Document - Japan: "Will this day be my last?" The death penalty in Japan


[Embargado hasta el 7 de julio de 2006 ]Público


Amnistía Internacional

"¿Será éste mi último día?"

La pena de muerte en Japón


Resumen

Índice AI: ASA 22/006/2006



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA220062006

Unos 87 presos permanecen en la actualidad condenados a muerte en Japón. La última ejecución tuvo lugar el 16 de septiembre de 2005, cuando Kitagawa Susumu fue ahorcado por orden del ministro de Justicia por dos asesinatos cometidos en la década de 1980. Desde el año 2000 se ha ejecutado a 11 presos.


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, pues considera que es una vulneración del derecho a la vida y el máximo castigo cruel, inhumano y degradante. En los últimos años se ha registrado una marcada tendencia internacional en contra del uso de la pena de muerte. En total, 125 países de diferentes regiones de todo el mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.


Amnistía Internacional continúa albergando esperanzas de que en 2006 Japón adopte medidas en consonancia con la fuerte tendencia internacional en contra del uso de la pena capital y la elimine. Declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Sugiura Seiken, tras su nombramiento en 2005, en las que expresó su oposición personal a la pena de muerte, alentaron estas esperanzas.


En este informe se examinan varios motivos de preocupación sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón. Entre ellos figura el hecho de que, según las prácticas actuales, a los presos no se les notifica su ejecución hasta la mañana del día en que va a llevarse a cabo. En algunos casos ni siquiera se les notifica. Esta circunstancia comporta que los presos vivan con el constante temor a ser ejecutados, sin que sepan si van a estar vivos al día siguiente.


Además, la mayoría de los presos condenados a muerte en Japón se ven obligados a pasar el tiempo que les queda de vida en unas condiciones que equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes y que contravienen los tratados internacionales suscritos por Japón. En Japón hay varios presos muy ancianos condenados a muerte. Okunishi Masaru (condenado a muerte por envenenar a cinco mujeres en 1961) tiene ahora 80 años. El preso de mayor edad condenado a muerte es Tomizo Ishida, de 85 años.


Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, a la organización le preocupa que personas con discapacidad mental –permanente o temporal– estén en espera de ser ejecutadas en Japón. La organización alberga también el temor de que las condiciones de reclusión de las personas condenadas a muerte sean perjudiciales para su salud mental. Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que garantice que no se imponen ni se aplican penas de muerte a personas con discapacidad mental grave, con independencia de que sufrieran ya la enfermedad mental en el momento de cometer el delito o de que ésta apareciera después.

Además, en este informe Amnistía Internacional pone de relieve motivos de preocupación concretos relacionados con el uso del sistema de detención preventiva denominado daiyo kangoku.(1) La organización teme que este sistema agrave el riesgo de que se produzcan fallos injustos. Al ser objeto de interrogatorios prolongados, amenazas y actos de violencia y al no permitírseles el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios, muchos sospechosos "confiesan" delitos que no han cometido. Cuando se utiliza junto con la pena de muerte –un castigo irreversible–, el daiyo kangokuaumenta de manera sustancial el peligro siempre presente de que el Estado asesine judicialmente a una persona inocente.


La utilización de "pruebas" obtenidas de esta manera pone en ridículo el sistema de justicia penal japonés; desacredita el principio más fundamental de un juicio justo: la presunción de inocencia de una persona hasta y a menos que se demuestre su culpabilidad.


A Amnistía Internacional le preocupa también que la aplicación de la pena de muerte en Japón esté rodeada de secretismo. La organización considera que este secretismo es en la práctica una política oficial, cuya legalidad las autoridades defienden de forma explícita. Una de las razones esgrimidas para no proporcionar información es el deseo de respetar la privacidad de los presos que están en espera de ser ejecutados. Sin embargo, este punto de vista no explica ni justifica el motivo por el cual se niega información crucial a esa misma persona cuyo derecho a la privacidad se invoca, como la fecha de su muerte.


Amnistía Internacional considera que sólo podrá tener lugar un debate público con conocimiento de causa sobre el sistema de la pena de muerte cuando exista transparencia sobre la aplicación de este castigo. Las autoridades japonesas no pueden afirmar que la opinión pública apoya la continuación del uso de la pena de muerte y al mismo tiempo ocultar información crucial sobre el alcance y los motivos de su aplicación.


Al poner de relieve sus motivos de preocupación sobre la persistencia de la pena de muerte en Japón, Amnistía Internacional trata de llamar la atención de las autoridades sobre las deficiencias del sistema de justicia penal y les insta a que pongan fin a las violaciones de derechos humanos que el Estado perpetra o facilita. Entre estas violaciones se encuentra la vulneración del derecho de toda persona a unas condiciones de reclusión dignas, a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a un juicio justo conforme a las normas internacionales. Estos derechos están protegidos por los instrumentos jurídicos internacionales en los que Japón es Estado Parte. Con el fin de garantizar la plena protección del derecho de una persona a la vida y a no ser objeto de penas crueles, inhumanas y degradantes, Amnistía Internacional pide al gobierno japonés que elimine urgentemente la pena de muerte.


Los sucesivos gobiernos japoneses no han acometido un debate parlamentario sobre la pena de muerte. Los ministros de Justicia han señalado también que el papel del gobierno en relación con la pena capital era administrar su uso, pero no intervenir en el debate sobre esta cuestión. Amnistía Internacional insta al actual gobierno a que preste atención a los motivos de preocupación planteados por activistas en Japón, grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones como la ONU y el Consejo de Europa, que han criticado el modo como se aplica la pena de muerte en Japón. El gobierno tiene la obligación de iniciar un debate público y parlamentario informado sobre el empleo de la pena de muerte, lo que comporta a su vez el fin del secretismo que rodea las ejecuciones en Japón.


Este texto resume el documento titulado "¿Será éste mi último día": La pena de muerte en Japón(Índice AI: ASA 22/006/2006), publicado por Amnistía Internacional en julio de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España







[Embargado hasta el 7 de julio de 2006 ]

Público

Amnistía Internacional



"¿Será éste mi último día?"

La pena de muerte en Japón













Índice



1. Introducción 1

2. La aplicación de la pena de muerte en Japón 2

2.1. El secretismo que rodea la aplicación de la pena de muerte 2

2.2. En espera de la muerte: Ancianos condenados a muerte 5

2.3. La ejecución de personas con discapacidad mental 7

2.3.1. La intervención de profesionales de la medicina en las ejecuciones 9

3. Condiciones de reclusión de los condenados a muerte 10

4. Detención preventiva: el riesgo de abusos, confesiones bajo coacción y declaraciones de culpabilidad dudosas 13

4.1. El peligro siempre presente de ejecutar a un inocente 13

4.2. El sistema "daiyo kangoku": un terreno abonado para violaciones de derechos humanos 14

4.2.1. El acceso a asistencia letrada en la ley y en la práctica 15

4.2.2. Riesgo de tortura y malos tratos y de confesiones bajo coacción 16

5. Ejecuciones: una respuesta errónea a la delincuencia violenta 19

6. Historia del movimiento abolicionista en Japón 20

7. La tendencia mundial a favor de la abolición de la pena de muerte 21

8. Conclusión y recomendaciones 23







"¿Será éste mi último día?"

La pena de muerte en Japón


La vida es preciosa. Una vida humana vale más que toda la tierra. La pena de muerte es sin duda el peor de los castigos. Es la pena máxima y es de hecho irrevocable. La razón estriba simplemente en que comporta la privación eterna de la vida, la fuente de una existencia humana digna.

Extracto de una decisión del Tribunal Supremo de Japón, 12 de marzo de 1948(2)


1. Introducción

Al menos 87 presos permanecen en la actualidad condenados a muerte en Japón. La última ejecución tuvo lugar el 16 de septiembre de 2005, cuando Kitagawa Susumu fue ahorcado por dos asesinatos cometidos en la década de 1980. Desde el año 2000 se ha ejecutado a 11 presos. En sus respectivas causas, el proceso de apelación se prolongó entre 10 y 16 años. Sin embargo, otros presos llevan condenados a muerte desde la década de 1960 y sus causas se encuentran todavía en proceso de apelación.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, pues considera que es una vulneración del derecho a la vida y el máximo castigo cruel, inhumano y degradante. La organización continúa albergando esperanzas de que en 2006 Japón adopte medidas en consonancia con la fuerte tendencia internacional en contra del uso de la pena capital y la elimine. Declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Sugiura Seiken, tras su nombramiento en 2005, alentaron estas esperanzas. Según los informes, durante una conferencia de prensa celebrada el 31 de octubre de 2005, manifestó:

Desde el punto de vista de una teoría de las civilizaciones y desde una perspectiva a largo plazo, considero que la tendencia general será hacia la abolición [de la pena de muerte]. (3)

El señor Sugiura afirmó incluso que no firmaría ningún documento en el que se autorizara una ejecución. Sin embargo, poco después, se retractó de estas declaraciones diciendo que era su opinión personal y que no se estaba refiriendo a sus obligaciones como ministro de Justicia.

Japón es uno de los pocos países industrializados que no ha abolido todavía la pena de muerte. Con la excepción de Estados Unidos, todos los demás miembros del grupo de los siete países más industrializados(4) han abolido la pena capital. El Código Penal de Japón prevé la pena de muerte para varios delitos, (5) pero en la práctica se aplica sólo en los casos de asesinato. Todas las ejecuciones se llevan a cabo por ahorcamiento.

