Document - Pakistan: Denying the Undeniable: Enforced Disappearances in Pakistan







NEGAR LO INNEGABLE: desapariciones forzadas EN Pakistán








Publicado originalmente en inglés en 2008 por

Amnesty International Publications


Secretariado Internacional

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


Traducción y edición en español a cargo de Editorial Amnistía Internacional, Madrid, España


Copyright Amnesty International Publications 2008


Índice AI: ASA 33/018/2008

Idioma original: inglés

Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom


© Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento en un sistema de recuperación de información y su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de cualquier otro tipo, sin previa autorización de la editorial.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, integrado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que trabajan en favor de los derechos humanos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Realizamos labores de investigación, acción, defensa y movilización para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. El trabajo del movimiento se financia en gran medida con aportaciones de nuestra membresía y con donaciones.








ÍNDICE







RESUMEN E INTRODUCCIÓN

"Para nosotros, la restauración de una judicatura independiente es una cuestión de vida o muerte. Tenemos muchas esperanzas puestas en el nuevo gobierno, al que no dejamos de decir que nuestros seres queridos están detenidos ilegalmente más allá de toda ley, bajo la custodia de agencias [de seguridad]. Sólo descansaremos cuando los tengamos ante nosotros sanos y salvos y en libertad [...]Creo que Masood, mi esposo, está recluido a sólo tres kilómetros de casa, pero sigue sufriendo malos tratos que no conocemos y nosotros, su esposa, sus hijos y sus padres, ya muy ancianos, no podemos ni siquiera verlo. [Las autoridades del nuevo gobierno] tienen que hacer ya algo para que vuelvan con nosotros de inmediato. "

Amina Masood Janjua, 2 de julio de 20081

El esposo de Amina Masood Janjua, Masood Janjua, fue detenido por las fuerzas de seguridad paquistaníes en julio de 2005, junto con otro hombre, Faisal Faraz. El gobierno de Pakistán los mantiene detenidos desde entonces sin presentar ningún cargo contra ellos, sin reconocer oficialmente que están recluidos y, en algunos casos, incluso negando su detención, a pesar de que hubo testigos cuando se produjo. Ambos hombres se encuentran entre los cientos de personas sometidas a desaparición forzada en Pakistán –en algunos casos, menores– recluidas fuera del alcance de la ley y sin control externo alguno. Sus familias continúan temiendo por sus vidas, sabedoras de que en Pakistán la tortura y otros malos tratos son prácticas habituales en los lugares de detención, y son también víctimas de la plaga de desapariciones forzadas de Pakistán.

En agosto de 2006, las familias de personas sometidas a desaparición forzada comenzaron a organizarse y buscar conjuntamente reparación legal para su situación. Amina Masood Janjua y Zainab Khatoon, madre de Faisal Faraz, fundaron el grupo Defensa de los Derechos Humanos. Ese mismo mes, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando información sobre 16 personas que, según creían, habían sido sometidas a desaparición forzada. En diciembre de 2006, el grupo presionó para lograr información sobre la suerte de 43 personas, averiguar su paradero o conseguir su puesta en libertad. Actualmente, el grupo representa a 563 personas sometidas a desaparición forzada. Miembros de grupos sindis y baloches de Pakistán también comenzaron a unirse para hacer campaña contra las desapariciones de personas que habían sido detenidas como consecuencia de su activismo para lograr más derechos para sus comunidades.

Las esperanzas de los familiares de las personas sometidas a desaparición forzada aumentaron cuando el Tribunal Supremo de Pakistán se hizo cargo de las vistas ordinarias de los recursos presentados en su nombre en 2006. Desde diciembre de 2005, el Tribunal Supremo estaba actuando por propia iniciativa tras tomar nota de un artículo de periódico sobre la desaparición forzada de Masood Janjua, y había comenzado a exigir respuestas a las autoridades sobre su suerte y su paradero, así como sobre el de otras personas sometidas a desaparición forzada. Desde octubre de 2006, durante las vistas del Tribunal Supremo se ha localizado a unas 186 personas de la lista de casos de desaparición forzada pendientes ante los tribunales (que para entonces ascendían a 458)2. Estas personas habían sido puestas en libertad o habían sido recluidas en algún centro de detención conocido.

Pero estas esperanzas se esfumaron el 3 de noviembre de 2007, cuando Pervez Musharraf, en su calidad de jefe del Estado Mayor, suspendió la Constitución, impuso el estado de excepción y, al final, depuso ilegalmente a la mayoría de los jueces de los tribunales superiores de Pakistán. Durante meses, estos tribunales habían intentado poner freno a algunos de los excesos del gobierno del presidente Musharraf, que había justificado muchos de ellos en nombre de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos. Los tribunales superiores se habían enfrentado al gobierno de Musharraf en diversos ámbitos, desde su derecho a presentarse a las elecciones presidenciales siendo jefe del Estado Mayor a las denuncias de corrupción gubernamental, pasando por las acusaciones generalizadas de abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno.


La declaración del estado de excepción y la deposición de los jueces de los tribunales superiores coincidieron con las exigencias cada vez más apremiantes del Tribunal Supremo de llamar a testificar a altos cargos de los servicios de información. Si bien el Supremo ya había advertido a las autoridades que no ocultaran ilegalmente el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada, en octubre de 2007 el alto tribunal, con su presidente al frente, Iftikhar Chaudhry, anunció que citaría a los jefes de los servicios de información para que explicaran su papel en la desaparición forzada de cientos de personas, y emprendería acciones legales contra los responsables de estas desapariciones.


El presidente Musharraf justificó reiteradamente sus acciones condenando los intentos del poder judicial de imponer el Estado de derecho a los servicios de información de Pakistán y, por extensión, obstaculizar la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos.


El Tribunal Supremo vio el último caso sobre desaparición forzada el 1 de noviembre de 2007. Desde entonces no se ha visto ningún otro recurso presentado en nombre de personas sometidas a desaparición forzada pendiente ante el Supremo, y el proceso de reparación ha entrado en punto muerto. Para los familiares de estas personas se trata de un terrible golpe, pues ven cómo se pierde el impulso que había tomado su aspiración a conseguir reparación. Así, la suerte de las personas sometidas a desaparición forzada en Pakistán se ha visto indisolublemente unida a la de los jueces depuestos.


Los votantes paquistaníes mostraron su rechazo a la política del presidente Musharraf en las elecciones parlamentarias de febrero de 2008, cuando votaron a representantes de partidos de oposición. La nueva coalición gobernante se ha comprometido a mejorar el expediente de derechos humanos de Pakistán y a resolver la actual crisis de las desapariciones forzadas. Los partidos han prometido también respetar y defender la independencia de la judicatura, espoleados por un popular movimiento de los abogados paquistaníes, que han hecho oír claramente su voz. Amnistía Internacional acoge con satisfacción estos primeros compromisos de los partidos políticos clave de restituir a los jueces depuestos, que habían comenzado a jugar un papel decisivo a la hora de proporcionar reparación a las víctimas de desapariciones forzadas, y podrían continuar haciéndolo.


A pesar de las promesas del nuevo gobierno, la situación de las personas sometidas a desaparición forzada y de sus familias no ha mejorado mucho, una frustración que expresó elocuentemente Amina Masood Janjua en sus declaraciones. En el momento en que se publica este informe, los miembros de la coalición no se habían puesto de acuerdo sobre cuándo y cómo restituir a los jueces depuestos, un desacuerdo que ya ha causado un importante distanciamiento entre los dos integrantes de más peso en la coalición. Parece que el resultado de la lucha por la suerte de los jueces depuestos ayudará a determinar la suerte de las personas sometidas a desaparición forzada.


Este informe se basa en las actas oficiales de las actuaciones del Tribunal Supremo, los testimonios de personas a quienes se localizó tras ser sometidas a desaparición forzada y las comunicaciones con sus abogados, y muestra las diversas formas en que las autoridades han intentado negar lo innegable ante la más alta instancia judicial del país. Amnistía Internacional se une a los familiares de las personas sometidas a desaparición forzada para pedir al nuevo gobierno que actúe ya para poner fin a esta grave violación de derechos humanos.


En concreto, Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno paquistaní a:

  • revelar de inmediato la suerte y el paradero de todas las personas sometidas a desaparición forzada;

  • restituir a los jueces depuestos durante el estado de excepción y asegurarse de que pueden proporcionar reparación a las víctimas de desaparición forzada, sin injerencias del ejecutivo;

  • garantizar que las autoridades del gobierno –incluidas las de los servicios de información– responsables de las desapariciones forzadas son supervisadas adecuadamente y responden de sus actos.

Al final del informe hay una lista de recomendaciones más amplia.




nota sobre cifras

Las desapariciones forzadas se caracterizan por el hermetismo oficial que las rodea. A consecuencia de esto, resulta difícil determinar cuántas personas han sido sometidas a desaparición forzada por el gobierno paquistaní. Muchas personas continúan guardando silencio sobre la desaparición forzada de sus familiares por temor a las repercusiones que pueda tener para sus seres queridos o para ellas mismas. Sus casos ni llegan a los tribunales ni atraen la atención de los medios de comunicación.3 Otro factor que impide determinar con precisión el número de personas sometidas a desaparición forzada es que, de aquellas cuyos casos han llegado al Tribunal Supremo, algunas de las que se había dicho que habían sido puestas en libertad en realidad no lo habían sido, mientras que otras habían vuelto a ser sometidas a desaparición forzada.

El gobierno paquistaní amplió el uso de las desapariciones forzadas, inicialmente utilizadas sobre todo en el contexto de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos, a activistas que reivindicaban mayores derechos para grupos étnicos o regionales, como los baloches y los sindis. Sin embargo, una vez bajo la custodia de los servicios de seguridad e información, el trato que recibían estos activistas era el mismo. (Véase el caso de Saleem Baloch.) Se desconoce el número exacto de personas baloches y sindis sometidas a desaparición forzada. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán ha calculado que sólo en Baluchistán han desaparecido al menos 600 personas. Los grupos baloches hablan de miles, y el ministro principal para Baluchistán del Partido Popular de Pakistán, Nawab Aslam Raissani, afirmó que el gobernador de esta región había sido informado de la desaparición forzada de 900 baloches.

En el momento en que se escribe este informe, están pendientes en el Tribunal Supremo de Pakistán los recursos de cientos de personas sometidas a desaparición forzada. El grupo Defensa de los Derechos Humanos ha añadido a su lista inicial de 43 personas víctimas de esta práctica a 60 personas más, y luego a otras 158. Cuando en febrero de 2007 la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, de carácter no gubernamental, presentó ante el Supremo su recurso sobre personas sometidas a desaparición forzada, añadió su propia lista de 148 personas, de las cuales 104 eran de Baluchistán, 22 de Sindh, 10 de Punyab y la provincia de la Frontera Noroeste, una de Estados Unidos y otra de Malaisia. Esta lista había aumentado a 198 personas a mediados de 2007. La práctica de la desaparición forzada no ha terminado, a pesar del escrutinio judicial a que fue sometida en 2007. El grupo Defensa de los Derechos Humanos informó a Amnistía Internacional en julio de 2008 de que había observado otros 60 casos desde la imposición del estado de excepción en noviembre de 2007.




Las desapariciones forzadas violan el derecho internacional y las leyes paquistaníes

El artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, define la desaparición forzada como:

[...] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

La Convención entrará en vigor cuando haya sido ratificada por 20 Estados. En el momento en que se escribe este informe, 72 Estados la han firmado y 4 la han ratificado. En mayo de 2008, Pakistán afirmó que se adheriría a ella. Sin embargo, incluso sin ratificarla o adherirse a ella, Pakistán sigue estando obligado a respetar la prohibición de someter a nadie a desaparición forzada, que es una norma del derecho internacional consuetudinario. Pakistán debe atenerse a lo establecido en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, que, aun sin ser vinculante, refleja el consenso de la comunidad internacional contra este tipo de violación de derechos humanos, y proporciona orientación autorizada respecto a las salvaguardias que deben aplicarse a fin de evitarla.

Más allá de constituir violaciones de derechos humanos en sí mismos, los actos de desaparición forzada violan una serie de derechos humanos más, como el derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente, a ser reconocida como persona ante la ley y a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los actos de desaparición forzada también violan varias disposiciones de la Constitución de Pakistán, como el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a la supervisión judicial de las detenciones y a la dignidad humana, así como la prohibición de la tortura, además de constituir delitos tipificados en el Código Penal.


el contexto político

Desde que a finales de 2001 Pakistán se unió a la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos, el gobierno paquistaní ha utilizado la retórica de la lucha contra el “terrorismo” para atacar a sus críticos internos y justificar sus violaciones de derechos humanos. En Pakistán se ha detenido arbitrariamente a cientos de personas –tanto paquistaníes como extranjeras– a quienes el gobierno ha acusado de tener relación con actividades terroristas, se les ha negado el acceso a abogados, familiares y tribunales y se las ha recluido en lugares de detención no reconocidos administrados por los servicios de información paquistaníes, mientras el gobierno ocultaba su suerte o su paradero. El gobierno paquistaní se aprovechó de la actitud más permisiva hacia las violaciones de derechos humanos que adoptó la coalición internacional en la "guerra contra el terror" para someter a este mismo trato a los oponentes políticos del gobierno, incluidos los activistas de las nacionalidades sindi y baloche de Pakistán que hacen campaña para conseguir más derechos para sus comunidades y acceso a los recursos provinciales. Colocadas fuera de la protección de la ley, todas estas personas fueron sometidas a desapariciones forzadas.

Si bien Pakistán es totalmente responsable de tales violaciones de derechos humanos, sus socios en la coalición de la "guerra contra el terror" deben asumir su parte de responsabilidad por aprobarlas o ayudar a que se cometieran. Los aliados de Pakistán en el extranjero, encabezados por Estados Unidos y el Reino Unido, fomentaron, aprobaron o consintieron graves violaciones de derechos humanos y no emplearon su influencia para ponerles fin. Varias personas que sobrevivieron a la desaparición forzada en Pakistán y quedaron en libertad han afirmado posteriormente que fueron visitadas e interrogadas por agentes de los servicios de información de otros países. Obviamente dichos agentes sabían que estas personas estaban detenidas arbitrariamente en lugares secretos sin acceso a abogados ni familiares, y que la mayoría de ellas eran sometidas a torturas u otros malos tratos.

