22 de abril de 2002

Índice AI: ASA 21/017/2002/s

Servicio de Noticias 71/02

Indonesia: El máximo órgano de derechos humanos de la ONU da la espalda a las víctimas del conflicto entre Indonesia y Timor Oriental

Tras la adopción de una declaración sobre Timor Oriental por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el pasado viernes, Amnistía Internacional manifestó su decepción ante el hecho de que una vez más la Comisión haya sucumbido a la presión ejercida por el gobierno indonesio para que no aborde dos cuestiones relativas a Indonesia: la grave situación de los derechos humanos en el país, y la deficiente trayectoria de rendición de cuentas por los autores de tales violaciones.

Aunque las fuerzas de seguridad indonesias siguen cometiendo violaciones graves de los derechos humanos, sobre todo en las provincias de Aceh y Papúa, la Comisión no ha hecho alusión a ello en su declaración, sino que se ha limitado a referirse a la situación actual de derechos humanos en Timor Oriental y a la responsabilidad que recae sobre Indonesia por los delitos graves cometidos allí por las fuerzas de seguridad indonesias y la milicia proindonesia durante 1999.

«Pese a haber recibido abundantes pruebas de violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y torturas, la Comisión ha elegido una vez más pasar por alto la situación en Indonesia —ha señalado Amnistía Internacional—. Es triste que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU no esté dispuesto a manifestarse en contra de un gobierno que permite que sus fuerzas de seguridad participen en actos de tal brutalidad.»

La Comisión ha perdido asimismo la oportunidad de ejercer una presión considerable sobre Indonesia para que haga justicia mediante un proceso creíble y efectivo en relación con los delitos más graves, entre ellos, los crímenes de lesa humanidad, cometidos por las fuerzas de seguridad indonesias y por la milicia proindonesia en todo el territorio de Timor Oriental durante 1999. En marzo del presente año han comenzado a juzgarse tres causas en la capital indonesia, Yakarta, pero es posible que los procesos sean deficientes y carezcan de las garantías de justicia procesal recogidas en las normas internacionales. Hay asimismo indicios de que Indonesia tiene intención de limitar a cinco las causas que se juzgarán, negando de esta forma la justicia a miles de víctimas en Timor Oriental.

«Habida cuenta de la grave preocupación suscitada en torno a la calidad de los juicios de la que se han hecho eco Amnistía Internacional y otros observadores, es sorprendente que la Comisión se muestre tan positiva acerca de ellos —ha declarado Amnistía Internacional—. Las vagas alusiones al proceso no harán que las autoridades indonesias se sientan presionadas y adopten las medidas necesarias para garantizar que se hace justicia y que todos los presuntos autores, incluidos aquellos con responsabilidad de mando, comparecen ante los tribunales».

A Amnistía Internacional le alarma especialmente el hecho de que la Comisión no se haya mostrado preocupada en su declaración por el peligro que corren la justicia y los derechos de los acusados debido a que aún no se han ordenado la aplicación de medidas elementales, como la puesta en marcha de un programa de protección para los testigos y las víctimas, necesarios para garantizar la imparcialidad de los juicios. Por otra parte, la Comisión tampoco hace alusión a las amplias limitaciones temporales y territoriales impuestas sobre la jurisdicción del Tribunal Especial de Derechos Humanos para Timor Oriental, lo que se traduce en que muchos de los perpetradores eludirán la acción de la justicia y en que no se revelará toda la verdad de los hechos ocurridos en 1999.

También se echa en falta en la declaración una condena ante la ausencia de colaboración de Indonesia con la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) en las investigaciones y procesos emprendidos por ésta en relación con los graves crímenes cometidos en 1999, y también en la entrega de individuos acusados formalmente de crímenes de lesa humanidad a la Dependencia de Investigación de Delitos Graves, de la UNTAET.

Siguiento la misma línea, la Comisión apenas menciona la difícil situación en que se encuentran las decenas de miles de refugiados timoreses orientales en Indonesia a los que se impide, por razones de seguridad y de otra naturaleza, tomar la decisión libre y fundamentada de regresar a Timor Oriental o permanecer en Indonesia. Los refugiados se encuentran en Indonesia desde septiembre de 1999, año en que huyeron de su país o fueron expulsado de él por las fuerzas de seguridad indonesias y la milicia.

«La Comisión debería estar recalcando a gobiernos como el de Indonesia que espera que los derechos humanos sean promovidos y protegidos en todos los lugares y circunstancias. En su lugar, ha cerrado los ojos ante las violaciones que se están cometiendo en distintos lugares, como Papúa y Aceh, y ha pasado por alto el hecho de que la administración de justicia y los procesos de repatriación de expulsados seguidos en Timor Oriental distan mucho de acercarse a los niveles aceptables».

El único elemento positivo de la declaración adoptada por la Comisión es el llamamiento hecho alAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanospara que presente un informe provisional a la Asamblea General de la ONU durante el presente año. Amnistía Internacional espera que la Asamblea General de la ONU aborde finalmente la grave situación de los derechos humanos en Indonesia, a cuyas víctimas la Comisión ha vuelto la espalda de forma terrible.

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Documento público

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