En este informe, Amnistía Internacional trata de llamar la atención de las autoridades japonesas sobre sus motivos de preocupación respecto a la persistencia del uso de la pena de muerte en Japón, el secretismo que rodea su aplicación y las deficiencias del sistema de justicia penal. Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que ponga fin a las violaciones de derechos humanos que el Estado perpetra o facilita. Entre estas violaciones se encuentra la vulneración del derecho de toda persona a unas condiciones de reclusión dignas, a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a un juicio justo conforme a las normas internacionales. Estos derechos están protegidos por los instrumentos jurídicos internacionales en los que Japón es Estado Parte.(6) Con el fin de garantizar la plena protección del derecho de una persona a la vida y a no ser objeto de penas crueles, inhumanas y degradantes, Amnistía Internacional pide al gobierno japonés que elimine urgentemente la pena de muerte.

2. La aplicación de la pena de muerte en Japón

2.1. El secretismo que rodea la aplicación de la pena de muerte

En Japón no hay concentraciones delante de las cárceles el día señalado para una ejecución. Sólo las autoridades saben que va a haber una ejecución, y cuando ésta se lleva a cabo, suele tener lugar cuando el Parlamento ha suspendido sus actividades y no puede debatir la cuestión. Según Usui Hideo, ex ministro de Justicia, esta política tiene como fin privar a los políticos de la oposición de la oportunidad de "armar un gran revuelo público sobre la pena de muerte".(7)

La única información disponible sobre la ejecución de penas de muerte es la que figura en las estadísticas que el Ministerio de Justicia publica de forma periódica. No se facilitan los nombres de los presos ejecutados y sólo se conocen si los familiares deciden revelarlos. El Ministerio de Justicia argumenta que este secretismo es una manera de proteger a los familiares de los presos de la vergüenza que les produce que se sepa que un pariente suyo ha sido ejecutado.

Esta práctica agrava en realidad la tensión que produce tener a un familiar condenado a muerte. Los familiares viven con el temor de pasar por la misma experiencia que la madre de Kimura Shuji. En la mañana del 21 de diciembre de 1995 fue a la cárcel a visitar a un hijo suyo condenado a muerte, y allí le dijeron que las horas de visita estaban muy ocupadas y que volviera al mediodía. Cuando volvió, le preguntaron si quería llevarse su cadáver para enterrarlo.(8) Los familiares de los condenados a muerte viven bajo la constante presión de saber que sus seres queridos están en espera de ser ejecutados y que en muchos casos puede sobrevenirles la muerte sin advertencia previa. Muchos familiares abandonan a sus parientes en tales circunstancias por la vergüenza que les produce tener a un miembro de su familia condenado a muerte o porque no pueden soportar el estrés que conlleva mantener la relación.

De acuerdo con el Código Penal, las ejecuciones se llevan a cabo por ahorcamiento y por orden del ministro de Justicia. Según la práctica actual, a los presos no se les notifica su ejecución hasta la mañana del día en que va a llevarse a cabo. En algunos casos ni siquiera se les notifica. Según los informes, un funcionario del Ministerio de Justicia señaló que "si se lo notificamos a un preso con antelación, su estado emocional puede verse perturbado. Por ello, no se lo podemos notificar a nadie antes de que se produzca el ahorcamiento, ni siquiera al preso. Después de la ejecución, informamos a la familia lo antes posible".(9)

Esta práctica comporta que los presos vivan con el constante temor a ser ejecutados, sin que sepan sin van a estar vivos el día siguiente. Una vez finalizado el proceso de apelación, un preso puede esperar años o décadas antes de que lo ejecuten.

En un reciente informe sobre la transparencia y la imposición de la pena de muerte, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmaba:

Negarse a facilitar con antelación la fecha y la hora de la ejecución a los condenados y a sus familiares es una clara violación de los derechos humanos. En los casos más extremos, los presos se han enterado de que iban a ser ejecutados de forma inminente sólo unos momentos antes de morir y sólo se ha informado a los familiares después, en ocasiones de forma casual y no de una manera deliberada. Estas prácticas son inhumanas y degradantes y socavan las garantías de procedimiento que rodean el derecho a la vida.(10)

El relator especial afirmaba también que el secretismo que se mantiene en Japón sobre el sistema de la pena de muerte es una política oficial, cuya legalidad defienden de forma explícita las autoridades japonesas. Por ejemplo, una de las razones esgrimidas por las autoridades para no proporcionar información es el deseo de respetar la privacidad de los presos que están en espera de ser ejecutados. Sin embargo, este punto de vista no explica ni justifica el motivo por el cual se niega información crucial, como la fecha de su muerte, a esa misma persona cuyo derecho a la privacidad se invoca. Además, el relator especial de la ONU afirmaba:

[E]l respeto de la privacidad no puede eximir de las obligaciones en materia de transparencia cuando el preso no desea que se mantenga en privado su experiencia de condenado a muerte ni el hecho de su ejecución. En este contexto, la "privacidad" es un mero subproducto de un secretismo forzado. Al no saber cuándo morirán, los presos no tienen la oportunidad de hacer público este hecho (o de mantenerlo en privado). Además, mientras permanecen condenados a muerte, no se les permite establecer contacto con medios de comunicación ni con políticos, y se controla y se vigila de forma estricta todo contacto con las personas a quienes se permite visitarlos. Al no permitir a los condenados a muerte controlar sus comunicaciones ni conocer el aspecto más crucial de sus vidas, es decir, la fecha de su propia muerte, el sistema japonés mina su privacidad en lugar de protegerla(11)

Incluso los parlamentarios japoneses tienen dificultades para controlar las condiciones de reclusión de los presos condenados. En 2003, nueve miembros ejecutivos del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja del Parlamento lucharon por su derecho a ver una cámara de ejecución, y lo consiguieron. Visitaron una nueva cámara de ejecución en el Centro de Detención de Tokio. Según los informes, era la primera vez desde 1973 que el Ministerio de Justicia permitía ver una cámara de ejecución a unas personas que no pertenecían al sistema penal y judicial. A pesar de las peticiones de este grupo de parlamentarios, las autoridades no les concedieron permiso para entrevistarse con condenados a muerte.

Varias organizaciones, incluida Amnistía Internacional, han criticado el secretismo con el que se rodean las ejecuciones por ocultar a la población la realidad de la pena de muerte. La Federación de Colegios de Abogados de Japón afirma también que una de las principales razones por las que no se ha abolido la pena capital en Japón es el extraordinario secretismo que rodea el sistema de la pena de muerte y la consiguiente falta de información para un posible debate público.

En su resolución 2005/59, adoptada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pidió a todos los Estados que mantienen todavía la pena de muerte "poner a disposición del público la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas".

El relator especial de las Naciones Unidades sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirma:

El extraordinario poder conferido al Estado –quitar la vida a una persona mediante un pelotón de fusilamiento, ahorcamiento, inyección letal o algún otro medio para matar– plantea un grave riesgo de abusos. Este poder sólo se puede controlar con seguridad mediante la supervisión pública de un castigo público.(12)

Y:

Un debate público con conocimiento de causa sobre la pena capital sólo es posible si ésta se administra de forma transparente. Hay una patente incoherencia cuando, por un lado, el Estado invoca la opinión pública y, por otro, oculta al público de forma deliberada información pertinente sobre el uso de la pena de muerte. ¿Cómo se puede decir que el público está a favor de una práctica de la que no sabe casi nada? Si la opinión pública es verdaderamente un factor importante que un país tiene en cuenta, parece que el gobierno debería facilitar acceso a la información pertinente para que esta opinión sea lo más fundada posible. Es inaceptable que un gobierno insista en defender por principio la pena de muerte y se niegue a divulgar entre su propia población el alcance y los motivos de su aplicación.(13)

2.2. En espera de la muerte: Ancianos condenados a muerte

La perspectiva de perder la propia vida a manos del Estado genera un sufrimiento y una angustia mental sin parangón, con independencia de que la ejecución tenga lugar después de días o de años en la cárcel. El periodo que una persona pasa condenada a muerte comporta problemas conflictivos. Si el tiempo es demasiado corto, no será posible iniciar un proceso de apelación adecuado ni que aparezcan nuevas pruebas sobre la posible inocencia de una persona. Sin embargo los periodos prolongados en el "corredor de la muerte" –como ocurre, por ejemplo, en Japón, Estados Unidos y Pakistán– someten a los condenados a la constante tensión de vivir con el temor de que los ejecuten, casi siempre en unas condiciones de reclusión muy duras. Amnistía Internacional considera que no existe un periodo "adecuado" para tener recluido a un preso antes de su ejecución. El dilema descrito anteriormente constituye otra razón de peso para la abolición de la pena capital.

El proceso judicial es muy lento en Japón. Los presos pasan mucho tiempo en espera de ser juzgados y más aún en espera de que los tribunales tramiten sus apelaciones. Como demuestran muchos de los casos que ilustran este informe, incluso una vez finalizado el proceso de apelación, los presos condenados continúan viviendo sumidos en una larga incertidumbre. La ejecución puede demorase durante muchos años o no tener lugar. El proceso tiene la apariencia de ser extremadamente arbitrario. Por ejemplo, Shimazaki Sueo fue declarado culpable de haber asesinado a tres personas (entre otros delitos) en 1992. Su proceso de apelación finalizó en 1999 y fue ejecutado en 2004. Sin embargo, otros presos han pasado mucho más tiempo condenados a muerte después de la conclusión de sus procesos de apelación. Oda Nobuo y Hakamada Iwao(14) fueron condenados en la década de 1960 y agotaron sus recursos de apelación en 1970 y 1980, respectivamente. En la actualidad siguen condenados a muerte.

Como consecuencia de esta situación, hay varios presos muy ancianos condenados a muerte en Japón. Okunishi Masaru (condenado a muerte por envenenar a cinco mujeres en 1961) tiene ahora 80 años. Oohama Shouzou (condenado a muerte en 1975 por el asesinato de una mujer y de sus dos hijos) tiene 78. Los dos llevan recluidos decenas de años, viviendo bajo la tensión constante de la amenaza de que los ejecuten.

