Document - Pakistan: Transfers to US custody without human rights guarantees


[FECHA DE EMBARGO: 20 de junio de 2002] Público


Amnistía Internacional




PAKISTÁN

Traslado de detenidos a Estados Unidos

sin garantías de derechos humanos




Junio de 2002 RESUMEN Índice AI: ASA 33/014/2002/s


DISTR: SC/CO


Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Pakistán ha apoyado de diversas formas los esfuerzos realizados por Estados Unidos y sus aliados para poner freno a las actividades «terroristas». En este proceso, Pakistán ha violado el derecho de los detenidos a recibir un trato conforme a la ley y el principio de igual protección de la ley.


Aunque reconoce que los Estados tienen la obligación de proteger a la población de actos delictivos violentos, a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que, en este contexto, la protección de los derechos humanos quede a menudo relegada a un segundo plano. Las medidas para poner freno a los actos delictivos violentos deben encuadrarse dentro del riguroso marco de la protección de los derechos humanos. Tal como ha subrayado recientemente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Estados deben combatir el «terrorismo de conformidad con el derecho internacional, incluidas las obligaciones pertinentes de los Estados dimanantes de la normativa internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario».


Existen indicios de que, en el marco de su cooperación con la coalición encabezada por Estados Unidos, Pakistán ha violado una serie de derechos humanos y de obligaciones impuestas por el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, ha detenido a personas de Pakistán y otros países por su presunta pertenencia a Al Qaeda a los talibanes, y ha entregado una cantidad desconocida de detenidos a la coalición dirigida por Estados Unidos sin observar requerimiento legal alguno, como la propia legislación nacional de Pakistán sobre extradición.


Además, Pakistán ha entregado a estos detenidos a países en los que es probable que se conviertan en víctimas de nuevas violaciones de derechos humanos. El derecho internacional consuetudinario prohíbe devolver a una persona a un país donde corra riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, principio vinculante aun para países que, como Pakistán, no han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos que lo establecen. En algunos casos, además, se ha entregado a los detenidos a otros países sin respetar las medidas de protección sobre extradición y sin considerar el riesgo de que sufran abusos contra los derechos humanos en el país de destino.


Por su parte, Estados Unidos ha denegado, o ha amenazado con denegar, derechos reconocidos internacionalmente a personas puestas bajo su custodia en Afganistán y otros países, como es el caso de los trasladados al Campo Rayos X y al Campo Delta en la bahía de Guantánamo.


Amnistía Internacional insta al gobierno de Pakistán a que sea estricto en el cumplimiento de sus propias garantías constitucionales de derechos humanos, así como del derecho internacional humanitario y los tratados y otras normas de derechos humanos, que exigen que toda persona sospechosa de participar en actividades delictivas sea tratada estrictamente de conformidad con la ley. Discriminar a los presuntos autores de delitos «terroristas» deteniéndolos de forma arbitraria y entregándolos sin respetar los procedimientos oficiales de extradición viola los principios de igualdad de todos ante la ley e igual protección de la ley, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de Pakistán.


En el informe se resume el contexto en el que se vienen realizando detenciones y traslados arbitrarios a Estados Unidos, se describen casos concretos de tales violaciones de derechos humanos y se formula una serie de recomendaciones.


El presente texto resume el documento titulado Pakistán: Traslado de detenidos a Estados Unidos sin garantías de derechos humanos (Índice AI: ASA 33/014/2002/s), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2002. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://amnesty.org/news/emailnws.htm>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.




SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA



Junio de 2002

Índice AI: ASA 33/014/2002/s

Distr: SC/CO


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[FECHA DE EMBARGO: 20 de junio de 2002]Público


Amnistía Internacional



PAKISTÁN

Traslado de detenidos a Estados Unidos sin garantías de derechos humanos




Junio de 2002

Índice AI: ASA 33/014/2002/s

Distr: SC/CO


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Junio de 2002

Índice AI: ASA 33/014/2002/s

Distr: SC/CO


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

PAKISTÁN

Traslado de detenidos a Estados Unidos

sin garantías de derechos humanos


«Me preocupa especialmente que las estrategias antiterroristas desarrolladas a partir del 11 de septiembre hayan debilitado en ocasiones los esfuerzos por promover el respeto por los derechos humanos.»

Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 20 de marzo de 2002.


1. Introducción


Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Pakistán ha apoyado de diversas formas los esfuerzos realizados por Estados Unidos y sus aliados para poner freno a las actividades «terroristas». En este proceso, Pakistán ha violado el derecho de los detenidos a recibir un trato conforme a la ley y el principio de igual protección de la ley.


Aunque reconoce que los Estados tienen la obligación de proteger a la población de actos delictivos violentos, a Amnistía Internacional le preocupa que, en este contexto, la protección de los derechos humanos quede a menudo relegada a un segundo plano. Las medidas para poner freno a los actos delictivos violentos deben encuadrarse dentro del riguroso marco de la protección de los derechos humanos.


Amnistía Internacional recuerda que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución sobre derechos humanos y terrorismo(1), reiteró que «todos los Estados tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales y de garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario». La resolución también destaca «la necesidad de intensificar la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones a nivel nacional, de promover una cooperación internacional eficaz para combatir el terrorismo de conformidad con el derecho internacional, incluidas las obligaciones pertinentes de los Estados dimanantes de la normativa internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario». Y «exhorta a los Estados a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras disposiciones del derecho internacional, en estricta conformidad con el derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos, para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sea practicado, e insta a los Estados a que refuercen, cuando proceda, su legislación para luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones».


En el documento titulado Los derechos, en peligro, publicado en enero de 2002, Amnistía Internacional describe sus motivos de preocupación respecto a las leyes sobre seguridad y las medidas para el cumplimiento de la ley que algunos Estados han adoptado a raíz de los atentados del 11 de septiembre, con el fin de proteger a su población de actos delictivos violentos.(2)


El informe señala que no es cierto que la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario impidan actuar eficazmente contra el terrorismo. De hecho, seguridad y derechos humanos no sólo no entran en conflicto, sino que son objetivos complementarios. El derecho internacional humanitario y los tratados y otras normas de derechos humanos establecen el mínimo necesario para proteger la seguridad e integridad de las personas ante posibles abusos de poder. Las normas internacionales de derechos humanos no son meras formalidades legales, sino que obligan a los Estados a proteger a los habitantes de abusos —tanto provenientes de agentes estatales como no estatales— que deben impedirse, investigarse y sancionarse. Los derechos recogidos en los tratados de derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, no son más que otra forma de describir el concepto de seguridad que las personas esperan que sus gobiernos les garanticen. El reto que se les plantea a los Estados, por tanto, no es promover la seguridad a costa de los derechos humanos, sino, antes bien, garantizar que todas las personas ven respetados todos sus derechos.


Existen indicios de que, en el marco de su cooperación con la coalición encabezada por Estados Unidos, Pakistán ha violado una serie de derechos humanos y de obligaciones impuestas por el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, ha detenido a personas de Pakistán y otros países por su presunta pertenencia a Al Qaeda o a los talibanes, y ha entregado una cantidad desconocida de detenidos a la coalición dirigida por Estados Unidos sin observar requerimiento legal alguno, como la propia legislación nacional de Pakistán sobre extradición.


Además, Pakistán ha entregado a estos detenidos a países en los que es probable que se conviertan en víctimas de nuevas violaciones de derechos humanos. El derecho internacional consuetudinario prohíbe devolver a una persona a un país donde corra riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, principio vinculante aun para países que, como Pakistán, no han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos que lo establecen. En algunos casos, además, se ha entregado a los detenidos a otros países sin respetar las medidas de protección sobre extradición y sin considerar el riesgo de que sufran abusos contra los derechos humanos en el país de destino.


Por su parte, Estados Unidos ha denegado, o ha amenazado con denegar, derechos reconocidos internacionalmente a personas puestas bajo su custodia en Afganistán y otros países, como es el caso de los trasladados al Campo Rayos X y al Campo Delta en la bahía de Guantánamo.(3)


Amnistía Internacional insta al gobierno de Pakistán a que sea estricto en el cumplimiento de sus propias garantías constitucionales de derechos humanos, así como del derecho internacional humanitario y los tratados y otras normas de derechos humanos, que exigen que toda persona sospechosa de participar en actividades delictivas sea tratada estrictamente de conformidad con la ley. Discriminar a los presuntos autores de delitos «terroristas» deteniéndolos de forma arbitraria y entregándolos sin respetar los procedimientos oficiales de extradición viola los principios de igualdad de todos ante la ley e igual protección de la ley, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de Pakistán.


En el informe se resume el contexto en el que se vienen realizando detenciones y traslados arbitrarios a Estados Unidos, se describen casos concretos de tales violaciones de derechos humanos y se formula una serie de recomendaciones.


2. Contexto político


Pakistán se unió a la alianza contra el «terrorismo» encabezada por Estados Unidos poco después de los ataques del 11 de septiembre. En seguida puso su espacio aéreo y algunos de sus aeropuertos a disposición de la coalición y ayudó con sus servicios de información a las operaciones. Miles de paquistaníes que se habían marchado para unirse a los talibanes fueron detenidos en Afganistán, donde permanecieron bajo custodia del Estado o de jefes militares. A partir de finales de abril del año 2002, más de 600 paquistaníes fueron excarcelados y devueltos a Pakistán. A principios de mayo, el ministro adjunto de Defensa afgano, general Abdul Rashid Dostum, anunció que centenares de presos paquistaníes recluidos en la cárcel de Shibergan quedarían en libertad y que representantes de la Autoridad Provisional los llevarían a la frontera paquistaní.


Aunque Pakistán cerró las fronteras occidentales a la vista de los acontecimientos del 11 de septiembre y, en especial, después de que la coalición encabezada por Estados Unidos empezó sus actividades militares en Afganistán el 7 de octubre de 2001, son muchos los que creen que centenares o miles de talibanes y miembros de Al Qaeda, de origen afgano y paquistaní entre otras nacionalidades, se han colado en Pakistán a través de su larga y porosa frontera. Por ejemplo, cuando tropas de la coalición se enfrentaron a fuerzas de Al Qaeda en la zona de Shahi Kot de Afganistán a mediados de marzo de 2002, se cree que alrededor de 400 talibanes y miembros de Al Qaeda entraron en Pakistán a pesar de que las fuerzas paquistaníes habían reforzado los controles fronterizos. Medios de comunicación internacionales han citado estimaciones de autoridades paquistaníes, según las cuales unos 1.800 miembros de Al Qaeda y más de 3.000 talibanes han entrado en Pakistán desde noviembre de 2001.(4)


De las personas que se colaron en Pakistán, varios centenares fueron detenidas por distintos grupos tribales, los cuales las retuvieron bajo su custodia o las entregaron para que estuvieran bajo custodia federal o provincial (véase infra). Se cree que otras están escondidas en casas de simpatizantes en las zonas tribales designadas o en ciudades grandes de Pakistán, protegidas por grupos islamistas. Muchos observadores creen que los talibanes y los miembros de Al Qaeda están empezando a reagruparse en Pakistán. El diario New York Times informó de que recientemente se han localizado e interceptado comunicaciones por Internet y sitios web nuevos, lo que indica que, dado que al menos parte de estas comunicaciones remitían a Pakistán, es posible, en efecto, que miembros de Al Qaeda estén intentando reagruparse en este país.(5)


Fuentes afganas han asegurado que algunos habitantes están abandonando Pakistán para huir de la intervención militar, pero también para reagruparse y reemprender sus propias acciones. Según el periódico The Times, el jefe militar Ziauddin, miembro de la Alianza del Norte en Gardez, ha declarado que «están cruzando la frontera desde Pakistán, organizados en grupos de entre cinco y diez personas, con nuevas tácticas de guerrilla de ataque relámpago».(6) Además, el periódico añade que «parte del problema se ha debido a la incapacidad de Pakistán para acabar con las bases de Al Qaeda dentro de sus provincias tribales, lo que ha permitido que los combatientes dispongan de un refugio donde entrenarse y recuperarse». Mohammad Khan Golboz, portavoz del consejo tribal de Khost, en el este de Afganistán, dijo que, en su opinión, las tropas paquistaníes y estadounidenses no tenían manera de vigilar la frontera entera: «según mi información y, de acuerdo con lo que he hablado con la gente, aquí [en Khost] no hay talibanes ni miembros de Al Qaeda. Han huido todos y es posible que hayan logrado llegar a Pakistán. [...] Esta frontera es muy larga y nadie puede controlarla en toda su extensión. Ellos [los estadounidenses] sólo alcanzan a vigilar las carreteras [pero] los miembros de Al Qaeda llegan a utilizar rutas que descubren entre cerros y montañas para escapar. Las fuerzas paquistaníes no pueden bloquear la frontera entera».(7)


Por su parte, las autoridades paquistaníes han afirmado vehementemente que las medidas de seguridad de la frontera son muy rigurosas y que no permiten que ningún sospechoso las burle.(8) El 27 de marzo, el ministro del Interior, Moinuddin Haider, insistió en que Pakistán tenía bajo control la frontera occidental y en que contaba con la plena cooperación de las tribus semiautónomas que viven allí: «La postura de las tribus paquistaníes que viven en la frontera con Afganistán es muy clara. Están colaborando con nosotros y actúan con gran responsabilidad. Ninguna está dispuesta a correr el riesgo de proteger a nadie en absoluto».(9) A mediados de abril de 2002, el gobierno de Pakistán reforzó las medidas de control sobre la frontera occidental; decidió reestructurar la policía y los cuerpos de seguridad fronterizos para realizar operaciones de seguridad en las zonas fronterizas de la provincia de la Frontera Noroeste y Baluchistán, así como las Zonas Tribales bajo Administración Federal.(10)


En cualquier caso, las redadas y detenciones de miembros destacados de Al Qaeda, muchos de ellos de origen no paquistaní, llevadas a cabo entre fuerzas paquistaníes y estadounidenses a finales de marzo de 2002 en el corazón de Punyab (véase infra), donde han encontrado refugio en casas de simpatizantes, demuestran que las fronteras de Pakistán no han estado selladas con la eficacia que las autoridades aseguran. «Aquí hay muchos talibanes y miembros de Al Qaeda que han atravesado Pakistán y el centro de la provincia de Punyab sin que nadie informe a las autoridades de sus movimientos. [...] Es evidente que existen ciertos canales de apoyo, ciertos grupos y quizá ciertas instituciones dispuestos a escoltarlos y facilitar su paso por la frontera».(11) Autoridades de Faisalabad afirmaron a principios de abril de 2002, en lo que supone un reconocimiento indirecto de la presencia probable de miembros de Al Qaeda en la provincia de Punyab tras las detenciones de unos 65 presuntos miembros de dicha organización a finales de marzo de 2002, que se habían creado tres equipos especiales para recabar información precisa sobre miembros de Al Qaeda y de grupos islamistas locales prohibidos, sospechosos de estar vinculados con la organización de Bin Laden.


