratos. El 21 de noviembre su abogado pudo al fin acceder a él por primera vez desde que fue detenido el 3 de noviembre.


Aún no se conoce el paradero ni la suerte que ha corrido Ali Ahmed Kurd, ex vicepresidente del Consejo del Colegio de Abogados de Pakistán y catalizador del movimiento de los profesionales del derecho, detenido también el 3 de noviembre. Existe el grave temor de que tanto él como los demás abogados detenidos, algunos de los cuales tienen problemas de salud, puedan ser torturados o maltratados.


Según los medios de comunicación y otras informaciones, se ha detenido a centenares de profesionales del derecho en todo el país desde que se declaró el estado de excepción, especialmente en las ciudades de Karachi, Lahore, Peshawar, Rawalpindi, Quetta, Hyderabad, Sukhur y en multitud de pequeñas localidades y ciudades donde muchos venían protestando pacíficamente contra el estado de excepción y la destitución de importantes jueces. Los informes indican que, en varias ocasiones, las fuerzas de seguridad golpearon a los abogados que se manifestaban y dispararon botes de gas lacrimógeno contra la multitud que protestaba en Lahore y Karachi.


Muchos de los abogados detenidos han quedado en detención administrativa por periodos de entre 30 y 90 días en aplicación de la Ley de Mantenimiento del Orden Público. Personas detenidas en aplicación de esta u otra legislación sobre detención preventiva están privadas de libertad sin cargos ni juicio. Según informes, la policía de Karachi ha presentado también cargos de sedición contra ocho abogados.

Periodistas

Se ha prohibido emitir en el país a las emisoras locales independientes de radio y televisión y se han dictado nuevas leyes que restringen la libertad de los medios de comunicación impresos y electrónicos, cuya infracción comporta penas de entre tres y cuatro años de cárcel, además de elevadas multas. Muchos periodistas han sido detenidos desde que se impuso el estado de excepción, como los más de 100 que se manifestaban el 21 de noviembre en Karachi y a los que la policía detuvo tras cargar con porras contra ellos.

Estos periodistas de Karachi fueron puestos en libertad posteriormente, pero las detenciones han continuado en todo el país. Se ha mantenido el clima de intimidación mediante un patrón recurrente de “puerta giratoria”, en el se detiene y libera continuamente a las personas que intentan protestar pacíficamente por el estado de excepción.

Los profesionales del periodismo siguen expuestos al acoso y la detención. El 17 de noviembre, el director de Tulu, periódico de Islamabad en lengua urdu, fue detenido en su despacho por policías vestidos de civil. Durante su detención le vendaron los ojos, lo condujeron a un lugar no identificado y lo interrogaron sobre sus escritos. Le informaron de que había sido detenido por orden de altos cargos gubernamentales. Quedó en libertad el 19 de noviembre.

Activistas políticos


A medida que arreciaban las protestas de los partidos de oposición contra el estado de excepción, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones de manifestantes pacíficos por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley se intensificaron.


El Partido Popular de Pakistán (PPP) ha informado de que al menos 7.500 de sus miembros han sido detenidos desde que se declaró el estado de excepción, la mayoría por delitos contra el orden público. El 12 de noviembre se impuso detención domiciliaria durante siete días a Benazir Bhutto, máxima dirigente del partido, para impedir que encabezara una marcha multitudinaria desde Lahore hasta Islamabad.


El 8 de noviembre se acusó de sedición a tres políticos y un sindicalista detenidos en Karachi por pronunciar discursos y participar en una manifestación contra el estado de excepción a las puertas del Club de Prensa de la ciudad.


4. “Desapariciones” justificadas en función de la “guerra contra el terror”


Al imponer el estado de excepción, el general Musharraf echó la culpa a la violencia extremista en el país y acusó a miembros del poder judicial de “trabajar en contra de los poderes ejecutivo y legislativo en la lucha contra el terrorismo y el extremismo”.


Amnistía Internacional ha expresado su creciente inquietud por los miles de personas que, según informes, han “desaparecido” en los últimos seis años, incluidas al menos 485 que integraban la relación de personas desaparecidas utilizada en las vistas del Tribunal Supremo. La siguiente vista ante este tribunal debía celebrarse el 13 de noviembre.