En el caso de Okunishi Masaru, el Tribunal Superior de Nagoya concedió en abril de 2005 un nuevo juicio, alegando la existencia de nuevos pruebas que podrían demostrar su inocencia. Las personas que apoyan a Okunishi Masaru han solicitado que el nuevo juicio empiece pronto para que se le restituya su buen nombre. Según los informes, dijo a sus seguidores que lo visitaron a finales de marzo de 2006: "Por favor, consigan que me absuelvan de los falsos cargos presentados contra mí, mientras estoy todavía vivo".

Algunos presos llevan tanto tiempo condenados a muerte, que fallecen en la cárcel. Tomiyama Tsuneki murió en 2003 a la edad de 86 años. Había mantenido siempre que era inocente.

Psicólogos y abogados de Estados Unidos y de otros países han argumentado que las personas que pasan mucho tiempo condenadas a muerte pueden tener tendencias suicidas, sufrir delirios y volverse locas.Algunos han denominado las condiciones de vida en el "corredor de la muerte" –un aislamiento deprimente y años de incertidumbre sobre la fecha de la ejecución– como el "fenómeno del corredor de la muerte" y los efectos psicológicos que puede acarrear como el "síndrome del corredor de la muerte". Se suele remontar el origen de esta doctrina a las vistas que se celebraron en 1989 sobre la extradición de Jens Soering, ciudadano alemán que había sido acusado de asesinato en Virginia en 1985 y que huyó al Reino Unido. Soering adujo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las condiciones que habría padecido durante el prolongado periodo entre su condena y ejecución hubieran sido tan perjudiciales psicológicamente como una tortura.

En su resolución, el tribunal acordó que no se le podía enviar a un lugar donde lo condenarían a muerte. El tribunal no citó la pena de muerte propiamente dicha, sino el "fenómeno del corredor de la muerte", causado por los largos años que los condenados pasaban en espera de que los ejecutasen mientras recurrían contra sus sentencias.(15)

Otros tribunales han estimado que la reclusión prolongada de personas condenadas a muerte constituye un castigo cruel, inhumano y degradante. Por ejemplo, en Jamaica, en la causa Pratt and Morgan, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona(16) resolvió que ejecutar a una persona que ha pasado un periodo prolongado condenada a muerte vulnera la prohibición de los castigos o tratos inhumanos o degradantes establecida en la Constitución. En la práctica, el tribunal ha estimado que es un periodo prolongado todo el que supere los cinco años desde la imposición de la pena de muerte y en los casos en que se ha cumplido ese plazo se han conmutado las condenas de muerte por penas de cárcel.(17)

2.3. La ejecución de personas con discapacidad mental

Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, a la organización le preocupa que personas que padecen discapacidad mental, (18) permanente o temporal, estén en espera de ser ejecutadas en Japón. Como se describe más adelante, la organización alberga el temor de que las condiciones de reclusión de las personas condenadas (el estrés que causa vivir bajo la amenaza de ser ejecutado) sean perjudiciales para la salud mental de los reclusos.

Amnistía Internacional insta a las autoridades japonesas a que garanticen que no se impone esta pena a personas con graves problemas de salud mental. Como ha afirmado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no se debe imponer o aplicar la pena de muerte a una persona que padezca cualquier forma de trastorno mental.(19) Este punto de vista se refleja en parte en la propia legislación japonesa. En el artículo 39.1 del Código Penal japonés se establece que no se sancionará ninguna conducta de una persona que sufra "locura". En el artículo 39.2 se prevé que, en lo que se refiere a la conducta de una persona que padezca "cuasi locura", se conmutará la pena.(20)

Estas disposiciones prohíben la imposición de la pena capital a toda persona que sufra una enfermedad mental en el momentode cometer un delito. Sin embargo, no abordan el problema de las personas que sufren una enfermedad mental durante el proceso judicial o después de haber sido condenadas y encarceladas en condiciones muy duras. Además, el autor de un delito que sufra una enfermedad mental puede ser ejecutado si se recupera de su dolencia.

La disposición del Código Penal relativa a la "cuasi locura" debería comportar la prohibición de imponer la pena de muerte a los "débiles mentales". Sin embargo, las pruebas legales para determinar si una persona puede distinguir entre el bien y el mal y si está capacitada mentalmente parar obrar en consecuencia son tan limitadas, que la Federación de Colegios de Abogados de Japón ha informado de que no todas las discapacidades mentales permanentes están incluidas necesariamente en las "debilidades mentales". Según esta institución, los tribunales japoneses estiman que personas que padecen incluso una discapacidad mental muy grave son capaces mentalmente.(21)

Akahori Masao (véanse los apartados 3 y 4.1) fue absuelto en 1989 después de pasar 34 años en la cárcel. Cuando la policía lo detuvo y lo interrogó, según los informes, padecía una discapacidad mental leve, que al parecer contribuyó a predisponer a las autoridades en su contra. Los informes indican también que fue objeto de tortura y malos tratos y que fue obligado a firmar una "confesión".

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se ha ejecutado a presos que sufrían enfermedades mentales. El abogado de Kawanaka Tetsuo estaba preparando la solicitud de un nuevo juicio –trámite que tuvo que suspenderse debido al estado mental de Kawanaka Tetsuo– cuando éste fue ejecutado en 1993. El Tribunal Supremo había fijado de forma definitiva la condena de Kawanaka Tetsuo cuando fue ejecutado; sin embargo, según los informes, sufría delirios y alucinaciones. En 1982, antes de que fuera condenado en su segundo juicio de apelación, fue examinado al parecer por un médico, que creía que sufría esquizofrenia.

De forma similar, Mukai Shinji fue ejecutado en septiembre de 2003. Había sido condenado a muerte en febrero de 1988 por el asesinato de tres personas en 1985 y había agotado todos los recursos de apelación contra su condena. Según los informes, sufría problemas de salud mental y, cuando fue ejecutado, su abogado estaba preparando una apelación para que lo juzgaran de nuevo.

Al parecer, las autoridades japonesas siguen dispuestas a ejecutar a personas con problemas mentales. El Tribunal Supremo condenó a muerte a Horie Morio el 26 de septiembre de 2005, a pesar de los informes según los cuales padece una grave enfermedad mental. El Tribunal Supremo no admitió que sufriera una enfermedad mental y rechazó una apelación según la cual –como documentaban los informes psiquiátricos– no estaba en condiciones de ser sometido a juicio. Al parecer, en años anteriores las autoridades judiciales habían aceptado que sufría problemas de salud mental, ya que su juicio se suspendió entre 1993 y 1998 debido a su trastorno mental. En un examen psiquiátrico realizado en 1998, se determinó que estaba en condiciones de comparecer en juicio y éste se reanudó. Amnistía Internacional ha obtenido información según la cual se encuentra gravemente enfermo y no entiende el significado de su condena. Según los informes, su estado de salud había mejorado después de que se suspendiera el juicio y había sido internado en un hospital, pero empeoró cuando volvió al centro de detención.

Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que garantice que no se imponen ni se aplican penas de muerte a personas con discapacidad mental grave, con independencia de que sufrieran ya la enfermedad mental en el momento de cometer el delito o de que ésta apareciera después. Además, según la legislación japonesa, debe suspenderse el juicio de una persona con una enfermedad mental grave. Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a respetar las normas internacionales sobre la pena de muerte, incluidas las que prohíben la ejecución de presos con graves trastornos mentales. Le insta también a establecer un procedimiento, en consonancia con las normas éticas y profesionales aceptadas internacionalmente, para evaluar la salud mental de los presos.

2.3.1. La intervención de profesionales de la medicina en las ejecuciones

Según una orden dictada por el director del Departamento de Prisiones del Ministerio de Justicia el 27 de diciembre de 1947, un profesional de la medicina tiene que examinar al preso antes de su ejecución. Se especifica también que un profesional de la medicina debe elaborar un informe médico sobre la ejecución. Además, aunque no se especifica en la ley, la costumbre actual, según los informes, es que un profesional de la medicina presencie las ejecuciones, lo que le permite observar la muerte del preso y determinar cuándo se ha producido.(22)

Como consecuencia de la evolución de las normas de deontología médica, en la actualidad se considera que no es ético que un profesional de la medicina participe en una ejecución. En la Resolución de la Asociación Médica Mundial sobre la Participación del Médico en la Pena de Muerte se afirma: "es contrario a la ética que médicos participen en la pena de muerte, de cualquier manera o durante cualquier etapa del proceso de ejecución". (23) En Estados Unidos, el Colegio de Médicos de Estados Unidos, junto con otras organizaciones, publicó un informe en el que afirmaba:

una ejecución no es un procedimiento médico y no se encuentra dentro del ámbito de la práctica médica. Los médicos tienen un compromiso con la humanidad y el alivio del sufrimiento; la sociedad les ha confiado la tarea de trabajar en beneficio de sus pacientes y del público. Esta confianza se quiebra cuando se utilizan los conocimientos médicos para facilitar las ejecuciones del Estado. (24)

La participación de profesionales de la medicina en las ejecuciones parecería contradecir también radicalmente los Principios Deontológicos de la Asociación Médica Japonesa, en los que se afirma:

La misión de la ciencia médica y de la asistencia sanitaria es curar enfermedades y mantener y promover la salud de las personas y, consciente de la importancia de esta misión, el médico debe servir a la sociedad con un amor profundo por la humanidad. (25)

Varios estudios japoneses se han basado en observaciones médicas realizadas durante las ejecuciones y después de su conclusión. En uno de estos estudios, incluido en un documento presentado a un tribunal de distrito y fechado el 27 de octubre de 1952, un especialista en medicina legal señalaba que en 20 ejecuciones realizadas entre 1948 y 1951 había transcurrido una media de 14 minutos y 33 segundos desde que colgaban a los presos de la horca con una soga al cuello hasta que morían. El tiempo mínimo transcurrido hasta la muerte había sido de 4 minutos y 35 segundos y el máximo de 37 minutos.(26)

3. Condiciones de reclusión de los condenados a muerte

La poca información que se tiene sobre las condiciones de reclusión de los condenados a muerte procede de los pocos presos que han sobrevivido para contar sus experiencias o de los escasos relatos escritos por presos que han conseguido burlar la censura de los funcionarios de prisiones.