La presencia de talibanes y miembros de Al Qaeda en distintas partes de Pakistán ha hecho que las fuerzas armadas estadounidenses que se hallan en territorio paquistaní se planteen la posibilidad de una persecución exhaustiva. El 26 de marzo de 2002, dos senadores estadounidenses que estaban realizando una visita a los soldados destinados a Afganistán consideraron la posibilidad de que Estados Unidos se implicara más en esta búsqueda. El senador Richard Shelby, republicano de Alabama y vicepresidente del Comité Especial del Senado sobre Información, comunicó durante una conferencia informativa celebrada en Bagram, Afganistán, que algunos talibanes y miembros de Al Qaeda habían entrado en Pakistán, y añadió que esperaba que «el gobierno paquistaní nos dé todo su apoyo para limpiar la frontera de [...] miembros de Al Qaeda que usan Pakistán como refugio».(12) Por su parte, el senador Bill Nelson, demócrata de Florida, dijo que «si tenemos que llegar a un acuerdo con el presidente Musharraf para que nuestras tropas vigilen toda la frontera de Pakistán e impidan que miembros de Al Qaeda y otros terroristas se cuelen por esa frontera porosa, que así sea».(13) Más o menos por las mismas fechas, el jefe del ejército estadounidenses en Afganistán, el general de división Franklin L. Hagenbeck, de la décima División de Montaña, dijo que sólo cruzarían la frontera para capturar o matar combatientes talibanes y miembros de Al Qaeda como «último recurso» y con la aprobación de los dirigentes paquistaníes.(14) El 25 de abril de 2002, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos, declaró que no estaba previsto el envío de tropas estadounidenses al otro lado de la frontera para limpiar el país de los miembros de Al Qaeda huidos de Afganistán. Sin embargo, según informes, consejeros estadounidenses recibieron permiso a finales de abril para acompañar a tropas paquistaníes a zonas tribales en busca de talibanes y miembros de Al Qaeda que pudieran estar ocultos allí.(15)


Las autoridades paquistaníes han realizado declaraciones contradictorias sobre si permitirían que tropas estadounidenses siguiesen a sus oponentes en una persecución exhaustiva dentro de Pakistán. Según el periódico The Washington Times, el ministro de Asuntos Exteriores, Abdul Sattar, dijo que Pakistán estaba abierta a discutir la posibilidad de que tropas estadounidenses entraran en territorio paquistaní. «Las fuerzas estadounidenses podrán entrar en Pakistán en caso necesario; habría que discutirlo. [...] La colaboración entre Estados Unidos y Pakistán en la frontera es muy estrecha.» También dijo que ya hay tropas paquistaníes desplegadas en la zona, «pero si las fuerzas estadounidenses están más cerca, podemos ponernos en contacto para llegar a un acuerdo».(16) Más adelante matizó estas declaraciones ante la prensa paquistaní y dijo que no había necesidad de que las fuerzas estadounidenses entraran en Pakistán para perseguir a los miembros de Al Qaeda fugados de Afganistán. «Las fuerzas de Pakistán y Estados Unidos han colaborado para impedir que los miembros de Al Qaeda huyan a Pakistán. Estados Unidos no ha necesitado pasar de Afganistán a territorio paquistaní para perseguir a quienes escaparon de Tora Bora o Gardez. En cuanto a la pregunta de si las fuerzas estadounidenses tendrían permiso para entrar en Pakistán, ya digo que se trata de una posibilidad que aún no se ha planteado. Si llega a ser necesario, se discutirá una estrategia adecuada, conforme al espíritu de colaboración entre ambos países [...].»(17)


Preguntado sobre si Christina Rocca, subsecretaria de Estado para Asia del Sur, había planteado la cuestión durante su visita a Islamabad a mediados de abril de 2002, Aziz Ahmed Khan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, dijo a la prensa que «nadie ha pedido permiso para entrar en Pakistán. Tenemos experiencia en la detención de terroristas procedentes de Afganistán y seguiremos persiguiendo a cuantos terroristas intenten refugiarse aquí. Las máximas autoridades estadounidenses han expresado su satisfacción en varias ocasiones con la actitud del gobierno paquistaní y con la manera en que estamos colaborando para combatir el terrorismo. No hace falta que vengan tropas extranjeras. Sólo estamos intercambiando datos e información sobre la seguridad del Estado».(18)


A finales de abril de 2002, en medio de informes de la prensa sin confirmar(19) según los cuales se había localizado a importantes dirigentes de Al Qaeda en territorio paquistaní, en el sur de Waziristán, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, reconoció la existencia de fuerzas activas talibanes y de Al Qaeda a ambos lados de la frontera: «es evidente que [...] en el país [Afganistán] y al otro lado de la frontera sigue habiendo un número bastante considerable de personas a las que les gustaría mucho recuperar el país».(20) Según informes, el Pentágono confirmó a finales de abril que pequeños destacamentos militares de Estados Unidos se hallaban presentes en las zonas tribales de Pakistán junto con el ejército paquistaní, proporcionando información sobre los movimientos de Al Qaeda y coordinando actividades con las fuerzas estadounidenses destacadas en el este de Afganistán.(21) El 28 de abril, el presidente Musharraf dijo que expertos en comunicaciones estadounidenses (no unidades de combate) estaban apoyando a las tropas paquistaníes, al tiempo que, según informes, autoridades estadounidenses reconocían que la introducción de fuerzas armadas en Pakistán era una cuestión muy delicada y estaba sujeta a un acuerdo «muy elástico, informal» con Pakistán.(22) Los medios de comunicación internacionales fueron más explícitos: The New York Times citó a autoridades paquistaníes que, en entrevistas concedidas el 26 de abril de 2002, decían que 24 soldados estadounidenses, incluida la Unidad de Operaciones Especiales, y unos 200 paramilitares paquistaníes habían irrumpido en un colegio religioso a cargo de Jalaluddin Haqqani, dirigente talibán buscado, en Drapa Khel, a las afueras de Miran Shah, capital de la zona tribal del sur de Waziristán, a unos 30 kilómetros de la frontera con Afganistán. Esta operación acabó con la detención de cinco afganos, sospechosos de estar vinculados con los talibanes o con Al Qaeda.(23)


3. Detención y encarcelamiento arbitrarios de sospechosos de pertenecer a los talibanes o de estar vinculados con Al Qaeda


Según parece, desde los acontecimientos del 11 de septiembre se ha detenido y recluido de manera arbitraria a gran número de personas paquistaníes y de otras nacionalidades por su presunta relación con dichos ataques o por una presunta relación con Al Qaeda o los talibanes. En marzo de 2002, el ministro del Interior, Moinuddin Haider, dijo que Pakistán había hecho una redada de centenares de paquistaníes que habían vuelto a casa tras luchar junto con los talibanes, y que los estaban investigando a fondo.(24) No especificó en virtud de qué disposición legal se estaban llevando a cabo estas investigaciones. Aunque en sus declaraciones el ministro sólo hizo referencia a detenidos paquistaníes, también se ha detenido a decenas de árabes en zonas situadas a lo largo de la frontera con Afganistán y en otras provincias.


No existen datos oficiales sobre el número de presuntos talibanes o miembros de Al Qaeda detenidos ni se dispone de detalles sobre su identidad o nacionalidad. La cobertura de la prensa es escasa, anecdótica, y se ve dificultada por la ausencia de transparencia y reconocimiento oficiales, pero también porque muchos de los detenidos usan apodos y ocultan su identidad y su país de origen.


3.1. Detención arbitraria sin respaldo de ninguna ley


De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, las personas detenidas por sus presuntos vínculos con los talibanes o Al Qaeda no han sido acusadas de delitos recogidos en la legislación paquistaní. Al parecer, son muchos los detenidos que permanecen recluidos para que agencias de información paquistaníes los interroguen, las cuales reciben cada vez más ayuda estadounidense del personal de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), colaboración no prevista en la legislación paquistaní. Algunas de estas personas, como varios paquistaníes detenidos en Punyab en marzo de 2002, quedaron en libertad al cabo de unos días, pero se sabe muy poco de la suerte corrida por la mayoría después de ser detenidas. Se desconoce el paradero de los que siguen detenidos; están totalmente aislados del mundo exterior y no pueden comunicarse con sus familiares y abogados. Varios detenidos que han pasado a custodia estadounidense han podido informar a sus familias de su paradero mediante la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja, gracias a la cual se conoce la situación en que se encuentran.


El artículo 10 de la Constitución de Pakistán establece salvaguardias relacionadas con la detención y la reclusión, desarrolladas con mayor detalle en el Código de Procedimiento Penal de 1898. Según estas salvaguardias, todo detenido debe ser llevado ante un magistrado en un plazo no superior a las 24 horas desde el momento de la detención, a fin de comprobar si hay motivos para que se lo detenga e investigue(25); luego, el magistrado decide si lo declara preso preventivo y vuelve a concederle su custodia a la policía. Los presuntos delincuentes pueden permanecer recluidos bajo custodia policial en espera de ser investigados un máximo de 14 días.(26) Una vez que la policía finaliza la investigación y emite un informe al respecto, el detenido puede pasar a custodia judicial o quedar en libertad. El detenido tiene derecho a que lo asista un abogado de su elección(27), así como a recibir visitas familiares y atención médica.


Parece ser que todos estos derechos les han sido denegados a las personas recientemente detenidas por su presunta pertenencia a Al Qaeda o a los talibanes; derechos que, de acuerdo con la Constitución de Pakistán, están garantizados para todos los habitantes de Pakistán, al margen de su nacionalidad.(28)


Los medios de comunicación internacionales y la prensa paquistaní ha informado de las siguientes detenciones llevadas a cabo en el año 2002. En todos estos casos, parece que se ha prescindido de todo requisito legal relacionado con la detención y reclusión de personas. En el momento de redactarse el presente documento, seguía sin conocerse el paradero de los detenidos.


El diario urdu Nawa-i-Waqt, en su ejemplar del 5 de enero de 2002, informó de que se había detenido a 34 presuntos miembros de Al Qaeda, de origen libio, iraquí, sudanés y egipcio entre otros, en dos operaciones separadas realizadas en Paharpur y sus inmediaciones, y de que habían sido entregados a la policía de Dera Ismail Khan, desde donde, según informes, se los había trasladado a Peshawar.

El 17 de enero de 2002 se detuvo a siete presuntos miembros de Al Qaeda (uno de Arabia Saudí, uno de Yemen, una persona con nacionalidad británica pero origen en Oriente Medio, dos afganos y dos paquistaníes) en un control de seguridad cerca de Daudkhel, en el distrito de Mianwali. Según informes, se los llevaron a un centro policial a las afueras de Lahore, donde fueron interrogados por un equipo mixto de agentes de información estadounidenses y paquistaníes. Según la agencia de noticias afp, la policía y las fuerzas de seguridad dijeron que la suerte de los detenidos se decidiría tras haberse realizado una investigación exhaustiva y que podrían entregarlos a sus países de origen o a Estados Unidos para seguir investigándolos.

– En la última semana de enero de 2002 se detuvo a otros dos árabes en Lahore; en concreto, una persona de Arabia Saudí que estaba trabajando con una organización islámica con sede en este país y un palestino identificado como Hurraira, presunto nexo de unión entre la cúpula de Al Qaeda y activistas islámicos que actúan en Pakistán. Según informes, Hurraira estaba escondido en la residencia universitaria de estudiantes de King Edward Medical College.

– En la última semana de enero de 2002 se detuvo a un yemení en Peshawar y a dos británicos cerca de la frontera de Afganistán, en territorio paquistaní. No se sabe adónde los trasladaron a continuación.

– El 17 de marzo, la policía de Baharabad detuvo a Husni Amin, jordano, por su presunta implicación con Al Qaeda. No se conocen más datos sobre su paradero actual ni si se lo ha acusado de ningún delito.

El 19 de marzo, según informes, se detuvo a siete presuntos miembros de Al Qaeda en la Kurram Agency: dos sudaneses, un ugandés, un mauritano y tres paquistaníes. Según informes, los detenidos no paquistaníes iban tapados con burqas. No está claro si estaban abandonando Afganistán o si intentaban entrar en el país. Se cree que fueron trasladados a la cárcel de Kohat, pero se desconoce si siguen allí.

El 30 de marzo se detuvo a cinco sudaneses en Peshawar por presunta relación con organizaciones «terroristas» (véase infra).

– El 2 de abril se detuvo en Lahore a 16 hombres (tres de Arabia Saudí, tres de Libia, uno de Yemen, dos de origen árabe sin identificar y varios paquistaníes miembros de una organización islámica prohibida por su presunta pertenencia a Al Qaeda. Javed Noor, alto funcionario de la policía de Lahore, dijo que los habían detenido sin ayuda estadounidense. Se desconoce si han sido acusados o entregados a la coalición encabezada por Estados Unidos.

– El 4 de abril se detuvo a dos presuntos miembros de Al Qaeda de nacionalidad desconocida cerca de Lahore, adonde los trasladaron para interrogarlos. No se sabe nada sobre su paradero.

– El 16 de abril, según informes, se detuvo a Shakir Bin Abdul Hadi, sospechoso iraquí, en Baluchistán, aproximadamente una semana después de su llegada a Peshawar procedente de Afganistán. Según informes, lo pusieron bajo custodia del servicio de información para someterlo a interrogación.

El 17 de abril de 2002, el diario urdu Janginformó de que se había detenido a cinco ciudadanos bahreiníes en Pakistán, procedentes de Afganistán, y que las autoridades de Bahréin habían «pedido explicaciones» sobre estos hombres.


El caso de cinco detenidos sudaneses muestra la facilidad con que se violan las salvaguardias legales en la lucha declarada contra el «terrorismo». Estos cinco hombres fueron detenidos en sus casas en Peshawar el 30 de marzo de 2002. Habían ido a Pakistán a empezar o proseguir unos cursos de formación para pilotos impartidos en un club de aviación privado y se sospechó que pudieran estar relacionados con organizaciones «terroristas». El gobierno de Sudán aclaró que los cinco habían entrado en el país y estaban llevando a cabo su formación como pilotos legalmente. El 14 de abril los dejaron en libertad. Según organizaciones locales de derechos humanos, en ningún momento se los acusó de ningún delito común reconocible ni se los recluyó en virtud de ley alguna vigente en Pakistán.