A pesar de la evidencia innegable de las desapariciones forzadas, el gobierno de Pervez Musharraf siempre ha negado haber sometido a nadie a esta práctica ni saber nada de la suerte o el paradero de ninguna persona desaparecida. En septiembre y diciembre de 2006, después de que Amnistía Internacional publicara informes4que documentaban decenas de casos de desaparición forzada, el presidente Musharraf respondió: “Ni siquiera voy a contestar a eso, es una tontería. No los creo ni confío en ellos”. Musharraf añadió que habían sido detenidas 700 personas pero que se conocía el paradero de todas ellas.5 En marzo de 2007, el presidente Musharraf afirmó que la acusación de que cientos de personas habían desaparecido bajo la custodia de agencias de información era “absolutamente infundada” y que lo que les había pasado a estas personas era que habían sido reclutadas o captadas por “grupos yihadistas” para luchar por sus “equivocadas causas”: “Estoy completamente seguro de que las personas desparecidas están bajo el control de organizaciones extremistas”, afirmó.6

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la culpabilidad o la inocencia de las personas acusadas de haber tomado parte en ataques calificados de actos de terrorismo. Sin embargo, todas las personas deben poder disfrutar de todos los derechos humanos que garantizan las leyes paquistaníes y el derecho internacional. Amnistía Internacional denuncia los ataques indiscriminados y los ataques dirigidos contra la población civil que perpetran los grupos armados, incluidos los talibanes y Al Qaeda, y reconoce plenamente el derecho y la obligación de las autoridades paquistaníes de evitar y castigar los delitos, incluidos los violentos, como los actos de terrorismo, y de poner a sus responsables a disposición judicial. Sin embargo, al someter a desaparición forzada a las personas sospechosas de actividades terroristas o vínculos con grupos terroristas, Pakistán no sólo ha violado gravemente los derechos humanos de estas personas, sino que también ha incumplido su obligación de presentar cargos contra ellas, juzgarlas y castigarlas si son halladas culpables en un juicio con garantías.

Amina Masood Janjua sostiene una foto de su esposo, Masood Janjua, en septiembre de 2006. Masood Janjua fue detenido en julio de 2005.

© Amnistía Internacional, reservados todos los derechos



EL EJECUTIVO FRENTE A LOS TRIBUNALES

Durante 2006 y 2007, la judicatura de Pakistán trató de frenar los excesos del gobierno en diversas áreas, como las denuncias de corrupción, práctica que vulnera la Constitución, y los graves abusos contra los derechos humanos, tales como las desapariciones forzadas. La respuesta del gobierno de Musharraf fue intentar menoscabar y obstaculizar estos esfuerzos por diferentes medios, lo cual a su vez provocó una enérgica respuesta de la sociedad civil paquistaní y en concreto de los profesionales del derecho.

En marzo de 2007, el presidente Musharraf suspendió al presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, por presunta falta de ética profesional. Esta medida generó protestas en todo el país por parte de los profesionales del derecho y de la sociedad civil, a las que el ejecutivo respondió con detenciones masivas. En julio, el Tribunal Supremo restituyó a Chaudhry. El 3 de noviembre de 2007, días antes de que el Supremo fallara sobre si el presidente Musharraf podía presentarse a la reelección ocupando el cargo de jefe del Estado Mayor, Musharraf proclamó el estado de excepción, suspendió la Constitución y la sustituyó por la Orden Constitucional Provisional. Unos 60 jueces de los tribunales superiores provinciales y del Tribunal Supremo, con Iftikhar Chaudhry a la cabeza, no fueron invitados a realizar el preceptivo juramento de sus cargos ante la nueva Orden Constitucional Provisional o se negaron a hacerlo, y fueron depuestos.7El 22 de noviembre, determinados jueces del Tribunal Supremo que sí habían realizado el juramento confirmaron que Pervez Musharraf podía volver a ser elegido presidente. El 29 de noviembre, Musharraf juró su cargo como presidente civil. A mediados de diciembre levantó el estado de excepción y restauró la Constitución, modificada para incorporar cambios introducidos en el periodo de excepción.

Las medidas enérgicas adoptadas contra la judicatura en noviembre de 2007, previendo su decisión en contra de la presentación de Musharraf como candidato a la presidencia, se justificaron con el argumento de que la judicatura había interferido en la lucha del gobierno contra el terrorismo. Entre las 13 razones que se dieron para la proclamación del estado de excepción el 3 de noviembre de 2007, la octava era que la capacidad del Estado para ocuparse del “visible aumento de las actividades de los extremistas y los incidentes de ataques terroristas [...] que suponen una grave amenaza para la vida y las propiedades de los ciudadanos de Pakistán [había quedado gravemente mermada debido a que] algunos miembros de la judicatura [...] no sintonizaban con el ejecutivo y el legislativo en la lucha contra el terrorismo [...] debilitando así la determinación del gobierno y la nación y disminuyendo la eficacia de sus actuaciones para controlar esta amenaza”.

La declaración del estado de excepción señalaba que, como consecuencia de semejante interferencia judicial, se había ordenado la puesta en libertad de algunos activistas radicales, extremistas, terroristas y atacantes suicidas detenidos que estaban bajo investigación. Estas personas habían participado posteriormente en horrendas actividades terroristas que habían costado vidas y dañado propiedades. De esta manera se ha alentado a los extremistas de todo el país y se ha sojuzgado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En referencia a las citaciones judiciales enviadas a personas que ocupaban cargos oficiales, la declaración afirma: “[...] el humillante trato que algunos miembros de la judicatura han dispensado sistemáticamente a las autoridades durante las actuaciones judiciales ha desmoralizado a la burocracia civil, y los altos cargos, para evitar el hostigamiento, prefieren la inacción”.

El presidente Musharraf repitió, en su alocución presidencial del 3 de noviembre de 2007, las denuncias de interferencia judicial indebida en la agenda antiterrorista del ejecutivo , cuando expresó que lamentaba que se obligara a altos cargos del gobierno a comparecer casi a diario ante el Tribunal Supremo y se “arrastrara por el fango” su reputación. Musharraf continuó: “El Tribunal Supremo está viendo de oficio más de un centenar de casos, además de los miles de recursos contra el ejecutivo que están colapsando totalmente el sistema del gobierno”. Según Musharraf, los altos cargos no estaban llevando a cabo sus obligaciones debido a la situación de temor e incertidumbre.8 Cuando juró su cargo como presidente civil el 29 de noviembre de 2007, Musharraf reiteró que “algunos elementos de la judicatura” habían puesto obstáculos a la campaña antiterrorista del gobierno.

Esta justificación oficial de la imposición del estado de excepción ha sido rechazada por muchos analistas en Pakistán, que han señalado que los altos jueces actuaron de acuerdo a su mandato de hacer respetar el Estado de derecho. El propio presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, rechazó las acusaciones de que el alto tribunal hubiera actuado de forma equivocada al poner en libertad a personas a las que el gobierno había acusado de una forma u otra de participar en actos de terrorismo: “Estas personas fueron puestas a disposición judicial. Si no había pruebas contra ellas, había que ponerlas en libertad. Es un principio de jurisprudencia aceptado internacionalmente”.9



NUEVO GOBIERNO, NUEVAS ESPERANZAS

El periodo preelectoral, con un gobierno provisional desde mediados de noviembre de 2007, estuvo marcado por una serie de atentados suicidas y otros ataques contra la población civil, como el asesinato de la presidenta del Partido Popular de Pakistán (PPP) y ex primera ministra Benazir Bhutto el 27 de diciembre de 2007. Estos atentados no cesaron cuando tuvieron lugar las elecciones, el 18 de febrero de 2008. Además, continuó el malestar al seguir sin ponerse de acuerdo los partidos sobre la restitución de los jueces depuestos, que podría tener profundas consecuencias políticas. La opinión generalizada es que los jueces restituidos fallarán contra la legitimidad de la asunción de la presidencia por parte de Musharraf, pero los dos principales partidos políticos del gobierno de coalición aún han de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Musharraf en el poder. También es posible que los jueces restituidos den marcha atrás a los cambios legales introducidos durante el periodo de excepción y se pronuncien contra la retirada de las causas contra políticos y otros en aplicación de la Ordenanza de Reconciliación Nacional promulgada por el presidente Musharraf semanas antes de imponer el estado de excepción. El depuesto presidente del Tribunal Supremo había dictado una orden de suspensión de la Ordenanza basándose en recursos por los que se impugnaba su legalidad. La Ordenanza de Reconciliación Nacional ha facilitado la retirada de varias causas por “cargos de corrupción” contra varios políticos. Se considera que Asif Ali Zardari, actual presidente del PPP, y varios de los asesores de Musharraf en el gobierno anterior son los principales beneficiarios de la Ordenanza.10Tras las elecciones generales del 18 de febrero de 2008, los miembros de una coalición de gobierno formada por el Partido Popular de Pakistán (PPP) –encabezada por el viudo de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari11–, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) –encabezada por el ex primer Ministro Nawaz Sharif12–, el Partido Nacional Awami (ANP) –de carácter nacionalista pastún13– y Jamiat Ulema-i-Islam (JUI)14juraron sus cargos el 31 de marzo de 2008.

Los nuevos cargos adquirieron varios compromisos respecto a las personas sometidas a desaparición forzada. El 17 de abril de 2008, el primer ministro Yusuf Raza Gilani aseguró a la Asamblea Nacional que investigaría los “informes de victimización política”. El asesor del primer ministro sobre cuestiones de Interior, Rehman Malik, afirmó que se estaba recogiendo información detallada sobre personas desaparecidas presuntamente detenidas por agencias de información bajo el anterior gobierno.15En la misma línea, el ministro de Justicia, Farooq Naik, afirmó que el gobierno estaba recogiendo información sobre personas desaparecidas y se comprometió a que todas ellas quedarían en libertad.16El legislador del PPP Nawab Aslam Raisani, futuro ministro principal de la provincia de Baluchistán, declaró que localizar a las personas desaparecidas sería una prioridad del gobierno baloche,17 aunque no concretó cómo se conseguiría. Pidió al gobierno federal que pusiera en libertad a los presos políticos baloches y localizara a las personas de esta etnia sometidas a desaparición forzada cuyo número –afirmó– un informe recibido por el gobernador de Baluchistán cifraba en unas 900.18

A comienzos de mayo de 2008, el nuevo gobierno anunció la creación de una comisión para localizar a las personas desaparecidas como parte de sus esfuerzos por normalizar la situación en Baluchistán.19 Hasta la fecha nada se ha dicho sobre la composición de la comisión, sus facultades ni sus métodos de trabajo. También en mayo de 2008, el Ministerio del Interior creó otro comité para investigar la suerte de todas las personas sometidas a desaparición forzada. Además de representantes del Ministerio, formaban parte de este comité parlamentarios y representantes de las familias de las personas desaparecidas. A comienzos de julio de 2008, el comité se había reunido dos veces. El grupo Defensa de los Derechos Humanos informó a Amnistía Internacional de que no sabía cuál era exactamente el mandato del comité.

Sin embargo, en los foros internacionales, los representantes del nuevo gobierno paquistaní han eludido las preguntas sobre la cuestión de las desapariciones forzadas. En la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, celebrada el 8 de mayo de 2008, el representante de Pakistán afirmó “que sus fuerzas de seguridad tenían formación en instrumentos internacionales de derechos humanos, que se habían adoptado las debidas precauciones para evitar daños colaterales y víctimas civiles y que se había concedido acceso a cárceles y presos al Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, investigaría y resolvería toda presunta violación de los derechos humanos que se produjera en el curso de la lucha contra el terrorismo”.20 Preguntado por varios Estados sobre los compromisos de Pakistán de investigar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas que perpetraban las fuerzas de seguridad, 21 de castigar a los responsables de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas,22de acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad23y de garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y los testigos de violaciones de derechos humanos,24los representantes de Pakistán declararon que sus fuerzas de seguridad tenían formación en derecho internacional humanitario y que se les exigían plenas responsabilidades, ya que sus miembros eran juzgados y condenados cuando cometían excesos.25

El 9 de marzo de 2008, poco después de su victoria electoral, los líderes del PPP y de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) emitieron la Declaración de Murree, en la que sus partidos se comprometían a tomar conjuntamente medidas para restablecer a los jueces depuestos ilegalmente en el plazo de 30 días desde su toma de posesión. Tras su elección por la Asamblea Nacional como nuevo primer ministro el 23 de marzo de 2008, la primera actuación de Yusuf Raza Gilani fue ordenar la puesta en libertad de todos los jueces de tribunales superiores que seguían bajo detención domiciliaria ilegal tras ser destituidos el 3 de noviembre de 2007. Sin embargo, el plazo establecido por la Declaración de Murree, y uno posterior que expiraba el 12 de mayo, pasaron sin que los partidos llegaran a ningún acuerdo sobre la forma de restablecer a los jueces en sus cargos. Los miembros de la Liga Musulmana de Pakistán (PML) del gabinete de gobierno dimitieron en protesta el 13 de mayo, pero Nawaz Sharif se comprometió a que su partido continuaría apoyando al gobierno de coalición dirigido por el PPP. A finales de mayo de 2008, el PPP presentó un amplio paquete de enmiendas constitucionales que incluían garantizar la independencia del poder judicial y adoptar medidas para la reinstauración de los jueces. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán calificó la propuesta de “nada convincente, tanto en su intención como en su fondo”, declaró inaceptables los apartados sobre el restablecimiento de los jueces y expresó su preocupación de que las propuestas agravarían la actual crisis judicial.26

Las diferencias sobre la forma de garantizar la independencia de la judicatura y de restablecer a los jueces en sus puestos continúan, y siguen debilitando al gobierno de coalición. El movimiento de abogados, compuesto por miembros de los colegios de abogados del país que presionan para que se restituya en sus cargos a los jueces depuestos, que se consolidó durante las dos etapas de represión de la judicatura por parte del gobierno en 2007, comenzó a mediados de junio una nueva fase de campaña en favor de la restitución de los jueces. Varios colegios de abogados ya han rechazado el amplio paquete de reformas constitucionales.

NEGAR LO INNEGABLE

Las actas oficiales de las sesiones del Tribunal Supremo27conseguidas por Amnistía Internacional, junto con declaraciones juradas de personas que han quedado en libertad tras periodos de desaparición forzada y comunicaciones de abogados representantes de víctimas de desaparición forzada, muestran que los funcionarios, especialmente los de las fuerzas de seguridad paquistaníes, cuando comparecían ante el Tribunal Supremo de Pakistán y ante los tribunales superiores provinciales, recurrían a diversos métodos para evitar que se descubrieran las desapariciones forzadas, como negar que se hubiera efectuado la detención y afirmar desconocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas; negarse a obedecer las órdenes judiciales; ocultar la identidad de las autoridades detenedoras, por ejemplo trasladando a las víctimas a otros lugares secretos de detención; amenazar con causarles daños o con hacerlas desaparecer de nuevo, y presentar cargos penales falsos para ocultar las desapariciones forzadas. Pero las fuentes que se citan en este informe señalan la identidad de las autoridades detenedoras y varios lugares donde al parecer hay personas detenidas en secreto. Estas fuentes también destacan una peligrosa ausencia de rendición de cuentas por los actos cometidos por los servicios de información, así como indicios de presiones hacia la judicatura para que no utilice todas sus facultades para proporcionar reparación.