La vida de los presos que están en espera de ser ejecutados se rige por las normas establecidas en una ley de prisiones de 1908 (reforzada por una directiva de 1963). Se les prohíbe hablar con otros reclusos. Los contactos con el mundo exterior se limitan a visitas infrecuentes y vigiladas de sus familiares y abogados. No se les permite ver la televisión ni practicar aficiones o pasatiempos. Se les permite tener una radio, pero no pueden elegir la emisora que sintonizan. Según los informes, en algunas prisiones se permiten vídeos, pero este aspecto queda a discreción del director de la cárcel. Los informes indican también que se permite a los presos tres libros, pero pueden pedir más con el permiso expreso del director, que comprueba que su contenido no preconiza la "subversión de la autoridad". El ejercicio físico se limita a dos breves sesiones por semana fuera de las celdas. Según los informes, algunos presos sobrellevan el aislamiento a base de somníferos.(27)

Un ejemplo del trato dado a las personas que están a punto de ser ejecutadas es el caso de Akahori Masao, ex preso que pasó 31 años condenado a muerte y que contó cómo cinco guardias de la prisión lo sacaron a rastras de su celda una mañana a principios de la década de 1970. Los guardias se pusieron nerviosos y empezaron a murmurar entre ellos cuando se percataron de que se habían equivocado de hombre. Lo condujeron de nuevo a la celda y se llevaron a otro hombre para ser ejecutado.(28) Akahori Masao contó también que durante su estancia en la cárcel la prohibición de hablar con otros presos intensificaba la tensión de vivir con el temor de ser ejecutado.(29)

El diario escrito en la cárcel por Daidoji Masashi (condenado a muerte por su participación en un atentado con bomba contra un edificio de Mitsubishi Heavy Industries en 1974, en el que murieron ocho personas y resultaron heridas otras 380) brindó otra rara oportunidad de vislumbrar las condiciones de reclusión de los condenados a muerte. Daidoji Masashi anotó en su diario que los presos tienen que dormir con una luz muy fuerte. Según los informes, enfermó por la tensión mental y la falta de ejercicio, y se propuso hacer ejercicio para mantener su salud; sin embargo, los guardias de la prisión le impidieron hacer flexiones de brazos y ejercicios de estiramiento en su celda. No se permite ningún ejercicio que se considere que puede molestar a otras personas.(30)

La mayoría de los presos soportan estas condiciones durante muchos años, en algunos casos durante decenios, mientras sus apelaciones se abren paso a través de un sistema legal conocido por su lentitud. Una vez agotados todos los recursos de apelación y decidida definitivamente la condena de muerte, la ejecución puede producirse en cualquier momento; lo único que se necesita es el sello oficial del ministro de Justicia.

El duro ambiente en el que viven los condenados a muerte en Japón acarrea a menudo la desesperanza. Algunos, como Takanezawa Tomoaki,(31) desisten de sus apelaciones, a pesar de insistir en su inocencia, afirmando que debido a la naturaleza del sistema legal japonés el resultado de cualquier apelación está ya predeterminado. Según los informes, el abogado de Takanezawa Tomaki asegura que su cliente se ha vuelto emocionalmente inestable debido al estado de tensión en el que viven los condenados a muerte.

Funcionarios del Departamento de Prisiones justifican estas condiciones de reclusión, afirmando que el sistema está concebido para impedir que los presos se escapen y para "mantener la estabilidad mental de aquellos a quienes les aguarda la muerte".(32)

En la práctica, la mayoría de los presos condenados a muerte en Japón se ven obligados a vivir el resto de su vida recluidos en régimen de aislamiento en las condiciones descritas anteriormente. Algunos sufren problemas mentales debido a la naturaleza de su encarcelación.

En su conjunto, estas circunstancias, incluido el uso prolongado de la reclusión en régimen de aislamiento, equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes y vulneran los tratados internacionales firmados por Japón. Estas condiciones de reclusión pueden facilitar también los malos tratos por parte de los funcionarios de prisiones.

En octubre de 1998, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus observaciones sobre el cuarto informe periódico presentado por Japón en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras recomendaciones, el Comité abordaba las condiciones de reclusión de los condenados a muerte:

El Comité sigue muy preocupado por las condiciones de las personas que se encuentran en el pabellón de condenados a muerte. En particular, el Comité estima que las restricciones indebidas de visitas y correspondencia, y la no notificación de la ejecución de los presos que se encuentren en ese pabellón a la familia y a los abogados son incompatibles con el Pacto. El Comité recomienda que se humanicen las condiciones de detención en el pabellón de condenados a muerte, de conformidad con el artículo 7 y con el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.(33)

En mayo de 2005 se promulgó una nueva ley que regula el trato a los presos en Japón. Según los informes, en esta ley se ha ampliado el abanico de personas a las que se permite visitar a los reclusos que están en espera de ser ejecutados, ya que se incluye a todos los familiares, a las personas "necesarias" para tratar cuestiones importantes y a las que puedan contribuir a la estabilidad mental de los presos. La ley prevé que el director del centro de detención pueda permitir también la visita de otras personas.

Amnistía Internacional acoge positivamente todo cambio que se ajuste a las normas internacionalmente aceptadas sobre las condiciones en las cárceles, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.(34) Sin embargo, se teme que estos cambios que otorgan facultades discrecionales a los directores de los centros de detención comporten prácticas distintas en las diferentes prisiones y que acaben siendo injustos. Además, aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción todo cambio que contribuya al bienestar mental de los condenados a muerte, la organización considera que estos cambios no son lo bastante profundos, ya que no abordan la cuestión del contacto con otros reclusos y las condiciones de reclusión como la reclusión en régimen de aislamiento.

4. Detención preventiva: el riesgo de abusos, confesiones bajo coacción y declaraciones de culpabilidad dudosas

4.1. El peligro siempre presente de ejecutar a un inocente

Dondequiera que se aplique la pena de muerte existe el riesgo de ejecutar a personas por delitos que no cometieron. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de posibles inocentes condenados a muerte en todo el mundo.(35) En Japón, este peligro se ve agravado por la existencia de un sistema de custodia policial denominado daiyo kangoku("prisión sustitutiva", véase el apartado 4.2), que permite la reclusión de presuntos autores de delitos en los calabozos de las comisarías de policía en lugar de en prisiones o en otros centros bajo control del Departamento de Prisiones, y que la policía los interrogue durante largos periodos.(36)

Cuatro hombres, Menda Sakae, Akahori Masao, Taniguchi Shigeyoshi(37) y Saito Yukio,(38) fueron condenados a muerte en Japón por cargos diferentes y en juicios distintos, pero quedaron en libertad durante la década de 1980 después de que se demostrara que se los había acusado falsamente. Los cuatro habían sido objeto de torturas o malos tratos durante los interrogatorios y por este motivo "confesaron" delitos que no habían cometido. Estas "confesiones" se utilizaron después como prueba para obtener declaraciones de culpabilidad y penas de muerte.

Menda Sakae fue absuelto en 1983 después de pasar 34 años condenado a muerte; durante este periodo había pedido en seis ocasiones un nuevo juicio antes de aceptarse su solicitud. Akahori Masao (véase el apartado 3) fue condenado a muerte en 1958 por los cargos de violación y asesinato. Había afirmado de forma sistemática que era inocente de los cargos formulados contra él y que sólo había confesado bajo coacción tras los interrogatorios de la policía. En enero de 1989, el Tribunal Supremo lo absolvió después de fallar que su confesión carecía de credibilidad y que ninguna otra prueba lo relacionaba con los delitos de que se lo acusaba. En la vista del recurso de apelación contra su condena de muerte, celebrada en el Tribunal Superior de Tokio en 1959, Akahori Masao había afirmado: "las personas que me interrogaron me golpearon en la cabeza, casi me estrangularon con las manos y me propinaron patadas [...] Decidí asentir a todas sus preguntas porque no podía soportar la tortura". Después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena de muerte en 1960, solicitó en tres ocasiones un nuevo juicio, pero sin éxito. Las autoridades aceptaron la cuarta solicitud, presentada en 1969, y el nuevo juicio comenzó en octubre de 1987. Akahori Masao tenía 25 años cuando fue detenido; cuando fue absuelto, a los 59 años, había pasado más de 30 años condenado a muerte. En 1984, Taniguchi Shigeyoshi y Saito Yukio, condenados a muerte en 1952 y 1957 respectivamente, fueron absueltos también.

Desde la puesta en libertad de estos hombres, Amnistía Internacional no tiene noticia de que se haya absuelto a ningún otro condenado a muerte. La organización teme que la falta de absoluciones en los últimos 16 años se deba más a la renuencia del sistema jurídico a admitir equivocaciones que a cualquier reforma legal que pudiera haber disminuido el riesgo de declarar culpable a un inocente. En los tribunales japoneses se registra una de las tasas más altas de declaraciones de culpabilidad de todo el mundo. Según los informes, se declara culpable a alrededor del 99 por ciento de las personas acusadas. Esta tasa tan elevada de declaraciones de culpabilidad puede aumentar de forma significativa la probabilidad de que se condene a muerte a un inocente.

