Document - India: Chhattisgarh authorities must immediately release Prisoner of Conscience Kartam Joga

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 20/031/2010

1 de noviembre de 2010

India: Las autoridades de Chhattisgarh deben p oner en libertad de inmediato al preso de conciencia Kartam Joga

Amnistía Internacional ha estado siguiendo de cerca el caso de Kartam Joga, un activista político de la comunidad indígena adivasi que ha sido encarcelado en el estado central indio de Chhattisgarh. Kartam Joga, de 40 años, se encuentra en la prisión del distrito de Dantewada desde el 14 de septiembre de 2010.

Amnistía Internacional considera que Kartam Joga es un preso de conciencia, y que los cargos formulados en su contra son de motivación política y un pretexto para detenerlo por su activismo político, que nunca ha defendido la violencia ni hecho uso de ella. La organización cree que las autoridades de Chhattisgarh decidieron encarcelar y presentar cargos contra Kartam Joga como respuesta a las críticas del Tribunal Supremo.

La organización cree que los motivos reales del encarcelamiento de Kartam Joga son sus actividades políticas de carácter pacífico como activista del Partido Comunista de India (CPI, según sus siglas en inglés) y miembro electo de un organismo de autogobierno local, así como su defensa de los derechos humanos de las comunidades adivasis.

Kartam Joga había participado en 2007 en la presentación de peticiones al Tribunal Supremo de India por violaciones de derechos humanos en Chhattisgargh y por la impunidad de las fuerzas de seguridad y Salwa Judum, milicia que, según opinión general, tiene el apoyo del gobierno estatal y estuvo implicada en operaciones contra el grupo armado maoísta en la región de Bastar desde 2005.

Los cargos presentados contra Kartam Joga incluyen la colaboración con el grupo maoísta en la emboscada y homicidio de 76 efectivos de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central (CRPF, según sus siglas en inglés) el 6 de abril de 2010; en el asesinato de Budhram Sodi, dirigente del Partido Bharatiya Janata, en mayo de 2010; en el homicidio del padre de un agente de policía vinculado a las CRPF en agosto de 2010; y en la emboscada tendida a un camión el 7 de diciembre de 2009, en la murieron cuatro personas.

La detención y presentación de cargos contra Kartam Joga tuvo lugar tras las críticas emitidas por el Tribunal Supremo de India el 31 de agosto de 2010 contra el gobierno de Chhattisgarh, tachándolo de “ser poco claro e impreciso” en su respuesta a diversas preguntas planteadas por dos peticiones presentadas hace tres años en las que se pedía el fin de la impunidad y las violaciones de derechos humanos por parte de Salwa Judum y las fuerzas de seguridad involucradas en operaciones contra el grupo armado maoísta en Chhattisgarh desde 2005. La primera de las dos peticiones había sido presentada por Kartam Joga y otros dos activistas del CPI, y la segunda, por la socióloga Nandini Sundar, el historiador Ramachandra Guha, y E.A.S. Sarma, ex funcionario del Estado.

Los delitos que se le imputan y su encarcelamiento son otro flagrante ejemplo de cómo las autoridades de Chhattisgarh emprenden acciones contra aquellos que han luchado sistemáticamente por la defensa de los derechos humanos de las comunidades adivasis desde 2005.

Otros dos defensores de los derechos humanos en Chhattisgarh, el médico Binayak Sen, y el director de cine TG Ajay, cumplieron condenas de prisión (dos años desde 2007 y tres meses en 2008, respectivamente), acusados de colaboración con grupos maoístas, hasta que finalmente fueron puestos en libertad bajo fianza. En mayo de 2009, otro defensor de los derechos humanos, Himanshu Kumar, y algunos trabajadores de su organización, Vanvasi Chetna Ashram, que siguió documentando casos de violaciones de derechos humanos y abusos contra las comunidades adivasis, tuvieron que abandonar la zona de Bastar tras ser víctimas de un acoso continuo por parte de la policía y de las autoridades del distrito.

Kartam Joga tuvo que ser operado y someterse a tratamiento médico como consecuencia de las heridas sufridas cuando fue atacado por miembros de la milicia Salwa Judum en 2005. Desde entonces, ha tomado la delantera a la hora de documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población adivasi, incluidos más de 500 homicidios ilegítimos y casos de abusos sexuales, violaciones e incendios de aldeas y casas de las comunidades adivasis, así como el desplazamiento de más de 30.000 adivasis durante el conflicto de Chhattisgarh desde 2005.

En relación con las peticiones presentadas por Kartam Joga y otros, en abril de 2008 el Tribunal Supremo ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de India a determinar la veracidad de las denuncias; ocho meses después, un informe de la Comisión confirmó algunas de las denuncias y afirmó que era necesario seguir investigando las denuncias de actos de violencia cometidos por la milicia Salwa Judum, las fuerzas de seguridad y los grupos maoístas. Tres meses más tarde, el Tribunal Supremo pidió a las autoridades de Chhattisgarh que enumerasen las medidas que habían tomado para disolver la milicia Salwa Judum, tramitar e investigar las denuncias de acciones violentas perpetradas durante el conflicto, y para indemnizar y rehabilitar a las víctimas.

El Tribunal Supremo ha pedido ahora al gobierno de Chhattisgarh que presente una declaración jurada completa como respuesta a las denuncias presentadas en las peticiones. Con respecto a un punto concreto planteado por los peticionarios en el que se afirmaba que los miembros de la milicia Salwa Judum estaban actuando como parte de una nueva organización, Dandakaranya Shanti Sangharsh Samiti, las autoridades estatales han afirmado que Salwa Judum “ya no existe” y que las investigaciones que se estaban realizando sobre sus acciones violentas se han visto obstaculizadas por la dificultad del terreno, la inaccesibilidad de los pueblos, las condiciones meteorológicas adversas y la hostilidad por parte de los grupos maoístas. La próxima vista del caso tendrá lugar el 18 de noviembre.

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