Protestas contra las desapariciones forzadas ante el Tribunal Supremo de Pakistán. © Particular



PRUEBAS DE desaparición forzada PROPORCIONADAS POR LAS VÍCTIMAS

Decenas de personas sometidas a desaparición forzada, entre ellas más de un centenar cuyas apelaciones estaban pendientes de la decisión del Tribunal Supremo, quedaron en libertad cuando sus causas se vieron en los tribunales. Algunas fueron liberadas por orden explícita de los jueces de los tribunales superiores, mientras que a otras las dejaron irse sin más las autoridades que las detenían y otras resultaron estar en lugares de detención oficiales acusadas de algún delito común. Algunas de las que fueron puestas en libertad informaron haber visto a otras personas detenidas cuyo paradero no había podido ser averiguado por sus familiares. Decenas de personas trasladadas ilegalmente bajo la custodia de otros países, en su mayoría la de Estados Unidos, también han coincidido en informar, tras quedar en libertad, haber sido recluidas y torturadas o sometidas a otros malos tratos durante su desaparición forzada bajo la custodia de las agencias de información de Pakistán. Todos estos casos establecen firmemente que las personas en cuestión estuvieron recluidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio en lugares no revelados, y que los funcionarios que negaron su detención e incluso afirmaron desconocer su suerte o paradero, las ocultaban o ayudaban a ocultarlas.

Si bien algunas personas fueron sometidas a desaparición forzada en circunstancias desconocidas, sin que ni siquiera llegara a saberse con certeza el lugar donde las detuvieron,28en varias ocasiones hubo testigos que afirmaron haber presenciado el secuestro por parte de agentes del gobierno de personas cuya custodia se negó oficialmente después.

A Syed Nasir Ali Shah se lo llevaron el 14 de abril de 2007 en Akora Khattak, distrito de Nowshera. Malik Ihsanullah,29chatarrero de Havai Camp, Akora Khattak, afirmó en una declaración jurada que, a la 1.30 pm, mientras estaba sentado delante de su comercio, vio a unos hombres en dos vehículos que se llevaron a Syed Nasir Ali Shah en dirección a Peshawar. Su caso es uno de los cientos de desaparición forzada presentados ante el Tribunal Supremo por el grupo Defensa de los Derechos Humanos. Sigue sin saberse su suerte y su paradero.

En diciembre de 2006 se presentaron al Tribunal Supremo declaraciones juradas en las que personas sometidas a desaparición forzada afirmaban haber visto, durante sus frecuentes traslados de un lugar de detención secreto a otro, a otras 38 personas sometidas a desaparición forzada cuyos nombres se indicaban. Las pruebas crecieron a medida que más personas fueron quedando en libertad y se realizaron más declaraciones juradas.

Abdul Basit,30residente en Lahore, presenció la detención secreta de varias personas en esta ciudad. En una declaración jurada realizada el 3 de septiembre de 2007, afirmó: “El 21 de abril de 2007, a las 10 de la mañana, cerca de los tribunales [de Lahore], personal de la policía y de los servicios de información vestidos de civil se me llevaron. Estuve bajo la custodia de los Servicios de Información en un centro de detención secreto cerca del zoo de Lahore. Dos meses después, me llevaron a Kharian durante un mes y medio y luego me volvieron a traer a Lahore. Quedé en libertad 14 días después, el 8 de agosto de 2007. Soy testigo de la detención secreta de muchas personas que estaban en el lugar de Lahore cercano al zoo. Abdul Kareem Mehmood Baluchi también estaba en ese centro de detención, con artritis avanzada y muchos otros problemas de salud. Molvi Iftikahar, de Luki Marvat, también sufría [...] fiebre. También conocí a Khayyal Jamal, de Darra Adam Khal, Qari Muhammad Asif, de Sahiwal, Abdul Khaliq, de Kabeerwala, Aasif, de Kabeerwala y Tariq, a quien se llevaron de Luckshamy Chok Lahore [...]”.

Hay muchos testimonios de personas que, mientras estaban detenidas, vieron a otras personas sometidas a desaparición forzada.

En la provincia de la Frontera Noroeste, Nisar Khan31testificó que el 23 de febrero de 2007 unos hombres uniformados les dieron el alto a él y a otros dos hombres, Khayal Jamal32 y Suqlain,33en Buddber Scheme Chowk cuando se dirigían a Peshawar.

Nos obligaron a salir del vehículo y, tras vendarnos los ojos, nos subieron a una camioneta en la que nos llevaron hasta un lugar desconocido, donde nos interrogaron. Los primeros 24 días estuvimos los tres en una celda. Después, el 17 de marzo, nos separaron y nos trasladaron a otra cárcel [...] El 14 de mayo de 2007, a Suqlain y a mí nos dejaron en libertad a las 9.30 pm, pero Khayal Jamal aún está detenido.”

En algunos casos, las declaraciones juradas de distintas personas coinciden en señalar la desaparición forzada de la misma persona cuya suerte el Estado sigue negando conocer, y cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Sadiq Akbar fue detenido en Peerwala, distrito de Multan, provincia de Punjab, el 24 de marzo de 2004 y sigue sometido a desaparición forzada. Ghulam Nazik34 testificó que el 24 de marzo de 2004 varios hombres “capturaron a Sadiq y lo obligaron a entrar en un vehículo”. Después vio cómo “a Sadiq Akbar y Zafar los metieron en un vehículo de la Fuerza de Élite [unidad especial de policía].35 Sadiq tenía los brazos retorcidos a la espalda”.Los mismos hechos figuran en la declaración de Mohammad Bilal Tahir36y el hermano de Sadiq Akbar, Mohammad Safdar,37 también aprehendidos.

Mohammad Safdar afirma haber sido obligado a subir en un vehículo de la Fuerza de Élite, donde lo llevaron a Lahore. Allí lo condujeron ante un oficial, según él un coronel, y lo interrogaron sobre Sadiq Akbar; ese mismo día por la noche volvieron a vendarle los ojos y lo llevaron a Rawalpindi, donde lo recluyeron en “la sede de la Unidad de Investigación Federal, en Core número 10, Rawalpindi”, según le dijeron otros detenidos. Allí coincidió con su hermano, Sadiq Akbar, esposado en presencia del coronel. En su testimonio, Mohammad Safdar afirma que en ese momento “a mi hermano le quitaron las esposas y nos abrazamos”. Los paquistaníes consideran esto como una terrible señal de despedida definitiva. Luego lo dejaron cerca de un medio de transporte que lo llevaría a Multan. En su testimonio, Mohammad Tariq38también afirma que en el lugar donde estuvo detenido (no identificado) vio, entre otras personas, a “Sadiq Akbar, de Multan”.



El caso de MASOOD JANJUA

Varias declaraciones también han señalado la suerte y el paradero de Masood Janjua, comerciante de Rawalpindi de 45 años, aprehendido el 30 de julio de 2005 cuando se dirigía en autobús de Rawalpindi a Peshawar con su amigo Faisal Faraz, ingeniero de Lahore de 25 años. Al no conseguirse ni mediante la denuncia policial ni por otras vías extraoficiales indicio alguno de la suerte ni el paradero de ninguno de los dos, se presentaron recursos de hábeas corpus que, en agosto de 2006, llegaron al Tribunal Supremo. En diciembre de 2005, el presidente del Tribunal Supremo de Pakistán recogió de oficio un reportaje de prensa sobre la desaparición forzada de Janjua. En mayo de 2007, la esposa de éste, Amina Masood Janjua, en testimonio dado ante el Tribunal Supremo, afirmó que cinco personas puestas en libertad habían informado de haber visto a su marido en diferentes lugares de detención dirigidos por los Servicios de Información, como un taller dirigido por el ejército, que lo denomina “Taller 501”,39 en el acantonamiento de Rawalpindi. En 2007 el Estado negó en varias ocasiones ante el Tribunal Supremo que Masood Janjua y Faisal Faraz estuvieran bajo su custodia, y afirmó no saber nada de su paradero.

Familiares de Atiq-ur-Rehman (izquierda) y Faisal Faraz (derecha) protestan delante del Tribunal Supremo en Islamabad en septiembre de 2006.

© Amnistía Internacional, reservados todos los derechos



Cuando llegó la destitución de los jueces del Tribunal Supremo, el 3 de noviembre de 2007, parecía estar próxima a dictarse una resolución sobre la desaparición forzada de Masood Janjua. La prueba más sólida de su detención y su paradero provino del diario manuscrito del doctor Imran Munir, que se incorporó al sumario del Tribunal Supremo en agosto de 2007. El 11 de octubre, el fiscal general afirmó ante el Tribunal Supremo que había visto el diario del doctor Munir y que consultaría con “las autoridades pertinentes”, presumiblemente las implicadas en la reclusión de Masood Janjua. Las autoridades militares que por entonces mantenían detenido a Munir retrasaron su puesta a disposición del Tribunal Supremo y, al ser éste posteriormente hospitalizado, no llegó a declarar antes de que los jueces del Supremo fueran depuestos. (El caso del doctor Imran Munir se explica detalladamente más adelante.)

En su cuaderno manuscrito, que ha podido ver Amnistía Internacional, el doctor Munir, después de describir los malos tratos sufridos, afirma:

Los guardias que custodiaban las 12 celdas de aislamiento me dijeron que sólo había una [forma] de escapar de los Servicios de Información, [...] cooperar con ellos y declarar lo que quieren. De lo contrario no me pondrán en libertad y pueden [...] entregarme a la custodia de Estados Unidos en Guantánamo, o torturarme más o matarme, pero no me pondrán en libertad. Al principio no los creí, pero cuando hablé con los otros tres presos que [estaban] en la celda de enfrente y me contaron que habían sido detenidos por los Servicios de Información, que nunca habían presentado cargos contra ellos y que nunca los habían llevado ante el juez, los creí y me di cuenta de que la única forma de escapar de la custodia de los Servicios de Información es cooperar con ellos. Entre estos tres hombres estaba Masood Janjua, comerciante de Rawalpindi.

Véase adjunto el original del manuscrito del doctor Munir.






Desapariciones forzadas DE MENORES

Tanto los relatos de personas puestas en libertad tras ser sometidas a desaparición forzada como las propias declaraciones de los menores han determinado que se ha sometido a desaparición forzada a menores junto con sus familiares adultos, y que los agentes de los servicios de información han intentado que testificaran contra ellos.

Abdullah, de 10 años, fue detenido el 16 de mayo de 2006 junto con su padre, Mufti Munir Shakir, en el aeropuerto de Karachi. Tras quedar en libertad, Abdullah dijo a los medios de comunicación que lo habían interrogado y maltratado para que confesara que su padre tenía vínculos con Al Qaeda. Cuando se negó a hacerlo, lo recluyeron durante 15 días en una celda aparte. Al principio se negó a salir en libertad, pues no quería irse sin su padre. Al final lo pusieron en libertad tras 58 días de desaparición forzada y lo dejaron en Peshawar tras asegurarle que a su padre lo pondrían en libertad en 15 días. Mufti Munir Shakir quedó en libertad el 21 de agosto de 2007.

Asad Usman, de nueve años, quedó en libertad el 27 de abril de 2007 por orden del Tribunal Supremo. Asma Jahangir, presidenta de la agencia no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, informó al Tribunal de que al niño lo había detenido la Policía de Fronteras de Baluchistán y que la ministra federal Zobaida Jalal había dicho que quedaría en libertad cuando su hermano mayor se entregara.40 El menor había estado recluido en Tump o Mund, Turbat, Baluchistán. El Tribunal Supremo ordenó que quedara en libertad “si no era necesario para ninguna otra causa”, sin tener en cuenta que el niño había sido detenido de forma ilegal y había sido sometido a desaparición forzada.

La aprehensión y detención de familiares de personas buscadas por las autoridades únicamente para obligarlas a entregarse u obligar al familiar a incriminarlas equivale sin duda a una detención arbitraria, que el derecho internacional prohíbe estrictamente. Estos detenidos deben quedar en libertad de forma inmediata e incondicional. El efecto de este tipo de detención y tratamiento sobre los menores, en especial los de corta edad, puede ser mucho más grave. El artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, en la que Pakistán es Estado parte, prohíbe totalmente la privación ilegal o arbitraria de libertad de los menores. La detención arbitraria de un menor, especialmente de corta edad, puede en sí misma equivaler a trato cruel, inhumano o degradante, totalmente prohibido por el artículo 37.a de la Convención y por el derecho consuetudinario internacional. Está absolutamente prohibido todo abuso físico o mental de un menor detenido.

Además, la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, aprobada por Pakistán en 2000, regula en su apartado 10 la aprehensión y detención de menores, incluido el deber de informar lo antes posible de la aprehensión al tutor del menor.







EL DERECHO DE LAS PERSONAS DETENIDAS A REVISIÓN JUDICIAL (HÁBEAS CORPUS)


El gobierno que detiene a una persona en secreto, la incomunica y se niega a reconocer el hecho de que la persona está detenida viola varios derechos humanos internacionales, como el derecho de comparecer ante un tribunal y de poder impugnar la legalidad de la detención (a menudo protegido mediante la presentación de un recurso de hábeas corpus). Estos derechos son cruciales al propio concepto de Estado de derecho y la prohibición de la detención arbitraria, y también son una salvaguardia fundamental contra la tortura y otros malos tratos. El derecho a la revisión judicial en general, y al recurso de hábeas corpus en particular, son normas imperativas del derecho consuetudinario internacional, vinculantes para todos los Estados y no sujetas a derogación ni siquiera cuando se decreta el estado de excepción.

Estos derechos están protegidos de forma general, aunque no total, en la ley paquistaní. Los artículos 9 y 10 de la Constitución prohíben la detención arbitraria, con la excepción de la “detención preventiva”, que no es compatible con las normas y leyes internacionales descritas anteriormente. El texto constitucional establece asimismo el derecho de hábeas corpus en su artículo 199, y el artículo 184.3 faculta al Tribunal Supremo para ocuparse de cualquier asunto que considere de importancia pública con relación a la aplicación de los derechos humanos. Los tribunales superiores provinciales tienen la facultad, en virtud del artículo 199.1.c, de dictar órdenes a las autoridades provinciales respecto a la aplicación de derechos fundamentales al recibir la denuncia de cualquier persona. El artículo 199.2 dispone que este derecho no podrá ser anulado.



DESOBEDIENCIA DE LAS INSTRUCCIONES JUDICIALES

La renuencia del Estado a responder de forma significativa y sincera a las instrucciones del Tribunal Supremo ha estancado la tarea de localizar a personas sometidas a desaparición forzada en Pakistán, manteniendo a sus familiares en la desesperación al haberse cerrado la única vía para conseguir desagravio y reparación. Esta postura también ha supuesto un daño mayor: al permitir a los servicios de información cometer violaciones de derechos humanos tan graves y colaborar en su encubrimiento, el Estado ha minado la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos garantizados en la Constitución. Al no exigir cuentas a ningún organismo ni particular, el Estado también ha transmitido un peligroso mensaje: que aprueba la impunidad de la comisión, la aprobación o el encubrimiento de tales violaciones de derechos humanos.



El caso de IMRAN MUNIR

Al persistir la resistencia estatal a que se examinaran los casos de desapariciones forzadas, el Tribunal Supremo expresó su impaciencia aún más claramente desde mediados de 2007 y dijo que exigiría cuentas por las desapariciones forzadas a los miembros de los servicios de información. Uno de los casos claves en este fuerte enfrentamiento entre el ejecutivo y el Tribunal Supremo fue el del doctor Imran Munir.