La causa está suspendida en la actualidad ya que el Tribunal Supremo se encuentra en situación de caos tras la destitución de su presidente y de otros altos jueces. Siguen sin conocerse la suerte y el paradero de las personas cuyos casos debían verse y de varios cientos más de personas en paradero desconocido. Todas estas personas corren grave peligro de sufrir tortura y malos tratos.


La inmensa mayoría de estas personas, algunas de las cuales han sido calificadas de terroristas o de amenaza para la seguridad nacional, no han sido acusadas de ningún delito y al parecer están recluidas arbitrariamente, en régimen de incomunicación y en secreto, en lugares no revelados, o bien han sido trasladadas ilegalmente a la custodia de otros gobiernos, como el estadounidense. La cifra de 485 sólo representa un porcentaje del verdadero número de desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio de la “guerra contra el terror” en 2001.


Si bien el carácter clandestino de la “guerra contra el terror” impide saber con exactitud cuántas desapariciones forzadas ha habido, Amnistía Internacional cree que desde 2001 la cifra supera las 2.000.


La postura del Tribunal Supremo sobre las desapariciones forzadas había sido firme, al exigir que el gobierno y los servicios de inteligencia presentaran ante él a las personas desaparecidas. El Tribunal trabajaba a partir de una lista proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y el grupo Defence of Human Rights, formado por familias de personas “desaparecidas”.


A comienzos de noviembre, el Tribunal Supremo agrupó todos los casos de desaparición forzada presentados ante él y suspendió la vista hasta el 13 de noviembre, fecha en que el alto tribunal debía examinar los avances del gobierno en la comprobación de las listas de las personas cuya desaparición forzada bajo custodia gubernamental se había denunciado y en la presentación de estas personas ante el tribunal. El presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, ahora destituido y en detención domiciliaria no declarada, había afirmado anteriormente que había “pruebas irrefutables de que las personas desaparecidas estaban bajo la custodia de organismos secretos” y que el Tribunal Supremo emprendería actuaciones judiciales contra los responsables.


Como ya se ha indicado, el gobierno de Pakistán modificó la Ley del Ejército de 1952, otorgando a los tribunales militares la facultad de juzgar a civiles sospechosos de diversos delitos, como actividades “terroristas”, traición o sedición, con carácter retroactivo desde 2003. En la práctica, esta modificación pone en mayor peligro a las personas “desaparecidas” y su derecho a que se haga justicia.


Amnistía Internacional teme que en este clima actual se produzcan nuevas “desapariciones” de presuntos “terroristas”, incluidos profesionales del derecho y activistas políticos. El derecho internacional prohíbe estrictamente y en toda circunstancia las desapariciones forzadas. En determinadas circunstancias, las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad. También pueden ser constitutivas de malos tratos para los familiares y amigos de las personas desaparecidas, ya que la incertidumbre sobre su suerte y paradero, consecuencia directa de la negación deliberada de las autoridades a facilitar información, puede causar angustia y temor extremos.


5. Contexto político


La “inestabilidad política” en Pakistán se agravó tras el 11 de septiembre de 2001, cuando las fuerzas estadounidenses y de la Coalición lanzaron ataques contra el gobierno talibán de Afganistán. Pakistán se sumó a la “guerra contra el terror” de Washington como aliado de primera línea, pero su actuación ha provocado un firme rechazo dentro y fuera del país hacia Pakistán y, en concreto, hacia su presidente Musharraf. En particular, Estados Unidos y Afganistán han criticado a Pakistán por no emplear la contundencia suficiente contra Al Qaeda y el movimiento talibán en las áreas fronterizas de Pakistán.