4.2. El sistema "daiyo kangoku": un terreno abonado para violaciones de derechos humanos

El sistema daiyo kangoku(prisión sustitutiva), en el que se puede utilizar un calabozo de la policía en lugar de una prisión durante un periodo de hasta 23 días, vulnera los derechos de los detenidos y es un terreno abonado para que se produzcan más violaciones, sobre todo en un sistema judicial que se basa en gran medida en las confesiones y en el que los tribunales rara vez consideran inadmisibles las "confesiones" forzadas.

El gobierno ha presentado recientemente su primer informe al Comité de la ONU contra la Tortura, de acuerdo con sus obligaciones como Estado Parte en la Convención de la ONU contra la Tortura. En su informe, el gobierno afirmaba:

[E]l denominado sistema de prisión sustitutiva no genera problemas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contemplados en la Convención, mientras se utilice de forma adecuada.(39)

Informes recibidos por Amnistía Internacional y la Federación de Colegios de Abogados de Japón apoyan el punto de vista según el cual el sistema daiyo kangokuno cumple las normas internacionales sobre reclusión. Los presuntos autores de delitos están bajo el control constante de la policía, no hay reglas o normas sobre la duración de los interrogatorios, el acceso de los abogados a sus clientes está restringido durante los interrogatorios y no hay un registro electrónico de las entrevistas de la policía con los presuntos delincuentes. A Amnistía Internacional le preocupa que este sistema se utilice de forma habitual para obtener "confesiones". La organización ha documentado varias medidas que se utilizan para obtener "confesiones" y que constituyen tortura u otros malos tratos, como palizas, actos de intimidación, privación del sueño, interrogatorios desde primeras horas de la mañana hasta últimas horas de la noche y obligar a los presuntos delincuentes a estar de pie o sentados en una posición fija.

4.2.1. El acceso a asistencia letrada en la ley y en la práctica

La carencia de acceso a asistencia letrada agrava la posibilidad de que se produzcan violaciones. La Constitución japonesa garantiza el derecho a asistencia letrada. En el artículo 37 se afirma: "El acusado contará en todo momento con asistencia letrada competente, la cual, en el caso de que el acusado no pueda procurársela por sus propios medios, el Estado pondrá a su disposición". En el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal se establece también el derecho a asistencia letrada "sin la presencia de un vigilante oficial", lo que significa que un agente de policía no debe estar presente en las reuniones con abogados.

Por lo tanto, se permite a los abogados que se reúnan con los detenidos en cualquier momento y sin límite de tiempo. Sin embargo, la Federación de Colegios de Abogados de Japón señala que, en la práctica, cuando se ha perpetrado un delito grave y el presunto autor niega la acusación, los investigadores suelen restringir su derecho a consultar con un abogado. Están autorizados a hacerlo en virtud del párrafo 3 del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, en el que se afirma que los investigadores (la policía y la fiscalía) "pueden, cuando sea necesario para la investigación, fijar la fecha, el lugar y la hora de la entrevista". De este forma, el derecho a asistencia letrada se ve drásticamente limitado; la Federación de Colegios de Abogados de Japón indica que "los abogados no pueden ver al presunto delincuente sin el permiso previo de la persona encargada de la investigación".(40) No es infrecuente que se conceda a los abogados permiso para entrevistarse con los presuntos delincuentes sólo dos o tres días después de solicitarlo y que las entrevistas se limiten a 15 minutos.

Además, aunque en el artículo 272 del Código de Procedimiento Penal japonés se contempla el derecho a asistencia letrada, este derecho se aplica sólo a las personas que han sido acusadas formalmente y no a las que están siendo objeto de interrogatorios antes de haber sido acusadas. Por tanto, la capacidad de un presunto delincuente de ejercer el derecho de ver a un abogado se ve mermada y no cumple las leyes y normas internacionales sobre la aplicación de la pena de muerte. En su Observación general sobre el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que prohíbe la tortura y otros malos tratos), el Comité de Derechos Humanos (el órgano de expertos encargado en virtud del Pacto de vigilar su aplicación) afirma que la protección de los detenidos contra la tortura y otros malos tratos:

requiere asimismo que se conceda un acceso rápido y periódico a los médicos y abogados y, bajo supervisión apropiada cuando la investigación así lo exija, a los miembros de su familia.(41)

Las normas internacionales son inequívocas respecto a que se debe facilitar asistencia letrada durante todo el proceso legal a toda persona que pueda ser condenada a muerte. En las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte(42), del Consejo Económico y Social de la ONU, se afirma que a una persona condenada a muerte se le debe facilitar:

asistencia letrada apropiada en todas las fases de las actuaciones, ademásde la protección prestada en casos en los que no se impone la pena capital.(43)

Amnistía Internacional acoge con satisfacción una modificación del Código de Procedimiento Penal japonés que está previsto que se aplique plenamente antes de finalizar 2006. Concederá a los presuntos delincuentes a los que se detenga y recluya, pero no se ponga a disposición judicial, el derecho a elegir su propio abogado a expensas del Estado, si no tienen medios para pagarlo. Aunque Amnistía Internacional pide que los presos sean sometidos a juicio con prontitud, considera que estas modificaciones serán beneficiosas para la efectividad del derecho a un juicio justo. La organización insta a que la medida se aplique de forma rápida y plena.

4.2.2. Riesgo de tortura y malos tratos y de confesiones bajo coacción

Los casos de los condenados a muerte en Japón ilustran los motivos de preocupación expresados anteriormente. Por ejemplo, Hakamada Iwao, que en la actualidad tiene 69 años, lleva más de 37 años condenado a muerte y recluido en régimen de aislamiento. Según los informes, su estado de salud mental y física es muy malo, hasta el punto de que es incapaz de reconocer a familiares cercanos como su hermana. Hakamada Iwao fue acusado del asesinato, en junio de 1966, de una pareja y de sus dos hijos. Según los informes, la policía lo interrogó durante 23 días y durante este tiempo no le permitieron tomar agua ni comida, le prohibieron utilizar el servicio y le propinaron patadas y puñetazos. Afirma también que no le permitieron dormir. Hakamada Iwao ha asegurado de forma sistemática que es inocente y que lo obligaron a "confesar" los asesinatos.

El uso persistente del sistemadaiyo kangoku, de un modo que puede facilitar los actos de tortura y malos tratos y las confesiones bajo coacción, vulnera las disposiciones del Código de Procedimiento Penal japonés y la Constitución japonesa. En el artículo 38 de la Constitución se afirma: "Las confesiones realizadas bajo coacción, tortura o amenaza o después de un periodo prolongado de detención o reclusión no serán admitidas como prueba". El Comité de Derechos Humanos expresó graves motivos de preocupación sobre el uso del sistema daiyo kangoku. En noviembre de 1998 afirmó:

Al Comité le preocupa profundamente que las garantías que figuran en los artículos 9, 10 y 14 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] no se cumplan en su plenitud en la prisión condicional, puesto que esa prisión puede durar hasta 23 días bajo control policial, y no se somete rápida y efectivamente al examen judicial; el sospechoso no tiene derecho a la libertad bajo fianza durante el período de 23 días; no hay normas que regulen el tiempo ni la duración del interrogatorio; no hay abogado designado por el Estado para asesorar y asistir al sospechoso en prisión preventiva; se imponen grandes restricciones de acceso al abogado defensor en virtud del párrafo 3 del artículo 39 del Código de Enjuiciamiento Criminal; y el interrogatorio no tiene lugar en presencia del abogado contratado por el sospechoso. El Comité recomienda firmemente que se reforme el sistema de prisión preventiva en el Japón con efecto inmediato, para ponerlo en conformidad con los artículos 9, 10 y 14 del Pacto.

Al Comité le preocupa que el sistema de prisión alternativa (Daiyo Kangoku), aunque sometido a un sector de la policía que no se ocupa de la investigación, no dependa de una autoridad independiente. Así pueden aumentar las posibilidades de abuso de los derechos de los detenidos previstos en los artículos 9 y 14 del Pacto. El Comité reitera su recomendación, formulada después de examinar el tercer informe periódico, de que el sistema de prisión alternativa debe hacerse compatible con todos los requisitos del Pacto. (44)

Además, en el artículo 15 de la Convención de la ONU contra la Tortura (en la que Japón es Estado Parte), se establece:

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

En su informe al Comité de la ONU contra la Tortura, el gobierno japonés afirma:

Los fiscales deben probar que la confesión se realizó de forma voluntaria y los tribunales no admitirán la confesión como prueba a menos que se pruebe este aspecto.(45)

Esto indica que es al fiscal a quien corresponde probar que la confesión se efectuó de forma voluntaria.(46) En la práctica, sin embargo, como demuestran los casos de Menda Sakae, Akahori Masao, Taniguchi Shigeyoshi y Saito Yukio (véase el apartado 4.1), en numerosas ocasiones es el presunto autor del delito quien ha tenido que probar que la "confesión" no se realizó de forma voluntaria, lo que vulnera el derecho de toda persona "[a] no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable".(47)

El riesgo de graves violaciones de los derechos humanos de una persona descrito anteriormente constituye un constante motivo de preocupación para la comunidad jurídica, tanto en Japón como a nivel internacional. La Asociación Internacional de Abogados, apoyada por la Federación de Colegidos de Abogados de Japón, emitió un informe(48)en el que se proponía que se registraran electrónicamente todos los interrogatorios efectuados por la policía y la fiscalía. Este sistema permitiría a los tribunales evaluar con más precisión en qué medida las confesiones se han realizado bajo coacción o de forma voluntaria. El conocimiento de este aspecto disminuiría de forma sustancial la probabilidad de que se produjeran graves errores judiciales como los subrayados anteriormente. El registro electrónico reduciría también la probabilidad de malos tratos a sospechosos por parte de la policía y protegería a los funcionarios de falsas denuncias de tortura y malos tratos. Amnistía Internacional apoya firmemente la propuesta e insta al gobierno de Japón a que adopte este sistema de inmediato. A la organización le decepciona que hasta la fecha el Ministerio de Justicia no haya reaccionado positivamente a esta recomendación.