El paradero de Imran Munir, médico malaisio de origen paquistaní, tras su detención en julio de 2006, no se conoció hasta que el Tribunal Supremo fue informado en una vista del 4 de mayo de 2007 de que el doctor Munir sería juzgado por un tribunal militar por “espionaje contra Pakistán”, unos cargos que no se habían explicado públicamente.

El 6 de junio de 2007, el Supremo ordenó que se permitiera al abogado de Munir acceder a su cliente para facilitarle el asesoramiento legal necesario.41 Al saber del deteriorado estado de salud de Munir, el Tribunal Supremo ordenó al fiscal general adjunto que se asegurara de que recibía la atención médica adecuada. Sin embargo, el 20 de junio, el Tribunal fue informado de que Munir había sido condenado a ocho años de cárcel y estaba recluido en la cárcel de distrito de Jhelum. El Tribunal observó:

Resulta realmente asombroso [...] cómo ha sido declarado culpable y sentenciado sin haber recibido el asesoramiento legal adecuado, siendo así que este Tribunal había ordenado de forma explícita el 6 de junio de 2007 que el señor Abdul Majeeb Pirzada [...] [su abogado] pudiera acceder a él para hacer lo necesario. Al parecer se ha desobedecido de forma flagrante la orden del tribunal. El secretario del Interior y el de Defensa deberán comparecer ante este Tribunal en su próxima vista para explicar por qué no debería procesárseles por desacato al Tribunal.

El Supremo ordenó que se le presentase el sumario completo de las actuaciones del tribunal militar, si era necesario a puerta cerrada. Asimismo, ordenó al fiscal general adjunto que remitiera el último informe médico de Imran Munir y un informe del alcaide de la cárcel de Jhelum para poder dictar las órdenes adecuadas. Por último, ordenó que el caso se separara de otros de desaparición forzada.

El 20 de agosto de 2007, el Tribunal ordenó al fiscal general adjunto que hiciera comparecer al doctor Munir, por entonces bajo la custodia del ejército en el acantonamiento de Mangla. Ese mismo día, el director general de la Unidad Nacional de Gestión de Crisis, general de brigada (jubilado) Javed Iqbal Cheema, informó al Supremo de que Munir estaba de camino y se presentaría en una hora. Como ya era tarde, el Tribunal ordenó que lo llevaran a la cárcel de Adiala, en Rawalpindi, para que compareciera al día siguiente ante el tribunal.

Cuando al día siguiente, 21 de agosto de 2007, Imran Munir compareció en la sala,42dijo al tribunal que había comenzado el viaje el 20 de agosto a las 7 de la mañana y había llegado a Rawalpindi a eso de las 11, perfectamente a tiempo para la vista, pero lo habían dejado en un calabozo de la Unidad de Investigación Federal. Asimismo contó que le habían tapado la cara con una tela mientras lo llevaban al tribunal y que antes de entrar lo habían entregado a la policía. Afirmó que temía por su vida.43

El Tribunal señaló que el fiscal general adjunto no le había informado correctamente respecto al paradero de Munir el día anterior y que no se habían cumplido las claras instrucciones de dejarlo en la cárcel central de Adiala. Ordenó al director general de la Unidad Nacional de Gestión de Crisis que presentara por escrito el nombre y la información de las personas a las que había transmitido las órdenes del tribunal antes de la siguiente vista. Amnistía Internacional ignora si esta orden se cumplió. El Tribunal ordenó al inspector general de policía de Islamabad que se ocupara personalmente de la custodia del doctor Munir y que lo ingresara en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán para recibir un tratamiento de dos semanas, tras de lo cual lo volvería a presentar ante el tribunal para testificar en el caso de Masood Janjua, a quien había visto bajo custodia cuando estaba recluido en Chaklala, Rawalpindi. En caso de que pasadas las dos semanas no hubiera sesión del Supremo, el doctor Munir debía ser enviado a la cárcel de Adiala. Asimismo se ordenó al inspector general de la Policía que no entregara al doctor Munir a ningún servicio de información y que le permitiera ver a sus familiares. El confinamiento del doctor Munir en el Instituto de Ciencias Médicas bajo custodia policial se prorrogó el 4 de septiembre y posteriormente el 5 de octubre.44

En una sesión posterior, celebrada el 4 de septiembre de 2007, en las actas del Tribunal Supremo consta:

El Tribunal señaló que Aleem Nasir, Hafiz Abdul Basit y Muhammad Tahir –detenido en las fechas indicadas con Hafiz Basit– han sido recuperados. Tenemos fundados motivos para creer que la postura del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, afirmando que las personas desaparecidas cuyos casos tenemos ante nosotros no están bajo la custodia de las agencias es incorrecta y, en vista de los hechos, solicitamos la ayuda del fiscal general de Pakistán para que garantice la puesta a disposición judicial o en libertad del resto de las personas, cuya lista deberá ser facilitada por el fiscal general adjunto, Naheeda Mehboob Elahi, tras examinar sus expedientes y con la ayuda de los letrados que representan a las personas desaparecidas en el Tribunal.

En una vista del 5 de octubre, el presidente del Supremo ordenó a los ministros de Defensa e Interior que indagaran con los jefes de las agencias de información, así como con las autoridades provinciales, sobre varios casos de desaparición forzada pendientes ante el Tribunal y recuperaran al resto de las personas desaparecidas antes de la siguiente vista, que se celebraría el 11 de octubre. Cuando el secretario del Interior, Syed Kamal Shah, le dijo que la tarea de encontrar a estas personas correspondía a las autoridades provinciales,45el presidente del Supremo afirmó:

La Policía afirma que no se llevaron a estas personas y que están bajo la custodia de agencias federales. Si el secretario de Defensa afirma que no puede hacer nada, citaremos a los jefes de las agencias de información. Comparecerán generales uniformados de los Servicios de Información y del Servicio de Información del Ejército, que serán interrogados.46

Según los informes, el presidente del Supremo observó que había pruebas de que las personas desaparecidas estaban bajo la custodia de las agencias de información y que se presentarían cargos penales contra los responsables de mantenerlas bajo “custodia ilegal”, salvo que fueran puestas en libertad.47

El 11 de octubre de 2007, el presidente del Supremo afirmó que el Tribunal estaba haciendo una última “concesión” al gobierno “pidiéndole que regularice la custodia de las personas desaparecidas”.48En la misma vista, el fiscal general dijo de nuevo al Tribunal que Masood Janjua no estaba bajo la custodia de los Servicios de Información. Al señalarle el Tribunal las páginas del diario del doctor Imran Munir que indicaban que lo había visto bajo la custodia de la agencia, el fiscal general afirmó haber visto el diario de Imran Munir y que, si se le daba algún tiempo, consultaría con las autoridades pertinentes.49En la siguiente vista, el 29 de octubre de 2007, el presidente del Supremo reiteró que existían abundantes pruebas de que las agencias de información mantenían recluidas a las personas desaparecidas, y amenazó de nuevo con emprender acciones legales contra los responsables.50

En una vista celebrada el 1 de noviembre de 2007, Imran Munir comunicó al Tribunal que estaba listo para declarar sobre su desaparición forzada. El presidente del Tribunal dio de plazo hasta el 13 de noviembre para que los agentes estatales presentaran a los detenidos en cuestión. Antes de que esa vista pudiera celebrarse, el presidente del Supremo y otros 60 jueces de las altas instancias fueron depuestos con la imposición del estado de excepción el 3 de noviembre de 2007. Según ha sabido Amnistía Internacional, Imran Munir aún no ha vuelto a ser juzgado por los cargos de espionaje presentados contra él y sigue confinado en el hospital.

El caso de HAFIZ ABDUL BASIT

Como muestran las actas oficiales del Tribunal Supremo, en 2006 y 2007 las autoridades de la seguridad del Estado cada vez interfirieron más en los intentos del Supremo de arrojar luz sobre la suerte de las personas desaparecidas. Por ejemplo, en el caso de Hafiz Abdul Basit,51el Estado negó que el justificante de su entrega a otra agencia fuera auténtico y negó la existencia de la persona que había firmado los justificantes. El gobierno sólo respondió a las órdenes judiciales cuando el tribunal amenazó con encarcelar al director general de la Agencia de Investigación Federal, Tariq Pervez.

Hafiz Abdul Basit, maestro, fue detenido por la policía el 13 de enero de 2004 en Faisalabad. En diciembre de 2006, 10 personas que habían quedado en libertad tras pasar algún tiempo en situación de desaparición forzada, afirmaron en declaraciones juradas que habían visto a Basit en lugares secretos de detención. No obstante, hubieron de pasar meses de insistentes indagaciones por parte del Tribunal Supremo para conseguir que Basit quedara en libertad.

En una vista celebrada el 11 de mayo de 2007, el comisario de distrito de Faisalabad dijo al Tribunal que, después de ser detenido por la policía del Departamento de Investigación Criminal, Hafiz Abdul Basit había sido entregado a un agente del Servicio de Información del Ejército, el capitán Amir Ali, en un campamento militar situado en el intercambiador de Pindi Bhattian de la autopista Lahore-Islamabad. El 25 de mayo de 2007, un subinspector auxiliar de policía de Faisalabad presentó en el Tribunal un justificante manuscrito de haber entregado a Hafiz Abdul Basit al capitán Amir Ali, del Servicio de Información del Ejército. En la vista celebrada el 4 de julio de 2007, el coronel Lodhi, director de la Unidad Nacional de Gestión de Crisis, afirmó ante el Tribunal Supremo que en el Servicio de Información del Ejército no había ningún capitán de nombre Amir Ali; el fiscal general adjunto expresó sus dudas sobre el justificante, redactado en papel no oficial, según el cual Basit había sido entregado al capitán del Servicio de Información del Ejército Amir Ali. El Tribunal Supremo ordenó que el asunto se resolviera, pero en posteriores apariciones ante el Tribunal, el fiscal general adjunto se limitó a pasar por alto toda referencia a la identidad del oficial del Servicio de Información del Ejército y a la autenticidad del justificante. El asunto nunca se resolvió. El informe del fiscal general adjunto, del 1 de agosto de 2007, reproducido en el tribunal, afirma: “El sospechoso [...] por órdenes del oficial al mando [...] fue llevado a Pindo Bhattian Toll Plaza, donde fue entregado por Iftikhar Hussain, subinspector auxiliar de la policía, a oficiales del ejército a cambio del correspondiente justificante, como se reveló [...] el 5-6-2007”.

En una vista celebrada el 6 de junio de 2007, el tío de Basit, Hafiz Abdul Nasir, presentó una declaración jurada en la que afirmaba que personal del ejército se lo había llevado más tarde para presionar a su sobrino y que había visto a Basit, que se encontraba detenido y muy enfermo. Cuando al llegar a este punto el director de la Unidad Nacional de Gestión de Crisis negó poseer información alguna sobre Basit, el juez Javed Iqbal ordenó que lo pusiera a disposición judicial o que desmintiera bajo juramento las declaraciones de la policía de Faisalabad o del tío de Basit. El 18 de julio de 2007, el Tribunal Supremo examinó el expediente de Hafiz Abdul Basit. El fiscal general adjunto lo había acusado de participar en un atentado contra el presidente Musharraf. El Tribunal no halló prueba alguna contra Basit: su nombre no figuraba en el parte inicial de denuncia a la policía, ni estaba entre las personas condenadas por el atentado. Como consecuencia, el Tribunal ordenó que fuera puesto en libertad. También ordenó al subinspector general de la Policía de Faisalabad que informara al tribunal en la siguiente vista sobre el paradero de Basit, ya que de lo contrario se emprenderían acciones contra él por detenerlo ilegalmente.

Al no recibir ninguna información sobre el paradero de Basit, el 20 de agosto de 2007 el Tribunal Supremo ordenó al director general de la Agencia de Investigación Federal, Tariq Pervez, que lo presentara ante él ese mismo día si no quería ir a la cárcel. Pervez ocupaba el cargo de Inspector General Adjunto de Punyab en el momento de la detención de Basit y de su traslado bajo la custodia del Servicio de Información del Ejército en 2004, y por tanto era responsable de él. Ese mismo día, Pervez dijo al tribunal que no conocía el paradero actual de Basit y pidió más tiempo para averiguarlo. El presidente del Supremo, Iftikhar Chaudhry, se negó a concedérselo, diciendo a Pervez: “Se ha demostrado que esa persona fue aprehendida por usted y por tanto ahora usted es el responsable de que comparezca ante este tribunal. Conduzca al detenido ante el tribunal o prepárese para ir al calabozo”.52 Tariq Pervez salió de la sala dos veces durante la sesión para tratar de cumplir las órdenes del tribunal, pero en ambas volvió sin ninguna respuesta positiva. El fiscal general, Malik Muhammad Qayyum, dijo al tribunal que no se había determinado el lugar exacto donde estaba Basit, pero que había recibido un fax en el que se le informaba de que una persona llamada Abu Musa Khalid, alias ‘Basit’, estaba bajo la custodia del agente político de la agencia Khyber,53y podría comparecer en Islamabad en uno o dos días. El tribunal estaba dispuesto a enviar a Tariq Pervez a la cárcel, pero la intervención del fiscal general retrasó la decisión un día. En un plano más general, el juez avisó a los representantes del Estado de que no retrasaran la localización de las personas desaparecidas hasta el punto de que el Tribunal Supremo no tuviera más remedio que citar ante él a los jefes de los servicios de información.54

Al día siguiente, 21 de agosto de 2007, el fiscal general afirmó que, según la información que había recogido en las 24 horas previas, Hafiz Abdul Basit estaba efectivamente bajo la custodia del agente político de la agencia Khyber y se estaban haciendo esfuerzos para traerlo desde allí a Islamabad esa misma noche. El tribunal ordenó que se entregara a Basit a su tío en la oficina del director general de la Agencia de Investigación Federal antes de las ocho de la noche y que el secretario del Tribunal Supremo fuera informado de su liberación. La orden se cumplió y Basit quedó en libertad.55

OCULTACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LAS AUTORIDADES DETENEDORAS

Las pruebas conseguidas de personas sometidas a desaparición forzada puestas en libertad y las actas oficiales del Tribunal Supremo indican que las autoridades detenedoras tomaron medidas con el propósito evidente de ocultar su identidad transfiriendo a estas personas bajo la custodia de otras agencias antes de ponerlas en libertad.

Hafiz Mohammad Tahir, de Bahawalpur, provincia de Punyab, fue mencionado en varias declaraciones juradas presentadas al Tribunal Supremo en diciembre de 2006 por personas que lo habían visto en lugares secretos de detención y que luego fueron puestas en libertad. En enero de 2004 había sido detenido junto con varios familiares por personal de los servicios de información por su presunta participación en un atentado contra el presidente Musharraf el 25 de diciembre de 2003. Su paradero fue una incógnita hasta que Hafiz Abdul Basit, en una declaración jurada del 25 de agosto de 2007 a la que Amnistía Internacional ha tenido acceso, informó de haber visto a Tahir y a otras personas en “un taller del ejército”.56 Tras ordenar el Tribunal Supremo su puesta en libertad, fue puesto a disposición judicial el 4 de septiembre de 2007, según los informes acompañado por un agente de la comisaría de policía de Samasatta, cerca de Bahawalpur, llamado Nazir Ahmed. Según informaron los medios de comunicación, al agente se le había ordenado esa mañana que se presentara en un lugar del centro de Islamabad llamado ‘Zero Point’,57 donde lo aguardaba un vehículo que lo llevó a una casa de la capital en la que le entregaron a Hafiz Mohammad Tahir sin más explicación. Al parecer el policía no tenía ni idea de quién era Tahir ni de por qué lo habían puesto bajo su custodia.58 Las actas oficiales del Tribunal Supremo muestran que Tahir fue puesto en libertad por orden del Tribunal ese mismo día.