En los últimos años, las zonas tribales de Pakistán situadas a lo largo de la frontera con Afganistán –las denominadas Zonas Tribales bajo Administración Federal, que se componen de siete agencias– han seguido siendo el centro de las operaciones realizadas por los cuerpos de seguridad paquistaníes so pretexto de la “guerra contra el terror”. En 2003, las fuerzas de seguridad paquistaníes lanzaron importantes operaciones de seguridad en Wanna, Waziristán Meridional (una de las siete agencias), que causaron un elevado número de muertes en ambos bandos. Se prohibió acceder a la zona a los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos. Durante las operaciones, las fuerzas de seguridad cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.6Ciudadanos indefensos que no tomaban parte en los combates han sido las víctimas habituales de los irresponsables ataques de uno y otro bando.


Este visible aumento de la actividad extremista en Pakistán se consideró que beneficiaba al presidente Musharraf, puesto que le permitía presentarse como baluarte de la lucha contra el radicalismo islamista y evitar las presiones de la comunidad internacional para que garantizase el retorno inmediato a la democracia. En este contexto, el gobierno de Pakistán pareció pasar por alto las actividades ilegales llevadas a cabo en la Mezquita Roja (Lal Masjid) de Islamabad y las madrasas (escuelas religiosas) asociadas a ella.


La suspensión del presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, el 9 de marzo de 2007, quien había sido como una espina clavada para el presidente Musharraf al haber dictado órdenes y sentencias contra el gobierno, principalmente en relación con casos de desaparición forzada, también acrecentó las tensiones políticas en el país. El presidente del Tribunal Supremo quedó en situación de excedencia forzosa y el gobierno lo denunció formalmente ante el Consejo Judicial Supremo por conducta judicial indebida. Permaneció en régimen de incomunicación durante cuatro días y fue maltratado por la policía cuando trató de comparecer ante el Consejo Judicial para argumentar en su defensa.


La medida de suspender al presidente del Tribunal Supremo provocó fuertes reacciones en todo Pakistán y dio impulso a un movimiento en pro de la justicia encabezado por abogados y jueces de prestigio, que demandaba su restitución en el cargo y un poder judicial independiente. También dio lugar a protestas generalizadas en todo el país, que desembocaron en la muerte de más de 40 personas en el curso de enfrentamientos violentos en Karachi el 12 de mayo. En junio se aprehendió y detuvo arbitrariamente a centenares de activistas políticos en la provincia de Punyab y otras partes del país cuando intentaban celebrar concentraciones pacíficas en apoyo del presidente del Tribunal.


El 20 de julio, 13 miembros del Tribunal Supremo se reunieron y adoptaron una resolución en favor de la restitución del presidente del Tribunal Supremo. Si bien marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia judicial de Pakistán, su restitución en el cargo abrió también otro capítulo en la hostilidad del gobierno hacia la independencia del poder judicial.


Una vez restablecida la confianza pública en el Tribunal, se presentaron ante él multitud de recursos judiciales. Entre los más importantes estaba la petición del ex primer ministro Nawaz Sharif (exiliado en Arabia Saudí desde diciembre de 2000) para regresar al país, los casos de desaparición forzada y un recurso dirigido a impugnar la candidatura del presidente Musharraf a las elecciones presidenciales de octubre mientras siguiera siendo jefe del Estado Mayor del Ejército.


En agosto, el Tribunal Supremo resolvió a favor de Sharif y dio instrucciones al gobierno para que no pusiera trabas a su regreso al país. Esta decisión no fue acatada y las autoridades expulsaron a Nawaz Sharif del aeropuerto de Islamabad el 10 de septiembre, a las pocas horas de su llegada. Se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo por desacato al tribunal en el que se responsabilizaba a altos cargos del gobierno, entre ellos el primer ministro.


Entretanto, el Tribunal Supremo también adoptó medidas para abordar por iniciativa propia varios asuntos en los que las autoridades se habían excedido en sus atribuciones. Las decisiones del Tribunal Supremo sobre estas peticiones iban destinadas a dar forma al futuro discurso político en el país y a la relación entre los tres órganos fundamentales del Estado.