Amnistía Internacional pide también a Japón que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,(49) en el que se prevé la creación de mecanismos nacionales de prevención en cada Estado Parte en el Protocolo y de un mecanismo internacional: el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura. Estos dos órganos podrían visitar todos los centros de detención, así como a todos los detenidos y presos, lo que aumentaría las salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos.

5. Ejecuciones: una respuesta errónea a la delincuencia violenta

Amnistía Internacional no trata de excusar a los autores de delitos violentos y reconoce y apoya el deber de los gobiernos de proteger a la ciudadanía a la que sirven. Sin embargo, la organización considera que la pena de muerte es un error en todos los casos. Las ejecuciones no son tanto una solución a la cultura de la violencia como un síntoma de ella. Al ejecutar a una persona, el Estado comete un homicidio premeditado y muestra una disposición a emplear la violencia física similar a la del delincuente.

Numerosos políticos de distintos países y culturas han argumentado que la pena de muerte es necesaria como un medio de controlar la delincuencia y han valorado las ejecuciones por su presunto efecto disuasorio frente a los actos delictivos en general. Para que este argumento fuera cierto, debería resultar creíble que los delincuentes violentos prevén las consecuencias de tener que responder de sus delitos y que deciden entonces que el riesgo de que los ejecuten no es aceptable y sí en cambio el de cumplir una larga pena de cárcel. En realidad, Amnistía Internacional alberga la sospecha de que pocos delincuentes creen que los van a detener cuando cometen un delito. Por consiguiente, en lugar de penas más duras, la mejor medida disuasoria contra los delitos violentos es garantizar que la probabilidad de que se detenga y se condene a quienes los cometen es muy alta gracias a una eficaz actuación policial.(50)

Datos de Estados Unidos, Canadá y otros países no indican que aumente la delincuencia violenta cuando no existe la pena de muerte. En 2004, en Estados Unidos, la tasa media de asesinatos en los estados donde se aplicaba la pena de muerte era de 5,71 por 100.000 habitantes, pero en los estados sin pena capital era de 4,02. Además, en Canadá, en 2003 –27 años después de la abolición de la pena de muerte– la tasa de asesinatos había descendido un 44 por ciento desde 1975 (fecha de la abolición de la pena capital).

Durante más de tres años, desde 1989 a 1993, no se llevaron a cabo ejecuciones en Japón. Este hecho se explica en parte porque el entonces ministro de Justicia, Sato Megumu, se negó a firmar órdenes de ejecución debido a sus creencias religiosas. Altos cargos y centenares de miembros de la Dieta expresaron también su oposición a la pena de muerte en aquella época. Durante este periodo no aumentaron los delitos violentos por los que se habría impuesto la pena de muerte.

Con independencia del carácter del delito cometido, una pena que mata constituye en sí misma una negación del valor supremo de la vida. Como un castigo, la pena de muerte excluye también la posibilidad de rehabilitación del delincuente.(51) Además, los gobiernos de los países que mantienen la pena de muerte la justifican a menudo afirmando que las ejecuciones son necesarias como un castigo por el delito cometido y como una muestra de respeto a los sentimientos de las víctimas y de sus familiares. Sin embargo, en Japón, al igual que en otros países,(52) algunos familiares de las víctimas han afirmado que, a pesar de su pérdida, no creen que la pena de muerte deba utilizarse. Esta circunstancia plantea persistentes interrogantes sobre la justificación de las ejecuciones, incluido el hecho de si la ejecución de los culpables proporciona a los familiares de las víctimas una satisfacción o una sensación de reparación definitiva.(53)

Uno de estos casos es el de Harada Masaharu, cuyo hermano fue asesinado por Hasegawa Toshihiko, que mató también a otras dos personas entre 1979 y 1983. La condena a muerte de Hasegawa se decidió en firme en 1993 y fue ejecutado el 27 de diciembre de 2001. Harada Masaharu había solicitado al Ministerio de Justicia que se suspendiera la ejecución. Consideraba que el único modo de que Hasegawa Toshihiko pudiera manifestar su remordimiento y expiar su crimen era que viviera. A Harada Masaharu no se le informó nunca de que Hasegawa Toshihiko iba a ser ejecutado, ni el Ministerio de Justicia explicó por qué se había decidido hacerlo, afirmando, según los informes, que no podían tratar un caso individual. En una entrevista con el periódico The Japan Times, Harada señaló que, al cabo de varios años, había visitado en la cárcel al asesino de su hermano. A pesar de que pudo reunirse con él algunas veces, Harada creía que no habían tenido tiempo de abordar la cuestión del asesinato y dijo que la ejecución le había dejado una sensación de vacío: "la ejecución no ayudó a [aliviar el dolor de] nuestra familia".(54)

6. Historia del movimiento abolicionista en Japón

Los defensores de la pena de muerte en Japón han asegurado que forma parte de la tradición histórica del país.(55) Sin embargo, esta afirmación pasa por alto el hecho de que durante largos periodos de la historia de Japón no ha habido ejecuciones.

Aunque la pena de muerte ha estado sancionada oficialmente desde principios del siglo XII, fue prohibida legalmente por un edicto imperial que se remonta nada a menos que al año 724, cuando el emperador Shomu dictó una orden que prohibía toda forma de homicidio, incluida la pena capital. Durante unos 300 años, entre los siglos IX y XII, el uso de la pena de muerte no estuvo sancionado oficialmente. Después de este periodo se reimplantó y se utilizaron diferentes métodos de ejecución para los distintos grupos sociales, algunos de ellos, como la muerte en la hoguera, especialmente crueles. Tras la restauración Meiji en 1868, estos distintos métodos se sustituyeron de forma gradual por el ahorcamiento en la cárcel.

En la época moderna no hubo ejecuciones en Japón entre noviembre de 1989 y marzo de 1993, debido en parte a que las personas que ocuparon entonces el cargo de ministro de Justicia estaban en contra personalmente de la pena de muerte(56) y también a una activa campaña para poner fin a los homicidios perpetrados por el Estado. Como las ejecuciones sólo se pueden llevar a cabo después de que el ministro de Justicia ha firmado una orden de ejecución, el hecho de que los sucesivos ministros se abstuvieran de firmarlas durante ese periodo comportó de hecho una suspensión de la pena capital. La suspensión terminó en marzo de 1993, cuando hubo tres ejecuciones, lo que provocó protestas públicas de organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos y destacadas figuras. La suspensión había suscitado la esperanza en el movimiento abolicionista de que el gobierno tomaría medidas para abolir legalmente la pena de muerte.

Actualmente existe un fuerte movimiento organizado que pide la abolición de la pena capital y que actúa agrupado en la organización Foro 90. Foro 90 es una coalición de activistas, entre los que figuran Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y al menos 500 abogados, 300 miembros de grupos religiosos y 400 periodistas. Además, un porcentaje significativo de parlamentarios de varios partidos políticos son abolicionistas, han formado un grupo parlamentario en contra de la pena de muerte y han pedido su abolición. La Federación de Colegios de Abogados de Japón ha pedido también al gobierno que suspenda todas las ejecuciones y ponga fin a la cultura del secretismo que rodea la aplicación de la pena capital.

7. La tendencia mundial a favor de la abolición de la pena de muerte

En los últimos años ha habido una marcada tendencia internacional a favor de la erradicación del uso de la pena de muerte. En total, 125 países de diferentes regiones de todo el mundo han abolido la pena capital en la ley o en la práctica. En Europa no se impone la pena de muerte casi en ningún país y sólo en Uzbekistán(57) y Bielorrusia se llevan a cabo ejecuciones actualmente. En América, sólo en Estados Unidos se realizan ejecuciones de forma regular. En África se han dado pasos gigantescos para poner fin a las ejecuciones en el continente. Senegal y Liberia han abolido recientemente la pena de muerte y en 2005 sólo se llevaron a cabo ejecuciones en 3 de los 53 países africanos.(58)

Por desgracia, Asia destaca por su resistencia a esta tendencia mundial. En esta región hay países con una elevada tasa de ejecuciones y no hay perspectivas claras de que se vaya a abolir la pena de muerte. Al igual que Japón, China, Singapur e Indonesia son al parecer firmes partidarios de la pena capital.

Se han registrado novedades positivas en la región, como la abolición de la pena de muerte en Camboya, Nepal y Timor Oriental. Amnistía Internacional acogió también con satisfacción la decisión adoptada por Filipinas en junio de 2006 de abolir la pena capital después de que se reimplantara en 1994. En el este de Asia, Amnistía acoge también positivamente las novedades registradas en Corea del Sur y Taiwán, donde se está considerando la posibilidad de abolir la pena de muerte en la legislación. En febrero de 1998, Corea del Sur aplicó una suspensión no oficial de las ejecuciones en espera de seguir debatiendo la cuestión. En febrero de 2005, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Corea del Sur presentó un proyecto de ley especial con el fin de abolir la pena capital para todos los delitos; 175 parlamentarios (de 299) votaron a favor. El proyecto de ley se está estudiando en la actualidad y podría preparar el camino para la abolición de la pena de muerte en Corea del Sur.

Amnistía Internacional considera que la abolición de la pena de muerte en Japón proporcionaría a la región una pauta muy necesaria en el campo de los derechos humanos respecto a esta cuestión y constituiría un valioso ejemplo de una nación que avanza hacia una protección total de los derechos humanos.