En algunos casos, hay pruebas claras de que una persona sometida a desaparición forzada está bajo la custodia de una agencia estatal pero sigue sin conocerse su paradero y continúa ilegalmente bajo custodia. Cuando un agente de los Servicios de Información facilitó un encuentro entre Aleem Nasir y su madre, quedó claro que la agencia lo tenía bajo su custodia (véase el caso infra).

En el caso de Ali Asghar Bangulzai, en la declaración jurada de su hermano se indica que las autoridades confirmaron varias veces extraoficialmente su detención, pero aún no se ha determinado su suerte ni su paradero.

En una declaración jurada59a la que ha podido acceder Amnistía Internacional, Dad Mohammad Bangulzai afirma que el 18 de octubre de 2001 unas personas se llevaron a su hermano, Ali Asghar Bangulzai, sastre de profesión, de 38 años y padre de 8 hijos, en un vehículo que al parecer pertenecía a una agencia estatal de Quetta. Esta información fue confirmada por Mohammad Iqbal Bangulzai, que fue detenido junto con Ali Asghar Bangulzai, pero quedó en libertad tras permanecer tres semanas bajo la custodia de agencias de información.60

El subinspector general de la Policía dijo el 20 de octubre de 2001 a Dad Mohammad Bangulzai que “agencias secretas le habían informado de la detención de Ali Asghar y Mohammad Iqbal”; más tarde, la policía se negó reiteradamente a tramitar su denuncia debido a lo que admitieron como implicación de los servicios de información.

El 27 de abril de 2002 presentó una solicitud al comandante Abdul Qadir Zehri; según afirmó Dad Mohammad Bangulzai el 16 de mayo de 2002, varios hombres “[le] dijeron que el comandante los había enviado en relación con Ali Asghar [para decirle:] tu hermano está bien, no te preocupes, no es necesario que te pongas en contacto con nadie. Está bajo la custodia de agencias secretas que lo dejarán en libertad cuando estén satisfechas. Esperé [...]”.

Su hermano no fue puesto en libertad, pero agentes de los Servicios de Información dijeron otras dos veces a Dad Mohammad Bangulzai que estaba bajo su custodia. El miembro de la Asamblea Nacional Hafiz Hussain Ahmed organizó el 27 de diciembre de 2002 una entrevista entre Dad Mohammad Bangulzai y el general de brigada de los Servicios de Información Mohammad Sadique, a la que asistieron también el parlamentario y otras dos personas más. “[Mohammad Sadique] dijo que Ali Asghar está en manos de las agencias secretas y se encuentra perfectamente. Unos días después volví a la oficina del general de brigada Mohammad Sadique, que llamó al coronel Bangash y le pidió el expediente de Ali Asghar. El coronel trajo un expediente y, tras leerlo, el general Sadique me dijo: ‘Su familiar es inocente’. También dijo que dos personas lo habían denunciado, pero que no se había probado nada. Haré averiguaciones –me dijo– y quedará en libertad. Seguí yendo a la oficina de los Servicios de Información durante un año y, en mis entrevistas, el general Sadique me decía [...]: ‘Su familiar está bajo nuestra custodia y se encuentra bien’. El general me dijo que me organizaría una entrevista con Ali Asghar. El 4 de octubre de 2003, el general Sadique me pidió, a través del parlamentario Hafiz Hussain Ahmed, que llevara ropa para que se la dieran a Ali [...]”

La declaración también menciona que un inspector del Servicio de Información del Ejército, Hakim Shahid, confirmó también a Dad Mohammad Bangulzai que su hermano estaba bien. Dad Mohammad Bangulzai perdió el contacto con los representantes de los Servicios de Información y del Servicio de Información del Ejército debido a los cambios de personal en las agencias de información.

El parlamentario Hafiz Hussain Ahmed, en una carta con membrete oficial del 14 de julio de 2007, confirmó el contenido de este testimonio en lo que se refiere a las entrevistas con agentes de los Servicios de Información y a sus declaraciones, y añadió que, después del traslado de sus interlocutores en esta agencia, quienes les sucedieron negaron que Ali Asghar Bangulzai estuviera bajo custodia. En 2006, durante una visita a una acampada de personas en huelga de hambre en protesta por la desaparición forzada de Ali Asghar Bangulzai y otras personas, el parlamentario reiteró públicamente que altos cargos de una agencia secreta habían confirmado que Ali Asghar Bangulzai estaba bajo su custodia.61

En el recurso presentado en el Tribunal Supremo por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán en febrero de 2007 figura Ali Asghar Bangulzai. Durante las vistas que se celebraron hasta noviembre de 2007 no se reveló información alguna sobre su suerte y su paradero. Según las actas del Tribunal Supremo, el fiscal general adjunto menciona la puesta en libertad de Ali Asghar, de Baluchistán, el 5 de octubre de 2007, pero parece que se trata de otra persona con el mismo nombre. En la lista de personas que aún no han sido localizadas presentada por la Comisión de Derechos Humanos al Tribunal Supremo el 30 de octubre de 2007 aún figura Asghar Ali Bangulzai.

En algunos casos, representantes de las agencias presuntamente responsables de la desaparición forzada han admitido abiertamente ante el Tribunal Supremo que mantenían recluida a esa persona, pero no se les han exigido responsabilidades ni tampoco se ha recuperado a la persona en cuestión.

El 11 de octubre de 2007, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir, afirmó que la madre de Sajid Iqbal no había podido acceder a él. Aunque en la anterior vista del Tribunal Supremo se había reconocido que Sajid Iqbal estaba bajo custodia en la base de Chaklala, su madre, Parveen Akhtar, afirmó que se había puesto en contacto con las autoridades pertinentes pero éstas le habían dicho que Sajid Iqbal no estaba bajo su custodia. A propósito de esto, el coronel Khalid, presente en la sala, afirmó que arreglaría una entrevista entre madre e hijo. El tribunal ordenó entonces que el coronel Khalid se mantuviera en contacto con Parveen Akhtar y facilitara la reunión, pero no interrogó a la autoridad detenedora sobre los motivos por los que Sajid Iqbal continuaba detenido.62

OCULTACIÓN DE LOS DETENIDOS

Los testimonios de personas localizadas tras un periodo de desaparición forzada también proporcionan indicios del sistema mediante el cual se oculta la identidad de las autoridades detenedoras así como la ubicación del lugar de detención secreta: trasladar con frecuencia a este tipo de detenidos de un lugar de detención no declarado a otro. Esto también hace que a sus familiares les resulte más difícil localizarlos.

El uso de la detención secreta facilita la tortura y los malos tratos, y está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha declarado que “deberán adoptarse las disposiciones necesarias para que los presos sean mantenidos en lugares de detención oficialmente reconocidos, y para que sus nombres y lugares de detención [...] figuren en registros que estén a disposición de las personas interesadas, incluidos los parientes y amigos”.63 El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura ha afirmado asimismo que “debería estipularse por ley la eliminación de lugares secretos de detención. El mantenimiento de una persona en un lugar de detención secreto o que no sea oficial llevado a cabo por un funcionario debería constituir un delito punible”.64

La declaración de Hafiz Abdul Basit desde Faisalabad describe con cierto detalle dónde estaba recluido y cómo lo trasladaban de un lugar secreto de detención a otro. Tras ser presentado ante el superintendente adjunto de la Policía de Faisalabad, el 30 de enero de 2004 fue entregado a otro policía, que se lo llevó, esposado y con los ojos vendados, en un vehículo en el que circuló durante media hora. Luego lo pasaron a otro vehículo en el que viajó cuatro horas hasta llegar a un lugar de detención, donde le quitaron la venda de los ojos. Hafiz Abdul Basit testificó que las personas presentes allí eran todas “militares uniformados”. Cree que el centro de detención se encontraba cerca de la base aérea de Chaklala, en Rawalpindi. El 14 de junio de 2007 fue trasladado al acantonamiento de Jhelum, y el 20 de agosto de 2007 volvieron a llevarlo a Rawalpindi esposado. Tras un examen médico lo llevaron a Peshawar, donde lo entregaron a personal del Cuerpo de Fronteras, que lo trasladó a Torkham, en la frontera con Afganistán. En su testimonio continúa diciendo: “Los guardias de fronteras se portaron muy bien conmigo. Me dijeron que los militares les querían pasar la patata caliente a ellos [...]. Después de esto, los guardias de fronteras me enviaron a Peshawar y me entregaron a la Agencia de Investigación Federal. La Agencia de Peshawar me hizo llegar a su sede de Islamabad y, el 21 de agosto de 2007, a las 9 de la noche, me entregaron a mi tío materno Hafiz Nasir”.

La técnica de trasladar –o simular trasladar– a personas sometidas a desaparición forzada a las áreas tribales u otras partes del país por cargos de los que no hay pruebas, con la aparente intención de ocultar las desapariciones forzadas, se ha utilizado con frecuencia para dificultar la localización de estas personas.

Aleem Nasir, ciudadano alemán de 45 años de ascendencia paquistaní, fue detenido el 18 de junio de 2007 en el aeropuerto de Lahore y trasladado a Islamabad. Más tarde relató que la detención había sido obra de los Servicios de Información por llevar piedras preciosas de valor. Cuando su madre presentó recurso ante el Tribunal Supremo, los agentes estatales que comparecieron en la primera vista, celebrada el 4 de julio de 2007, afirmaron que desconocían su paradero. Durante una vista celebrada el 18 de julio, el fiscal general adjunto declaró que se había localizado a Nasir y que en Dera Ismail Khan (provincia de la Frontera Noroeste) se había presentado una denuncia (cuyo carácter no se concretó) contra él en virtud del Reglamento sobre Delitos Fronterizos. En una vista posterior, celebrada el 20 de agosto de 2007, el fiscal general adjunto afirmó que Nasir había participado en “actividades comprometidas” en las regiones de la frontera, cuyo carácter no podía divulgar en el tribunal, pero que no estaba bajo la custodia de ninguna agencia de información.65 En la misma vista, sin embargo, la madre de Nasir, Nazir Begum, y su hermano, Waseem Nasir, dijeron al tribunal que el coronel Javed Iqbal Lodhi, de la Unidad Nacional de Gestión de Crisis, se había puesto en contacto con el coronel Zikiria, de los Servicios de Información, y éste había organizado una entrevista con Aleem Nasir para el 18 de julio en una casa situada en el sector 1/8 de Islamabad. Así se determinó que Nasir estaba bajo la custodia de los Servicios de Información, y no en Dera Islamil Khan, como se afirmaba.

El tribunal ordenó al coronel Lodhi que se pusiera en contacto con el coronel Zikiria para que éste explicara el asunto. Lodhi no lo hizo y el general de brigada Javed Iqbal Cheema, jefe de la Unidad Nacional de Gestión de Crisis, aseguró al tribunal que se pondría en contacto con él e informaría al tribunal. No hay informes sobre si el coronel Zikiria compareció después ante el tribunal. El 21 de agosto de 2007, Nasir fue puesto a disposición del Tribunal Supremo y afirmó que lo habían tenido recluido en la sede de los Servicios de Información (no se indicó la ubicación) y lo habían amenazado con trasladarlo bajo la custodia de Estados Unidos. El tribunal ordenó su puesta en libertad inmediata y cuestionó por qué y bajo qué autoridad las agencias de información aprehendían a la gente, sin obtener respuesta alguna.66Aleem Nasir fue devuelto a Alemania tras quedar en libertad.

Varias de las personas puestas en libertad tras ser sometidas a desaparición forzada han señalado en declaraciones juradas el lugar y los responsables de su custodia. Así se ha llegado a elaborar una lista preliminar de lugares donde podrían estar recluidas personas sometidas a desaparición forzada. Sin embargo, tal vez existan otros lugares semejantes de detención secreta, y pueden crearse otros nuevos. Como las personas sometidas a desaparición forzada coinciden en afirmar que permanecieron con los ojos vendados durante la mayor parte del tiempo de su detención, no siempre es posible identificar con certeza los lugares.

En las primeras vistas del Tribunal Supremo (diciembre de 2006) pudo accederse a las declaraciones juradas escritas de 10 personas que habían sido puestas en libertad tras ser sometidas a desaparición forzada. En estas y otras declaraciones posteriores, las víctimas afirman haber sido detenidas por agencias de información paquistaníes, como los Servicios de Información, el Servicio de Información del Ejército y la Unidad de Investigación Federal y recluidas en lugares secretos de diferentes partes del país, entre los que se encuentran: Faizabad; Chaklala Scheme III; Taller 501; un lugar de detención cercano al aeropuerto de Islamabad; Rawalpindi; Nowshera; Attock Fort; Lahore y Peshawar. En mayo de 2008, Amina Masood Janjua señaló los siguientes lugares de detención: los centros de detención de los Servicios de Información en Cantt. Garrison, Chaklala (cerca del aeropuerto de Rawalpindi), detrás del Hospital Militar (Rawalpindi), en Hamza Centre (Ojri Camp, Rawalpindi) y el Módulo 20 en el Sector 1-9 (Islamabad), así como un centro de la Agencia de Investigación Federal cercano a Qasim Market.