El Tribunal Supremo autorizó la celebración de elecciones presidenciales el 6 de octubre como estaba previsto, pero ordenó a la Comisión Electoral que se abstuviera de notificar los resultados hasta que el Tribunal adoptara una resolución sobre la legalidad de la candidatura del general Musharraf. Miembros de los partidos políticos de oposición, salvo los del PPP de la ex primera ministra Benazir Bhutto, dimitieron de las asambleas electas nacionales y provinciales que, junto con el Senado, integran el Colegio Electoral para las elecciones presidenciales. El mandato del presidente Musharraf expiró el 15 de septiembre, pero puede seguir ejerciendo el cargo hasta la llegada de su sucesor. Según la Constitución de Pakistán, el presidente no puede ejercer ningún otro cargo remunerado y ninguna persona que desempeñe un cargo público en Pakistán puede presentarse a la elección de presidente. La víspera de la resolución del Tribunal Supremo sobre su candidatura, el general Musharraf, actuando en su calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército, declaró el estado de excepción.


6. Peticiones


Amnistía Internacional pide a las autoridades paquistaníes:


1. Restitución inmediata de derechos humanos fundamentales

La suspensión de derechos humanos fundamentales que el general Musharraf ha impuesto a través del estado de excepción constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Constitución de Pakistán. Tiene que revocarse de inmediato el estado de excepción y restablecerse íntegramente derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

2. Liberación inmediata de las personas detenidas

Todas las personas detenidas arbitrariamente en aplicación de las disposiciones del estado de excepción, entre las cuales hay activistas de derechos humanos, jueces, profesionales del derecho, periodistas y activistas políticos, muchas de ellas en peligro de sufrir tortura y malos tratos, deben ser excarceladas de inmediato y sin condiciones.

3. Restablecimiento inmediato de un poder judicial independiente


Un poder judicial independiente es imprescindible para la protección de los derechos humanos y del Estado de derecho. El presidente del Tribunal Supremo y todos los demás jueces apartados de sus cargos deben ser restituidos inmediatamente.

4. Rechazo inmediato de los juicios de civiles ante tribunales militares

Debe ser revocada la reciente enmienda introducida a la Ley del Ejército de Pakistán (1952), que otorga amplios poderes a las autoridades militares para procesar a civiles, y éstos deben ser juzgados con las debidas garantías ante tribunales ordinarios, independientes y civiles.

Además, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que dé los siguientes pasos:

1. La ONU debe abordar con carácter urgente la situación de Pakistán:

  • La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos debe realizar urgentemente una visita de investigación a Pakistán para valorar la situación, elaborar un informe y hacer recomendaciones al gobierno de Pakistán y a todos los organismos pertinentes de la ONU.


  • El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe pedir sin demora a Pakistán que levante de inmediato el estado de excepción, restablezca todos los derechos humanos y libertades fundamentales, libere a todas las personas detenidas en aplicación de la legislación de excepción, restablezca el poder judicial independiente y levante todas las restricciones impuestas a los medios de comunicación.


  • El Consejo de Seguridad de la ONU debe someter a consideración la situación en Pakistán originada por el debilitamiento de los derechos humanos y del Estado de derecho, impedir que prospere la amenaza para la paz y la seguridad en la región y pedir a todos los Estados miembros que suspendan de inmediato todas las formas de cooperación militar y de seguridad con Pakistán hasta que se haya levantado el estado de excepción.

2. Los gobiernos deben ejercer su influencia sobre Pakistán para que restituya los derechos humanos fundamentales.

3. Todos los gobiernos deben suspender de inmediato cualquier forma de cooperación con el gobierno de Pakistán, incluida la ayuda militar, hasta que se levanten las medidas de excepción actualmente en vigor que vulneran el derecho internacional de los derechos humanos.


1 Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, Informes de la CIJ de 1996 (I), opinión de 8 de julio de 1996, párr. 25.

2 Ibíd. Véase también Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Informes de la CIJ de 2004 (136), opinión de 9 de julio de 2004, párr. 106.

3 Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 29: Estados de emergencia (artículo 4), Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001, párr. 11.

4 Ibíd., párrs. 11, 13.b y 13.c.

5 Ibíd., párr. 16.

6 Véase el informe de AI Pakistan: Human Rights ignored in the “war on terror”, Índice AI: ASA 33/036/2006.

23 de noviembre de 2007

Índice AI: ASA 33/040/2007

http://www.amnesty.org/es/report/info/ASA330402007



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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA



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