También, a su llegada a Pakistán el 25 de abril de 2002, se detuvo sin cargos a al menos 30 paquistaníes que habían luchado junto a los talibanes y que habían sido detenidos e interrogados por personal estadounidense y afgano en Afganistán, a los cuales devolvieron a Pakistán tras dicho interrogatorio. Se cree que están recluidos en la Prisión Central de Peshawar, donde las autoridades dijeron, según informes, que permanecerían durante un periodo «indefinido». De acuerdo con informes recibidos en el momento de redactarse el presente documento, se ha puesto en libertad a un total de 659 paquistaníes en Afganistán, y Amnistía Internacional teme que estos hombres también sean detenidos sin cargos ni juicio cuando vuelvan a Pakistán. La organización expresó estos temores a autoridades del gobierno de Pakistán el 30 de abril de 2002. En una carta con fecha de 10 de mayo de 2002, la embajada de Pakistán en Londres informó a Amnistía Internacional de que «estas personas pueden tener información muy valiosa sobre cuestiones que afectan a la seguridad nacional, así como al orden público en Pakistán. Ésta es la razón por la que se ha mantenido separados a algunos paquistaníes que regresaban a su país, sin más propósito que el de recabar información. No se pretende detenerlos de forma injusta o innecesaria. Los interrogatorios, de realizarse, se llevarán a cabo de acuerdo con las normas internacionales. También es importante pedir información a estos paquistaníes cuando regresan a su país, antes de que se reencuentren con sus familias y se mezclen con la población local». Amnistía Internacional respondió al gobierno de Pakistán recordándole que la legislación paquistaní no permite que se detenga a nadie arbitrariamente por ningún motivo.


3.2. Detención arbitraria tras cumplir condena


Cinco palestinos continuaron recluidos en la prisión de Adiala en Rawalpindi tras haber cumplido la totalidad de sus condenas, impuestas por el secuestro de un avión en 1986, a pesar de que el Tribunal Superior había ordenado que quedaran en libertad y se los repatriara. Uno de estos detenidos fue puesto bajo custodia estadounidense de manera arbitraria y vuelve a enfrentarse a la pena de muerte; los otros temen que los pongan bajo custodia estadounidense sin que se respeten las salvaguardias que protegen sus derechos (véase infra para más detalles).


3.3. Detención arbitraria mediante leyes inapropiadas e inaplicables


Al menos 358 paquistaníes recluidos en la prisión de Haripur por presuntos vínculos con los talibanes permanecieron privados de libertad en régimen de detención administrativa hasta tres meses, en virtud de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público y siguen recluidos en la actualidad de acuerdo con la sección 40 del Reglamento sobre Delitos Fronterizos de 1901; pero, en opinión del abogado defensor, esta ley no es aplicable a estos casos. La sección 40 establece que las autoridades administrativas de las zonas tribales designadas pueden pedir que una persona deposite una fianza como muestra de «buen comportamiento o para el mantenimiento de la paz» si se teme que pueda cometer asesinato, homicidio o actos de sedición; de no acceder a tal requerimiento, se lo puede encarcelar por un periodo máximo de tres años.(29)


El 16 de enero de 2002, Javed Ibrahim Paracha, ex miembro de la Asamblea Nacional, presentó un escrito ante el Tribunal Superior en el que cuestionaba la detención de 145 de los paquistaníes detenidos(30) en la primera semana de enero de 2002 en las zonas tribales después de regresar de Afganistán y que en la actualidad se encuentran recluidos en la prisión de Haripur conforme a la sección 40 del Reglamento sobre Delitos Fronterizos. Alegaba que la detención de estos hombres había sido ilegal, ya que los detenidos no pertenecen a las zonas tribales, no habían cometido ningún delito allí y, por tanto, no podían ser juzgados en aplicación del Reglamento. Además, señala que no están recluidos en las zonas tribales, bajo custodia de autoridades tribales regidas por este reglamento, sino que están detenidos en la zona colonizada de Pakistán, donde el Reglamento no tiene vigencia. Aparte, no se los ha acusado con arreglo al código penal regular vigente en la zona donde están recluidos. Javed Ibrahim Paracha solicitó su libertad, ya que su detención era ilegal y no habían cometido ningún delito en Pakistán. También pidió que el Tribunal Superior ordenase que no se entregara a los detenidos a la coalición encabezada por Estados Unidos.


El 5 de abril, el Tribunal Superior de Peshawar desestimó la petición (junto con la petición relativa a los detenidos de Kohat; véase infra). Dijo que Javed Ibrahim Paracha no tenía relación con los detenidos y que, por tanto, no siendo una persona afectada, no tenía derecho a presentar aquella demanda, de acuerdo con el artículo 199 de la Constitución de Pakistán, que determina la jurisdicción de los tribunales superiores.(31)

Los detenidos en Haripur han recibido visitas de sus familias. Están recluidos todos juntos, en cuarteles separados de otros detenidos, pero no han podido ver a ningún abogado. Los informativos han comentado que unos diez de los detenidos habían sido trasladados a la Prisión Central de Peshawar, para enviarlos a Guantánamo, Cuba, y ponerlos bajo custodia estadounidense.(32)


4. Entrega de detenidos eludiendo las medidas de protección sobre extradición


Dado que estos traslados se realizan de forma clandestina, no existen datos oficiales del número de personas que Pakistán ha puesto bajo custodia estadounidense sin cumplir las medidas de protección sobre extradición. Basándose en los casos de los que Amnistía Internacional ha tenido conocimiento, la organización estima que la cantidad total podría alcanzar el centenar de personas, aunque, con el secretismo imperante, también podría ser mucho mayor. Medios de comunicación internacionales han mencionado la cifra de 280 personas.(33) El 6 de enero de 2002, el periódico de Arabia Saudí Okazdijo que Pakistán tenía retenidos a más de 200 árabes a los que había atrapado mientras huían de Afganistán y que entregaría a Estados Unidos a todo aquel que estuviese vinculado con Al Qaeda. Citaba al ministro del Interior, Moinuddin Haider, el cual afirmaba que «si se demuestra que alguno de ellos pertenece a Al Qaeda, será entregado al FBI».


El hermetismo que rodea a las detenciones, los encarcelamientos y los traslados de los presuntos implicados en actos «terroristas» ha dificultado sobremanera que las familias sigan el rastro de sus parientes desaparecidos, que las organizaciones de derechos humanos presionen para que se respeten los derechos humanos de los detenidos y que la opinión pública conozca las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los detenidos, las cuales permanecen silenciadas. En algunos casos, sólo se ha tenido noticias sobre las detenciones y los traslados a Estados Unidos cuando los detenidos se han puesto en contacto con sus familias por medio de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja.


Son varios los testimonios estadounidenses que indican que, en efecto, Pakistán ha puesto detenidos bajo custodia de Estados Unidos. Al preguntarle sobre los planes de expansión de Guantánamo y de traerse en avión a los detenidos que se encuentran en Afganistán, Victoria Clarke, portavoz del Ministerio de Defensa estadounidense, dijo, en relación con futuros movimientos de los detenidos, que «traeremos a unos, mandaremos a otros [a Guantánamo] y devolveremos a algunos a Pakistán».(34)


En vista de que ya se ha entregado a Estados Unidos a algunos presuntos «terroristas» sin respetar las normas de protección sobre extradición, son muchos los detenidos en Pakistán que se han dirigido a los tribunales para impedir que les suceda lo mismo a ellos (véase infra).


4.1. Requisitos legales para la extradición en Pakistán


La Ley de Extradición de 1972, que regula los procedimientos de extradición de Pakistán a cualquier otro país, ya tenga o no un tratado sobre extradición con él, establece que sólo se puede extraditar a personas que hayan cometido delitos que constituyen delito en Pakistán, que se encuentran recogidos en la tabla de delitos anexa a la Ley y que no son de carácter político (secciones 2 y 5). Cuando un país presenta una solicitud para que se le entregue a un delincuente fugitivo (sección 6), Pakistán debe nombrar a un magistrado que se encarga de investigar si hay fundamento para alegar que se ha cometido un delito de extradición. Durante la investigación, el magistrado analiza las pruebas presentadas por el país solicitante (sección 6) y debe permitir que la defensa tenga plena oportunidad de demostrar la invalidez de la solicitud (secciones 7 a 9). Si, tras un primer examen, el magistrado considera que no existe causa para que se reclame al sospechoso, podrá liberarlo de los cargos. Si hay pruebas notables para considerar que se ha cometido un delito de extradición, el magistrado pone al sospechoso bajo custodia judicial, sujeto a las disposiciones sobre fianzas, y entrega su informe al gobierno federal, que conserva plena independencia para decidir si extraditar al sospechoso o no (sección 10). Si el gobierno decide extraditar al sospechoso, «puede dictar una orden para que el delincuente fugitivo sea puesto bajo custodia y se lo expulse, entregándolo en un lugar y a una persona designados en la orden; en tal caso, el delincuente fugitivo no será trasladado en los primeros 15 días desde la fecha en que ha sido puesto bajo custodia por dicha orden»(sección 11). La persona que va a ser extraditada tiene derecho a recurrir a una instancia superior de la judicatura contra la orden de extradición.(35)


Pakistán no ha firmado ningún tratado de extradición con Estados Unidos, pero en 1973 reafirmó el tratado de extradición del periodo colonial, firmado el 22 de diciembre de 1931 entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que entró en vigor el 24 de junio de 1935. Dicho tratado autoriza la extradición de sospechosos a Estados Unidos sólo si el delito se ha cometido en territorio paquistaní.(36) El procedimiento de extradición se rige por la Ley de Extradición de 1972.


Pakistán también debe atenerse a normas de derecho internacional consuetudinario que prohíben la entrega de persona alguna, por el medio que sea, a un país donde pueda correr riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. El principio de no devolución es vinculante en todos los países, al margen de obligaciones específicas contraídas en cualquier tratado concreto.


4.2. Casos recientes de detenidos entregados a Estados Unidos


Es sabido que las autoridades paquistaníes han incumplido en reiteradas ocasiones los requisitos legales de extradición al poner a detenidos bajo custodia de Estados Unidos.(37) En ninguno de los casos recogidos en este documento parece que ni Estados Unidos ni ningún otro país han enviado peticiones formales de extradición al gobierno de Pakistán, que, según se cree, ha accedido a entregar a los detenidos a las autoridades estadounidenses con independencia de los requisitos nacionales sobre extradición y de los derechos de los detenidos.


Pakistán también ha violado el principio de no devolución, ya que los detenidos entregados a Estados Unidos pueden estar expuestos a una serie de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Estados Unidos ha denegado o amenazado con denegar derechos reconocidos internacionalmente a personas puestas bajo su custodia en Afganistán o en otros países, tal como les sucede a los detenidos trasladados al Campo Rayos X en Guantánamo. Amnistía Internacional ve con preocupación que el gobierno estadounidense:


•haya trasladado a personas y que las tenga recluidas en condiciones que pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante y que violan las normas mínimas sobre detención;

•se haya negado a informar de todos sus derechos a las personas que se hallan bajo su custodia;

•haya denegado el acceso a asistencia letrada a las personas bajo su custodia, incluso mientras son sometidas a interrogatorios por autoridades estadounidenses y de otros países;

•haya denegado el acceso a los tribunales a las personas bajo su custodia, para cuestionar la legitimidad de su detención;

•haya menoscabado el principio de presunción de inocencia mediante reiterados comentarios públicos sobre la presunta culpabilidad de las personas custodiadas en Guantánamo;

•se haya negado a poner a los detenidos en contacto con sus familias o a facilitar la comunicación entre ellos;

•haya amenazado con juzgar a los extranjeros ante comisiones militares, órganos ejecutivos dependientes del poder ejecutivo, con autoridad para dictar condenas de muerte, en contra de cuyas resoluciones no se puede recurrir ante un tribunal imparcial e independiente;

haya planteado la posibilidad de practicar detenciones indefinidas sin cargo ni juicio, de mantener recluidos a los presos tras obtener la absolución y de realizar repatriaciones que contravienen el principio de no devolución.(38)


4.2.1. Afganos


Las autoridades paquistaníes han detenido a un número desconocido de afganos, miembros destacados del ex gobierno talibán entre ellos, a los cuales han entregado a la coalición encabezada por Estados Unidos, violando los derechos que les confiere la legislación sobre extradición de Pakistán. Uno de los detenidos es Abdul Salam Zaeef, ex embajador talibán en Pakistán, de 34 años de edad, que durante un tiempo fue el único representante del gobierno talibán en el extranjero y que, como tal, alcanzó notoriedad en los medios de comunicación internacionales. Lo entregaron a Estados Unidos y sus aliados en enero de 2002. Ese mismo mes, las fuerzas de seguridad paquistaníes detuvieron también a Abdul Hai Mutmaen, uno de los principales portavoces talibanes. Según informes, a mediados de febrero de 2002 se detuvo a Mullah Khairullah Khairkhawah, ex gobernador de la provincia de Herat, en el poblado de Hasan Kalay, cerca de Chamán, en la provincia de Baluchistán. Amnistía Internacional no ha podido confirmar la suerte y el paradero de estos hombres, pero teme que también hayan sido entregados arbitrariamente y que puedan estar expuestos a violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad paquistaníes también dijeron que, a finales de enero de 2002, cerca de Quetta, habían capturado a dos ex ministros talibanes, el presidente del Tribunal Supremo, Maulawi Noor Mohammad Saqib, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Maulvi Abdul Rehman Zahid; pero según familiares y residentes locales se trata de dos hombres que, simplemente, comparten los mismos nombres con los ex hombres de Estado. Se desconoce qué ha sido de ambos.


El 7 de noviembre de 2001, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Islamabad convocó al entonces embajador talibán en Pakistán, Abdul Salam Zaeef, y le dijo que dejara de ofrecer entrevistas a los medios de comunicación y que «cumpliera las normas diplomáticas».(39) Al día siguiente, el 8 de noviembre, el consulado talibán en Karachi fue clausurado siguiendo órdenes del gobierno federal; los consulados de Quetta y Peshawar se clausuraron el 20 de noviembre. El 11 de noviembre se comunicó a Zaeef que tendría que pedir permiso al gobierno de Pakistán antes de reunirse con nadie que no fuese afgano. Los medios de comunicación nacionales informaron de la vigilancia a que se había sometido a la residencia de Zaeef en Islamabad. El 14 de noviembre, la embajada talibán en Islamabad estaba prácticamente vacía; el personal se había marchado en furgonetas y otros vehículos. Por último, el 22 de noviembre, Pakistán decidió cerrar la embajada talibán en Islamabad, cortando de tal modo los últimos lazos diplomáticos de los talibanes con el resto del mundo, semanas después de que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí cortaron los suyos en octubre.