Las víctimas de desaparición forzada, silenciadas

El Tribunal Supremo indicó reiteradamente que emprendería acciones legales contra las personas responsables de desapariciones forzadas. Temerosas de tener que rendir cuentas, las agencias de información trataron de evitar que se descubriera la verdad amenazando a los familiares de las personas desaparecidas para que retiraran los recursos y mantuvieran en silencio a las personas puestas en libertad. Puede ser que estas amenazas expliquen por qué sólo unas cuantas de las personas que han quedado en libertad han presentado testimonios ante el Tribunal Supremo. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán afirmó en su informe anual correspondiente a 2007: “Las familias dijeron a los tribunales y los periódicos que las agencias de información se habían puesto en contacto con ellas asegurándoles que les devolverían a sus familiares si no hablaban. Es posible que muchas hayan preferido mantenerse en silencio en lugar de exponer abiertamente un caso de desaparición forzada y arriesgarse a disgustar a la agencia que tiene retenido a su ser querido”.67

Además, algunas de las personas que quedaron en libertad volvieron a ser sometidas a desaparición forzada cuando denunciaron su experiencia.68

Saleem Baloch, vicepresidente de un partido político de Baluchistán, el Partido Jamhoori Watan, informó el 20 de diciembre de 2006, en una conferencia de prensa organizada por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, sobre su reciente desaparición forzada. Según la declaración jurada que presentó en el Tribunal Superior de Sind el 29 de diciembre de 2006, agentes de los servicios de información y policías uniformados lo habían detenido el 10 de marzo de 2006 en Liyari, Karachi, delante de muchas personas del lugar. Lo mantuvieron recluido en un lugar subterráneo no declarado de Karachi, junto con otra persona detenida el mismo día, Saeed Brohi. El 19 de abril de 2006, ambos fueron trasladados a un lugar de detención secreto de Punyab, y luego los trasladaron de nuevo en frecuentes ocasiones. Según afirma en su declaración, uno de los lugares estaba cerca de un aeropuerto donde oía aviones aterrizar y despegar. Señaló que los traslados se efectuaban en un vehículo conducido por un miembro del ejército y que había visto a otras personas sometidas a desaparición forzada mientras estuvo detenido. El 14 de diciembre lo llevaron en tren de regreso a Karachi, donde lo pusieron en libertad dos días después. Según su declaración, con frecuencia le impedían dormir y lo interrogaban sobre personas de su familia. No se sabe con certeza el motivo de la desaparición forzada de Saleem Baloch. Según un recurso presentado por su familia en el Tribunal Superior de Sind en mayo de 2006, fue detenido ilegalmente para castigarlo por haber asistido a las vistas del Tribunal Superior sobre el caso de otra víctima de desaparición forzada de Baluchistán, Abdul Raoof Sasoli, cuyo nombre figura en la lista de casos pendientes ante el Tribunal Supremo y cuyo paradero aún no se ha determinado.

En la conferencia de prensa organizada el 20 de diciembre de 2006 por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Saleem Baloch expresó su temor de que pudieran aprehenderlo de nuevo, ya que le habían advertido que no acudiera a los medios de comunicación ni a los grupos de la sociedad civil ni pidiera protección a los tribunales. Sus temores resultaron fundados: volvió a ser detenido por agencias del gobierno el 31 de diciembre de 2006 delante de muchas personas y sometido de nuevo a desaparición forzada. En enero de 2007, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán instó a las autoridades a que lo pusieran en libertad y su nombre figura en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo en febrero de 2007. No se supo nada sobre su suerte y su paradero hasta que fue puesto en libertad, el 11 de octubre de 2007, y el fiscal general informó de ello al Tribunal Supremo.69

A mediados de 2007, los abogados informaron a Amnistía Internacional de que habían aconsejado a sus clientes liberados que no revelaran sus experiencias bajo detención secreta, ya que al hacerlo se arriesgarían, tanto ellos como sus familiares y socios, a sufrir nuevamente desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos. Un abogado dijo a Amnistía Internacional: “¿Quién garantizará su seguridad si le dice a usted o a los medios de comunicación dónde estuvo y lo que le hicieron?”. El 25 de mayo de 2007, otro abogado, Hashmat Habib, dijo al Tribunal Supremo que al poner en libertad ese mes a su cliente, Qari Saifullah, tras dos años y nueve meses de desaparición forzada, las agencias de inteligencia le habían advertido que no revelara detalles de su detención si no quería volver a ser detenido.

Algunas personas que quedaron en libertad tras años de desaparición forzada y sus familias han permanecido totalmente inaccesibles para los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos.

La suerte y el paradero de Naeem Noor Khan, cuya detención el 13 de julio de 2004 en Lahore –al parecer con relación a unos archivos informáticos que, según los informes, se encontraron en su poder– “abrió las compuertas de la información”, según un alto oficial de los servicios de información paquistaníes, fue un misterio durante casi tres años. Personas no identificadas amenazaron a sus familiares con terribles consecuencias si no retiraban el recurso de hábeas corpus que habían presentado,70pero ellos perseveraron. Sin embargo, en las vistas del recurso en el Tribunal Superior de Lahore, las autoridades negaron una y otra vez saber nada de su paradero. También en el Tribunal Supremo negaron que estuviera detenido y afirmaron no saber nada sobre su paradero. El 4 de mayo de 2007, el fiscal general adjunto Tariq Khokhar declaró ante el Tribunal Supremo que Naeem Noor Khan era una de las personas que seguía sin ser localizada. En la vista del 6 de junio de 2007, su abogado, Babar Awan, presentó pruebas de que el entonces ministro de Información, Sheikh Rashid, el entonces ministro del Interior, Faisal Saleh Hayat y el director general de Relaciones Públicas de los Servicios de Información, general de división Shaukat Sultan, habían mencionado la detención de Khan, que además también había aparecido en los medios de comunicación.

El fiscal general adjunto ordenó contactar con estas personas en relación con la cuestión y que Khan, si resultaba estar detenido, fuera puesto a disposición judicial. En la vista del 20 de junio, el fiscal general adjunto afirmó que se estaba investigando si la persona cuyo nombre era Hayat Noor Khan era Naeem Noor Khan. El 4 de julio, el fiscal general adjunto ordenó pedir información a los dos ministros y al portavoz de los Servicios de Información, ya que no se había avanzado nada en la localización de Naeem Noor Khan. El 18 de julio de 2007, el fiscal general adjunto informó al tribunal de que Naeem Noor Khan era una de las cinco personas que habían sido localizadas y ya estaban en su domicilio. El tribunal dijo que no eran necesarias más acciones y que estas personas podían “acudir al lugar adecuado para obtener compensación por sus agravios”.71



USO INDEBIDO DE LOS CARGOS PENALES

Varias personas sometidas a desaparición forzada fueron localizadas pero no puestas en libertad, sino que quedaron bajo custodia tras haber sido acusadas de delitos comunes meses después de su detención inicial sin cargos. Al parecer estas causas penales se abrieron para dar a su detención aspecto de legalidad y ocultar el periodo previo de desaparición forzada. En el caso de Abdur Rahim Muslim Dost, los cargos se presentaron tras un nuevo periodo de desaparición forzada por hablar públicamente de sus experiencias durante el primero.

Abdur Rahim Muslim Dost, Peshawar, Pakistán, noviembre de 2005.

© Amnistía Internacional, reservados todos los derechos



El ciudadano afgano Abdur Rahim Muslim Dost fue sometido por segunda vez a desaparición forzada72al ser detenido por policías del Departamento de Investigación Criminal y agentes de los servicios de información en una mezquita de Peshawar el 29 de septiembre de 2006, en presencia de su hermano y sus hijos.73Más tarde contó que agentes de los servicios de información lo habían llevado con los ojos vendados a sus oficinas cerca del Army Stadium, donde estuvo detenido en 2001 antes de ser trasladado a Guantánamo. Según los informes, agentes de los servicios de información habían estado anteriormente en su casa y en la de su hermano y se habían mostrado airados por la reciente publicación del libro de ambos, escrito en pastún, Da Guantánamo Mati Zolani (Las cadenas rotas de Guantánamo), donde cuentan su detención ilegal bajo la custodia de los servicios de información paquistaníes, su entrega a Estados Unidos y su tortura bajo la custodia de Pakistán y Estados Unidos.

Según comunicaron los abogados de Dost, en diciembre de 2006 el Departamento de Investigación Criminal y el Ministerio de Defensa negaron ante el Tribunal Superior de Peshawar que Dost estuviera bajo su custodia y saber nada de su paradero, y en febrero de 2007 los Servicios de Información hicieron lo propio ante el Tribunal Supremo. En junio de 2007 se supo que estaba bajo la custodia del agente político auxiliar de Landi Kotal, en la agencia Khyber, cuando otros detenidos dijeron a los periodistas que lo habían visto allí.74Dost les había dicho que los agentes de los servicios de información que lo habían entregado a la administración de la agencia Khyber tras ocho meses de detención lo habían maltratado. Este extremo fue confirmado por su hermano, Syed Mohammad, en un anexo al principal recurso presentado en el Tribunal Superior de Peshawar, en el que afirmaba que se había reunido con Dost en la cárcel de Landi Kotal y éste le había dicho que, la noche del 24 al 25 de mayo de 2007, unos agentes de los servicios de información lo habían llevado a varias comisarías de la provincia para presentar una denuncia contra él. Al negarse la policía a tramitar la denuncia, lo llevaron a la agencia Khyber, cuyas autoridades accedieron a su petición. El 22 de junio de 2007, el Tribunal Superior de Peshawar ordenó al procurador general auxiliar de la provincia que se pusiera en contacto con la administración de la agencia Khyber para determinar si Dost estaba recluido allí. Sin embargo, el fiscal general auxiliar declaró que Dost no estaba bajo la custodia de la agencia. Periodistas tribales de la agencia Khyber que lograron hablar con él confirmaron su presencia bajo la custodia del agente político de la agencia Khyber el 23 de junio.

El 25 de julio de 2007, el Tribunal Superior de Peshawar desestimó el recurso de hábeas corpus cuando el procurador general de la provincia de la Frontera Noroeste informó de que Dost había sido acusado por la administración de la agencia Khyber en virtud del artículo 40 del Reglamento sobre Delitos Fronterizos75y el artículo 14 de la Ley de Extranjería,76y había sido trasladado a la prisión central de Peshawar el 21 de julio de 2007. Su abogado argumentó que el tribunal debía solicitar una explicación para la detención ilegal de Dost durante nueve meses y su traslado a la administración del área tribal, pero no se le hizo caso. Dost sigue en la cárcel central de Peshawar y su juicio aún no ha comenzado.

Como en otros casos, el Tribunal Supremo también vio la causa de Dost, aunque el principal recurso de hábeas corpus se vio en el Tribunal Superior de Peshawar. El 20 de junio de 2007, el senador Farhatullah Babar informó al Tribunal Supremo de que Dost había estado bajo la custodia de las agencias de información y en ese momento estaba bajo la custodia del agente político de la agencia Khyber.77El 4 de julio de 2007, éste declaró ante el Tribunal Supremo que Dost había sido detenido el 24 de mayo de 2007 en virtud de la Ley de Extranjería por orden de un juez de primera instancia, y que estaba siendo investigado. El Tribunal ordenó entonces a su letrado, el ex senador Farhatullah Babar, que recurriera según lo dispuesto en la ley si lo deseaba, ya que Dost había sido localizado.78El Tribunal Supremo tampoco tuvo en cuenta el hecho de que Abdur Rahim Muslim Dost hubiera sido sometido a desaparición forzada desde su detención ante testigos en septiembre de 2006.

Han sido varias las ocasiones en que las autoridades han informado al Tribunal Supremo de que personas presuntamente sometidas a desaparición forzada estaban detenidas legalmente acusadas de algún delito común.

Nazir Ahmed Osama, alias Osama Nazir, fue detenido el 18 de noviembre de 2004 en una madrasa de Faisalabad. Musharraf lo mencionaba en su libro calificándolo de “destacado extremista” y experto en explosivos. Su detención por presunta participación en atentados contra el presidente Musharraf y el entonces primer ministro Shaukat Aziz recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación paquistaníes. Sin embargo, nunca fue llevado a juicio y su paradero siguió sin conocerse. Hafiz Abdul Basit y Mohammad Tariq afirmaron en sus declaraciones juradas que habían visto a Osama Nazir en un lugar de detención secreta situado en un taller del ejército (cuya ubicación no figuraba en ninguna de las declaraciones). El 11 de octubre de 2007, el secretario del Interior de Punyab y el comisario de la Policía Provincial de Punyab informaron al Tribunal Supremo de que Osama Nazir estaba bajo la custodia de la policía de Rawalpindi pero recluido en Taxila, a unos 24 kilómetros al norte de esta localidad.79Dado que la policía sólo puede mantener detenida a una persona acusada de un delito durante un máximo de 15 días,80no parecía haber base legal para su detención desde noviembre de 2004. Sin embargo, el Tribunal Supremo no cuestionó bajo qué autoridad ni dónde había estado durante este periodo de desaparición forzada.



NO SE EXIGEN RESPONSABILIDADES A LAS AGENCIAS DE INFORMACIÓN

Una dificultad crucial a la hora de localizar a personas sometidas a desaparición forzada y de poner fin a esta grave violación es que las agencias de información paquistaníes no están sometidas a una exigencia de responsabilidades y un control institucional claros. En una vista del Tribunal Supremo celebrada el 20 de agosto de 2007, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir, reiteró la petición elevada al alto tribunal y ya contenida en el recurso de la Comisión, de que aclarase bajo qué autoridad y en virtud de qué disposiciones legislativas las agencias de información toman bajo su custodia a los ciudadanos. El Tribunal respondió que se ocuparía del asunto más adelante.81

En julio de 2006, durante la vista de un recurso de hábeas corpus en el Tribunal Superior de Sind, el secretario de Defensa afirmó que el ministerio sólo tenía control administrativo, no operativo, sobre sus propias agencias de información, incluidos los Servicios de Información y el Servicio de Información del Ejército, y por lo tanto no podía hacerles cumplir las instrucciones del tribunal.82En agosto de 2006, en otra vista del Tribunal Superior de Sind, una carta confidencial anónima, que se suponía enviada por la oficina de los asesores legales de la Comandancia General del Ejército Paquistaní, en Rawalpindi, afirmaba que “la Comandancia General forma parte del Ministerio de Defensa y la Dirección del Servicio de Información del Ejército cae bajo su competencia. La entidad civil bajo la que opera el Ejército de Pakistán es el Ministerio de Defensa”. Los abogados de Defensa presentes en el tribunal señalaron que la carta contradecía las afirmaciones realizadas anteriormente en el tribunal, en el sentido de que el Servicio de Información del Ejército no funcionaba bajo el control y la supervisión globales del Ministerio de Defensa.83 Los representantes del Ministerio de Defensa declinaron asimismo toda responsabilidad en el Tribunal Supremo ocultándose tras trabas organizativas. El 27 de abril de 2007, el secretario de Defensa, Kamran Rasool, afirmó con cierta ambigüedad que los Servicios de Información y el Servicio de Información del Ejército respondían ante los ministerios de Interior y Defensa, “además de la cadena de mando operativa”.84El 5 de octubre de 2007 reiteró que estaban bajo el control administrativo del Ministerio de Defensa.



insuficiente actuación de las altas instancias de la judicatura

El papel proactivo del Tribunal Supremo a la hora de buscar resarcimiento para las víctimas de desaparición forzada ayudó a localizar a varias personas sometidas a esta práctica, que fueron puestas en libertad por orden del Tribunal o simplemente por las autoridades detenedoras una vez el Supremo había comenzado a ver sus causas. Es posible que la alta judicatura haya previsto que este proceso se detendría si exigía responsabilidades a los autores de desapariciones forzadas. En varias ocasiones, el Tribunal Supremo subrayó que su tarea fundamental era localizar a la gente y que del tema de la rendición de cuentas se ocuparía más tarde. De por sí, esto supone una acusación al ejecutivo, que imposibilitó que la alta judicatura garantizara una reparación plena de las desapariciones forzadas garantizando la rendición de cuentas y poniendo fin a esta grave violación de derechos humanos.