La tendencia mundial a favor de la abolición de la pena de muerte se ve reforzada aún más por las resoluciones aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; desde 1997 hasta su disolución en 2006, la Comisión ha aprobado todos los años una resolución en favor de la abolición de la pena capital.(59)

La comunidad internacional ha dado muestras también de su determinación a abolir la pena de muerte al no incluirla entre las sanciones aplicables por los tribunales internacionales. En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la pena de muerte está excluida de las sanciones que puede imponer la Corte, a pesar de que el tribunal tiene jurisdicción sobre los delitos más graves: los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. De forma similar, al crear el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en 1993 y 1994 respectivamente, el Consejo de Seguridad de la ONU excluyó la pena de muerte de las sanciones que podían imponer estos tribunales.(60)

Además, en el contexto europeo, en la resolución 1044 (1994), adoptada el 4 de octubre de 1994, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hizo un llamamiento a "todos los parlamentos del mundo que no han abolido aún la pena de muerte para que lo hagan sin demora siguiendo el ejemplo de la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa". En las Orientaciones sobre la Política de la UE respecto de Terceros Países en relación con la Pena de Muerte, adoptadas por la Unión Europea en 1998, se afirma que "la abolición de la pena de muerte contribuye a la promoción de la dignidad humana y al progresivo desarrollo de los derechos humanos". Se establece que es un objetivo de la Unión Europa "trabajar con miras a la abolición universal de la pena de muerte como idea política sólidamente defendida y compartida por todos los Estados miembros".

El Consejo de Europa, en el que Japón tiene la condición de observador, aprobó una resolución en la que se pedía a Japón que suspendiera de forma temporal las ejecuciones y adoptara medidas encaminadas a la abolición del sistema de la pena capital antes de 2003. Según los informes, esta acción contra Japón se derivó en parte de las conclusiones de una visita de inspección a Tokio, de una semana de duración, realizada en febrero de 2001 por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que llegó a la conclusión de que el trato a los condenados a muerte en Japón violaba las normas internacionales de derechos humanos.

El hecho de que Japón no haya avanzado en la abolición de la pena de muerte puede impedirle participar en organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa. En abril de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa anunció que tenía la intención de "incluir en su programa antes de finalizar 2006 el tema de la suspensión de la condición de observadores de Japón y Estados Unidos si no se habían realizado avances sobre esta cuestión [de la abolición de la pena de muerte] en esa fecha".

8. Conclusión y recomendaciones

Numerosas personas que se encuentran en la actualidad condenadas a muerte en Japón han completado el proceso de apelación y pueden ser ejecutadas cualquier día. Para que el gobierno ordene su ejecución basta que se lleven a cabo los trámites burocráticos y que se firmen los documentos pertinentes. Sin embargo, años tras año, permanecen de forma precaria suspendidos entre la vida y la muerte. De forma periódica, sacan a uno de ellos de la celda sin apenas avisarle y lo matan. El orden en el que se los ejecuta no obedece al parecer a una pauta o lógica clara. En la práctica, la aplicación de la pena de muerte de esta manera parece ser una manifestación arbitraria del poder del Estado.

La mayoría de los condenados a muerte en Japón se ven obligados a pasar el resto de su vida en unas condiciones que equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes y que contravienen los tratados internacionales suscritos por Japón. Como se pone de relieve en este informe, muchos presos padecen discapacidades mentales debido a sus condiciones de reclusión. En la práctica, estos enfermos mentales pueden ser ejecutados.

El gobierno japonés debe examinar con urgencia el uso de la pena de muerte en el país. Una condena de muerte como resultado de un juicio injusto equivale a la privación arbitraria de la vida.(61) Sin embargo, las autoridades siguen tolerando que el sistema judicial japonés continúe sin cumplir las normas mínimas sobre la aplicación de la pena de muerte acordadas por la comunidad internacional, (62) como han señalado en repetidas ocasiones órganos intergubernamentales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En la práctica, el uso persistente del sistema daiyo kangokucomporta que en el sistema de justicia esté presente siempre la posibilidad de cometer errores judiciales. Al ser objeto de interrogatorios prolongados, amenazas y actos de violencia y al negárseles el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios, muchos sospechosos "confiesan" delitos que no han cometido. Cuando se utiliza junto con la pena de muerte –un castigo irreversible–, el daiyo kangokuaumenta de manera sustancial el peligro siempre presente de que el Estado asesine judicialmente a una persona inocente.

La utilización de "pruebas" obtenidas de esta manera pone en ridículo el sistema de justicia penal japonés; desacredita el principio más fundamental de un juicio justo: la presunción de inocencia de una persona hasta y a menos que se demuestre su culpabilidad.

Los sucesivos gobiernos japoneses no han acometido un debate parlamentario sobre la pena de muerte. Los ministros de Justicia han señalado también que el papel del gobierno en relación con la pena capital era administrar su uso, pero no intervenir en el debate sobre esta cuestión. Amnistía Internacional insta al actual gobierno a que preste atención a los motivos de preocupación planteados por activistas en Japón, grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones como la ONU y el Consejo de Europa, que han criticado el modo como se aplica la pena de muerte en Japón. El gobierno tiene la obligación de iniciar un debate público y parlamentario informado sobre el empleo de la pena de muerte, lo que comporta a su vez el fin del secretismo que rodea las ejecuciones en Japón.

Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a:

Adoptar medidas para abolir la pena de muerte

· Conmutar todas las penas de muerte.

· Imponer una suspensión inmediata de las ejecuciones hasta que se suprima la pena de muerte.

· Iniciar un debate público y parlamentario sobre la abolición de la pena de muerte.

Ratificar y aplicar las normas internacionales

· Abolir la pena de muerte y ratificar el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que obliga a los países a abolir de forma permanente la pena de muerte).

· Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Garantizar una mayor transparencia sobre la aplicación de la pena de muerte

· Poner fin al secretismo en torno a la aplicación de la pena de muerte, para que pueda realizarse un debate público con conocimiento de causa, facilitando información sobre el uso de la pena de la muerte y sobre cualquier ejecución prevista.

· Aplicar garantías de procedimiento respecto al derecho a la vida y respetar los derechos de los reclusos, revelando una información completa, como el aviso previo de las ejecuciones a los condenados a muerte y a sus familiares.

Adoptar medidas para poner fin a la tortura, los malos tratos y las confesiones bajo coacción

· Ordenar una investigación de los casos de condenados a muerte a los que, según los informes, se ha torturado, maltratado o negado el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios de la policía.

· Adoptar medidas para suprimir el sistema daiyo kangoku, que es un terreno abonado para que se produzcan abusos contra los derechos humanos y garantizar que la fiscalía no invoca nunca las confesiones obtenidas bajo tortura en las actuaciones judiciales contra presuntos delincuentes.

· Aplicar salvaguardias, como un sistema de registro electrónico de todos los interrogatorios, con el fin de evitar violaciones en el futuro.

· Garantizar que a toda persona condenada a la pena de muerte se le facilita asistencia letrada designada por el Estado y elegida por el acusado durante todo el proceso legal.

Mejorar las condiciones de reclusión

· Procurar que la Ley de Prisiones y todos los otros reglamentos vigentes en los lugares de detención cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, poniendo fin a un régimen excesivamente duro que vulnera los derechos humanos de los reclusos. El sistema de reglas y normas vigente en las prisiones y en otros centros de detención debe estar en consonancia con las disposiciones del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se afirma que "[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

· Las normas sobre reclusión deben ser públicas, incluidas las establecidas a discreción de los directores de los centros de detención.

Garantizar que las personas con discapacidad mental no son ejecutadas

· Garantizar que no se impone ni se aplica la pena de muerte a ninguna persona con discapacidad mental permanente o temporal.

· Garantizar que se saca del "corredor de la muerte" a toda persona con discapacidad mental y se le proporciona el tratamiento médico adecuado.

Amnistía Internacional insta a las organizaciones de profesionales de la salud a:

· Ejercer su vigilancia para garantizar que el sistema de la pena de muerte no vulnera la ética de su profesión.

· Transmitir sus motivos de preocupación a las autoridades cuando se vulneren los principios ampliamente aceptados que protegen a las personas con enfermedades mentales.

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(1) Sistema de prisión sustitutiva en el que se puede utilizar un calabozo de la policía en lugar de una prisión por un periodo de hasta 23 días.



(2) Hanreishu, 11, número 3 191 (Penal). Traducción inglesa en John M. Maki, ed., Court and Constitution in Japan: Selected Supreme Court Decisions, 1948-60. Seattle: University of Washington Press, 1964, p.157.



(3) Véase el texto de la conferencia de prensa en http://www.moj.go.jp/SPEECH/POINT/sp051031-01.html.



(4) El grupo está formado por Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia.



(5) De acuerdo con el Código Penal japonés, se puede imponer la pena de muerte para los siguientes delitos:1) asesinato (artículo 199); 2) muerte causada durante un robo (artículo 240); 3) muerte derivada de una violación durante un robo (artículo 241); 4) vuelco de trenes, etc., con resultado de muerte (artículo 126); 5) poner en peligro los servicios de transporte con resultado de muerte (artículo 127); 6) contaminar los sistemas públicos de suministro de agua con resultado de muerte (artículo 146); 7) dirigir una insurrección (artículo 77); 8) inducción de una agresión armada extranjera (artículo 81); 9) ayuda militar a un Estado extranjero que está haciendo uso de la fuerza militar contra Japón, incluido el enrolamiento en el servicio militar de dicho Estado (artículo 82); 10) incendio intencionado de una estructura habitada (artículo 108); 11) destrucción de estructuras habitadas por explosión (artículo 177); 12) daños a estructuras habitadas por inundación (artículo 119). Además, leyes especiales prevén la pena de muerte para los siguientes cinco delitos:



13) muerte durante la captura de una aeronave (Ley Sancionadora de la Captura de Aeronaves y Delitos Conexos, 1970); 14) muerte causada por la destrucción de una aeronave (Ley Sancionadora de los Delitos que Ponen en Peligro la Navegación Aérea, 1974); 15) muerte como resultado de un duelo (Ley de Proscripción del Duelo, 1889); 16) uso de explosivos (Ley de Control de Explosivos, 1884); 17) homicidio intencional de rehenes (Ley Sancionadora de la Captura de Rehenes, 1978).



