AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: ASA 25/004/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 233/03

10 de octubre de 2003

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA250042003

Corea del Sur

La revisión del Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo hace temer que aumenten los abusos contra los derechos humanos

A Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales el gobierno de Corea del Sur va a presentar y someter a votación una versión revisada del Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo en octubre de 2003.

Amnistía Internacional reconoce que el gobierno surcoreano tiene el derecho y el deber de proteger los derechos y la seguridad de las personas que viven en su territorio, pero cualquier ley o actuación que se adopte y aplique debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional pide al gobierno surcoreano que se asegure de que el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo y otras medidas de seguridad nacional se ajustan plenamente a las normas internacionales de derechos humanos.

La organización expresa su satisfacción por la retirada de las disposiciones existentes en el proyecto de ley original que ampliaban el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Amnistía Internacional había manifestado la honda preocupación que le producía este aspecto del proyecto en su informe de abril de 2002 titulado Republic of Korea: Terrorism Prevention Bill: Granting greater scope for human rights violations, (ASA 25/003/2002).

Sin embargo, a la organización le sigue preocupando el hecho de que varias disposiciones del proyecto de ley revisado favorecen el aumento de las violaciones de derechos humanos. En su estado actual, el proyecto de ley tiene disposiciones que podrían incrementar los poderes del Servicio Nacional de Información del Estado, hermético organismo acerca del cual Amnistía Internacional ha expresado preocupación por su responsabilidad en algunas de las violaciones de derechos humanos más graves. Por ejemplo, el artículo 4 del proyecto dispone la creación de un Centro de Lucha contra el Terrorismo “bajo las órdenes del director del Servicio Nacional de Información del Estado”. Entre los defensores de los derechos humanos en Corea del Sur preocupa que este centro se cree como parte del Servicio Nacional de Información e incremente las posibilidades de que este organismo cometa mayores violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional pide al gobierno surcoreano que evite la promulgación de cualquier ley que otorgue más poderes a una organización como el Servicio Nacional de Información, pues esto podría aumentar la posibilidad de que se cometan violaciones de derechos humanos.

A Amnistía Internacional también le preocupa que el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo parece negar el derecho a solicitar asilo de quienes no tienen ciudadanía surcoreana sospechosos de “terrorismo”. El artículo 8 del proyecto revisado faculta al jefe del Centro de Lucha contra el Terrorismo para pedir la expulsión de ciudadanos extranjeros sin que se estudien sus peticiones de asilo a través de procedimientos justos y satisfactorios. El Centro de Lucha contra el Terrorismo está bajo el mando del Servicio Nacional de Información, lo cual multiplica el poder de este organismo a la hora de recomendar la deportación de ciudadanos extranjeros. Esta disposición aumenta el riesgo de devolución, una vulneración de la obligación de no devolver a nadie a un país donde pueda sufrir graves abusos contra los derechos humanos, como torturas o pena de muerte. Dicha obligación está reflejada en la Convención sobre los Refugiados de 1951 y la Convención contra la Tortura, ambas de las Naciones Unidas, y Corea del Sur es Estado Parte en ambos tratados. Amnistía Internacional insta al gobierno surcoreano a que se asegure de que la legislación nacional sobre seguridad, incluido el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo, no socava el derecho de los ciudadanos no surcoreanos a pedir asilo, y que los solicitantes de asilo no son expulsados sin que sus peticiones de protección se evalúen a través de procedimientos justos y satisfactorios.

A Amnistía Internacional también le preocupa la imprecisa redacción de algunas cláusulas del proyecto de ley, como el artículo 13, que se ocupa de las informaciones falsas o de la difusión de información incorrecta sobre el terrorismo. Si bien la organización reconoce que tal vez sea necesario tomar medidas contra las falsas informaciones, le preocupan las pocas salvaguardias en caso de informaciones falsas a causa de verdaderos errores o difundidas por personas con problemas mentales. A Amnistía Internacional también le preocupa que el artículo 13 sea utilizado para aumentar la vigilancia de los activistas políticos y el control gubernamental de los medios de comunicación que utilizan los activistas y la sociedad civil en general, lo cual aumentaría el potencial de abusos contra los derechos humanos.

El proyecto de ley, en su forma actual, ha causado profunda preocupación en la comunidad de derechos humanos de Corea del Sur. Contiene disposiciones que contravienen directamente tratados internacionales de derechos humanos en los que el país es Estado Parte. Al mismo tiempo, muchas de sus disposiciones parecen propiciar abiertamente los abusos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sin que haya salvaguardias adecuadas contra tales abusos.

Información general

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el Servicio Nacional de Información anunció el 12 de noviembre de ese mismo año que el gobierno surcoreano aprobaría el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo. Según el gobierno, esta ley estaba justificada como medida para aumentar la seguridad durante los mundiales de fútbol de junio de 2002 y los juegos asiáticos de septiembre de 2002. Sin embargo, en abril de 2002, no consiguió el número de votos necesarios para aprobar la ley en la Asamblea Nacional. En aquel momento, unas 90 ONG expresaron su preocupación por el proyecto de ley, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que las circunstancias que el gobierno aducía para justificarlo no existían. Y siguen sin existir.

Amnistía Internacional siempre ha expresado su preocupación por el Servicio Nacional de Información, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos en virtud de leyes de seguridad nacional, como la Ley de Seguridad Nacional (en vigor desde diciembre de 1948). En 1999, Amnistía Internacional pidió al gobierno surcoreano que frenara “los abusos de la agencia de información, responsable de algunas de las violaciones de derechos humanos más graves cometidas en Corea del Sur, como la tortura de sospechosos políticos”. En un informe de 1998 (Índice AI: ASA 25/022/1998), Amnistía Internacional pidió la excarcelación de al menos 15 presos políticos que llevaban largo tiempo encarcelados, declarados culpables en juicios injustos de cargos presentados por motivos políticos durante la década de los setenta y los ochenta. La mayoría de ellos estaban condenados a cadena perpetua en virtud de la Ley de Seguridad Nacional por espiar para Corea del Norte. La organización afirmaba entonces: “Sus casos siguen una pauta de aprehensión ilegal, detención en régimen de incomunicación, tortura y confesiones bajo coacción, en la mayoría de los casos a manos de la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional (recientemente rebautizada como Servicio Nacional de Información)”. En un informe de 1997 (Índice AI: ASA 25/023/1997), Amnistía Internacional citaba las declaraciones de una de las víctimas de la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional, Hwang Tae-kwon, ex preso de conciencia: “Tras 60 días de tortura y golpes en los sótanos de la Agencia y después de tres años de estar encarcelado por un delito que no cometí, durante los cuales mi voz se silenció, espero que mi historia haga salir a la luz los crímenes de los que fui víctima a manos de los poderes fácticos para hacerme ‘confesar’”.

Documento público

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