Habitualmente los tribunales superiores provinciales han desestimado los recursos de hábeas corpus cuando los representantes del Estado negaban la detención de las personas en cuestión o afirmaban desconocer su paradero, sin cuestionar estas afirmaciones. (Véase el caso de Abdur Rahim Muslim Dost.) En la misma línea, el Tribunal Supremo no cuestionaba bajo custodia de quién habían estado las personas sometidas a desaparición forzada una vez que eran puestas en libertad.

Hay constancia de decenas de casos en los que no se prestó atención a la identidad de la autoridad detenedora y por tanto no se exigieron responsabilidades a nadie por las desapariciones forzadas.

El padre de Ansar Ali, Aziz Akbar Kiyani, declaró ante el Supremo el 11 de octubre de 200785que el 7 de enero de 2004 un equipo de los Servicios de Información, compuesto por tres personas sin uniformar, se había llevado a su hijo en su presencia con el pretexto de interrogarlo, pero que no se había sabido nada sobre su paradero hasta que el 10 de octubre de 2007 se pusieron en contacto telefónico con su padre y le pidieron que fuera a un lugar situado en Talagang Road, Chakwal, provincia de Punyab, adonde llevarían a su hijo desde Lahore. Unos agentes de información llegaron en dos vehículos y pusieron en libertad al hijo, que más tarde dijo a Aziz Akbar Kiyani que un coronel y dos comandantes de la Unidad de Investigación Federal lo habían traído de Rawalpindi a Chakwal.A pesar de que había claras pruebas de que había sido sometido a desaparición forzada durante tres años y 10 meses bajo custodia ilegal, el Tribunal Supremo no abrió investigación alguna a este respecto ni exigió responsabilidades a nadie.

A pesar de la urgencia inherente a los recursos de hábeas corpus, los tribunales han permitido largos aplazamientos de las vistas y no han respondido a las peticiones de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán para que se creara una sala especial que celebrara diariamente vistas de los casos de desaparición forzada. Ante la desobediencia de las autoridades que se negaban a responder adecuadamente a las instrucciones judiciales, los tribunales no siempre han agotado todos los medios a su alcance para hacerlas cumplir. Los jueces no emprendían medidas judiciales, como recurrir a la figura de desacato al tribunal, cuando, tras negar el Estado la detención, la persona afectada resultaba estar detenida por el Estado. Aunque amenazaban con iniciar el enjuiciamiento penal por desaparición forzada, no emprendían actuación alguna.



SUFRIR ESPERANDO: LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

Tras desvanecerse las recobradas esperanzas de recuperar a las personas desaparecidas y conocerse informes de nuevas desapariciones forzadas, los familiares de personas sometidas a desaparición forzada siguieron sufriendo penalidades, aislamiento y desesperación, en algunos casos agravadas por las amenazas y las falsas promesas de las autoridades. Semejante sufrimiento causado a los familiares de personas desaparecidas –resultado inevitable y en ocasiones deliberado de la desaparición forzada– también es una violación de derechos humanos. En varios casos, órganos internacionales de derechos humanos han mantenido que la negación por parte de las autoridades del derecho de los familiares a saber lo que había ocurrido con su ser querido durante meses y años violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Los familiares de las personas desaparecidas también son víctimas de desaparición forzada.

Además, muchos familiares han sufrido hostigamiento y amenazas. El 28 de diciembre de 2006, a Mohammad Masood, de 17 años, hijo mayor de Amina Masood Janjua, fundadora del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos, la policía le quitó los pantalones ante cientos de personas, al parecer para humillarlo, y lo golpeó. El Grupo trataba de realizar una marcha hacia la Comandancia del Ejército para presentar un memorándum al subjefe del Estado Mayor en el que protestaban por las desapariciones forzadas. La imagen apareció profusamente en los medios de comunicación y el muchacho quedó en libertad pocas horas después.

El hostigamiento y la intimidación han continuado. En mayo de 2007, Amina Masood Janjua pidió la protección del Tribunal Supremo contra amenazas telefónicas. Según afirmó, los interlocutores la insultaban, la amenazaban de muerte y le decían que bloquearían su teléfono móvil, cosa que ya había ocurrido dos veces y que, según ella, ha dificultado que otras familias de personas desaparecidas se pongan en contacto con ella y con la organización. Además, Amina dijo a Amnistía Internacional en mayo de 2007: “Creo que me vigilan y que me controlan las llamadas constantemente”.

En junio de 2008, cuando los partidos de oposición al presidente Musharraf ya estaban al frente del Parlamento y la oficina del primer ministro, Amina Masood Janjua volvió a expresar su indignación por no conocer la suerte de su esposo, y pidió al nuevo gobierno que respondiera ante la difícil situación de cientos de familias como la suya:

Nos hemos unido al movimiento de los abogados por solidaridad [...] porque para nosotros la restauración de una judicatura independiente es una cuestión de vida o muerte. Tenemos muchas esperanzas puestas en el nuevo gobierno, al que no dejamos de decir que nuestros seres queridos están detenidos ilegalmente más allá de toda ley, bajo la custodia de agencias [de seguridad]. Sólo descansaremos cuando los tengamos ante nosotros sanos y salvos y en libertad [...] Creo que Masood, mi esposo, está recluido a sólo tres kilómetros de casa, pero sigue sufriendo malos tratos que no conocemos y nosotros, su esposa, sus hijos y sus padres, ya muy ancianos, no podemos ni siquiera verlo. [Las autoridades del nuevo gobierno] tienen que hacer ya algo para que vuelvan con nosotros de inmediato.

Familiares de víctimas de desaparición forzada protestan ante la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán en Islamabad el 29 de septiembre de 2006.

© Amnistía Internacional, reservados todos los derechos





RECOMENDACIONES DE Amnistía Internacional AL NUEVO GOBIERNO

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno de Pakistán que ponga fin a las desapariciones forzadas y a las múltiples violaciones de derechos humanos que acarrea esta práctica, así como que respete plenamente el Estado de derecho. La organización considera que el nuevo gobierno debe resolver urgentemente la cuestión de las desapariciones forzadas y poner fin a años de culpabilidad y ocultación por parte del Estado. Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno que se base en los constructivos compromisos en el ámbito de los derechos humanos que ha contraído en los últimos meses y los convierta en acciones. El nuevo gobierno de Pakistán debe:

  • condenar públicamente las desapariciones forzadas bajo cualquier circunstancia y comprometerse a poner fin a esta práctica;

  • poner en libertad de inmediato a todas las personas sometidas a desaparición forzada o de lo contrario revelar su suerte y su paradero. En caso de que no sean puestas en libertad, estas personas deben ser puestas inmediatamente a disposición de un tribunal civil ordinario, acusadas de algún delito común reconocible y, si el tribunal decreta su ingreso en prisión, deberán ser recluidas en un lugar de detención oficial donde puedan tener acceso a abogados, familiares y a los tribunales hasta que sean juzgadas con garantías y sin recurrir a la pena de muerte;

  • garantizar que los funcionarios estatales siguen correctamente y sin demora las órdenes de los tribunales en los casos de hábeas corpus;

  • poner a disposición judicial a todas las personas responsables de ordenar o llevar a cabo desapariciones forzadas, incluidas las que ocultan la verdad a los tribunales en sus actuaciones judiciales, no importa cuál sea su graduación y nivel, en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales;

  • garantizar reparaciones plenas para todas las víctimas de desaparición forzada, incluidos los familiares de las personas desaparecidas;

  • cerrar inmediatamente todos los lugares de detención secretos y no declarados y prohibir por ley la creación de este tipo de lugares de detención;

  • restablecer en el cargo a los jueces que fueron destituidos anticonstitucionalmente durante el estado de excepción y asegurarse de que pueden llevar a cabo sus obligaciones profesionales, incluida la de proporcionar reparación a las víctimas de desaparición forzada, sin injerencias del ejecutivo;

  • garantizar que las agencias de información halladas responsables de la comisión de desapariciones forzadas son supervisadas adecuadamente y obligadas a responder de sus actos;

  • ratificar los tratados pertinentes de derechos humanos que protegen los derechos violados por las desapariciones forzadas –como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, ambos de la ONU y firmados por Pakistán en abril de 2008, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas–, promulgar la legislación necesaria que permita su aplicación y aplicar plenamente sus disposiciones.



APÉNDICE: Declaraciones juradas

A continuación figura la traducción de dos declaraciones realizadas por víctimas de desapariciones forzadas. Tras cada una de ellas se incluye la declaración original en urdu.



DECLARACIÓN 1

De Mohammad Safdar, hijo de Ghulam Mohammad.

Yo, Mohammad Safdar, hijo de Ghulam Mohammad, residente en Hameed Khanwali, tehsil Jalalpur Peerwala, distrito de Multan, declaro solemnemente que soy hermano carnal de Sadiq Akbar, secuestrado. El 24-03-2004 (el día que Sadiq Akbar fue secuestrado de su propiedad) fui a informar a mi padre sobre el secuestro de Sadiq. Por el camino me crucé con vehículos de la Fuerza de Élite. De uno de ellos salieron dos hombres que me arrastraron a la fuerza al interior del vehículo sin mediar palabra.

Después, el personal de la Fuerza de Élite entró en nuestra casa y la registró durante dos horas. Me vendaron los ojos y me obligaron a ponerme una capucha negra. Llegamos a Lahore a la mañana siguiente. Después de las oraciones de la media tarde (Asar), me llevaron en presencia de un coronel que me preguntó por mi hermano. Me torturaron y me enseñaron unas fotos, pidiéndome que identificara a las personas que aparecían en ellas. No pude identificar a nadie.

Después de las oraciones de la noche, volvieron a vendarme los ojos y me llevaron a Rawalpindi. El viaje duró toda la noche. En Rawalpindi me torturaron físicamente y después me encerraron en la habitación número 2. Me fotografiaron y me pidieron que telefoneara a mi tío materno.

Supe por otros detenidos que el lugar era la sede de la Unidad de Investigación de la policía militar, en Core número 10, Rawalpindi. Me llevaron en presencia del coronel. Mi hermano Sadiq Akbar, encadenado, estaba sentado frente a él. Le preguntaron si deseaba expresar algún deseo [queriendo decir su “última voluntad”]. Él pidió papel y lápiz para escribir los datos de sus préstamos. El coronel dijo que podía hacerlo por él y anotó los datos en un papelito, que me entregó. Le soltaron las esposas y los hermanos nos abrazamos. El coronel me dio 500 rupias y me dejó cerca del transporte hacia Multan. Hasta la fecha mi hermano no ha sido puesto en libertad.

Firmado

Mohammad Safdar



Declaración certificada por el notario público, sellada y firmada por él el 30-08-07.



DECLARACIÓN 2



De Mohammad Tariq, hijo de Nizam Din, calle bypasswali Sialkot Road Mohalla Usman Colony, Gujranwala.

1- Declaro solemnemente que resido en la dirección arriba indicada;

2- Declaro solemnemente que el lugar donde estuve detenido era un almacén del ejército;

3- Declaro solemnemente que había otras personas detenidas [con él], a saber: Usama Nazir, residente de Melsi; Sadiq Akbar Baloch, de Multan; Hafiz Tahir, residente de Bahawalpur; Ansar Ali, de Rawalpindi. Estos detenidos me dijeron que esos eran sus lugares de residencia;

4- Declaro solemnemente que el 25-11-2006, Sadiq Akbar Baloch, de Multan, y Ansar Ali, de Rawalpindi, fueron examinados por un médico, junto conmigo, en el CMH [Combined Military Hospital] de Rawalpindi. Yo quedé en libertad el 28-11-2006;

5- Declaro solemnemente que Sadiq Akbar Baloch, de Multan, sufría una grave enfermedad renal.

6- Declaro solemnemente que lo antedicho es cierto a mi leal saber y entender y que en esta declaración no he ocultado ninguna información.



Firmado:

Mohammad Tariq



Declaración certificada por el notario público, sellada y firmada por él 30-08-07



Timbre para la declaración comprado en nombre de Mohammad Tariq el 30-08-07, y su número de Tarjeta Nacional de Identidad informatizado introducido en el reverso del timbre.







1NOTAS FINALES

Mensaje de correo electrónico enviado por Amina Masood Janjua a Amnistía Internacional el 2 de julio de 2008.

2 Según declaración del secretario del interior Syed Kamal Shah ante el Tribunal Supremo el 1 de noviembre de 2007, citado en “Government serious about missing persons, SC told”, Daily Times,
2 de noviembre de 2007,
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007

3 Aunque muchos casos de desapariciones forzadas han salido a la luz con la ayuda de los medios de comunicación y de los grupos de la sociedad civil, un grupo que hasta ahora no ha sido investigado suficientemente es el de los ciudadanos afganos sometidos a desapariciones forzadas en Pakistán. Este tipo de casos sale en ocasiones a la luz cuando se informa de la repatriación forzosa de afganos a Afganistán, de intercambios de prisioneros o de la liberación de detenidos afganos a cambio de paquistaníes secuestrados.

5 West 'will fail' without Pakistan”, BBC News, 30 de septiembre de 2006, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/5394278.stm.

6 Inamullah Khattak, “Jihadi groups blamed for disappearances”, Dawn, 28 de marzo de 2007, http://www.dawn.com/2007/03/28/top2.htm.

7 Más detalles en Amnesty International, Pakistan: Repairing the damage: ensuring robust human rights safeguards, marzo de 2008 (Índice AI: ASA 33/001/2008).

8 Ihtasham ul Haque, “Emergency to end judicial activism”, Dawn, 4 de noviembre de 2007,http://www.dawn.com/2007/11/04/top12.htm.

9 “Iftikhar ready to meet president for judiciary’s cause”, Dawn, 9 de noviembre de 2007, http://www.dawn.com/2007/11/09/top4.htm.

10 La Ordenanza de Reconciliación Nacional se ocupa de causas registradas en el periodo que va del 1 de enero de 1986 al 12 de octubre de 1999. Nawaz Sharif también tiene pendientes cargos por corrupción, además de una condena penal por el secuestro del avión donde viajaba el general Musharraf el 12 de octubre de 1999, horas antes de tomar el poder. El derecho de Nawaz Sharif a ocupar cargos públicos es un asunto legal aún por resolver.

11 El Partido Popular de Pakistán (PPP), fundado en 1967 por Zulfiqar Ali Bhutto, ha estado en el poder cuatro veces desde 1972, dos de ellas en la década de 1990, bajo el liderazgo de Benazir Bhutto, hija de Zulfiqar Ali. Actualmente su principal feudo está en la provincia de Sindh, pero goza de apoyo en otras provincias y es el mayor partido político de Pakistán.

12 La Liga Musulmana de Pakistán (PML), continuadora de la Liga Musulmana Panindia, fundada en 1906, ha adoptado diferentes nombres a lo largo de los años y se ha escindido en diversas facciones. Una de ellas es la denominada Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), en alusión al nombre de su dirigente, el ex primer ministro Nawaz Sharif. Su principal feudo está en la provincia de Punyab. Era el partido gobernante cuando el general Musharraf tomó el poder en octubre de 1999; tal vez como consecuencia de ello hay muy poca sintonía personal entre Nawaz Sharif y Pervez Musharraf.