(6) Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Japón a finales de la década de 1970.



(7) Véase Shimizu, Kaho, "Even Victimised Divided on Death Penalty", The Japan Times, 3 de octubre de 2002.



(8) Fuente: informe de la relatora del Consejo de Europa sobre su visita a Japón para examinar el uso de la pena de muerte. Véase http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc01/EDOC9115.htm.



(9) French, Howard W., "Japan Carries Out Executions in Near-Secrecy", The New York Times, 20 de diciembre de 1999.



(10) Alston, Philip, Transparency and the Imposition of the Death Penalty, informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Doc. ONU: E/CN.4/2006/53/Add.3, 24 de marzo de 2006, párr. 32.



(11) Ibíd., párr. 47.



(12) Ibíd., párr. 7.



(13) Ibíd., párr. 21.



(14) Oda fue declarado culpable de asesinato y robo y de intento de asesinato y robo. Hakamada fue declarado culpable del asesinato de cuatro miembros de una familia durante un robo.



(15) www.deathpenaltyinfo.org/article.php?&did=1397#DEATH_ROW_SYNDROMEDEATH_ROW_PHENOMENON



(16) El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, que se reúne en el Reino Unido, es el tribunal de apelación de última instancia para una gran parte del Caribe de habla inglesa.



(17) Véase http://www.privy-council.org.uk/output/Page171.asp



(18) En las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de la ONU en 1993 (A/RES/48/96), se da la siguiente definición de discapacidad: "Con la palabra ‘discapacidad’ se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.



Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio". Amnistía Internacional utiliza la expresión "personas con discapacidad" de acuerdo con el uso actual de la ONU. Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 5, "Personas con discapacidad, 11º periodo de sesiones (1994), citado en Doc. ONU: HRI/GEN/1/REV.5, párrs. 3 y 4.



(19) Resolución 2004/67 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 21 de abril de 2004, párr. 4.c.



(20) Los términos "insanity" ("locura") y "quasi-insanity" ("cuasi locura") son traducciones oficiales del Ministerio de Justicia japonés.



(21) Véase La pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, 9 de marzo de 2005, Doc. ONU: E/2005/3.



(22) Según el artículo 72 de la Ley de Prisiones: "En el caso de la ejecución de una pena de muerte, se examinará el rostro del muerto después del ahorcamiento y no se desatará la soga hasta transcurridos cinco minutos".



(23) Adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial celebrada en Lisboa (Portugal) del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1981 y enmendada por la 52ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial celebrada en Edimburgo (Escocia) durante octubre del 2000. La Asociación Médica Japonesa es miembro de la Asociación Médica Mundial.



(24) Véase American College of Physicians et al, Breach of Trust: Physician Participation in Executions in the United States, http://hrw.org/reports/1994/usdp/. En la Declaración de Madrid (Madrid, España, 25 de agosto de 1996), la Asociación Psiquiátrica Mundial se centra también en el papel del psiquiatra. En sus directrices sobre la pena de muerte se afirma: "Bajo ningún concepto puede un psiquiatra participar en ejecuciones legalmente autorizadas, ni en la evaluación de la capacidad mental de una persona para poder ser ejecutada".



(25) Véase http://www.med.or.jp/english/02_princ.html.



(26) Citado en Saito, Yoshiyuki, For a Reconsideration of the Death Penalty, Seibundo, 1980.



(27) Véase Wallace, Bruce, "Awaiting Death’s Footsteps", The Los Angeles Times, 2 de marzo de 2006.



(28) Ibíd. En 1954, Akahori Masao, que entonces tenía 24 años, era una persona sin hogar. Afirma que se vio obligado a "confesar" la violación y el asesinato de una colegiala cuando la policía lo golpeó. Finalmente, en 1989, ganó un nuevo juicio (lo había solicitado por primera vez en 1961) y después de casi 35 años fue declarado inocente y puesto en libertad. En la actualidad tiene 75 años y vive de la modesta indemnización que recibió por haber sido condenado injustamente.



(29) Ibíd.



(30) Ibíd.



(31) Takanezawa fue declarado culpable de asesinar a dos personas durante un robo.



(32) Ibíd., cita de Matsumura Kenichi, del Departamento de Prisiones para Adultos del Ministerio de Justicia.



(33) Observación finales del Comité de Derechos Humanos: Japón, Doc. ONU: CCPR/C/79/Add.102, 19 de noviembre de 1998, párr. 21.



(34) Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) de 31 de Julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.



(35) Véase, por ejemplo, Estados Unidos de América: Errores fatales. Inocencia y pena de muerte en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/069/1998). Desde 1973 hasta ahora, han quedado en libertad 123 reclusos condenados a muerte en Estados Unidos después de que aparecieran pruebas sobre su inocencia.



(36) En el artículo 1.3 de la Ley de Prisiones se afirma que "un calabozo de la policía puede sustituir a una prisión". El sistema se puso en marcha en 1908 como una medida temporal para solucionar la escasez de centros de detención.



(37) Taniguchi Shigeyoshi murió en julio de 2005 a los 74 años.



(38) Saito Yukio murió el 4 de julio de 2006 a los 75 años.



(39) Primer Informe del Gobierno Japonés en virtud del Párrafo 1 del Artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, párr. 142, presentado al Comité contra la Tortura en diciembre de 2005. Doc ONU: CAT/C/JPN/1.



(40) ¿What’s Daiyo Kangoku?, Federación de Colegios de Abogados de Japón, septiembre de 1998, p. 10.



(41) Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 20 sobre el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1992), párr. 11.



(42) Asamblea General de la ONU, Los Derechos Humanos en la Administración de Justicia, resolución A/RES/ 39/118.



(43) Resolución 1989/64 del Consejo Económico y Social de la ONU, 24 de mayo de 1989, el subrayado es nuestro. Para más información, véase Juicios Justos. Manual de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 30/002/1998), pp. 145-146.



(44) Véase el Informe del Comité de Derechos Humanos, Doc. ONU: A/54/40 (1999), párrs. 164 y 165. Para motivos de preocupación anteriores, véase Doc. ONU: CCPR/C/79/Add.28, 5 de noviembre de 1993, párr. 4.



(45) Primer Informe del Gobierno Japonés en virtud del Párrafo 1 del Artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, párr. 134.



(46) Además, "Al Comité le preocupa que, en virtud de la Ley penal, el ministerio público no tenga la obligación de revelar las pruebas que pueda haber reunido durante la investigación, salvo las que piensa presentar en el juicio y que la defensa no tenga en general derecho a solicitar que se revele ese material en cualquier fase del procedimiento" (párr. 26, Observaciones finales, octubre/noviembre de 1998 [CCPR/C/79/Add.102]).



(47) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.3.g.



(48) Asociación Internacional de Abogados, "Interrogation of Criminal Suspects in Japan – the Introduction of Electronic Recording", diciembre de 2003, p. 7.



(49) Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, resolución de la Asamblea General A/RES/57/199, adoptada el 18 de diciembre de 2002. El Protocolo entró en vigor el 22 de junio de 2006.



(50) Véase también "Deterrence Theory and Capital Punishment", J. Acker et al. (eds.), America’s Experiment with Capital Punishment. Durham, Carolina del Norte: Carolina Academic Press, 1998. p. 158: "no es probable que los potenciales delincuentes ("asesinos") piensen seriamente, si es que lo hacen, en la pena de muerte".



(51) De acuerdo con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se afirma: "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados".



(52) Por ejemplo, Murder Victims’ Families for Human Rights, http://www.willsworld.com/~mvfhr/.



(53) Véase la nota 13.



(54) Ibíd.



(55) Por ejemplo, Sasaki Tomoko, ex miembro de la Dieta, citado en "Why Japan Still Has the Death Penalty", The Washington Post, 16 de enero de 2005.



(56) Entre noviembre de 1989 y marzo de 1993, según los informes, dos ministros de Justicia declinaron firmar órdenes de ejecución debido a su oposición personal a la pena de muerte. Gotoda Masaharu, nombrado ministro de Justicia en noviembre de 1992, ordenó tres ejecuciones en marzo de 1993.



(57) El gobierno de Uzbekistán se ha comprometido a suspender las ejecuciones a partir de 2008.



(58) Somalia, Sudán y Libia.



(59) Véase, por ejemplo, la resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, adoptada el 20 de abril de 2005, en la que se afirma que la Comisión "[e]xpresa su preocupación por que se siga utilizando la pena de muerte en el mundo". La resolución exhorta además a los Estados que mantienen la pena de muerte a "[a]bolir completamente la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones".



(60) El Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en virtud de las resoluciones 825 de 25 de mayo de 1993 y 955 de 8 de noviembre de 1994, respectivamente.



(61) El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias han afirmado que cuando se ha confirmado una pena de muerte después de un juicio que no ha cumplido los derechos establecidos en el párrafo 3.b del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo 6 de dicho Pacto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación general sobre este artículo y en relación concretamente con la pena de muerte, ha afirmado: "Deben observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él [es decir, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos], incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a que se presuma su inocencia y a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal superior. Estos derechos son aplicables sin perjuicio del derecho particular de solicitar un indulto [o] la conmutación de la pena". Comité de Derechos Humanos, Observación general 6, Artículo 6 (16º período de sesiones), Recopilación de las de Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos de Derechos Humanos Creados en Virtud de Tratados, Doc. ONU: HRI\GEN\1\Rev.1, p. 12 (1994), párr. 7. Véase también el informe de la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Doc. ONU: E/CN.4/2004/7, 22 de diciembre de 2003, párr. 47.



(62) Véase Normas internacionales sobre la pena de muerte (Índice AI: ACT 50/001/2006).





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