El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Aziz Ahmed Khan, afirmó que «terminadas las relaciones diplomáticas con el gobierno talibán, el mulá Zaeef dejó de tener rango diplomático», si bien añadió que le habían permitido que permaneciese «un periodo breve» para arreglar sus asuntos antes de volver a su país. A mediados de diciembre, Zaeef pidió asilo político en Pakistán, tal como confirmó a los medios de comunicación el 23 de diciembre; por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán reconoció al día siguiente ante la prensa internacional que había recibido una petición en la que Zaaef aparentemente decía que la situación en Afganistán no era favorable para su regreso. Un miembro del gobierno dijo después que Zaeef había solicitado asilo, pero que luego «había retirado su solicitud».(40)


Periódicos paquistaníes y la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán informaron, sin embargo, de que se había rechazado la solicitud de asilo de Zaeef. The Frontier Post citaba a un funcionario anónimo del Ministerio del Interior, el cual afirmaba que «el gobierno de Pakistán ha informado formalmente a algunos de los principales dirigentes y diplomáticos talibanes, incluido el ex embajador talibán en Pakistán, mulá Abdossalam [Zaeef], de que no se les concedería asilo político a ellos ni a sus familias».(41)


El 3 de enero de 2002, cuatro agentes de seguridad detuvieron a Zaeef en su residencia y se lo llevaron para interrogarlo, posiblemente en Peshawar. Parece ser que al día siguiente lo entregaron a Estados Unidos y sus aliados, puede que en Afganistán. Según informes, se lo llevaron de inmediato al buque de asalto anfibio USS Bataan, en el Mar de Omán, para interrogarlo. El 6 de enero de 2002, Estados Unidos anunció que Zaeef estaba bajo su custodia y que lo estaban interrogando. Ese mismo día, un funcionario estadounidense dijo que Pakistán había detenido a Zaeef el 3 de enero y que lo había puesto bajo custodia de las fuerzas estadounidenses en la noche del 4 de enero.(42) Al mismo tiempo, otro funcionario estadounidense afirmó que «las fuerzas armadas estadounidenses querían tener a Zaeef bajo su custodia para determinar qué sabe, qué información puede proporcionar, ya sean nombres o lugares, cualquier cosa que pudiese conocer y que pudiera ayudar a entender la relación entre los talibanes y Al Qaeda. [...] Recibirá el mismo trato que cualquier otro preso».(43)


Las declaraciones del gobierno paquistaní sobre el paradero de Zaeef han sido vagas y han ocultado el hecho de que lo han entregado a Estados Unidos sin cumplir procedimiento legal alguno. El 6 de enero, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Aziz Ahmed Khan, dijo que Zaeef había regresado a Afganistán tras serle denegado el permiso para quedarse en Pakistán. «Cruzó la frontera afgana [...] ya que no tenía un visado válido para seguir en Pakistán. Le pidieron que abandonara el país y así lo hizo. [...] El gobierno paquistaní tomó la decisión de no concederle asilo ni renovar su visado, razón por la cual el mulá Zaeef regresó a Afganistán.»(44) No explicó cómo había hecho el viaje ni en qué momento exacto se había marchado Zaeef. Cuando la prensa le preguntó si habían entregado a Zaeef a la coalición encabezada por Estados Unidos, desplegada en Afganistán, Aziz Ahmed Khan respondió que «lo único que le importa al gobierno paquistaní es que cruzó la frontera afgana».(45)


El 5 de enero, el periódico The Washington Postrecogió las palabras de un funcionario anónimo del servicio de defensa de Estados Unidos, según el cual Pakistán había resuelto entregar a Zaeef a las fuerzas estadounidenses: «se está decidiendo dónde, cuándo y cómo lo pondrán bajo custodia, pero ya se ha alcanzado la base del acuerdo».


Se desconoce el paradero actual de Zaeef. A finales de febrero de 2002, el periódico Afghan Islamic Pressafirmó, sin identificar sus fuentes, que se esperaba que Zaeef quedara pronto en libertad.(46) Su suerte volvió a ser centro de atención durante un breve periodo en febrero de 2002, cuando los secuestradores del periodista estadounidense Daniel Pearl exigieron, entre otras cosas, la libertad de Zaeef. Familiares de éste se distanciaron de dicha exigencia y dijeron que no tenían nada que ver con los secuestradores, a los que pidieron que liberaran al periodista.


El 7 de enero, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán dijo que las autoridades paquistaníes eran «plenamente conscientes de las condiciones hostiles a las que [Zaeef] se enfrentaría allí [en Afganistán]» y afirmaron que la actuación del gobierno paquistaní violaba el derecho internacional. «El trato que se le ha dado [a Zaeef] es parecido a la forma en que se ha elegido tratar a centenares de afganos tras el 11 de septiembre, empujados a través e la frontera por la administración sin el permiso de los tribunales y sin llevarse a cabo procedimiento legal alguno. Existen trámites específicos sobre la expulsión de personas; trámites que hay que seguir antes de tomar decisiones sumarias que pueden poner en peligro el bienestar de individuos o sentar precedentes peligrosos.»


4.2.2. Paquistaníes


También se ha detenido, investigado y entregado a la coalición encabezada por Estados Unidos, violando sus derechos en virtud de la legislación sobre extradición de Pakistán, a paquistaníes sospechosos de tener relación con dirigentes talibanes o de Al Qaeda. En el momento de redactarse el presente documento, Amnistía Internacional tiene conocimiento de al menos 358 casos de paquistaníes recluidos en la prisión de Haripur que temen ser puestos bajo custodia estadounidense. Se cree que se ha entregado a un número desconocido de detenidos paquistaníes durante la reciente oleada de redadas y detenciones en la provincia de Punyab (véase infra).(47)


rd Moazzem Begg, de 35 años de edad, tiene pasaportes de Pakistán y el Reino Unido. Según informes, trabajaba como traductor en el Reino Unido y, en agosto de 2001, se mudó a Kabul con su familia para fundar un colegio. Huyó de Afganistán con su mujer y sus tres hijos tras el comienzo del bombardeo estadounidense. La familia se alojó en una casa alquilada en Islamabad. Según informes, miembros del servicio de información paquistaní detuvieron a Moazzem Begg en la primera semana de febrero de 2002. Compañeros de Moazzem Begg han dicho que lo metieron en el maletero de un vehículo y se lo llevaron. Su familia presentó una petición de hábeas corpus al Tribunal Superior de Rawalpindi, donde un juez ordenó a principios de marzo que debían hacerlo comparecer ante el tribunal el 14 de marzo. Llegada la fecha, todos los organismos estatales demandados en la petición de hábeas corpus negaron tener a Moazzem Begg bajo custodia. En la actualidad, el caso está prácticamente estancado. Los familiares han declarado que Moazzem Begg es un hombre religioso pero no un fanático y que no tiene nada que ver con Al Qaeda ni con ninguna otra organización extremista. A principios de abril, su padre recibió una carta suya por medio del Comité Internacional de la Cruz Roja, en la que lo informaba de que estaba bajo custodia estadounidense en Kandahar. Los anteriores intentos de los familiares en el Reino Unido y de un abogado en Pakistán de obtener confirmación por parte de las embajadas estadounidenses en Londres e Islamabad de que Moazzem Begg se hallaba bajo custodia estadounidense habían sido infructuosos. Amnistía Internacional ha solicitado más información sobre el caso a las autoridades estadounidenses, pero en mayo de 2002 aún no había recibido respuesta alguna.


4.2.3. Personas oriundas de países de Oriente Medio y Próximo


Entre los primeros casos conocidos de personas de países de Oriente Medio y Próximo trasladadas a custodia estadounidense poco después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos en contravención de la legislación sobre extradición de Pakistán, cabe señalar los de dos hombres, un palestino y un yemení, que estaban buscados por delitos que presuntamente habían cometido con anterioridad a dichos ataques. Otros cuatros palestinos temen que también los pongan bajo custodia estadounidense (véase infra). Parece que otras personas de países de Oriente Medio y Próximo, detenidas tras entrar en zonas tribales de Pakistán procedentes de Afganistán o durante redadas, en su mayoría en la provincia de Punyab, ya han sido puestas bajo custodia estadounidense, mientras otras siguen bajo custodia paquistaní, a la espera de que las entreguen a Estados Unidos.


A. Safarini y otros cuatro palestinos


En junio de 1988, un tribunal especial condenó a cinco palestinos del grupo de Abu Nidal. En concreto, se trataba de Zayn Hassan Abd Al-Latif Masud Al Safarini, Wadud Hafez al-Turk, alias Suleiman Ali al-Turk, Jamal Sa'id 'Abd al-Rahim al-Saad, Mansoor al-Rashid y Muhammad Id Khalil Hassan. El juicio se celebró a puerta cerrada, dentro de la prisión de Adiala, en Rawalpindi, por el secuestro de un avión de las líneas aéreas Pan Am durante un vuelo a Nueva York el 5 de septiembre de 1986, en el que mataron a 22 personas, dos ciudadanos estadounidenses entre ellas. Según informes, los hombres, disfrazados como agentes del personal de seguridad y embarcados en el aeropuerto de Karachi, habían exigido que el vuelo se desviara a Chipre y que se excarcelara a un grupo de palestinos que estaban recluidos allí. Los cinco fueron detenidos y acusados de varios delitos.(48) El 6 de julio de 1988 se los condenó a muerte por diversos cargos.


En diciembre de 1988, el gobierno de Benazir Bhutto decretó un indulto general por el que se conmutaron todas las penas de muerte por cadenas perpetuas. Las condenas resultantes en virtud de diferentes secciones del código penal ascendían a 307 años de prisión para cada uno. Los presos presentaron un recurso (recurso penal 102/1988) ante la delegación del Tribunal Superior de Lahore en Rawalpindi, en el que solicitaban que sus penas transcurrieran simultánea en vez de consecutivamente. Su recurso no se vio durante más de 10 años. Luego presentaron una solicitud de vista rápida; para entonces, el expediente de su causa se había trasladado a la sede central del Tribunal Superior, en Lahore. Devolver el expediente a la delegación de Rawalpindi llevó otros dos años. Por fin, a principios del año 2000, una sala de la delegación de Rawalpindi convirtió las penas consecutivas en un único periodo de 25 años de cárcel por preso; a cuatro de ellos, además, se les impusieron multas cuantiosas o un año adicional de encarcelamiento en vez del pago de la multa. Asimismo, se autorizó a los apelantes a obtener reducciones de condena en virtud de la sección 382B del Código de Procedimiento Penal. Además, el Tribunal Superior ordenó que los detenidos fuesen expulsados del país en cuanto hubiesen cumplido sus condenas.


El 23 de mayo de 2000, uno de los detenidos, Wadud Hafez al-Turk, alias Suleiman Ali al-Turk, terminó su condena tras beneficiarse de varias reducciones, pero no lo excarcelaron debido a una orden de internamiento del gobierno de Punyab dictada ese mismo día, de conformidad con la Ley de Extranjería de 1946, a fin de mantenerlo recluido mientras la embajada pertinente no terminara de ocuparse de la devolución del detenido. Al ver que no lo dejaban en libertad, presentó una demanda por su detención prolongada (CM número 526/2000). A mediados del 2001, una sala del Tribunal Superior de Lahore dijo que «el Ministerio del Interior del gobierno federal debe tomar medidas urgentes para garantizar que el condenado, llamado Salman Ali Al Tarakai [Suleiman Ali al-Turk], es expulsado sin más demora y en un tiempo máximo de dos meses a partir de hoy».


En la actualidad, permanece recluido en la prisión de Adiala. El 11 de junio de 2001, los otros cuatro detenidos finalizaron sus condenas, gracias a diversas remisiones (por ejemplo, condenas y periodos de encarcelamiento notables a cambio del pago de fianzas). Ellos también permanecen recluidos por órdenes de internamiento del gobierno de Punyab. Ya no pesan cargos sobre los detenidos, de modo que su reclusión, desde la finalización de sus condenas, parece arbitraria e ilegal, puesto que desatiende órdenes de tribunales que exigen su expulsión nada más terminar de cumplir condena.


Según parece, el gobierno de Estados Unidos lleva pidiendo la extradición de los cinco palestinos desde que los detuvieron en 1986. De acuerdo con la denuncia de los detenidos, el gobierno de Zia ul-Haq se opuso a esta petición de extradición a mediados de los ochenta, afirmando que se haría justicia de conformidad con la legislación paquistaní y que, no existiendo un tratado bilateral sobre extradición, tampoco había obligación de entregar a los detenidos. Finalizadas las condenas de los palestinos, parece que las autoridades estadounidenses están redoblando sus esfuerzos por obtener la custodia de los hombres. Se desconoce si el gobierno estadounidense ha solicitado oficialmente su extradición.


El 28 de agosto de 1991, en la corte federal de primera instancia del distrito de Columbia, se acusó a los cinco hombres, Safarini incluido, de 126 cargos relacionados con los delitos cometidos durante el secuestro. Entre los cargos cabe señalar el asesinato de ciudadanos estadounidenses fuera de Estados Unidos; conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses fuera del país; asesinato frustrado de ciudadanos estadounidenses fuera de Estados Unidos; causar lesiones a ciudadanos estadounidenses; toma de rehenes; delitos relacionados con armas; y daños a la aviación estadounidense.


Un comunicado de prensa del 23 de abril de 2001, emitido por la organización árabe Observatorio Islámico, con sede en Londres, informó de que Estados Unidos perseguía la extradición de los condenados. A principios de agosto de 2001, uno de los hombres, Wadud Hafez al-Turk, alias Suleiman Ali al-Turk, recurrió al presidente de Pakistán para que lo extraditara a un país árabe en vez de a Estados Unidos, por motivos humanitarios.


Según informes, el 21 de septiembre de 2001, un equipo de agentes del FBI, acompañado por Salman Silayyem, primer secretario de la embajada palestina en Islamabad, visitó la prisión de Adiala, en Rawalpindi, donde están recluidos los palestinos; les hicieron fotografías y les tomaron las huellas dactilares. Según la Ley sobre Presos de Pakistán, de 1920, sólo un juez puede ordenar a un agente de policía que fotografíe o identifique de cualquier otra forma a un preso.


Según agentes del Departamento de Justicia estadounidense, el 28 de septiembre de 2001, agentes del FBI detuvieron a uno de los hombres, Zayn Hassan Safarini. Tras su excarcelación, Safarini recibió un pasaporte jordano. Al parecer, su familia le había conseguido un vuelo directo a Jordania, pero autoridades jordanas o palestinas le arreglaron un vuelo con escala en Bangkok, en cuyo aeropuerto lo detuvieron. Luego lo trasladaron a Anchorage, Alaska, donde lo obligaron a presentarse ante la corte federal de primera instancia del distrito de Anchorage para una vista celebrada el 1 de octubre. El juez ordenó que debían llevárselo para que lo juzgaran en la corte federal de primera instancia del distrito de Columbia, donde lo habían acusado. Si lo condenan, Safarini corre peligro de que le impongan la pena capital.


El 1 de octubre de 2001, el presidente George Bush declaró públicamente que las autoridades estadounidenses habían detenido a Safarini y comentó que su extradición era un avance en la «guerra contra el terrorismo» y que demostraba que los terroristas de Al Qaeda no eran los únicos extremistas cuya pista estaba siguiendo la administración estadounidense.(49) El fiscal general John Ashcroft confirmó que agentes especiales del FBI habían llevado a Safarini a Estados Unidos y añadió que «esta detención prueba la voluntad de Estados Unidos de localizar a quienes han cometido actos terroristas contra nuestros ciudadanos, por mucho tiempo que lleve dar con ellos». El director del FBI, Robert Mueller, dijo que para combatir el terrorismo hacía falta una acción de alcance global y una gran cooperación internacional entre los fiscales y los agentes encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo. «Hoy podemos comprobar las ventajas de esta colaboración.» Se cree que los cinco palestinos no están vinculados con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.


El 2 de octubre de 2001, a fin de evitar que los entregaran a Estados Unidos, los otros cuatro detenidos, que continúan recluidos en la Prisión Central de Adiala, en Rawalpindi, presentaron una solicitud ante el Tribunal Superior de Lahore pidiéndole la libertad y que se dirigiera al gobierno federal para que, en caso necesario, les proporcionen un lugar de internamiento que no sea una cárcel, así como una subvención para poder vivir hasta que los devuelvan a sus países de origen. El 5 de octubre de 2001, un juez de la delegación de Rawalpindi del Tribunal Superior de Lahore le pidió al gobierno de Pakistán que le explicara «las circunstancias en las que el secuestrador palestino salió de Islamabad y llegó a Estados Unidos». El 18 de marzo de 2002, la delegación ordenó la liberación de los cuatro palestinos y encargó al gobierno federal que realizara las gestiones necesarias para su expulsión.(50)


Safarini no es la única persona de Oriente Medio y Próximo que ha terminado bajo custodia estadounidense, en contravención de las normas de protección sobre extradición por delitos presuntamente cometidos con anterioridad. El 26 de octubre de 2001, según informes, agentes de Pakistán entregaron en secreto a Jamil Qasim Saeed Mohammed, natural de Yemen, sin procedimientos de extradición ni expulsión oficiales. Estados Unidos lo buscaba por el ataque al destructor USS Cole, acaecido en Yemen en octubre de 2000, en el que 17 militares estadounidenses murieron y alrededor de 40 resultaron heridos. Según The Washington Post, agentes enmascarados del servicio de información del ejército paquistaní entregaron a Mohammed a agentes estadounidenses que habían llegado al aeropuerto internacional de Karachi «en circunstancias sumamente secretas». Según informes posteriores, lo han trasladado a Jordania, pero Amnistía Internacional no ha podido confirmar este dato. La organización ha pedido a las autoridades estadounidenses que la informen del paradero actual y de la situación jurídica de Jamil Qasim Saeed Mohammed. A finales de mayo de 2002 aún no había recibido respuesta.


B. Entrega de personas de Oriente Medio y Próximo y otros lugares, detenidas en zonas fronterizas de Pakistán


Según informes, entre octubre y diciembre de 2001, el ejército paquistaní y miembros de las agencias tribales de Pakistán situadas a lo largo de la frontera de Afganistán detuvieron a un grupo de personas, en número de hasta 150 posiblemente, de Oriente Medio y Próximo. En la primera semana de enero de 2002 se produjeron más detenciones semejantes. Según informes, los extranjeros detenidos por miembros de las agencias tribales fueron entregados al ejército. Al parecer, la mayoría fue trasladada a la Prisión de Distrito de Kohat.


De acuerdo con informes de observadores locales, se trata de una cárcel nueva, pequeña, situada a las afueras de Kohat. Antes de la llegada de estos detenidos, de Oriente Medio y Próximo en su mayoría, se trasladó a los presos regulares a otras partes de la cárcel o a otras cárceles para hacer sitio a los nuevos. La parte que les reservaron quedó a las órdenes de un oficial del ejército. Se retiró al personal habitual de las zonas donde estaban recluidos los detenidos extranjeros, a fin de asegurar la máxima seguridad e impedir que se difundiera al exterior información alguna sobre ellos.


Los detenidos provenían de países de Oriente Medio y Próximo y otras zonas. En una solicitud presentada en nombre de estos 57 detenidos (véase infra) se menciona a 16 saudíes, 17 yemeníes, seis marroquíes, cuatro kuwaitíes, dos bahreiníes, dos de Al Jazair(51) y uno de Afganistán, Egipto, Irak, España, Bangladesh, Sudán y un país africano sin concretar. Es difícil determinar el número exacto y la nacionalidad de los extranjeros recluidos en Kohat. En el párrafo de introducción de la petición se alude a «la detención ilegal de centenaresde extranjeros (árabes) en el distrito de Kohat y su reclusión en la prisión de distrito». [El subrayado es nuestro.] Amnistía Internacional ha conseguido información sobre las personas de Oriente Medio y Próximo y sobre otros extranjeros detenidos en Kohat gracias a familiares que se han dirigido a la organización, preocupados por la detención de sus parientes. La identidad de las personas detenidas por su presunta relación con Al Qaeda es difícil de asegurar, ya que ellas mismas utilizan apodos y las autoridades de Pakistán se muestran muy herméticas al respecto.


Amnistía Internacional teme que las condiciones de detención de los detenidos extranjeros en Kohat puedan ser tan malas como las de otros reclusos en Pakistán: la tortura y los malos tratos son corrientes en todos los centros de reclusión de Pakistán y, a menudo, están relacionados con intentos del personal de las prisiones de extorsionar, acosar o humillar a los detenidos. Dado que no se ha permitido la visita de ningún observador independiente a Kohat, no se dispone de información concreta sobre la situación de los detenidos y sus condiciones de reclusión. Sin embargo, funcionarios que trabajan en otras partes de la cárcel de Kohat han informado de que han oído gritos procedentes de las zonas donde están recluidas las personas de Oriente Medio y de otros países. También hay informes según los cuales miembros del ejército paquistaní han interrogado a los detenidos, acompañados por «terceros», presuntamente personal de los servicios de información de Estados Unidos y Pakistán. Kohat tiene un aeropuerto pequeño y algunos observadores locales han visto aterrizar aviones con más frecuencia a partir de la llegada de los reclusos extranjeros, lo más probable con agentes de información. Se cree que ninguna agencia civil de Pakistán ha participado en los interrogatorios.


El 7 de enero de 2002, Javed Ibrahim Paracha, ex representante de Kohat en la Asamblea Nacional, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Peshawar, en la que declaraba que 57 detenidos de Oriente Medio y otras nacionalidades extranjeras recluidos en la Prisión de Distrito de Kohat no habían sido llevados ante ningún tribunal, ni se los había acusado de delito común alguno ni se les había permitido recibir asistencia letrada ni visitas de la familia ni de nadie de fuera de la cárcel. Afirmaba que, dado que no habían cometido ningún delito en territorio paquistaní, su detención era ilegal. Además, dijo que tenía razones para creer que los detenidos corrían riesgo de que los entregaran a Estados Unidos y sus aliados sin observar los procedimientos legales. Por todo ello, pedía al tribunal que ordenase la excarcelación de los detenidos inmediatamente y que se les permitiera ir a un país de su elección. También solicitó al juzgado que prohibiese la devolución de los detenidos a cualquier otro país. Si se consideraba que los detenidos habían entrado en Pakistán de forma ilegal, entonces había que acusarlos y juzgarlos de acuerdo con la legislación paquistaní pertinente.


El representante letrado de los detenidos en Kohat y Haripur señaló que el gobierno federal había retrasado el final de las vistas no respondiendo a las instrucciones reiteradas del Tribunal Superior, en las que éste le pedía que diera respuesta a diversas preguntas concretas. El tribunal no solicitó la comparecencia de los detenidos en ningún momento ni ha visto la demanda con prontitud.


Mientras tanto, según informes, entre la presentación de la demanda en enero de 2002 y su desestimación en abril de este mismo año, se ha trasladado de Kohat a un número desconocido de reclusos extranjeros, parece ser que a la Prisión Central de Peshawar primero, para ponerlos luego bajo custodia estadounidense, según informes en Kandahar, desde donde algunos pueden haber volado hasta el centro de reclusión de Guantánamo. Algunas familias de países de Oriente Medio han informado a Amnistía Internacional de que, por medio del Comité Internacional de la Cruz Roja, han recibido cartas de parientes que estaban recluidos en Kohat y a los que luego habían trasladado a Guantánamo.


El 5 de abril de 2002, el Tribunal Superior de Peshawar desestimó la demanda. Aunque el tribunal había oído argumentos de peso en contra de la legalidad de la detención de los extranjeros en la prisión de Kohat,(52) en la resolución decía que el demandante, Javed Ibrahim Paracha, no tenía relación con ninguno de los detenidos y que, por tanto, no era una persona afectada y no tenía derecho a presentar la demanda, de acuerdo con el artículo 199 de la Constitución de Pakistán, que determina la jurisdicción de los tribunales superiores.


Varios observadores locales han informado a Amnistía Internacional de que puede que algunos detenidos extranjeros sigan recluidos en la Prisión de Distrito de Kohat, ya que los presos comunes no han regresado a sus celdas de origen y se sigue manteniendo máxima seguridad. Comentaron que también podía deberse a que estuviesen esperando la llegada de nuevos detenidos.


C. Entrega de sospechosos árabes y paquistaníes detenidos en la provincia de Punyab


Amnistía Internacional teme que algunos de los reclusos paquistaníes y extranjeros detenidos en los primeros dos meses de 2002 en Punyab (véase supra) hayan sido puestos bajo custodia estadounidense de forma clandestina, en violación de la legislación sobre extradición paquistaní, como les sucedió a los reclusos trasladados en marzo de 2002. El 19 de enero de 2002, durante una conferencia de prensa celebrada en Islamabad, ante la pregunta de si los hombres detenidos a principios de enero de 2002 serían entregados a Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores, Abdul Sattar, contestó: «Pakistán está cooperando con Estados Unidos en lo que respecta a la entrada de miembros de Al Qaeda en Pakistán, pero no puedo darle una respuesta concreta a su pregunta».(53)


Los medios de comunicación locales han arrojado un poco de luz sobre las detenciones y la entrega de extranjeros a Estados Unidos en marzo de 2002. Según informes, entre el 28 y el 29 de marzo de 2002, se detuvo a unos 65 presuntos miembros de Al Qaeda durante una serie de redadas simultáneas en Faisalabad, Lahore, Multan y Karachi, realizadas en lo que parece haber sido una operación conjunta de la policía paquistaní y el FBI. Los periódicos locales han informado de que no se presentaron cargos contra ninguno de los detenidos y de que no se dejó constancia de su detención en el registro de las comisarías locales. No se comunicaron los nombres ni el paradero de los detenidos. Periódicos paquistaníes(54) han afirmado que entre los 24 extranjeros detenidos en Faisalabad había 2 marroquíes, 6 sudaneses, 7 palestinos, 9 saudíes y 21 paquistaníes. Otros periódicos dicen que había un total de 27 extranjeros y les asignan nacionalidades diferentes. Según informes de prensa, un mínimo de 22 de los detenidos, aunque quizá llegaron a ser hasta 29, fueron puestos bajo custodia estadounidense a los pocos días sin cumplir procedimiento legal alguno.


En las primeras horas del 28 de marzo de 2002 se realizaron nueve redadas simultáneas en Faisalabad, en las que se detuvo a 45 de las 65 personas. Durante un tiroteo en una casa, en la que se disparó y se detuvo a una persona más tarde identificada como Abu Zubaydah, el cual intentaba escapar, murió al menos un sirio, Abu al-Hasnat, y resultaron heridos al menos dos árabes, además de Abu Zubaydah, y tres agentes de policía paquistaníes. Algunos informes dicen que también murió en el tiroteo otro hombre sirio llamado Dawood.


Según informes, llevaron a los detenidos a comisarías locales de Faisalabad y luego los trasladaron a Lahore, donde algunos de los detenidos paquistaníes quedaron en libertad. Condujeron a los heridos al Hospital Aliado de Faisalabad, y de ahí los llevaron a Lahore al día siguiente. Durante las redadas se incautaron ordenadores y otros equipos de comunicación que el grupo utilizaba, según parece, para mantener su red de comunicación. También se produjo una redada en un cibercafé de Faisalabad, se detuvo a los que lo dirigían y se confiscó su equipo. Por otra parte, se detuvo a un mínimo de 16 personas más, la mayoría hombres de Oriente Medio y Próximo, en tres redadas simultáneas llevadas a cabo en Lahore y Multan esa misma noche y al día siguiente.

De las 45 detenciones practicadas en Faisalabad, 16 de los sospechosos paquistaníes, incluido un catedrático de una facultad estatal de la ciudad, quedaron en libertad tres días después. Según estos hombres, el 31 de marzo de 2002 los dejaron frente a sus casas con los ojos vendados. Algunos de los excarcelados informaron de que entre sus captores había extranjeros que llevaban la cara cubierta. También informaron de que agentes de policía enmascarados los habían interrogado.


El dirigente de Al Qaeda Abu Zubaydah, palestino de 32 años de edad nacido en el Reino de Arabia Saudí, también conocido por los alias Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, Al Wahab, Abd al-Hadi y Tariq, se encontraba entre los detenidos. Su identificación requirió cierto tiempo, ya que había recibido tres impactos de bala mientras intentaba huir. Finalmente, el 2 de abril, el portavoz de la Casa Blanca, Air Fleisher, declaró que había indicios «abrumadores» de que el detenido era Abu Zubaydah, del cual se obtuvo una identificación positiva mediante grabaciones de su voz y, por último, por confesión del propio sospechoso.


Algunos medios de comunicación sugirieron que Abu Zubaydah se había marchado de Afganistán para volver a poner en activo a miembros de Al Qaeda y a otros grupos islamistas de todo el mundo. En el año 2000, según informes, un tribunal militar de Jordania había condenado a muerte a Abu Zubaydah in absentiapor conspirar para realizar atentados terroristas. Según informes, Pakistán había recibido varias peticiones para localizar a Abu Zubaydah desde 1998, pero las agencias paquistaníes no habían logrado detenerlo antes.


Agencias de prensa y medios de comunicación paquistaníes coinciden en que agentes estadounidenses, pertenecientes a distintos organismos, los cuales habían interrogado a detenidos paquistaníes en Afganistán(55) para obtener información de interés, habían facilitado la detención de 65 sospechosos. Agentes paquistaníes reconocen también que las redadas se llevaron a cabo de acuerdo con información proporcionada por el FBI. Pero muchos informes de los medios de comunicación locales sugieren que los organismos estadounidenses desempeñaron un papel más directo en la operación: según testigos presenciales de las detenciones realizadas en Faisalabad, cuyas declaraciones aparecieron en periódicos locales, personal del FBI supervisó la operación y entró en las instalaciones después de reducir y esposar a presuntos talibanes y miembros de Al Qaeda, para iniciar la investigación sobre la identidad de los detenidos. Durante las redadas, según estos informes, agentes del FBI llevaban fotografías de los hombres que buscaban. Algunos de los detenidos puestos en libertad también declararon que al devolverles las pertenencias que les habían quitado durante la redada, notaron que llevaban marcas del FBI.(56) De acuerdo con la prensa paquistaní, fueron tropas de choque y agentes estadounidenses los que planearon y realizaron las operaciones, mientras que la policía y los servicios de información locales se limitaron a recluir a los sospechosos para que Estados Unidos los interrogara.(57) Altas autoridades de la administración estadounidense han confirmado que las redadas de Faisalabad se llevaron a cabo gracias a datos proporcionados por los servicios de información estadounidenses y que agentes del FBI y de la CIA estaban presentes.(58) El 29 de marzo de 2002, el comandante en jefe del Mando Central de Estados Unidos, general Tommy Franks, dijo que «elementos estadounidenses» habían participado en las redadas, pero no tropas militares: «Creo que elementos de nuestro gobierno cooperaron con el de Pakistán».(59)

A pesar de las declaraciones del director del FBI, Robert Mueller, en las que afirmaba que su departamento había participado en la detención de Abu Zubaydah «como elemento de apoyo»,(60) las autoridades paquistaníes han negado tal intervención. El 29 de marzo de 2002, el inspector general de la policía de Punyab, Asif Hayat, dijo que ningún personal extranjero había participado en la redada realizada el 28 de marzo en Faisalabad: «ninguna fuerza ni organismo extranjero ha intervenido. Toda la operación ha sido dirigida por la policía de Punyab, por el Grupo de Elite de la Policía de Punyab, el Departamento de Investigación Criminal y una de nuestras agencias de información nacionales. Ellos recabaron las pistas entre todos y la policía realizó la redada».(61)


Existen declaraciones oficiales contradictorias y confusas sobre la entrega de Abu Zubaydah y otros detenidos a las autoridades estadounidenses. Algunos observadores paquistaníes creen que Abu Zubaydah fue puesto bajo custodia estadounidense nada más realizarse su detención en la madrugada del 28 de marzo, y que en las primeras horas de la mañana del 31 de marzo lo sacaron de Pakistán por el aeropuerto de Lahore, en cuanto el estado de salud de Zubaydah se estabilizó lo suficiente. Al menos otros 21 presuntos miembros de Al Qaeda, 19 árabes y 2 paquistaníes, fueron entregados junto con Abu Zubaydah y salieron de Pakistán de la misma manera. Según informes locales, un equipo de 16 miembros del FBI escoltó a los detenidos, que fueron conducidos al aeropuerto de Lahore en transportes blindados de personal desde la prisión de Chuhng en Lahore, pasando por la terminal especial para los peregrinos.(62) No se conoce el paradero de aquellos que siguen en Pakistán. Algunos periodistas locales creen que están en centros de reclusión de Lahore o sus proximidades.


Las primeras noticias de que Abu Zubaydah estaba bajo custodia estadounidense se conocieron el 31 de marzo, cuando la agencia de noticias AFPinformó de que un funcionario de alto rango estadounidense había dicho que autoridades de Estados Unidos tenían detenido a un hombre que, según creían, era Abu Zubaydah: «El sujeto ya está bajo custodia estadounidense».(63) El 1 de abril, funcionarios estadounidenses afirmaron que unos 29 detenidos afganos y de Oriente Medio y Próximo estaban bajo custodia estadounidense en un lugar sin precisar. El 2 de abril, el portavoz de la Casa Blanca confirmó que Abu Zubaydah estaba detenido: «creemos que una de las personas capturadas por las autoridades paquistaníes en una redada reciente es Abu Zubaydah. [...] En la actualidad, está recibiendo atención médica. Por razones de seguridad no vamos a indicar su paradero. Se lo interrogará para averiguar qué sabe sobre planes previstos para realizar actividades terroristas...».(64) A mediados de abril, el Pentágono dijo que Abu Zubaydah estaba detenido en un lugar sin precisar, donde le estaban curando de las lesiones sufridas durante la detención, pero que no estaba bajo vigilancia militar. De acuerdo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, ya los interrogatorios habían empezado el 12 de abril de 2002.(65)


El 31 de marzo de 2002, el general de brigada Javed Iqbal Cheema, funcionario del Ministerio del Interior, dijo que investigadores paquistaníes estaban interrogado a los detenidos y que el FBI estaba colaborando con el servicio de información paquistaní para determinar su identidad: «seguimos compartiendo información con los agentes del FBI». El 1 de abril de 2002, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores negó informes según los cuales se había entregado a los detenidos árabes a Estados Unidos.(66) «Actualmente están bajo custodia», dijo Aziz Khan el 1 de abril de 2002. El 2 de abril de 2002, durante una conferencia de prensa del presidente Musharraf, celebrada cuando estuvo en Kabul para hablar con el dirigente afgano provisional, Hamid Karzai, de cómo «evitar la existencia de refugios para los terroristas a ambos lados» de la frontera, el mandatario reconoció que habían entregado a Estados Unidos a los presuntos miembros de Al Qaeda detenidos en Punyab. Sin embargo, durante varios días más siguieron sucediéndose declaraciones oficiales en las que se negaba dicha entrega de detenidos.(67)


4.3. Extranjeros puestos bajo custodia de sus países de origen de forma arbitraria


En lo que respecta a la participación de Pakistán en la iniciativa dirigida por Estados Unidos para acabar con el «terrorismo», cabe decir que el gobierno paquistaní también ha entregado extranjeros a sus respectivos países de origen, sin considerar las violaciones de derechos humanos que pueden sufrir allí y violando la legislación sobre extradición. Entre estos extranjeros hay uigures de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang de China y personas de distintos países de Oriente Medio y Próximo, muchas de las cuales estudian actualmente en madrasas paquistaníes.


4.3.1. Uigures


Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que al menos dos uigures entregados a China en los últimos meses y al menos siete uigures más, uno de Kazajistán y un kirguís de China, recientemente detenidos en Pakistán, corren peligro de que los entreguen a China sin respetar las medidas de protección que ofrece la legislación sobre extradición de Pakistán y en contravención del principio de no devolución. Amnistía Internacional considera que personas acusadas de ser «separatistas étnicas» o «terroristas» devueltas a China están expuestas a sufrir tortura y hasta es posible que ejecuciones sumarias y extrajudiciales.


Las violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang han aumentado de forma drástica en el último año. Los uigures han visto recortados cada vez más sus derechos. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos, China ha intensificado su represión política sobre la región, deteniendo a presuntos opositores y a defensores de la independencia de la región, a quienes ha tachado de «separatistas étnicos» o «terroristas».(68)


Según informes, China ha pedido a la comunidad internacional que incluya a los grupos separatistas de etnia uigur en la lista de organizaciones seleccionadas como objetivo de la campaña internacional contra el «terrorismo» y que le devuelvan a los habitantes de origen chino capturados durante la campaña militar en Afganistán dirigida por Estados Unidos. Ha afirmado que los «separatistas étnicos» uigures están vinculados con el «terrorismo internacional» y ha pedido apoyo internacional para reprimir el «terrorismo» dentro del país.


Sin embargo, Estados Unidos no ha accedido de momento a considerar «terroristas» a los separatistas étnicos ni a extraditar a China a los uigures capturados durante operaciones militares en Afganistán. Según informes sin confirmar, en diciembre de 2001 China también presionó a países vecinos como Nepal y Pakistán para que le devolviesen a quienes consideraba sospechosos de participar en actividades «terroristas» o de «separatismo étnico».


Parece que ambos países han accedido: según informes, Nepal entregó a dos uigures a China tras detenerlos en enero de 2002.(69) Se cree a principios de febrero de 2002, en Rawalpindi, la policía paquistaní ha detenido a al menos dos uigures —aunque es posible que sean más— por pertenencia a grupos separatistas. De acuerdo con algunos informes, la policía paquistaní estaba acompañada de agentes chinos vestidos de civil en el momento de detener a dos hombres en su domicilio el 2 de febrero. Se trata de Ismayil Abdusemed Haji, alias Ilham, que llevaba en Pakistán desde 1997, y Abdulhakim. Según informes sin confirmar, ambos hombres fueron entregados a las autoridades chinas de inmediato y sin procedimiento legal alguno. Amnistía Internacional teme por la seguridad de ambos hombres. Las detenciones tuvieron lugar poco después de que el presidente Pervez Musharraf, en el transcurso de una visita a China en diciembre de 2001, aseguró a China el apoyo de Pakistán en su campaña contra los separatistas islamistas en Sin-kiang. Según informes, el presidente Musharraf declaró en la televisión estatal china que «Pakistán no escatimará esfuerzos para apoyar a China en su lucha contra las fuerzas terroristas de Turquestán Oriental».(70)


El 22 de abril de 2002, la policía detuvo en Rawalpindi a Elham Tohtam y Ablitip Abdul Kadir, ambos de 30 años de edad, así como a otros cuatro uigures. Según testigos presenciales, la policía sacó de su casa a Elham Tohtam a las 6.30 de la mañana, le vendó los ojos y se lo llevaron con destino desconocido. Nació en la ciudad de Gulja, perteneciente a la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en China, donde lo detuvieron y torturaron en 1996 y 1999 por sus presuntas actividades políticas. En abril de 1999, por miedo a que siguieran persiguiéndolo, Elham Tohtam huyó a Kirguistán y luego a Kazajistán. En noviembre de 2000 fue a Pakistán, donde vivía con su mujer y sus cuatro hijos en Rawalpindi. Se había dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en Islamabad y al gobierno australiano para solicitar visados de emergencia para Australia, donde tiene familia. Ablitip Abdul Kadir también fue detenido el 22 de abril de 2002 en Rawalpindi. También es de Gulja, en la Región Autónoma, y está casado; tres de sus hijos están en Pakistán. Sus familiares y amigos los han buscado sin éxito por comisarías y centros de reclusión de Rawalpindi.


Según informes, otros cuatro uigures fueron detenidos en Rawalpindi/Islamabad, más o menos a la misma hora del 22 de abril de 2002. Se trata de Enver Tohti (también conocido como Enver Davut), Golamjan Yasin, Tilivaldi y Ablikim Turahun. La policía paquistaní también detuvo a la esposa de Enver Tohti, Aynuz, y a su hijo Ishan el 22 de abril, pero ambos quedaron en libertad el 1 de mayo de 2002. Según informes, el 22 de abril de 2002 también se detuvo en Rawalpindi/Islamabad a un uigur de Kazajistán, identificado como Ezizhan, y un kirguís de Gulja, identificado como Zayir o Zaher.


Amnistía Internacional ha dirigido llamamientos urgentes al gobierno de Pakistán para que no devuelva a los detenidos a China, pero a finales de mayo no había recibido respuesta alguna.(71)


En 1997, un grupo de unos 14 estudiantes religiosos uigures fue detenido en Gilgit y ninguno de ellos ha sido acusado ni juzgado en Pakistán. Se los entregó a las autoridades chinas sin procedimiento legal alguno y, según informes, se los ejecutó sumariamente al poco de haberlos conducido al interior de China.


4.3.2. Personas de Oriente Medio y Próximo


Pakistán también ha violado la legislación sobre extradición al entregar un número sin precisar de personas nacidas en Oriente Medio y Próximo a sus presuntos países de origen, sin considerar las violaciones de derechos humanos a los que puedan someterlos allí.


Mamdouh Habib, australiano nacido en Egipto hace 46 años, había emigrado a Australia en 1982, donde adquirió la ciudadanía australiana. Según informes, en agosto de 2001 fue a Pakistán; el 5 de octubre de 2001, antes de empezar la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, cerca de Khuzdar, Baluchistán, las autoridades paquistaníes lo detuvieron, presuntamente mientras intentaba cruzar la frontera de Afganistán.(72) La familia de Mamdouh Habib, que vive en Sidney, dice que éste estaba en Pakistán para encontrar un colegio adecuado para que sus hijos pudieran educarse en un entorno musulmán. El 29 de octubre de 2002, la embajada australiana en Islamabad informó a la familia de Mamdouh Habib de que éste se hallaba bajo custodia paquistaní y no había sido acusado de ningún delito común.


El 20 de diciembre, en una comunicación posterior, la embajada informó a la familia de que se creía que Mamdouh Habib estaba detenido en Egipto. No se tiene noticia de que se cumpliera procedimiento legal alguno antes de que Pakistán entregara al detenido a autoridades egipcias. Egipto, que al parecer no permitió que funcionarios australianos tuvieran acceso a Habib, lo entregó a su vez a las autoridades militares de Estados Unidos el 16 de abril. Según el primer ministro australiano, John Howard, es posible que se traslade a Habib a Guantánamo. Luego, el 19 de abril de 2002, anunció que Australia investigaría si Habib había infringido alguna ley nacional. El abogado de la familia de Habib en Sidney, Australia, ha dicho que sus parientes estaban «muy afectados», ya que hacía unos seis meses que no tenían contacto con Habib, el cual estaba recluido en régimen de incomunicación. El 2 de mayo de 2002, el procurador general australiano, Daryl Williams, anunció que autoridades estadounidenses habían accedido a que funcionarios australianos se reunieran con el presunto combatiente talibán David Hicks, pero no ofrecieron información alguna sobre la suerte o el paradero de Mamdouh Habib. Williams dijo que los agentes estadounidenses le habían indicado que Habib «estaba bien de salud y estaba recibiendo un trato correcto». Dijo que Australia había vuelto a pedir a Estados Unidos que Hicks y Habib pudieran recibir a sus familias y la ayuda de un abogado, pero añadió que era improbable que Estados Unidos accediera a permitirles contar con asistencia letrada. El 6 de mayo, el gobierno australiano anunció que se había trasladado a Habib al centro de reclusión estadounidense de Guantánamo, Cuba, y que las autoridades estadounidenses habían dicho que permitirían que funcionarios australianos pudiesen verlo allí. El 23 de mayo de 2002, el procurador general, Daryl Williams, y el ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Downer, dijeron en una declaración conjunta realizada tras una visita de funcionarios australianos a Guantánamo la semana anterior que «el equipo de investigación ha confirmado que los dos detenidos están recluidos en un lugar seguro y en condiciones humanas». No se comunicaron más detalles sobre las entrevistas. El gobierno ha dicho que ha hecho llegar cartas de ambos hombres a sus respectivas familias en Australia. Los abogados de los detenidos no han tenido acceso a sus clientes a pesar de sus peticiones a tal fin.


En enero de 2002, el presidente Musharraf anunció que todos los estudiantes extranjeros que se hallaran en Pakistán tendrían que obtener aprobación oficial de su estancia en Pakistán para cuando terminara marzo; aquellos que no la obtuvieran serían devueltos a sus países de origen.


El número de estudiantes extranjeros que estudia en madrasas (colegios religiosos) sin permiso para estar en Pakistán puede rondar en torno a los 20.000. El gobierno ha anunciado que serán expulsados en la primera semana de abril si no se han registrado al terminar marzo. A finales de mayo no se tenía noticia de que se hubiesen adoptado medidas concretas para empezar la expulsión.


Aunque Amnistía Internacional reconoce que el gobierno de Pakistán tiene obligación de proteger a sus ciudadanos de posibles ataques, la organización ve con preocupación que muchos de los extranjeros que están estudiando en instituciones religiosas paquistaníes pueden correr peligro de sufrir violaciones de derechos humanos si los devuelven a sus países de origen o los trasladan a Estados Unidos. Entre estas violaciones de derechos humanos cabe mencionar detenciones arbitrarias, juicios carentes de las debidas garantías ante tribunales especiales, tortura y malos tratos en centros de reclusión, la pena de muerte u homicidios ilegales.


5. Recomendaciones de Amnistía Internacional


Amnistía Internacional reconoce que el gobierno de Pakistán tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de delitos violentos. No obstante, al desempeñar esta tarea el gobierno de Pakistán debe atenerse a los derechos fundamentales garantizados por su propia Constitución, respetando su legislación y las normas y tratados internacionales de derechos humanos relativos a la detención, encarcelamiento y extradición. También debe cumplir plenamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario. Los beneficios a corto plazo en la lucha contra el activismo a costa de recortar los derechos fundamentales debilitarán a la larga el Estado de derecho. Amnistía Internacional insta al gobierno de Pakistán a que aplique plenamente las disposiciones relativas a la detención, el encarcelamiento y la extradición de toda persona, incluso de los presuntos miembros de organizaciones «terroristas». El gobierno debe mantener el Estado de derecho bajo cualquier circunstancia y sin discriminación.


Amnistía Internacional insta al gobierno de Pakistán a que:


Ratifique los tratados internacionales de derechos humanos


Amnistía Internacional recomienda al gobierno de Pakistán que demuestre su compromiso con la protección de los derechos humanos ratificando los principales tratados de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


Mientras tanto, Pakistán debe atenerse a las salvaguardias legales nacionales, al derecho internacional consuetudinario y a resoluciones y principios adoptados por organismos internacionales, así como a las recomendaciones de los grupos de trabajo y los relatores especiales de la ONU.


Garantice el pleno cumplimiento de las salvaguardias legales nacionales


El gobierno de Pakistán debe garantizar el pleno cumplimiento por parte de todo el personal encargado de hacer cumplir la ley de las salvaguardias legales recogidas en la Constitución de Pakistán y en el derecho estatutario. El artículo 10 de la Constitución de Pakistán dispone salvaguardias en relación con la detención y el encarcelamiento de personas, como el derecho a que se las «informe, tan pronto como sea posible, de las causas de dicha detención», a «recibir asistencia letrada y a ser defendido por un abogado de su elección» y a comparecer «ante un magistrado en un plazo de 24 horas desde el momento de la detención». También debe observar las salvaguardias legales recogidas en el Código de Procedimiento Penal y en otras normas como la Ley de Extranjería de 1972 (véase supra).


En especial, el gobierno de Pakistán debe garantizar que no se discrimine a aquellas personas detenidas por presunta pertenencia a organizaciones «terroristas» y que disfruten de todos los derechos establecidos en la Constitución de Pakistán, la cual reconoce explícitamente que el derecho a ser tratado de acuerdo con lo dispuesto en la ley, sin estar sujeto a discriminación, es «el derecho inalienable de todo ciudadano paquistaní, dondequiera que esté, y de cualquier otra persona que se encuentre en Pakistán».(73)


Respete los principios acordados internacionalmente para la protección de los derechos humanos


Amnistía Internacional insta al gobierno de Pakistán a que se atenga a los diversos principios acordados internacionalmente sobre la protección de los derechos humanos de los detenidos, como los recogidos en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión(74), las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos(75) y los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados(76).


Según estos principios, el sistema de reclusión debe estar sujeto a normas internacionales de derechos humanos como las siguientes:


• la privación de libertad y el lugar de custodia no deben ser secretos;

• todo detenido debe ser informado de las razones de su detención, así como de sus derechos, en un idioma que comprenda;

• la reclusión en régimen de incomunicación debe prohibirse: todos los detenidos deben tener acceso pronto a un abogado, asignado gratuitamente en caso necesario;

• todo detenido debe tener derecho a comunicarse con su abogado en régimen de confidencialidad;

• todo detenido debe ser presentado ante una autoridad judicial para determinar la necesidad y legalidad de su reclusión, medida que debe estar sujeta a revisión periódica;

• todo detenido debe estar autorizado a impugnar la legalidad de su detención;

• las familias de los detenidos deben recibir noticia de su reclusión y tener acceso a éstos;

• los extranjeros deben recibir todos los medios razonables para comunicarse con representantes de sus gobiernos o una organización internacional apropiada y a recibir visitas de ellos;

• todo detenido debe tener derecho a ser examinado por un médico y, en caso necesario, a recibir atención médica;

• las condiciones de reclusión deben cumplir las normas internacionales;

• todo detenido debe tener derecho a reparación efectiva si su detención es ilegal;

• las personas recluidas sin cargos deben estar separadas de los presos condenados por delitos comunes.


Además, Pakistán debe cumplir principios del derecho internacional consuetudinario, como el principio de no devolución(77), que prohíbe que los Estados devuelvan a ninguna persona a un territorio donde corra riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos. En caso de que las personas se expongan a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a «desapariciones» o ejecuciones extrajudiciales o privación arbitraria del derecho a la vida, la prohibición de devoluciónes absoluta.


Investigue todos los informes de violaciones de derechos humanos con miras a procesar a los responsables


Amnistía Internacional insta al gobierno de Pakistán a que garantice que investiga exhaustivamente y sin dilación toda denuncia sobre abusos contra los derechos humanos a través de un tribunal imparcial e independiente, a fin de hacer responsables de sus delitos a los perpetradores.


No devuelva a ninguna persona a países donde se la pueda condenar a muerte


Amnistía Internacional se opone sin reservas a la pena capital porque supone la negación del derecho a la vida y por considerar que se trata de la sanción más cruel, inhumana y degradante. La organización insta al gobierno a que no entregue a ningún detenido a jurisdicciones en las que se lo pueda condenar a muerte.


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(1) Doc. ONU E/CN.4/2002/L 50/Rev. 1, del 16 de abril de 2002.

(4)

(2) Los derechos, en peligro. Leyes de seguridad y medidas relativas al cumplimiento de la ley: motivos de preocupación de Amnistía Internacional, Índice AI: ACT 30/001/2002/s.

(3) Puede encontrarse un análisis pormenorizado de esta cuestión en el documento tituladoEstados Unidos: Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo, Índice AI: AMR 51/053/2002/s, de abril de 2002. Véase también la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se pide a Estados Unidos que adopte, con carácter urgente, las medidas necesarias para que un tribunal competente determine la situación jurídica de las personas detenidas en Guantánamo.The New York Times, 8 de marzo de 2002.

(5) The New York Times, 6 de marzo de 2002.

(6) The Times, Londres, 17 de abril de 2002. El periódico también recoge las palabras del coronel Zihrat Gul Mangal, jefe del servicio de inteligencia de la alianza en Gardez: «grupos pequeños de Al Qaeda han empezado a abrir fuego tras regresar a Afganistán, que no se liberará de su presencia totalmente mientras tengan un refugio en Pakistán».

(7) BBC, 15 de marzo de 2002, seguimiento a la emisora Radio Voice of Afghanistan, 14 de marzo de 2002.

(8) Por ejemplo, Hamid Nawazkhan, secretario de Defensa de Pakistán, afirmó durante una visita a Azerbaiyán llevada a cabo a mediados de abril de 2002 que le parecía imposible que Bin Laden estuviese en Pakistán, ya que la frontera estaba sellada con absoluta eficacia. Igualmente, The Washington Timescitó en su ejemplar del 26 de marzo de 2002 al ministro de Asuntos Exteriores, Abdul Sattar, según el cual toda la frontera está sellada sin fisuras.

(9) Reuters, 27 de marzo de 2002.

(10) Las Zonas Tribales bajo Administración Federal, también conocidas como agencias tribales, gozan de una condición de casi plena autonomía; están gobernadas por un Agente Político que trabaja directamente bajo el control del gobierno federal. No se rigen por el sistema de justicia penal de Pakistán, sino que tienen su propio sistema, establecido en el Reglamento sobre Delitos Fronterizos, de 1901.

(11) M.A. Niazi, analista citado por la agencia de prensa AFP, 3 de abril de 2002.

(12) Reuters, 26 y 27 de marzo de 2002.

(13) Reuters, 26 de marzo de 2002.

(14) The New York Times, 20 de marzo de 2002. El general Tomy Franks, comandante en jefe del Mando Central estadounidense, dijo que nunca había hablado con el presidente Musharraf de la posibilidad de que tropas estadounidenses entraran en Pakistán en busca de combatientes de Al Qaeda, pero añadió que «la relación que tenemos con Pakistán no excluye ninguna posibilidad». The News, 30 de marzo de 2002.

(15) The New York Times, 24 de abril de 2002.

(16) The Washington Times, 26 de marzo de 2002.

(19)

(17) Dawn, 29 de marzo de 2002.

(18) The News, 16 de abril, y AFP, 15 de abril de 2002; Khan también dijo que Estados Unidos no había solicitado dicho permiso y que «no se lo concederemos», Reuters, 27 de marzo de 2002. AFP, 1 de mayo de 2002.

(20) AFP, 1 de mayo de 2002.

(21) Un ataque con misiles contra un complejo de edificios gubernamental efectuado en Miran Shah el 1 de mayo pudo tener como objetivo a decenas de agentes estadounidenses que, según fuentes, se alojaban allí en aquellos momentos; ninguna organización reclamó la autoría del ataque y la administración local negó que hubiese personal estadounidense en Miran Shah. Sin embargo, según informes, los habitantes de esta localidad dijeron que llevaban varias semanas allí. También afirmaron haber recibido folletos de un grupo hasta ahora desconocido, los muyahidines del norte de Waziristán, que amenazaban a los habitantes de la localidad a que se atuvieran a consecuencias muy graves si colaboraban con las operaciones dirigidas por Estados Unidos en la zona (AFP, 1 de mayo de 2002).

(22) Reuters, 1 de mayo de 2002.

(23) The New York Times,27 de abril de 2002.

(24) Reuters, 27 de marzo de 2002.

(25) El artículo10 de la Constitución dice que: «1. Ningún detenido permanecerá bajo custodia sin que se lo informe, tan pronto como sea posible, de las causas de dicha detención, ni verá denegado su derecho a recibir asistencia letrada y a que lo defienda un abogado de su elección; 2. Todo detenido puesto bajo custodia será presentado ante un juez en un plazo de 24 horas desde el momento de la detención, sin contar el tiempo necesario para trasladarlo desde el lugar de detención al tribunal del juez más cercano, y nadie permanecerá bajo custodia durante un periodo superior sin que así lo autorice un juez.»


(26) La sección 167.2 del Código de Procedimiento Penal establece la autoridad del juez para dictar autos de prisión preventiva: «El juez ante el que se presenta a la persona acusada [...] puede [...] autorizar de tanto en tanto que se ponga al detenido bajo custodia, según estime apropiado, durante un periodo que no exceda los 15 días en total.»

(27) Véase el artículo 10 de la Constitución de Pakistán.

(28) El artículo 4.1 de la Constitución de Pakistán dice: «Disfrutar de la protección que ofrece la ley y recibir un trato de acuerdo con ésta es el derecho inalienable de todo ciudadano paquistaní, dondequiera que esté, y de cualquier otra persona que se encuentre en Pakistán.»

(29) La sección 40 del Reglamento sobre Delitos Fronterizos establece: «1. Si el comisionado o el comisionado adjunto consideran necesario pedir a una persona que, como muestra de buen comportamiento o para mantener la paz, según proceda, deposite una fianza para evitar que se cometan asesinatos, homicidios culposos que no constituyan asesinato o que se extienda la sedición, podrá pedir que deposite dicha fianza, con o sin garantes, como muestra de buen comportamiento o para mantener la paz, según proceda, durante un tiempo no superior a tres años, [...] según estipule el comisionado o el comisionado adjunto.» La sección 44 dispone el encarcelamiento por falta de garantía: «1. Si una persona a la que se le ha ordenado que deposite una garantía en virtud de la sección 40 [...] no ha presentado dicha garantía el día previsto, será encarcelado...». La sección 45 establece que las personas encarceladas por no haber depositado una garantía quedarán en libertad al cabo de tres años, aunque, en virtud de la sección 46, el encarcelamiento puede prolongarse tres años más.

(30) Amnistía Internacional no ha podido averiguar por qué el escrito alude a 145 de los 358 paquistaníes, todos ellos detenidos en circunstancias parecidas.

(31) A continuación, alrededor de 358 paquistaníes detenidos en la Prisión Central de Peshawar presentaron una solicitud escrita al presidente Musharraf, en la que explicaban que habían ido a Afganistán tras haber comenzado Estados Unidos sus actuaciones militares en aquel país, para luchar de parte de los talibanes. Afirmaron que habían sido detenidos por tropas de la Alianza del Norteen Afganistán y que los habían torturado mientras estaban bajo custodia en distintas partes del país. El 14 de diciembre de 2001, se entregó a 110 presos paquistaníes al Agente Político de Torkham y luego se embarcó a otros 90 detenidos, trasladados de Bagram a Kandahar y de allí a Peshawar con destino final a Haripur. Agentes políticos detuvieron a muchas otras personas en zonas tribales, individualmente o en grupos pequeños, a las cuales entregaron a la prisión de Haripur. La solicitud dice que permanecieron recluidos un primer periodo de tres meses, en virtud de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público, que prevé la detención administrativa, y que luego les indicaron que estaban detenidos de conformidad con el Reglamento sobre Delitos Fronterizos. Los 358 detenidos, entre los que se cuentan niños de 13 años y ancianos de 90, alegan en su escrito que «antes de la caída de los talibanes, Pakistán [...] proporcionó todo tipo de cooperación diplomática y moral a los talibanes» y que, para ellos, alentados por los llamamientos de los medios de comunicación y de dirigentes políticos y religiosos, «defender el gobierno talibán era, en realidad, defender a Pakistán». Los detenidos quisieron garantizar que no habían trabajado para ninguna organización islamista, ni tenían intención de hacerlo, y solicitaban que les concedieran un indulto que los dejara en libertad. Según el ejemplar del 21 de mayo del periódico Jang, el presidente Musharraf había ordenado al Ministerio del Interior que se excarcelara «pronto» a 270 de los detenidos, mientras que los demás permanecerían bajo custodia para ser interrogados. El periódico citaba fuentes pertenecientes al gobierno federal, según las cuales, una vez terminados los interrogatorios, si los agentes que los realizaban quedaban satisfechos, también estos 270 quedarían en libertad.

(32) Dawn, 23 de enero de 2002.

(33) The New York Times, 8 de marzo de 2002.

(34) Comunicados del Departamento de Defensa, 9 de abril de 2002.

(35) Ahmed Omar Sheikh, nacido en el Reino Unido y sospechoso del secuestro y asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl a principios de 2002, es la única persona cuya extradición ha sido solicitada públicamente por Estados Unidos en las últimas fechas. El gobierno paquistaní se ha negado a entregárselo de inmediato, pero ha accedido a hacerlo cuando terminen la investigación y el juicio ante un tribunal paquistaní. Autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de Ahmed Omar Sheikh a finales de noviembre de 2001, tras ser acusado por un «gran jurado» por su participación en 1994 en el secuestro de tres ciudadanos británicos y un estadounidense en la India. Fue detenido por las autoridades de la India, pero quedó en libertad en un intercambio de presos y rehenes durante el secuestro en 1999 de un avión de Indian Airlines. Se desconoce si Estados Unidos ha acusado a otros implicados en el secuestro.

(36) La sección 9 del tratado dice: «sólo se procederá a la extradición si existen pruebas suficientes, de acuerdo con la legislación de la alta parte contratante, ya se aplique a justificar el procesamiento del recluso, en caso de que se haya cometido un delito penal en el territorio de dicha alta parte contratante, o [...]».

(37) El gobierno estadounidense ha ignorado las normas de protección sobre extradición en connivencia con varios otros países además de Pakistán. Agentes estadounidenses detuvieron a seis argelinos en Bosnia-Herzegovina el 18 de enero de 2002, en contra de una orden de la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia-Herzegovina. La Cámara, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de Bosnia, había ordenado que no se devolviera a cuatro de los argelinos mientras no se alcanzara una decisión definitiva sobre el caso. La detención de Estados Unidos parece estar al margen de la legislación bosnia e internacional. El Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina (Acuerdo de Dayton) confiere autoridad a la Cámara de Derechos Humanos para emitir decisiones vinculantes para ambas entidades y para las autoridades estatales de Bosnia-Herzegovina. La decisión de las autoridades bosnias de poner a los detenidos bajo custodia estadounidense desoye la orden de la Cámara y debilita el respeto hacia esta institución, así como a las normas internacionales de derechos humanos. Véase Bosnia-Herzegovina: Letter to the US Ambassador regarding six Algerian men, de 18 de enero de 2002, Índice AI: EUR 63/003/2002*; Bosnia-Herzegovina: Transfer of six Algerian men to US custody puts them at risk, Índice AI: EUR, 63/001/2002*, de 17 de enero de 2002.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Sarajevo el 22 de enero de 2002, Madeleine Rees, representante en Bosnia-Herzegovina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, describió el caso de los argelinos como «retirada extrajudicial de un territorio soberano». Afirmó que «resumiendo, lo que nos preocupa es que en el proceso se vulneró claramente el Estado de derecho. No había base legal alguna para que el Ministerio del Interior pudiera sacar a estas personas de la cárcel. Por consiguiente, da la impresión de que se trató de una detención y reclusión arbitraria. Y esta misma acusación se imputaría a quienes los recibieron de manos de las autoridades bosnias». (De una conferencia de prensa conjunta de la OTAN/SFOR, celebrada el 22 de enero de 2002 en Sarajevo.)

Si desean información sobre el historial de violaciones del Estado de derecho por parte de Estados Unidos por incumplimiento de las normas de protección sobre extradición, consulten el informe titulado Que no se envíe a nadie a la ejecución: La pena de muerte en Estados Unidos como barrera frente a la extradición, Índice AI: AMR 51/171/2001/s, de noviembre de 2001.

(38) Véase nota al pie número 3.

(39) AFP, 7 de noviembre de 2001. Aziz Ahmed Khan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo: «cualquier país anfitrión puede pedir a una representación diplomática que ponga fin a sus críticas y propaganda contra un tercer país que tiene buenas relaciones con el país anfitrið3n».

(40) AFP, 5 de enero de 2002.

(41) The Frontier Post, 1 de enero de 2002. El periódico también afirmó que la solicitud de asilo del dirigente talibán había sido rechazada debido a presiones de Estados Unidos, así como para evitar una oleada de solicitudes de asilo de otros dirigentes pastunes afganos que habían apoyado a los talibanes.

(42) AFP, 6 y 7 de enero de 2002.

(43) AFP, 6 de enero de 2002.

(44) AFP, 6 de enero de 2002.

(45) Reuters, 5 de enero de 2002.

(48)

(46) AFP, 26 de febrero de 2002.

(47) Ya existen precedentes de detenidos paquistaníes entregados a Estados Unidos sin recurrir a procedimientos de extradición. El 15 de junio de 1997, tres agentes del FBI detuvieron a Mir Aimal Kasi en la habitación de un hotel de Dera Ghazi Khan, en la provincia de Punyab. Tenía una orden de búsqueda en su contra en relación con el asesinato de dos empleados de la Agencia Central de Información estadounidense (Central Intelligence Agency, CIA), abatidos a tiros en 1993 fuera de la sede de la CIA en Virginia. Los agentes del FBI se llevaron a Kasi esposado, amordazado y con una capucha tapándole la cabeza. Lo trasladaron en avión a otra localidad en Pakistán, donde permaneció detenido durante las siguientes 48 horas en un «centro de detención», bajo custodia paquistaní técnicamente, pero siempre en presencia del FBI. El 17 de junio, quedó «libre» para pasar a custodia del FBI y lo llevaron en avión a Virginia. Durante el vuelo de 12 horas, en el que no se le recordó su derecho a solicitar ayuda consular, según exige el derecho internacional, Mir Aimal Kasi firmó una declaración en la que reconocía su implicación en los hechos de 1993. En febrero de 1998, un jurado compuesto en su totalidad por personas de raza blanca lo halló culpable y lo condenó a muerte. En noviembre de 1998, el Tribunal Supremo de Virginia confirmó la condena de muerte de Kasi. Señaló que el fiscal de Virginia había reconocido que los agentes del FBI «no tenían jurisdicción para actuar en Pakistán» y que no llevaron a Kasi «ante una autoridad judicial [...] hasta que llegó a Estados Unidos». Aun así, rechazó el argumento de que su secuestro hubiese violado el tratado de extradición pertinente, afirmando que, a falta de un tratado bilateral de extradición, podía aplicarse el tratado entre Estados Unidos y el ex poder colonial, el Reino Unido.Secciones 302, 307, 324, 323, 335, 402 (B) y © del Código Penal de Pakistán, secciones 12A y 12D de la Ordenanza sobre Armas de Pakistán, de 1965, y secciones 4 y 5 de la Ley sobre Elementos Explosivos, de 1908.

(49) Dijo: «[Safarini] fue declarado culpable y condenado a muerte. Sin embargo, sólo ha cumplido 14 años en prisión. Pues bien: nosotros lo detuvimos, lo atrapamos, lo trajimos a Alaska y, hoy, Estados Unidos de América lo acusará de asesinato».

(50) Según informes, la Junta de Revisión del Tribunal Supremo, que estudia la cuestión de su lugar de internamiento, está considerando en la actualidad distintas opciones para los cuatro detenidos que ya han cumplido su condena y deben quedar en libertad. Entre las opciones estudiadas cabe mencionar las siguientes: otorgarles ciudadanía paquistaní a los cuatro, lo que no parece aplicable, dado que entraron en Pakistán de forma ilegal; solicitar ayuda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los efectos de su reasentamiento, aunque este órgano carece de competencia en este tipo de casos; o darles permisos de residencia y de trabajo en virtud de la Ley de Extranjería, de acuerdo con la modificación de julio de 2000 (Ordenanza 25 del año 2000). La nacionalidad de los detenidos se ha convertido, entre tanto, en una cuestión controvertida en este sentido, las autoridades palestinas parecen negarse a otorgarles la nacionalidad de su país y tampoco les han proporcionado documentos de viaje con los que puedan volver a sus casas. En la demanda constitucional presentada en nombre de los detenidos se argumenta que el hecho de que un miembro de la embajada palestina en Pakistán acompañara a agentes del FBI a la prisión de Adiala en septiembre de 2001, cuando éstos les hicieron fotografías y les tomaron las huellas dactilares, indica que tanto el representante palestino como las autoridades estadounidenses los consideran palestinos. Pero, según informes, el embajador palestino en Pakistán, Ahmad Abdul Razzaq, ha declarado que los detenidos no tenían ciudadanía palestina, ya que se habían colado en Pakistán con pasaportes sirios y jordanos; además, afirmó que la embajada no podía proporcionar documentos de viaje a ninguna persona que se hallara fuera de la jurisdicción territorial de la Autoridad Palestina. Los detenidos han manifestado reiteradamente que son palestinos y que en el primer juzgado también se los trató como a palestinos «que luchaban por la causa para liberar su territorio de [...] los israelíes» y para liberar a otros palestinos encarcelados. Los detenidos presentaron una declaración de 17 páginas al juzgado —que se incluye en los párrafos 76 y 77 de la sentencia— donde manifestaron su identidad palestina.

(51) Al Jazair puede hacer referencia a Argelia. La solicitud no es clara en este punto.

(52) Durante varias vistas en el Tribunal Superior de Peshawar, se discutieron argumentos de peso en contra de la legalidad de la detención; según informes, el procurador general provincial alegó que el ejército paquistaní había detenido a los 57 hombres tras colarse en territorio paquistaní. Según informes, la intención del ejército había sido la de devolverlos a Afganistán, pero en el transcurso de un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, seis reclutas tribales, un soldado del ejército y unos 10 árabes habían resultado muertos. Según informes, el ejército detuvo entonces al resto de los extranjeros y enterró a los fallecidos cerca de Parachinar. Los medios de comunicación de Pakistán no han informado de tal enfrentamiento ni han confirmado la fecha ni el lugar donde tuvieron lugar los hechos. Además, no se han presentado cargos en relación con la muerte de los siete primeros fallecidos ni se ha juzgado a ninguno de los reclusos de Kohat por las muertes. Según informes, el procurador general también alegó que los detenidos estaban bajo custodia del ejército, ya que habían violado la seguridad de Pakistán y habían intentado cometer actos «terroristas» en Pakistán; por este motivo, el juzgado no tenía jurisdicción para cuestionar su detención. En la vista celebrada el 28 de marzo de 2002, el abogado que representó la causa ante el tribunal alegó que si los detenidos habían entrado en Pakistán ilegalmente, debían ser acusados y juzgados en virtud de la Ley de Extranjería; también puso en tela de juicio que los detenidos siguieran bajo custodia del ejército. Según informes, el procurador general respondió que los habían expulsado y que ya no estaban bajo custodia del ejército.

(53) AFP, 20 de enero de 2002.

(54) Por ejemplo, el periódico urdu Jang, 30 de marzo de 2002.

(55) Según informes, hay unos 6.000 palestinos detenidos bajo custodia afgana; de acuerdo con algunos informes, entre los detenidos hay varias decenas de miembros del servicio de información militar de Pakistán. El gobierno paquistaní ha negado tales informes.

(56) Associated Press, 12 de abril de 2002.

(57) Algunos periódicos locales y distintos partidos políticos han criticado la presencia y participación del FBI. Por ejemplo, el 31 de marzo de 2002, el periódico Pakistan Tehrik-e-Insafcriticó la creciente implicación de agentes de seguridad estadounidenses en asuntos internos, que, dijo, no tenía precedentes. En el editorial del ejemplar de abril, la revista informativa Heralddijo: «es innegable que hay que tomar medidas terminantes contra el terrorismo y, a tal fin, no se puede cuestionar la alianza de Pakistán con Estados Unidos. Sin embargo, la línea entre la ayuda y la subordinación es muy delgada». Tras las detenciones realizadas a finales de marzo, el gobernador de Punyab, Khalid Maqbool, dijo a la prensa en Lahore que el significado tradicional de soberanía había cambiado; que la humanidad se estaba enfrentando a problemas como el terrorismo, que trascienden las fronteras nacionales, y que en este mundo abierto e interdependiente hacía falta compartir la información y actuar conjuntamente para comprobarla. Lo cual no afectaba a la soberanía nacional, precisó.

(58) Reuters, 2 de abril de 2002.

(59) Reuters, 29 de marzo de 2002.

(60) Reuters, 3 de abril de 2002.

(61) Pakistan TV, 29 de marzo de 2002, también Dawn, 30 de marzo de 2002.

(62) Dawn, 8 de abril, y The News, 30 de marzo y 3 de abril de 2002. El ejemplar del periódico The Newsdel 1 de abril informó de que, de acuerdo con agentes anónimos del servicio de información, 20 presuntos miembros árabes de Al Qaeda habían sido entregados a las autoridades estadounidenses, y de que, probablemente, los enviarían a Guantánamo en breve.

(63) AFP, 31 de marzo de 2002.

(64) The News, 3 de abril de 2002.

(65) Reuters, 12 de abril de 2002. En este contexto, volvió a plantearse la cuestión del traslado de detenidos a otros países en los que podrían torturarlos para extraerles información, medidas contra las que existen salvaguardias más rigurosas en Estados Unidos. Con anterioridad se había alegado que había cárceles «egipcias y jordanas que habían recibido recientemente decenas de presos árabes pertenecientes a la organización Al Qaeda, después de que Estados Unidos decidió trasladarlos de Afganistán» (BBC, extracto de un informe aparecido el 1 de abril de 2002 en el semanario jordano Al-Majd. Al preguntarle si excluía la posibilidad de que Abu Zubaydah, «aun estando bajo custodia estadounidense», fuese interrogado en un país distinto a Afganistán, Pakistán o Estados Unidos, el secretario de Defensa dijo: «no voy a descartar ésta, aquélla ni cualquier otra posibilidad». (Comunicado del Departmento de Defensa, 3 de abril de 2002.)

(67)

(66) «Estos informes son falsos —dijo a la prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Aziz Ahmed Khan, el 1 de abril—. Cuando se vaya a tomar alguna medida sobre esta clase de actuación, informaremos al respecto.» Luego añadió que los detenidos estaban bajo custodia paquistaní y que los estaban interrogando autoridades paquistaníes. Reutersy AFP, 1 de abril de 2002. Por ejemplo, el 3 de abril de 2002, el general de brigada Cheema aseguró que no se había entregado a Estados Unidos a ninguno de los detenidos y que, de hecho, todavía se los estaba investigando a todos en Pakistán. El 9 de abril, el ministro del Interior, Moinuddin Haider, insistió en que Pakistán no había entregado a Estados Unidos a los presuntos miembros de Al Qaeda; dijo que las personas detenidas en las últimas semanas estaban siendo investigadas y que el gobierno no había decidido todavía si debían entregarlas a Estados Unidos. Preguntado sobre la suerte de Abu Zubaydah, respondió a los periodistas que no sabía los detalles del caso, ya que había estado fuera del país. (The Frontier Post, 9 de abril de 2002.)

(68) Véase: People’s Republic of China: China’s anti-terrorism legislation and repression in the Xinjiang Uighur Autonomous Region, Índice AI: ASA 17/010/2002.*

(69) Véase Acción Urgente de Amnistía Internacional, Índice AI: ASA 31/033/2002/s.

(70) AFP, 22 de diciembre de 2001.

(71) Véase Acción Urgente de Amnistía Internacional, Índice AI: ASA 33/011/2002/s.

(72) Khuzdar se encuentra a unos 250 kilómetros de la frontera afgana.

(73) Artículo 4.1.

(74) Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988.

(75) Adoptadas en el Primer Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobado por el Consejo Económico y Social en su Resolución 663 C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y en la 2076 (LXII) de 13 de marzo de 1977.

(76) Adoptados por el Octavo Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1990.

(77) El principio de no devolución ha sido reafirmado recientemente como parte del derecho internacional consuetudinario en la Declaración de los Estados Partes de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, del 13 de diciembre de 2001, que en el apartado núm.4 de su preámbulo dice: «Nosotros, [...] [a]ceptando la continua relevancia y adaptabilidad de este régimen internacional de derechos y principios, centrado en el principio de no devolución (non-refoulement) cuya aplicabilidad se inserta en el derecho consuetudinario internacional, [...]».

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