13 El Partido Nacional Awami (ANP) es un partido predominantemente pastún, sucesor del Partido Awami Nacional (NAP), fundado a finales de 1950. Su feudo está en la provincia de la Frontera Noroeste y goza de cierto apoyo en Karachi.

14 Jamiat i Ulema-e Islam-Grupo Fazal ur Rehman (JUI-F) es un partido político religioso con apoyo en la provincia de la Frontera Noroeste y en Baluchistán. Este partido ha apoyado a varios gobiernos desde 1988, incluidos los del PPP y la PML-N.

15 Raja Asghar, “No victimisation, assures PM”, Dawn, 18 de abril de 2008, http://www.dawn.com/2008/04/18/top2.htm.

16 “All missing people to be traced, says Naek”, Dawn, 17 de abril de 2008, http://www.dawn.com/2008/04/17/top3.htm.

17 Saleem Shahid, “Balochistan PA session sought by de abril de 1”, Dawn, 29 de marzo de 2008, http://www.dawn.com/2008/03/29/top6.htm.

18 Varios activistas nacionalistas baloches que habían sido sometidos a desaparición forzada quedaron en libertad. Uno de ellos fue Mir Shahzain Bugti, nieto del dirigente baloche Nawab Akhtar Bugti, que según los informes había sido ejecutado extrajudicialmente en 2006. Mir Shahzain Bugti había desaparecido en mayo de 2007; el mes siguiente se determinó su paradero bajo custodia. Quedó en libertad de la cárcel de Mach el 23 de mayo de 2008. Amanullah Kasi, “Bugti’s grandson Shahzain freed”, Dawn, 24 de mayo de 2008, http://www.dawn.com/2008/05/24/top4.htm. Véase también la nota 5 supra sobre la discrepancia en las cifras sobre personas sometidas a desaparición forzada.

19 El anuncio lo efectuó el 4 de mayo de 2008 el senador Babar Awan, secretario del Comité de Reconciliación sobre Beluchistán del PPP, creado para localizar a personas desaparecidas. Más detalles en “Committee set up to trace missing people: Awan”, Dawn, 5 de mayo de 2008, http://www.dawn.com/2008/05/05/top2.htm.

20 Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Pakistán, A/HRC/WG.6/2/L.8, 2008, párr. 8.

21 Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Reino Unido, párr. 30.

22 Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Grecia, párr. 83.

23 Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Suecia, párr. 68.

24 Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Brasil, párr. 64.

25 Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Pakistán párr. 104.

26 Issam Ahmed, “PPP package will deepen judicial crisis: HRCP”, Dawn, 8 de junio de 2008, http://dawn.com/2008/06/08/nat1.htm.

27 Los abogados oficiales de la sala pertinente del Tribunal Supremo pueden facilitar copias certificadas de las actas previo pago de unas tasas establecidas. Las causas sobre desapariciones forzadas, incluidas las peticiones constitucionales relacionadas presentadas ante el Tribunal Supremo, están reunidas bajo el expediente Saqlain Mehdi v. The Federation of Pakistan through Secretary Ministry of Interior and others, Human Rigths case No 965, de 2006. Amnistía Internacional consiguió copias de las actas del Tribunal Supremo correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 11 de octubre de 2007.

28 Véanse por ejemplo los casos de Saifullah Paracha y de Masood Janjua. Sobre Saifullah Paracha, véase: Amnesty International, Pakistan: Human rights ignored in the "war on terror" (Índice AI: ASA 33/036/2006), p. 14; sobre Masood Janjua, véase Amnesty International, Pakistan: Human rights ignored in the "war on terror" (Índice AI: ASA 33/036/2006), p. 52; Amnesty International, Pakistan: Working to stop human rights violations in the "war on terror” (Índice AI: ASA 33/051/2006), p. 5.

29 Hijo de Ahmed, residente en Havai Camp, Akora Khattack, subdivisión (tehsil) y distrito de Nowshera, provincia de la Frontera Noroeste. Declaración certificada por fedatario público. Nowshera, a 31 de julio de 2007.

30 Hijo de Sayyed Zainul Abedeen, residente en Ichra, Lahore.

31 Hijo de Abdul Hannan, residente en Sheikh Alam Khan Klay, Dara Adam Khel, región de la frontera de Kohat. Esta declaración jurada está recogida en papel normal, no en el papel oficial exigido, y no está fechada, acuñada ni certificada oficialmente.

32 Hijo de Gul Rehman, residente en Sani Khel, Dara Adam Khel, región de la Frontera de Kohat.

33 Hijo de Habib Ullah, residente en Alam Khan Klay, Dara Adam Khel, región de la Frontera de Kohat.

34 Hijo de Qadir Bakhsh, residente en Tehsil Jalalpur Peerwala, distrito de Multan, provincia de Punyab. La declaración jurada no está fechada ni certificada.

35 La Fuerza de Élite ayuda a la policía en operaciones especiales y se encarga de la seguridad de edificios y personas importantes. Sus miembros tienen un entrenamiento especial de comando.

36 Hijo de Allaha Wasaya, residente en Tehsil Jalalpur Peerwala, distrito de Multan, provincia de Punyab.

37 Hijo de Ghulam Mohammad, residente en Tehsil Jalapur Peerwala, distrito de Multan. La declaración está firmada y certificada por fedatario público el 30 de agosto de 2007.

38 Hijo de Nizam Din, residente en Mohalla Usmani Colony, Gujranwala, provincia de Punyab. Su declaración está debidamente certificada por el fedatario público, sellada y firmada el 30 de agosto de 2007.

39 El ejército tiene un sistema de numeración interna de sus edificios, incluidos los talleres. El taller del ejército radicado en el edificio 501 se denomina “Taller 501”.

40 Actas del Tribunal Supremo.

41 Todos los detalles proceden de las actas del Tribunal Supremo.

42 El fiscal general adjunto, siguiendo las instrucciones del director general de la Unidad Nacional de Gestión de Crisis, también informó al tribunal de que Imran Munir ya estaba bajo la custodia del ejército en Mangla en vista de las próximas actuaciones en consejo de guerra después de que el foro de apelaciones hubiera anulado su condena. Fuente: actas del Tribunal Supremo.

43 Afirmó temer por su vida porque en Mangla había pasado encadenado las tres últimas noches en Mangla: “Me trajeron aquí esposado y con los ojos vendados como a un delincuente habitual. La pasada noche me tuvieron en la Unidad de Investigación Federal. Padezco del corazón, pero no me están dando la medicación. Temo por mi vida y mi salud bajo custodia militar”. Información de Mohammad Kamran, periodista que asistía a las actuaciones en el Tribunal Supremo. “SC releases two ‘missing persons’”, Daily Times, 22 de agosto de 2007, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007.

44 Todos los detalles de la sesión proceden de las actas del Tribunal Supremo.

45 Los cuerpos de policía son de carácter provincial, mientras que los de inteligencia dependen del Ministerio de Defensa y tienen responsabilidad federal.

46 Los periodistas de los diarios Daily Times y Dawn que cubrieron las sesiones del Tribunal Supremo del 5 de octubre de 2007 reproducen sin cambios estas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, en las actas del tribunal no figuran estas palabras. (Daily Times, “SC tells government to recover all missing people by 11th”, Daily Times, 6 de octubre de 2007, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007\10\06\story_6-10-2007_pg7_1; “CJ threatens to summon heads of agencies: Missing people”, Dawn, 6 de octubre de 2007, http://www.dawn.com/2007/10/06/top2.htm. Otras personas asistentes a las sesiones confirmaron a Amnistía Internacional el contenido de estas declaraciones.

47 Hay coincidencia exacta entre la información de Dawn y de Daily Times del 6 de octubre de 2007.

48 Las crónicas del 12 de octubre de los corresponsales de tribunales de Daily Times y Dawn coinciden en su información, cuyo contenido ha sido confirmado por otras personas que asistieron a los procedimientos. Aunque estas declaraciones no figuran en las actas del Tribunal Supremo, su contenido fue confirmado a Amnistía Internacional por otra persona que asistía a las sesiones. Nasir Iqbal, “Supreme Court asks govt to regularise ‘disappearances’”, Dawn, 12 de octubre de 2007, http://www.dawn.com/2007/10/12/top5.htm; “Another 37 missing people traced, govt tells SC”, Daily Times, 12 de octubre de 2007, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007.

49 Actas del Tribunal Supremo.

50 Las crónicas del 30 de octubre de 2007 de los corresponsales de tribunales de Daily Times y Dawn coinciden. “Govt warned of stern action if missing people not released”, Daily Times, 30 de octubre de 2007, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007; Iftikhar A. Khan, “CJ vows to ensure release of the missing”, Dawn, 30 de octubre de 2007, http://www.dawn.com/2007/10/30/top3.htm.

51 Hijo de Bashir Ahmed Gujjar, de Gulberg, Faisalabad, provincia de Punyab.

52 Información literal de los periodistas que asistieron a la sesión del Tribunal, Mohammad Kamran, “Missing persons case: Produce detainee or face jail, SC tells FIA chief”, Daily Times, 21 de agosto de 2007, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007; “SC tells DG FIA Produce missing person or go to jail”, The News, 21 de agosto de 2007, http://thenews.jang.com.pk/arc_default.asp.

53 La agencia Khyber es una de las siete Zonas Tribales bajo Administración Federal que se rigen por el Reglamento sobre Delitos Fronterizos de 1901, no por las leyes e instituciones judiciales ordinarias de Pakistán. En virtud del Reglamento, de los delitos se ocupan los consejos tribales o consejos de ancianos que asesoran de forma no vinculante al jefe de la Zona Tribal, agente político que combina las funciones ejecutiva y judicial. Las personas detenidas en virtud del Reglamento sobre Delitos Fronterizos no tienen derecho de hábeas corpus.

54 Según periodistas que asistieron a las sesiones del Tribunal, Assad Hameed, “SC warns DG FIA: Produce Basit or face jail”, The Nation, 21 de agosto de 2007, http://www.nation.com.pk/daily/aug-2007/21/index4.php

55 Actas del Tribunal Supremo.

56 Declaración del 25 de agosto de 2007 de Hafiz Abdul Basit, conseguida por Amnistía Internacional.

57 ‘Zero Point’ es el nombre de un importante cruce de calles en el sur de Islamabad, punto de referencia para medir la distancia entre otras ciudades e Islamabad.

58 Nasir Iqbal, “Apex court orders release of the missing”, Dawn, 5 de septiembre de 2007, http://www.dawn.com/2007/09/05/top5.htm.

59 Declaración certificada por Atiq-ur Rehman, notario público, abogado del Tribunal Superior, Quetta, Beluchistán, el 2 de agosto de 2007. Todos los detalles sobre sus reuniones con el personal de los Servicios de Información están tomados de esta declaración.

60 Véase también el llamamiento de la Acción Urgente de Amnistía Internacional, Índice AI: ASA 33/025/2005, del 26 de septiembre de 2005.

61 Daily Mashriq (diario urdu), 14 de marzo de 2006.

62 Actas del Tribunal Supremo.

63 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general Nº 20, artículo 7.

64 Doc. ONU E/CN.4/2002/76, 27 de diciembre de 2001, Anexo 1.

65 Ambas declaraciones proceden de las actas del Tribunal Supremo.

66 Los activistas de derechos humanos han señalado que no se hizo nada con referencia a la afirmación del fiscal general adjunto de poseer “información delicada” sobre Nasir, ni al parecer se entregó este material al Tribunal Supremo. Esto podría querer decir, o bien que se trataba de información sin importancia o que, si los indicios eran sólidos, el Estado no había cumplido con su obligación de enjuiciar los delitos.

67 The state of human rights in 2007, HRCP 2008.

68 Véase también el caso de Abid Raza Zaidi, que aparece en el informe de Amnistía Internacional Pakistan: Working to stop human rights violations in the "war on terror”, de diciembre de 2006, Índice AI: ASA 33/051/2006, p. 8. Abid Raza Zaidi fue detenido por agentes del Servicio de Información del Ejército el 4 de octubre de 2006, tras informar sobre su anterior experiencia de desaparición forzada en un seminario organizado por Amnistía Internacional en Islamabad a finales de septiembre de 2006. Posteriormente informó de que lo habían llevado a un centro de detención en Red Fort en Lahore y lo habían amenazado con terribles consecuencias si volvía a hablar públicamente sobre su experiencia bajo custodia. Tras pasar 24 horas recluido, quedó en libertad gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. En el seminario había contado que ese mismo año había estado detenido más de tres meses por una agencia de información desconocida y que lo habían golpeado para hacerlo confesar su participación en un atentado suicida con explosivos perpetrado en el Nishtar Park de Karachi en abril de 2006.

69 Actas del Tribunal Supremo.

70 Más detalles sobre Naeem Noor Khan, en Amnesty International: Pakistan: Human rights ignored in the "war on terror" (Índice AI: ASA 33/036/2006), p.17.

71 Actas del Tribunal Supremo.

72 Él y su hermano fueron detenidos por primera vez el 17 de noviembre de 2001 y trasladados a Guantánamo; Rahim Dost quedó en libertad el 20 de de abril de 2005, y su hermano en septiembre de 2004.

73 Amnistía Internacional publicó un llamamiento en forma de Acción Urgente el 1 de noviembre de 2006 y escribió al ministro del Interior seis días después solicitando información sobre la suerte y el paradero de Abdur Rahim Muslim Dost. No se recibió respuesta alguna.

74 “Afghan writer in custody of Political authorities”, Daily Times, 28 de junio de 2007, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007.

75 Este apartado, cuya formulación es muy vaga, permite al responsable local detener a una persona cuando “considere que es necesario para evitar el asesinato o el homicidio doloso [...] o la difusión de la sedición”, exigir que pague una fianza o detenerla durante hasta tres años.

76 Este apartado se refiere a los extranjeros que están en Pakistán sin permiso.

77 Actas del Tribunal Supremo.

78 Actas del Tribunal Supremo.

79 Actas del Tribunal Supremo.

80 Apartado 167 del Código de Procesamiento Penal. Shujat Ali Khan, “Unsigned ‘confidential’ letter submitted to court”, Dawn, 3 de agosto de 2006, http://www.dawn.com/2006/08/03/top8.htm.

81 Actas del Tribunal Supremo.

82 “No operational control over ISI and MI, defence ministry tells court”, Dawn, 12 de julio de 2006, http://www.dawn.com/2006/07/12/top3.htm. En las sesiones se veían los casos de varios hombres sindis y baloches sometidos a desaparición forzada.

83 Durante una vista de los recursos de hábeas corpus presentados en nombre de Saleem Baloch y otras personas el 2 de agosto de 2006. Shujat Ali Khan, “Unsigned ‘confidential’ letter submitted to court”, Dawn, 3 de agosto de 2006, http://www.dawn.com/2006/08/03/top8.htm. La carta también protegía al personal del Servicio de Información del Ejército cuando afirmaba que ninguno de sus miembros podría ser identificado por su nombre, ya que esto equivaldría a dictar su sentencia de muerte dado “el delicado carácter de la guerra contra el terror”.

84 Actas del Tribunal Supremo.

85 Actas del Tribunal Supremo.







How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE